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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00791-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
33 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00791-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Efigenia Romero de Saavedra en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Segundo. Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, 44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 21 Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) Demandante: Efigenia Romero de Saavedra en tanto condenó en costas a la parte vencida en el proceso. En su lugar, no se condena. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JNFG 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00791-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Tema: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. EfigeniaRomero de Saavedra presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 012503 del 11 de
abril, RDP 017853 del 21 de mayo y RDP 023561 del 21 de junio, todas expedidas

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

en el año 2018, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó
el reconocimiento de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada con base en todos
los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; iii) la indexación de las sumas adeudadas de
conformidad con el artículo 187 ibidem; iv) el pago de los intereses moratorios
sobre el valor de la condena; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4. Efigenia Romero de Saavedra nació el 31 de octubre de 1954.

5. El 1º de febrero de 1979 se vinculó como maestra alfabetizadora en el Centro
Docente para Adultos, cargo que ocupó hasta el 15 de julio de 1979, en el que
dictaba 12,5 horas por semana, de modo que el tiempo real laborado fue de 85
días [equivalente a 2 meses y 25 días]. Su nombramiento y el salario provino de la
gobernación del Valle del Cauca.

6. A través del Decreto 004 del 29 de enero de 1997 fue vinculada como docente
con recursos propios en el municipio de Guacarí, empleo que ocupó desde el 5 de
febrero de ese año y hasta la fecha, comoquiera que se encontraba activa.

7. El 14 de diciembre de 2017 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de las resoluciones RDP 012503 del
11 de abril, RDP 017853 del 21 de mayo y RDP 023561 del 21 de junio, todas del
año 2018, en consideración a que no acreditó una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 48,
53 y 58 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley
116 de 1928; 15 de la Ley 91 de 1989; y los decretos 01 de 1976 y 2277 de 19793.

2
En adelante UGPP

2

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

9. Encuanto al concepto de violación, expuso que los actos acusados fueron
expedidos con falsa motivación por los siguientes argumentos:

10. Mediante los actos demandados la Ugpp le negó el reconocimiento de la
pensión gracia, por cuanto el tiempo laborado en el Centro de educación Manuela
Beltrán del municipio de Guacarí como alfabetizadora de adulto no era viable para
el cómputo de los 20 años de servicio requeridos en la ley a efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

11. La entidad omitió que esa labor se ejerció en virtud de un nombramiento del
ente territorial y sus salarios se pagaron con recursos de la planta central de la
gobernación del Valle del Cauca y no de la nación, máxime cuando el decreto que
dio origen a la relación legal y reglamentaria no intervino el Ministerio de
Educación Nacional. Sumado a ello, «este tiempo debe tomarse como laborado en
educación primaria, pues el artículo 3º de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a
los maestros que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado».

12. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la expresión « docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en el artículo 15, numeral 2º,
literal a) de la Ley 91 de 1989, «no exigió que en esa fecha el docente deba tener un
vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, es decir tiene
derecho a la pensión de jubilación gracia, cuando se cumplan los requisitos de ley»4.
Esto en atención a que aquella dádiva dejó de ser un derecho para aquellos
educadores territoriales o nacionalizados que ingresaron al servicio docente oficial
por primera vez a partir del 1º de enero de 1981, sin que se les pueda desconocer
a quienes lo hicieron antes, por lo que no había razón alguna para la negativa de
la administración.

1.2. Contestación de la demanda

13. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación5:

14. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la prestación pretendida,

3 Folios 3 a 10
4 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia proferida el 23 de junio de 2016, dentro del proceso con radicación
19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014).
5
Folios 108 a 112

3

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

en tanto, de acuerdo con la certificación 1136 del 1º de julio de 2014 expedida por
la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, el lapso laborado por la desde el
1º de febrero y hasta el 15 de julio de 1979 fue de carácter nacional, de manera
que no acreditó el requisito de 20 años al servicio de la docencia departamental,
distrital, municipal o nacionalizada para esos efectos, de conformidad con la Ley
91 de 1989. En ese orden, su reconocimiento implicaría la vulneración del principio
de sostenibilidad fiscal previsto en el Acto legislativo 01 de 2005.

15. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; y iii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 31 de
julio de 2020 denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante6. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos
legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

17. De acuerdo con los elementos de prueba aportados, el tiempo laborado antes
del 31 de diciembre de 1980, por un interregno de 85 días [equivalente a 2 meses
y 25 días], fue en una plaza nacional, el cual no resultó útil para acreditar la
vinculación requerida como docente territorial o nacionalizado.

18. No le asistía razón en relación con el origen de los recursos para el pago de los
salarios y la expedición del nombramiento por la autoridad del orden territorial,
comoquiera que esos no son los factores determinantes para establecer la
naturaleza del acto acusado sino la copia del acto en virtud del cual ingresó al
servicio docente. En el caso de Efigenia Romero de Saavedra, de acuerdo con la
Resolución 285 del 17 de septiembre de 1979 se definió que la plaza a ocupar era
de carácter nacional.

19. En consecuencia, no tiene derecho a la pensión gracia, puesto que tal como lo
recalcó la entidad demandada en los actos acusados, para acceder a ese
beneficio, a la parte interesada le correspondía acreditar un período mínimo de 20
años continuos o discontinuos al servicio de la educación pública del orden
departamental, distrital o municipal; circunstancia que no ocurrió en el sub judice,
toda vez que el tiempo laborado antes de 1980, fue del nivel nacional.

6
Folios 150 a 153

4

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

1.4. El recurso de apelación

20. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en
su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en
los siguientes argumentos:

21. Contrario a la tesis del a quo, la vinculación cuando laboró en el año 1979 no
era del orden nacional sino territorial, por cuanto era pagada con recursos propios
de este nivel, «aunque reemplazó por 85 días a una docente en una plaza nacional, pero
no por ello, convirti[ó] su vinculación en nacional». Esto en atención a que la
Resolución 285 del 17 de septiembre de 1979 fue expedida por el departamento
del Valle del Cauca, sin que interviniera en modo alguno el Ministerio de
Educación Nacional.

22. De acuerdo con la sentencia CE- SUJ-SII-11-20187 en lo que concierne al
origen de los recursos de la entidad, se indicó que «los recursos del antiguo situado
fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o
cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos
educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de
forma exclusiva a los entes territoriales». En efecto, al proceso se allegó el oficio
1.210.30-52-3621300 del 30 abril de 2018, en el que se informó que sus salarios
eran pagados con recursos de la planta central de la gobernación.

23. Si bien la providencia antes anunciada tuvo como ejes temáticos el
reconocimiento pensión gracia; situado fiscal y sistema general de participaciones;
la naturaleza jurídica de los recursos; los fondos educativos regionales (FER);
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; la prueba de la calidad de
docente territorial, «no abarc[ó] la particularidad del caso de mi poderdante».

24. Según los artículos 2 y 6 de los decretos 2277 de 1979 y 3011 de 1997,
respectivamente, dentro de la profesión docente estaba la alfabetización de
adultos, la cual hacía parte del ciclo de educación básica primaria y su propósito
fundamental era el de vincular a las personas adultas al servicio público educativo
y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la consecución de
los fines de la educación previstos en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994.

25. Según lo establecido en la sentencia del 25 de mayo de 2015 8 del Consejo de
Estado, la alfabetización no comporta el ejercicio de una actividad administrativa;
por el contrario, hace parte de la actividad docente en la que un educador

7
Proferida dentro del proceso con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)
8
No señaló el número de radicación de la providencia.

5

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

transmite a través de un método pedagógico, las nociones de lectoescritura a una
población adulta previamente definida.

1.5. Alegatos de conclusión

26. La parte demandada indicó que el servicio docente desarrollado por la
demandante entre el 5 de febrero de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2010,
correspondían a un vínculo de carácter nacional, de tal manera que no estuvo en
condición de inequidad salarial y, por tanto, al recibir una asignación proveniente
del tesoro nacional no podía ser beneficiada con la pensión gracia contenida en la
Ley 114 de 1913.9 Sumado a ello, a partir de la promulgación de la Ley 60 de 1993
todos los docentes de educación básica primaria, secundaria y media se
consideraron del orden nacional.

27. La parte demandante guardó silencio10.

1.6. El Ministerio Público

28. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia11.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

29. Se circunscribe a resolver ¿si la vinculación que ostentó Efigenia Romero de
Saavedra como alfabetizadora, antes del 31 de diciembre de 1980, puede ser
computada para efectos del reconocimiento de la pensión gracia?

30. En caso afirmativo, ¿si Efigenia Romero de Saavedra acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad
con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

9 Samai, índices 17 y 18
10 Según lo señalado en la constancia secretarial del 17 de abril de 2024, visible en el índice 19 de

Samai
11 Ibidem.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

31. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en
materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se
iniciara el vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este
aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos
servidores, pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden
nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los
recursos necesarios para el pago de sus empleados dedicados a la labor
educativa. Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado
como inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas
eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.

32. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191312 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

33. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.

13
34. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193314, en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

35. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos
regímenes del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas
derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las entidades
territoriales a la nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas,
afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las
obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a
continuación:

12
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».

7

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional los reajustes y la sustitución hicieren sus veces.
de pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, territoriales o las cajas de
los reajustes y la sustitución previsión, o las entidades que
Vinculados por de pensiones hicieren sus veces, a las
Nacionalizado nombramiento de cuales venía vinculado este
entidad territorial personal
antes y después del Las causadas en el período La nación o las respectivas
1/1/1976 (Ley 43/75) de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
– 31/12/1980), los reajustes cajas de previsión, o las
y la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

36. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

37. Enefecto, la Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los

15
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]

8

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del señalado fondo.

38. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada
de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una
cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja 16, lo que
se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el
ente territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos
Regionales (FER), creados por el Decreto 3157 de 196817, encargados del
sostenimiento de los servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de
los departamentos y distritos18 y más adelante, a las secretarías de educación,
según la Ley 115 de 199419 (artículo 179, literal d).

39. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían
del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

40. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se

Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
16
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de
Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a
los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el
Presupuesto General de la Nación.»
17
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
18
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
19
«Por la cual se expide la ley general de educación»

9

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

reglamentó con el Decreto 196 de 199520, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

41. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

42. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en
tres grupos, a saber:

43. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

44. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la
respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.

45. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

21
46. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , en la
22
sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

23
47. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre

20
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
21
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
22
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
23
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
consolidadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada
o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

48. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar
que la jurisprudencia de la Sala24 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creó la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198925 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar

24
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

11

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» [Se resalta]

49. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201826, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]».

50. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202227 indicó:

26
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

12

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
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«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».28

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]».
[Se resalta]

51. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) el
ingreso antes del 31 de diciembre de 1980 en una plaza territorial o nacionalizada,
(ii) completar 20 años de servicio en una plaza de igual nivel y (iii) tener buena
conducta durante su desempeño como docente. No se puede exigir haber
completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la fecha señalada, en
atención a que pueden ser computados los tiempos laborados con posterioridad; y
no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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2.2.2. En torno a la vinculación como alfabetizador para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia

52. Elgobierno nacional, a través del Decreto 1830 de 1966 reglamentó la
educación para adultos y en el artículo 7 de este acto, estableció que la
alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más amplios de educación de
adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y
nociones de aritmética, la iniciación en actividades profesionales, habilitando al
alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación general básica y a los de
formación profesional». Asimismo, mediante el Decreto 378 de 1970, estableció « la
educación primaria para adultos en todo el territorio nacional».

53. En esa línea, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 incluyó la labor de los
alfabetizadores dentro del ejercicio de la profesión docente:

«ARTÍCULO 2. PROFESIÓN DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente
se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los
docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles
educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de
alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas
por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el
reglamento ejecutivo.» [Se resalta]

54. De otra parte, a través del Decreto 428 de 1986, con el fin de « complementar
sistemas de educación formal y no formal en orden a superar las diferencias sociales que
separan al hombre de las fuentes del saber y de la cultura29», estableció el plan de
estudios de educación básica para adultos, la cual se desarrollaría en 5 grados 30,
dentro del cual «[l]a alfabetización forma parte integrante de la Educación Básica
Primaria de Adultos y constituye el primer grado».

55. De acuerdo con las anteriores disposiciones, se establece que la educación
para adultos, ya sea formal o informal, hace parte del servicio público de
educación, por lo que los educadores oficiales que prestan allí sus servicios en
sus diferentes niveles o modalidades [alfabetización, educación básica y
educación media], según lo previsto en el inciso 2º del artículo 2 del Decreto 2277
de 1979 están cobijados por el Estatuto Docente.

29
Parte considerativa del Decreto 428 de 1986.
30
Artículo 3 del Decreto 428 de 1986.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
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56. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación31 ha sostenido, de
acuerdo con el Decreto 2277 de 1979, que las labores desempeñadas por un
docente alfabetizador para adultos implica el ejercicio de la actividad docente, toda
vez que estas se relacionan con el proceso de educación formal el cual, según se
advierte en las referidas normas, se encuentra sujeto a la regulación legal del
sistema educativo y a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación
Nacional. Aún más, la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 23 de
junio de 2016 sostuvo32:

«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente
en programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación
primaria, por lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido
para acceder a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación
secundaria, pues como ya se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió
dicha prestación a los maestros que completaron los años de servicio previstos en
la Ley 114 de 1913 en establecimientos del nivel educativo antes mencionado.»

57. De acuerdo con las anteriores disposiciones, se advierte que la labor
desempeñada como alfabetizador se constituye en el ejercicio de la docencia, por
lo que es viable tenerlo en cuenta para efectos del cómputo del tiempo de servicio
que se requiere para el reconocimiento de la pensión gracia, siempre y cuando
esta vinculación haya sido del orden territorial o nacionalizado.

2.3. Caso concreto

58. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

58.1. Efigenia Romero de Saavedra nació el 31 de octubre de 195433.

58.2. Medianteel Decreto 285 del 17 de septiembre de 197934 suscrito por el
secretario de educación, los jefes de la unidad administrativa y de la división de
educación no formal y de adultos se dispuso:

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de junio de 2024, radicado 52001-23-33-
000-2019-00432-01 (5249-2022). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i)
del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio
de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020,
radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado
41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-
2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado
41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
32
Expediente con radicado 19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014).
33
De acuerdo con la cédula de ciudanía y el registro civil de nacimiento, folios 13 y 14
34
Folio 16

15

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

«Artículo 1º.- Asignase las funciones de maestros alfabetizadores hasta finalizar el
periodo académico 1978-1979, al siguiente personal del Distrito Educativo #4
Buga:
[…]
Centro Manuela Beltrán #002
[…]
Efigenia Romero de Saavedra
Reemplaza a Yolanda Montoya Laverde, quien pasa a la Dirección, a partir del 1º
de febrero de 1979. (sic) Plaza nacional.» [Se resalta]

58.3. El 11 de octubre de 1979 se posesionó como profesora de alfabetización ante
el alcalde de Guacarí (Valle del Cauca), «con retroactividad al 1º de febrero de 1979,
fecha en que viene laborando la posesionada»35.

58.4. El 21 de noviembre de 201736 la Secretaría de Educación del Valle del Cauca
certificó:
«Que a la Sra. Romero de Saavedra Efigenia […] la nombraron en el Centro de
Educación Manuela Beltrán 002 del municipio de Guacarí mediante Resoluc. Nro.
285 del 17/09/1979
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca. PLAZA NACIONAL

Fecha de vinculación: 01-feb-79 resoluc Nro. 285 del 17/09/1979
Fecha de desvinculación: 15-jul-79 fecha en que termina periodo académico

*Tiempo total por períodos ** Número de horas por Tiempo real laborado
académicos (Días) semana (días)
137 12,5 85

Tiempo de servicio Año Mes Día
0 2 25
[…]» [Se resalta]

58.5. El 29 de enero de 1997 se le nombró docente al servicio de Guacarí, según el
Decreto 4 expedido por el alcalde y el secretario de gobierno municipal 37, en el
que se posesionó el 5 de febrero de ese año38.

58.6. Mediante Decreto 136 del 28 de octubre de 2003 39 se ordenó la «incorporación
del personal docente, cancelado con recursos del Sistema General de Participaciones,
que presta sus servicios en los municipios no certificados que componen el GAGEM No. 3
de Buga del departamento de Valle del Cauca» suscrito por el gobernador y el

35
Según el acta de posesión 52, folio 17
36
Folio 18
37
Folios 21 y 22
38
De acuerdo con el acta de posesión 23 del 5 de febrero de 1997, folio 23
39
Folios 24 y 25

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secretario de educación departamental. Respecto de la demandante, se indicó que
la «planta de origen» era de carácter municipal.

58.7. Según el certificado de historia laboral expedido el 26 de septiembre de
201740 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 41, prestó
sus servicios como docente del nivel básica primaria en Guacarí. En este se
certificaron los siguientes tiempos de servicio:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Periodo
11 años, 10
Ingreso y Reingreso Decreto 004 05/02/1997 31/12/2008 semanas y 27
Sp Simón Bolívar 29/01/2017
días

Continuidad 01/03/2010 30/11/2010 9 meses
IE Simón Bolívar Decreto 760
06/03/2009
Continuidad 01/12/2010 30/12/2010 1 mes
IE Simón Bolívar

12 años, 8 meses
Tiempo total
y 27 días

58.8. El 14 de diciembre de 2017 solicitó el reconocimiento de una pensión gracia,
la cual fue negada a través de la Resolución RDP 12503 del 11 de abril de 2018
proferida por el subdirector de determinación de derechos pensionales de la
UGPP, al considerar que la vinculación inicial fue del orden nacional y prestó los
siguientes servicios:

«[…]
Entidad Desde Hasta Cargo Vinculación Modalidad
laboró
Dpto Valle 1979/02/01 1979/07/15 Docente Nacional Primaria
Cauca
Dpto Valle 1997/02/05 2010/12/30 Docente Dptal Primaria
Cauca
[…]»

58.9. Contra esta decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,
los cuales fueron denegados a través de las resoluciones RDP 017853 del 21 de
mayo de 2018 y RDP 023561 del 21 de junio de 2018, bajo el argumento
concerniente a que el interregno laborado como profesora de alfabetización para
adultos no podían computarse, toda vez que fueron prestados como docente de
educación formal, según lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 115 de
40
Folios 26 y 27
41
En adelante Fomag

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1994 y se reiteró en que no podía reconocerse a quienes fueron nombrados en
forma directa por la nación.

58.10. Medianteel oficio 1210.30-52-3621300 del 30 de abril de 2018 por la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, se informó que
laboró «en el Centro de Educación Manuela Beltrán del municipio de Guacarí, como
seccional de Alfabetizador de adultos, los cuales se posesionaban cada 10 meses y eran
pagados con recursos de la Planta Central de la Gobernación […]. Los alfabetizadores
están regidos por la ley 33 de enero 20 de 1985»42.

2.4. Análisis sustancial

59. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que, de acuerdo con los elementos de prueba aportados,
el tiempo laborado en 1979 fue en una plaza nacional. Efigenia Romero de
Saavedra manifestó su desacuerdo frente a esa tesis pues afirmó que no era del
orden nacional sino territorial. Esto en atención a que la Resolución 285 del 17 de
septiembre de 1979 fue expedida por el departamento del Valle del Cauca, sin que
interviniera en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional y la sentencia
CE- SUJ-SII-11-2018 no abarcó su caso en concreto.

60. Asimismo, adujo que según los artículos 2 y 6 de los decretos 2277 de 1979 y
3011 de 1997, respectivamente, dentro de la profesión docente se encuentra el
ejercicio de alfabetización de adultos, el cual «hace parte del ciclo de educación
básica primaria y su propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al
servicio público educativo y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación
y la consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 115
de 1994».

61. En el expediente se evidenció que fue vinculada como profesora de
alfabetización mediante el Decreto 285 del 17 de agosto de 1979, empleo que
como se explicó en el acápite precedente hace parte del servicio docente oficial, y
será computable para el reconocimiento de la pensión gracia siempre que haya
sido del orden territorial o nacionalizado. Al respecto, como expuso la apelante, el
señalado acto no fue suscrito por una autoridad del orden nacional sino por el
secretario de educación del Valle del Cauca, los jefes de la unidad administrativa y
de la división de educación no formal y de adultos.

62. Alrespecto, la Sala observó en el indicado acto que el nombramiento se
efectuó en una «plaza nacional» pues así lo señaló en forma expresa. En tal

42
Folio 19

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sentido, pese a que fue expedido por el secretario de educación departamental y
su administración fue delegada en el ente territorial por virtud del Decreto 102 de
1976, el carácter nacional de la plaza continuó y seguía sometida al régimen
salarial y prestacional de ese orden [artículo 12 ibidem]

63. Ahora bien, la impugnante adujo que «aunque reemplazó por 85 días a una
docente en una plaza nacional, no por ello, convirti[ó] su vinculación en nacional» y sus
salarios eran pagados con recursos propios de este nivel.

64. Sobre el particular, es preciso señalar en primer lugar que la sentencia CE-
SUJ2-011-18 es precedente aplicable respecto de las controversias relacionadas
con la acreditación de la calidad de docente territorial o nacionalizado para el
reconocimiento de la pensión gracia, por tratarse de precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, para todos los casos en discusión
con similitud fáctica y jurídica, tanto en vía administrativa como judicial, como lo
constituye el sub judice. Como se explicó, el elemento esencial es la acreditación
de la plaza a ocupar y no el origen de los recursos para su financiación. En este
caso era del orden nacional según se observó a partir del acto administrativo de
ingreso al servicio docente oficial y en la certificación de la autoridad nominadora.

65. Así como se expuso en la citada sentencia del Consejo de Estado, de
conformidad con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 se entiende por: personal
nacional, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional;
personal nacionalizado (i) aquel que era territorial antes del 1º de enero de 1976
y fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43
de 1975 y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso
adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975); y personal territorial el
vinculado por entidades de ese orden a partir del 1º de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto
es, que la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y
los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.

66. Así las cosas, comoquiera que la demandante no fue vinculada en una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud de la expedición de la Ley 43 de
1975, sino que ocurrió en una del orden nacional, según se evidenció del acto de
ingreso al servicio docente en 1979 y la certificación de la autoridad nominadora,
por lo que no prospera este argumento de la apelación.

67. En consecuencia, no es posible computar ese tiempo de servicio en tanto es
incompatible con la naturaleza de la pensión gracia concebida exclusivamente

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para los docentes territoriales y nacionalizados, en virtud de las condiciones
salariales desfavorables que aquellos enfrentaban para la época de la
promulgación de las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

68. Loanterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación43, según la cual «[e]n cuanto al personal
nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la
doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no
tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se
puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».

69. Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, no se acreditó
otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que concluye esta
Subsección que Efigenia Romero de Saavedra no era acreedora del
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no demostró el cumplimiento de
este requisito señalado para el reconocimiento prestacional pretendido. Por lo
expuesto se confirmará la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se negarán las pretensiones de la
demanda

2.5. Costas

70. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

71. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

72. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

43
Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.

73. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

74. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte apelante y revocará la impuesta en el numeral segundo de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia.

3. Conclusión

75. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Efigenia Romero de
Saavedra no acreditó una vinculación como docente territorial o nacionalizado
anterior al 31 de diciembre de 1980, requisito sin el cual no era posible acceder al
reconocimiento de la pensión gracia pretendida. En esas condiciones, se
confirmará la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en tanto negó las pretensiones de la demanda.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Efigenia Romero de Saavedra en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

Segundo. Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023)
Demandante: Efigenia Romero de Saavedra

en tanto condenó en costas a la parte vencida en el proceso. En su lugar, no se
condena.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JNFG

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