República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00372-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
Tema: pensión gracia – demanda contra el acto de reconocimiento y reliquidación.
Subtema 1. Procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho frente a actos administrativos que reconocen o reliquidan la pensión,
inclusive, producto de fallos de tutela. Subtema 2. Requisito del tiempo laborado en
plazas del orden departamental, municipal o distrital. Subtema 3. Presunción de
buena fe. Devolución de dineros. Subtema 4. Condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9 de agosto de 2022, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicitó la nulidad del acto administrativo
por medio del cual le reconoció una pensión gracia al señor Evangelista Rodríguez
Junco, toda vez que, contrario a lo indicado por este, no prestó sus servicios en calidad
de docente territorial - nacionalizado por más de 20 años, inclusive, con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acto acusado, pero negó la
petición de reintegro de las sumas pagadas con ocasión de él. En consecuencia, el
demandado apeló la decisión con fundamento en que las pruebas dan cuenta de que
el tiempo laborado obedeció a vinculaciones del orden territorial – nacionalizado. Por
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
su parte, la demandante solicitó revocar parcialmente la decisión, a efectos de que se
acceda al restablecimiento del derecho y se ordene la devolución de los dineros
pagados.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra
acreditado que el tiempo de servicio docente del señor Evangelista Rodríguez Junco,
antes del 31 de diciembre de 1980, fue a partir de una vinculación nacional, por lo que
no tiene derecho a la pensión gracia. Sin embargo, no se desvirtúa que haya recibido
las mesadas correspondientes de buena fe, por lo que no es procedente su devolución.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La UGPP, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el 26 de junio de 20141, en contra
del señor Evangelista Rodríguez Junco, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 037507 del 14 de agosto de
2013, por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión gracia, en
cumplimiento de un fallo de tutela.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al
demandado pagar o reintegrar a favor de la demandante, todas las sumas de
dinero consignadas de manera indebida.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La parte accionante indicó que el señor Evangelista Rodríguez Junco nació el
17 de julio de 1953 y prestó sus servicios docentes desde el 13 de septiembre de 1979
con vinculación nacional.
4. De acuerdo con lo anterior, CAJANAL, en un principio, negó el reconocimiento
de la pensión gracia, a través de la Resolución 1931 del 5 de julio de 2006.
5. En cumplimiento del fallo de tutela del 6 de octubre de 2006, expedido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, mediante la Resolución RDP
037507 del 14 de agosto de 2013, la UGPP reconoció la pensión gracia en favor del
señor Rodríguez Junco, efectiva desde el 17 de julio de 2003.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
1 Samai, Tribunal, índice 00100, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 100, 83ED, pp.2 A 11.
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Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
• Constitución Política, artículo 128.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 91 de 1989.
7. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia
–sentencias del 1 de octubre de 2009 y del 16 de marzo de 2006 proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de los expedientes 0423-2008 y 3809-
2004– para concluir que le reconoció de manera errada dicha pensión al demandado,
pues su vinculación fue del orden nacional, según consta en las diferentes
certificaciones aportadas al expediente administrativo.
2.2. Contestación de la demanda
8. La parte demandada, a través de apoderado, se pronunció frente a las
pretensiones de la demanda2. Sostuvo que la Resolución RDP 037507 del 14 de
agosto de 2013 es un acto administrativo de ejecución, proferido en cumplimiento de
una orden judicial -de tutela de fecha 6 de octubre de 2006-, que hace tránsito a cosa
juzgada constitucional y, por lo tanto, no es enjuiciable ante la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo.
9. Añadió que la cosa juzgada constitucional robustece la seguridad jurídica y el
principio de la confianza legítima, sin que sea posible desconocerse la decisión
adoptada por un juez constitucional.
10. Sostuvo que debe ser considerado docente nacionalizado y no nacional, en
tanto se posesionó antes del 30 de diciembre de 1980, es decir, antes de la entrada
en vigor de la Ley 91 de 1989. Para reforzar su dicho, aseveró que los docentes
vinculados antes del 1.° de enero de 1976 y a partir de esa misma fecha, de
conformidad con la Ley 43 de 1975, son personal nacionalizado, por lo que les asiste
el derecho a la pensión gracia.
11. Indicó que siempre ha actuado de buena fe; en consecuencia, de conformidad
con el literal c) del artículo 164 del CPACA, no hay lugar a recuperar las prestaciones
pagadas que le fueron pagadas. Tampoco hay lugar a condenarlo en costas.
12. Finalmente, propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
porque, a su juicio, el acto demandado al ser de ejecución no es susceptible del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 Samai, Tribunal, índice 00100, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 100, 85ED, pp.33 A 144.
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2.3. Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia del 9 de agosto de 20223,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
PRIMERO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución No RDP 037507 de 14 de agosto
de 2013, proferida por la entidad demandante.
SEGUNDO. - NEGAR las demás pretensiones de demanda.
TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. - Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente dejando las
constancias del caso.
14. Indicó que se encuentra probado en el expediente que el señor Evangelista
Rodríguez Junco fue nombrado mediante la Resolución 14458 del 28 de agosto de
1979, por el Ministerio de Educación Nacional, como instructor II de agropecuaria del
Instituto Técnico Agrícola de Paipa. Que tomó posesión del cargo el 13 de septiembre
de 1979 y permaneció en él de forma ininterrumpida hasta el año 2016, según
certificación expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá. En esa medida,
concluyó que no existía duda alguna sobre el carácter nacional de la vinculación del
demandado, por lo tanto, no podía ser beneficiario de la pensión gracia.
15. A pesar de lo anterior, sostuvo que no era procedente ordenar el reintegro de
las sumas pagadas al accionado, toda vez que no se probó la mala fe o actuaciones
dolosas dirigidas a obtener el reconocimiento pensional.
2.4. Recursos de apelación
16. El demandado, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
17. La providencia incurrió en indebida valoración probatoria, puesto que le dio
credibilidad únicamente al nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación
Nacional, sin tener en cuenta que, en últimas, los servicios docentes fueron prestados
al departamento de Boyacá y al municipio de Paipa.
18. En otras palabras, para la parte recurrente el nombramiento que le fue
efectuado por la cartera ministerial no es suficiente para determinar la naturaleza de
la vinculación docente, puesto que, conforme al principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades —consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, en particular por la sentencia C-614
de 2009—, lo que define el vínculo laboral es la existencia de los tres elementos: (1)
prestación personal del servicio, (2) subordinación continuada y (3) remuneración
3 Samai, Tribunal, índice 00088, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 88, 58_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.
4 Samai, Tribunal, índice 00092, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 92, 62_RECEPCIONCORREOVENTANILLA.
4
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como contraprestación. Estos elementos, dijo, concurrían respecto de las entidades
territoriales y no frente al Ministerio de Educación Nacional, pues fue respecto de estas
que prestó sus servicios como docente, cumplió un horario y a cambio recibió una
remuneración.
19. Además, afirmó que con base en lo regulado por las leyes 60 de 1993, 115 de
1994, 715 de 2001 y 29 de 1989, así como por el Decreto 2277 de 1979, la
administración de los docentes financiados con recursos del Situado Fiscal —hoy
Sistema General de Participaciones— es responsabilidad exclusiva de las entidades
territoriales, por lo que el Ministerio de Educación Nacional carece de competencia
para intervenir directamente en las funciones propias de los departamentos,
municipios y distritos, de conformidad con el artículo 287 de la Constitución Política.
20. En ese sentido, sostuvo que la intervención de la cartera ministerial en el acto
de nombramiento del demandado no transmuta su condición de docente territorial o
nacionalizado a docente nacional, según la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018.
21. Insistió nuevamente en la cosa juzgada constitucional, y sostuvo que se podría
configurar un posible prevaricato por acción por parte del a quo5, al no reconocer la
verdadera relación laboral del demandado con las entidades territoriales y dar por
acreditada una vinculación nacional que no tiene sustento fáctico ni jurídico.
22. Por otra parte, solicitó como pruebas de segunda instancia oficiar al Ministerio
de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá y
a la Secretaría de Educación del municipio de Paipa, para que certificaran, entre otros
aspectos, si el demandado hizo parte de su planta de personal, le cancelaron salarios
y prestaciones sociales, le reconocieron pensión de jubilación y si aceptaron su retiro
del servicio, así como si existió con estas una relación de subordinación.
2.5. Apelación adhesiva
23. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación por adhesión6,
con fundamento en lo siguiente:
24. En la sentencia de primera instancia se incurrió en error al negarse el
restablecimiento del derecho, específicamente la devolución de las sumas pagadas
por concepto de pensión gracia.
25. Sostuvo que es procedente el reintegro de los dineros indebidamente pagados,
pues, contrario a lo indicado por el juez de primera instancia, la parte demandada
actuó con mala fe, «pues aun conociendo que no es acreedor del derecho pensional
que viene percibiendo, sus actuaciones las dirige en defensa de sus propios derechos
económicos y no en miras de prevalecer el bien general sobre el particular».
5 Juez de primera instancia.
6 Samai, Tribunal, índice 00094, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 94, 79_ RECEPCIONCORREOVENTANILLA.
5
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26. Además, la parte demandada a pesar de conocer su historia laboral insiste al
interior del presente proceso en adquirir el derecho pensional.
27. Por otro lado, manifestó que se debe condenar en costas a la parte vencida,
teniendo en cuenta que el asunto de la referencia se trata de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter particular para el cual no hay lugar a
excepción alguna de esta condena, dado que aplica para casos donde se ventile un
interés público.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 29 de junio 20237, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación formulado por la parte demandada y negó la solicitud probatoria porque
no cumple con los presupuestos del artículo 212 del CPACA. Además, ordenó notificar
personalmente al procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el
artículo 198 del CPACA, y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
29. La apelación adhesiva interpuesta por la UGPP fue admitida a través de auto
del 28 de abril de 20268.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la
apelación adhesiva contra el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, debido a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:
32. ¿El acto administrativo que reconoció la pensión del demandado, en virtud de
una orden de tutela, constituye cosa juzgada constitucional no susceptible de ser
7 Samai, índice 00007, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 7_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACIÓN.
8 Samai, índice 00020, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 20,14_AUTOQUEADMITE.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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cuestionada ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo?
33. ¿Los documentos aportados al expediente demuestran el tiempo de servicio
docente, territorial o nacionalizado, prestado antes del 31 de diciembre de 1980, a
efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la demandante?
34. En el evento de resultar negativa la respuesta al anterior interrogante, ¿hay
lugar a la devolución de los dineros pagados con ocasión de la pensión gracia que le
fue reconocida al demandado?
35. ¿El fallador de primera instancia debía condenar en costas a la parte vencida
en juicio?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
36. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 10,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no reciban otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
37. La Ley 116 de 192811 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
38. Posteriormente, la Ley 37 de 193312 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
39. Por su parte, la Ley 91 de 198913, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
10 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
40. Entonces es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1. ° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1014 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
41. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199715,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
14 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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42. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201816,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
43. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados17, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
17 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal18; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
44. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
45. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»19. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»20.
46. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
18 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Ibidem.
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Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas
47. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 21 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»22.
48. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso23, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»24.
49. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes25. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección26 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
21 https://dle.rae.es/disponer.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
26 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
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aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)27.
3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas
50. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
51. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
52. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo28 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento29.
27 Ibidem.
28 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
29 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: a) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; b) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y c) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
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53. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»30.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
54. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 31),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
55. Las pruebas aportadas dan cuenta de los siguientes hechos:
• Acto que reconoció la pensión gracia
56. Obra la copia de la Resolución RDP 037507 del 14 de agosto de 201332, que
da cuenta de que en cumplimiento del fallo de tutela del 6 octubre de 2006, dictado
por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, la UGPP reconoció y ordenó
el pago de una pensión gracia a favor del demandado, pues, en aquella providencia,
en garantía del artículo 13 constitucional, se sostuvo que los docentes debían recibir
trato igualitario, con independencia del tipo de vinculación, nacional o nacionalizada.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
32 Samai, Tribunal, índice 00100, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 100, 83ED, pp.206 A 211.
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Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
• Edad
57. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, el señor Evangelista Rodríguez Junco nació el 17 de julio
de 1953, según copia de su cédula de ciudadanía33. En consecuencia, cumplió la edad
de 50 años el 17 de julio de 2003.
• Vinculación docente
58. Por medio de la Resolución 14458 del 28 de agosto de 197934, el ministro de
educación nacional nombró al señor Evangelista Rodríguez Junco como instructor II
de agropecuaria en el Instituto Técnico Agrícola de Paipa, «tiempo completo y
dedicación exclusiva a la institución».
59. Según el acta del 13 de septiembre de 197935, el señor Evangelista Rodríguez
Junco compareció al Instituto Técnico Agrícola de Paipa para tomar posesión del
cargo para el que había sido designado por la Resolución 14458 de 1979.
60. Obra el certificado de tiempo de servicio del 7 de enero de 2004 36, expedido
por la gobernación de Boyacá, que da cuenta de que Evangelista Rodríguez Junco
«presta sus servicios en el nivel básico secundaria, vinculado en propiedad, como
nacional en forma continua. Hasta la última fecha se desempeña como docente en
Nal Técnico Agrícola Ita, ubicado en Paipa, jornada completa». Nombrado por el acto
14458 de 1979, a partir del 13 de septiembre de 1979.
61. En la certificación del 11 de febrero de 202037 de la Institución Educativa
Técnica Agrícola, consta que el Instituto Técnico Agrícola de Paipa (hoy Institución
Técnica Agrícola) era una entidad del orden nacional dependiente del Ministerio de
Educación Nacional.
3.5. Caso concreto
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico
62. De conformidad con el artículo 303 del Código General del Proceso, la
sentencia ejecutoriada proferida en un proceso contencioso-administrativo adquiere
fuerza de cosa juzgada cuando el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto, se
funda en la misma causa que el anterior y existe identidad jurídica de partes entre
ambos procesos.
63. La relevancia de este atributo de las sentencias judiciales se deriva de su propia
finalidad: conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones jurisdiccionales,
impidiendo que un mismo asunto pueda ser debatido de manera indefinida ante la
33 Samai, Tribunal, índice 00100, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 100, 83ED, pp.210 A 212.
34 Samai, Tribunal, índice 00100, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 100, 85ED, pp.258.
35 Samai, Tribunal, índice 00100, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 100, 85ED, pp.53.
36 Samai, Tribunal, índice 00100, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 100, 83ED, pp.39.
37 Samai, Tribunal, índice 00068, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 68, 8ED, pp.1.
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administración de justicia.
64. En materia de acción de tutela, la Corte Constitucional38 ha precisado que, una
vez decidido un caso por esa corporación, o concluido el proceso de selección para
revisión sin que se haya insistido en ella dentro del término previsto, opera el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
65. Al respecto, esta Corporación ha señalado39 que la cosa juzgada constitucional,
entendida como la inmutabilidad del fallo de tutela, se predica exclusivamente
respecto de los derechos constitucionales fundamentales que fueron amparados por
la autoridad judicial.
66. En consecuencia, dicha figura no se extiende al control de legalidad de los actos
administrativos expedidos en cumplimiento de tal mecanismo de protección, habida
cuenta de que el ordenamiento jurídico ha atribuido de manera expresa a la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo la competencia para su juzgamiento.
Sostener lo contrario implicaría desconocer las facultades conferidas tanto por el
legislador como por la Carta Política —artículos 236 a 238— a los jueces
administrativos, quienes, a través de los medios de control previstos en los artículos
135 y siguientes del CPACA, están llamados a pronunciarse sobre la legalidad de los
actos proferidos por la Administración.
67. A partir de dicha distinción, está Sección ha descartado el argumento según el
cual los actos que reconocen una pensión o la reliquidan con fundamento en un fallo
de tutela de forma absoluta no son susceptibles de control ante esta jurisdicción, so
pena de privar a la administración de uno de los principales mecanismos para
garantizar el ordenamiento jurídico y preservar las finanzas públicas, frente a
decisiones que claramente no son consonantes con este. Sobre el particular, resultan
ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de julio de 2025 de la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado40:
Del control de legalidad de los actos expedidos por la administración en
cumplimiento de acciones de tutela.
29. En relación con el primer reparo, la jurisprudencia de esta Corporación41 ha señalado
la procedencia del análisis judicial de los actos de ejecución, en forma excepcional,
cuando la decisión de la administración i) excede lo ordenado por el juez y ii) crea,
modifique o extinga una determinada relación jurídica entre el Estado y particular que
no fue objeto de debate judicial42.
38 Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 2400-14. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40 Rad. 52001-33-33-000-2014-00309-03 (4057-2022), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
41 Ver sentencia T – 923 de 7 de diciembre de 2011 y sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de fecha 10 de abril de 2018, dentro del expediente: 25000232500020110025402 (2926-2016),
demandante UGPP y 6 de marzo de 2014, dentro del expediente: 410012333000201200103-01 (3986-2013),
demandante: Universidad Surcolombiana.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, expediente: 18001-
23-33-000-2013-00054-01(2529-13).
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30. En el presente asunto, la recurrente cuestiona el control judicial de un acto
administrativo emitido en cumplimiento de la sentencia dictada por un juez de tutela,
argumentando que no se trata de un acto definitivo. Sin embargo, la Sala subraya que
la acción constitucional en cuestión persigue un objetivo distinto al de la acción
contenciosa administrativa con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. En efecto, la acción de tutela se establece como un mecanismo de protección
residual, diseñado para salvaguardar los derechos fundamentales. Por otro lado, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad verificar
la legalidad y validez de los actos administrativos. Así, la competencia para analizar
dicha legalidad se encuentra en cabeza del juez de lo contencioso administrativo. Por lo
tanto, el hecho de que el acto acusado haya sido emitido en cumplimiento de una orden
de un juez de tutela no impide que el juez natural de la causa emita un pronunciamiento
de fondo sobre la legalidad, especialmente cuando están en juego recursos de
naturaleza pública.
32. En este contexto, la entidad demandante únicamente disponía del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar la legalidad de su propio acto.
No está permitido que el juez rechace la demanda bajo el argumento de que el acto no
es susceptible de ser demandado, ya que ello limitaría la posibilidad de cuestionar
judicialmente la legalidad del acto emitido.
33. En consecuencia, no es aceptable la objeción planteada por la parte demandada
respecto a la improcedencia de enjuiciar el acto que da cumplimiento a la orden de
tutela. Esto se debe a que se trata de procesos de naturaleza distinta, siendo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho el idóneo de determinar si el acto
se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Aspecto este que también permite desestimar
el reparo de la demandada en que la[s] vías judiciales procedentes para resolver este
asunto eran la revocatoria directa o el recurso de revisión.
68. Siguiendo el mismo razonamiento, en el caso de autos no es recibo que la parte
demandada resalte que la decisión acusada es producto de un fallo de tutela que hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional, para evitar que el juez competente de la
legalidad de los actos administrativos verifique la validez del reconocimiento pensional
efectuado.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico
69. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que para
demostrar la calidad de docente, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de
junio de 2018, se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b) también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
70. Es así como para la Sala los actos en los que conste el vínculo, así como las
certificaciones expedidas por la autoridad nominadora tienen pleno valor probatorio
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documental para acreditar la vinculación del docente, en este caso, la del señor
Evangelista Rodríguez Junco.
71. A la luz de las anteriores consideraciones, del análisis en conjunto de las
documentales, la Sala considera que el accionado ejerció el empleo de docente antes
del 31 de diciembre de 1980, mediante una vinculación de carácter nacional, que no
resulta válida para el reconocimiento de la pensión gracia, máxime que no obra
documento que indique que hubo un nombramiento anterior a esa fecha de carácter
territorial o nacionalizado que permita continuar con el estudio de los demás requisitos
establecidos para el efecto, de manera tal que es procedente confirmar el fallo de
primera instancia.
72. Lo anterior en la medida en que las pruebas relacionadas coinciden en señalar
que la vinculación docente tuvo como origen una designación realizada por el ministro
de educación nacional –en virtud de la Resolución 14458 del 28 de agosto 1979–, más
no proveniente de una autoridad territorial. Asimismo, con la certificación del 11 de
febrero de 2020, se constata que la institución educativa para la que fue designado el
accionado en virtud de dicho acto administrativo – Instituto Técnico Agrícola de Paipa
– era del orden nacional, dependiente de la cartera ministerial en comento.
73. Se corrobora que el peticionario estuvo al amparo de dicha cartera y del Instituto
Técnico Agrícola de Paipa inclusive, desde el 13 de septiembre de 1979 al 31 de
diciembre de 2006. Es así que, el certificado de tiempo de servicio expedido por la
gobernación de Boyacá, da cuenta de que Evangelista Rodríguez Junco fue vinculado
en propiedad, como maestro nacional y en forma continua, en virtud de la Resolución
14458 de 1979, desde el 13 de septiembre de 1979 hasta el 7 de enero de 2004 –
fecha de expedición de esa certificación–, sin interrupción, de manera tal que la
valoración que realizó el juez de primera instancia fue acertada.
74. Ahora bien, la Sala recuerda que la descentralización de la educación, que
involucró el traslado de maestros a las entidades territoriales certificadas en
educación, en virtud de la Ley 60 de 1993, no conlleva la mutación del nombramiento
nacional a territorial, o viceversa, al punto que en diferentes oportunidades ha
sostenido43 lo siguiente:
En este punto, es importante precisar que: (i) la vinculación con carácter nacional no
se vio modificada en razón de otro tipo de nombramiento o situación administrativa; y
(ii) el proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de
1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con
anterioridad a la Ley 60 de 1993.
(…)
Entonces, está decantado por esta corporación que el proceso de descentralización
de la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27
de febrero de 2025, exp. 25000-23-42-000-2018-02544-01 (1805–2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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proceso, dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las
particularidades de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del
servicio de educación oficial.
75. En ese orden, la Sala no puede llegar a una conclusión diferente consistente
en que la vinculación del accionado, del orden nacional, no mutó a territorial con el
proceso de descentralización de la educación que, inclusive, fue posterior al 31 de
diciembre de 1980, o por el hecho de que algunas autoridades territoriales hayan
estado involucradas en la prestación del servicio docente que prestó, como lo señala
el señor Rodríguez Junco, invocando, por ejemplo, el principio de primacía de realidad
sobre las formalidades, aunque lo cierto es que su vinculación como maestro se dio
con ocasión a una designación de una autoridad nacional y en una institución que
dependía directamente la Nación, motivo por el cual como lo ha considerado de
manera reiterada esta corporación, no hay lugar a considerar que ejerció como
docente territorial o nacionalizado, destinatario de la pensión gracia.
76. Para finalizar, la Sala reitera las reglas de unificación definidas en la sentencia
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, según las cuales, por un lado, el origen de los
recursos destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide en la
determinación del tipo de vinculación, pues lo «esencialmente relevante frente al
reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza» con carácter
territorial o nacionalizado.
77. En consecuencia, tampoco son de recibo las razones de orden presupuestal
esgrimidas por el demandado para entender que desempeñó la labor docente en una
plaza territorial o nacionalizada, cuando sin lugar a duda desde su origen, en virtud
del nombramiento efectuado, fue nacional, naturaleza que no cambia por el hecho de
que para sufragar los gastos respectivos eventualmente se hayan empleado recursos
del Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
78. En consecuencia, para la Sala es claro que el acto acusado, por medio del cual
se dio cumplimiento a un fallo de tutela, no está acorde con el ordenamiento jurídico,
razón por la que se confirmará la sentencia de primera instancia.
3.5.3. Resolución del tercer problema jurídico
79. Tratándose de casos en los que se discuten prestaciones periódicas y cuando
la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros
pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es
posible.
80. Al respecto, el literal c) del numeral 1.º del artículo 164 de la Ley 1437 de
201144, dispone que:
La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
44 CPACA.
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Radicación: 15001-23-33-000-2014-00372-01 (5873-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;
81. Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe. Ello guardó correspondencia con lo que se había
dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 198445, y principalmente con la
presunción contenida en el artículo 83 de la Constitución Política.
82. En tal virtud, para que sea viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
pública demandante debe centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la
ilegalidad de la prestación pensional, sino también, que la obtención de tal derecho
por parte del accionado se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena
fe, que como se indicó con anterioridad son presumibles.
83. En otros términos, tratándose del ejercicio del referido medio de control contra
actos que versan sobre prestaciones periódicas, no opera de forma automática el
consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado
anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la
consecución del derecho inicialmente obtenido.
84. Descendiendo al caso concreto y valorando los medios de prueba que fueron
aducidos de manera regular al proceso, no encuentra la Sala que el demandado al
ejercer una acción de tutela, lo cual es legítimo, haya actuado de mala fe en su
momento frente a CAJANAL para el reconocimiento de la pensión gracia.
85. Asimismo, vale la pena precisar que el hecho de que la parte demandada haya
contestado la demanda e impugnado el fallo que le fue adverso, y que la resolución
del recurso interpuesto exija un esfuerzo de la administración de justicia, son
circunstancias de las que no puede inferirse automáticamente que el accionado obró
de mala fe para obtener la pensión, que se recuerda, fue producto de un
pronunciamiento judicial en sede de tutela, respecto del cual tampoco se suministraron
elementos de juicio para considerar que se generó por una actuación mal intencionada
y/o desleal del señor Rodríguez Junco.
86. Con fundamento en lo anterior, no se evidencia que las sumas percibidas con
ocasión del acto acusado sean producto de actuaciones de mala fe imputables a la
parte demandada. En consecuencia, resulta acertado que en primera instancia se
haya negado el restablecimiento del derecho.
45 CCA.
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Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
3.5.4. De la condena en costas
87. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Boyacá decidió no
condenar en costas a la parte accionada.
88. Inconforme con la decisión, la demandante solicitó que se revoque esa decisión
y se proceda a la condena en costas, al considerar se trata de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de carácter particular para el cual no hay lugar a
excepción alguna de esta condena, dado que aplica para casos donde se ventile un
interés público.
89. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria 46 el criterio
subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que, para decretar la
referida condena en primera instancia, el Tribunal, tal como lo hizo, tenía que analizar
la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria
o de mala fe.
90. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, como no se advierte que la parte demandada haya obrado
de mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal, se tienen que le asistía razón al juez de
primera instancia de no condenar en costas.
91. Entonces, como la Sala observa el demandado actuó sin realizar acciones
dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso, no había lugar a
condenar en costas en primera instancia. En consecuencia, se confirmará la sentencia
recurrida.
92. Por las mismas razones tampoco hay lugar a imponer esta con ocasión del
trámite en segunda instancia.
3.6. Conclusión
93. La Sala concluye que el acto acusado no está acorde con el ordenamiento
jurídico, pues el requisito de la vinculación en plazas territoriales y nacionalizadas
antes del 31 de diciembre de 1980 no se cumplió. No obstante, no hay lugar a ordenar
la devolución de las sumas pagadas con ocasión de aquel, en la medida que no se
acreditó que el demandado haya obtenido la pensión gracia de mala fe. Finalmente,
tampoco se advierte del análisis de la conducta de la parte vencida, razón alguna para
condenarla en costas47.
46 Con la precisión que la magistrada ponente considera que la condena en costas se rige por el criterio objetivo-
valorativo, por las razones que se sintetizaron en la nota al pie 31.
47 En similares términos, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B profirió la sentencia del 23 de octubre de 2025, exp. 5001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: UGPP
Demandado: Evangelista Rodríguez Junco
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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