República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-02598-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02598-01 (4183-2023)
Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: vinculación antes del 31 de diciembre de 1980. Subtema
2: 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado. Subtema 3: requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia – acreditados. Subtema 4: condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de marzo
de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizado por más de 20
años, cumplió con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió al derecho; sin
embargo, la UGPP apeló la decisión con fundamento en que el tiempo laborado por la
peticionaria fue en virtud de nombramientos de carácter nacional, por lo que no es válido
para acceder a la prestación reclamada; además, que los salarios fueron pagos con
dineros del FER. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en la medida en
que se encuentra acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación
territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02598-01 (4183-2023)
Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Blanca Nubia Marín Madrigal, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 3 de julio de 20201, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 045742 del 30 de noviembre
de 2018 y RDP 0017238 del 6 de junio de 2019, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la demandante, al
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.
Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el momento en que adquirió
el estatus, con inclusión de todos los factores salariales devengados, ajustes e
indexaciones a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La accionante nació el 25 de diciembre de 1959, por lo que cumplió la edad de 50
años el 25 de diciembre de 2009. Laboró por más de 20 años al servicio de
instituciones educativas con vinculaciones de carácter territorial, así:
(a) desde el 7 de abril de 1980 hasta el 27 de mayo de 1980, en virtud del Decreto
717 del 5 de mayo de 1980;
(b) a partir del 16 de julio de 1980 al 10 de septiembre de 1980, a través del
Decreto 1303 del 24 de julio de 1980;
(c) del 7 de octubre de 1980 al 28 de noviembre de 1980, en atención al Decreto
1929 del 28 de octubre de 1980;
(d) desde el 16 de febrero de 1998 hasta el 18 de mayo de 2018, por
nombramiento que se le hiciera por Decreto 219 del 2 de febrero de 1998.
4. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través de
los actos demandados, que indicaron que el tiempo de servicio prestado no se ajusta
al establecido para el reconocimiento de dicha pensión, por lo que esta no podía
otorgarse.
5. La demandante estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como
1 Samai, Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1_RADICACIONDELPROCESO.
2
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Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
docente territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 91 de 1989.
7. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes de
la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia y concluyó que en su caso la entidad se apartó
del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
docente al considerarlos del orden nacional, aunque fueron del orden territorial o
nacionalizado.
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda
porque no se acreditó el requisito de tiempo de servicio docente mediante vinculación
municipal, departamental, distrital o nacionalizada. Por el contrario, se demostró que
los tiempos de servicio fueron prestados en virtud de nombramientos de carácter
nacional y financiados por Situado Fiscal, lo cual es incompatible con el reconocimiento
de la pensión gracia2.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia del 29 de marzo de 20233,
accedió a las pretensiones, en los siguientes términos:
PRIMERO: ACCEDER PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, por lo cual
se DECLARA la NULIDAD de la Resolución N° RDP 045742 del 30 de noviembre de
2018 proferida por la UGPP, por medio de la cual se negó a la señora BLANCA NUBIA
MARÍN MADRIGAL el reconocimiento y pago de una pensión gracia, y de la Resolución
2 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_04 CONTESTACION.
3 Samai, Tribunal, índice 00019, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 19, 12_SENTENCIA.
3
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Demandada: UGPP
N° RDP 017238 del 6 de junio de 2019, por medio de la cual se resolvió un recurso de
apelación contra la anterior.
SEGUNDO: consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONALES Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la señora BLANCA NUBIA
MARÍN MADRIGAL, en el equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados por la actora en el año inmediatamente anterior a la consolidación
de su estatus pensional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966
y 5 de su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, el cual se hizo efectivo el 31 de
agosto de 2017, por lo que, de conformidad con el certificado de salarios aportado por el
Municipio de Medellín, los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del [ e ] status de pensionada fueron: asignación básica, prima profesional
docente, bonificación docente, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de
servicios, y subsidio de transporte.
TERCERO: La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es
lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas pensionales, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la
demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá
hacerse mes por mes.
CUARTO: No hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a LA PARTE DEMANDADA. Se fija como
agencias en derecho, el equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda.
10. Constató que Blanca Nubia Marín Madrigal nació el 25 de diciembre de 1959, por
lo que alcanzó la edad de 50 años el 25 de diciembre de 2009. Que no obra prueba
que dé cuenta de que esta no ejerció la docencia con honradez, consagración,
idoneidad y buena conducta.
11. Indicó que de las pruebas obrantes en el expediente se tenía que la accionante
acumuló un total de tiempo de servicio de 20 años, 8 meses y 16 días. Asimismo, que
estuvo vinculada por primera vez antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, del 7 de
4
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abril al 28 de noviembre de 1980. Además, que los decretos de nombramiento fueron
expedidos por entes territoriales, sin que de ellos se derivara que se actuó por
delegación del Ministerio de Educación Nacional ni tampoco se citó la aplicación de
alguna norma en especial, concretamente las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994. Aunado
a lo anterior, obraban certificados laborales, como el expedido por el municipio de
Medellín, que dan cuenta que el tipo de vinculación fue municipal y la fuente de
financiación con recursos propios del ente territorial.
12. En lo relacionado con la prescripción, sostuvo que el estatus pensional se concretó
el 31 de agosto de 2017, que la solicitud de reconocimiento del derecho fue presentada
ante la administración el 5 de julio de 2018, con lo cual se interrumpió el término de la
prescripción. En consecuencia, como la demanda fue presentada el 15 de julio de 2020
no operó el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas.
13. Finalmente, decidió condenar en costas a la parte demandada, en la medida en
que resultó vencida en juicio.
2.4 . Recurso de apelación
14. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
15. Aunque se aceptara que existió una vinculación docente anterior al 31 de
diciembre de 1980, no se probó que los servicios fueron prestados en plazas
territoriales o nacionalizadas, ni mucho menos el tipo de financiación, pues si los
recursos fueron nacionales, darían cuenta de una vinculación del mismo orden.
16. La misma suerte corren los demás tiempos de servicio, pues no existe prueba
idónea, como la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Subdirección de Pensiones de la Dirección de Regulación Económica y de la
Seguridad Social DRESS, en la que conste el tipo de vinculación de la demandante,
esto es, si fue nacional, nacionalizada, departamental, municipal o distrital, así como
el origen de los recursos con los que se financió, pues si la accionante recibió recursos
provenientes de la Nación, no se cumpliría con el requisito del numeral 3 del artículo 4
de la Ley 114 de 1913, por tanto, no tendría derecho a la pensión gracia.
17. Finalmente, en cuanto a la condena en costas pidió que se revoque, por cuanto
no se probó que estas se hayan causado4.
4 Samai, Tribunal, índice 00021, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 21, 14ED_RECURSOAPELACIÓN.
5
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
18. Mediante auto de 14 de noviembre de 20235, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, tiene competencia
para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el inciso primero del
artículo 150 del CPACA, que le confiere el conocimiento de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problema jurídico
20. En atención a los reproches expuestos por la entidad demandada en el recurso de
apelación, la Sala procede a resolver el siguiente problema jurídico:
21. ¿La demandante acreditó el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?
22. ¿Para cumplir el requisito de los 20 años de servicios docente en una plaza
distrital, municipal, departamental o nacionalizada, no es dable tener en cuenta el
período durante el cual los salarios de la demandante fueron financiados por el Situado
Fiscal o el Sistema General de Participaciones, pues correspondería a una vinculación
de tipo nacional?
23. ¿El juez de primera instancia debía analizar la conducta de la parte vencida en
juicio para disponer sobre la condena en costas?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
24. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 6,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que hubieren desempeñado el empleo
con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4_AUTOQUEADMITE.
6 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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25. La Ley 116 de 19287 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
26. Posteriormente, la Ley 37 de 19338 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
27. Por su parte, la Ley 91 de 19899, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
28. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (1) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (2) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1010 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
7 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
9 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
10 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
29. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199711, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
30. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201812, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena
conducta.
31. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados13, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal14; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
32. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
13
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
14 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
33. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»15. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»16.
34. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas
35. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 17 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»18.
36. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso19, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Ibidem.
17 https://dle.rae.es/disponer.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»20.
37. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes21. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección22 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)23.
3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas
38. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
39. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
23 Ibidem.
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que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
40. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición y,
en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo24 para su imposición (adoptado desde el
año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento25.
41. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»26.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
42. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria, mas no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 27), el
24 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
25 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
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criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
• Edad
43. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere, en
primer lugar, haber cumplido 50 años. En el caso concreto, la señora Blanca Nubia
Marín Madrigal nació el 25 de diciembre de 1959, según la cédula de ciudadanía28, en
consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 25 de diciembre de 2009.
• Tiempos de servicios
44. Se evidencian en el expediente vinculaciones con la Gobernación de Antioquia,
así:
45. Por medio del Decreto 0717 del 5 de mayo de 198029, el gobernador del
departamento de Antioquia nombró a la demandante como docente de primaria en el
Instituto San Luis María Monfort del municipio de Bello, a partir del 7 de abril de 1980,
mientras durara la incapacidad de la profesora Luz Amparo Arango. El decreto también
fue suscrito por los secretarios de educación y cultura, el de hacienda y el secretario
general.
46. A través del Decreto 1303 del 24 de julio de 198030, el gobernador del
departamento de Antioquia nombró a la peticionaria como docente de enseñanza
primaria en el Instituto San Luis María Monfort del municipio de Bello, desde el 16 de
julio de 1980, mientras durara la incapacidad de la maestra Socorro Zuluaga Franco.
El decreto también fue suscrito por los secretarios de educación y cultura, el de
hacienda y el secretario general.
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
28 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, p. 29.
29 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 39 a 41.
30 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 43 a 45.
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47. Mediante el Decreto 1929 del 28 de octubre de 198031, el gobernador del
departamento de Antioquia nombró a la accionante como docente de enseñanza
primaria en el Instituto San Luis María Monfort del municipio de Bello, del 7 de octubre
de 1980, mientras durara la incapacidad de la profesora Yolanda Brand de Mendoza.
El decreto también fue suscrito por los secretarios referidos.
48. Finalmente, mediante el Decreto 219 del 2 de febrero de 199832, el alcalde del
municipio de Medellín nombró a la demandante como maestra en el Departamento de
Nuclearización Educativa y Cultural, División General de Educación de la Secretaría
de Educación y Cultura, en atención a las vacantes existentes en esa secretaría que
fueron creadas por los decretos 026 de 1997 y 174 de 1997, para básica primaria, y
porque se trataba de una de las docentes que seguía en turno en la lista de elegibles
del concurso convocado por el municipio de Medellín, a través de Resolución 1595 del
6 de noviembre de 1996.
49. Se encuentra en el expediente el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral elaborado por la Secretaría de Educación del departamento de
Antioquia del 22 de mayo de 201833, en el que se acredita que la vinculación de la
accionante, respecto de los nombramientos realizados mediante los decretos 0717 del
5 de mayo de 1980, 1303 del 24 de julio de 1980 y 1929 del 28 de octubre de 1980,
fue de carácter nacionalizado, desde el 7 de abril de 1980 hasta el 27 de mayo de
1980, del 16 de julio de 1980 al 10 de septiembre de 1980 y del 7 de octubre de 1980
al 28 de noviembre de 1980.
50. También obra en el plenario el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral elaborado por la Secretaría de Educación del municipio de Medellín del
18 de mayo de 201834, en el que se indica que la vinculación de la accionante, respecto
del nombramiento realizado a través del Decreto 219 del 2 de febrero de 1998, fue de
carácter nacionalizado, desde el 16 de febrero de 1998 hasta el 18 de mayo de 2018
(fecha de emisión de la certificación).
51. En resumen, la parte demandante acreditó los siguientes tiempos de servicios:
Entidad Acto Situación Desde Hasta Total
territorial administrativa Año de 365
días
Instituto San Decreto 0717 del 5 Docente 07/04/1980 27/05/1980 1 mes y 21 días
Luis María de mayo de 1980 (Incapacidad) (Nacionalizado)
Monfort
(municipio de
Bello)
31 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 47 a 51.
32 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_CARPETA 4.5–42677268_1_PDF
0015A955.
33 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 53 a 54.
34 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, p. 55.
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Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
Instituto San Decreto 1303 del Docente 16/07/1980 10/09/1980 1 mes y 27 días
Luis María 24 de julio de 1980 (Incapacidad)
Monfort (Nacionalizado)
(municipio de
Bello)
Instituto San Decreto 1929 del Docente 07/10/1980 28/11/1980 1 mes y 23 días
Luis María 28 de octubre de (Incapacidad) (Nacionalizado)
Monfort 1980
(municipio de
Bello)
Departamento Decreto 219 del 2 Docente (concurso) 16/02/1998 18/05/201835 20 años, 3
de de febrero de 1998 meses y 7 días
Nuclearización
Educativa y
Cultural,
División
General de
Educación de
la Secretaría
de Educación
y Cultura
Total 20 años, 8 meses y 18 días
Tabla 1. Vinculaciones parte demandante. Elaboración propia.
• Buena conducta
52. A partir de la ausencia de algún documento del cual pueda desprenderse que la
demandante incurrió en mala conducta durante el servicio docente, no se advierte
razón para poner en duda la presunción de buena fe con la que deben actuar los
particulares y las autoridades públicas, que también cobija a los servidores del Estado.
• Actos demandados
53. La UGPP, mediante la Resolución RDP 045742 del 30 de noviembre de 201836, le
negó a la demandante el reconocimiento de la pensión gracia, solicitada el 5 de julio
de 2018, porque los tiempos de servicio fueron prestados en virtud de nombramientos
del orden nacional.
54.En ese mismo sentido, al resolver el recurso de apelación, por medio de la
Resolución RDP 017238 del 6 de junio de 201937, se confirmó la primera decisión.
3.5. Caso concreto
55. La UGPP interpuso recurso de apelación para que se revoque la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de marzo de 2023, que
accedió a las pretensiones de la demanda, porque estima que el tiempo de servicio
35 Fecha del formato único para la expedición de certificado de historia laboral.
36 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 31 a 34.
37 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, ED_EXPEDIENTE_01 DEMANDA, pp. 35 a 38.
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prestado por la demandante fue con ocasión de nombramientos del orden nacional,
por lo que no es dable proceder al reconocimiento de la pensión de gracia. Además,
consideró que la labor docente fue financiada con recursos del Situado Fiscal, lo que
ratifica su vinculación nacional.
56. En consecuencia, se procede a verificar si la demandante tiene los requisitos para
obtener la referida pensión.
3.5.1. Vinculación docente y tiempo de servicio
57. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que para
demostrar la calidad de docente, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 2018, se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b)
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
58. Por lo tanto, para la Sala los actos de nombramiento y las certificaciones
expedidas por la autoridad nominadora tienen pleno valor probatorio documental para
acreditar la vinculación del docente, en este caso, la de la señora Blanca Nubia Marín
Madrigal.
59. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado38, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.
60. En ese orden, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
y tampoco se tacharon de falsas las documentales aportadas en copia simple por la
demandante a este proceso, es válido darles valor probatorio a los documentos
referidos párrafos atrás.
61. Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la mencionada
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 CE-SUJ-SII-11-2018, ha dejado claro
que en materia de pensión gracia la naturaleza de la vinculación docente depende de
la naturaleza de la autoridad nominadora y de la plaza a ocupar, esto es, que sea
territorial o nacionalizada.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.
radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Actora: Adriana Gaviria Vargas.
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62. En ese orden, es importante recordarle a la UGPP que el origen de los recursos
destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide en la
determinación del tipo de vinculación, pues se insiste, lo «esencialmente relevante
frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza» con
carácter territorial o nacionalizado, en especial si los entes territoriales una vez reciben
las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones se convierten
en su propiedad, conforme a la referida sentencia de unificación.
63. Descendiendo al caso concreto, al revisar los decretos 0717 del 5 de mayo de
1980, 1303 del 24 de julio de 1980 y 1929 del 28 de octubre de 1980, se evidencia que
fueron suscritos por una autoridad territorial –el entonces gobernador del
departamento de Antioquia– sin que se observe que su actuar haya obedecido a una
delegación efectuada por el Ministerio de Educación Nacional.
64. A lo anterior se suma que los servicios como docente se prestaron en el Instituto
San Luis María Monfort del municipio de Bello (departamento de Antioquia), y que en
el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, elaborado por la
Secretaría de Educación del departamento de Antioquia del 22 de mayo de 2018, se
indica que la vinculación de la accionante, respecto de los nombramientos realizados
mediante dichos decretos, fue de carácter nacionalizado.
65. En consecuencia, la peticionaria ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante una vinculación que habilita el reconocimiento de la
pensión gracia.
66. En cuanto a los tiempos de servicio prestados por la demandante a partir del 16
de febrero de 1998, se constató, al revisar el nombramiento efectuado por medio del
Decreto 219 del 2 de febrero de 1998, que fue realizada por una autoridad municipal,
esto es, el alcalde del municipio de Medellín, sin que tampoco se evidencie que su
actuar haya obedecido a una delegación efectuada por el Ministerio de Educación
Nacional.
67. Al contrario, lo que se observa es que dicho nombramiento obedeció al concurso
que fue realizado por ese mismo municipio, en el cual participó la demandante y quien
seguía en turno en la lista de elegibles respectiva para ocupar una de las vacantes del
Departamento de Nuclearización Educativa y Cultural, División General de Educación
de la Secretaría de Educación y Cultura.
68. Ahora, con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
elaborado por la Secretaría de Educación del municipio de Medellín del 18 de mayo
de 2018, se acredita que la vinculación de la accionante, respecto del nombramiento
realizado a través del Decreto 219 del 2 de febrero de 1998, fue de carácter
nacionalizado, desde el 16 de febrero de 1998 hasta el 18 de mayo de 2018.
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69. En consecuencia, como la demandante cumplió los 50 años el 25 de diciembre de
2009 y ejerció funciones en virtud de vinculaciones territoriales desde antes del 31 de
diciembre de 1980, corresponde verificar en qué momento completó los 20 años de
servicio docente territorial o nacionalizado. Para tal efecto, en esta oportunidad es
posible tener en cuenta la totalidad de su experiencia laboral, relacionada en el acápite
de hechos probados.
70. En ese orden de ideas, mediante la siguiente tabla (num. 2), que a su vez extrae
los extremos temporales de las vinculaciones laborales de la demandante,
relacionados en la tabla 1, se constata que aquella cumplió los 20 años de servicio
docente para la obtención de la pensión gracia el 2 de septiembre de 2017:
Periodo en
años, meses Conversión a
Fecha Inicial Fecha Final y días días
07/04/1980 27/05/1980 0 – 1 - 21 51
16/07/1980 10/09/1980 0 – 1 – 27 57
07/10/1980 28/11/1980 0 – 1 – 23 53
16/02/1998 02/09/2017 19 – 5 - 24 7.139
Total días 7.300
Tabla 2. Extremos temporales para establecer los 20 años de servicio.
71. Los cálculos de las tablas 1 y 2, con el fin de que el cómputo de los periodos se
acerque más a la realidad, se efectúo a partir de los días calendario, lo que a su vez
conlleva a que por regla general cada año equivalga a 365 días. En ese orden de ideas,
los 20 años (que son los exigidos por la obtención de la pensión gracia) corresponden
a 7.300 días39, que en el caso de la peticionaria se cumplieron el 2 de septiembre de
2017.
72. Entonces, se encuentra que, para el 5 de julio de 2018, cuando solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia ante la administración, cumplía con todos los
requisitos legales para el reconocimiento de esta.
73. En este orden de ideas, se confirmará el fallo del Tribunal que accedió a las
pretensiones de la demanda.
3.5.2. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
74. En lo que respecta a la consolidación del estatus pensional, si bien este aspecto
no fue objeto de controversia en el recurso de apelación, la Sala encuentra que el a
quo, de conformidad con el cómputo de tiempo de servicios acreditado en el
expediente, señaló que para el 31 de agosto de 2017 la señora Blanca Nubia Marín
39 365 x 20 = 7.300.
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-02598-01 (4183-2023)
Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
Madrigal adquirió su estatus pensional. Se destaca esta fecha porque fue la señalada
por la sentencia impugnada.
75. No obstante, se advierte que la peticionaria, cumplió 50 años el 25 de diciembre
de 2009 y completó los 20 de servicio en la docencia oficial el 2 de septiembre de 2017,
como se ilustró líneas atrás, particularmente en la tabla número 2.
76. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que como la
demandante consolidó el estatus pensional el 2 de septiembre de 2017, fecha en la
cual completó los 20 años de servicio docente oficial, la solicitud de reconocimiento de
la pensión gracia fue presentada el 5 de julio de 2018 y la demanda el 3 de julio de
2020, no operó la prescripción de las mesadas pensionales, tal como lo indicó el juez
de primera instancia. Así las cosas, únicamente se modificará la fecha de
consolidación del estatus pensional consignada en la providencia, ajuste que no afecta
al apelante único, dado que el reconocimiento de las mesadas respectivas es posterior
al señalado por el juez de primera instancia.
3.5.3. De la condena en costas
77. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió condenar
en costas a la parte accionada por resultar vencida en el trámite de primera instancia,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA. Inconforme con la decisión, la
demandada solicitó que se revocara dicha condena.
78. La Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo en la imposición de la
condena en costas, en la medida en que la decretó como consecuencia de que accedió
a las pretensiones de la demanda.
79. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de la
presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria 40 el criterio
subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que para decretar la referida
condena en primera instancia el Tribunal debió analizar la conducta de la parte
vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de mala fe.
80. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, no se advierte que la parte demandada haya obrado de mala
fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia irregular
que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la accionada actuó
sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.
40 Con la precisión que la magistrada ponente considera que la condena en costas se rige por el criterio objetivo-
valorativo, por las razones que se sintetizaron en la nota al pie 27.
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-02598-01 (4183-2023)
Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
81. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará dicha condena.
82. Por las mismas razones, tampoco hay lugar a imponer esta con ocasión del trámite
en segunda instancia.
3.6. Conclusión
83. La Subsección concluye, a partir del estudio de la normativa aplicable a la pensión
gracia, de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración
integral del acervo probatorio, que la señora Blanca Nubia Marín Madrigal cumple los
requisitos para acceder a dicha prestación, pues se acreditó que sus vinculaciones
correspondieron a plazas de carácter territorial – nacionalizadas, lo que le permite
cumplir con el requisito de los 20 años de servicio.
84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 29 de marzo de 2023, que accedió a las pretensiones
de la demanda, el cual quedará así:
SEGUNDO: consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia
solicitada por la señora Blanca Nubia Marín Madrigal, en el equivalente al 75 % del
promedio de todos los factores salariales devengados por la actora en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y 5 de su Decreto Reglamentario 1743
del mismo año, el cual se hizo efectivo el 2 de septiembre de 2017, por lo que, de
conformidad con el certificado de salarios aportado por el Municipio de Medellín, los
factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de
pensionada fueron: asignación básica, prima profesional docente, bonificación docente,
prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, y subsidio de transporte.
Segundo. Revocar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de marzo de 2023, para en su lugar negar
la condena en costas.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
Cuarto. No condenar en costas en segunda instancia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2020-02598-01 (4183-2023)
Demandante: Blanca Nubia Marín Madrigal
Demandada: UGPP
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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