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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00056-01

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00056-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Vinculado: Departamento del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura del
Tolima1

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Subtema 3. Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional. Subtema 4. Facultad de los fondos de
pensiones para recaudar aportes del Sistema General de Seguridad Social en
Pensión.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la
entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó
que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al sector público
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Señaló que como
el accionante prestaba sus servicios como docente a la entrada en vigor de la Ley 812

1 Vinculado a través de auto del 20 de abril de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima que obra en

Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento
021_73001-23-33-000-2021-00056-00 ORDENA VINCULACION DEPARTAMENTO TOLIMA (1).

1

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

de 2003 (26 de junio de 2003), le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985. Definió que, al haber acreditado los requisitos exigidos por dicha
normativa, tenía derecho a que la entidad accionada le reconociera una pensión de
jubilación a su favor.

Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior, al verificar que el
régimen pensional que le es aplicable al accionante es el establecido en la Ley 33 de
1985, comoquiera que se vinculó en calidad de docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En tal sentido, se precisará la fecha de
adquisición del derecho a la pensión y se exhortará a la demandada para que recaude
las cotizaciones en favor del accionante en el tiempo en que estuvo contratado a través
de órdenes de prestación de servicios.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 4 de febrero de 20212, el señor Aldemar Reyes Trujillo,
por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio TOL2019EE015245 del 5 de
diciembre de 2019, mediante el cual la entidad accionada le negó el reconocimiento
de una pensión de jubilación al señor Aldemar Reyes Trujillo, así como de la
Resolución 0608 del 10 de febrero de 2020, por medio de la cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra el acto anterior, confirmándolo en todas sus partes.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la entidad demandada
reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación a la que, según afirmó, tiene
derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y las leyes 33 y 62
de 1985. Solicitó igualmente que se condene al pago de las sumas dejadas de percibir
por dicho concepto desde el momento en que adquirió su estatus pensional —55 años
de edad y 20 años de servicio—, debidamente indexadas, tomando como base de
liquidación el 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior
a la adquisición de dicho estatus, el «10 de junio de 2020», incluyendo la totalidad de
los factores salariales devengados. Pidió, además, que se reconociera la

2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento
002_ACTA DE REPARTO Dr Belisario Beltran Bastidas sec 121.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, págs. 3 a 12.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

compatibilidad entre pensión y sueldo que, según adujo, cobija a los docentes
vinculados con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003.

4. Solicitó que se condene a la accionada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; a reconocer y pagar los intereses de
mora sobre las sumas adeudadas conforme al artículo 192 ibidem; a reconocer los
ajustes de valor de dichas sumas de acuerdo con el índice de precios al consumidor;
y a la condena en costas en los términos del artículo 188 del CPACA.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. El demandante ha laborado como docente al servicio del Departamento del
Tolima, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, prestando
sus servicios en distintos periodos y entidades, a saber: en el Municipio de Coyaima,
del 12 de septiembre de 1996 al 16 de diciembre de 1998; en el Municipio de
Natagaima, en varios lapsos comprendidos entre el 18 de agosto de 1999 y el 31 de
octubre de 2000; y en el Departamento del Tolima, desde el 19 de enero de 2004 hasta
la fecha de presentación de la demanda. Además, tiene cotizaciones a Colpensiones,
en tiempos discontinuos, del 25 de julio de 1988 al 30 de noviembre de 2003.

7. Afirmó que tiene derecho a una pensión de jubilación que debe reconocerse
según lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y en la Ley 91 de 1989, esto es, con
55 años de edad y 20 años de servicio, tomando como base de liquidación el 75 % del
promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su
estatus pensional, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados, y
gozando de la compatibilidad que debe existir entre sueldo y pensión. Lo anterior, toda
vez que ingresó a la docencia oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,

8. Manifestó que adquirió su estatus pensional el 10 de junio de 2020 y la entidad
demandada le negó, a través de los actos administrativos acusados, la pensión de
jubilación con fundamento en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, pese a que, según
las leyes vigentes y la jurisprudencia del Consejo de Estado, tiene derecho a ser
pensionado conforme a las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, por pertenecer al
régimen especial docente y ostentar un derecho adquirido derivado de haber laborado
con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. La parte demandante citó como normas violadas los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13,
25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; las leyes 33 y 62 de 1985; la Ley 91 de
1989; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; la Ley 812 de 2003; el Acto Legislativo 01

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

de 2005; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; y los decretos 2285 de 1955, 224 de
1972, 1042 y 1045 de 1978, y 2277 de 1979.

10. Afirmó que de acuerdo con el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de
1989, a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y a quienes fueron nombrados a partir del 1 de enero de 1990, se les
reconocerá, al cumplir los requisitos de ley, una pensión de jubilación equivalente al
75 % del salario mensual promedio del último año, con el régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.

11. Señaló que la Ley 812 de 2003, en el artículo 81 dispuso que a los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma se les aplica el régimen pensional
previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. En cambio, aquellos educadores que ingresen
por primera vez al magisterio oficial a partir del 27 de junio de 2003, deben afiliarse al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales
se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Tal criterio fue ratificado por el Acto
Legislativo 01 de 2005.

12. Adujo que según los artículos 5 del Decreto 224 de 1972, 3 del Decreto 2277
de 1979 y 6 de la Ley 60 de 1993 el ejercicio de la docencia no es incompatible con el
goce de la pensión de jubilación.

13. Citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre los regímenes
pensionales aplicables a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio según la fecha de vinculación al servicio. Invocó igualmente la
sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de
agosto de 2018, radicación 52001-23-33-000-2012-00143-01, en la que se precisó que
los docentes afiliados al mencionado fondo no están cobijados por el régimen de
transición del Sistema General de Pensiones, por haber sido exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

14. Concluyó que, si bien el accionante en la actualidad se encuentra escalafonado
en el Decreto Ley 1278 de 2002, estuvo vinculado con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, es acreedor del régimen prestacional
anterior a dicha ley previsto en la Ley 33 de 1985, y a que su pensión se reconozca
sin exigir el retiro del servicio.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones4.

15. Indicó que la entidad debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley 91 de 1989, norma
que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que estableció
el régimen prestacional aplicable a los docentes, distinguiendo entre los
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 —quienes conservan el
régimen de la respectiva entidad territorial— y los nacionales, así como quienes se
vincularan a partir del 1 de enero de 1990, sometidos a las disposiciones aplicables a
los empleados públicos del orden nacional. Citó igualmente el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y su reglamentación mediante los Decretos 2341 y 3752 de 2003, relativos a
la tasa de cotización y al ingreso base de cotización de los docentes afiliados al Fomag.

16. Sostuvo que, conforme a las leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de
1989, para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación los docentes deben
acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicios, momento en el cual adquieren
el estatus de pensionados y el derecho a una mesada equivalente al 75 % del promedio
de los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a dicho
estatus. Precisó, adicionalmente, en relación con la pensión por aportes, que el
derecho le asiste a todo docente que acredite veinte años o más de cotizaciones
continuas o discontinuas ante el Instituto de Seguros Sociales y una o varias entidades
de previsión social del sector público, sin que se compute el tiempo laborado en
empresas privadas no afiliadas al ISS.

17. Precisó que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados
y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la Ley
812 de 2003 es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes antes
de dicha ley, mientras que quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor serían
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y quedarían
sometidos al régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad de pensión de vejez, fijada en 57 años tanto para hombres como
para mujeres. Invocó en igual sentido el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01
de 2005.

18. Afirmó que como el demandante se vinculó a la docencia oficial el 19 de enero
de 2004, le eran aplicables las disposiciones de la Ley 812 de 2003 y, en
consecuencia, el régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, cuyo artículo 9 exige haber cumplido 55 años de edad si es
mujer o 60 si es hombre —edad que se incrementa a 57 y 62 años, respectivamente,

4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento 014_

FIDUPREVISORA CONTESTA DEMANDA.

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Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

a partir del 1 de enero de 2014— y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas,
incrementadas progresivamente hasta 1300 semanas en el año 2015.

19. Manifestó que la entidad no vulneró los derechos laborales del demandante, los
cuales se encuentran debidamente satisfechos, y que no resulta viable el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación sin el cumplimiento pleno de los
requisitos legales.

2.2.2. El departamento del Tolima, Secretaría de Educación y de Cultura no contestó
la demanda5.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 6 de febrero de 2025,
a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la demandada. La providencia se fundó en los siguientes argumentos6:

21. Precisó que el régimen especial docente comprende el ingreso, ejercicio,
estabilidad, ascenso y retiro de estos servidores, pero no regula lo relativo al régimen
pensional, por lo que resulta obligatoria la remisión a las normas que rigen dicha
prestación para los empleados públicos del orden nacional. Luego de efectuar un
recuento normativo que abarcó la Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3135 de 1968, la Ley
33 de 1985 y su modificación por la Ley 62 de 1985, concluyó que existen dos
regímenes pensionales para los docentes oficiales, cuya aplicación depende de la
fecha de vinculación al servicio educativo estatal: el de la Ley 33 de 1985 para quienes
se vincularon antes del 27 de junio de 2003, y el de prima media de las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003 para quienes lo hicieron con posterioridad, conforme a la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

22. Señaló que, según se probó, el demandante nació el 10 de abril de 1959 e inició
sus labores en calidad de docente en el año 1999, al servicio del municipio de
Natagaima; primero como supernumerario y luego mediante contratos de prestación
de servicios, acreditando en dichos periodos un tiempo de servicio de 9 meses y 23
días. Luego, se vinculó en propiedad a la Secretaría de Educación del Departamento
del Tolima desde el 19 de enero de 2004. Sumados los distintos periodos, concluyó
que el demandante acreditaba un tiempo total de servicios de 20 años, 11 meses y 16
días, y que a la fecha de la respuesta administrativa negativa —10 de febrero de
2020— contaba con 60 años de edad.

5 Según constancia de la secretaría del Tribunal del 1 de julio de 2022, que obra en Samai, índice 02, expediente

digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento 026_VenceTraslado-
IngreasaAlDespacho.
6 Samai, gestión en otros despachos, radicación 73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 61, expediente digital,

archivo 26SentenciadePr_SENTENCIA_000562021NRDALDEMARR(.pdf).

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

23. Afirmó que, de conformidad con la sentencia de unificación de la Sala Plena del
Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, la vinculación de docentes mediante
contratos u órdenes de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal ni
subordinado de su labor frente al servicio público de educación, por lo que dichos
tiempos son computables para efectos pensionales sin necesidad de declaración
judicial previa de «contrato realidad». En aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, desestimó el argumento de la entidad demandada
según el cual el accionante se vinculó como docente a partir de la vigencia de la Ley
812 de 2003, al encontrar acreditado que prestó servicios en tal calidad desde el 18
de agosto de 1999. En consecuencia, concluyó que le resultaba aplicable el régimen
de la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos —55 años de edad y 20 años de servicio—
cumplió a cabalidad.

24. En cuanto a la liquidación de la prestación, el Tribunal dispuso que debían
tenerse en cuenta los factores salariales taxativamente enlistados en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985, precisando que a estos debía sumarse la bonificación mensual de
docentes creada por el Decreto 1566 de 2014 y la doceava parte de la bonificación
pedagógica establecida en el Decreto 2354 de 2018, por constituir factores salariales
para todos los efectos legales conforme a dichas normas. De acuerdo con la
documental aportada al expediente, estableció que el demandante adquirió su estatus
pensional el 28 de marzo de 2023.

25. Precisó, respecto de la compatibilidad entre pensión y salario, que, si bien el
artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 prohibían
en general recibir más de una asignación del tesoro público, el artículo 6 de la Ley 60
de 1993 y el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dejaron a salvo la compatibilidad entre
las prestaciones pensionales de los docentes y las asignaciones derivadas del ejercicio
de la actividad docente, siempre que el beneficiario esté mental y físicamente apto y
no haya cumplido la edad de retiro forzoso. En cuanto a la prescripción, señaló que,
habiéndose adquirido el estatus pensional el 28 de marzo de 2023 y presentado la
reclamación administrativa el «5 de diciembre de 2019», no operó dicho fenómeno.

26. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, condenó a la demandada a reconocer, liquidar
y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, equivalente al 75 % del
promedio de los factores salariales sobre los cuales se efectuaron aportes durante el
año anterior a la adquisición del estatus pensional —28 de marzo de 2022 a 28 de
marzo de 2023—, esto es, asignación básica, bonificación mensual docentes y la
doceava de la bonificación pedagógica, a partir del 28 de marzo de 2023. Además,
condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo
188 del CPACA.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
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2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La parte demandante. Interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, con el fin de que se modificara el numeral segundo de la decisión a fin de
que se estableciera adecuadamente la fecha de adquisición del estatus pensional.
Esto, bajo los siguientes argumentos7:

27. Sostuvo que el Oficio TOL2019EE015245 del 5 de diciembre de 2019 y la
Resolución No. 0608 del 10 de febrero de 2020 fueron expedidos con violación de las
normas en que debían fundarse, al exigir al demandante el cumplimiento de los
requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para el estudio de su prestación económica.

28. Indicó que dentro del proceso se acreditó que el demandante nació el 10 de
abril de 1959 y cumplió 55 años el 10 de abril de 2014, así como los distintos periodos
en que laboró: en el municipio de Coyaima, como servidor público, del 12 de
septiembre de 1996 al 16 de diciembre de 1998 (825 días); en el municipio de
Natagaima, como supernumerario y luego como docente, en varios lapsos
comprendidos entre el 18 de agosto de 1999 y el 31 de octubre de 2000 (294 días); y
en el departamento del Tolima, como docente, del 19 de enero de 2004 al 20 de marzo
de 2024 (7366 días). Con base en dicho tiempo de servicios, afirmó que el accionante
cumplió 20 años de servicio en el sector público el 12 de septiembre de 2020, fecha
que, a su juicio, debía tenerse como la de adquisición del estatus pensional.

29. Adujo que la sentencia apelada no tuvo en cuenta los tiempos laborados como
servidor público en el municipio de Coyaima, pese a que dicha entidad territorial
certificó, el 29 de julio de 2014, que el demandante laboró como oficial sustanciador,
posesionado el 12 de septiembre de 1996. Citó el artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
norma que regula los requisitos para que los servidores públicos —incluidos los
docentes— accedan a la pensión de jubilación ordinaria, exigiendo 20 años de servicio,
continuos o discontinuos, y 55 años de edad, con una tasa de reemplazo del 75 %
sobre el salario promedio base de aportes durante el último año de servicio.

30. Manifestó que, conforme a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, sin
importar el tipo de vinculación debe tenerse en cuenta la prestación real del servicio
por parte de los docentes para efectos de calcular los tiempos requeridos para acceder
a la pensión, pues lo único que determina el régimen aplicable es la fecha de
vinculación. En respaldo de esta tesis, invocó la sentencia del 2 de junio de 2022,
expediente 3061-2021, según la cual la prestación material del servicio como docente
determina el régimen del servidor.

31. Citó igualmente la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del
Consejo de Estado, según la cual la vinculación docente bajo la modalidad de

7 Samai, gestión en otros despachos, radicación 73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 61, expediente digital,

archivo 38_730012333000202100056003MemorialWeb2025313154518.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de la labor ni el elemento de
subordinación frente al servicio público de educación.

32. Solicitó que, teniendo en cuenta que la decisión que mejor protege los derechos
del personal docente es aquella que permite la contabilización de los aportes por el
tiempo laborado como contratista, se modifique el numeral segundo de la sentencia
apelada para que se reconozca la pensión de jubilación del demandante desde la
fecha en que, según sostuvo, adquirió el estatus pensional —el 12 de septiembre de
2020—, respetando la compatibilidad existente entre pensión y salario.

2.4.2. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos8:

33. Afirmó, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que el
régimen pensional aplicable a los docentes afiliados al Fondo depende de la fecha de
vinculación: quienes se vincularon antes del 27 de junio de 2003 se rigen por la Ley 91
de 1989 y, por remisión, por las leyes 33 y 62 de 1985; mientras que quienes lo hicieron
con posterioridad quedan sometidos al Régimen de Prima Media de las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

34. Indicó que, conforme al certificado de afiliación expedido por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, el señor Aldemar Reyes Trujillo fue nombrado
«en provisionalidad en una vacante definitiva» el 19 de enero de 2004, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen
pensional que le corresponde es el de la Ley 100 de 1993 y no el de la Ley 33 de 1985
aplicado por el Tribunal. Citó en respaldo de esta tesis la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

35. Argumentó que los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de
servicios no pueden computarse para efectos pensionales, por tratarse de una
modalidad contractual de naturaleza civil y no laboral, ostentando el vinculado la
calidad de contratista independiente y no de trabajador. Sostuvo que, para que dichos
tiempos sean tenidos en cuenta, es necesario acreditar los elementos propios de una
relación laboral —prestación personal del servicio, subordinación continuada y
remuneración—, así como demostrar que se realizaron los correspondientes aportes
al Sistema de Seguridad Social, circunstancias que, según adujo, no fueron
acreditadas dentro del proceso. Añadió que reconocer tiempos no cotizados generaría
un detrimento patrimonial para la entidad.

8 Samai, gestión en otros despachos, radicación 73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 61, expediente digital,

archivo 33_730012333000202100056003MemorialWeb2025312135357.

9

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

36. Invocó igualmente el concepto del Consejo de Estado No. 1718 del 9 de marzo
de 2006, según el cual la posibilidad de computar tiempo de servicio en el sector
público con tiempo cotizado al ISS, en virtud del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, está
reservada a quienes estuvieron vinculados laboralmente al sector oficial, sin que dicha
previsión resulte aplicable a los tiempos servidos bajo contratos de prestación de
servicios, al regirse estos por normas civiles.

37. Adicionalmente, en relación con la liquidación de la pensión, alegó que no
procede incluir dentro de la base los factores de bonificación mensual de docentes ni
la doceava parte de la bonificación pedagógica, por no encontrarse enlistados en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, invocando para ello la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. Finalmente, solicitó que no se condene en
costas y agencias en derecho, al considerar que la entidad obró de buena fe y que no
se demostró la causación de dichos rubros, conforme al numeral 9 del artículo 365 del
CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

38. Mediante auto del 11 de septiembre de 2025, se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes demandante y demandada y se ordenó el ingreso
al despacho del expediente para pronunciarse sobre las pruebas aportadas9.

39. A través de auto del 19 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia10 y se ordenó que una vez quedara ejecutoriada la decisión, el
proceso ingresara al despacho para proferir sentencia11.

2.6. Ministerio Público

40. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado12 no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

41. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

9 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 6Autoqueadmite_12442025(.pdf).
10 La entidad accionada aportó con el recurso de apelación un certificado de afiliación del demandante al Fomag.

En el auto de la referencia se negó la prueba, al considerar que la recurrente no expuso cuál era el objeto de la
prueba, así como tampoco su pertinencia, necesidad, utilidad y conducencia.
11 Samai, índice 09, expediente digital, archivo 10Autoqueniega_12442025Autoniegapru(.pdf).
12
Samai, índice 12, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que niega prueb(.pdf).

10

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.2. Problemas jurídicos

42. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

43. ¿Los periodos laborados por el accionante como docente vinculado mediante
órdenes de prestación de servicios pueden ser tenidos en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional?

44. ¿El demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003?

45. En caso afirmativo, ¿el accionante adquirió el estatus pensional el 12 de
septiembre de 2020, en atención a los periodos laborados para el municipio de
Coyaima?, y ¿el IBL de la pensión de jubilación reconocida debe incluir como factor
salarial la bonificación mensual docentes y la doceava parte de la bonificación
pedagógica?

46. ¿El Tribunal debía analizar la conducta de la parte vencida en juicio para
disponer sobre la condena en costas?

47. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (3) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (4) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente, y (5) de la condena en costas.

48. A partir de las anteriores consideraciones (6) se destacarán los hechos
probados más relevantes y (7) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán
los problemas jurídicos propuestos.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

49. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de

11

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

50. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

51. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

52. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

53. Sin embargo, la Ley 812 de 200314 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».

54. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988). El
segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

13 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.

12

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915

55. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

56. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

57. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

58. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.

15 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).

13

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

59. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)16.

60. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

61. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
16 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

14

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artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

62. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

63. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección18, tales como:

(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

64. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
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3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

65. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

66. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

67. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201619 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:

la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

68. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma

19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

contractual20»21 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

69. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

70. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

71. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

20 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

72. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente previó el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo con la
sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199422, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

73. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.3.4. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

74. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades23, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(1) El Decreto 224 de 197224 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.

22 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
23 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-
42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, exp. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
«Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197925 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.

(3) La Ley 60 de 199326 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia27, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.

(4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2.° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro público,
consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual tratándose del
régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no hace alusión a
los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las
disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados.
Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201928 se reiteró:

Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión

25 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
26 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
27 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
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Sociales del Magisterio

y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

(6) El artículo 1929 de la Ley 344 de 199630, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende la
compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»31.
(7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4532 del Decreto 1278
de 200233, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
200334), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue

29 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
30 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
32 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
33 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
34
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202435 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública36.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

75. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad37 o posterioridad38 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

76. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
36 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
38 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».

21

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Sociales del Magisterio

77. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.3.5. De la condena en costas

78. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»39. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»40.

79. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.5.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

80. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 41 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»42.

81. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
40 Ibidem.
41 https://dle.rae.es/disponer.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
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proceso43, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»44.

82. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes45. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección46 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)47.

3.3.5.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

83. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

84. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
46 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
47
Ibidem.

23

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
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legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en
los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

85. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo48 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se
impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento49.

86. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»50.

3.3.5.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

87. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de

48 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
49 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: 1) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; 2) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y 3) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-2019).

24

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

forma mayoritaria, mas no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente51),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Hechos probados relevantes

88. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

89. El señor Aldemar Reyes Trujillo nació el 10 de abril de 1959, según copia de la
cédula de ciudadanía52.

90. El demandante laboró al servicio del municipio de Coyaima, Tolima, del 12 de
septiembre de 1996 al 16 de diciembre de 1998 —para un total de 2 años, 3 meses y
6 días—, en el cargo de oficial sustanciador, nivel técnico, categoría II, grado de
remuneración 12, conforme al certificado emitido el 29 de julio de 2014 por el secretario
general y de gobierno del mismo ente territorial53.

91. Luego, a partir del 18 de agosto de 1999, prestó servicios al municipio de
Natagaima, Tolima, como docente supernumerario por el término de 78 días (2 meses
y 18 días), en la Escuela Rural Mixta de Guasimal, Guadualejas —nombrado mediante
el Decreto 1040 del 18 de agosto de 1999— y, a través de órdenes de trabajo, en la
Escuela Vereda Guasimal Mesas, del 25 de febrero de 2000 al 31 de octubre de la
misma anualidad –tiempo total 8 meses y 10 días–. Esto, de acuerdo con los
certificados expedidos el 18 de octubre de 2008 y 16 de noviembre de 2019, por el

51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
52 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, pág. 17.
53 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, pág. 31.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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alcalde y el secretario general y de gobierno del referido ente municipal,
respectivamente54.

92. Según el reporte de semanas cotizadas en pensión, emitido por Colpensiones
el 13 de septiembre de 2019, el accionante en calidad de empleado tiene 31,71
semanas de aportes realizados al ISS, así55:

Razón social Desde Hasta Tiempo
FED NAL ALGOD DESMOT 25/07/1988 31/08/1988 1 mes y 8 días
MUNICIPIO DE COYAIMA 01/05/1997 31/12/1997 8 meses y 5 días
MUNICIPIO DE COYAIMA 01/02/1998 28/02/1998 28 días
COOPSERVIMOS SIGLO XXI 01/05/2003 30/11/2003 7 meses y 4 días
Tabla 1. Tiempos cotizados a pensión por parte del demandante a Colpensiones.

• Frente a los tiempos cotizados, detallados antes, se advierte que existe duplicidad en
los concernientes a los servicios prestados al municipio de Coyaima, toda vez que
estos fueron contabilizados antes (párrafo 91), teniendo en cuenta la certificación
emitida por la misma entidad territorial. Por tal razón, descontando tal lapso de
cotizaciones a Colpensiones, se tendrá como periodo de aportes un total de 8 meses
y 12 días.

93. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificados de
historia laboral, que obran en el expediente, expedidos por la Secretaría de Educación
del Departamento del Tolima el 5 de octubre de 2019; 11 de julio de 2023; 12 de marzo
de 2024, el accionante prestó sus servicios en calidad de docente en propiedad a la
entidad, del 19 de enero de 2004 al 12 de marzo de 2024, fecha en la que se emitió el
último de los certificados y la que aún se encontraba en servicio activo. Esto quiere
decir, que laboró por un lapso de 20 años 1 mes y 29 días56.

94. Según el formato único para la expedición de certificado de salarios, expedido
el 12 de marzo de 2024 por la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima,
el demandante percibía: asignación básica; bonificación mensual docentes;
bonificación pedagógica; prima de navidad; prima de servicios y prima de vacaciones
docentes57.

54 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento
003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, págs. 33 a 35.
55 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, págs. 37.
56 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, págs. 39 a 43; Samai, gestión en otros despachos, radicación
73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 56, expediente digital, archivo 19_MemorialWeb_Otro(.pdf); índice 59,
archivos 22_MemorialWeb_Alegatos-REYESTRUJILLOALDEM(.pdf) y 23_MemorialWeb_Alegatos-
5964057REYESTRUJ(.pdf); índice 60, archivo 24_MemorialWeb_Respuesta-REMITESEDTOLIMAJU(.pdf).
57 Samai, gestión en otros despachos, radicación 73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 59, archivo

22_MemorialWeb_Alegatos-REYESTRUJILLOALDEM(.pdf).

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
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95. Mediante el Oficio TOL2019EE015245 del 5 de diciembre de 2019, en respuesta
a la petición con radicado SAC TOL2019ER015476, un profesional universitario de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación al accionante, al considerar que
el accionante era beneficiario del régimen previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez
que se vinculó al servicio de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003. Contra la decisión no se indicó que procediera recurso alguno58.

96. A través de la Resolución 0608 del 10 de febrero de 2020, se negó el recurso
de reposición interpuesto por el demandante contra el anterior acto administrativo y se
confirmó este en todas sus partes. A su vez, se ordenó adjuntar una copia de la
resolución al radicado SAC TOL2019ER015476 del 20 de noviembre de 201959.

97. Advertido lo anterior, y teniendo claro que la reclamación pensional —de
acuerdo con lo señalado en el Oficio TOL2019EE015245 del 5 de diciembre de 2019—
corresponde a la solicitud con radicado SAC TOL2019ER015476, que según se
evidencia tiene por fecha el 20 de noviembre de 2019 —según la Resolución 0608 del
10 de febrero de 2020—, será este el momento que la Sala tendrá por acreditada la
presentación de la petición administrativa. Ello, máxime cuando no obra dentro del
expediente copia de dicha petición, ni ninguna de las partes se pronunció al respecto.

3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

98. La parte demandante solicita que se reconozca a favor del señor Aldemar Reyes
Trujillo una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, a partir del 12 de
septiembre de 2020, toda vez que se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y acredita más de 55 años de edad y 20 de
servicios públicos. Adujo, además, que debían tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional y la adquisición del estatus pensional, los tiempos en los que
laboró como empleado público al servicio del municipio de Coyaima, los cuales obvió
estudiar el Tribunal.

99. Por su parte, la entidad accionada pide que se revoque la sentencia de primera
instancia, bajo el argumento que como el accionante se vinculó a la docencia oficial a
partir del 19 de enero de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, no tiene derecho a la pensión que reclama. Alegó que los tiempos
prestados a través de contratos de prestación de servicios no pueden tenerse en
cuenta para efectos pensionales, por cuanto se trata de una modalidad de vinculación
contractual de naturaleza civil y no laboral.

58 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento
003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, pág. 19.
59 Samai, índice 02, expediente digital, archivo 5ED_EXPEDIENTE_9_730012333000202100(.zip), documento

003_DEMANDA cambio regimen aldemar reyes, págs. 25 a 29.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
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100. Afirmó que, para que dichos tiempos sean tenidos en cuenta, es necesario
acreditar los elementos propios de una relación laboral, además, que se realizaran los
correspondientes aportes al sistema de seguridad social, pues de lo contrario se
estaría causando un detrimento patrimonial a la entidad. Por último, manifestó, en
relación con la liquidación de la pensión, que no pueden incluirse en la liquidación los
factores de bonificación mensual de docentes ni la doceava parte de la bonificación
pedagógica, en tanto no están previstos taxativamente en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985.

101. El Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia impugnada accedió al
reconocimiento y pago de la prestación pretendida, a partir del 28 de marzo de 2023,
al encontrar probado que el demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la
Ley 812 de 2003. Para el efecto, tuvo en cuenta los tiempos en los que laboró a través
de órdenes de prestación de servicios. A su vez, se ordenó que la liquidación de la
pensión se efectuara en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores sobre
los cuales realizó aportes durante el último año de servicio, incluyendo la asignación
básica, la bonificación mensual docentes y la doceava parte de la bonificación
pedagógica.

102. En este orden de ideas, corresponde definir si los periodos laborados por el
accionante como docente vinculado mediante órdenes de prestación de servicios
pueden ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento pensional. En caso
afirmativo se resolverá si el demandante tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en
la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

103. Sobre el punto, se aclara que si bien se encontró acreditado en el plenario que
el accionante realizó cotizaciones al ISS (hoy Colpensiones) del 25 de julio de 1988 al
31 de agosto de 1988 y del 1 de mayo de 2003 al 30 de noviembre de 2003, vinculado
al sector privado («FED NAL ALGOD DESMOT y COOPSERVIMOS SIGLO XXI»), dicho
periodo no se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento pensional que se
estudia, toda vez que el objeto del debate se circunscribe solo a los cargos de los
recursos de apelación interpuestos, en los que conforme se dijo antes, se discute si el
señor Aldemar Reyes Trujillo se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y si es o no beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.

3.6.1. De los tiempos laborados a través de órdenes de prestación de servicios

104. Ahora bien, conforme se estudió en el acápite del marco normativo de esta
sentencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos u órdenes de
prestación de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual
que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera

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personal y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación.
Tan es así que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 60, carecen de
autonomía en el desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección
y vigilancia de las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una
jornada laboral que está sometida a un calendario académico, lo que los hace
merecedores de una protección especial por parte del Estado.

105. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (a)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia61:

es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»62 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.

106. Así, la Sala estima que el periodo laborado por el accionante a través de
órdenes de prestación de servicios, entre el 25 de febrero de 2000 y el 31 de octubre

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020, exp.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
62 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».

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de la misma anualidad, al servicio del municipio de Natagaima, Tolima, resulta válido
para efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre
las formalidades e igualdad.

107. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, en
cuanto a que no puede accederse a lo solicitado porque no se efectuaron las
cotizaciones correspondientes al régimen de Seguridad Social; se destaca que esta
corporación, en sentencia de unificación del 28 de julio de 202263, definió que el
descuento y pago oportuno de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento
de la pensión, pues las entidades de previsión deben adelantar las gestiones
pertinentes para su cobro. Esto, en los siguientes términos:

107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199464 (artículo 27).

108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199465 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).

109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.

[…]

111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la

63 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-

42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
64 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
65
«Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».

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consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador66.

112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social67.

[…]

115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador».

108. No obstante lo expuesto, se estima que en el evento de que no se hubiesen
efectuado los aportes al sistema pensional que debió hacer el empleador y empleado
en el porcentaje correspondiente, como lo ordena la ley, las entidades de previsión
deben adelantar las gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista
que son necesarios para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del Sistema.

109. En tal sentido, se adicionará el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, en tanto se exhortará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el municipio
de Natagaima, Tolima las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que
estuvo contratado a través de órdenes de prestación de servicios, y que no se
realizaron. De igual forma, el demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que
realizar los aportes a su cargo durante su vinculación mediante órdenes de prestación
de servicios.

3.6.2. Del régimen pensional aplicable al accionante

110. En primer lugar, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en las leyes 33 de 1985
y 71 de 1988; esta última, en el escenario en que se hubiesen efectuado cotizaciones
al sector privado y público. En cambio, a aquellos docentes vinculados con
posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se

66 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,

segunda edición, pp. 23 – 25.
67
Ver sentencia T-064 de 2018.

31

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les aplica el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad, que será de 57 años para hombres y mujeres.

111. Así, en el caso concreto, como el señor Aldemar Reyes Trujillo, según se probó
y expuso en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se vinculó por primera
vez al servicio docente el 18 de agosto de 1999 —al municipio de Natagaima, Tolima,
como supernumerario—, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima que es beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.

112. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación68 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

113. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:

(1) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(2) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.

114. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se observa
que el demandante cumplió 55 años de edad el 10 de abril de 2014 —nació el 10 de
abril de 1959— y prestó servicios al sector público durante 23 años, 4 meses y 3 días69,
como se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia. Lapsos de
servicio que a su vez coinciden con los descritos en el recurso de apelación interpuesto
por el accionante.

115. Así, comoquiera que el accionante acreditó 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.

116. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, contrario a lo determinado por el juez de primera instancia, y
teniendo en cuenta los tiempos de servicio al sector público —relacionados en el
acápite de hechos probados relevantes—, entre estos, los del municipio de Coyaima,

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
69 Total que se obtiene de sumar: (1) el tiempo de servicio prestado al municipio de Coyaima, 2 años, 3 meses y 6

días; (2) en calidad de docente al municipio de Natagaima: 2 meses y 18 días de labor en la Escuela Rural Mixta
de Guasimal, Guadualejas, y 8 meses y 10 días en la Escuela Vereda Guasimal Mesas; (3) en condición de docente
al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, 20 años, 1 mes y 29 días.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00056-01 (1244-2025)
Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

lo consolidó el 14 de noviembre de 2020, fecha en la que cumplió 20 años de servicio
y para la cual tenía más de 55 años de edad.

117. Sobre el particular, se precisa que la fecha de adquisición del estatus pensional
se obtiene a partir del siguiente análisis:

a) Según se observa, el accionante al 31 de octubre de 2000, acreditaba 3 años,
2 meses y 4 días —contados todos los tiempos que se acreditaron desde el 12
de septiembre de 1996 hasta el 16 de diciembre de 1998 (2 años, 3 meses y 6
días), prestados al municipio de Coyaima, Tolima; luego como docente al
municipio de Natagaima, del 18 de agosto de 1999 al 3 de noviembre de 1999 (2
meses y 18 días), como supernumerario y, a través de órdenes de prestación de
servicios del 25 de febrero de 2000 al 31 de octubre de 2000 (8 meses y 10 días),
según la documental allegada al expediente relacionada en el acápite de hechos
probados de esta sentencia—.
(b) Con posterioridad, el 19 de enero de 2004, se vinculó nuevamente a través
de contratos de prestación de servicios a la Secretaría de Educación del
Departamento del Tolima.
(c) Así, corresponde establecer, desde el 19 de enero de 2004, instante para el
cual tenía 3 años, 2 meses y 4 días de servicio, cuánto debía trabajar el
demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 19 de enero de 2004, tenía acumulados: 3 años, 2 meses y 4 días.
Tiempo faltante para los 20 años: 16 años, 9 meses y 26 días.
En este orden de ideas, se tiene que el accionante volvió a trabajar el 19 de enero
de 2004.
Así, se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 16 años: 19 de enero de 2004 + 16 años =19 de enero de 2020.
(ii) Se suma 9 meses: 19 de enero de 2020 + 9 meses = 19 de octubre de
2020.
(iii) Se suma 26 días: 19 de octubre de 2020 + 1 día = 14 de noviembre de
2020
• Por lo tanto, el demandante completó, como se dijo antes, sus 20 años de
servicios el 14 de noviembre de 2020.

118. En este orden de ideas, se aclara que, si bien para la fecha en la que se
profirieron los actos administrativos acusados, esto es, el Oficio TOL2019EE015245
del 5 de diciembre de 2019 y la Resolución 0608 del 10 de febrero de 2020, el
accionante no había acreditado el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento del derecho pensional, previstos en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que
la Sala estima que es procedente la declaratoria de nulidad de dichos actos. Lo
anterior, en la medida en que incurrieron en una falsa motivación al negar el derecho
prestacional, bajo el argumento de que al demandante le era aplicable el régimen
establecido en la Ley 100 de 1993, toda vez que, en su criterio, se había vinculado al

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Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
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Sociales del Magisterio

servicio de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003; premisa que según se demostró la presente sentencia, no resulta cierta.

119. Adicionalmente, resulta pertinente precisar que los docentes oficiales están
exceptuados de la prohibición de devengar doble asignación del erario, de ahí que el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez no está supeditado al retiro del servicio
y el docente puede percibir la mesada pensional y ejercer el cargo hasta el
cumplimiento de la edad del retiro forzoso. Ello, según se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia.

120. Por último, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del estatus
pensional —14 de noviembre de 2020— y la presentación de la demanda —4 de
febrero de 2021— no transcurrieron más de tres años, no operó el término de
prescripción—artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto 1848
de 1969—.

121. Así las cosas, corresponde confirmar parcialmente la sentencia impugnada, por
cuanto se revocará el numeral primero de la parte resolutiva, que declaró la nulidad de
los actos acusados, y se modificará el numeral segundo en lo relacionado con la fecha
de adquisición del estatus, es decir, el momento a partir del cual se reconoce la
pensión.

3.6.3. Factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión de jubilación del
demandante

122. Por otra parte, la entidad accionada alegó que no podían incluirse dentro de la
base de liquidación de la pensión los factores denominados bonificación mensual de
docentes ni la doceava parte de la bonificación pedagógica, por no encontrarse
enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En punto, se tiene que, el Tribunal
determinó que en la liquidación de la prestación debían tenerse en cuenta la
asignación básica, la bonificación mensual docentes y la doceava parte de la
bonificación pedagógica, toda vez que sobre estos se realizaron aportes a pensión, en
atención a las normas que los crearon, esto es, los decretos 1566 de 2014 y 2354 de
2018, respectivamente.

123. Sobre el particular, la Sala recuerda que, en cuanto a los factores a tener en
cuenta para determinar el ingreso base de liquidación, además de los establecidos en
la Ley 62 de 1985, deben considerarse los de naturaleza salarial según las normas
posteriores.

124. En este orden de ideas, del análisis de las pruebas aportadas al plenario, se
advierte que, conforme con el certificado de salarios percibidos por el accionante,
expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, el señor
Aldemar Reyes Trujillo en el año anterior a la adquisición del estatus pensional (14 de

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noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2020), devengó los siguientes: asignación
básica, bonificación mensual docentes, bonificación pedagógica, prima de navidad,
prima de servicios y prima de vacaciones docentes70.

125. Sobre el particular, el Tribunal como se dijo antes, solo ordenó que se incluyeran
en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida: la asignación
básica, la bonificación mensual docentes y la doceava parte de la bonificación
pedagógica.

126. En tal sentido, se tiene que la bonificación mensual docentes se trata de un
factor creado mediante el Decreto 1566 de 201471 que, por disposición expresa del
inciso segundo del artículo 172, es un concepto de carácter salarial base de cotización,
en la medida en que se dispone que deben realizarse aportes por tal emolumento.

127. Lo mismo ocurre con la bonificación pedagógica establecida en el Decreto 2354
del 19 de diciembre de 201873 —artículo 3, numeral 474—, conforme el cual constituye
factor salarial para todos los efectos legales. Al respecto, se destaca que dicho
emolumento según lo dispuso la norma, se paga una sola vez al año; motivo por el
cual es razonable que la liquidación que para pensión se haga de este factor
corresponda a la doceava parte.

128. Precisado lo anterior, resulta claro que en consonancia con lo decidido por el
Tribunal, en el presente asunto se deben tener en cuenta los factores que sirvieron de
base para los aportes en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de
acuerdo con los artículos 1 de la Ley 62 de 1985 y demás normas concordantes. Por
ende, para el efecto, se debe incluir, además de la asignación básica, la bonificación
mensual docentes y la doceava parte de la bonificación pedagógica.

129. En este orden de ideas, se comparte el criterio del juez de primera instancia, en
lo relativo a los factores que se deben incluir en la liquidación de la pensión de
jubilación reconocida a favor del accionante.

70 Samai, gestión en otros despachos, radicación 73001-23-33-000-2021-00056-00, índice 59, archivo
22_MemorialWeb_Alegatos-REYESTRUJILLOALDEM(.pdf).
71 «Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del

Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones,
y se dictan otras disposiciones».
72 «La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales

y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
73 «Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal

de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación».
74 Artículo 3. Criterios para liquidar y reconocer la bonificación pedagógica. Para liquidar y reconocer la Bonificación

Pedagógica, de que trata el artículo anterior se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (…) 4. La Bonificación
Pedagógica constituye factor salarial para todos los efectos legales.

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3.6.4. De la condena en costas

130. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió condenar
en costas a la parte accionada, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

131. Inconforme con la decisión, la entidad demandada solicitó que se revoque la
condena en costas, al afirmar que en el asunto no se evidenció que las costas se
hubiesen causado y, además, no se evidenció que hubiese actuado con mala fe en el
trámite de primera instancia.

132. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo
en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó contra la
parte vencida en juicio, dado que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

133. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria75 el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que,
para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la
conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de
mala fe.

134. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte accionada haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la
demandada actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el
curso del proceso.

135. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un proceder temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral cuarto de la
parte resolutiva del fallo apelado y, en su lugar, se negará la condena en costas en
primera instancia.

136. Por las mismas razones, tampoco es procedente a imponer dicha condena
frente a la actuación adelantada en segunda instancia.

75 Debido a que la magistrada ponente considera aplicable el criterio objetivo-valorativo en materia de costas, por

las razones que se sintetizan en la nota al pie 51.

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3.7. Conclusión de la decisión

137. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el demandante se vinculó en calidad de docente con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de
55 años de edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

138. La sentencia de primera instancia se confirmará parcialmente. En tal sentido, se
modificará y adicionará el numeral segundo, en tanto se precisará que la fecha de
adquisición del estatus pensional es el 14 de noviembre de 2020 y, se exhortará a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio para que recaude ante el municipio de Natagaima, Tolima las
cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través
de órdenes de prestación de servicios, y que no se efectuaron. De igual forma, el
accionante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo
durante su vinculación mediante órdenes de prestación de servicios.

139. Finalmente, se revocará el numeral cuarto, que condenó en costas en primera
instancia a la entidad demandada, dado que no hay actuaciones ni pruebas dentro del
expediente que demuestren un proceder temerario o contrario a la buena fe de su
parte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Modificar y adicionar al numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, que quedará así:

Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada que
reconozca, liquide y pague a favor del señor Aldemar Reyes Trujillo la pensión de
jubilación a que tiene derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y las
leyes 33 y 62 de 1985, con base en el 75 % con el promedio de los factores sobre los
cuales hizo aportes durante el año anterior a la adquisición de su estatus pensional (14
de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2020), tales como la asignación básica en

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Demandante: Aldemar Reyes Trujillo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

concordancia con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985, la bonificación mensual de
docentes, establecida en artículo 1º de Decreto 1566 de 2014 y la doceava parte de la
bonificación pedagógica, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2354 de 19 de
diciembre de 2018, a partir del 14 de noviembre de 2020, fecha de adquisición del estatus
pensional, dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante el municipio de
Natagaima, Tolima las cotizaciones en favor del señor Aldemar Reyes Trujillo en el
tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de prestación de servicios y que
no se efectuaron. De igual forma, el demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá
que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación mediante órdenes de
prestación de servicios.

Tercero. Revocar el numeral cuarto de la sentencia impugnada, en su lugar:

Cuarto.- Negar la condena en costas en primera instancia.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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