República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00491-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
Tema: compartibilidad pensional. Subtema: reliquidación pensional a cargo del ISS.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
005, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La entidad demandante solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual
reliquidó la pensión de vejez del accionado y ordenó el pago de un retroactivo a su
favor. Solicitó que el demandando pague las diferencias existentes entre lo pagado y
lo que debía reconocerse por concepto de mesadas pensionales dada la
compartibilidad de la pensión con la Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena; que devuelva las sumas sufragadas por concepto de retroactivo pensional
y de salud, las cuales correspondían a la empresa en mención, con ocasión de la
referida compartibilidad.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al señalar que no se probó la mala
fe del demandado al recibir las sumas reclamadas por la entidad accionante.
Esta Subsección confirmará la anterior decisión, salvo la condena en costas. Se
considera que como la prestación pensional por vejez quedó a cargo del ISS (hoy
Colpensiones) a partir del 20 de enero de 2004, es a esta a quien le corresponde el
pago de las mesadas pensionales que se reliquidaron desde el 1 de marzo de 2009, a
través del acto acusado, sin que la pensión deba compartirse con la entidad
empleadora, en tanto fue subrogada de la obligación.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 17 de mayo de 20171, la Administradora Colombiana
de Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra del señor Milton Muñoz Meléndez, según las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución GNR
203019 del 5 de junio de 2014, mediante la cual Colpensiones «reconoció» al señor
Milton Muñoz Meléndez una pensión de vejez sin tener en cuenta la compartibilidad
pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió la devolución 1) de la diferencia
entre el valor de «la pensión reconocida» en dicha resolución —$2.511.328— y el que
correspondía liquidar teniendo en cuenta la compartibilidad —$2.326.661—, para el
año 2015; 2) del retroactivo pensional pagado al demandado por valor de $29.465.139;
3) del retroactivo por reajuste posterior de pensión por valor de $9.737.915,41; 4) lo
sufragado por concepto de salud del pensionado y 5) la indexación de todas las sumas
reconocidas a favor de la entidad demandante.
2.1.2. Hechos
4. La Sala los sintetiza así:
5. El señor Milton Muñoz Meléndez, nació el 20 de enero de 1944 y fue beneficiario
de una pensión de jubilación reconocida por la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena mediante la Resolución 2389 del 12 de octubre de 1993, a
partir del 1 de julio de ese año.
6. Por medio de la Resolución 7664 del 21 de noviembre de 2005, el Instituto de
Seguros Sociales (en adelante ISS) le reconoció al demandado una pensión de vejez
a partir del 20 de enero de 2004, en cuantía de $1.327.457. Tal decisión fue confirmada
por la Resolución 333 del 3 de marzo de 2006.
1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 1.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 1 a 17.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
7. A través de la Resolución 15455 del «1 de enero de 2007» se modificó la
Resolución 7664 de 2005, «en el sentido de girar por concepto de retroactivo el 60 %
a favor de la entidad jubilante (Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena)
y el 40 % restante a favor del asegurado».
8. El 1 de marzo de 2013, el accionado solicitó ante Colpensiones la reliquidación
de su mesada pensional, por ser beneficiario del régimen de transición; pretensión que
también persiguió por vía judicial ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena, proceso del que posteriormente desistió.
9. Mediante la Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014, Colpensiones
reliquidó la mesada pensional en cuantía de $2.125.300, efectiva a partir del 1 de
marzo de 2009, por prescripción trienal, calculando un ingreso base de liquidación de
$2.361.444 y una tasa de reemplazo del 90 %, conforme al Decreto 758 de 1990; no
obstante, en criterio de la parte accionante, no tuvo en cuenta la compartibilidad
pensional. Además, ordenó el pago de un retroactivo por valor de $29.465.139.
10. Al no haberse incluido en nómina dicho retroactivo, el demandado inició proceso
ejecutivo laboral ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, el cual
finalizó el 25 de enero de 2016 con la aprobación de una liquidación de crédito por
$46.000.583,80 y costas por $6.900.087,57, para un total de $52.900.671,37; suma
que fue pagada por Colpensiones a través de títulos judiciales.
11. Durante el trámite del proceso ejecutivo, Colpensiones advirtió que la
Resolución GNR 203019 de 2014 era contraria a derecho por omitir el indicador de
compartibilidad pensional al momento de liquidar la prestación, razón por la cual
solicitó al demandado su autorización para revocarla directamente; sin embargo, este
no respondió.
12. Por medio de la Resolución GNR 209480 del 18 de julio de 2016, Colpensiones
negó el retroactivo pensional dada la culminación del proceso ejecutivo adelantado en
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Ley 100 de 1993, artículo 36.
• Decreto 758 de 1990.
• Decreto 813 de 1994.
13. La parte demandante explicó que la compartibilidad pensional consiste en la
posibilidad de que el trabajador, una vez cumplidos los requisitos de ley ante la
administradora del régimen de prima media, acceda a la pensión de vejez, momento
a partir del cual el empleador queda relevado de continuar pagando la pensión de
jubilación, salvo que exista un mayor valor a su cargo.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
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14. Adujo que el retroactivo que resulte del reconocimiento de la pensión
corresponde al empleador, toda vez que lo que «se presenta es un pago anticipado de
la pensión de vejez a cargo de Colpensiones por parte de la entidad jubilante que para
evitarle un perjuicio al trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación
cuando ya no está a su cargo íntegramente, por haber operado la subrogación por
parte de Colpensiones».
15. Señaló que mediante el acto administrativo acusado «se reconoció una pensión
de vejez de carácter ordinario», pasando por alto la compartibilidad pensional con la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, habiéndose ordenado el pago
de un retroactivo pensional por la suma de $29.465.139, el cual fue saldado por
Colpensiones en virtud del proceso ejecutivo que se adelantó en el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Cartagena.
16. Sostuvo que la liquidación de la pensión de vejez como compartida da como
resultado una mesada de menor cuantía —$2.326.661 para 2015—, en contraste con
los $2.511.328 reconocidos en la resolución acusada. Además, el retroactivo pensional
derivado de dicha reliquidación corresponde a la empresa jubilante y no al asegurado.
17. Finalmente, en cuanto a la liquidación de la pensión de vejez, citó las sentencias
C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional, según
las cuales el ingreso base de liquidación no es un aspecto cobijado por el régimen de
transición, de manera que debe calcularse con el promedio de los factores salariales
devengados durante los últimos diez años de servicio, de conformidad con el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
2.2. Contestación de la demanda
18. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen3.
19. Afirmó que el acto administrativo demandado no contraviene las disposiciones
invocadas por la entidad accionante, pues la reliquidación de la pensión de vejez se
realizó de acuerdo con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta
el número de semanas cotizadas —1569— y el ingreso base de liquidación
correspondiente a la mesada pensional, con aplicación de una tasa de reemplazo del
90 %, comoquiera que el demandado es beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agregó que la pensión fue reconocida y pagada
con el lleno de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 65 a 74.
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20. Indicó que, de conformidad con la sentencia del 10 de mayo de 2018, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B —expediente radicado
20001-23-33-000-2014-00038-01 (3069-2016)—, cuando la administración reconoce
una prestación periódica por error, no puede alegar a su favor su propia culpa para
recuperar dineros recibidos de buena fe por el particular beneficiario.
21. Precisó que la buena fe, establecida en el artículo 83 de la Constitución Política,
se presume en las actuaciones de los particulares ante las autoridades y opera como
presunción legal que admite prueba en contrario, de modo que corresponde a quien la
desconoce demostrar que el peticionario actuó de mala fe.
22. Enfatizó que en el presente caso no se alegó ni acreditó que el accionado
hubiese empleado medios ilegales o fraudulentos para obtener la prestación, razón
por la cual, al tratarse de un error imputable exclusivamente a la administración, no
resulta procedente exigir la devolución de las sumas recibidas. Destacó igualmente
que el «numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo» dispone
expresamente que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
23. Concluyó que el comportamiento del demandado se ajustó en todo momento a
los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, y que este acudió
legítimamente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral para obtener el pago del retroactivo
ordenado en la resolución acusada, lo que refuerza su actuación conforme a los
principios de buena fe, confianza legítima, acceso a la administración de justicia y
seguridad jurídica.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 005, profirió
sentencia el 27 de agosto de 2021, a través de la cual negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la entidad accionante. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:
25. Sostuvo que no se acreditó que el accionado hubiese hecho uso de documentos
o información falsa, ni que hubiera acudido a mecanismos procesales adulterados para
reclamar su derecho; por el contrario, se limitó a cobrar sumas de dinero que fueron
reconocidas y ordenadas directamente por Colpensiones y por un juez laboral dentro
de un proceso ejecutivo. En ese orden, señaló que mal podría la entidad reclamar la
devolución de dineros pagados en exceso, pues al hacerlo invoca en su favor su propia
culpa; conducta «proscrita» por nuestro ordenamiento jurídico.
4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), documento
03SentenciaPrimeraInstancia.
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26. Manifestó que el hecho de que Colpensiones haya pasado por alto que una
cuota parte del retroactivo le correspondía asumirlo a la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, evidencia su falta de cuidado, puesto que en su condición de
entidad custodia del expediente pensional del accionado y administradora de su
pensión, debió contar con personal experto e información actualizada para cumplir
eficientemente sus funciones, por lo que si procedió de esa manera, debe asumir las
consecuencias de su propio error sin trasladarlas al pensionado, a quien no puede
atribuírsele la condición de experto en materia pensional ni responsabilidad alguna en
la administración del régimen.
27. Agregó que, si la entidad consideraba que una cuota parte del retroactivo
correspondía a las Empresas Públicas de Cartagena como empleador jubilante, debió
acudir a los procedimientos administrativos o judiciales para obtener de dicha empresa
el reembolso correspondiente, en lugar de reclamárselo al accionado.
28. Finalmente, señaló que Colpensiones afirmó haber incluido el retroactivo en la
nómina de julio de 2014, no obstante, no aportó al proceso prueba alguna de ese pago,
razón por la cual no podía inferirse la mala fe que por ese motivo se le atribuía al
demandado.
29. Decidió condenar en costas a la parte vencida, por concepto de gastos del
proceso y agencias en derecho, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y
365 del CGP.
2.4. Recurso de apelación
30. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
31. Indicó que el Tribunal, al concluir que Colpensiones estaba alegando su propia
culpa para justificar sus errores, adoptó una visión exclusivamente retroactiva de la
situación, omitiendo que la demanda no solo perseguía cuestionar los pagos ya
realizados, sino también corregir en debida forma el reconocimiento pensional a fin de
evitar que hacia futuro se continuara generando un pago a favor del pensionado que
no le correspondía recibir.
32. Adujo que mantener la situación configurada por el acto acusado implicaría para
el demandado un enriquecimiento sin causa, por cuanto está plenamente acreditado
que la Resolución GNR 203019 de 2014 omitió la compartibilidad pensional y que
Colpensiones ha asumido el pago de dineros que no le correspondían.
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), documento
05RecursoDeApelacion.
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33. Agregó que el reconocimiento de prestaciones contrarias a la ley atenta contra
el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el
Acto Legislativo 001 de 2005, en la medida en que dicho Sistema debe disponer de un
flujo permanente de recursos para su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y
que su afectación compromete la capacidad de garantizar el derecho a la seguridad
social de todos los colombianos.
34. Citó la sentencia SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional, conforme a la cual
el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional impone que la
interpretación de las normas que regulan las pensiones se realice de manera que se
garantice la seguridad y viabilidad del Sistema para las generaciones futuras, y que
dicho principio prohíbe el reconocimiento de derechos pensionales sin el cumplimiento
de los requisitos legales vigentes.
35. En cuanto a la condena en costas, alegó que la entidad no actuó con temeridad
ni mala fe, y que el ejercicio del medio de control de la referencia tuvo como único
propósito proteger los recursos del Sistema General de Pensiones y evitar el
detrimento patrimonial del Estado. Señaló, adicionalmente, que dentro del proceso no
se demostró que se hubiesen causado o probado los conceptos de expensas y
agencias en derecho que integran la condena en costas, razón por la cual solicitó que
también se revoque dicha condena.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 18 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.
2.6. Ministerio Público
37. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado7 guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
6 Samai, índice 04, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).
7
Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
3.2. Problemas jurídicos
39. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
40. ¿El acto administrativo acusado, a través del cual el ISS reliquidó la pensión de
vejez reconocida al demandado, desconoció la compartibilidad de la prestación que,
según la parte demandante, existe con la pensión de jubilación otorgada al accionado
por la entidad empleadora?
41. En caso afirmativo, ¿es procedente la devolución de: (a) los valores que asumió
la parte accionante luego de la reliquidación de la pensión y que no le correspondían
dada la compartibilidad que se constituyó; (b) el retroactivo ordenado en el acto
acusado y (c) los aportes con destino a salud?
42. Finalmente, ¿el Tribunal debía analizar la conducta de la parte vencida en juicio
para disponer sobre la condena en costas?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. De la compartibilidad pensional
43. El artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985 del ISS, aprobado mediante el Decreto
2879 del 4 de octubre de ese mismo año8, estableció lo siguiente:
Artículo 5°. Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la
fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo,
Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez,
Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el
Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a
cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el
patrono.
La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata
este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se
haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.
8 Por el cual se aprueba el acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.
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Parágrafo 2°. Las pensiones de jubilación a que se refiere esta disposición, serán
aquellas que reconozcan las empresas que tengan un capital de ochocientos mil pesos
($ 800.000.00) moneda corriente, o superior.
44. Con posterioridad, el Decreto 758 de 19909, en sus artículos 16 y 18, reguló la
compartibilidad de las pensiones legales y extralegales reconocidas por los
empleadores con las pensiones de vejez otorgadas por el ISS, en los siguientes
términos:
Artículo 16. Compartibilidad de las pensiones legales de jubilación. Los trabajadores que
al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra los
riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 10 años o más de servicios continuos o
discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00)
moneda corriente o superior, ingresarán al seguro obligatorio como afiliados para el
riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos
por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, podrán exigir la
jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión de jubilación,
pero el patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla
con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en
este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la
que venía cubriendo al pensionado.
Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados
como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados
pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo
arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán
cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este
momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la
que venía cancelando al pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas
con el Instituto de Seguros Sociales.
45. De lo anterior se colige que, en el marco de la compartibilidad pensional, la
prestación es asumida inicialmente por el empleador y, de manera posterior, por la
administradora de pensiones, entidad que lo subroga una vez el trabajador acredita el
cumplimiento de los requisitos mínimos legales para su reconocimiento. No obstante,
en caso de presentarse una diferencia entre ambas pensiones, la carga de cubrirla
recaerá sobre el empleador.
9 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios.
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Demandante: Colpensiones
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46. Sobre el tema se pronunció la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia del 16 de septiembre de 202110, al señalar que:
cuando se da la figura de la compartibilidad pensional el reconocimiento y pago de la
prestación social, inicialmente la asume el patrono pero cuando se satisfagan los
requisitos exigidos por el I.S.S., éste asumirá su obligación y el patrono cesará en el
pago de dicha prestación, salvo que el I.S.S. cuando reconozca la prestación lo haga en
cuantía inferior a la que, conforme al régimen general, tienen derecho los servidores
públicos en general, ante lo cual el patrono deberá cubrir la diferencia resultante y por
ello se habla de pensión compartida.
Cuando el I.S.S. asume el riesgo de vejez subroga al patrono en la obligación de
reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una subrogación de la
entidad encargada de asumir la obligación (aunque no tenga la misma denominación) y
es por lo que resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión
de jubilación reconocida por el patrono bajo la normatividad que rige a los empleados
públicos y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría
la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. La ley no autoriza
que por los mismos tiempos de servicios estatales los funcionarios perciban dos
pensiones a cargo de diferentes Instituciones.
47. De conformidad con lo expuesto, con ocasión de la compartibilidad pensional,
el empleador —convencional, legal o extralegal, según sus condiciones particulares—
reconoce a su extrabajador una pensión de jubilación bajo la condición de que esta
sea compartida con la pensión de vejez que reconozca el ISS. Por ello, el empleador
mantiene la obligación de continuar efectuando aportes pensionales hasta que el
trabajador reúna los requisitos legales para la cobertura de dicha contingencia,
momento en el cual el ISS asume la prestación a su cargo; correspondiéndole al
patrono el pago del mayor valor, si lo hubiere.
3.3.2. De la condena en costas
48. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»11. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»12.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2017-
02855-01 (6384-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Ibidem.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
49. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas
50. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 13 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»14.
51. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso15, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»16.
52. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes17. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección18 ha precisado lo siguiente:
13 https://dle.rae.es/disponer.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)19.
3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas
53. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
54. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en
los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
55. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo20 para su imposición (adoptado
Enrique Bedoya Escobar; y (4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
19 Ibidem.
20 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se
impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento21.
56. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»22.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
57. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 23),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
21 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
3.4. Hechos probados relevantes
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
59. El señor Milton Muñoz Meléndez nació el 20 de enero de 1944, según se lee en
la copia de la cédula de ciudadanía24.
60. A través de la Resolución 2389 del 12 de octubre de 1993, la Empresa de
Servicios Públicos Distritales de Cartagena reconoció una pensión de jubilación al
demandado en cuantía de $379.763,13, efectiva a partir del 1 de julio de 1993. Lo
anterior, con fundamento en la Ley 4 de 1976, por cuanto trabajó al servicio de la
empresa del 18 de mayo de 1972 al 30 de junio de 1993, «con un sueldo básico
mensual de $156.587», habiendo desempeñado como último cargo el de supervisor
II25.
61. Mediante la Resolución 7664 del 21 de noviembre de 2005, el Instituto de
Seguros Sociales —ISS— (hoy Colpensiones) reconoció a favor del accionado una
pensión de vejez a partir del 20 de enero de 2004 (fecha de consolidación del estatus),
en cuantía equivalente a $1.327.457, en un monto del 90 % del salario básico mensual
($1.474.952). Esto, al haber acreditado 1569 semanas de servicio y 60 de años de
edad, de acuerdo con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año26.
62. Además, en consideración a que la pensión era compartida —artículo 18 ídem—
con la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, quien había reconocido
una pensión de jubilación al demandado, a partir del 1 de julio de 1993, el ISS dispuso
«dejar en suspenso» el valor del retroactivo pensional que ascendía a la suma de
$35.949.746, hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral definiera a quién debería ser
girado (al empleador o al señor Milton Muñoz Meléndez) o se allegara una autorización
debidamente autenticada por el trabajador27.
63. Inconforme con la decisión, el accionado interpuso recurso de apelación,
solicitando que se ordenara pagar a su favor el pago del retroactivo, puesto que, en su
dicho, no se había probado que las cotizaciones por «IVM» las estuviera pagando el
exempleador, pues a él se le descontaban de su pensión; por ende, sostuvo que «se
queda sin piso jurídico» la decisión de compartir la pensión con el ISS 28.
24 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento 2013_1464977_GEN-DDI-AF.
25 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento 2013_1464977_GEN-ANX-CI, págs. 20 a 21.
26 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento 2013_1464977_GEN-ANX-CI, págs. 5 a 8.
27 Ídem.
28 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documentos 00015762000000009055482008201A.TIF,
00015762000000009055482008301A.TIF y 00015762000000009055482008401A.TIF
14
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
64. Mediante la Resolución 333 del 3 de marzo de 2006, se confirmó la Resolución
7664 del 21 de noviembre de 2005, al considerar que existía controversia respecto a
quién le correspondía el pago del retroactivo29. Como sustento se señaló que la
pensión de jubilación reconocida a favor del accionado tenía el carácter de compartida
con la que concedió el ISS, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990.
Además, se indicó que en oficio del 21 de julio de 2004 el gerente liquidador de la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena solicitó que se le girara el valor
del retroactivo, toda vez que la empresa, aun cuando el accionado se había jubilado,
«cotizó para la compartibilidad pensional»30.
65. Por medio de la Resolución 1545531 del 2 de diciembre de 2007, el ISS modificó
la Resolución 7664 del 2005, en atención al acta de conciliación extrajudicial del 23 de
mayo de 2007 celebrada entre el asegurado y la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, en el sentido de girar, por concepto del retroactivo reconocido
en aquel acto, 60 % a favor de la entidad jubilante y el 40 % restante para el
asegurado32.
66. El 1 de marzo de 2013 el demandado le solicitó a Colpensiones la reliquidación
de la pensión de vejez con el pago de las diferencias de lo dejado de recibir. Pidió que
su pensión se liquidara de conformidad con el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con un IBL correspondiente a lo percibido durante
los 10 últimos años de servicio, con una tasa de remplazo del 90 %, teniendo en cuenta
1703 semanas de cotización33.
67. A través de la Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014, Colpensiones
reliquidó la pensión de vejez reconocida a favor del señor Milton Muñoz Meléndez a
partir del 20 de enero de 2004, con efectividad desde el 1 de marzo de 2009, por
prescripción, en cuantía de $2.422.659,00. La liquidación de la prestación se realizó
con 1617 semanas, sobre un IBL de $2.361.444, al cual se le aplicó una tasa de
remplazo equivalente al 90 %, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990,
aplicable en calidad de beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
29 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documentos 00015762000000009055482009501A.TIF y
00015762000000009055482009601A.TIF
30 Este oficio obra en el expediente, ver: Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta CDExpedienteAdministrativo, documentos
00015759000000007455910003201A y 00015759000000007455910003301A.
31 Si bien el número de identificación de la resolución es ilegible, según se ve en el expediente; esta se identifica
en la Resolución GNR 209480 del 18 de julio de 2016, vista en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta CDExpedienteAdministrativo, documento GRF-AAT-RP-
2016_9151581-20160810024004.
32 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documentos 00015759000000007455910013201A.TIF y
00015759000000007455910013301A.TIF.
33 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documentos 2013_1464977_GRP-FSP-AF y 2013_1464977_GEN-ANX-CI, págs. 1
a 4.
15
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
Asimismo, se dispuso el pago del retroactivo por la suma de $29.465,139 —por
concepto de mesadas y mesadas adicionales—34.
68. El señor Milton Muñoz Meléndez presentó una demanda ejecutiva en contra de
Colpensiones con el fin de que se le pagaran los $29.465,139, reconocidos en la
Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena, que conoció del proceso (radicado 13001-31-05-006-2013-00444-00),
en auto del 18 de septiembre de 2015 libró mandamiento de pago por la suma en
mención, más: las diferencias que se siguieran causando; los intereses moratorios a
la tasa más alta vigente y las costas35. El 19 de noviembre de 2015, se profirió
sentencia en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución36.
69. El 10 de diciembre de 2015, se aprobó la liquidación del crédito realizada por la
Secretaría del despacho, por los siguientes valores37:
• Retroactivo pensional Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014:
$29.465.139
• Retroactivo pensional reajuste pensión posterior resolución: $9.737.915,41
• Intereses moratorios 2.14% mensual: $6.797.529,39
• Valor del crédito: $46.000.583,80
• La liquidación de las costas se fijó así:
• Agencias del ejecutivo 15%: $6.900.087,57
• Valor integrado crédito y costas: $52.900.671,37
70. Los anteriores valores fueron pagados por Colpensiones a través de títulos
judiciales38.
71. En escrito del 21 de noviembre de 2015, Colpensiones pidió al accionado su
autorización para revocar la Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014. Sin
embargo, no respondió39
34 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRF-AAT-RP-2013-1464977-20140606012209.
35 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GEN-REQ-IN-2015_2573033-20160215010905.
36 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRF-MDP-MP-2016_12701867-20161028105904, págs. 7 a 10.
37 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRP-AUT-LC-2016_12701867-20161028105904.
38 Hecho narrado en el escrito de la demanda (hecho 17) y que no fue controvertido en la contestación de la
demanda.
39 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRP-COM-EN-2015_11250038-20151121115904.
16
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00491-01 (3378-2022)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
72. Mediante la Resolución GNR 209480 del 18 de julio de 2016, Colpensiones
negó al accionado una solicitud de pago de retroactivo, dada la terminación del
proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
(expediente 13001-31-05-006-2013-00444-00)40.
73. Por medio de la Resolución GNR 330806 del 8 de noviembre de 2016,
Colpensiones, en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, incrementó la pensión del demandado, a partir del 1 de octubre
de 2010, por persona a cargo41.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la resolución del primer problema jurídico
74. En síntesis, la parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, toda vez que con la presente demanda no solo se pretenden cuestionar los
pagos ya realizados por concepto de retroactivo, sino también se busca evitar que se
continúe realizando un pago a futuro a favor del demandado que no le corresponde
recibir. Alegó que la resolución acusada omitió la compartibilidad pensional, por lo que
Colpensiones ha asumido el pago de dineros que no le correspondían, lo que atenta
contra el principio de estabilidad financiera del sistema pensional.
75. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se había
acreditado que el accionado hubiese actuado con mala fe al recibir las sumas
correspondientes al retroactivo, y que mal podría Colpensiones reclamar la devolución
de dineros pagados en exceso, pues al hacerlo invoca en su favor su propia culpa.
Ello, máxime cuando si la entidad consideraba que una cuota parte del retroactivo
correspondía a las Empresas Públicas de Cartagena como empleador jubilante, debió
acudir a los procedimientos administrativos o judiciales para obtener de dicha empresa
el respectivo reembolso, en lugar de reclamárselo al demandado.
76. En este orden de ideas, se tiene que Colpensiones presentó la demanda de
nulidad y restablecimiento de la referencia con el propósito de que se declarara la
nulidad de la Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014 «por medio de la cual se
reconoció una pensión de vejez sin tener en cuenta la compartibilidad pensional», y
que a título de restablecimiento del derecho se ordenara el pago de:
• la diferencia de lo pagado por concepto de pensión de vejez, toda vez que el monto de
la pensión reconocida en la resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014, se reconoció
una pensión en cuantía de $2.511.328.00 M/Cte para el año 2015, cuando le
correspondía una cuantía de $2.326.661.00 M/Cte (sic).
40 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRTF-AAT-RP-2016_9151581-20160810024004.
41 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documento GRF-AATRP-2016_12971064_10-20161108061843.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milton Muñoz Meléndez
• […] la devolución de lo pagado por concepto de retroactivo pensional reconocido en la
resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014, por valor de $29.465.139.00 M/Cte y
retroactivo pensional reajuste pensión posterior por valor $9.737.915.41 M/Cte.
• […] la devolución de lo pagado por concepto de salud del pensionado.
77. Como sustento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que al emitir
el acto acusado «reconoció» la pensión de vejez al demandado sin tener en cuenta la
compartibilidad pensional que existe con la Empresa de Servicios Públicos Distritales
de Cartagena. Manifestó que el retroactivo que resulta del reconocimiento pensional
corresponde al empleador, comoquiera que lo que ocurre es un pago anticipado de la
pensión a cargo de Colpensiones por parte de la entidad empleadora.
78. En primer lugar, revisado el plenario, se tiene que contrario a lo afirmado por la
parte demandante, el acto acusado no fue aquel que reconoció una pensión de vejez
a favor del accionado, por cuanto tal decisión está contenida en realidad en la
Resolución 7664 del 21 de noviembre de 2005 proferida por el ISS. Mientras que la
Resolución GNR 203019 del 5 de junio de 2014 —acto demandado— reliquidó la
referida pensión de vejez.
79. En este orden de ideas, se destaca que si bien Colpensiones incurrió en una
imprecisión al señalar que el acto acusado fue aquel que otorgó el derecho pensional
por vejez, lo cierto es que de acuerdo con lo solicitado a título de restablecimiento del
derecho y lo expuesto como fundamento de la demanda, la inconformidad de la entidad
radica en las órdenes que se derivan del acto acusado, esto es, la Resolución GNR
203019 del 5 de junio de 2014. Ello, en tanto se advierte que se pretende la devolución
de lo reconocido en dicho acto, como lo es el pago del retroactivo ($29.465.139.00), y
asimismo la diferencia de las mesadas causadas en adelante, entendiéndose aquellas
como las posteriores a la reliquidación pensional, toda vez que se hizo alusión en
específico a las mesadas del año 2015 que, sin lugar a duda, involucran el reajuste
pensional a partir de la expedición de la Resolución GNR 203019 de 2014.
80. Además, se destaca que la resolución acusada, conforme se expondrá más
adelante, no declaró ni reconoció la compartibilidad pensional que la entidad
accionante alega como desconocida.
81. Aclarado lo anterior, se procederá a definir si la reliquidación de la pensión de
vejez reconocida por el ISS al demandado, a través del acto acusado, debe ser
compartida con la entidad empleadora.
82. En punto, se destaca que conforme al Decreto 758 de 1990, la figura de la
compartibilidad pensional consiste en que la prestación es asumida en un primer
momento por el empleador y, posteriormente, por la entidad administradora de
pensiones, quien lo sustituye en dicha obligación una vez el trabajador demuestra el
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Demandado: Milton Muñoz Meléndez
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la ley para su reconocimiento. No
obstante, cuando existe una diferencia entre el valor de ambas pensiones, la obligación
de cubrir dicho excedente corresponderá al empleador.
83. Ahora bien, en el caso concreto, como se expuso antes, el ISS (hoy
Colpensiones) mediante la Resolución 7664 del 21 de noviembre de 2005, reconoció
una pensión de vejez a favor del demandado a partir del 20 de enero de 2004, en
cuantía equivalente al 90 % del salario básico mensual, de conformidad con el artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
84. En dicho acto administrativo, se ordenó el pago de un retroactivo pensional, que
quedó suspendido hasta tanto se definiera si este correspondía a la Empresa de
Servicios Públicos Distritales de Cartagena o al accionado. Lo anterior, se sustentó en
el carácter compartido de la prestación con la mencionada entidad en calidad de
empleadora, con fundamento en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990.
85. Tal situación se resolvió mediante la Resolución 15455 del 2 de diciembre de
2007, en la que el ISS dispuso girar por concepto del retroactivo el 60 % a favor de la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y el 40 % restante para el
accionado. Ello, con ocasión del acuerdo conciliatorio celebrado entre ambas partes.
86. Sobre el particular, se hace necesario precisar que, conforme se detalló en el
acápite de hechos probados de esta sentencia, a través de la Resolución 2389 del 12
de octubre de 1993, la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena en
condición de empleador, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a
favor del señor Milton Muñoz Meléndez, a partir del 1 de julio de 1993, con sustento
en la Ley 4 de 1976, dado el tiempo de servicios prestado. No obstante, la entidad
continuó efectuando aportes por concepto de pensión al ISS42.
87. En este orden de ideas, comoquiera que la pensión de vejez la concedió el ISS
desde el 20 de enero de 2004, momento para el cual la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena pagaba al accionado una pensión de jubilación, se evidencia
que a partir de tal fecha asumió el riesgo de la prestación por vejez y, por ende,
sustituyó a la entidad empleadora, en cuanto se subrogó la obligación. En
consecuencia, se configuró la compartibilidad pensional, sin que, se aclara, haya
habido lugar a que la empresa asumiera el pago de diferencia alguna que surgiera
entre el valor de ambas prestaciones.
88. Al respecto, se advierte que, si bien el ISS reconoció la pensión de vejez al
accionado a partir del 20 de enero de 2004 (fecha en la que consolidó el estatus
42 Lo cual informó el gerente liquidador de la empresa en el oficio con fecha del 21 de julio de 2004, según se ve
en Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_DEMANDA_13001233300020170049(.zip), carpeta
CDExpedienteAdministrativo, documentos 00015759000000007455910003201A y
00015759000000007455910003301A.
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pensional de acuerdo con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990), lo cierto es que esto
solo se definió el 21 de noviembre de 2005 cuando se expidió la Resolución 7664.
89. Lo expuesto significa que se causó un retroactivo entre el 20 de enero de 2004
y el 21 de noviembre de 2005 el cual, en efecto, se observa que se reconoció en el
acto administrativo en mención, toda vez que la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena pagó las mesadas pensionales causadas del 20 de enero de
2004 al 21 de noviembre de 2005, pese a que estaban a cargo del ISS.
90. Tal retroactivo, conforme se probó en el expediente, fue pagado por el ISS dado
lo dispuesto en la Resolución 15455 del 2 de diciembre de 2007, en la que con ocasión
del acuerdo conciliatorio celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos Distritales
de Cartagena y el accionado, se le otorgó en un porcentaje del 60 % a la primera y el
40 % al segundo.
91. Precisado lo anterior, se señala que, a través de la Resolución GNR 203019 del
5 de junio de 2014, acto administrativo que se acusa, Colpensiones reliquidó la pensión
de vejez que se reconoció al accionado, con efectos a partir del 1 de marzo de 2009,
por prescripción trienal. Se accedió a dicha reliquidación en atención al incremento en
el número de semanas cotizadas (1617) –el demandado continuó cotizando al ISS con
posterioridad al reconocimiento pensional–, teniendo en cuenta un ingreso base de
liquidación de $2.361.444 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 90 %, con
fundamento en el Decreto 758 de 1990. Ello en tanto, se recuerda que, para el
momento en el que se expidió el acto de reconocimiento pensional —Resolución 7664
de 2005— el demandando acreditaba 1569 semanas de cotización, el IBL se fijó sobre
la asignación básica mensual en un monto del 90 %.
92. En el acto de reliquidación, a su vez, se ordenó el pago de un retroactivo
pensional, que fue sufragado por Colpensiones al accionado, en cumplimiento de una
orden judicial emanada de un proceso ejecutivo. Suma que se pide se devuelva en el
presente medio de control.
93. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que conforme se explicó antes, a
partir del 20 de enero de 2004 la prestación pensional por vejez se subrogó en forma
total al ISS (hoy Colpensiones) y que esta se reliquidó a partir del 1 de marzo de 2009,
se estima que para la anterior fecha la mesada pensional se encontraba a cargo
exclusivamente de la entidad demandante, por lo que es a esta a la que le corresponde
el pago de la prestación social, sin que evidencie que la reliquidación deba ser
compartida. Esto, puesto que como se explicó en párrafos anteriores, la entidad
empleadora luego de que se subrogó la prestación no quedó supeditada a asumir
ningún pago por concepto de diferencias que se ocasionaran entre la pensión de
jubilación que reconoció hasta el 19 de enero de 2004 y la que otorgó el ISS desde el
20 de enero de 2004 y en adelante.
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94. Lo anterior máxime cuando, el retroactivo pensional ordenado en el acto de
reconocimiento —Resolución 7664 de 2005—, se pagó y, por ende, se tiene que desde
el 20 de enero de 2004 la entidad a quien corresponde el pago de la pensión es a
Colpensiones, sin que en el referido acto administrativo se hubiese dispuesto que a la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena le correspondía continuar
pagando parte de la mesada pensional.
95. Así las cosas, comoquiera que el ISS (hoy Colpensiones) asumió el pago de la
prestación pensional por vejez desde el 20 de enero de 2004, y la reliquidación de tal
prestación se ordenó con efectos a partir del 1 de marzo de 2009, es claro que a quien
le corresponde el pago de las mesadas reliquidadas y del consecuente retroactivo es
a la entidad accionante.
96. Por consiguiente, se señala que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo acusado, a través del cual el ISS reliquidó la pensión
de vejez reconocida al demandado, en tanto la prestación no debe ser compartida con
la entidad empleadora. En tal sentido, no se logró acreditar que el empleador tuviera
derecho al retroactivo, en la medida que desde la expedición de la Resolución 7664
de 2005, la cual tuvo efectos a partir del 20 de enero de 2004, su obligación frente al
pago de la pensión se extinguió. En consecuencia, se confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3.5.2. De la condena en costas
97. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Bolivar decidió condenar en
costas a la parte accionante, por concepto de gastos del proceso y agencias en
derecho, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.
98. Inconforme con la decisión, la entidad demandante solicitó que se revoque la
condena en costas, al considerar que no se valoró la conducta de la parte vencida,
quien no actuó con temeridad ni mala fe.
99. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo
en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó contra la
parte vencida en juicio, dada la negativa de las pretensiones de la demanda.
100. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria43 el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que,
para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la
conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de
mala fe.
43 Debido a que la magistrada ponente considera aplicable el criterio objetivo-valorativo en materia de costas, por
las razones que se sintetizan en la nota al pie 23.
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101. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la entidad
accionante actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el
curso del proceso.
102. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un proceder temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral segundo de
la parte resolutiva del fallo apelado y, en su lugar, se negará la condena en costas en
primera instancia.
103. Por las mismas razones, tampoco es procedente a imponer dicha condena
frente a la actuación adelantada en segunda instancia.
3.6. Conclusión de la decisión
104. En el caso particular, se estima que como la prestación pensional por vejez
quedó totalmente a cargo del ISS (hoy Colpensiones) a partir del 20 de enero de 2004,
es a esta a quien le corresponde exclusivamente el pago de las mesadas pensionales
que se reliquidaron desde el 1 de marzo de 2009, sin que la pensión deba compartirse
con la entidad empleadora, quien fue subrogada; máxime cuando no quedó sujeta a
pago alguno por concepto de diferencias entre la pensión de jubilación que sufragó
hasta el 19 de enero de 2004 y la que comenzó a reconocer el ISS desde entonces.
105. Por consiguiente, el retroactivo que surgió dadas las diferencias causadas por
las sumas dejadas de pagar con ocasión a la reliquidación pensional corresponde al
demandado, como en efecto se reconoció en el acto acusado, respecto del cual no
logró desvirtuarse la presunción de legalidad.
106. Por otra parte, no se evidenció que la parte demandante haya actuado con
temeridad o mala fe en el trámite de primera instancia, por lo que se considera que no
había lugar a condenarla en costas.
107. En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, por las razones antes
expuestas, salvo la condena en costas, que, en consecuencia, se revocará para, en
su lugar, negarla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandado: Milton Muñoz Meléndez
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 005, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas, por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo. Revocar el numeral segundo de la sentencia impugnada, en su lugar:
Segundo. Negar la condena en costas en primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Salva voto
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
23
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