Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia: docente nacional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2014-00038-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
10 de mayo de 2018
PENSIÓN GRACIA – Docente nacional / TIEMPO DE SERVICIO – No valido para el reconocimiento de pensión gracia / ACTO VICIADO DE NULIDAD – Certificación laboral que contiene información incorrecta
Claramente se observa, que este acto administrativo no hace mención alguna al señor Luis Gilberto Ariza Ardila –demandado-, es decir, que contiene información contradictoria con la que reposa en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, lo cual permite confirmar, que el contenido de esta certificación no es veraz, y por lo tanto concluir, que la pensión gracia no debió ser concedida, pues se concedió con la convicción de que la vinculación del docente era nacionalizado no siendo así, ya que se encuentra demostrado que el demandante solo ejerció la docencia oficial como docente nacional, y como bien se expuso en la jurisprudencia de esta sentencia, estos tiempos de servicio no son válidos para el reconocimiento de esta prestación, y en tal sentido, sin la certificación cuestionada, el demandado no hubiera podido acreditar los 20 años de servicio que exige la Ley 114 de 1913.
DEMANDA EN ACCIÓN DE LESIVIDAD – No no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe / BUENA FE - Se presume en todos los actos de los particulares y de las autoridades / DOCUMENTO CON INFORMACIÓN FALSA – Mala fe / DOCUMENTO QUE NO CONTIENE INFORMACIÓN VERÍDICA - Permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados de manera indebida
Ahora bien, establecido que acto acusado está viciado de nulidad, corresponde a la Subsección, determinar si el demandado debe devolver los dineros que recibió por concepto de la pensión gracia aludida. Con el propósito de desatar la apelación, debe tener en cuenta la Sala, que la consecuencia de la nulidad del acto particular, por regla general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca existió. Sin embargo, tal como lo analizamos en líneas anteriores, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible. (…) la Sala es clara en determinar, que la certificación que sirvió de fundamento para reconocer la pensión gracia no contiene información verídica, razón por la cual, considera que la prestación pensional se obtuvo con información que no estuvo acorde con la realidad, que vislumbra una actuación que no evidencia la buena fe del demandado para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, aún en el evento en que haya actuado a través de apoderado, a quien le confirió poder «para que en su nombre y representación adelante ante ese despacho todas las gestiones legales pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (gracia) a que tengo derecho de acuerdo a lo normado en la Ley 114 de 1913, L. 39 de 1933 y demás concordantes. (…) y en fin adelantar todo cuanto esté conforme a derecho para el cabal cumplimiento del presente mandato.» (…) Por lo tanto, es pertinente señalar, que se vislumbra la ausencia de buena fe de la parte demandada en sede administrativa al momento de la reclamación de la pensión gracia, primero, porque afirmó que otorgó el poder a su abogado para reclamar la prestación, con la tesis de que esta ya era reconocida a los docentes nacionales; y segundo, porque si así fuera cierto, no tenía la necesidad de presentar con la solicitud de su reconocimiento, la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, para demostrarle al ente previsional, que su vinculación era nacionalizada, contrariando de esta forma la tesis que lo motivó a iniciar la actuación administrativa. Dicho de otra manera, si el demandado, sabiendo que por su condición de docente nacional, no había solicitado el reconocimiento de la pensión gracia, por qué al encontrar la posibilidad jurídica de que esta prestación ya era reconocible a los docentes nacionales, presentó una certificación en la que se plasmó concretamente que su vinculación era nacionalizada. (…) Así las cosas, la utilización de un documento que no contiene información verídica, dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un derecho pensional, permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados de manera indebida; y en este sentido se pronunció esta Subsección en un caso similar, mediante Sentencia 17 de octubre de 2017, con radicación 4729-2016, y en consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto y al restablecimiento del derecho.
ACUERDO DE REEMBOLSO – Mérito ejecutivo / CONDENA EN COSTAS – Revoca
Sin embargo, para hacer efectiva la orden de restablecimiento la Sala ordenará al ente de previsión demandante a que suscriba con el demandado un acuerdo de reembolso que prestará mérito ejecutivo, estableciendo que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en situación de indignidad al obligado, para lo cual considerará sus condiciones socio-económicas. En todo caso, el acuerdo contendrá una cláusula de resolución por incumplimiento de los pagos. Así mismo, en caso que el accionado sea renuente a suscribir el mencionado acuerdo, la entidad actora podrá dentro de sus facultades legales disponer el cobro de lo debido de manera pura y simple.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 20001-23-33-000-2014-00038-01(3069-16)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: LUIS GILBERTO ARIZA ARDILA S
Asunto: Acción de lesividad - Pensión Gracia - devolución de dineros y presunción de buena fe.
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ASUNTO
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a la pretensión de nulidad del acto de reconocimiento de la pensión gracia y ordenó la devolución de todos los dineros percibidos.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó al señor Luis Gilberto Ariza Ardila.
Pretensiones
Declarar la nulidad de la Resolución 48881 del 20 de septiembre de 2006, proferida por la Subgerente de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.S.E. – CAJANAL, que reconoció al señor Luis Gilberto Ariza Ardila una pensión gracia a partir del 12 de marzo de 2004, en cuantía de $840.414,60.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al demandado a restituirle todos los dineros cancelados con ocasión al indebido reconocimiento de la pensión gracia.
Fundamentos fácticos
Para mejor comprensión del asunto, la Sala al revisar integralmente la demanda, resume los supuestos fácticos relevantes así:
Sostuvo, que el demandado solicitó a CAJANAL el 29 de agosto de 2005, el reconocimiento de la pensión gracia, que le fue concedida mediante Resolución 48881 del 20 de septiembre de 2006, a partir del 12 de marzo de 2004, en cuantía de $840.414,60.
Precisó, que reconoció erróneamente la pensión gracia, ya que el demandado acreditó haber laborado al magisterio durante 30 años mediante una vinculación nacional en el Colegio Nacional José María Ocampo Serrano de Aguachica (Cesar), conforme a la Resolución 14039 del 17 de julio de 1978 emanada del Ministerio de Educación Nacional.
2.1.3. Normas vulneradas y concepto de vulneración
La parte demandante citó como disposiciones vulneradas las siguientes:
Los artículos 1º, 2º, 6º, 121 y 128 de la Constitución Política.
Las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 y el decreto 2277 de 1979.
Señaló que el acto administrativo demandado desconoce las normas citadas, al reconocer la pensión gracia a un docente que acreditó ser vinculado al magisterio oficial por el Ministerio de Educación Nacional, siendo que esta prestación no fue concebida para esta clase de docentes, sino para los territoriales y nacionalizados.
2.1.4. Contestación de la demanda.
La parte accionada contestó la demanda dentro de la oportunidad de ley, en donde manifestó por un lado, que el acto acusado que reconoció la pensión gracia es legal por cumplir los requisitos para su existencia y validez; y por el otro, que no es procedente devolver los dineros recibidos de buena fe, por las siguientes razones:
La prestación fue solicitada por intermedio de apoderado, a quien le confirió poder especial, amplio y suficiente para realizar los trámites correspondientes, entre ellos: la consecución de los certificados y documentos necesarios para reunir los requisitos de ley, presentar la solicitud del reconocimiento de la pensión gracia, interponer los recursos de reposición y de apelación, y para presentar la acción de tutela que pretendió el amparo al derecho fundamental de petición.
La entidad previsional es la competente para definir si le asistía el derecho, y al serle reconocida, el docente tuvo la creencia legítima de ser merecedor de ella, pues trabajó durante 30 años de servicio al magisterio oficial.
La solicitud se basó en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, en la que informa que el accionante fue nombrado a través de la Resolución 2022 del 15 de noviembre de 1979 por la Gobernación Departamental como docente nacionalizado, para prestar sus servicios al magisterio oficial en el Colegio José María Ocampo Serrano del Municipio de Aguachica (Cesar).
Asegura que desde que tuvo conocimiento de la irregularidad en el reconocimiento de la prestación pensional, no ha gastado los dineros consignados en su cuenta bancaria.
Decisiones relevantes en la audiencia inicial
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la función principal de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, así como de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las controversias que regirán el litigio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
En primer término, se difirió la decisión de las excepciones que se formularon, para el momento de resolver de fondo la controversia, ya que no tenían el carácter de previas. Igualmente, no encontró configuradas otras excepciones que por su naturaleza debieran resolverse en este momento procesal.
Por su parte, la fijación del litigio se realizó en los siguientes términos:
Problema jurídico fijado en el litigio
De conformidad con la demanda y con su contestación, se consideró resolver el siguiente problema jurídico.
«[…] determinar si el acto administrativo demandado, a través del cual se otorgó al señor LU[I]S GILBERTO ARIZA ARDILA una pensión gracia, debe revocarse al encontrarse probado que para efectos de acreditar los 20 años de servicio exigidos en la ley 114 de 1913 y 116 de 1928, se computaron tiempos acumulados en el orden nacional.»
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia escrita el 2 de junio de 2016, en la cual accedió a las pretensiones de la demandante, así: i) decretó la nulidad de la Resolución 48881 del 20 de septiembre de 2006, proferida por CAJANAL por medio de la cual se había reconocido al accionando una pensión gracia; ii) instó a la entidad accionante cesar el pago de la pensión gracia; iii) ordenó al demandado a devolver todos los dineros percibidos desde el reconocimiento de la pensión gracia; iv) compulsó copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia; y, v) condenó en costas a la parte demandada. Para estas decisiones consideró lo siguiente:
Señaló, que conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, la pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acceder los maestros de escuelas primaria oficiales, docentes o empleados normalistas, inspectores educativos y maestros de establecimientos de enseñanza secundaria en el orden territorial o nacionalizado, que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, y que reúnan los requisitos legales, de tiempo de servicio (20 años), no recibir recompensa de la Nación, y demás establecidos en las normas citadas, cuyo propósito es compensar la diferencia salarial respecto de sus pares nacionales.
Desde tal panorama, concluyó que el demandado no demostró cumplir el requisito de la vinculación en las condiciones previamente explicadas para hacerse acreedor de la pensión gracia, pues fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional con la Resolución 14939 de 1978, y en tal sentido, acredito 20 años de servicio con una vinculación nacional.
Con relación a la devolución de las sumas recibidas por el demandado, sostuvo que este obró de mala fe, pues quien más que el mismo docente para saber su clase de vinculación durante tantos años, y además, guardó silencio y solo aceptó en sede judicial con la contestación de la demanda, que la pensión le había sido reconocida sin tener derecho a ella, a pesar de que ya tenía conocimientos de la certificación aportada para tal fin - que le hacía ver su vinculación nacionalizada no siendo así-, cuando afirmó que la entidad pudo constatar los documentos que el mismo presentó, o cuando dijo que confió en las certificaciones emitidas por las diferentes entidades públicas.
Recurso de apelación.
El apoderado de la parte demandada, oportunamente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque i) la orden de devolver los dineros recibidos de buena fe provenientes de la pensión gracia, bajo los mismos argumentos presentados en el escrito de contestación de la demanda; ii) el numeral tercero de la sentencia impugnada, en donde se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación porque ya cursa un proceso penal en la Fiscalía 15 Seccional de Aguachica; y en cuanto a la Procuraduría General de la Nación, pues considera que no se puede iniciar proceso disciplinario en su contra hasta que se demuestre que el docente cometió una irregularidad; y iii) la condena en costas, pues insiste que actuó de buena fe para obtener la pensión gracia y la entidad no pudo desvirtuarla.
Para lo anterior, precisó los hechos relevantes que en su juicio acaecieron para obtener la prestación comentada, e indicó, que a mediados del primer semestre del año 2005, se acercó el abogado Antonio Luis Valera Fernández procedente de la ciudad de Valledupar, invitando a los docentes del régimen nacional vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, a una reunión que se llevó a cabo en la Biblioteca de la Institución Educativa José María Campo Serrano del Municipio de Aguachica (Cesar), en la que les informó que había salido una sentencia favorable a los docentes nacionales para acceder a la pensión gracia, y que ya había tramitado algunas con resultados en el mismo sentido.
Comentó que para tal fin, el abogado ofreció sus servicios para presentar la demanda ante CAJANAL, y para la consecución de las certificaciones y demás documentos necesarios para acreditar los requisitos de ley.
Afirmó que siempre supo de su vinculación nacional, pero que por los engaños de un profesional del derecho, accedió a otorgarle el poder para que realizara todos los trámites pertinentes, y de paso comentó las noticias sobre el desfalco a CAJANAL como consecuencia de las reclamaciones temerosas de varios abogados en concurso con funcionarios públicos.
Manifestó que tuvo conocimiento del reconocimiento irregular de la pensión gracia, cuando le notificaron el proceso penal adelantado en su contra en la Fiscalía 15 Seccional de Aguachica por los delitos de falsedad de documento y fraude procesal, y no como lo afirma el tribunal, con la notificación de la acción contenciosa administrativa.
Insistió que se puede apreciar su buena fe, si se tiene en cuenta que hizo una solicitud al Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia – FOPEP, para que se abstengan de seguir consignándole las mesadas, y también por no utilizar desde el 17 de mayo de 2016, los dineros que tiene en su cuenta bancaria provenientes de la pensión aludida.
Argumentó que no es cierto que hubiere conocido los documentos tenidos en cuenta para el reconocimiento de la prestación, pues como lo dijo en la contestación de la demanda, así como la entidad previsional los verificó y confió en su legalidad, el docente tuvo la misma percepción, y precisó que solo supo de ellos cuando se los exhibieron en el proceso penal.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En esta oportunidad, el docente demandado al presentar los alegatos de conclusión, cambió su tesis argumentativa, pues en esta instancia afirmó, que en virtud de la nacionalización de la educación llevada a cabo con la Ley 43 de 1975, y en concordancia con la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, literal A), el docente nacional tiene derecho a la pensión gracia, y por ello explica, que en la certificación del 28 de julio de 2005, se afirmó que el nombramiento efectuado con la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979 fue nacionalizado.
En cuanto a la condena de la devolución de los dineros, sostiene los mismos argumentos esbozados en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, es decir, que obró de buena fe, y en consecuencia, no pueden ser reclamados por la entidad demandante.
El extremo activo de la litis no presentó alegatos de conclusión.
Concepto del Ministerio Público: No rindió concepto en esta oportunidad procesal.
Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se tiene en cuenta las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR.
6.1. Problema Jurídico.
De acuerdo con los cargos formulados en la alzada contra la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra que el asunto se contrae a establecer, si en este caso, la creencia del docente en que la pensión gracia pueda ser reconocida a los docentes nacionales, sea considerada como una manifestación de la buena fe que se predica de los particulares según lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, y si esta lo ampara en la recepción de los dineros por concepto de pensión mencionada?
Para resolverlo, la Sala; i) analizará el principio de buena fe y su tratamiento jurisprudencial con relación al recibo de dineros por concepto de prestaciones periódicas, y ii) resolverá el caso concreto.
6.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial con relación al recibo de dineros por concepto de prestaciones periódicas.
La jurisprudencia de ésta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas, ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.”
En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe; y, (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario.
El principio de la buena fe no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por otros de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros.
Bajo este contexto, no es posible entender el principio de la buena fe constitucional de manera aislada y como un fin en sí mismo, por cuanto se debe concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos concretos encerrados, o como una simple mezcla de normas, sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción.
Estando en este punto, es preciso traer a colación algunos pronunciamientos de esta Sección sobre el principio constitucional de la buena fe, en lo que se refiere a pagos efectuados por error de la administración:
«Ahora bien, el principio constitucional de la buena fe, se encuentra contemplado por la Carta Política, en su artículo 83, en los siguientes términos:
"ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".
Pese a que dicha norma es aparentemente clara, es fundamental considerar que la naturaleza jurídica de la buena fe como principio general del Derecho, implica que su vinculación a patrones fácticos específicos, es muy amplia y compleja y solo puede ser explicada en la medida en que se tenga clara la noción de buena fe.
La buena fe, como principio general del Derecho, es el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión o la rectitud de una conducta. Exige, entonces, una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad.
El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la Administración y a su vez ésta puede confiar en el ciudadano; confianza que en todo caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas.
El numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone:
“Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. (Negrillas del texto)
“Añade la Corporación que si se aceptara el reconocimiento de la pensión decretada por la resolución No. 002341 de 1993, dentro de los 20 años de servicio exigidos para ese efecto, se estaría tomando tiempo de servicios que el Departamento del Tolima tuvo en cuenta para reconocer la pensión de jubilación a cargo de la Caja de Previsión de esa entidad territorial.
Por ende, la Sala declarará la nulidad de la resolución acusada No. 002341 de 1993.
Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a la señora (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el articulo 136 del C.C.A, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”.»
En el mismo sentido se indicó:
«La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos ($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.
No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados.» (El resaltado es de la Sala)
La tesis fue reiterada posteriormente así:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto.
Como se infiere de la norma transcrita, se exige para la devolución de prestaciones periódicas por parte de los particulares, la demostración de su mala fe, pues la buena fe en sus actuaciones es una presunción constitucional; es decir, la demostración de que los particulares hubiesen asaltando la buena fe para hacerse acreedores a una prestación a la que no tenían derecho.
Observa la Sala, que la Resolución No. 0405 de 7 de noviembre de 1991, creó a favor del demandando una situación jurídica de carácter particular y concreto, en la medida en que le reconoció el pago de una suma específica, por concepto de pensión mensual vitalicia de jubilación, que por lo mismo, ingresó a su patrimonio, y no obstante no corresponder a la legal, estando la Administración en la obligación de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo; lo cierto es, que la demandante incurrió en error al reconocer la suma que debía pagar al pensionado, equívoco en el que no tuvo participación el titular del derecho, lo que confirma, que si la Administración, fundada en su propia negligencia, pretende la devolución de las sumas pagadas en exceso, como en este caso, vulnera de manera franca el principio de la buena fe del gobernado.
Lo anterior aunado al hecho, de que en el transcurso del proceso, no se afirmó ni se demostró que el demandado hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación.
(…)
Con lo anterior, los pagos efectuados por la Universidad tienen amparo legal, porque fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el principio de la buena fe. »
Precisa la Sala, que esta clara línea jurisprudencial se ha mantenido para los casos en que se han recibido prestaciones periódicas tales como la pensión de jubilación producto de un error de la administración.
La posición así fijada, encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe.
Pero, distinta es la situación cuando el reconocimiento del derecho no deviene directamente del error de la administración, en cuyo caso, habrá que analizar situaciones particulares de los actos de los involucrados en la actuación, y la utilidad e incidencia en la producción de los actos definitivos que resolvieron la cuestión.
En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A, en pretérita oportunidad al resolver una demanda de lesividad reflexionó así:
«Para la Sala no existe la menor duda de que las certificaciones que aportó a folios 11 y 12 expedidas por petición del señor Gobernador de ese entonces, son veraces. Y a esta conclusión se llega, pues el beneficiario de la pensión en esta litis no pudo desvirtuar tales constancias ni demostró por otros medios que cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicios, pues amen de las inconsistencias sobre la edad a raíz del cambio de su segundo apellido en la cédula (folios 44 y 51 cdno. No. 2), las pruebas que aportó con su escrito de contestación del libelo no fueron decretadas por extemporáneas, como da cuenta el auto del 12 de mayo de 1999 que obra a folio 62 del cuaderno No. 2. No se atiende, por tal virtud, la sugerencia que de manera respetuosa hace el Ministerio Público, como quiera que basta en el caso sub examine esta circunstancia de la alteración de la edad para inferir, de una parte, que el demandado no acredita los requisitos para hacerse acreedor a la pensión de jubilación, pues no contaba con 55 años previstos en la Ley 33 de 1985, y, de otra, que la actuación del solicitante no estuvo acompañado de la buena fe que debe presidir las relaciones de los administrados con la administración.
Se confirmará en ese orden la decisión del Tribunal que declaró la nulidad del acto acusado.
Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo.» (Negrillas fuera de texto original).
Así las cosas, la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un derecho pensional, permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
6.3. Solución al caso.
De la actuación administrativa desplegada por CAJANAL para resolver la solicitud de reconocimiento de pensión gracia promovida por el hoy demandado, aportada como material probatorio del presente proceso, se acredita que el accionado Luis Gilberto Ariza Ardila:
Otorgó con destino a CAJANAL, poder especial, amplio y suficiente al abogado Antonio Luis Valera Fernández, identificado con la CC 12.721490 de Valledupar, con tarjeta profesional 90.352 del C.S.J. «para que en su nombre y representación adelante ante ese despacho todas las gestiones legales pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (gracia) a que tengo derecho de acuerdo a lo normado en la Ley 114 de 1913, L. 39 de 1933 y demás concordantes. Mi apoderado queda facultado para recibir en mi nombre, transigir, conciliar, desistir, sustituir, renunciar, firmar cuentas de cobro y en fin adelantar todo cuanto esté conforme a derecho para el cabal cumplimiento del presente mandato.»
De esta prueba, se tiene que el demandado de manera voluntaria otorgó facultades al abogado para que adelantara todos los trámites necesarios para reclamar la pensión gracia a la que según tenía derecho conforme a las leyes que la rigen y que citó de manera expresa en el documento, es decir, que en su parecer, era acreedor de la prestación, lo cual permite a la Sala concluir, que el querer del accionado fue obtener el reconocimiento de la pensión gracia a sabiendas que era docente nacional.
Presentó derecho de petición ante CAJANAL a través de su apoderado especial para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Se aclara que la fecha de radicación de la petición no se encuentra en el documento, sin embargo, del recurso de reposición presentado contra el acto ficto negativo de la solicitud, y de la Resolución 48881 de 2006 que reconoció la pensión gracia, se puede inferir que la petición se radicó el 29 de agosto de 2005.
Para lo anterior, se adjuntaron las siguientes pruebas:
El poder para actuar.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía
Registro civil de nacimiento
Certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar (Jesualdo Maestre Ramos) el 28 de julio de 2005, en la que informa que el accionante fue nombrado a través de la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979 por la Gobernación Departamental como docente nacionalizado para prestar sus servicios al magisterio oficial en el Colegio José María Ocampo Serrano del Municipio de Aguachica (Cesar) a partir del 20 de noviembre de 1979, durante 25 años, 8 meses y 8 días. (Resalta la Sala)
Certificado de salarios expedido por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar (Jesualdo Maestre Ramos) el 28 de julio de 2005, en la que detalla los valores percibidos por el docente durante el 2013. En este documento no se certifica la clase de vinculación del maestro.
A través de su apoderado de confianza, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el acto ficto negativo el 26 de julio de 2006, con miras a obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Logró con el fallo de tutela proferido el 28 de agosto de 2006 por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, el amparo del derecho fundamental de petición ante la falta de respuesta de CAJANAL en la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, que en consecuencia le ordenó pronunciarse de fondo al respecto. Del texto de la sentencia, se tiene que la acción constitucional fue presentada por el apoderado de confianza.
CAJANAL, dando cumplimiento a la orden emitida en el fallo de tutela, en el que se le instó a responder de fondo la petición de reconocimiento de la pensión gracia, pero no a reconocerla, expidió la Resolución 48881 del 20 de septiembre de 2006 y concedió la pensión gracia al señor Luis Gilberto Ariza Ardila, pues de los antecedentes administrativos concluyó que tenía derecho a tal prestación.
Ahora bien, la Sala, luego de analizar el acto administrativo acusado, observa, que el ente previsional cuando verificó el tiempo de servicio, tuvo en cuenta los ejercidos desde el 20 de noviembre de 1979 hasta el 28 de julio de 2005, es decir, se basó en la información contenida en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, la cual fue aportada por el demandado con la solicitud del derecho, pues ambos documentos coinciden en la fecha de inicio de la prestación del servicio como docente del Departamento del Cesar.
Igualmente, véase que la certificación aludida estableció 4 aspectos relevantes que tuvieron incidencia en la consecución de la prestación: i) indicó que el demandado fue nombrado con la Resolución 2022 del 15 de noviembre de 1979; ii) que se posesionó en el cargo el 20 de noviembre de 1979; iii) que la totalidad del tiempo de servicio lo ejerció en el Departamento del Cesar; y iv) que su nombramiento fue catalogado como nacionalizado.
Lo anterior se corrobora con las siguientes pruebas:
La certificación expedida el 26 de mayo de 2010 por el Profesional Universitario Líder de la Oficina de Archivo y Hojas de Vida de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, en el que se afirma que el señor Luis Gilberto Ariza Ardila, fue nombrado como docente nacional a través de la Resolución 14939 del 20 de octubre de 1978, emanada de la Jefatura de Personal del Ministerio de Educación Nacional, para prestar sus servicios en el nivel de secundaria del Colegio Nacional José María Campo Serrano del Municipio de Aguachica, del cual tomó posesión el 12 de noviembre de 1978, quien ejerció la docencia durante 31 años, 10 meses y 9 días.
Sobre este certificado, la Sala debe mencionar, que encuentra información totalmente opuesta a la expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, pues en este, la vinculación del docente es nacional, y en la del 2010 figura nacionalizado, situación que más adelante se dilucidará.
El acta de Posesión del 12 de noviembre de 1978, por medio del cual se demuestra que el demandado empezó a ejercer como profesor del Colegio José María Campo Serrano en virtud del nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 14039 del 20 de octubre de 1978.
Estos documentos indican, que la vinculación del docente obedeció al nombramiento efectuado mediante la Resolución 14039 del 20 de octubre de 1978, en los que se demuestra que fue nacional, para desempeñar sus funciones en una institución educativa del mismo orden, lo cual conlleva a desvirtuar las afirmaciones contenidas en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005 que sirvió de fundamento para reconocer irregularmente la pensión gracia.
El Formato Único Para la Expedición de Salarios – Consecutivo 269697 del 26 de mayo de 2010, en el que se observa que el accionado tuvo una vinculación nacional para prestar sus servicios como docente del nivel básica secundaria en el establecimiento educativo José María Campo Serrano de Aguachica –Cesar.
Certificado de Historia Laboral – Consecutivo 2758 del 11 de abril de 2016, del cual se puede apreciar que el accionado fue nombrado como docente nacional a través de la Resolución 14939 del 20 de octubre de 1978, para prestar sus servicios en el nivel de básica secundaria de la Institución Educativa José María Campo Serrano del Municipio de Aguachica, a partir del 17 de noviembre de 1978, con régimen de pensiones nacional, y que durante 37 años y 5 meses de labor ejercida en el magisterio oficial, las únicas novedades administrativas que presentó, fueron las de ascenso en el escalafón nacional docente y de cambio de sueldo, es decir, que mantuvo la misma vinculación.
Ahora bien, el tribunal de primera instancia, con el fin de verificar la autenticidad de la información de la certificación que sirvió de fundamento fáctico para el reconocimiento de la pensión gracia del accionado, y para constatar la clase de vinculación del señor Luis Gilberto Ariza Ardila, en la audiencia inicial decretó de forma oficiosa como pruebas, solicitar a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar para que aporte:
copia de la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979, según la cual, el demandado había sido nombrado como docente nacionalizado en el Colegio José María Campo Serrano del Municipio de Aguachica; y,
una certificación laboral en donde se indique además del tiempo de servicio prestado en dicha institución, la naturaleza o calidad de su nombramiento.
El requerimiento fue atendido a través del Oficio CSD-ex152 emanado del Secretario de Educación Departamental del Cesar el 13 de abril de 2016, mediante el cual remitió los documentos solicitados, y precisó, «que la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979 no corresponde al Acto de Nombramiento del señor Luis Gilberto Ariza Ardila [demandado], sino a los nombramientos de Elizabeth Calderón Romero, Rosa Santana Quintero y Elina Isabel Ariño Díaz. [E]l nombramiento de Luis Gilberto Ariza Ardila no fue realizado por el Departamento del Cesar sino por el Ministerio de Educación Nacional en forma directa, razones por las cuales[,] en los archivo[s] de nuestra entidad no reposa el Acto de Nombramiento en mención sino le Acta de posesión […].» (Resalta la Sala)
Se aportó así, la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979 expedida por el Gobernador del Departamento del Cesar, por medio de la cual se nombró a Elizabeth Calderón Romero, Rosa Santana Quintero y a Elina Isabel Ariño Díaz, como maestras del nivel básica primaria en diferentes instituciones educativas del Departamento, tal como lo afirmó el Secretario de Educación Departamental del Cesar y como lo constata esta Sala.
Claramente se observa, que este acto administrativo no hace mención alguna al señor Luis Gilberto Ariza Ardila –demandado-, es decir, que contiene información contradictoria con la que reposa en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, lo cual permite confirmar, que el contenido de esta certificación no es veraz, y por lo tanto concluir, que la pensión gracia no debió ser concedida, pues se concedió con la convicción de que la vinculación del docente era nacionalizado no siendo así, ya que se encuentra demostrado que el demandante solo ejerció la docencia oficial como docente nacional, y como bien se expuso en la jurisprudencia de esta sentencia, estos tiempos de servicio no son válidos para el reconocimiento de esta prestación, y en tal sentido, sin la certificación cuestionada, el demandado no hubiera podido acreditar los 20 años de servicio que exige la Ley 114 de 1913.
Ahora bien, establecido que acto acusado está viciado de nulidad, corresponde a la Subsección, determinar si el demandado debe devolver los dineros que recibió por concepto de la pensión gracia aludida.
Con el propósito de desatar la apelación, debe tener en cuenta la Sala, que la consecuencia de la nulidad del acto particular, por regla general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca existió.
Sin embargo, tal como lo analizamos en líneas anteriores, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible.
Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, dispone que:
«La demanda deberá ser presentada:
En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
(…).»(negrillas y subrayas fuera de texto original).
Expresamente, consagra el legislador, que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.
Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del derecho de petición para solicitar un derecho de naturaleza prestacional, e inclusive la presentación de la acción de tutela en defensa de un derecho fundamental, aun cuando para lo controversia estén previstos los mecanismos ordinarios, pues en todo caso, será el juez constitucional quien determine su procedencia, su idoneidad y la protección definitiva o transitoria de los derechos vulnerados.
En tal virtud, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero perseguidas en la demandan de lesividad, la entidad pública demandante debe centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la ilegalidad del reconocimiento pensional, sino también, que la obtención de tal derecho por parte del accionado se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como hemos precisado son presumibles.
En otros términos, tratándose del ejercicio de la acción de lesividad contra actos que versan sobre prestaciones periódicas, no opera el consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la consecución del derecho inicialmente obtenido.
Descendiendo al caso concreto, y valorando los medios de prueba que fueron aducidos de manera regular al informativo, encuentra la Sala que el accionado en ejercicio del derecho fundamental de petición, que es legítimo, pidió a la entidad demandante el reconocimiento de la pensión gracia, para lo cual, entre otros requisitos, adujo una certificación con la cual acreditó el tiempo de servicio y la vinculación con la que pretendió demostrar la actividad docente en el sector nacionalizado por espacio de 20 años, y que su vinculación inicial fue anterior al 31 de diciembre de 1980.
Resalta la Sala, que con la petición se aportó certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, que informó que el accionante fue nombrado a través de la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979 por la Gobernación Departamental como docente nacionalizado para prestar sus servicios al magisterio oficial en el Colegio José María Ocampo Serrano del Municipio de Aguachica (Cesar) a partir del 20 de noviembre de 1979, durante 25 años, 8 meses y 8 días.
De igual modo, se tiene que el mencionado documento fue determinante para el reconocimiento de la pensión gracia, que se instrumentó en la Resolución 48881 del 20 de septiembre de 2006, dado que para tal efecto, era inexorable el vínculo como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y durante 20 años, tal como lo concluyó el a quo en la sentencia apelada.
Esta situación, cimentó la inconformidad de la entidad demandante, quien manifestó que mediante labores internas de verificación de los requisitos pensionales del demandado, pudo establecer que la información laboral contenida en dicha certificación era ajena a la realidad, en la medida que la entidad territorial que presuntamente certificó, carece de elementos que acrediten que el pensionado hoy accionado hubiere laborado como docente a su servicio.
Como quedó demostrado, el Gobernador del Departamento del Cesar mediante la Resolución 002022 del 15 de noviembre de 1979, efectuó los nombramientos de las señoras Elizabeth Calderón Romero, Rosa Santana Quintero y Elina Isabel Ariño Díaz, como maestras del nivel básica primaria en diferentes instituciones educativas del Departamento, pero en ninguna medida al señor Luis Gilberto Ariza Ardila –demandado-, como se plasmó en la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005.
Visto lo anterior, la Sala es clara en determinar, que la certificación que sirvió de fundamento para reconocer la pensión gracia no contiene información verídica, razón por la cual, considera que la prestación pensional se obtuvo con información que no estuvo acorde con la realidad, que vislumbra una actuación que no evidencia la buena fe del demandado para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, aún en el evento en que haya actuado a través de apoderado, a quien le confirió poder «para que en su nombre y representación adelante ante ese despacho todas las gestiones legales pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (gracia) a que tengo derecho de acuerdo a lo normado en la Ley 114 de 1913, L. 39 de 1933 y demás concordantes. (…) y en fin adelantar todo cuanto esté conforme a derecho para el cabal cumplimiento del presente mandato.»
Tal como se esbozó en la valoración probatoria, el demandado de manera voluntaria concedió facultades a su apoderado para que adelantara todos los trámites necesarios para reclamar la pensión gracia a la que según tenía derecho conforme a las leyes que la rigen y que citó de manera expresa en el documento, es decir, que en su parecer, era acreedor de la prestación, lo cual permite a la Sala concluir, que el querer del accionado fue obtener el beneficio de la pensión gracia a sabiendas que era docente nacional.
Ahora bien, insiste el demandado que fue su apoderado en sede administrativa quien lo engañó, pues afirma que en una reunión a la que citó a los docentes nacionales de la institución educativa donde laboraba, les comunicó que ya se había proferido una sentencia en la que se reconoció una pensión gracia a un docente nacional, y que confiando en su profesión de abogado conocedor de la normas le confirió el poder aludido.
Respecto de lo anterior, no obra prueba en el proceso que demuestre haberse llevado a cabo dicha reunión, ni de la existencia de las sentencias que hayan reconocido la pensión a los docentes nacionales en aquel momento, ni de las afirmaciones que supuestamente su abogado de confianza le expresó para reclamar la prestación, razón por la cual, se deben desestimar dichos argumentos.
Lo que sí está claramente probado, es que a través de su abogado, presentó una serie de documentos, entre los cuales se encuentra una certificación en la que se afirmó que el docente tenía una vinculación totalmente diferente a la que realmente tuvo, y que luego de ejercer el mismo cargo en la misma institución por más de 30 años, no es aceptable la tesis de que el educador, en este caso el demandado, pretenda creer que tiene derecho a la pensión que fue creada para gracia de los docentes territoriales y nacionalizados.
Por lo tanto, es pertinente señalar, que se vislumbra la ausencia de buena fe de la parte demandada en sede administrativa al momento de la reclamación de la pensión gracia, primero, porque afirmó que otorgó el poder a su abogado para reclamar la prestación, con la tesis de que esta ya era reconocida a los docentes nacionales; y segundo, porque si así fuera cierto, no tenía la necesidad de presentar con la solicitud de su reconocimiento, la certificación expedida por el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar el 28 de julio de 2005, para demostrarle al ente previsional, que su vinculación era nacionalizada, contrariando de esta forma la tesis que lo motivó a iniciar la actuación administrativa.
Dicho de otra manera, si el demandado, sabiendo que por su condición de docente nacional, no había solicitado el reconocimiento de la pensión gracia, por qué al encontrar la posibilidad jurídica de que esta prestación ya era reconocible a los docentes nacionales, presentó una certificación en la que se plasmó concretamente que su vinculación era nacionalizada?
Al interrogante anterior se debe dar una respuesta clara y concreta, y es precisamente porque el accionado tenía claro que esta prestación pensional no había sido concebida para los docentes nacionales sino para los territoriales y los nacionalizados, y por lo tanto, la única opción que tenía para obtenerla dada su condición de docente nacional, era presentando la certificación sobre la historia laboral que le expidió presuntamente el Coordinador de Archivo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Departamento del Cesar (Jesualdo Maestre Ramos) el 28 de julio de 2005, y que fue decisiva para el reconocimiento del derecho, asaltando la buena fe del ente previsional, que se vio en la situación inexorable de conceder el derecho de forma ilegal.
Tan claro resultaba, que justamente debió acreditarse tal vinculación para efectos del reconocimiento pensional, como en efecto lo hizo el accionado en vía gubernativa, y así lo hizo ver la UGPP al aportar los documentos con los cuales se logró desvirtuar la presunción de la buena fe que amparaba al pensionado.
En tal sentido, vale la pena señalar, que la jurisprudencia de esta Sección, ha sido pacífica y tajante en indicar que la pensión gracia solo es posible para los docentes territoriales o nacionalizados, por lo que respecto de ésta característica puntual, no es posible aseverar que la prestación en comento resulte de tal complejidad, que impida un entendimiento puro y simple, tal como se pretende hacer ver en el alegato final del apelante cuando plantea que el derecho igualmente es oponible a los docentes nacionales después de expedida la Ley 91 de 1989.
Fíjese también, que la parte demandada al momento de replicar el líbelo introductorio, realmente no se opuso a las pretensiones, y compartió además gran parte de la narrativa fáctica que hizo la UGPP para sustentar la nulidad del acto de reconocimiento de la pensión gracia, mostrando además una actitud consciente de carecer del derecho que le fue otorgado, llegando hasta el punto de ofrecer como propuesta conciliatoria, devolver los dineros que posee en su cuenta bancaria que han sido recibidos por concepto de la mencionada prestación.
Al tenor de las pruebas analizadas, resulta claro que el demandado a través del derecho de petición que ejercitó en busca de la pensión gracia, representó a CAJANAL con una de sus pruebas, una situación laboral diferente a la que en verdad se registró, y que de manera anómala conllevó al reconocimiento del derecho; de manera, que sus actos fueron determinantes y la causa eficiente para el equívoco de la entidad demandante a través del acto acusado.
Así las cosas, el reconocimiento irregular de la pensión gracia, no tuvo como origen la errónea interpretación de la ley o de las sentencias que se afirman han reconocido la pensión gracia a los docentes nacionales, ni la indebida apreciación de una prueba de parte del ente pensional, sino la aducción directa por parte del peticionario de una certificación que no correspondía con la realidad, y sin la cual, hubiere sido imposible que alcanzara la prestación, de suerte, que la advertida ilegalidad del acto acusado, solo es imputable al peticionario, puesto además, CAJANAL no es su empleador, y en tal sentido, no reposa en su archivo la historia laboral del demandado, ya que esta entidad actúa como reconocedora y pagadora de las pensiones, y cayó en el yerro inducido por el accionado.
Entonces, después de discernir sobre las actuaciones del accionado, esta Sala puede concluir, que estuvieron desprovistas de las características propias del principio de la buena fe, pues tal como lo estimó la jurisprudencia, cuando se ponen de presente actuaciones anómalas como hacer uso de un documento que contenga información ajena a la realidad, es inexorable que ello desvirtúe la presunción que en favor del pensionado confiere la ley, al momento de recibir sumas de dinero que fueron pagadas en virtud de un reconocimiento irregular ajeno al ordenamiento jurídico, de su iniciativa y en consideración de las pruebas que el mismo provocó y adujo para el efecto, aun en el evento de haber tramitado la solicitud de la prestación a través de apoderado.
No trata la Sala de arrogarse atribuciones para definir si un documento es falso o no, sino de estimar que conforme a la realidad procesal de este medio de control de legalidad, que la actuación del demandado fue decisiva para que la administración de manera indebida le otorgara un derecho prestacional que usufructuó sin tener razón jurídica para ello.
Por ello, pese a que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria o penal hubiere sancionado a los partícipes de la actuación señalada, tampoco se conoce fallo absolutorio que permita inferir que la falsedad de la información haya sido causada por un tercero bien sea con culpa o dolo, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que desde el entorno de la buena fe, pueden ser evaluadas por el juez de legalidad del acto administrativo a efecto de adecuar patrones de comportamiento de alguno de los intervinientes de la actuación administrativa de cara a la eficacia de su producto final.
Ha de ser así, pues entender que la mala fe dentro de los procedimientos administrativos solo sea posible de estimar cuando exista fallo condenatorio o sancionatorio en materia penal o disciplinaria sobre la falsedad de un documento, sería instituir una especie de prejudicialidad para las demandas de lesividad donde el ente pensional busca la recuperación de los dineros pagados de manera indebida, lo que implicaría una evidente dificultad para la defensa del derecho colectivo al patrimonio público, como ocurre en este caso en particular, cuando la pensión gracia fue reconocida con base en una certificación que aducía la vinculación del demandado al magisterio a través de una resolución que realmente no tenía nada que ver con él.
Querer dar a entender que hubo buena fe del demandado, por el simple hecho de autorizar al ente pagador de abstenerse a efectuar las consignaciones de la mesada pensional a su cuenta de ahorros cuando se enteró de la demanda en curso, o de la notificación de la denuncia penal que cursa en la Fiscalía 15 Seccional de Aguachica, o por proponer una fórmula de arreglo con la UGPP para devolver el saldo que tiene en su cuenta bancaria, no es aceptable, pues la buena fe se debió manifestar para la fecha en que decidió otorgar poder para obtener el reconocimiento de la pensión gracia aludida, incluso hasta el momento de su notificación.
Es necesario dejar claro, que el principio de buena fe y la presunción que cobija al pensionado merodea respecto de su actuación dentro de la vía gubernativa de cara a si sus actos fueron determinantes en el reconocimiento irregular de una prestación, de manera que es imposible escindirlos y llevarlos al escenario judicial para ser analizados en función de las actuaciones desplegadas en él, bien sea ante el juez penal que investiga la ilicitud de los hechos o ante el juez contencioso administrativo que verifica la validez del acto que otorgó el derecho.
Así las cosas, la utilización de un documento que no contiene información verídica, dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un derecho pensional, permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados de manera indebida; y en este sentido se pronunció esta Subsección en un caso similar, mediante Sentencia 17 de octubre de 2017, con radicación 4729-2016, y en consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto y al restablecimiento del derecho.
Sin embargo, para hacer efectiva la orden de restablecimiento la Sala ordenará al ente de previsión demandante a que suscriba con el demandado un acuerdo de reembolso que prestará mérito ejecutivo, estableciendo que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en situación de indignidad al obligado, para lo cual considerará sus condiciones socio-económicas. En todo caso, el acuerdo contendrá una cláusula de resolución por incumplimiento de los pagos. Así mismo, en caso que el accionado sea renuente a suscribir el mencionado acuerdo, la entidad actora podrá dentro de sus facultades legales disponer el cobro de lo debido de manera pura y simple.
Con relación a la solicitud de revocatoria de la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación porque ya cursa un proceso penal en la Fiscalía 15 Seccional de Aguachica; y a la Procuraduría General de la Nación, la Sala no accede, por cuanto es deber de todo funcionario público compulsar copias a las autoridades competentes cuando de los hechos sometidos a su conocimiento, se pueda derivar una irregularidad bien sea penal o disciplinaria, de conformidad con los deberes establecidos en la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único, artículo 34, numeral 24, que dice:
« Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.»
Sobre el proceso penal, es claro que ya existe conocimiento de la noticia criminal en la Fiscalía 15 Seccional de Aguachica (Cesar), razón por la cual la solicitud resulta inocua; y respecto de la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, la Sala considera que el a quo deberá remitir copia de las piezas procesales para los fines pertinentes en acatamiento del deber legal.
6.3.1. Costas procesales.
Respecto de las costas, debe señalarse que son las erogaciones económicas en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta en el juicio, y que se representan en los gastos ordinarios, las cauciones, el pago de los honorarios a los peritos, los gastos de publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina expensas. Así mismo, se comprenden en esta noción, los honorarios de abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho.
De esta manera, el artículo 188 del CPACA establece que salvo en los casos donde se discute un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas atendiendo para efectos de liquidación y ejecución lo previsto en normatividad procesal civil.
En uso de dicha remisión, se tiene que los artículos 365 y 366 del CGP, regulan la condena y liquidación de las costas, de cuyo contenido se extrae que la parte vencida será condenada a su pago y que se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que la originó, indicando además el valor de las agencias en derecho, que serán incluidas en la liquidación.
Seguidamente, se prevé el trámite para la liquidación en cabeza del Secretario que deberá hacerla, para la posterior aprobación por parte del juez.
Sin embargo, la jurisprudencia de la sección segunda en dicha temática ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP antes mencionado; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el A Quo, no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción, haciendo manifestaciones útiles para el esclarecimiento del caso. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “B” Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Luis Gilberto Ariza Ardila, salvo el numeral SEGUNDO, que se MODIFICA y queda así:
«Como restablecimiento del derecho, se ordena cesar el pago de la pensión gracia que se le ha venido cancelando al señor Luis Gilberto Ariza Ardila, identificado con la C.C. 2.102.758, y, ordenar la devolución de todos los dineros percibidos desde el reconocimiento de la misma, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Para tal efecto, el ente de previsión demandante deberá suscribir con el demandado un acuerdo de reembolso que prestará mérito ejecutivo, estableciendo que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en situación de indignidad al obligado, para lo cual considerará sus condiciones socio-económicas. En todo caso, el acuerdo contendrá una cláusula de resolución por incumplimiento de los pagos. Así mismo, en caso que el accionado sea renuente a suscribir el mencionado acuerdo, la entidad actora podrá dentro de sus facultades legales disponer el cobro de lo debido de manera pura y simple.»
SEGUNDO. REVOCAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, absteniéndose la Sala de imponer costas al vencido, conforme quedó consignado en la parte motiva.
Por intermedio de la Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión, por los señores Consejeros.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CESAR PALOMINO CORTÉS
Relatoria JORM
Ingreso al Despacho para fallo el 4 de agosto de 2017, folio 346.
Folios 70 a 76 del cuaderno 1.
En adelante UGPP.
Folios 151 a 162 del cuaderno 2.
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 209 a 2013 y CD que obra en el folio 229 del cuaderno principal.
«La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.» Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 209 a 2013 y CD que obra en el folio 229 del cuaderno principal.
Folios 253 a 272 del cuaderno 2.
Folios 279 a 296 del cuaderno 2.
Folio 17 del cuaderno 1.
Folio 346 del cuaderno principal.
Folio 346 del cuaderno principal.
Ver Sentencia T-475 de 1992
Ibídem.
Ver Sentencia C-071 de 2004
Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B”, con ponencia del Consejero Dr. Jesús María Lemos Bustamante, de 8 de mayo de 2008, dentro del proceso radicado con el No. 0949- 2006.
Zagrebelsky, Gustavo. La Ley y su Justicia. Madrid 2008. Traducción Editorial Trotta 2014.Pagina 205.
Sentencia de 2 de marzo de 2000. Expediente No. 12.971. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda
Sentencia de 17 de mayo de 2007. Exp. 3287-05. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. M.P: Ana Margarita Olaya Forero.
Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las sentencias del 17 de noviembre de 2016, exp. 2677-15, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, y del 29 de junio de 2017, exp. 4321-2016, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia del 25 de abril de 2002, sección segunda, subsección A, exp. 1783-01, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero.
Folios 44 del cuaderno 1, y 169 del cuaderno 2.
Folios 47 del cuaderno 1.
Folio 48 del cuaderno 1.
Folios 17 del cuaderno 1 y 167 del cuaderno 2.
Folio 166 del cuaderno 1.
Folios 22 a 27.
Folios 32 a 39 del cuaderno 1, y 177 a 184 del cuaderno 2.
Folios 28 a 31 del cuaderno 1.
Folios 44 del cuaderno 1, y 169 del cuaderno 2.
Folio 189 del cuaderno 2.
También visible a folio 20 del cuaderno 1.
Jesualdo Maestre Ramos.
Folios 21 del cuaderno 1, y 165 del cuaderno 2.
Folios 65 a 66 del cuaderno 1, y 192 a 193 del cuaderno 2.
Folios 222 a 225 del cuaderno 2.
Folio 218 del cuaderno 2.
Folios 219 a 220 del cuaderno 2.
CPACA.
CCA
Suscrita por Jesualdo Maestre Ramos, visible en los folios 17 del cuaderno 1 y 167 del cuaderno 2.
Folios 219 a 220 del cuaderno 2.
Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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