Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01781-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01781-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01781-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 25000-23-42-000-2014-01781-01 (1233-2019)
DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
DEMANDADO: Elizabeth Jiménez Velandia
Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. Tiempos de servicio
docente en plaza del orden nacional. Cosa Juzgada.
Prescripción. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el primero (1.°) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP),
instauró demanda en contra de la señora ELIZABETH JIMÉNEZ VELANDÍA en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES2
Que se declare la nulidad de la Resolución 38379 del 21 de agosto de 2013, por
medio de la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela, la UGPP, reconoció y ordenó
el pago de una pensión gracia a favor de la demandada. Que a título de
restablecimiento del derecho se condene a restituir a la entidad de manera
indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener
derecho y condenar a la demandada en costas y agencias en derecho.
1 En adelante UGPP.
2 Folio 23, C1.
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HECHOS3
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la demandada nació el 9 de enero de 1953 y durante su vida laboral tuvo una
vinculación en calidad de docente nacional, entre el 3 de febrero de 1977 y el 12 de
febrero de 2003.
Que mediante la Resolución 724 del 20 de enero de 2004, la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia al considerar que no cumplió con el requisito
del tiempo de servicio en calidad de docente de carácter departamental, municipal
o distrital y, en la Resolución 7046 del 27 de agosto de 2004, confirmó la negativa
al resolver la alzada.
Inconforme con lo anterior, la parte demandada presentó acción de tutela, que fue
resuelta de forma favorable en sentencia del 6 de octubre de 2006 proferida por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué. En cumplimiento del anterior fallo,
la UGPP mediante la Resolución 38379 del 21 de agosto de 2013, reconoció la
pensión gracia en una cuantía de $1.342.867, a partir del 9 de enero de 2003.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 17 de junio de 2014 y notificada a la
señora Elizabeth Jiménez Velandia4, ello con solicitud de medida cautelar
decretada según auto del 14 de mayo de 2015. Por su parte, la demandada presentó
memorial de contestación5, en el cual manifestó que, en atención a la ley 45 de 1975
«los docentes vinculados a partir del 1.° de enero de 1976 y a partir de esa fecha – son
considerados como nacionalizados», condición que cumple la docente, al haber sido
nombrada el 3 de febrero de 1977, por lo tanto, cumplía con los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia. Alegó que la prestación reconocida por vía
judicial presta mérito de cosa juzgada y configura un derecho adquirido a su favor.
Propuso las excepciones que denominó cobro de lo no debido, desconocimiento del
precedente judicial, falta de jurisdicción y competencia; violación de la constitución
y de los derechos fundamentales, imposibilidad de control judicial del acto
administrativo, inepta demanda, buena fe del demandado e innominada.
En la audiencia inicial6 se declararon no probadas las excepciones propuestas, se
fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las
cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se
efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437
3 Folios 22, C1.
4 Folio 248, C1.
5 Folios 266 a 438, C1.
6 Folios 512 a 513, C2.
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de 2011.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictó
sentencia el 1.° de noviembre de 2018, a través de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda, esto es, declaró la nulidad de los actos reprochados y ordenó el
reintegro de las sumas de dinero reclamadas, esto, conforme a la jurisprudencia
vigente, previo acuerdo suscrito que preste mérito ejecutivo, en los montos y plazos
que no pongan en situación de indignidad a la demandada.
Para ello, aseguró que, de conformidad con el material probatorio, la señora
Elizabeth Jiménez fue nombrada y posesionada por el ministro de Educación como
docente desde el 3 de febrero de 1977 hasta el 1.° de marzo de 2012, esto es,
aproximadamente por 35 años de servicios, todo el tiempo con una vinculación
nacional en Bogotá D.C., al provenir los ingresos del antiguo situado fiscal (FER) y
posteriormente del Sistema General de Participaciones.
Que, en tal sentido, los tiempos prestados de carácter nacional no pueden ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, al requerir 20 años
de servicios con vinculación territorial o nacionalizado. Además, que la Ley 116 de
1928, extendió la prestación, pero a «los empleados y profesores de escuelas normales
y los inspectores de Instrucción Pública», cargos que no fueron desempeñados por la
demandada.
Al analizar la procedencia de la cosa juzgada, argumentó que fue el juez de tutela
quien emitió la orden de reconocimiento de pensión gracia y en ese sentido hizo,
tránsito a cosa juzgada en materia constitucional, sin embargo, como el acto
administrativo fue expedido en acatamiento a dicha orden, puede ser demandado
ante el juez de competencia en lo contencioso administrativo.
Lo anterior, sumado a que los fallos de tutela fueron objeto de proceso penal por el
delito de prevaricato por acción y al ser resuelto además de ordenar la condena
penal a la Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, dejó sin efectos el fallo de
tutela proferido el 6 de octubre de 2006, es decir, que el acto administrativo ahora
demandado ya perdió sus efectos jurídicos.
Sobre el caso particular, advirtió que, pese a que el acto acusado cesó sus efectos
por la orden emitida por el juez penal y al decretar la medida cautelar en el presente
asunto, el objeto es dejar de existir en el mundo jurídico conforme a su anulación
con sus efectos ex tunc, por lo tanto, procedió a ordenar la nulidad de la Resolución
38379 del 21 de agosto de 2013.
Finalmente, sobre el restablecimiento del derecho, sustentó que, al no presumirse
7 Folios 725 a 735, C1.
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la buena fe de la demandada, dadas las diversas situaciones que se presentaron
para obtener el reconocimiento de la pensión y de conformidad con la
jurisprudencia8 sobre el mencionado principio, ordenó el reintegro de los dineros
percibidos desde el reconocimiento de la pensión gracia hasta el momento en que
se efectuó la suspensión de los efectos jurídicos mediante el auto del 14 de mayo
de 2015; para ello, habilitó la opción de la suscripción del acuerdo del reembolso
que preste mérito ejecutivo, con los requisitos previstos y las facultades legales de
la entidad para reclamar el cobro de lo debido, en caso de incumplimiento.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada9 de su escrito de apelación puede inferirse que solicita
revocar la sentencia de primera instancia por considerar que cumplió con los
requisitos legales para obtener la pensión, pues aclaró que nunca tuvo vinculación
nacional con el Ministerio de Educación Nacional, argumento que sustenta en la
presunta irregularidad en el análisis probatorio, así como en las pruebas allegadas
al plenario al advertir que «las certificaciones de tiempo de servicio como de salarios
devengados expedida por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá se
tachan de falsas, al inducir en error al operador judicial desconociendo que debe certificar
que la demandada es una servidora pública remunerada DISTRITAL».
Precisa que desconoce los principios constitucionales sobre la función pública, el
régimen de vinculación de los docentes oficiales, entre tanto las Leyes 91 de 1989;
43 de 1975, 60 de 1993 y el Decreto 196 de 1995. Reitera los argumentos expuestos
en cuanto a la configuración de la cosa juzgada, al considerar que la situación
definida en la orden judicial, debidamente ejecutoriada, debe continuar incólume.
Finalmente, advierte que la decisión que declaró el acto administrativo nulo viola la
Constitución Política, el debido proceso y la ley sustancial, desconoce el principio
de la cosa juzgada, crea un defecto fáctico, sustantivo y crea falsos juicios
probatorios y jurídicos.
SOLICITUD PROBATORIA
El apoderado de la demandada, en el escrito de apelación solicitó el decreto de
pruebas en segunda instancia, asimismo, en escrito del 13 de agosto de 2019
adicionó la solicitud probatoria y vía correo electrónico del 21 de julio de 2020,
presentó incidente de nulidad y reiteró las pruebas requeridas. Mediante auto del 27
de agosto de 202010 el Despacho sustanciador decidió no dar trámite a la nulidad al
evidenciar que más allá de alegar una vulneración del debido proceso, se trataba
de una serie de argumentos que desarrollan inconformidad con la decisión adoptada
por el a quo y la valoración probatoria efectuada, especialmente, sobre los
8 Sentencia T-475 de 1992 de la Corte Constitucional y sentencias del 25 de abril de 2002, interno: 1783-2001;
10 de mayo de 2018, radicación: 20001-23-33-000-2014-00038-01; proferidas por el Consejo de Estado.
9 Folios 432 a 456, C1.
10 Índice 13 de SAMAI- Folio 919, C1.
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certificados expedidos por las Secretarías de Educación del Departamento de
Cundinamarca y de Bogotá D.C.
De igual manera, rechazó la solicitud de pruebas deprecadas en segunda instancia,
en razón a que lo expuesto por el apelante no configuraba los requisitos para su
procedencia según el artículo 212 del CPACA, sumado a que la potestad de oficio
del artículo 213 ibidem está encaminada a direccionar el asunto en el momento en
que el juez lo considere, sin que sea idóneo requerirlo para que lo realice, puesto
que la misma naturaleza del artículo evidencia el elemento condicionado al libre
ejercicio del juez cuando lo considere necesario.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada presentó alegatos de conclusión en el cual ratificó los
argumentos del recurso de apelación11 sobre los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia, tipo de vinculación y configuración del contrato realidad en la
prestación de servicios en calidad de docentes; adicionó además jurisprudencia y
argumentos sobre la irregularidad en el precedente de la Cosa Juzgada, en cuanto
considera que la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, dentro del proceso de prevaricato por omisión, desconoció el
principio de la cosa juzgada constitucional y viola los preceptos constitucionales12
y legales13, así como el precedente jurisprudencial vinculante14.
En escrito del 19 de abril de 2021 la demandante presentó oficio de tacha de
falsedad, reiterando los argumentos de la alzada; la cual fue rechazada en auto del
17 de mayo de 2022, con fundamento en el numeral 2.° del artículo 43 del CGP, al
considerar que este tipo de solicitudes desgastan al sistema judicial y entorpecen el
curso de la actuación procesal, en atención a que ya había sido resuelto lo alegado.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.15
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección, es el de determinar si el período de
labor oficial de la demandada como docente entre el 3 de febrero de 1977 y el 12
de febrero de 2003, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser
tenida en cuenta para consolidar la pensión gracia. Estudiar la configuración del
principio de cosa juzgada respecto del fallo de tutela proferido el 6 de octubre de
2010 por el Juzgado Segundo de Civil del Circuito de Magangué.
11 Índice 23 de SAMAI.
12 Artículos 91, 122, 305 y 315 de la Constitución Política.
13 Leyes 29 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001.
14 Sentencias C-355 de 2008, C-614 de 2009 y C-679 de 2011.
15 Folio 922, C1.
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Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos,
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(…)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones,
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
18Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual
dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del
Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de
1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202219 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
19 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.
Resolución del caso concreto
En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio, se
torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de
la prestación a favor de la demandada, radica en verificar la pertinencia o no de
computar un tiempo de servicio que la entidad accionante asegura que es de
carácter nacional. La configuración del principio de cosa juzgada respecto del fallo
de tutela proferido el 6 de octubre de 2010 por el Juzgado Segundo de Civil del
Circuito de Magangué.
Pues bien, de acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro
que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.
En efecto, si bien las tres normas citadas disponen que, además de los maestros
de escuelas primarias oficiales, también se debe reconocer el derecho a profesores
de escuelas normales, inspectores de instrucción pública y maestros que hubiesen
completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria, dicho reconocimiento solo se predica de aquel grupo de
docentes, siempre que tengan la connotación de haber sido vinculados en una plaza
nacionalizada o territorial.
Luego, aun si se trata de una docente vinculada por el Ministerio de Educación
Nacional que prestó sus servicios en educación primaria, secundaria o normalista,
esta no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Así las cosas, la Sala advierte que a la señora Elizabeth Jiménez Velandia le fue
reconocida la pensión gracia a través de la Resolución 38379 del 21 de agosto de
201320. Para el efecto, se encuentra demostrado que la UGPP tuvo en cuenta los
tiempos laborados por aquella como docente entre el 3 de febrero de 1977 y el 12
de febrero de 2003, esto es, por un tiempo aproximado de 26 años, lo cual permitiría,
en principio, inferir que la docente cumplía uno de los requisitos esenciales para ser
beneficiaria de la prestación en comento.
No obstante, al analizar el tipo de vinculaciones que tuvo la accionada a lo largo de
su historia laboral, se desprende que únicamente tuvo una vinculación nacional,
20 Folios 152 a 157, C1.
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pues mediante la Resolución 2720 de 31 de marzo de 197721 el Ministerio de
Educación Nacional por delegación Regional nombró a la señora Jiménez Velandia
como profesora de la Escuela Normal Nuestra Señora de la Paz, debidamente
posesionada el 4 de mayo de 197722, por el secretario general del Ministerio de
Educación, tal como se observa:
Esto aparece ratificado por el Oficio S-2017-69885 suscrito el 5 de mayo de 2017
por el profesional de la dependencia de certificaciones laborales de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C23., por el certificado de tiempo de servicio emitido el 20 de
marzo de 2012, los cuales indican con claridad que el vínculo sostenido durante el
referido lapso fue de carácter nacional.
21 Folios 533 a 534, C1.
22 Folio 532, C1.
23 Folio 529, C1.
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Por ello, contrario a lo manifestado por la parte demandada en el sentido de que
existe una irregularidad en el material probatorio obrante en el expediente (tal y
como fue expuesto no procede en esta instancia judicial ni la tacha de falsedad, en
tanto no es la oportunidad para realizarlo, ni tampoco se requieren las pruebas que
solicitó), para la Sala con ese material probatorio es posible inferir lógica y
válidamente, que la relación legal y reglamentaria de la actora a partir del 4 de mayo
de 1977 y hasta el 1.° de marzo de 2012 lo fue en calidad de docente nacional.
Dichos educadores son aquellos que fueron nombrados directamente por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, o por los gobernadores y
alcaldes del país en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas
autoridades podían administrar las plantas del personal docente de las instituciones
educativas nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la Ley 29 de 1989.
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Lo anterior, es suficiente para confirmar por este aspecto la sentencia impugnada,
pues es evidente que la demandada no cumplía con los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión gracia.
Resuelto lo anterior, se ocupará la Sala de analizar lo afirmado en el recurso de
apelación en el sentido de que existe cosa juzgada respecto de la orden impartida
en la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006, por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué; que ordenó el reconocimiento de la pensión aquí discutida y
que no fue objeto de revisión por la Corte Constitucional.
Acerca de la configuración de este fenómeno ha dicho la Corte Constitucional24,
«[…] De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa25.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura
de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional
decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura
cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal.
2.2.3. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La anterior
circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional, así se
verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones […]».
Ahora bien, sobre el principio Fraus Omnia Corrumpit, precisó26:
«[…] La cosa juzgada fraudulenta se presenta cuando la actuación aviesa al
derecho se materializa en la providencia, mientras que el fraude procesal no
necesariamente se reviste o tiene la calidad de la cosa juzgada. En este sentido, para
diferenciar ambos conceptos, Véscori plantea que la cosa juzgada fraudulenta se
predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos
procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad.”
[…] Finalmente, para defender los intereses generales de un avieso atentado a la
administración de justicia, existen herramientas internas y externas al proceso. A
24 SU-027 del 5 de febrero de 2021.
25 Mediante sentencia T-380 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) que citó la sentencia C-774 de 2001
(M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte recordó los elementos a tener en cuenta para analizar la cosa juzgada
constitucional, los cuales coinciden con aquéllos que deben identificarse para estudiar la temeridad, estos son:
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.
26 Sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012.
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más de ello, la posibilidad de acudir a los principios del derecho que a lo largo de la
historia se han manifestado de distinta forma. En todo caso, se trata de una
ponderación entre el precepto de fraus omnia corrumpit y la cosa juzgada, que
tampoco puede ser cuestionada de manera absoluta, pues perdería su razón de ser,
que obedece a la necesidad práctica social de contar con una resolución segura y
definitiva a una controversia […]».
Sobre la configuración de cosa juzgada en actos administrativos expedidos en
cumplimiento del fallo de tutela, esta Subsección27 ha dicho lo siguiente:
«[…] En este punto cabe reiterar que los actos administrativos emitidos en
cumplimiento de un fallo de tutela pueden ser objeto de demanda a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que en sede
constitucional únicamente se analiza la afectación de derechos fundamentales,
mientras que ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se realiza un
examen de legalidad por ser el juez natural para dirimir esta clase de conflictos. A lo
enunciado se suma que, en el presente caso, es fácil deducir que no concurren los
elementos consagrados en el Artículo 303 del CGP para que pueda afirmarse que
se configuró la cosa juzgada […]».
Es claro, que esa actuación fraudulenta no puede dar lugar a la cosa juzgada, pero,
además, no puede predicarse cosa juzgada en materia ordinaria. Lo anterior, porque
el asunto objeto de discusión se define en sede de lo contencioso-administrativo,
(por tratarse el reconocimiento de la pensión gracia), que no ha sido objeto de
estudio por el juez de la causa ni ante esta jurisdicción. por lo tanto, solo hasta la
decisión de segunda instancia, mediante la cual se consolide una situación jurídica,
se da la configuración de cosa juzgada en los términos del artículo 189 del CPACA
en concordancia con el artículo 303 del Código General del Proceso.
En conclusión, en este evento no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada.
Ahora bien, al revisar que el Tribunal accionado omitió analizar la prescripción,
fenómeno que al configurarse podría favorecer al apelante único, la Sala procede a
su estudio.
Análisis de la prescripción
Esta Subsección28 ha dispuesto que sobre el artículo 102 del Decreto 1848 de 1968,
no existe diferencia si la acción es presentada entre un empleado o la entidad
pública en acción de lesividad, en esos términos se ha analizado la prescripción del
derecho desde la fecha a partir de la cual se reconoció el derecho hasta los tres (3)
años anteriores al momento en que la UGPP presentó la demanda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
27 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2017.
Radicación: 54001-23-33-000-2012-00053-01 (2400-2014) y Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de
2020. Radicación: 73001-23-33-000-2015-00119-02(1812-19)
28 Sentencias del 8 de febrero de 2018, Radicación:52001-23-31-000-2012-00017-02(2740-2017); del 21 de
junio de 2018, Radicación: 52001-23-31-000-2012-00187-01 (1031-2016); 28 de octubre de 2021; Radicación:
66001-23-33-000-2015-00221-01 (4963-2018).
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Tal como se verifica, la entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia
mediante la Resolución 38379 del 21 de agosto de 2013, en una cuantía de
$1.342.867, efectiva a partir del 9 de enero de 2003. La UGPP, presentó el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,
el 30 de abril de 201429. Entonces no opera la prescripción, toda vez que no
trascurrió el término de 3 años.
Por lo expuesto anteriormente, la señora Elizabeth Jiménez Velandía, deberá
reintegrar a favor de la UGPP, las sumas que hubiese devengado por concepto del
reconocimiento de la pensión gracia, sobre el particular, tal como puede
evidenciarse la Resolución 38379 del 21 de agosto de 2013 ordenó con efectos
retroactivos el pago de la prestación, es decir, desde la fecha en que la demandada
cumplió el estatus de pensionada, esto es, el 9 de enero de 2003 hasta la
suspensión ordenada el 14 de mayo de 2015 en auto que resolvió la medida cautelar
(sin constancia de fecha a partir de la cual se hizo efectiva la misma); sumas que
deberá pagar debidamente indexadas.
En esa medida, se adicionará el fallo recurrido, en el sentido de precisar que no se
configura el fenómeno de la prescripción en las mesadas canceladas a la
demandada, se confirmará en todo lo demás según los términos de lo aquí
expuesto.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2.016),30 respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió
del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normatividad vigente.
En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, se
observa que hay lugar a la condena en costas, por las mismas razones que se
29 Según acta de reparto, visible a folio 228 del C,1.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-01781-01 (1233-2019)
ordenó la devolución de los dineros obtenidos de mala fe y al quedar demostrado
que durante el trámite del proceso en esta instancia judicial, la parte demandada de
manera intencional presentó reiterados escritos tal como quedó expuesto en el
acápite de pruebas de segunda instancia y de alegatos de conclusión, que
ocasionaron una dilación manifiesta del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero: Adicionar la sentencia del primero (1.°) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora
Elizabeth Jiménez Velandia en el sentido de ordenar que no se configura el
fenómeno de la prescripción en las mesadas canceladas a favor de la demandada.
Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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