Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2017-00222-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de la
sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
Según la demanda, el 9 de mayo de 2015, la Policía Nacional realizó operaciones
de aspersión de glifosato sobre varios predios ubicados en las veredas de Damasco,
El Turbio, Granadillo, La Floresta, Las Palmas, Las Piedras, Mata de Plátano, Santa
Rosa, Sidón y Santa Ana del municipio de Cumbitara - Nariño, lo que ocasionó la
pérdida de cultivos de maní, maíz, cacao, caña, yuca, plátano, pasto, de los cuales,
los integrantes del grupo derivaban su sustento.
II.ANTECEDENTES
Mediante demanda presentada el 9 de mayo de 20171, los señores Ligia Elsa
Cabrera Madroñero, Ayda Lucía Mora Portillo, Adriana Janneth Sotelo, Aida
Yaquelin Portillo Insuasty, Alba Neida Portilla, Anofre Wilson Solarte, Auda Elisa
1
Obrante a folios 1 – 103 del cuaderno 1.
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
Bethi Portillo Insuasty, Ayda Yamile Torres Solarte, Bernardo Inocencio Portillo,
Bertha Ligia Arboleda, Blanca Amalia Zambrano, Blanca Mery Segura Rodríguez,
Blanca Rubiela Torres Sotelo, Carlos David Ortega, Carlos Efrén Guevara, Carlos
Fabián Cabrera García, Clara Madroñero Rivas, Claudia Marilu Burbano Burbano,
Darwin Asntor Toro Arboleda, Diana Marleidy García Portillo, Doris Adeida Cabrera
Madroñero, Edgar Jaro Portillo Insuazty, Edis Julio Montilla Guerrero, Edison Arley
Rosero Carlozama, Elda Ruales García, Elvia María Vaca Goyes, Erica Dayanira
Ruales García, Ernestina Caicedo Yela, Esmeralda Yamile Armero, Esperanza
Bellanira Delgado Zambrano, Eufrasia Justina Rosero Carlosama, Fidel Alejandro
Cadena Bacca, Flor María Melo Delgado, Floricelda Esperanza Rojas Romero,
Florisel García Rodríguez, Geremías Mora Ojeda, Gladis Nelly Maya de Insuasty,
Gladys Oneyda Portillo Insuasty, Graciela Burgos, Héctor Favio Portillo Insuasti,
Hugo Gerardo Maya Portillo, James Aldrubal Solano Armero, Jarvis Iván Rosero
Bravo, Jeison Camilo Vega Toro, Jesús Fabio Gilberto López, Jesús Leonel Portillo
Insuasty, John Alexander Toro Cruz, John Jairo Maya Mena, José Fidenco
Benavides, José Leónidas Mora Ojeda, José Tito García Rodríguez, Karen Dayana
Guevara Córdoba, Lady Tatiana Portillo, Lorenzo Salas Hernández, Lucy Floriselda
Toro Maya, Luis Alfredo Ruales, Luis Aureliano Rosero, Luis Fernando Portilla, Luz
Mary Arboleda Toro, Maira Alejandra Guevara, Margarita Eufracia Sotelo Delgado,
María Ayde Carlosama Chicaiza, María Inés Portillo de Maya, María Leopoldina
Casanova, María Orfila Zamora Toro, María Zulma Almeida Gómez, Mario Fernando
Córdoba Sotelo, Mercy Patricia Chávez Goyes, Miguel Segundo Narváez España,
Miller Alexander Melo Portilla, Miro Endulfo Ortíz López, Nancy Patricia Zambrano,
Neri del Carmen Pérez Noguera, Nicolás Melo Díaz, Nicomedes Gonzalo Insuasti
Rosales, Nidia del Carmen Arboleda, Noralba Mora Portillo, Nubia Esperanza
Arboleda Toro, Oscar Mario Díaz Bermúdez, Oscar Damián Lara Valderrama, Oscar
Ewar Montenegro Rosero, Oscar Olivio Insuasti, Pablo Emilio Toro Córdoba, Pablo
Oswaldo Maya Portillo, Paola Andrea Rosero Carlosama, Paola Andrea Zambrano,
Ruth Arali Guerrero Ruales, Salvador Ordoñez Echeverry, Sandra Piedad Melo
Delgado, Segundo Bautista Sotelo Jurado, Seneyda Lucía Mora Agreda, Sonia
Edilma Ruales García, Tomás Florencio López Benavides, Trino Heraldo Salas
Guevara, Víctor Alfonso Velasco Cabrera, Yimer Arvey García Portillo, Yuli Carolina
Portillo Rojas y Diana Yaneth Rosales Narváez, por intermedio de apoderado
judicial2, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados
2
Obrante a folios 104 – 202 de los cuadernos 1, 2 y 3
2
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
a un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -
Policía Nacional-, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por
la aspersión de glifosato, que se llevó a cabo el 9 de mayo de 2015, sobre varios
cultivos ubicados en veredas pertenecientes al municipio de Cumbitara, Nariño.
El grupo demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y
condenas:
PRIMERA- Declarar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, solidaria, patrimonial y administrativamente responsables por
todos los daños y perjuicios tanto materiales como inmateriales (daño o
perjuicios morales y demás daños a que haya lugar) ocasionados al grupo de
agricultores demandantes y de aquellos que se integren al mismo en el curso
del proceso, con motivo de la destrucción sus (sic) cultivos de cacao, plátano,
frutales, maíz, yuca, cultivos de pancoger, entre otros cultivos lícitos, en hechos
ocurridos en las Veredas Damasco, El Turbio, Granadillo, La floresta, Las
Palmas, Las piedras, Mata de Plátano, Santa Rosa, Sidón, Santa Ana y Santa
Rosa del Municipio de Cumbitara (Nariño), el día 09 de mayo de 2015,
generados como consecuencia de las fumigaciones indiscriminadas con
glifosato realizada(sic) por la Policía Nacional -. Dirección de Antinarcóticos, al
asperjar con este químico venenoso los predios sobre los cuales ejercen
posesión o tenencia mis mandantes, acabando totalmente con sus cultivos
agrícolas allí instalados y sobre los cuales se reclama por medio de esta
demanda su reparación.
Ruego a su señoría a efectos de declarar la responsabilidad de las entidades
demandadas, en juicio tenga en cuenta el principio IURA NOVIT CURIA
desarrollada por la jurisprudencia nacional para esta clase de asuntos a efectos
de imputar responsabilidad a los demandados.
SEGUNDA.- Se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, a pagar al grupo de agricultores demandantes de condiciones
civiles antes descritas y de aquellos que se integren al mismo en el transcurso
del proceso, con cargo a sus presupuestos, por intermedio de su apoderado,
todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales (daño o perjuicios
morales y demás daños a que haya lugar), que se les ocasionaron, con la
destrucción de sus cultivos de cacao, plátano, frutales, maíz, yuca, cultivos de
pancoger, entre otros cultivos lícitos en los predios sobre los cuales ejercen
posesión o tenencia, conforme a la siguiente liquidación así:
A.- PERJUICIOS MATERIALES, se condene a pagar a los demandados por
este concepto en las siguientes modalidades de daño emergente y lucro
cesante (actual y futuro):
DAÑO EMERGENTE:
Por concepto de DAÑO EMERGENTE
Las demandadas deberán pagar los siguientes cultivos de cada uno de los
demandantes que comparecen a esta demanda, ello sin perjuicio de lo que se
prueben en el proceso y de aquellas personas que se integren al mismo en los
3
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
términos de ley, valores correspondientes a todos los gastos o valores
promedio, los cuales tuvieron que incurrir los accionantes para poder instalar y
poner a producir sus cultivos, como: Plateo químico, Plateo manual, Limpieza
General, Fertilizantes, Mantenimiento de drenajes, Mantenimiento de vías,
otros insumos y herramientas, costo de la cosecha, cosecha de fruto, transporte
de fruto, asistencia técnica, administración de imprevistos, etc., valores
tomados del concepto pericial emitido por el Ing. Agrónomo JORGE ENRIQUE
CASTRO FIGUEROA, conforme tabla anexa, y valores acordes a la estimación
realizada en el formulario de queja de algunos afectados y al estimar la
cuantía3.
LUCRO CESANTE: (actual y futuro)
El valor del Lucro Cesante que deberá pagar la entidad demandada a todos y
cada uno de los demandantes corresponde a las sumas de dinero que los
cultivos de cacao, plátano, maíz entre otros cultivos lícitos destruidos, dejaron
de producir a favor de los afectados durante su término de producción
(Proyectado a la vida del cultivo), en la modalidad de lucro cesante actual y
lucro cesante futuro conforme a la siguiente liquidación:
LUCRO CESANTE ACTUAL:
Las demandadas deberán reconocer y pagar, a todos y cada uno de mis
poderdantes, por este concepto, conforme a la siguiente liquidación, sin
perjuicio de lo que resulte probado en el proceso, valor correspondiente a los
dineros que dejaron de producir a su favor, los cultivos de cacao, plátano, entre
otros cultivos lícitos, destruidos con la fumigación aérea con herbicida
GLIFOSATO, realizada el día 09 de mayo de 2015, por aeronaves
pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, durante
su término de producción (Proyectado a la vida del cultivo), conforme a la
siguiente liquidación, sin perjuicio de lo que resulte probado dentro del proceso,
monto contabilizado desde el día 09 de mayo de 2015, fecha en que se
causaron los daños a los cultivos de propiedad de mis representados hasta la
fecha de presentación de la presente demanda (09 de mayo de 2017), valores
tomados del concepto pericial emitido por el Ing. Agrónomo JORGE ENRIQUE
CASTRO FIGUEROA, conforme se relacionan para cada demandante en
cuadro siguiente4.
LUCRO CESANTE FUTURO
Las demandadas deberán reconocer y pagar, a todos y cada uno de mis
poderdantes, por este concepto, conforme a la siguiente liquidación, sin
perjuicio de lo que resulte probado en el proceso, valor correspondiente a los
dineros que dejaron de producir a su favor, los cultivos de cacao, plátano, entre
otros cultivos lícitos, destruidos con la fumigación aérea con herbicida
GLIFOSATO, realizada el día 09 de octubre de 2014(sic), por aeronaves
pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, durante
su término de producción (Proyectado a la vida del cultivo), conforme a la
siguiente liquidación, sin perjuicio de lo que resulte probado dentro del proceso,
monto contabilizado desde la presentación de la presente demanda (9 de mayo
3
El escrito de demanda procede a elaborar varios cuadros en los que se identifica a cada integrante
del grupo, su predio y una estimación económica del daño ocasionado. Dada su extensión no se
transcribirá en este aparte. Ese listado obra a folios 5 a 17 del cuaderno 1.
4
Ibidem, folio 17 del cuaderno 1.
4
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
de 2016), hasta el tiempo de vida productiva de los cultivos afectados, (valores
tomados del concepto pericial emitido por el Ing. Agrónomo JORGE ENRIQUE
CASTRO FIGUEROA. Conforme (sic) se relacionan para cada demandante en
cuadro siguiente5.
En los anteriores cuadros si bien se relacionan cultivos denominados frutales,
estos no se cobran por no poderse cuantificar.
Los valores establecidos por daño emergente y lucro cesante (actual y futuro)
servirán de fundamento para la liquidación de los daños de los demás
agricultores que también demuestren el daño, es decir para aquellos que están
en la demanda como para aquellos que lleguen al proceso con posterioridad.
b. PERJUICIOS MORALES:
El equivalente en moneda Nacional a 100 salarios mínimos mensuales
vigentes, para todos y cada uno de los demandantes y los que se adhieran al
proceso, por concepto de perjuicios morales o “Pretium Doloris”, consistentes
en el profundo trauma psicológico que produce el hecho de saberse que se es
víctima de la destrucción total de sus cultivos de cacao, yuca, plátano, entre
otros cultivos lícitos producto del esfuerzo y dedicación, fueron destruidos en
su totalidad, cultivos que les permitía autoabastecerse por sí mismos (sic) y
sustentar los gastos propios de una vida digna, y luego quedar en condiciones
de miseria que les ha ocasionado la privación de los alimentos básicos para su
subsistencia y bienestar, dolor que lo entienden todas las personas que han
vivido en condiciones de marginalidad que no permiten desarrollarse en su
autonomía y personalidad, dolor íntimo nacido por la destrucción total de sus
cultivos lícitos, producto de un acto arbitrario nacido por la falta de
responsabilidad de la Administración, máxime cuando el hecho es cometido por
miembros de la Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos, entidad que tiene
el deber constitucional de velar por la vida y bienes de todas las personas
residentes en Colombia.
C. Por concepto de DAÑOS INMATERIALES O DAÑO A LA VIDA DE
RELACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA
Las convocadas deberán pagar a todos y CADA UNO de mis poderdantes y los
que se adhieran al proceso, el equivalente en moneda Nacional de 100 salarios
mínimos mensuales vigentes, por concepto de daños a la vida de relación o
alteración de las condiciones de existencia o cualquier otro daño inmaterial que
resulte probado, ya que con el actuar de las convocadas se han generado
problemas de índole económico que ha repercutido negativamente en el
cambio del comportamiento de mis poderdantes contribuyendo con la
alteración de su vida social y familiar.
TERCERA.- Que la suma que ordene pagar al grupo de agricultores de Veredas
Damasco, El Turbio, Granadillo, La Floresta, Las Palmas, Las Piedras, Mata de
Plátano, Santa Rosa, Sidón, Santa Ana y Santa Rosa del Municipio de
Cumbitara (Nariño), acorde con la anterior condena, se reconozca actualizada
a la fecha de la sentencia ejecutoriada que la apruebe, conforme a lo previsto
en el artículo 187 del C.P.A.C.A, tomando como base para la liquidación la
variación del Índice de Precios al Consumidor.
5
Ibidem, folio 18 del cuaderno 1.
5
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
CUARTA. - Ordenar a dar cumplimiento del fallo dentro del término de diez (10)
(sic) previsto en el artículo 65 del numeral 3º de la Ley 472 de 1998.
QUINTA. - Si no da cumplimiento al fallo dentro de los diez (10) días, pague
intereses moratorios conforme lo indica el artículo (sic) Que (sic) las entidad
(sic) demandada acepte dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto
en el artículo 195 del C.P.A.C.A.
SEXTA. - Que se condene en costas a las entidades demandadas, conforme
al artículo 65 numeral 5º de la Ley 472 de 1998 y 188 del C.P.A.C.A.
SÉPTIMA. - Se ordene el reconocimiento de honorarios equivalente al 10% de
la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no
hayan sido representados judicialmente en mi condición de abogado
coordinador.
Como fundamento fáctico, se narró lo siguiente:
La economía del municipio de Cumbitara se basa principalmente en actividades
agrícolas, dadas las condiciones climáticas y topográficas de la región, por lo que
parte de su población está conformada por familias campesinas dedicadas a la
agricultura.
El día 9 de mayo de 2015, la Policía Nacional realizó varias aspersiones aéreas con
glifosato sobre las veredas del municipio de Cumbitara: Damasco, El Turbio,
Granadillo, La Floresta, Las Palmas, Las Piedras, Mata de Plátano, Santa Rosa,
Sidón, Santa Ana y Santa Rosa.
Como consecuencia de estas aspersiones los cultivos de cacao, plátano, frutales,
maíz, maní, caña, yuca, plátano y pasto de los cuales los integrantes del grupo
demandante derivaban su sustento, se marchitaron, descompusieron y murieron.
Días después de los hechos, los demandantes solicitaron a la Alcaldía municipal de
Cumbitara una visita técnica a sus predios, con el fin de que se verificara el estado
de sus plantaciones y la inexistencia de cultivos ilícitos.
2. Trámite de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda en auto del 15 de mayo de
2017 y ordenó fijar aviso mediante el cual se informara a la comunidad sobre el
6
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
inicio del proceso6. La entidad demandada, el Ministerio Público, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo Regional fueron
notificadas en debida forma7.
El aviso fijado el 13 de junio de 2017, en el que se informó a la comunidad del
municipio de Cumbitara de la existencia del medio de control y la oportunidad para
hacerse parte del grupo demandante8. Este también fue publicado en el diario La
República y difundido a través de la cadena radial HSB radio9.
La Policía Nacional contestó la demanda10 y se opuso a sus pretensiones. Propuso
la excepción de falta de legitimación en la causa, ya que consideró que no se había
probado ni siquiera la posesión sobre los predios afectados; con respecto del daño,
consistente en la pérdida de los cultivos de los demandantes, consideró que no se
había logrado probar su existencia, ni una relación de causalidad con las
actuaciones de la entidad, pues, el tipo de plantaciones citadas por los demandantes
son propensas a padecer de enfermedades fitosanitarias.
Con respecto al hecho dañoso, señaló que dado que la Dirección de Antinarcóticos
de la Policía Nacional no certificó que el día 9 de mayo de 2015 se hubieran
realizado operaciones de aspersión de glifosato sobre la zona supuestamente
afectada, y que la Umata del municipio no diligencia la recepción de quejas por
daños a actividades agrícolas lícitas, ni existe constancia de que los accionantes
hubieran interpuesto estas quejas, no es posible afirmar que la Policía Nacional
fumigó las veredas del municipio de Cumbitara, para la época de los hechos.
Pero, la demandada, de forma contradictoria, también argumentó haber adelantado
las operaciones de aspersión el 9 de mayo de 2015, de conformidad con el
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos de
la Policía Nacional y observando todos los parámetros del Plan de Manejo
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural.
6
Obrante a folios 713 – 715 del cuaderno 4.
7
Obrante a folios 716 – 717 del cuaderno 4.
8
La cual corrió desde la publicación del aviso - 13 de junio de 2017- hasta la fecha en que se fijó
audiencia en la que se dio apertura al periodo probatorio - 4 de septiembre de 2017. Obrante a folio
765 del cuaderno 4.
9
Obrante a folios 780 – 781 del cuaderno 4.
10
Obrante a folios 718 – 751 del cuaderno 4.
7
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
Mediante auto del 4 de septiembre de 201711, el Tribunal Administrativo de Nariño
abrió el proceso a pruebas. El 29 de noviembre de 2017, se adelantó la audiencia
de pruebas. La audiencia fue suspendida y reanudada el 15 de marzo de 2018 12.
En auto del 23 de marzo de 201813, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
La Policía Nacional, al alegar de conclusión14, reiteró los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda y se opuso a la efectividad del dictamen pericial,
pues consideró que no se había justificado la idoneidad del perito, ni se había
realizado una visita al lugar de los hechos para verificar el estado de los cultivos
afectados.
El grupo demandante también presentó sus alegatos de conclusión15. Manifestó que
el daño quedó probado a través de la visita realizada por la Umata del municipio de
Cumbitara, los testimonios y el dictamen pericial practicados en el proceso, y que
no se logró demostrar una causa extraña que hubiera generado la pérdida de los
cultivos, porque lo cierto era que las plantaciones no sufrían de problemas
fitosanitarios. Además, aclaró que los demandantes no acudían al proceso en
calidad de propietarios, sino de poseedores de los predios afectados, y que el
ánimo de señor y dueño sobre estos terrenos, había sido acreditado mediante varios
contratos de compraventa y certificados de la Alcaldía Municipal.
La Procuraduría 156 Judicial Administrativa de Pasto intervino mediante concepto
64-18 del 201816, con el fin de señalar que la Policía Nacional no logró probar que
realizó las operaciones de aspersión empleando todos los recursos humanos,
técnicos y financieros que permitieran minimizar los daños causados por la
fumigación, pues no se acreditó el cumplimiento de protocolos para la identificación
de cultivos ilícitos.
11
Obrante a folios 794 -796 del cuaderno 4.
12
Obrante a folio 950 del cuaderno 5.
13
Obrante a folio 954 del cuaderno 5.
14
Obrante a folios 956 – 978 del cuaderno 5.
15
Obrante a folios 992 -998 del cuaderno 5.
16
Obrante a folios 1017 -1038 del cuaderno 5.
8
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de noviembre de 201817, el Tribunal Administrativo de
Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:
PRIMERO. - DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la
apoderada legal parte demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL denominadas: “Ausencia de responsabilidad y falta de
legitimación en la causa por activa”.
SEGUNDO. - DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los
perjuicios ocasionados en hechos ocurridos el día quince (15) de mayo de
2015, a las personas que a continuación se relacionan:
N° Nombre Cedula
1 LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO 59.806.164
2 AYDA LUCIA MORA PORTILLO 1.087.748.432
3 ADRIANA JANNETH SOTELO SEGURA 1.087.749.828
4 AIDA YAQUELIN PORTILLO INSUASTY 59.255.028
5 ALBA NEIDA PORTILLA PORTILLA 59.818.833
6 ONOFRE WILSON SOLARTE 98.367.448
7 AUDA ELISA BETHI PORTILLO INSUASTY 27.314.709
8 AYDA YAMILE TORRES SOLARTE 1.086.697.636
9 BERNARDO INOCENCIO PORTILLO CANARES 5.286.007
10 BERTHA LIGIA ARBOLEDA 27.187.896
11 BLANCA AMALIA ZAMBRANO NARVÁEZ 27.187.778
12 BLANCA MERY SEGURA RODRIGUEZ 41.125.976
13 BLANCA RUBIELA TORRES SOTELO 27.315.034
14 CARLOS DAVID ORTEGA PORTILLA 1.086.697.467
15 CARLOS EFREN GUEVARA 5.287.785
16 CARLOS FABIAN CABRERA GARCIA 1.087.750.866
17 CLARA MADROÑERO RIVAS 27.314.300
17
Obrante a folios 1030 -1072 del cuaderno principal.
9
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
18 CLAUDIA MARILU BURBANO BURBANO 59.123.435
19 DARWIN HASNTOR TORO ARBOLEDA 1.087.750.263
20 DIANA MARLEIDY GARCIA PORTILLO 1.087.748.510
21 DORIS ADEIDA CABRERA MADROÑERO 41.117.777
22 EDGAR JAIRO PORTILLO INSUASTY 98.367.327
23 EDIS JULIO MONTILLA GUERRERO 12.264.725
24 EDISON ARLEY ROSERO CARLOZAMA 1.004.572.633
25 ELDA NANCY RUALES GARCÍA 1.085.252.396
26 ELVIA MARIA VACA GOYES 69.030.994
27 ERICA DAYANIRA RUALES GARCIA 59.311.013
28 ERNESTINA CAICEDO YELA 27.314.367
29 ESMERALDA YAMILE ARMERO AROCA 29.741.045
30 ESPERANZA BELLANIRA DELGADO ZAMBRANO 41.118.263
31 EUFRASIA JUSTINA ROSERO CARLOSAMA 27.314.399
32 FIDEL ALEJANDRO CADENA BACCA 1.087.751.402
33 FLOR MARIA MELO DELGADO 1.087.749.238
34 FLORICELDA ESPERANZA ROJAS ROMERO 59.330.030
35 FLORISEL GARCIA RODRIGUEZ 27.187.364
36 GEREMIAS MORA OJEDA 98.367.333
37 GLADIS NELLY MAYA DE INSUASTI 27.313.896
38 GLADYS ONEYDA PORTILLO INSUASTY 59.805.682
39 GRACIELA BURGOS 59.805.337
40 HECTOR FABIO PORTILLO INSUASTY 98.393.341
41 HUGO GERARDO MAYA PORTILLO 5.287.023
42 JAMES ASDRUBAL SOLANO ARMERO 1.087.752.395
43 JARVIS IVAN ROSERO BRAVO 98.367.660
44 JEISON CAMILO VEGA TORO 1.089.244.787
10
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
45 JESÚS FABIO GILBERTO LOPEZ 98.422.486
46 JESÚS LEONEL PORTILLO INSUASTY 5.286.948
47 JOHN ALEXANDER TORO CRUZ 1.112.473.183
48 JOHN JAIRO MAYA MENA 1.085.280.539
49 JOSE FIDENCIO BENAVIDES MELO 98.422.437
50 JOSÉ LEONIDAS MORA OJEDA 87.380.030
51 JOSE TITO GARCIA RODRIGUEZ 87.360.022
52 KAREN DAYANA GUEVARA CÓRDOBA 1.144.087.706
53 LADY TATIANA PORTILLO ROJAS 1.087.750.703
54 LORENZO SALAS HERNANDEZ 5.244.429
55 LUCY FLORISELDA TORO MAYA 41.119.117
56 LUIS ALFREDO RUALES 12.870.278
57 LUIS AURELIANO ROSERO CARLOSAMA 5.287.403
58 LUIS FERNANDO PORTILLA 1.085.267.597
59 LUZ MARY ARBOLEDA TORO 59.806.450
60 MAIRA ALEJANDRA GUEVARA CÓRDOBA 1.087.752.060
61 MARGARITA EUFRACIA SOTELO DELGADO 27.314.502
62 MARIA AYDE CARLOSAMA CHICAIZA 59.856.273
63 MARIA INES PORTILLO DE MAYA 27.312.564
64 MARIA LEOPOLDINA CASANOVA 63.465.756
65 MARIA ORFILA ZAMORA TORO 1.087.748.683
66 MARIA ZULMA ALMEIDA GOMEZ 1.112.223.201
67 MARIO FERNANDO CÓRDOBA SOTELO 1.086.697.097
68 MERCY PATRICIA CHAVEZ GOYES 36.752.116
69 MIGUEL SEGUNDO NARVAEZ ESPAÑA 18.152.848
70 MILLER ALEXANDER MELO PORTILLA 1.112.099.653
71 MIRO ENDULFO ORTIZ LOPEZ 94.281.499
11
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
72 NANCY PATRICIA ZAMBRANO ZAMBRANO 37.085.211
73 NERI DEL CARMEN PEREZ NOGUERA 41.182.890
74 NICOLAS JULIO MELO DIAZ 5.245.307
75 NICOMEDES GONZALO INSUASTI ROSALES 5.286.161
76 NIDIA DEL CARMEN ARBOLEDA TORO 9.805.856
77 NORALBA MORA PORTILLO 1.087.748.431
78 NUBIA ESPERANZA ARBOLEDA TORO 59.805.697
79 OSCAR MARIO DIAZ BERMUDEZ 1.114.732.483
80 OSCAR DAMIAN LARA VALDERRAMA 12.200.263
81 OSCAR EDWAR MONTENEGRO ROSERO 87.069.341
82 OSCAR OLIVIO INSUASTI MAYA 98.422.443
83 PABLO EMILIO TORO CÓRDOBA 5.286.563
84 PABLO OSWALDO MAYA PORTILLO 18.152.472
85 PAOLA ANDREA ROSERO CARLOSAMA 1.004.573.445
86 PAOLA ANDREA ZAMBRANO LINARES 1.085.316.616
87 RUTH ARALI GUERRERO RUALES 36.954.083
88 SALVADOR ORDOÑEZ ECHEVERRY 94.253.769
89 SANDRA PIEDAD MELO DELGADO 1.087.752.645
90 SEGUNDO BAUTISTA SOTELO JURADO 98.422.464
91 SENEYDA LUCIA MORA AGREDA 59.806.422
92 SONIA EDILMA RUALES GARCÍA 36.758.960
93 TOMAS FLORENCIO LOPEZ BENAVIDES 5.286.838
94 TRINO HERALDO SALAS GUEVARA 18.111.635
95 VICTOR ALFONSO VELASCO CABRERA 1.134.714.335
96 YIMER ARVEY GARCIA PORTILLO 1.086.017.082
97 YULI CAROLINA PORTILLO ROJAS 1.087.751.422
DIANA YANETH ROSALES NARVAEZ 1.086.695.360
98
12
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
TERCERO. - CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL pero con cargo al presupuesto de esta última, al pago de una
indemnización colectiva por los perjuicios ocasionados a los demandantes
anteriormente relacionados, con correspondencia a los valores designados para
cada accionante en la presente providencia.
CUARTO. - ESTABLECER que los requisitos que deben cumplir los beneficiarios
que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la
indemnización correspondiente en los términos señalados en el artículo 61 de la
Ley 472 de 1998, son los mismos consignados en el numeral tercero de esta
providencia.
QUINTO. - El monto de la indemnización que se estableció en la presente
providencia, se entregará al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
E INTERESES COLECTIVOS, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria, el cual será administrado por el DEFENSOR DEL PUEBLO y a cargo
del cual se pagarán, en los términos del numeral 3 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO.- ORDENAR a las partes de este proceso, la publicación, por una sola
vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional,
dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere
ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los
interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron
al proceso, para que se presenten al Tribunal, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.
SÉPTIMO. - Condenar en costas a la parte vencida en el presente asunto, es decir
a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL con cargo a
ésta última la cual se adelantará por la Secretaría de la Corporación, teniendo en
cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.
OCTAVO. - ORDENAR que la liquidación de los honorarios de la abogada,
HUMAR YOLANDA CUELLAR ROMAN, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 41.160.039 de Colón (Putumayo) y T.P No. 261.246 expedida por el C.S. de
la Judicatura, corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que
obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados
judicialmente.
NOVENO. - ORDENAR que por Secretaría de la Corporación se envíe una copia
de la demanda, del auto admisorio de la demanda y del fallo definitivo, con destino
al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo que lleva la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998.
El a-quo consideró que la entidad demandada estaba llamada a responder, bajo el
régimen de responsabilidad objetiva, a título de riesgo excepcional, dado que se
probó la calidad de poseedores o tenedores de los demandantes sobre los
inmuebles afectados, porque en la zona no existían cultivos ilícitos y no se probó
una causa extraña que rompiera el nexo causal.
Además, argumentó que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional incumplió
con los procedimientos y protocolos establecidos para la identificación de cultivos
13
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
ilícitos antes de realizar la aspersión, lo que llevó a que la fumigación se hiciera de
manera generalizada.
Así, con fundamento en los valores establecidos en el dictamen pericial, el Tribunal
accedió al reconocimiento de perjuicios materiales a favor de los integrantes del
grupo demandante; pero consideró que no se logró probar el acaecimiento de
perjuicios inmateriales por cuenta de la pérdida de los cultivos.
4. Los recursos de apelación
El grupo demandante apeló el fallo de primera instancia18, con el fin de obtener el
reconocimiento de perjuicios inmateriales, lucro cesante actual y futuro, con
fundamento en que con los testimonios de los señores Ángel Daniel Mesa Padilla,
Gina Paola Hoyos Posso y Gloria Amparo Maya Portillo se logró acreditar la
afectación psicológica y emocional que sufrieron los integrantes del grupo como
consecuencia de la fumigación de sus cultivos. Y, en cuanto al lucro cesante, la
parte manifestó su desacuerdo debido a que el Tribunal se limitó a reconocer
perjuicios materiales sin hacer una diferenciación entre lucro cesante y daño
emergente.
La Policía Nacional también interpuso recurso de apelación19, en el que reiteró que
para el día 9 de mayo de 2015 no se realizaron operaciones de aspersión aérea
sobre la zona supuestamente afectada, razón por la cual, afirma, no es posible
acreditar la relación causal entre las afectaciones que sufrieron los cultivos y la
posible conducta de la entidad. Además, consideró que existía una falta de
legitimación en la causa dado que en el proceso solo se probó la posesión sobre los
predios afectados, no la propiedad de los demandantes sobre estos bienes
inmuebles.
18
Obrante a folios 1118 – 1121 del cuaderno principal.
19
Obrante a folios 1122 – 1134 del cuaderno principal.
14
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
5. El trámite en segunda Instancia
Los recursos fueron admitidos por esta Corporación el 14 de junio de 2019 20, y,
mediante providencia del 11 de julio de 2019 21, notificada por estado el día 23 de
julio de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto, si lo consideraba pertinente.
La Policía Nacional, en sus alegatos de conclusión22, consideró que la parte
demandante no logró probar el daño como primer elemento de la responsabilidad
extracontractual, pues en ningún momento se establecieron las circunstancias de
tiempo, modo, lugar, área afectada, individualización de los predios, sujetos ni
cultivos afectados. Reiteró que no se probó la titularidad sobre los bienes inmuebles
afectados, el dictamen pericial fue impreciso al momento de determinar el deterioro
que sufrieron las plantaciones, y tampoco se acreditó una relación de causalidad
con las acciones de la entidad, dado que para esa fecha no se realizaron
operaciones de fumigación aérea.
La Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, mediante concepto
118 del 21 de agosto de 201923, intervino en el sentido de señalar que la aspersión
aérea de herbicidas constituye una actividad peligrosa que enmarca el análisis de
responsabilidad bajo el régimen objetivo por riesgo excepcional. Señaló que el
grupo demandante sí se encuentra legitimado en la causa, dado que no reclamaron
los daños en calidad de propietarios sino de poseedores, pero, a pesar de ello,
según su concepto, las pretensiones no están llamadas a prosperar debido a que
no se logró probar el nexo causal entre las fumigaciones y el deterioro de los
cultivos.
Por tanto, el Ministerio Público sugirió decretar una prueba de oficio para que el
municipio de Cumbitara o el técnico de la Umata que realizó las visitas oculares
certifique cuál era el estado de los cultivos y la causa de su deterioro, y, por el otro,
consideró que de no ser decretada esta prueba la sentencia de primera instancia
debía ser revocada.
20
Obrante a folio 1147 del cuaderno principal.
21
Obrante a folio 1151 del cuaderno principal.
22
Obrante a folios 1153 – 1157 del cuaderno principal.
23
Obrante a folios 1174 – 1190 del cuaderno principal.
15
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable
El artículo 68 de la Ley 472 de 1998 determina que, tratándose de acciones de
grupo, los vacíos normativos se integran directamente con las normas del Código
de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso–, de allí que, en principio,
podría concluirse que para el trámite del presente caso debería darse aplicación
preferente a este último estatuto procesal.
No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera dispuso que la integración
normativa del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
se hará con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo que la remisión que efectúa la Ley 472 de 1998, solo resulta
viable en aquellos eventos en que no existieran disposiciones en la Ley 1437 de
2011 que regularan expresamente la materia y que tuvieran que ver con el medio
de control específico.
En conclusión, dado que la demanda se presentó el 9 de mayo de 2017 24, en lo no
previsto en la Ley 472 de 1998, al caso concreto se hacen aplicables las reglas
contenidas en la Ley 1437 de 2011.
La Sala precisa que los recursos de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia se presentaron el 7 y 8 de mayo de 201925, por lo que no resultan
aplicables las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 202126.
24
Obrante a folios 103 del cuaderno 1.
25
Obrante a folios 1118 – 1134 del cuaderno principal.
26
En virtud de lo señalado en los artículos 40 de la Ley 153 de 1987 y 86 de la Ley 2080 del 28 de
enero de 2021, en cuanto: “(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos”.
16
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
2. Competencia del Consejo de Estado
Esta Corporación es competente para conocer del presente caso, dado que, de
conformidad con los artículos 5027 de la Ley 472 de 1998, 15028 y 152.1629 de la Ley
1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 30, se
trata de un asunto que, por una parte, se suscitó con ocasión del ejercicio del medio
de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, originado en la
acción u omisión de entidades públicas, y fue decidido en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Nariño.
3. Ejercicio oportuno de la acción
La Ley 1437 de 2011 modificó la Ley 472 de 1998, entre otros aspectos, en cuanto
a la oportunidad para presentar la demanda. El término de caducidad aplicable al
presente asunto es el establecido en el literal h, del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 201131, es decir, de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha
en que se causó el daño.
27
Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos
que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.
28
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia.
29
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)16. De los relativos a
la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
30
Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las
demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
31
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo
proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de
la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
17
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
En el presente asunto, los demandantes pretenden la reparación de los perjuicios
ocasionados por las aspersiones aéreas con glifosato adelantadas en el municipio
de Cumbitara - Nariño el 9 de mayo de 2015. Por tanto, al haberse presentado la
demanda el 9 de mayo de 201732, la Sala concluye que fue interpuesta dentro del
término previsto para ello.
4. Procedibilidad del medio de control de perjuicios causados a un grupo
El artículo 48 de la Ley 472 de 1998 establece que el titular de la acción de grupo
es toda persona que hubiere sufrido un perjuicio individual, pero, al momento de
interponer la demanda, actúe en nombre de un grupo no inferior a 20 personas que
se hayan visto damnificadas individualmente por una misma causa. Así, es posible
que la demanda sea presentada por una o varias personas siempre que
pertenezcan al grupo afectado.
En el presente asunto, la parte demandante pretende la reparación de los supuestos
daños ocasionados con las aspersiones aéreas con glifosato efectuadas por la
Policía Nacional en la jurisdicción del municipio de Cumbitara, Nariño, el 9 de mayo
de 2015, por lo que la Sala considera que la causa u origen del daño formulado en
esos términos resulta común a todos los miembros del grupo.
Además, la demanda fue presentada por noventa y ocho (98) personas
debidamente identificadas33, por conducto de abogado34, quienes manifestaron
resultar afectadas por la pérdida de sus cultivos como consecuencia de la
fumigación con glifosato adelantada el día 9 de mayo de 2015. De esta forma la
Sala considera que el grupo demandante cumplió con los requisitos contemplados
en los artículos 48 y 49 de la Ley 472 de 1998.
Adicionalmente, las pretensiones de la demanda son netamente reparatorias debido
a que están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados por las aspersiones aéreas con glifosato.
32
Obrante a folio 103 del cuaderno 1.
33
Documentos de identidad obrantes desde el folio 103 hasta el cuaderno 3.
34
Poderes obrantes desde el folio 104 del cuaderno 1 hasta el cuaderno 3.
18
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
5. Legitimación en la causa
Los integrantes del grupo demandante acuden en calidad de directos afectados por
la pérdida de los cultivos situados en los predios sobre los cuales afirman ser
poseedores de buena fe, ubicados en las diferentes veredas previamente
relacionadas, pertenecientes al municipio de Cumbitara del departamento de
Nariño, los cuales resultaron afectados como consecuencia de la aspersión aérea
de glifosato que, según afirman, se llevó a cabo en la zona en la que realizaban sus
actividades agrícolas.
Resulta necesario precisar que la figura jurídica de la legitimación en la causa activa
permite que una persona, que hace parte de una relación jurídica, pueda reclamar
un daño, en razón a que ostenta la titularidad del bien jurídico vulnerado. Sobre el
punto en cuestión, se precisa que el reclamo sobre bienes inmuebles debe ser
formulado por el propietario, poseedor o tenedor del predio, según la calidad en la
que se presente al proceso.
Ahora bien, esta Corporación35 ha determinado que cuando se acredita la calidad
de poseedor, se reconoce un derecho «que por supuesto detenta una lógica
patrimonial»36, constituyendo así la posibilidad que tiene una persona que ha
padecido una lesión, afectación o alteración sobre éste, reclamar «una
indemnización de perjuicios con representación pecuniaria»37
Al respecto, el Código Civil Colombiano en su artículo 2342 establece que «puede
pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la
cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el
usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso.
Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligación de
responder por ella; pero solo en ausencia del dueño».
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 1 de octubre de 2014, exp. 25000232600020020034301 (33767), CP: Carlos Alberto
Zambrano Barrera
36
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 22 de julio de 2009; Exp. 20528
37
Ibidem.
19
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
A su vez, el artículo 762 ibidem definió la posesión como «la tenencia de una cosa
determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal,
tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de
él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo».
Así es claro que, en materia de derecho de daños, quien argumenta la posesión de
una cosa está legitimado para exigir la correspondiente indemnización por el
menoscabo del bien sobre el cual ejerce los derechos correspondientes, con ánimo
de señor y dueño.
La jurisprudencia de esta Corporación38 ha sido enfática en sostener que todo aquel
que pretenda demostrar el ejercicio de su derecho de posesión sobre un bien, sea
en nombre propio o como tercero poseedor, debe acreditar, mediante prueba idónea
tal situación, así:
En la teoría de la apariencia jurídica hay algunas relaciones de hecho que
sustituyen a las relaciones de derecho, y a las cuales es necesario,
conveniente y lícito reconocerles ciertos efectos jurídicos para la seguridad
jurídica.
[…]
Cuando la posesión no se deriva del derecho de propiedad, se basa en una
situación de hecho, no corresponde a un derecho preexistente y se colige
de la demostración de dos situaciones:
• De una manifestación externa, es decir del signo o de los actos que lo
revelan ante los ojos de los terceros. Esta manifestación de voluntad
externa, se constituye por una situación de hecho que consiste en una
relación material directa o indirecta entre una persona y una cosa. Dicho de
otro modo, es lo que se llama el corpus; éste se entiende como el conjunto
de actos materiales que se están realizando continuamente durante todo el
tiempo que dure la posesión, y además, constituyen su manifestación visible,
la manera de ser comprobada por los sentidos.
• De un estado anímico, o sicológico del poseedor en que se considera como
señor y dueño (animus); éste es el respaldo a los actos posesorios ejercidos
sobre la cosa; es la voluntad de tenerla para sí, de modo libre e
independiente de la voluntad de otra persona, y en función del derecho
correspondiente, sea que éste realmente exista en cabeza del poseedor o
no; sin este ánimo se da solo una fría relación física, sin alma, un hecho
material sin verdadero contenido jurídico, sin vida ante el derecho.
En virtud de lo anterior, la Sala destaca que, en la demanda, en el recurso de
apelación y en los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia, el grupo
38
Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de marzo de 2000; Exp. 12497
20
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
demandante se presenta al proceso en calidad de poseedor de los predios
afectados, y para tal fin, aportó las siguientes pruebas:
• Constancias emitidas por la Secretaría de Planeación del municipio de Cumbitara39
en las que se acredita que cada uno de los integrantes del grupo ejerce “sana
posesión” sobre los predios ubicados en la zona que, alegan, fue objeto de
aspersión con glifosato. En estos documentos se observan los datos de
identificación de cada uno de los demandantes, así como la fecha desde que
ejercen posesión y los datos de identificación y delimitación del predio.
• Los respectivos contratos de compraventa suscritos por cada uno de los
integrantes del grupo40, en calidad de compradores de las mejoras sobre los predios
objeto de litigio. En estos documentos se consignaron la calidad en la que intervino
cada uno de los integrantes del grupo, el valor y la fecha en la que se realizó el
negocio jurídico.
Sobre este punto la Sala considera necesario resaltar que los documentos
anteriormente relacionados se presumen auténticos, toda vez que cumplen con los
presupuestos normativos consignados en los artículos 244, 245, 250, 253, 257 y
260 del Código General del Proceso, no han sido tachados de falsos y no han sido
desvirtuados por otras pruebas.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que los integrantes del grupo demandante
adquirieron el derecho sobre las mejoras y cultivos sembrados sobre los predios
rurales de que trata este litigio. En efecto, los documentos antes relacionados,
permiten inferir que la relación material directa entre los demandantes y los cultivos
afectados era reconocida en la comunidad de la que hacían parte, constituyendo
39
Obrantes a folios 107, 111, 116, 122, 126, 131, 136, 142, 147, 151, 156, 161, 166, 171, 176, 181,
186, 191, 196 y 201 del cuaderno 1; folios 207, 212, 219, 224, 229, 234, 239, 244, 249, 254, 259,
264, 269, 274, 279, 284, 289, 295, 300, 305, 310, 315, 321, 326, 331, 336, 341, 346, 351, 356, 361,
366, 371, 376, 382, 387, 392, 397 y 402 del cuaderno 2; folios 407, 412, 417, 420, 427, 432, 437,
442, 447, 452, 457, 462, 467, 472, 477, 482, 487, 492, 497, 502, 507, 512, 517, 523, 528, 532, 537,
542, 547, 552, 558, 562, 567, 573, 577, 583, 588, 593 y 598 del cuaderno 3.
40
Obrantes a folios 108, 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183,
188, 193, 198, del cuaderno 1; folios 203, 209, 214, 221, 226, 231, 236, 241, 246, 251, 256, 251,
266, 271, 276, 281, 286, 291, 296, 30,1 306, 311, 316, 322, 327, 332, 337, 342, 347, 352, 357, 362,
367, 372, 377, 383, 388, 393, 398, 403, del cuaderno 2; folios 408 , 413, 418, 423, 433, 438, 443,448,
453, 458, 463, 468, 473, 578, 483, 488, 493, 498, 503, 508, 513, 518, 522, 528, 533, 538, 543, 548,
553, 557, 563, 568, 572, 578, 584, 589, 594, y 599 del cuaderno 3.
21
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
así el primer elemento de la posesión, cual es el corpus. Por otro lado, se tiene que
el animus no ha sido objeto de discusión en el presente asunto, razón por la cual la
Sala se abstendrá de analizar dicho elemento.
En ese sentido, la Sala considera que: (i) se acreditó el carácter de poseedores de
los noventa y ocho (98) demandantes en relación con sus respectivas mejoras y
cultivos sembrados sobre los terrenos y (ii) que es claro que el daño reclamado
consiste en el menoscabo de los cultivos situados en estos predios. En tal virtud,
los integrantes del grupo se encuentran legitimados en la causa por activa.
Con respecto de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, es claro que a
esta entidad se le imputa el daño causado por la aspersión aérea de glifosato sobre
las veredas del municipio de Cumbitara, motivo por el que la Sala considera que
está legitimada en la causa por pasiva.
6. Problema jurídico
La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios
para confirmar o no la sentencia en primera instancia que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, puesto que se consideró que la Nación -Ministerio
de Defensa -Policía Nacional es patrimonialmente responsable por los daños
sufridos por los demandantes con ocasión de la aspersión de glifosato que se realizó
sobre las veredas Damasco, El Turbio, Granadillo, La Floresta, Las Palmas, Las
Piedras, Mata de Plátano, Santa Rosa, Sidón y Santa Ana del Municipio de
Cumbitara y que produjo la pérdida de los cultivos de maní, maíz, cacao, caña, yuca,
plátano y pasto que cultivaban los demandantes.
6.1 El daño
Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de
apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se
trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad
extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los
intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla
a la demandada.
22
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
En el caso concreto, el daño alegado por la parte demandante consistió en la
pérdida de los cultivos de maní, maíz, cacao, caña, yuca, plátano y pasto, con
ocasión de la aspersión aérea de glifosato, realizada por la Policía Nacional el 9 de
mayo de 2015, sobre los predios en los que el grupo demandante realizaba sus
actividades agrícolas.
Dado que los recursos de apelación se centran en argumentar, por parte de la
entidad demandada, que el hecho dañoso – la aspersión de glifosato – y que el daño
– la afectación que sufrieron los cultivos – no se encuentran probados, y , por parte
de los demandantes, que todos los elementos de la responsabilidad del Estado
quedaron plenamente demostrados con las pruebas obrantes en el plenario, la Sala,
procederá a analizar si, en efecto, el menoscabo de los cultivos de los demandantes
fue acreditado en el proceso; para tal fin es necesario realizar la siguiente
estipulación probatoria:
La Policía Nacional, al contestar la demanda, argumentó que la Dirección
Antinarcóticos no certificó que se hubiera presentado alguna queja por las
aspersiones realizadas el día 9 de mayo de 2015 en la zona veredal del municipio
de Cumbitara – Nariño; sin embargo, afirmó que sí realizó las operaciones de
fumigación, así:
[D]e igual manera se hace saber que las operaciones de aspersión realizadas
el día 9 de Mayo de 2015 en las veredas Damasco, El Turbio, Granadillo, La
Floresta, las Palmas, las piedras (sic), Mata de Plátano, Santa Rosa, Sidón,
Santa Ana, Santa Rosa del Municipio de Cumbitara (N), no se realizaron
individualizando predios o veredas, toda vez que estas operaciones se realizan
sobre lotes de coca previamente detectados por el sistema integrado de
monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI de la ONU y obedece al cumplimiento de lo
señalado en el artículo 1 de la Resolución 0013/2003 emanada por el Consejo
Nacional de Estupefacientes41.
En el mismo escrito de contestación, la entidad demandada también declaró:
[A] mi defendida NO se le puede endilgar ningún DAÑO, ello por cuanto como
bien se ha manifestado la aspersión se efectuó por parte de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, el día 9 de Mayo de 2015; ello obedeció
a que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato
contó con un Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio de
Ambiente42.
41
Obrante a folio 722 del cuaderno 4.
42
Obrante a folios 7 44 – 745 del cuaderno 4.
23
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
Dado que en la demanda se afirmó que la Policía Nacional, el 9 de mayo de 2015,
fumigó con glifosato la zona veredal, ampliamente relacionada, del municipio de
Cumbitara – Nariño, y que, en la contestación de la demanda, no se niega este
hecho, sino que, por el contrario, se argumenta que estas operaciones se realizaron
bajo la dirección de los protocolos establecidos por la Dirección de Antinarcóticos y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resulta forzoso concluir que,
ambas partes afirmaron la existencia del hecho, y por ello, este no resulta objeto del
debate probatorio, por lo que se tendrá como probado la ocurrencia del hecho
dañoso.
Ahora bien, con relación a la existencia del daño, la Sala observa que obran en el
plenario varios certificados expedidos por la Umata del municipio de Cumbitara43,
con ocasión de la visita técnica realizada a los predios afectados, entre el 20 de
mayo y 15 de agosto de 2015; en los que se relaciona la posible causa del
menoscabo que sufrió cada uno de los demandantes con relación a sus cultivos por
las fumigaciones áreas del 9 de mayo de 2015. Al respecto, se precisa que todos
los documentos contienen: (i) la fecha de la visita técnica, (ii) la identificación de los
cultivos y el área que ocupan y (iii) las conclusiones de la visita. Sobre este último
punto, es necesario destacar que el funcionario que realizó la diligencia señaló que
todos los cultivos observados en los diferentes predios «presentan marchites y
amarillamiento», generando así la pérdida total de los mismos. Por otro lado, señaló
la ausencia de cultivos ilícitos y descartó la existencia de enfermedades
fitosanitarias. Finalmente, atribuyó que los daños causados «obedecen a una
presunta fumigación con glifosato realizado en fecha desde el 9 de mayo de 2015».
Sobre este punto, la entidad demandada argumentó que estos documentos no
permitían tener por probado el daño ocasionado, dado que no existía constancia de
su autor ni de que, en efecto, se hubiera realizado la visita. No obstante, advierte la
Sala que obra en el expediente el oficio allegado por la Umata del municipio de
Cumbitara44, en el que se certificó que el ingeniero agrónomo Omar Felipe Atiz
43
Obrantes a folios 106, 112, 117, 121, 127, 132, 137, 141, 146, 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182,
187, 192, 197, 202 del cuaderno 1; folios 208, 213, 220, 225, 230, 235, 240,245, 250, 255, 260, 265,
270, 275, 280, 285, 290, 294, 299, 304, 309, 314, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 349, 355, 360, 365,
370, 375, 381, 386, 391, 395, 401 del cuaderno 2; folios 406, 411, 416, 421, 426, 431, 436, 441, 446,
451, 456, 461, 466, 471, 476, 481, 486. 491, 496, 501, 506, 511, 516, 51, 526, 531, 536, 541, 546,
551, 556, 561, 566, 571, 576, 582, 587, 592, y 597 del cuaderno 3.
44
Obrante a folios 828 – 932 del Cuaderno 5.
24
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
Bernal, funcionario de la entidad, fue quien, luego de una visita técnica al lugar de
los hechos, elaboró los cuestionados certificados. Así lo explicó:
[Q]ue una vez revisados los archivos físicos de esta entidad se encontró actas
de visita técnica realizadas en campo por el personal de apoyo agrícola, el
ingeniero agrónomo Omar Felipe Atiz Bernal, de cada uno de las personas
que solicitaron la asistencia y el reconocimiento de daños por las presuntas
fumigaciones de fecha 09 de mayo de 2015, de las cuales anexo con el
presente escrito copia de cada una de las visitas de 100 folios de las personas
que en el cuadro siguiente se describen (...).
Frente a este medio de prueba, la Sala considera necesario aclarar que el artículo
275 del Código General del Proceso estableció la prueba por informe como un
medio probatorio autónomo al que se puede acudir a través del derecho de petición
o se puede solicitar de oficio por el juez del proceso, en los casos en los que una
entidad -en este caso, pública- posee información especializada que permite
esclarecer los hechos objeto de litigio45.
En este sentido, es claro que la prueba por informes ha sido reconocida46 como una
prueba judicial técnica distinta al dictamen pericial, dado que, en la primera, la
entidad especializada transmite información que posee, mientras que la segunda
elabora y emite conceptos sobre el objeto de litigio47, que están fuera de la ciencia
jurídica -técnicos, científicos o artísticos-, y llevan al juez del proceso al
convencimiento sobre los hechos relevantes. En ese sentido, como los demás
medios de prueba, el informe técnico está sometido a los principios de pertinencia,
conducencia, utilidad, valoración en conjunto y contradicción48.
La jurisprudencia de esa Corporación49 ha sido pacífica y reiterativa al reconocer la
validez de este medio de prueba y someterla a una valoración en conjunto de
conformidad con las reglas de la sana crítica.
45
Hernán Fabio López, Código General del Proceso. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores (2019).
46
Corte Constitucional. Sentencia T 274 de 2012. M.P Juan Carlos Henao Pérez; 11 de abril de
2012.
47
Hernán Fabio López, Código General del Proceso. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores (2019).
48
Corte Constitucional. Sentencia T 274 de 2012. M.P Juan Carlos Henao Pérez; 11 de abril de
2012.
49
Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado: 25000-23-31-000-2004-01043-01 (42401). C.P
Martín Bermúdez Muñoz, 18 de noviembre de 2021; Radicado: 68001-23-31-000-2009-00518-01
(56717). C.P María Adriana Marín, 11 de octubre de 2021; Radicado: 13001-23-31-000-2011-00050-
01 (52092). C. P: Nicolás Yepes Corrales, 8 de octubre de 2021.
25
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
Ahora bien, para efectos de analizar los informes o estudios técnicos antes
relacionados, la Sala debe precisar que, de conformidad con la estipulado en la Ley
607 de 2000, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA es el ente
encargado de prestar asistencia técnica directa rural a nivel municipal, en temas
relacionados con la aptitud de suelos, selección de actividades productivas a
desarrollar, planificación de explotaciones, aplicación y uso de tecnología,
procedimientos de financiamiento de inversión, mercadeo de bienes producidos y
formas de organización de los pequeños productores; por lo que se destaca así su
carácter altamente tecnificado.
Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de que la Umata del municipio de
Cumbitara hubiera certificado la elaboración de los documentos aportados con la
demanda, y, además de ello, al momento de solicitarle información con respecto a
la aspersión de glifosato ocurrida el 9 de mayo de 2015, hubiera aportado copia
exacta de los certificados originales allegados por los demandantes, permite darle
plena validez a esta prueba por informe.
Aclarado lo anterior, se observa que, si bien, la información consignada en los
informes elaborados por el ingeniero agrónomo adscrito a la Umata, en principio, se
presume auténtica y permite inferir un alto grado de confianza respecto a su carácter
técnico; lo cierto es que, de la evaluación realizada a los citados documentos, bajo
los criterios de la sana crítica y las reglas de la experiencia, es dable concluir que
las afectaciones alegadas por los demandantes no se sustentan en un documento
concreto que permita evidenciar el daño con carácter de certeza. Lo anterior, por
cuanto los informes rendidos, como resultado de la visita e inspección al predio de
cada uno de los integrantes del grupo, solo destacan las características físicas que
el ingeniero observó en la zona y en los cultivos; sin embargo, no existe prueba
idónea que permita evidenciar que el funcionario constató científicamente50 las
50
Sobre este punto, la Sala considera necesario precisar que, para la comunidad científica, nacional
e internacional, existen diversas metodologías que permiten realizar procedimientos de detección
para determinar la presencias de compuestos tóxicos de residuos biodisponibles del herbicida –
glifosato- en el agua, el suelo y los alimentos[1]. En sede académica e investigativa se han discutido
diversas técnicas analíticas instrumentales que permiten cuantificar y cualificar los niveles de
glifosato presentes en las muestras. Al respecto, se resalta la necesidad de realizar procesos de
extracción, limpieza y preconcentración de las mismas, para así obtener resultados óptimos que
efectivamente demuestren la existencia de residuos de glifosato[2]. En Colombia, dadas las
características del compuesto del herbicida, se ha validado una técnica analítica denominada
“Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)” o “Cromatografía de Gases (GC)[3] . No obstante,
dado el costo que puede generar este tipo de análisis, en especial por el equipamiento para su
aplicación, debido al tipo de solventes que se utilizan en el proceso de estudio[4], se han
26
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
condiciones por las que se generó la afectación que anotó haber observado 51;
además, no explicó las razones técnicas que lo llevaran a esas conclusiones, pues
se limitó a anotar las características físicas de los cultivos, que a simple vista se
pueden observar, restándole así credibilidad al experticio, ya que no refleja el
concepto propio de un experto, ni la metodología científica que permita esclarecer
los puntos objeto de análisis. En efecto, las conclusiones del ingeniero están
fundamentadas en supuestos fácticos, cuyo sustento es lo dicho por terceros, por
cuanto afirma que «los daños se atribuyen a una presunta fumigación con glifosato
realizada en fechas desde el 9 de mayo de 2015».
Por lo anterior, es evidente que las conclusiones a las que llegó el ingeniero no
están técnica o científicamente sustentadas, ni dan cuenta de su concepto
profesional respecto a la posible causa real de afectación de los cultivos, situación
que lleva a que el informe carezca de certeza y eficacia probatoria, por lo que resulta
inútil para demostrar los daños en que se soportaron las pretensiones de la
demanda.
De esta forma, la Sala considera que la parte demandante no logró demostrar el
primer elemento para declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cual es el daño.
implementado otras técnicas alternativas que resultan más económicas, sencillas y sensibles para
la detección de residuos de glifosato, tales como: (i) los bioensayos, (ii) las electroforesis capilar, (iii)
las pruebas ELISA, (iv) la RMN y (v) la espectroscopía RAMAN, entre otras[5]. Por lo que resulta
simplemente evidente que existen métodos y alternativas técnico-científicas que permiten la
adecuada determinación de existencia del herbicida glifosato en la zona.
[1] A. Van Bruggen., Van Bruggen, M.M. He., K. Shin., V. Mai., K.C. Jeong., M.R. Finckh, and J.G. Morris, Environmental
“Environmental and health effects of the herbicide glyphosate,” Sci. Total Environ., vol. 616–617, pp. 255–268, 2018)
[2] (;S. Wang, B. Liu, D. Yuan, and J. Ma, “A simple method for the determination of glyphosate and aminomethylphosphonic
acid in seawater matrix with high 75 performance liquid chromatography and fluorescence detection,” Talanta, vol. 161, no.
September, pp. 700–706, 2016.)
[3] (A. L. Valle, F. C. C. Mello, R. P. Alves-Balvedi, L. P. Rodrigues, and L. R. Goulart, “Glyphosate detection: methods, needs
aValle, A. L., Mello, F. C. C., Alves-Balvedi, R. P., Rodrigues, L. P., & Goulart, L. R. (2019). Glyphosate detection: methods,
needs and challenges. Environmental Chemistry Letters, 17(1), 291–317. https://doi.org/10.,” Environ. Chem. Lett., vol. 17,
no. 1, pp. 291–317, 2019)
[4] (Rodríguez, H. 2001. Determinación de residuos de glifosato y de su metabolito ácido aminometilfosfónico en aguas
mediante cromatografía líquida de alta eficiencia. Trabajo de grado. Departamento de Química, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá. pp. 70-78.)
[5] (Bohórquez, D. 2020. Métodos Analíticos para la Determinación de Glifosato en Matrices Ambientales. Trabajo de Grado.
Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. pp. 20 – 63.)
51
El glifosato tiene una acción lenta y los efectos del mismo pueden tardar varios días para que el
daño pueda ser observado, normalmente las plantas mueren entre los 10 y 20 días después de su
aplicación; sin embargo, también es cierto que el análisis para determinar la causa de la afectación
por glifosato debe ser sometida a las diversas técnicas analíticas ampliamente discutidas por la
comunidad científica, toda vez que, este mismo tiempo de afectación, en el que se observa el daño
físico sobre las plantas y las características del mismo, también pueden ser atribuidos a los
herbicidas, utilizados en los cultivos, para inhibir la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS) o la
acetilcoenzima A. (Singh, B. K., & Shaner, D. L. (1998). Rapid Determination of Glyphosate Injury to Plants and
Identification of Glyphosate-Resistant Plants. Weed Technology, 12(3), 527–530. http://www.jstor.org/stable/3988945)
27
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
7. Costas
De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 199852 y el artículo 365 del
Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en
costas a cargo de la parte vencida, es decir, a la parte demandante.
La Sala fijará las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia,
para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas.
Para el efecto, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere. En ese sentido se observa que:
Se trata de un proceso de acción de grupo, con pretensiones equivalentes a
$6.346.798.788 asunto en el que la parte demandada resultó vencida en primera
instancia.
Acerca de la gestión procesal se observa que la entidad demandada estuvo
vinculada al trámite procesal y, por tanto, ésta sola circunstancias y el hecho de
tener un apoderado, implica o conlleva una actividad de vigilancia del proceso que
amerita reconocer agencias en derecho.
A partir de lo expuesto, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor de
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la entidad demandada,
remitiéndose para el efecto al artículo 5, numeral 1 del Acuerdo 1554 de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa de agencias en derecho, tratándose de procesos declarativos en
segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley
52
Artículo 65. (…)5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las
expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
28
Radicación número: 52001-23-33-000-2017-00222-01 (AG)
Actor: Grupo de Agricultores del Municipio de Cumbitara
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Medio de control de los perjuicios causados a un grupo
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Nariño y, en su lugar, SE DECIDE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: FIJAR como agencias en derecho en segunda instancia, la suma
equivalente a un (1) S.M.M.L.V, a favor de cada una de las entidades demandadas,
valor que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte
demandante.
TERCERO: Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF
29
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