Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2018-00011-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 81001-23-39-000-2018-00011-01 (3404-2022)1
Demandante: Karen Juliet Chávez Cuam
Demandado: Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: médica especialista en dermatología.
Subtema 2: carga de la prueba para acreditar una relación laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca, el 16 de diciembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La actora celebró contratos de prestación de servicios con el Hospital San Vicente de
Arauca E.S.E como médica general y especialista en dermatología, cuya duración se
extendió por más de cuatro años, con una dedicación de tiempo completo y
disponibilidad para urgencias. En el proceso solicita la nulidad del oficio que negó el
reconocimiento de la relación laboral. El Tribunal Administrativo de Arauca negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó el elemento de
subordinación. La parte actora interpuso recurso de apelación con fundamento en que
el fallo de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Karen Juliet Chávez Cuam, mediante apoderado judicial, presentó demanda el
11 de enero de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. con las siguientes
pretensiones:
1 Expediente electrónico.
Radicación: 81001-23-39-000-2018-00011-01 (3404-2022)
Demandante: Karen Juliet Chávez Cuam
Demandado: Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
2. Declarar la nulidad del oficio sin número del 10 de julio de 2017, expedido por
el director del Hospital, que negó el reconocimiento de prestaciones sociales y
acreencias laborales.
3. Declarar que existió una relación laboral con el Hospital San Vicente de Arauca
E.S.E. durante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios desde el
1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de las
prestaciones sociales durante todo el vínculo laboral en igualdad de condiciones frente
a los empleados de planta, que realicen las mismas funciones o las devengadas por
los empleados públicos del nivel nacional.
5. Igualmente, pidió el pago de recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas
extras, liquidadas sobre los honorarios pactados o el salario de los empleados de
planta; el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; que las sumas cuyo
pago se ordene sean actualizadas; que se ordene el pago de intereses moratorios y
que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. Karen Juliet Chávez Cuam celebró contratos de prestación de servicios desde
el 1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015, como médica especialista, las
jornadas de trabajo eran de 12 horas, que se programaban según los cuadros de
turnos. Relató que laboró seis horas extras diarias sin remuneración, durante toda la
relación laboral.
8. El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. tenía una nómina de trabajadores
vinculados por contratos de prestación de servicios, que era inferior a la planta de
personal con vinculación legal y reglamentaria.
9. El 23 de junio de 2017, solicitó el reconocimiento de la relación laboral que fue
negada por el director del Hospital a través del oficio sin número del 10 de julio de
2017.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 125.
Del Decreto 2400 de 1968, el artículo 2.
Del Decreto 1042 de 1978, los artículos 1, 33, 34, 45, 46, 50, 51 y 58.
De la Ley 10 de 1990, el artículo 30.
De la Ley 50 de 1990, el artículo 99.
2 Samai, índice 2, expediente digital, 10ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2, doc. 10, págs. 7 a 32.
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Radicación: 81001-23-39-000-2018-00011-01 (3404-2022)
Demandante: Karen Juliet Chávez Cuam
Demandado: Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 195.
Del Decreto 1876 de 1994, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 28.
De la Ley 599 de 2000, el artículo 286.
Del Decreto 1919 de 2002, los artículos 1 y 2.
De la Ley 790 de 2002, el artículo 17.
Ley 909 de 2004.
Ley 995 de 2005.
Del Decreto 1374 de 2010, los artículos 2, 9, 10, 11, 12 y 14.
Del Decreto 1397 de 2010, los artículos 1, 4 y 5.
De la Ley 1438 de 2011, el artículo 59.
Del Decreto 1848 de 2011, los artículos 7, 10 y 11.
Del Decreto 840 de 2012, los artículos 7, 8, 10 y 11.
Del Decreto 1015 de 2013, los artículos 7 y 10.
Del Decreto 185 de 2014, los artículos 7 y 10.
11. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Hospital
San Vicente de Arauca E.S.E. de manera sistemática y reiterada ha utilizado la figura
del contrato de prestación de servicios para desconocer los derechos laborales de los
trabajadores de la salud.
12. La demandante desempeñaba labores permanentes propias de una relación
laboral subordinada, por tanto, pese a la denominación formal de «OPS» (orden de
prestación de servicios), lo cierto es que cuando se verifican los elementos de
subordinación, dependencia y remuneración, procede declarar la existencia de un
«contrato realidad», con las consecuencias prestacionales y salariales.
13. El acto administrativo demandado vulneró el derecho al trabajo de la actora en
condiciones dignas y a la igualdad, puesto que las funciones ejecutadas eran propias
de una relación laboral. La situación desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, al quebrantar el derecho a la igualdad frente a otros trabajadores que
ejercían funciones similares bajo vínculo legal y reglamentario, lo que además implicó
trato discriminatorio y violación al principio de primacía de la realidad sobre las formas.
14. El contrato de prestación de servicios fue utilizado como instrumento para eludir
el pago de prestaciones sociales y económicas. En consecuencia, la entidad usó el
contrato de prestación de servicios para ocultar una relación laboral.
15. Al existir jornadas de trabajo de ocho y hasta doce horas diarias, bajo órdenes
directas y con horario establecido, estaban presentes los elementos esenciales de una
relación laboral. Por ello, corresponde reconocer a la actora los derechos salariales y
prestacionales derivados de su verdadera condición de trabajadora.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
16. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, al indicar que celebró
contratos de prestación de servicios con la accionante como médica especializada en
dermatología, que se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes, y que la
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Demandante: Karen Juliet Chávez Cuam
Demandado: Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
accionante aceptó las cláusulas contractuales. Adicionalmente en los contratos no se
pactó que existiera un horario para el cumplimiento de las actividades contratadas y
los pagos se efectuaban una vez existía la certificación sobre el cumplimiento del
objeto contractual por parte del supervisor.
17. Agregó que los contratos no se celebraron de forma sucesiva, sino que hubo
interrupciones de días e incluso meses entre ellos. En cuanto a los turnos de los
médicos especialistas, la entidad especificó que no es cierto que sean de 12 horas
diarias como se afirma en la demanda, toda vez que el servicio para la comunidad se
presta de 7 a.m. a 2 p.m. de 2 p.m. a 5 p.m.
18. Además, resaltó que los honorarios pagados a los contratistas son superiores a
los ingresos del personal de planta. Igualmente, indicó que en la planta de personal
del hospital existe el cargo de médico especialista código 212, con diferentes
especialidades, pero no incluye la de dermatología. Por ende, se recurrió a la
contratación de servicios especializados que no podían realizarse con los especialistas
existentes.
19. Por consiguiente, señaló que la actora confunde el concepto de coordinación
propio de la actividad contractual con el elemento de subordinación. Entonces, no se
demostró la existencia de una relación laboral entre la demandante y el hospital, dado
que la vinculación se efectuaba a través de contratos de prestación de servicios
conforme al régimen que rige las empresas sociales del estado.
20. Propuso las excepciones de «inexistencia del contrato de trabajo»,
«inexistencia de la obligación», pago y prescripción3.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 16 de diciembre de
2021, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
22. En el proceso se acreditó que las partes celebraron contratos de prestación de
servicios con el objeto de médica general y especialista en dermatología, desde el 1
de febrero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2015, los cuales presentaron múltiples
interrupciones superiores incluso a 20 días. Por consiguiente, el Tribunal determinó
que solo estudiaría los tiempos servidos a través de contrato.
23. En cuanto al desarrollo de los contratos, el Tribunal resaltó que en los últimos dos
años la demandante celebró 20 contratos y que en la mayoría el plazo de ejecución
fue inferior a un mes, así: «quiere decir que entre los 20 contratos suscritos en los
últimos 2 años, en pocos hubo continuidad; y por el contrario, entre todos y cada uno
se presentaron significativos lapsos de interrupción. Y aquellos fueron por muy corto
periodo. Lo cual prueba que la vinculación de Karen Juliet Chávez Cuam no fue
permanente ni continua».
3 Samai, índice 2, 10ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2, doc. 10, págs. 75 a 85.
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24. La empresa social del estado no incurrió en maniobras dilatorias o que
disfrazaban una relación laboral, sino que aplicó correctamente la figura del contrato
de prestación de servicios. Por el contrario, la especialista «fue favorecida muy por
encima de la relación laboral que tenían sus colegas especialistas de planta», toda vez
que los honorarios pagados eran superiores al salario y las prestaciones de los
especialistas de planta.
25. Desestimó el testimonio del señor Óscar Eduardo Santana Arciniegas, toda vez
que actuaba como apoderado en múltiples procesos de contratistas contra el hospital
demandado. Tampoco otorgó credibilidad al testimonio de María Lizeth Bueno Bernal,
ya que ella y su esposo tenían en curso sus propias demandas contra la entidad.
26. Se acreditó que la doctora Chávez Cuam actuó con plena autonomía técnica
profesional y administrativa en la ejecución de las actividades que pactó con la
empresa social del estado, y tampoco se demostró que recibiera órdenes ni
instrucciones, lo cual confirmó que no existió una relación subordinada.
27. En consecuencia, la actora no acreditó la existencia de una relación laboral en
razón de los cortos periodos de vinculación y las interrupciones contractuales, lo que
evidenció que prevaleció el carácter temporal y fraccionado de la prestación del
servicio4.
2.4. Recurso de apelación de la parte actora
28. La accionante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y que en
su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, apoyándose en los argumentos
que se exponen a continuación.
29. El hospital desnaturalizó los contratos de prestación de servicios celebrados con
la accionante, puesto que existió una relación de carácter laboral, la cual se acreditó
con las pruebas documentales, el interrogatorio de parte y los testimonios practicados
en el proceso, que demostraron la prestación personal del servicio, la remuneración y
la subordinación.
30. Asimismo, la apelante cuestionó la valoración probatoria efectuada en primera
instancia. Señaló que el hecho de no identificar un supervisor fijo no implica la ausencia
de la subordinación, pues entre 2011 y 2015 se produjeron cambios constantes de
gerentes en la entidad. Además, resaltó que en los contratos se designó expresamente
al subdirector científico como supervisor, quien debía certificar el cumplimiento de
funciones y autorizar el pago de honorarios.
31. Agregó que la subordinación se materializó a través de la asignación de turnos y
horarios impuestos por la institución, sin margen de decisión por parte de la
demandante. Así, los cuadros de turnos demuestran no solo las horas ordinarias, sino
también el trabajo suplementario, en domingos y festivos, dispuesto por la E.S.E.
Incluso se acreditó que el número de pacientes y el tiempo por consulta eran fijados
unilateralmente por la administración.
4 Samai, índice 2. Expediente digital. 10ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2, doc. 2.
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32. Reprochó la valoración que hizo el fallo apelado sobre el testimonio de Norma
Nataly Rodríguez Rodríguez, asesora de control interno, al indicar que «sería una
falacia decir que un trabajador de la salud, en el caso concreto, un especialista no va
a cumplir con sendas órdenes, directrices e instrucciones de un superior, pues como
lo indica la declarante, estos se componen por el líder del servicio, el subdirector
científico y el gerente de la E.S.E.».
33. Respecto al testimonio de Óscar Eduardo Santana Arciniegas, la parte recurrente
censuró que haya sido desestimado por el Tribunal por la calidad que tenía el
declarante, toda vez que «sin ir al fondo del testimonio se presume que faltó a la
verdad», pese a que laboró para la entidad en la misma época que la actora5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
34. Mediante auto del 6 de octubre de 20226, se admitió el recurso de apelación,
conforme el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y al no existir pruebas
para decretar se prescindió del periodo de traslado a las partes para alegar de
conclusión.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, y teniendo en
cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso,
corresponde a la Sala definir si:
37. ¿Se debe declarar la existencia de la relación laboral entre la entidad y la actora,
que ejerció como médica especializada en dermatología a partir de los contratos de
prestación de servicios celebrados con el Hospital San Vicente de Arauca?
38. ¿Acreditó que existió el elemento de subordinación acorde con los cuadros de
turnos y lo declarado por los testigos, entre ellos, uno de los abogados que
representaba los intereses de otros contratistas que demandaron al mismo hospital?
39. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) relación
5 Samai, índice 2. Expediente digital. 10ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2, doc. 05.
6 Samai, índice 4.
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laboral encubierta; ii) coordinación, subordinación y carga de la prueba; iii) hechos
probados relevantes; y iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
40.La jurisprudencia unificada de esta corporación7 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.
41. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
42. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
43. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».
44. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto
bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación
continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje
formal del contrato de prestación de servicios.
45. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.
46. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»8.
47. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»9.
48. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
8 Idem.
9 Idem.
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.12
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
49. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.
50. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
51. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».
52. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente para «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro
anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la
relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
53. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202513, frente a un instructor del SENA,
determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34 días, con
fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
54. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»14.
55. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01
(5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
14 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
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septiembre de 202115, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16».
56. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.
57. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,17 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.
IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
17 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y
55.
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entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación
58. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
59. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se practiquen
o se aporten»18, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
60. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación laboral,
la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de unificación, la
providencia de 2021 identificó los indicios construidos jurisprudencialmente que llevan
a demostrar la subordinación, previamente expuestos.
61. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»19, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del mismo
18 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
19 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
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pueda el juez arribar al hecho desconocido»20.
62. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP)
63. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
64. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».
65. Ahora bien, en casos emblemáticos relacionados con auxiliares de enfermería y
vigilantes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, la jurisprudencia
ha evolucionado desde la idea de subordinación implícita, pasando por la presunción
de subordinación, hasta llegar actualmente a la noción de indicio de subordinación.
66. En efecto, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
transitado por distintas etapas en la valoración de la subordinación en los casos de
auxiliares de enfermería contratados mediante contratos de prestación de servicios.
67. En una primera etapa (201121), se exigió acreditar la subordinación mediante
diversos medios probatorios, tanto documentales como testimoniales.
68. En un segundo momento (201222), consideró que la naturaleza misma de las
funciones desempeñadas por los auxiliares de enfermería implicaba una carencia
estructural de autonomía, lo cual permitía presumir la existencia de subordinación.
69. En un tercer momento, a partir del año 201623, la jurisprudencia estableció de
manera expresa que existía una presunción de subordinación, y trasladó la carga
probatoria a la entidad pública, quien debía demostrar que la labor no fue realizada
bajo sujeción a órdenes e instrucciones jerárquicas.
20 Idem.
21 Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 27 de octubre de 2011, con ponencia del magistrado Gerardo
Arenas Monsalve, Proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-00853-01(0437-10).
22 Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 24 de octubre de 2012, M.P. Alfonso Vargas Rincón, proceso
con radicado 19001-23-31-000-2002-01469-01(1468-10).
23 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, Proceso con radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14).
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70. No obstante, en decisiones más recientes, particularmente en los años 2023 24 y
202425, y a partir de la sentencia de unificación de 2021, se retomó la exigencia de
acreditar ciertos indicios para configurar la existencia de una relación laboral
subordinada. Sin embargo, no se excluye la valoración de la naturaleza del servicio
asistencial prestado por estos profesionales como un indicio relevante.
71. En lo que concierne al servicio de vigilancia y el elemento de subordinación, en
sentencia del 26 de abril de 201226, la Subsección B de la Sección Segunda reiteró la
jurisprudencia del 19 de julio de 2007, relativa a que en los contratos de prestación de
servicios de los celadores, «la labor de celaduría en sí misma desdibuja la
independencia que caracteriza el contrato de prestación de servicios».
72. En el mismo sentido, en el fallo del 2 de mayo de 201327, la Subsección A
consideró que «si una persona presta servicios como vigilante - celador resulta
inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que
la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma
permanente para poder funcionar con total tranquilidad».
73. Más tarde, en providencia del 8 de agosto de 201728, la Subsección B afirmó que
«la función de celaduría no posee ningún nivel de autonomía e independencia que
caracteriza el contrato de prestación de servicios, por el contrario, en esta clase de
actividades el elemento asociado a la subordinación salta a la vista, pues el vigilante
no puede decidir en qué lugares presta el servicio ni tampoco en qué horarios, mucho
menos se encuentra facultado para ausentarse del lugar de trabajo sin permiso».
74. En la sentencia del 6 de noviembre de 2020 de la Subsección B 29, en el caso de
un vigilante contratado por la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, señaló
que, a diferencia de la presunción regulada en el artículo 24 del CST30 que gobierna la
justicia ordinaria, en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sí se debía
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, con la carga de acreditar
fehacientemente que existió una relación subordinada con la entidad pública.
75. En suma, la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el año 2007 indicó que la
labor de vigilancia o celaduría no puede considerarse como una actividad autónoma ni
temporal, ya que implica una subordinación evidente y una necesidad permanente
para el funcionamiento de las entidades públicas. Sin embargo, en años recientes
aunque, se ha reiterado que dicha labor de celaduría no es autónoma, igualmente se
ha exigido cumplir con la carga de la prueba de acreditar el elemento de subordinación,
en atención a que existe por un lado la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
y por otro, la presunción de legalidad del acto administrativo.
24 Proceso con radicado 23001 23 33 000 2015 00168 01 (4550–2021).
25 Proceso con radicado 50001-23-33-000-2021-00340-01 (7137-2023). M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección, proceso con radicado 13001-23-31-000-2001-00031-
02(0031-10).
27 Proceso con radicado 0500123310002004034201 (2027-2012), M.P. Alfonso Vargas.
28 Proceso con radicado 66001-23-33-000-2014-00126-01 (3287-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29
Proceso con radicado 66001-23-33-000-2016-00944-01(4953-18), M.P. César Palomino Cortés.
30 Código Sustantivo del Trabajo. Art. 24. Presunción: Se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo.
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3.4. Hechos probados relevantes
76. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
77. Mediante escrito del 23 de junio de 2017, la señora Karen Juliet Chávez Cuam
solicitó al director del Hospital San Vicente de Arauca el reconocimiento del «contrato
realidad» del 1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015, y las prestaciones sociales,
las vacaciones y el subsidio familiar, durante toda la relación laboral, calculadas con el
salario devengado por los trabajadores de la planta que realicen las mismas
funciones31.
78. El oficio del 10 de julio de 2017 del director de Hospital San Vicente de Arauca
E.S.E, negó la declaratoria de la relación laboral, con fundamento en que los contratos
celebrados no generaron una relación laboral ni el derecho al pago de prestaciones
sociales, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 199332.
79. El comunicado del 31 de julio de 2017 de la dependencia de Talento Humano de
la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca, señaló que, de acuerdo con la carpeta de la
hoja de vida de la actora, desarrolló actividades como médico especialista en
dermatología y detalló las siguientes obligaciones contractuales33:
Practicar exámenes de medicina especializada de manera cumplida y cabalmente:
formulación del diagnóstico, prescripción del tratamiento, manejo, seguimiento y
canalización de pacientes mediante la aplicación de atención en Consulta Externa por la
especialidad de Dermatología.
Realización de intervenciones y procedimientos quirúrgicos programados en la especialidad
de Dermatología a pacientes del SGSSS y controlar los pacientes bajo sus cuidados.
Atender urgencias de su especialización de manera oportuna ante el llamado cuando sean
requeridas.
Realización de procedimientos quirúrgicos urgentes en la especialidad de Dermatología a
pacientes del SGSSS de manera oportuna y eficiente.
Practicar exámenes de medicina especializada de manera cumplida y cabalmente:
formulación del diagnóstico, prescripción del tratamiento, manejo, seguimiento diario de
pacientes en los servicios intrahospitalarios por la especialidad de Dermatología.
Brindar atención oportuna a interconsultas en la especialidad de Dermatología.
Realización de otros procedimientos programados en la especialidad de Dermatología a
pacientes del SGSSS.
Participar obligatoriamente en las actividades de capacitación y en el 100% de los Miércoles
de Academia.
Revisión, elaboración, actualización y entrega de guías y/o protocolos de atención y manejo
de patologías y procedimientos en las áreas de consulta externa e intrahospitalarias
relacionadas con la especialidad de Dermatología.
31 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 10, págs. 28 a 32.
32Samai, índice 2, expediente digital, doc. 10, págs. 34 a 34.
33 Idem, págs. 37 a 39.
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Realizar vigilancia epidemiológica en situaciones que sean factor de riesgo para la
población; diligenciar fichas epidemiológicas de manera completa y oportuna y notificar los
eventos de interés en salud pública atendidos en los diferentes servicios del Hospital San
Vicente ESE.
Detectar, evaluar y notificar a la Subdirección Científica sobre las presuntas irregularidades
en ejercicio de las actividades del objeto contractual.
Participar en las actividades de coordinación, seguimiento, docencia, educación continuada
y evaluación docente asistencial para los estudiantes universitarios con los cuales el hospital
mantenga convenio vigente al respecto.
Revisión del diagnóstico, manejo, seguimiento de pacientes mediante la aplicación de
atención en Unidades de Cuidado Intensivo e Intermedios por la especialidad de
Dermatología.
Diligenciar los informes estadísticos de la institución, aplicados a su área y alimentar
diariamente en el sistema los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) de
manera completa y en el momento requerido, con la finalidad de consignar cada actividad y
procedimiento realizado.
Diligenciar formatos no POS oportunamente (diario) en los casos requeridos.
Diligenciamiento al documento de contrarreferencia y entregado al usuario.
Y todas las actividades que le sean asignadas por escrito por parte del líder del proceso y
que guarden relación con el objeto del contrato.
80. En el mismo comunicado, el Hospital señaló que «las horas de trabajo que presta
el médico especialista de la planta de personal del Hospital San Vicente de Arauca
E.S.E corresponden a 176 horas/mes y según cuadro de turnos»; mientras que «las
horas de trabajo que presta el médico especialista que se vincula por la modalidad de
contrato de prestación de servicios se consignan a través de los cuadros de turnos que
normalmente corresponde a 192 horas».
81. Adicionalmente, indicó que el número de cargos previstos en la planta de personal
del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. para el médico especialista código 213, de
2011 a 2015 fueron:
Especialidad - Año 2011 2012 2013 2014 2015
Oftalmología 1 1 1 1 1
Pediatría 2 2 2 2 2
Otorrinolaringología 1 1 1 1 1
Medicina Interna 1 1 1 1 1
Anestesiología 1 1 1 1 1
Cirugía 1 1 1 1 –
Neurocirugía 1 1 1 1 –
Ginecología 2 2 2 2 2
Ortopedia 1 1 1 – –
Totales 11 11 11 10 7
82. Agregó que el número promedio de las personas vinculadas al hospital por
contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades como médico
especialista, fueron los siguientes:
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Año 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad 41 54 58 52 45
83. El líder del programa de talento humano del Hospital y la profesional de nómina
certificaron el valor del salario mensual del cargo de médico especialista de 2011 a
2015, y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las prestaciones
sociales, a saber: bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
vacaciones, bonificación por recreación, prima de navidad y cesantías. En el caso de
los salarios fueron34:
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad $5.780.112 $6.057.557 $6.266.000 $6.450.000 $6.676.000
84. Al proceso fue aportado el manual de funciones de los médicos especialistas en
oftalmología, pediatría, otorrinolaringología, medicina interna, anestesiología, cirugía,
neurocirugía, ginecología y ortopedista35.
85. Igualmente, obra el certificado del 2 de abril de 201836 donde el líder del programa
de talento humano del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E señaló que la actora
prestó sus servicios como médica general, en virtud del contrato 2.0533, del 1 de
febrero de 2011 al 28 de febrero de 2011. El mismo certificado señaló que la
demandante celebró los contratos desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 31 de agosto
de 2015, para prestar los servicios como médica especialista en dermatología37. Estos
constan en el expediente, así38:
Nº de Fecha de Fecha de
Plazo Objeto Folios
contrato inicio terminación
2-0533 1/02/2011 28/02/2011 28 días Médica general (Fl. 150 a 151)
2-0910 1/03/2011 31/03/2011 31 días Dermatología (Fl. 148 a 149)
15 días (interrupción
2-1253 1/04/2011 15/04/2011 de 8 días hábiles) Dermatología (Fl. 146 a 147)
31 días (interrupción
S/N 1/05/2011 31/05/2011 de 25 días hábiles) Dermatología (Fl. 144 a 145)
2-2078 11/07/2011 31/07/2011 21 días Dermatología (Fl. 142 a 143)
2-2229 1/08/2011 31/10/2011 90 días Dermatología (Fl. 140 a 141)
2-2702 1/09/2011 30/09/2011 30 días Dermatología (Fl. 137 a 139)
2-2736 1/10/2011 31/10/2011 31 días Dermatología (Fl. 135 a 136)
30 días (interrupción
2-2967 1/11/2011 30/11/2011 de 7 días hábiles) Dermatología (Fl. 132 a 134)
2-3238 13/12/2011 31/12/2011 19 días Dermatología (Fl. 129 a 131)
2-0105 2/01/2012 31/01/2012 30 días Dermatología (Fl. 127 a 128)
2-0454 1/02/2012 29/02/2012 29 días Dermatología (Fl. 123 a 126)
2-0684 1/03/2012 31/03/2012 30 días Dermatología (Fl. 121 a 122)
34 Idem, págs. 40 a 42.
35 Idem, págs. 43 a 54.
36 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, págs. 49 a 50.
37 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, págs. 49 a 50.
38 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12.
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Radicación: 81001-23-39-000-2018-00011-01 (3404-2022)
Demandante: Karen Juliet Chávez Cuam
Demandado: Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
2-0988 2/04/2012 30/04/2012 29 días Dermatología (Fl. 119 a 120)
2-1038 2/05/2012 31/05/2012 30 días Dermatología (Fl. 118)
2-1252 1/06/2012 15/06/2012 15 días Dermatología (Fl. 115 a 116)
15 días (interrupción
2-1282 16/06/2012 30/06/2012 de 83 días hábiles) Dermatología (Fl. 114 a 116)
2-1701 1/11/2012 30/11/2012 30 días Dermatología (Fl. 111 a 112)
30 días (interrupción
2-2043 1/12/2012 30/12/2012 de 1 día hábil) Dermatología (Fl. 109 a 110)
2-0181 2/01/2013 31/01/2013 1 mes Dermatología (Fl. 107 a 108)
2-0314 1/02/2013 28/02/2013 28 días Dermatología (Fl. 105 a 106)
2-0387 1/03/2013 31/03/2013 1 mes Dermatología (Fl. 103 a 104)
(Fls. 101 a
2-0861 1/04/2013 30/04/2013 1 mes Dermatología 102)
2-1163 1/05/2013 31/05/2013 31 días Dermatología (Fl. 96 a 99)
2-1543 2/06/2013 30/06/2013 30 días Dermatología (Fl. 92 a 95)
2-1801 1/07/2013 31/07/2013 31 días Dermatología (Fl. 88 a 91)
2-2174 1/08/2013 31/08/2013 31 días Dermatología (Fl. 84 a 87)
2-2531 1/09/2013 30/09/2013 30 días Dermatología (Fl. 80 a 83)
9 días (interrupción de
2-2906 23/10/2013 31/10/2013 40 días hábiles) Dermatología (Fl. 243 a 247)
2-0316 2/01/2014 31/01/2014 30 días Dermatología (Fl. 238 a 242)
2-0367 3/02/2014 28/02/2014 26 días Dermatología (Fl. 233 a 237)
2-0451 2/03/2014 31/03/2014 30 días Dermatología (Fl. 230 a 232)
30 días (interrupción
2-0691 1/04/2014 30/04/2014 de 2 días hábiles) Dermatología (Fl. 223 a 227)
26 días (interrupción
2-0926 6/05/2014 31/05/2014 de 2 días hábiles) Dermatología (Fl. 217 a 222)
26 días (interrupción
2-1160 5/06/2014 30/06/2014 de 5 días hábiles) Dermatología (Fl. 212 a 216)
24 días (interrupción
2-1532 8/07/2014 31/07/2014 de 2 días hábiles) Dermatología (Fl. 207 a 211)
27 días (interrupción
2-1878 5/08/2014 31/08/2014 de 20 días hábiles) Dermatología (Fl. 202 a 206)
8 días (interrupción de
2-2103 29/09/2014 6/10/2014 21 días hábiles) Dermatología (Fl. 197 a 200)
11 días (interrupción
2-2491 5/11/2014 15/11/2014 de 11 días hábiles) Dermatología (Fl. 192 a 196)
2-2652 3/12/2014 31/01/2015 60 días Dermatología (Fl. 187 a 191)
2-0225 2/02/2015 28/02/2015 27 días Dermatología (Fl. 182 a 186)
2-0442 2/03/2015 31/03/2015 30 días Dermatología (Fl. 177 a 181)
2-0635 1/04/2015 30/04/2015 1 mes Dermatología (Fl. 172 a 176)
2-0715 1/05/2015 31/05/2015 1 mes Dermatología (Fl. 167 a 171)
1 mes (interrupción de
2-0815 1/06/2015 30/06/2015 11 días hábiles) Dermatología Fl. 162 a 166)
16 días (interrupción
2-0965 16/07/2015 31/07/2015 de 9 días hábiles) Dermatología (Fl. 157 a 161)
2-1166 17/08/2015 31/08/2015 15 días Dermatología (Fl. 152 a 156)
86. Cuadros de programación de disponibilidad por fechas de los especialistas, entre
ellos la accionante, de los años 2011 (febrero a diciembre), 2012 (enero a junio y
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agosto, octubre y diciembre), 2013 (enero a mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre
y diciembre), 2014 (enero a julio y octubre) 2015 (enero a septiembre)39.
87. En la audiencia de pruebas celebrada el 20 de junio de 2018, el Tribunal practicó
los testimonios de Norma Nataly Rodríguez Rodríguez, Óscar Eduardo Santana
Arciniegas y María Lizeth Bueno Bernal40. También se realizó el interrogatorio de parte
de la accionante.
88. En el interrogatorio de parte, la señora Karen Julieth Chávez Cuam mencionó
que inició como médica dermatóloga en el Hospital San Vicente (Arauca) en el 2011,
recibiendo órdenes de la Subdirección Científica y del jefe líder de la consulta externa.
Tenía un cuadro de turnos donde le asignaban las actividades por realizar. Explicó que
algunas especialidades, tenían salarios mejores y que se retiró del Hospital debido a
que al llegar una persona recomendada, la institución iba a reducir su dedicación a 15
días de trabajo y que «eso para mí fue un golpe duro, emocional, económico y de todo
tipo, porque yo no soy de aquí. Tenía que pasar dificultades porque yo tenía mi sueldo,
pero yo tenía que pagar transportes, alimentación, tenía que pagar arriendo, tenía que
pagar todas esas cosas».
89. El apoderado de la entidad, le preguntó si «existía alguien en el Hospital San
Vicente que pudiese darle instrucciones de cómo ejercer su profesión como
especialista en dermatología». En respuesta, manifestó que «efectivamente, yo soy la
médico capacitada para dar diagnóstico y tratamiento de esas entidades (sic) que
presenten los pacientes. En ese sentido, yo soy autónoma. Soy un médico que tengo
que buscar la solución ante esos problemas de salud de las personas y todos los
médicos lo hacen».
90. Respecto a la supervisión del contrato manifestó que «no sé quién es el encargado
de supervisar los contratos, no sé específicamente quién es la persona. Como le digo,
en el momento que estuve en el tiempo siempre hubo administraciones diferentes».
En lo atinente a las instrucciones recibidas explicó que cuando ingresó, como médica,
le realizaron una inducción, la llevaron por las áreas y le explicaron qué se hace en
cada una; dónde estaba el laboratorio y cómo se tramitaban los exámenes; cómo
funcionaba la sala de cirugía; los horarios de trabajo; la sala de procedimientos y el
equipo disponible. También le indicaron qué procedimientos se realizan
(cauterizaciones y resecciones), que el consentimiento informado se diligenciaba en
consulta externa, y cuál sería su consultorio y el tipo de consultas asignadas.
91. Además, le precisaron que debía estar atenta al manejo de los desechos, que le
entregarían las historias clínicas, la programación de turnos y el cuadro de horarios;
que debía seguir el orden de los pacientes según el sistema y llamar dentro del horario
establecido; y dónde se ubicaban las carpetas. Igualmente, si iba a realizar un
procedimiento, se le indicó que debía remitir y obtener la firma del consentimiento
informado.
92. En lo que concierne al horario, manifestó que «trabajé en el Hospital San Vicente
yo cumplí mi horario de acuerdo a la programación que me establecían allí de tal a tal
39 Idem, doc. 12, págs. 110 a 192.
40 Idem, doc. 14, págs. 99 a 100 y carpeta 015CD.
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hora, siempre con el mismo número de pacientes, que era un volumen grande».
3.5. Caso concreto
93. En el asunto bajo análisis, la accionante celebró contratos de prestación de
servicios, desde el 1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015, como médica general
y especialista en dermatología en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. y solicita la
nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los
emolumentos laborales.
94. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la
accionante no demostró el elemento de subordinación, por el contrario, actuó con
autonomía técnica y administrativa. Además, desestimó los testimonios de Óscar
Eduardo Santana Arciniegas y María Lizeth Bueno Bernal e indicó que la prestación
del servicio fue temporal y fraccionada.
95. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación
insistiendo en que demostró la relación laboral con las pruebas documentales, el
interrogatorio de parte y los testimonios. También, censuró que el fallo apelado no haya
valorado los testimonios de Óscar Eduardo Santana Arciniegas y María Lizeth Bueno
Bernal.
96. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se estudiarán los
testimonios y los elementos de la relación laboral.
• Valoración probatoria de los testimonios
97. La recurrente sostiene que no asistió la razón al Tribunal en cuanto dejó de
valorar los testimonios de Óscar Eduardo Santana Arciniegas y María Lizeth Bueno
Bernal.
98. Cabe anotar que para el Tribunal el testimonio del señor Óscar Eduardo Santana
Arciniegas no era imparcial porque fungía como apoderado en varios procesos contra
el Hospital. En el caso de María Lizeth Bueno Bernal aseveró que ella y su esposo
demandaron a la entidad con similares hechos.
99. Sobre el particular, el artículo 211 del Código General del Proceso prevé que en
los eventos que se afecte la credibilidad del testigo, el juez debe analizar lo declarado
según las particularidades del caso, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar
el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés
en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada
caso.
100. Como se observa, la norma no prevé la exclusión de la declaración del testigo cuya
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imparcialidad puede estar comprometida, como sí acontece por ejemplo con las
inhabilidades para dar testimonio (art. 210 del CGP41); sino que el juez debe estudiar lo
manifestado con la prevención del interés que puede tener el declarante en el proceso.
De suerte que, en atención a los criterios generales de valoración probatoria, impera
acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las reglas de la sana crítica (arts.
24242 y 17643 del CGP), teniendo en cuenta que el juez debe exponer razonadamente
el mérito que le asigne a cada prueba.
101. Consecuentemente, la Subsección procede a exponer lo expresado por los
testigos, para analizarlo en conjunto con las demás pruebas. Cierto es que tienen un
interés en lo debatido en el proceso, empero, no se puede perder de vista su cercanía
con los hechos estudiados, en tanto, fueron compañeros de trabajo de la accionante,
en los empleos de auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería en el área de cirugía.
102. El señor Óscar Eduardo Santana Arciniegas indicó que era abogado litigante y
apoderado en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital.
Precisó que estuvo vinculado con la entidad mediante contratos de prestación de
servicios del 2009 a 2014.
103. El declarante señaló que aproximadamente en febrero de 2011 conoció a la
doctora quien se desempeñaba como médica especialista en la entidad. Ese vínculo
se extendió por cerca de cuatro a cinco años. Durante ese período, la doctora, en
calidad de especialista en dermatología, prestó sus servicios de manera personal y
bajo subordinación. Resaltó que recibía órdenes directas de la administración, para la
época, del director del hospital, el subdirector científico y la jefatura de consulta
externa. Asimismo, debía cumplir horario de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00 m.
y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Sus actividades comprendían la atención de pacientes en
consulta externa y urgencias, así como la realización de cirugías programadas.
104. Para ausentarse del lugar de trabajo, el testigo indicó que la demandante debía
informarle por escrito al subdirector científico para la época de los hechos, o «cuadrar
los turnos que ella obligatoriamente debería cumplir en el área de consulta externa o
en el área de cirugía programada». Explicó que las obligaciones de la actora eran las
mismas de los médicos especialistas en la planta del hospital. Expuso que para «el
año creo que fue 2011, 2012 o 2013, no recuerdo exactamente el mes y año, gran
41 ARTÍCULO 210. INHABILIDADES PARA TESTIMONIAR.
Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental
o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto
del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para
testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del
testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia, y si encuentra probada la causal se
abstendrá de recibir la declaración.
42 ARTÍCULO 242. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el
proceso.
43 ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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parte del personal de la entidad laboró sin contrato, en este caso la doctora Karen
Chávez estaba dentro de esas personas o empleados o contratistas que trabajó sin
vínculo contractual alguno».
105. El testigo agregó que como abogado litigante «tengo procesos judiciales que
cursan en la jurisdicción contenciosa-administrativa, debatiendo el mismo asunto por
el que hoy estamos convocados o más bien por lo que la demandante está reclamando
que son unos derechos que como trabajadora le corresponde».
106. El apoderado de la entidad, le preguntó al testigo por cuáles motivos tenía
conocimiento sobre el cumplimiento del horario de trabajo de la actora, las órdenes y
los permisos, pese a que en sus funciones como auxiliar administrativo encargado de
las historias clínicas no tenía mucho contacto con la demandante. En respuesta
manifestó «porque prácticamente para la época de los hechos yo ejercía también un
cumplimiento de horario que era de 7 a 12 y de 2 a 5. Por ser el objeto social de la
entidad que presta servicio de salud, tiene el horario establecido y como todos se
conoce en la realidad, en la realidad fáctica y todos los que trabajan en el área de
consulta externa cumplen sus horarios de esa manera».
107. La señora María Lizeth Bueno Bernal relató que trabajaba en el Hospital San
Vicente, como auxiliar de enfermería en la planta de personal. Indicó que le colaboraba
a la accionante en la sala de cirugía. En cuanto a las actividades que realizaba expresó
que la actora prestaba sus servicios en consulta externa, hospitalización, cirugía y en
urgencias. Relató que en cada área había un jefe inmediato, el cual programaba las
consultas. Para ausentarse de su lugar de trabajo, los médicos debían pedirle permiso
a la Subdirección Científica. Respecto a las instrucciones que recibía indicó que
provenían de los jefes de cada servicio y el subdirector científico. Adicionalmente,
indicó que la actora también cumplía con sus funciones sin contrato, puesto que
«siempre a los OPS muchas veces las hacen los contratos y después de haber
terminado el mes, el mes digamos de junio, se lo hacen en julio, a mitad de julio».
108. La apoderada de la parte actora, le preguntó ¿tiene usted conocimiento qué
sucedía si ella no cumplía con las actividades en ese periodo de tiempo donde no
existía un contrato de prestación de servicios entre las partes? En respuesta, la testigo
manifestó que no. Refirió que demandó al Hospital «porque era de contrato y pues
demandé por los años prestados en el Hospital San Vicente».
109. A su vez, el apoderado de la parte demandada indagó sobre quién podía darle
instrucciones de cómo ejercer su actividad como especialista. Frente a lo cual, la
testigo manifestó que nadie. Precisó que cuando habla del cumplimiento de un horario,
se refería a los cuadros de turnos. Las órdenes que recibía la actora eran sobre «la
programación que se realiza en cirugía, que la jefe es la que programa, la que la llama
y le dice, doctora, mañana le corresponde el lunes o martes miércoles le corresponde
cirugía, a tal hora tiene 14 pacientes para que ella, pues llegara temprano, iniciara su
programación». Adujo que después de atender los pacientes programados y una vez
terminada la agenda, se podía retirar, pero quedaba sujeta al llamado de urgencia.
110. Además, compareció al proceso la señora Norma Nataly Rodríguez Rodríguez
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la cual declaró que fue asesora de control interno del Hospital San Vicente desde
febrero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2015. Indicó que conoció a la
actora, quien era médica especialista en dermatología del Hospital San Vicente de
Arauca, por contrato de prestación de servicios. En cuanto a las actividades que
realizaba señaló que prestaba servicios profesionales de dermatología en consulta
externa, en urgencias, en hospitalización. Relató que la Subdirección Científica
establecía un cuadro de turnos con los horarios y fechas en que los especialistas
debían realizar las actividades.
111. Frente a la pregunta de si «había alguna posibilidad que la actora cumpliera con
sus obligaciones contractuales en un término diferente a los estipulados por el Hospital
San Vicente, mediante los cuadros de turnos», manifestó que «en caso que la actora
no cumpliera con las actividades de acuerdo a lo estipulado por la entidad, en los
cuadros de turno se generaba alguna consecuencia, normalmente cuando un
especialista tenía alguna imposibilidad para cumplir el cuadro de turnos, pues tenía
que avisar al subdirector científico, quien reprogramaba […] la fecha y las horas en
que debía prestar el servicio la especialista para que lograra cumplir con las horas
estipuladas dentro del cuadro de turno». Así entonces, para que pudiera ausentarse
debía «avisar a la jefe del servicio en el cual se estuviera ejerciendo […] o informar a
la Subdirección Científica».
112. Igualmente, la testigo fue indagada sobre si «existía alguna persona o el cargo que
diera órdenes instrucciones a la demandante», a lo cual explicó que el Hospital San
Vicente opera mediante procesos y procedimientos administrativos; cada servicio
corresponde a un proceso con un líder responsable. En el caso de la doctora Karen
Juliet Chávez Cuam, las instrucciones que debía seguir dependían del servicio en el
que prestara sus actividades. Por ejemplo, en consulta externa existe una líder del
servicio que imparte las directrices para la jornada; si la doctora asistía como
especialista, debía acatarlas. Lo mismo aplica en urgencias y hospitalización, donde
el líder del proceso define el manejo del servicio durante el turno.
113. Explicó que en el tiempo que fue contratada la accionante, en la planta del Hospital
no existía el cargo de dermatóloga, ella prestaba sus servicios durante todo el mes y
en los horarios especificados en el cuadro de turnos establecido para ella. Adujo que
«las obligaciones estaban establecidas dentro del contrato, y ella prestaba el servicio
tanto de consulta externa como de urgencias y hospitalización, es decir, ella cubría el
100% de la demanda en temas de dermatología durante todo ese tiempo».
114. Respecto a si conocía si hubo ocasiones en que, pesar de no tener contrato con
la entidad, la demandante cumplió normalmente con el ejercicio de sus actividades
como dermatóloga al servicio del Hospital San Vicente de Arauca, la testigo informó
que «sí, claro, normalmente en el Hospital San Vicente el presupuesto es deficiente,
alrededor de los primeros meses hasta los primeros 6 meses se cuenta con un
presupuesto para abarcar todas las necesidades, y ya partir yo creo que de junio o en
adelante, a veces el presupuesto no alcanza; sin embargo, los especialistas y muchos
trabajadores continúan prestándole los servicios al Hospital San Vicente sin contrato».
Señaló que cuando la entidad no contaba con presupuesto, normalmente toda la parte
administrativa del Hospital los llamaba «para que continúen trabajando sin contrato».
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115. El apoderado de la entidad le preguntó a la testigo ¿si usted hace parte del área
administrativa cómo se enteraba del cumplimiento de órdenes, permisos y cuadro de
turnos sobre la señora Karen Julieth Chávez Cuam, sí ella prestó sus servicios en el
área asistencial? En respuesta manifestó que la asesora de control interno
«obviamente conoce de todos los procesos y procedimientos de la entidad».
116. De lo expuesto, la Sala resalta que los testigos son coincidentes en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que la accionante prestó sus servicios
como médica especialista en dermatología en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
Como fue señalado en las declaraciones, la actora laboró personalmente en el Hospital
sin posibilidad de subcontratar, debía cumplir un horario de trabajo de tiempo completo
fijado a través de cuadros de programación, si debía ausentarse tenía que informar y
pedir la reprogramación del turno, estar disponible para los llamados de urgencias y
era la única especialista en dermatología del hospital.
117. En último lugar, la Subsección no desconoce que el señor Óscar Eduardo Santana
Arciniegas ha ejercido como abogado para representar intereses de terceros en
procesos contra el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.; y que María Lizeth Bueno
Bernal demandó a la entidad por el tiempo en que estuvo vinculada a través de
contratos. Sin embargo, los declarantes fueron compañeros de trabajo de la
accionante y conocieron las condiciones en las cuales prestó sus servicios, por
consiguiente, lo manifestado se valoró en conjunto con las otras pruebas recaudadas,
a saber, las obligaciones contractuales, la programación de turnos, la permanencia, la
misionalidad de la entidad, y las demás pruebas testimoniales.
118. Aunado a lo anterior, si se exigiera a la actora solicitar la práctica de pruebas
testimoniales de personas ajenas a su entorno laboral, como lo alega la entidad para
desacreditar los testigos, esas declaraciones no tendrían el valor probatorio para
demostrar los elementos de la relación laboral, en tanto, carecerían del conocimiento
directo de los hechos. En este sentido, cabe anotar que para la pertinencia y utilidad
de las pruebas es necesario que los testigos hayan presenciado la labor y las
condiciones de prestación del servicio del contratista.
• Elementos de la relación laboral
119. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.
120. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite de hechos probados,
celebrados desde el 1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015.
121. En efecto, el primer contrato que tuvo una duración de 28 días del 1 al 28 de
febrero de 2011, con el objeto de prestar los servicios como médico general, en
fortalecimiento del servicio integral para el manejo materno fetal en el área de cirugía
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y otras patologías relacionadas con el embarazo44. Posteriormente, del 1 de marzo de
2011 hasta el 31 de agosto de 2015 los objetos de los contratos fueron para ejercer
como médica especialista en dermatología con obligaciones contractuales referidas a
practicar exámenes, realizar diagnósticos, atender en consulta externa y en urgencias,
realizar procedimientos quirúrgicos, participar obligatoriamente en las actividades de
capacitación, en el «100% de los miércoles de academia», hacer parte de las
actividades de docencia para los estudiantes universitarios con los cuales el hospital
tenía convenio, diligenciar informes estadísticos y realizar todas las actividades
asignadas por el líder del proceso45.
122. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en los contratos de
prestación de servicios celebrados entre la actora y el Hospital San Vicente de Arauca
E.S.E., las partes acordaron el pago de honorarios a favor de la contratista.
123. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.
124. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.
125. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos, o más técnicamente, indicios que permiten inferir la existencia
de una relación laboral subordinada encubierta.
126. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
127. En lo atinente a la subordinación, se destaca que la actora estaba sujeta al
horario que de manera unilateral fijaba el subdirector científico del Hospital, a través
de los cuadros de programación de disponibilidad, que eran de lunes a viernes, de 7
a.m. a 12 del mediodía, y de 2 p.m. a 4 p.m o 5 p.m., y algunos sábados y domingos46.
44 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 10, págs. 150 a 151.
45 Idem, págs. 37 a 39.
46 Idem, doc. 12, págs. 110 a 192.
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Circunstancia que evidencia el ejercicio del poder de subordinación propio de una
relación laboral.
128. Así mismo, a partir del análisis de las obligaciones contractuales se advierte que
debía atender el llamado de urgencias de su especialización cuando fuera requerida,
y asistir obligatoriamente a todas las actividades de capacitación, al «100% de los
miércoles de academia», y participar en las actividades de docencia para los
estudiantes universitarios. El lugar del trabajo eran las instalaciones del Hospital y para
cumplir el objeto contractual la entidad le suministraba todos los elementos que
requería.
129. Frente a la dirección y control efectivo de las actividades, al modo, cantidad de
trabajo y la inserción en la estructura organizacional de la entidad, se destaca que la
médica recibía órdenes del subdirector científico, y de los líderes de cada proceso, tal
como lo señalaron las testigos Norma Nataly Rodríguez Rodríguez y María Lizeth
Bueno Bernal.
130. En efecto, Norma Rodríguez expresó que las instrucciones para la doctora Karen
Juliet Chávez Cuam variaban según el servicio en el que trabajara, en consulta
externa, urgencias y hospitalización debía acatar las directrices del líder del proceso
durante su turno. Por su parte, María Lizeth señaló que para ausentarse de su lugar
de trabajo, los médicos debían pedirle permiso a la Subdirección Científica. Respecto
a las instrucciones que recibía la actora indicó que provenían de los jefes de cada
servicio y el subdirector científico.
131. A su vez, el señor Óscar Eduardo Santana Arciniegas indicó que la demandante
estaba sometida a las órdenes del director, subdirector científico y jefatura de consulta
externa, con jornada fija de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a
5:00 p. m. Sus funciones incluían consulta externa, atención de urgencias y cirugías
programadas. Relató que para ausentarse, debía informar por escrito al subdirector
científico o reprogramar turnos en consulta externa o cirugía.
132. Del mismo modo, de la valoración del interrogatorio de parte se corrobora que la
accionante prestó sus servicios como dermatóloga en el Hospital, recibía órdenes e
instrucciones de la Subdirección Científica y del jefe líder de consulta externa, tenía un
cuadro de turnos donde se le asignaban las actividades diarias y los horarios de trabajo
y atendía un alto volumen de pacientes y cumplía horarios fijos, según la programación
del hospital.
133. Ciertamente, aunque afirmó que como especialista era autónoma en sus
decisiones médicas para diagnosticar y tratar las patologías, debía acatar directrices
institucionales sobre el funcionamiento del servicio. A este respecto, es importante
destacar que el ejercicio de una profesión liberal per se no excluye que la parte pueda
demostrar la existencia de una relación laboral encubierta, «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que
las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin
perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún
caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
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subordinación laboral»47.
134. Por otra parte, la inserción de la actora en la estructura organizacional del
Hospital se evidencia porque en la planta de personal solamente hubo entre 11 y 7
médicos especialistas de planta (2011 a 2015), mientras que la actora como
especialista estaba contratada por prestación de servicios por tiempo completo y los
contratos se celebraron durante más de cuatro años (salvo las interrupciones)48.
135. En cuanto a que el servicio personal contratado corresponda a las funciones
permanentes de los empleados de planta, en el caso concreto, no se puede pasar por
alto, que por ejemplo para el año 2015 en la planta de personal solo había 7 médicos
especialistas de planta y los vinculados por contrato eran 45. Lo cual denota que sí
existían unas necesidades permanentes del hospital, pero que se estaban
satisfaciendo a través de contratos de prestación de servicios, lo que desconoce el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que el instrumento contractual
debe satisfacer una necesidad temporal, tal como lo estableció el fallo de unificación
del 9 de septiembre de 202149. Pese a ello entre los años 2011 a 2015 el hospital
contrató en promedio 50 médicos especialistas, incluida la accionante.
136. De igual manera, la misión del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. es prestar
«servicios integrales de salud de mediana complejidad, con recursos tecnológicos y
un talento humano comprometido con la calidad, seguridad, innovación, y
responsabilidad social, garantizando la satisfacción del usuario y su familia»50 función
que se acompasa con a las actividades especializadas desempeñadas por la
demandante.
137. Entonces, fuerza concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo la
coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones de la accionante se
ejecutaron según las órdenes del Hospital, se reitera, con la imposición de un horario,
el cumplimiento de turnos y la sujeción a las directrices del subdirector científico o el
líder del proceso.
138. Por otra parte, tal como lo indicó esta Subsección en sentencia del 25 de enero
de 2024, donde la parte demandada era igualmente el Hospital San Vicente de Arauca
«echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas temporales que atiendan
a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo tanto, la ausencia
de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratada la
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
48 Idem, págs. 37 a 39.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
50 https://www.hospitalsanvicente.gov.co/explore/quienes-somos/mision-vision.html.
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desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad»51.
139. De hecho, la entidad al tener creados en planta solamente 7 cargos para el año
2015, frente a los 45 médicos especialistas vinculados a través de contratos de
prestación de servicios, evidencia claramente el incumplimiento del principio de
planeación que debe regir en la administración pública, máxime cuando se trata de la
prestación del servicio público de salud y del bienestar de las poblaciones que acceden
a este servicio. La existencia de solamente 7 cargos de médicos especialistas en
planta y de 45 médicos especialistas por contrato de prestación de servicios y la
vinculación del accionante durante casi 4 años acredita que el servicio de dermatología
no era transitorio, sino que constituía una necesidad permanente del hospital.
140. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad de la contratación son la
esencia de este tipo de contratos. Con ellos no pueden suplirse, de manera definitiva,
las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el contrato de
prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad52. En caso
contrario, se está ante una relación laboral subordinada.
141. Se considera que resulta más oneroso para la entidad asumir el pago de
condenas judiciales por la indebida utilización de los contratos de prestación de
servicios, que realizar todos los trámites requeridos para crear en las plantas de
personal los cargos de médicos con aquellas especialidades que se requieren de
forma permanente para la atención de la población.
142. En lo que concierne a las interrupciones entre los contratos, las testigos María
Lizeth Bueno Bernal y Norma Nataly Rodríguez Rodríguez manifestaron de una forma
muy general que normalmente debido a dificultades presupuestales los especialistas
continuaban prestando los servicios sin haber firmado el contrato. Empero, no existen
otros elementos de prueba que permitan tener por demostrado que, en concreto, la
accionante haya prestado el servicio durante las interrupciones descritas en el acápite
de hechos probados.
143. En síntesis, se desprende que del 1 de febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015,
(salvo las interrupciones), la parte interesada demostró la existencia de la relación
laboral con las pruebas documentales y testimoniales.
• De la prescripción
144. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 81001-23-39-000-2017-00008-01
(1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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unificación del 9 de septiembre de 202153 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.
145. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201654 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.
146. En el caso objeto de estudio, la accionante presentó la reclamación el 23 de
junio de 2017, de modo que operó la prescripción sobre los derechos reclamados que
se causaron antes del 31 de octubre de 2013, comoquiera que frente a los periodos
anteriores no se interpuso la petición en el término de tres años siguientes a la
terminación del contrato y la interrupción superior a 30 días hábiles.
147. Esto, toda vez que existieron las siguientes interrupciones injustificadas
superiores a 30 días hábiles: i) de 83 días hábiles entre los contratos 2-1282 (que
finalizó el 30 de junio de 2012) y 1701 y ii) de 40 días hábiles entre los contratos 2-
2906 (que culminó el 31 de octubre de 2013) y 2-0316. Por lo tanto, se causó la
solución de continuidad, pese a ello la parte no reclamó en los tres años siguientes.
148. Luego, considerando que el último vínculo contractual finalizó el 31 de agosto
de 2015, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 31 de agosto
de 2018. Como la actora interpuso la petición el 23 de junio de 2017 se concluye que
sí interrumpió la prescripción respecto de las pretensiones relacionadas con
prestaciones sociales y emolumentos laborales derivados de la relación laboral
encubierta. No obstante, dicha interrupción solo tuvo efectos frente al último vínculo
contractual, por lo que únicamente procede el pago de las prestaciones sociales
causadas entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015 (salvo interrupciones).
Igualmente, se hace la salvedad sobre que los aportes a pensión son imprescriptibles.
• Restablecimiento del derecho
149. Consecuentemente, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre
otras. Para ello, se debe tomar como base el salario de un empleado que desarrollaba
las funciones de médico especialista de planta55, para el período de vinculación del 2
de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015.
150. En efecto, al proceso se aportaron las funciones de los médicos especialistas y
todos tenían como requisitos acreditar el título profesional de medicina y el de
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-
2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
55 Al respecto consultar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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especialistas, con 24 meses de experiencia, por tanto, se determina que es el cargo
equivalente en la planta de personal56.
151. Por otra parte, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones
sociales cuyo pago se ordena, como consecuencia de la declaratoria de la existencia
de la relación laboral, se determina que por regla general y en virtud del principio a
trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que exista en la planta
de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso contrario, cuando no exista
el cargo en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser los honorarios.
152. Ahora, sobre el trabajo suplementario, la demandante no demostró la
realización de labores fuera de la jornada ordinaria, ni que el hospital hubiera
autorizado la prestación del servicio en horas extras57. Por otra parte, sobre el trabajo
ordinario en días dominicales y festivos regulado en el artículo 3958 del Decreto 1042
de 1978, se advierte que en los cuadros de programación la actora laboró varios
domingos en urgencias. De ahí que sea procedente el reconocimiento del recargo por
la labor realizada acorde con la norma citada, para lo cual la entidad deberá verificar
la totalidad de domingos y días feriados en que laboró la accionante59.
153. La parte demandada debe calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional,
que corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya desarrollado sus
funciones en todo el periodo de vinculación, del 1 de febrero de 2011 a 31 de agosto
de 2015 (salvo sus interrupciones). La entidad deberá cotizar al respectivo fondo
pensional el porcentaje que le correspondía como empleador.
154. No hay lugar a ordenar el pago de la diferencia entre el valor de los honorarios
y el salario del cargo en planta, toda vez que aquellos fueron superiores. A saber, en
los contratos 2-0316, 2-367, 2-0451, 2-0691, 2-0926 de 2014, los honorarios pactados
fueron en promedio de $13.500.000, mientras que el salario básico del empleo de
médico especialista de planta para el 2014 fue de $6.676.000.
155. Al respecto, se resalta que «toda decisión judicial debe estar basada en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» (art. 164 del CGP). Este
principio del derecho procesal tiene su razón de ser en que las órdenes judiciales
deben estar respaldadas por las pruebas practicadas y debatidas en el proceso,
56 Idem, págs. 43 a 54.
57 Sobre el particular, se pronunció la Subsección B, en sentencia del 12 de diciembre de 2023, proceso con
radicado 66001-23-33-000-2017-00647-01 (1915-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, así: «En lo
relacionado con las horas extras, como dentro del expediente no existe prueba que permita comprobar su
causación, no se puede establecer su cantidad exacta y tampoco es dable determinar si se trató de trabajo extra
diurno o nocturno. Entonces, era necesario que el interesado demostrara que en efecto laboró tiempo extra, si fue
de día o de noche, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, se debe
negar, como lo determinó la decisión apelada».
58 ARTÍCULO 39. Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas
especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de
la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán
derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que
tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. […].
59
Sobre el reconocimiento del trabajo ordinario en días dominicales, ver la sentencia del 9 de mayo de 2024, de la
Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 66001-23-33-000-2017-00178-01 (3024-2020), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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acorde con la verdad procesal, lo que excluye decidir con el conocimiento privado del
juez60.
156. Finalmente, es importante destacar que estas medidas de restablecimiento del
derecho también pretende ser un instrumento de prevención del daño antijurídico para
las empresas sociales del estado y entidades que prestan el servicio de salud. Esto
con el objeto de evitar la continuada y reiterada desnaturalización del contrato de
prestación de servicios en el servicio público de la salud, en detrimento de las
poblaciones menos favorecidas que son las beneficiarias del servicio, y de los
profesionales de la salud que ha visto precarizadas sus relaciones laborales.
4. Costas
157. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 61 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
158. La Subsección concluye que la señora Karen Juliet Chávez Cuam acreditó la
existencia de una relación laboral entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de agosto de
2015, salvo sus interrupciones, en la prestación del servicio como médica
especializada en dermatología del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. En efecto,
demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación
continua.
159. Contrario a lo considerado por el Tribunal sí procede la valoración de los
testimonios, pese que a los declarantes también hayan demandado a la entidad
60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SP2876-2020, rad. 55135, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
«se proscribe que el juez pueda decidir con base en su conocimiento privado en detrimento de los derechos de las
partes a presentar, conocer y controvertir las pruebas que conduzcan a la verdad declarada en el proceso».
61 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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pública, esto acorde con un análisis en conjunto con los contratos de prestación de
servicios, la misión de la entidad, la prueba testimonial y el interrogatorio de parte.
Todo lo cual lleva a concluir que se debe revocar el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder parcialmente a las
pretensiones.
160. Entonces, se declarará la nulidad del oficio demandado y a título de
restablecimiento del derecho se ordenará el pago de las prestaciones sociales que no
se extinguieron por prescripción y que se realice a la administradora de pensiones el
pago de aportes a pensión por toda la relación laboral.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 16 de
diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva. En su lugar se dispone:
Primero: Declarar la nulidad del oficio sin número del 10 de julio de 2017, expedido
por el director del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., que negó la declaratoria de
la relación laboral.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior declarar, a título de restablecimiento del
derecho, la existencia de una relación laboral entre Karen Juliet Chávez Cuam y el
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. durante el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2011 al 31 de agosto de 2015, sin incluir las interrupciones, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la sentencia.
Segundo: Declarar de oficio la prescripción de los derechos laborales causados
antes del 31 de octubre de 2013.
Tercero: Condenar al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. a reconocer las
prestaciones de orden legal a las cuales tiene derecho Karen Juliet Chávez Cuam,
desde el 2 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015 y el valor que corresponda por
el trabajo en dominicales y festivos, para lo cual tomará como referente el salario del
empleo de médico especialista, por el tiempo en el cual se demostró la existencia de
la relación laboral.
De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad
demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por la
demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir en razón
de la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones
en el porcentaje que le incumbía al empleador, por el periodo comprendido en que se
acreditó la relación laboral, dada su naturaleza imprescriptible. Por su parte, la
demandante para el mismo periodo deberá acreditar las cotizaciones realizadas al
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mencionado sistema durante el vínculo contractual y si no las hubiese hecho, o si se
verificara algún faltante, tendrá la obligación de completar o pagar según corresponda,
el porcentaje que le concernía como empleada, según lo analizado en los acápites
pertinentes de esta sentencia.
Las sumas adeudadas que deberá cancelar la entidad condenada se actualizarán de
acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando
el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Cuarto: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo 192
del CPACA.
Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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