República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00084-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 12 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a través del cual la entidad
accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó que en
calidad de docente oficial tiene derecho al pago de esta según el régimen previsto en
la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al servicio docente antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que como el
demandante prestaba sus servicios como docente antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
Definió que, al haber acreditado los requisitos exigidos por dicha normativa, tenía
derecho a que la entidad accionada le reconociera una pensión de jubilación a su favor
a partir de la adquisición del estatus pensional.
Esta Subsección confirmará la decisión anterior, al acreditarse que el régimen
pensional que le es aplicable al accionante es el establecido en la Ley 33 de 1985,
comoquiera que se vinculó en calidad de docente oficial con anterioridad a la Ley 812
de 2003.
1
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 18 de enero de 20211, el señor Guillermo Henao
Sepúlveda, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —
Fomag—, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 30 de julio de 2020, por medio del cual le negó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación al señor Guillermo Henao Sepúlveda.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, desde la fecha en
que cumplió su estatus pensional —esto es, el 19 de octubre de 2017—, cuando reunió
los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios—, equivalente al 75 % de los
salarios y las primas percibidas durante el año anterior a la consolidación del derecho
pensional, sin exigir el retiro del servicio.
4. Solicitó que se condene a la actualización de los valores adeudados conforme
a la disminución del poder adquisitivo, de conformidad con el artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA); el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y que se condene en costas, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. El señor Guillermo Henao Sepúlveda nació el 20 de septiembre de 1962. Prestó
sus servicios como docente de manera discontinua en el municipio de Medellín entre
los años 1997 y 2005. Primero, del 27 de marzo de 1997 al 30 de noviembre de 1998,
después, del 4 de mayo de 1999 al 28 de noviembre de 2005.
1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital, archivo
17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, carpeta 017ED_ONEDRIVE20240318ZIP,
carpeta 000-2021-00084 – DIGITAL, documento 003. DDA GUILLERMO HENAO SEPULVEDA, págs. 2 a 18.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
7. A partir del 16 de enero de 2006, fue nombrado en propiedad por la misma
entidad. Afirmó que, al momento de la presentación de la demanda, había completado
7.201 días de servicio a la docencia oficial.
8. El 30 de julio de 2020, el accionante solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación; sin embargo, la
entidad no dio respuesta.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. La parte demandante invocó como normas violadas el artículo 1, inciso
segundo, de la Ley 33 de 1985; el artículo 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989;
el artículo 6 de la Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de 1994; el artículo 279
de la Ley 100 de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y los artículos 1 y 2 del
Decreto 3752 de 2003.
10. Realizó una relación cronológica de las normas aplicables a los docentes
nacionalizados en materia de pensión ordinaria de jubilación. Indicó que el artículo 17,
inciso b), de la Ley 6 de 1945 fue la primera disposición normativa que reconoció para
todos los empleados públicos el derecho a la pensión vitalicia de jubilación al cumplir
50 años de edad y 20 años de servicio continuo o discontinuo. Posteriormente, señaló
que el artículo 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985 extendió este derecho al empleado
oficial que sirviera o hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y llegara a la
edad de 55 años, en cuantía equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.
11. Precisó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 unificó el régimen de
prestaciones económicas y sociales para los docentes nacionales, nacionalizados y
los vinculados a partir del 1 de enero de 1990, remitiéndolos a las normas vigentes
para los servidores públicos del orden nacional y a las que en el futuro se expidieran
para dicho sector, con las excepciones previstas en la ley. De ello concluyó que para
los docentes vinculados después de 1990 se unificó el régimen de prestaciones
económicas y sociales con el resto de los empleados públicos del orden nacional.
12. Sostuvo que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció dos regímenes
pensionales según la fecha de vinculación al servicio educativo oficial: el primero,
aplicable a quienes se encontraban vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003,
que conservan el régimen prestacional previsto para el Magisterio en las disposiciones
vigentes antes de la entrada en vigor de dicha ley; el segundo, para quienes se
vincularan con posterioridad, a los que les correspondería el régimen de prima media
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la particularidad de que la edad de
pensión es de 57 años para hombres y mujeres.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
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13. Indicó que la expresión «vinculados al servicio público educativo oficial»,
contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, no exige que el docente se
encontrara activamente laborando al momento de la entrada en vigor de la norma, sino
únicamente que hubiera tenido una vinculación anterior a esa fecha. Citó la sentencia
del Consejo de Estado del 16 de marzo de 2017, radicación 25-000-23-42-000-2012-
00275-01, en la que se precisó que el régimen pensional aplicable a los docentes se
determina por la fecha de la primera vinculación al servicio educativo oficial, sin
importar si el docente se encontraba o no trabajando al momento de entrar en vigor la
Ley 812 de 2003.
14. Señaló que el Decreto 3752 de 2003, reglamentario de la Ley 812, ratificó esta
interpretación al disponer en su artículo 1 que los docentes vinculados a las plantas de
personal de los entes territoriales debían ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y establecer en su artículo 2 que las
prestaciones sociales causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag estarían a
cargo de la respectiva entidad territorial o entidad de previsión social a la que se
hubiesen realizado los aportes, mientras que las causadas con posterioridad a dicha
afiliación serían reconocidas y pagadas por el Fondo. Concluyó que la omisión de
afiliación oportuna al Fomag no puede trasladarse al trabajador como causal para
negar la pensión.
15. Afirmó que el accionante se encontraba vinculado al servicio de la educación
oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003 —pues laboró para el municipio de
Medellín desde 1997—, y que, al acreditar más de 55 años de edad, más de 20 años
de servicio a la docencia y cotizaciones superiores a 1.000 semanas, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme al régimen anterior a la Ley 812
de 2003, esto es, la Ley 33 de 1985, la cual es compatible con el salario docente.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones3.
17. Adujo, en cuanto a la compatibilidad entre la pensión y el salario, que esa
pretensión contraviene el artículo 128 de la Constitución Política y que, al tratarse el
demandante de un docente con vinculación territorial municipal financiado con
recursos propios del municipio de Medellín, le resulta aplicable el artículo 8 de la Ley
71 de 1988, que exige el retiro definitivo del servicio para hacer efectivo el pago de la
pensión. Añadió que el convenio de afiliación al Fomag suscrito por el ente territorial
3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital, archivo
17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, carpeta 017ED_ONEDRIVE20240318ZIP,
carpeta 000-2021-00084 – DIGITAL, documento 007. CONTESTACION DEMANDA FONPREMAG, págs. 3 a 16.
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no previó dicha prerrogativa, razón por la cual con posterioridad a la Ley 4 de 1992,
ese ente territorial ha negado la posibilidad de la doble asignación.
18. Señaló que conforme a la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019, solo pueden incluirse en el IBL de la pensión de jubilación los factores
establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 sobre los que se hayan efectuado
aportes, criterio que tiene respaldo constitucional en el Acto Legislativo 01 de 2005 y
que responde a los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema
pensional.
19. Propuso como excepciones de mérito, la legalidad de los actos administrativos
demandados; inexistencia de la obligación; prescripción trienal de las mesadas de
acuerdo con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; compensación de sumas
eventualmente pagadas; buena fe de la entidad; e improcedencia de la condena en
costas, en tanto esta no es objetiva.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, profirió
sentencia el 12 de febrero de 2025, a través de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se
fundó en los siguientes argumentos4:
21. Afirmó que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, se
probó que el demandante se vinculó al servicio de la docencia oficial con anterioridad
al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la
cual es beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, que exige 55
años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos para acceder a la
pensión de jubilación.
22. Determinó, con base en el formato único de historia laboral, que el accionante
acumuló un total de 21.01 años de servicio docente, discriminados así: 0.15 años entre
el 27 de marzo y el 20 de mayo de 1997; 6.58 años entre el 4 de mayo de 1999 y el 28
de noviembre de 2005; y 14.28 años desde el 16 de enero de 2006. Concluyó que los
20 años de servicios se acreditaron el 19 de abril de 2019, fecha en la que el señor
Guillermo Henao Sepúlveda consolidó el estatus pensional, toda vez que los 55 años
de edad los cumplió el 20 de septiembre de 2017.
23. Ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 19 de
abril de 2019, equivalente al 75 % de los factores salariales devengados y cotizados
en el año anterior al estatus pensional, conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en
4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital, archivo
17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, documento
018Sentencia_000202100048concedep.
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aplicación de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
Dispuso que dicha pensión sería compatible con el salario percibido por el ejercicio de
la docencia oficial, con fundamento en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto
224 de 1972. Asimismo, estableció que no había lugar a declarar mesadas prescritas,
dado que, entre la adquisición del estatus pensional, la solicitud administrativa y la
presentación de la demanda no transcurrió el término trienal de prescripción.
2.4. Recurso de apelación
24. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
25. Alegó que el régimen pensional aplicable al demandante es el de prima media
previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su vinculación en
propiedad como docente ocurrió el 16 de enero de 2006, es decir, con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Señaló que los tiempos laborados mediante
órdenes de prestación de servicios con anterioridad a esa fecha no pueden
computarse para efectos pensionales, pues no se demostró la existencia de una
relación laboral encubierta que desvirtuara la autonomía e independencia propias de
dicha figura contractual, ni se acreditaron aportes a pensión por esos periodos.
26. Argumentó adicionalmente que el demandante no es beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994, fecha de su entrada
en vigor, contaba con solo 31 años y no registraba tiempo de servicios cotizados.
Tampoco demostraba las 750 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, requeridas
por el Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo anterior, concluyó que los requisitos para la
adquisición de la pensión en el caso particular debían ser los previstos en el régimen
de prima media, esto es, 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas.
27. Sostuvo que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la Ley 4 de 1992 y el
artículo 128 de la Constitución Política prevén la incompatibilidad pensional, de tal
modo que está prohibido percibir simultáneamente dos asignaciones
del Tesoro Público que cubran el mismo riesgo. Manifestó que según la jurisprudencia
del Consejo de Estado6, si bien el sector docente goza de excepciones a tal prohibición
—como la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación—, el legislador no
expidió un régimen especial que permita percibir varias pensiones que amparen un
mismo riesgo, razón por la cual la pretensión reclamada por
el demandante es incompatible con la pensión que le reconoció el Fomag a través de
la «Resolución 1290 del 19 de febrero de 2019».
5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital, archivo
17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, documento 022_MemorialWeb_Recurso-
RecApeGUILLERMOH.
6 Citó: «sentencia del 1 de febrero de 2018», sin mencionar número de radicado alguno.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
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28. Enfatizó, en lo concerniente a los factores salariales que deben integrar el
ingreso base de liquidación, que de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 y la sentencia SUJ-014 del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, los únicos factores que se deben tener en
cuenta son aquellos previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, y sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes. Dicho criterio, aclaró, tiene carácter de
precedente obligatorio con efectos retrospectivos para todos los casos en discusión,
tanto en vía administrativa como judicial.
29. Manifestó que, si bien el derecho pensional es imprescriptible por causarse día
a día, las mesadas pensionales sí están sujetas al fenómeno prescriptivo, de manera
que solo son exigibles aquellas causadas dentro de los tres años anteriores a la fecha
en que se haya presentado la reclamación administrativa, conforme al artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. Precisó que la
interrupción de la prescripción opera por una sola vez y por un lapso igual.
30. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag, señalando
que es el ente territorial el encargado de elaborar y emitir el acto administrativo de
reconocimiento pensional, y que la función del Fondo se limita a una revisión formal
de afiliación y aportes. En subsidio, solicitó que, de imponerse condena, se ordenara
a la Secretaría de Educación girar al Fomag los valores correspondientes debidamente
indexados, dado que el ente territorial solo comenzó a efectuar aportes a partir del 6
de junio de 2006. Igualmente, se opuso a la condena en costas por considerar que la
entidad actuó de buena fe conforme a la jurisprudencia y normativa vigentes.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
31. Mediante auto del 10 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se ordenó el ingreso al despacho del expediente
para pronunciarse sobre las pruebas aportadas7.
32. A través de auto del 16 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia8 y se ordenó que una vez quedara ejecutoriada la decisión, el
proceso ingresara al despacho para proferir sentencia9.
2.6. Ministerio Público
33. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado10,
al rendir concepto, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia. Manifestó
7 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 4Autoqueadmite_07272025Autoadmiteap(.pdf).
8 La entidad accionada aportó con el recurso de apelación un certificado de afiliación del demandante al Fomag.
En el auto de la referencia se negó la prueba, al considerar que la recurrente no expuso cuál era el objeto de la
prueba, así como tampoco su pertinencia, necesidad, utilidad y conducencia.
9 Samai, índice 11, expediente digital, archivo 9Autoqueniega_07272025Autoniegapru(.pdf).
10 Samai, índice 09, expediente digital, archivo Memorial_FLF_8Concepto(.pdf).
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que el accionante «es docente oficial en propiedad desde el 16 de enero de 2006, y
no existe prueba que dé cuenta de vinculaciones posteriores al año 2003 mediante
contratos de prestación de servicios profesionales» (sic).
34. Frente a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario, señaló que
el personal docente está expresamente exceptuado de la prohibición de doble
asignación del tesoro público consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política,
en virtud del artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Añadió que la alegada incompatibilidad entre la pensión de vejez y la Resolución 1290
del 19 de febrero de 2019 constituye un error de digitación del recurrente, pues en el
proceso no se debate la legalidad de ese acto administrativo, y concluyó que no existe
fundamento para condicionar el disfrute de la pensión de jubilación al retiro del servicio
docente.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
36. La entidad accionada, en el recurso de apelación, solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva pues la llamada a reconocer la pensión de
jubilación objeto de análisis es la secretaría de educación del ente territorial certificado,
por cuanto es el encargado de emitir el acto de reconocimiento pensional.
37. Al respecto, se señala que tal reparo se encausa en una de las excepciones
previas contenidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, puntualmente
la de «[n]o comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios»11, en tanto
se endilga la responsabilidad de la secretaría de educación en el reconocimiento de la
prestación objeto de la litis, entidad que no es parte dentro del proceso.
38. No obstante, al revisar la contestación de la demanda no se evidencia que se
haya formulado la referida excepción o se hayan expuesto argumentos de esa índole,
por ende, en el trámite de primera instancia no se realizó un análisis sobre dicho
aspecto. En ese orden, al haber precluido la oportunidad de formular tal reparo y al no
haberse estudiado en la providencia recurrida, no es procedente abordar tal asunto en
11 Código General del Proceso, artículo 100, numeral 9.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
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esta oportunidad, so pena de poner en riesgo los derechos al debido proceso y doble
instancia de la parte demandante, así como el principio de congruencia12.
39. Lo anterior, se acompasa con el principio de preclusión en materia procesal, el
cual implica que el proceso se adelante a través de etapas y una vez superada una de
estas, se continúe a la siguiente sin la posibilidad, por regla general, de retroceder13.
De lo contrario, las actuaciones de las partes dentro del trámite se tornarían
intempestivas e irían en desmedro de la confianza y la seguridad jurídica por las cuales
debe propender la administración de justicia14. En razón a lo expuesto, la Sala
considera innecesario abordar en la parte considerativa un estudio de fondo respecto
al reparo antes mencionado.
40. En todo caso, se señala que en los eventos en los que se ventilan controversias
sobre las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fomag, esta Sección15 ha
decantado que, como en el caso de autos, si bien la entidad territorial es la encargada
de recibir la solicitud de reconocimiento pensional, elaborar el proyecto de acto
administrativo y remitirlo al Fomag, es este último el encargado de administrar los
recursos del régimen pensional del personal docente, por ende, es el responsable de
realizar el pago en caso de que se profiera una eventual condena.
41. Por lo expuesto, la Sala considera innecesario abordar un estudio de fondo
respecto al reparo de la entidad demandada.
3.3. Problemas jurídicos
42. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
43. ¿El demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de mayo de 2022, Rad. 08001-23-31-007-2008-00635-
01, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. En esta providencia se indicó: «Esta Sección se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades sobre los límites del recurso de apelación en los procesos ordinarios, en cuanto debe
guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que motivan la decisión del a quo en su sentencia,
respetando los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia, así como el
principio de congruencia; y en caso contrario, es decir, que se presenten en dicho recurso nuevos hechos, cargos
y pretensiones que no se adujeron en la demanda ni en la contestación y no fueron valorados en la sentencia de
primera instancia, el fallador de segunda instancia no puede adelantar el estudio de estos nuevos reproches, pues
es su deber proteger los derechos, garantías y principios anotados».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de noviembre de 2015, exp. 63001-23-33-
000-2014- 00060-01 (4134-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 3 de marzo de 2017, exp. 11001-02-03-000-2016-
03299-00, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
octubre de 2021, exp. 17001-23-33-000-2017-00326-01 (4519-19), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
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teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003?
44. En caso afirmativo, ¿operó la prescripción de las mesadas pensionales?
45. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019.
46. A partir de las anteriores consideraciones (3) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (4) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico propuesto.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
47. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
48. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198916, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
49. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
50. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
16 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vincularan a partir del 1 de enero de 1990.
51. Sin embargo, la Ley 812 de 200317 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».
52. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.4.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201918
53. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
54. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
55. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
17 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
18 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
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pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
56. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
57. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación,
que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial
según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto
2354 de 2018)19.
58. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
19 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
59. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %20, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
60. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
61. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
20 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección21, tales como:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
62. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.5. Hechos probados relevantes
63. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
64. El señor Guillermo Henao Sepúlveda nació el 20 de septiembre de 1962, según
la copia del registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía22.
65. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificado de historia
laboral, que obran en el plenario, emitidos por la Secretaría de Educación del Municipio
de Medellín el 23 de abril de 2020, el demandante prestó sus servicios en calidad de
docente a la entidad, así23:
21 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital,
archivo 17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, carpeta
017ED_ONEDRIVE20240318ZIP, carpeta 000-2021-00084 – DIGITAL, documento 003. DDA GUILLERMO
HENAO SEPULVEDA, págs. 27, 29.
23 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital,
archivo 17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, carpeta
017ED_ONEDRIVE20240318ZIP, carpeta 000-2021-00084 – DIGITAL, documento 003. DDA GUILLERMO
HENAO SEPULVEDA, págs. 30 a 37.
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Vinculación Desde Hasta Tiempo
Provisionalidad 27/03/1997 30/11/1998 1 año, 8 meses y 9 días
Provisionalidad 04/05/1999 28/11/2005 6 años, 7 meses y 1 día
Propiedad 16/01/2006 23/04/202024 14 años, 3 meses y 12 días
Total 22 años, 6 meses y 17 días
Tabla 1: tiempos de servicios prestados por el accionante a la Secretaría de Educación del
Municipio de Medellín.
66. El 30 de julio de 2020, el demandante solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio —Secretaría de Educación del Municipio de Medellín— el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme con el régimen previsto
en la Ley 33 de 198525. No obstante, la entidad no dio respuesta a la petición26.
3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
67. La parte demandante solicita que se reconozca a favor del señor Guillermo
Henao Sepúlveda una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, toda
vez que se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 y acredita más de 55 años de edad y 20 de servicios al sector oficial.
68. El Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de primera instancia
accedió al reconocimiento y pago de la prestación pretendida, con fundamento en la
Ley 33 de 1985, al encontrar probado que el demandante se vinculó a la docencia
oficial antes de la Ley 812 de 2003.
69. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación
en el que alegó que como el accionante se vinculó al servicio docente el 16 de enero
de 2006, le es aplicable el régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003.
70. Así, corresponde resolver si el demandante tiene derecho a que, en su
condición de docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez
al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
71. En primer lugar, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
24 El accionante se encontraba activo en el servicio a la fecha de expedición del formato único para la expedición
de certificado de historia laboral emitido el 23 de abril de 2020, por ende, se toma esta como la fecha final de la
vinculación.
25 Samai, gestión en otros despachos, radicación 05001233300020210008400, índice 21, expediente digital,
archivo 17ED_ONEDRIVE20240318ZIP(.zip), carpeta Cuaderno principal, carpeta
017ED_ONEDRIVE20240318ZIP, carpeta 000-2021-00084 – DIGITAL, documento 003. DDA GUILLERMO
HENAO SEPULVEDA, págs. 22 a 26.
26 Hecho frente al que no existe controversia alguna.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
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812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la
restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
72. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación27 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
73. Precisado lo anterior, como se detalló en el acápite de hechos relevantes
probados de esta sentencia y lo certificó la misma entidad demandada, el accionante
se vinculó por primera vez al servicio docente en provisionalidad el 27 de marzo de
1997, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Por ende, le es
aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima que es beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.
74. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:
(1) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(2) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.
75. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se observa
que el demandante cumplió 55 años de edad el 20 de septiembre de 2017—nació el
20 de septiembre de 1962— y prestó servicios al sector público durante 22 años, 6
meses y 17 días.
76. Sobre el particular, se aclara que las vinculaciones del accionante fueron con
carácter provisional y en propiedad, por lo que contrario a lo alegado por la entidad
recurrente, nunca prestó sus servicios como docente a través de contratos de
prestación de servicios. En tal medida no existe discusión alguna frente a las
vinculaciones que realmente acreditó, además devienen en impertinentes los
argumentos expuestos en la alzada sobre la imposibilidad de tener en cuenta el tiempo
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022, exp. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
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de servicios prestado por el actor en virtud de dicho tipo de contratos, pues tienen
como fundamento un supuesto de hecho ajeno a esta controversia.
77. Así, comoquiera que el accionante cumplía 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional —30 de julio de
2020—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985.
78. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, lo consolidó el 6 de octubre de 201728, fecha en la que cumplió
20 años de servicio y para la cual tenía 55 años de edad. No obstante, se advierte que
el Tribunal dispuso que el reconocimiento pensional se efectuara a partir del 19 de abril
de 2019, en atención a que en su criterio el accionante adquirió el estatus pensional
en ese momento.
79. Así, se destaca que el estudio de la Sala no coincide con la fecha de
consolidación del derecho definida por el juez de primera instancia, por cuanto existe
una diferencia de un año y medio entre una y otra. Sin embargo, comoquiera que tal
aspecto no fue objeto de apelación, no se modificará la orden del Tribunal, dada la
condición de apelante único de la entidad accionada. Esto, en aras de no vulnerar el
principio de non reformatio in pejus29.
80. Ahora bien, la entidad accionada alegó que los únicos factores que se deben
incluir en la liquidación de la pensión son aquellos previstos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985, y sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes. Al respecto,
se observa que, en efecto, el Tribunal ordenó que para la liquidación de la prestación
debían tenerse en cuenta los factores salariales devengados y cotizados en el año
anterior al estatus pensional, conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Por ende, al
no evidenciarse motivo de inconformidad concreto, no hay lugar a hacer
pronunciamiento alguno sobre el tema.
28 De acuerdo con lo siguiente:
1. Se observa que el accionante al 28 de noviembre de 2005, acreditaba 8 años, 3 meses y 10 días —contados
todos los tiempos que se acreditaron desde el 27 de marzo de 1997 y hasta el 28 de noviembre de 2005 prestados
de manera interrumpida, como docente en provisionalidad al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio
de Medellín, según la documental allegada al expediente relacionada en el acápite de hechos probados de esta
sentencia—.
2. Se destaca que, con posterioridad, el 16 de enero de 2006, fue nombrado para prestar sus servicios como
docente a la misma secretaría de educación.
3. Así, corresponde establecer, desde el 16 de enero de 2006, instante para el cual tenía 8 años, 3 meses y 10 días
de servicio, cuánto debía trabajar el demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 16 de enero de 2006, tenía acumulados: 8 años, 3 meses y 10 días. Tiempo faltante para los 11 años: 11
años, 8 meses y 20 días.
Así, se suma el tiempo faltante a esa fecha:
(1) Se suma 11 años: 16 de enero de 2006 + 11 años = 16 de enero de 2017.
(2) Se suma 8 meses: 16 de enero de 2017 + 8 meses = 16 de septiembre de 2017.
(3) Se suma 20 días: 16 de septiembre de 2017 + 20 días = 6 de octubre de 2017.
Por lo tanto, el accionante completó sus 20 años de servicios el 6 de octubre de 2017.
29 Entendido como no agravar la situación del apelante único.
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81. A su vez, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del estatus
pensional —19 de abril de 201930— y la petición de reconocimiento —30 de julio de
2020— no transcurrieron más de tres años, no operó el término de prescripción—
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969—,
como bien lo determinó el juez de primera instancia.
82. Así las cosas, al evidenciarse que el demandante cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiario del régimen pensional establecido en
la Ley 33 de 1985, se desestiman los argumentos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse.
83. Por otro lado, en cuanto a la afirmación de la parte accionada respecto a que el
Fomag le reconoció al accionante una pensión de jubilación a través de la «Resolución
1290 del 19 de febrero de 2019», se precisa que consultado por la Sala el RUAF31, se
indica respecto al señor Guillermo Henao Sepúlveda que «no se han reportado
pensiones para esta persona». Por ende, se desvirtúa lo expresado por la entidad,
más aún cuando no aportó prueba que acredite su dicho y no obra documento alguno
dentro del expediente que dé cuenta del supuesto reconocimiento pensional, que en
últimas es el derecho que se discute en el presente asunto.
84. Finalmente, en relación con el cargo de la apelación referente a la supuesta
condena en costas, no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno, toda vez que
contrario a lo alegado, el juez de primera instancia se abstuvo de imponer tal condena.
3.7. Conclusión de la decisión
85. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el demandante se vinculó en calidad de docente con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de
55 años de edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. En consecuencia, se confirmará
la sentencia de primera instancia.
4. Costas
86. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 32 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
30 Fecha definida por el Tribunal que no fue objeto de apelación y que dada la condición de apelante único de la
entidad accionada, como se dijo en precedencia, no será modificada por la Sala.
31 Registro único de afiliados a la seguridad social. Consulta realizada a través del link:
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx.
32 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
18
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Aclara voto
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00084-01 (0727-2025)
Demandante: Guillermo Henao Sepúlveda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Salva voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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