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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-007-2008-00635-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-007-2008-00635-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por el apoderado judicial de la accionada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Negar las súplicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. TERCERO: Devolver al demandante, si los hubiese, los gastos del proceso. CUARTO: Sin costas en esta instancia. 9 Cfr. Folios 374 a 382 del cuaderno núm. 1 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Número único de radicación: 08001233100720080063501 Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez QUINTO: Notificar personalmente el presente fallo a la Procuraduría Judicial Delegada ante este Tribunal. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. […]”. Consideraciones del Tribunal 48. Estimo que: “[…], la ocupación del inmueble de esta naturaleza, no genera derecho de dominio sobre el mismo a favor del ocupante, pues la obligación de la administración, en situaciones como la que nos ocupa, consiste en reconocer las mejoras y propender por la adaptación de los ciudadanos a la nueva situación que se ha tornado obligatoria en razón del bien común, fin último de la actividad administrativa. […]”. 49. Adujo que: “[…] la noción según la cual fueron despojados sin ninguna clase de compensación de la posesión de tal bien, carece de recibo por esta Corporación. En efecto, las resoluciones disputadas reconocen a favor del hoy demandante WILSON ZAMORA PEREZ una compensación sesenta millones setecientos veinte mil setecientos sesenta y tres pesos ($60.720.763). De otra parte, no es el tema de la propiedad del bien lo que inspira el cargo contra la legalidad de los actos demandados, porque como bien dice el actor en su escrito de demanda, este ostenta la calidad de poseedor, sin que hubiere un título de propiedad a su favor 10 […]”. 50. Argumentó que se aparta del criterio de la parte demandante sobre la incompetencia de la accionada para expedir los actos administrativos acusados, en razón a que el artículo 5º del Acuerdo 006 de 2004 del Concejo Distrital de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-007-2008-00635-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 08001233100720080063501
Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez
Demandados: Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe
S.A. (EDUBAR S.A.)
Tema: Límites del recurso de apelación. Nuevos argumentos no pueden ser materia
de aceptación en la alzada para salvaguardar los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal, la garantía de la doble instancia y el principio de congruencia.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 26 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala Escritural.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El ciudadano Wilson Manuel Zamora Pérez, a través de apoderado judicial,
en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A., en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Folios 1 a 13 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Número único de radicación: 08001233100720080063501
Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante, Código
Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las Resoluciones
núm. 083 de 12 de enero de 20073 y 129 de 24 de enero de 20074 expedidas por la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…]

1.- Que se declaren nulas las resoluciones Nos 083 del 12 de Enero y 129 del 24 de
Enero, ambas del 2007, y,

2.- Que a consecuencia de la nulidad de las resoluciones demandadas se le
reconozca y pague al actor Wilson Manuel Zamora Pérez la reparación integral y
plena de los perjuicios morales- vida en relación – y materiales por el daño que sufre
el actor por la expropiación administrativa que se le está haciendo de un predio cuya
posesión es incuestionable. La determinación del perjuicio se determinará conforme
a experticio que se practique en el curso del proceso, tal y como se pide en el texto
de la demanda, de todas formas no superior de trescientos (300) salarios mínimos
vigentes al momento de presentar la demanda.

3.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

4.- Solicito la suspensión provisional de los actos administrativos demandados
porque son abierta y groseramente violatorios de la Carta Política, en particular del
debido proceso y del derecho de defensa, porque violan pautas sobre el
desplazamiento de población interna. En escrito por separado lo sustentaré.

[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. La parte demandante es titular de un derecho de posesión que ejerce desde
hace más de diez (10) años, sobre un predio situado en el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, barrio la Loma, al cual le ha realizado mejoras y sobre
el que ha desarrollado una explotación económica.

2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
3 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA MEDIDA COMPENSATORIA […]”
4 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA

LA RESOLUCIÓN No 083 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2.007 […]”
5 Folios 1 y 2 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

5. La parte demandante vive en el predio indicado con su familia (padre, madre
y una sobrina), razón por la cual los actos acusados afectan la relación del núcleo
familiar y su entorno.

6. Si bien el proyecto de desarrollo de construir la Avenida del Rio tendrá un
gran impacto en el transporte local, regional y nacional, no es justo y razonable que
dicho desarrollo se adelante ocasionando desplazamiento interno de los habitantes
y reduciendo el problema al pago de una indemnización por la titularidad de la
posesión, pasando por alto la población vulnerable.

7. Los ingresos que la parte demandante percibe se generan de la explotación
económica (cultivo y venta de frutas y hortalizas) que realiza por la posesión del
predio y le produce una suma no inferior a “[…] un Millón Quinientos Mil Pesos
Mensuales ($ 1.200. 000.oo M/L). (sic) […]”.

8. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A.
expidió las Resoluciones 083 de 12 de enero y 129 de 24 de enero de 2007, las que
de manera unilateral “[…] privan a Wilson Manuel Zamora Pérez de la titularidad de
su posesión pública y pacífica sobre el predio y le priva de su disfrute y explotación
económica; […]”, fijando la compensación que se considera justa y afectando su vida
y entorno familiar y social.

9. La decisión de la parte demandada de expropiar el derecho de posesión de
la parte demandante y de establecer una compensación, es una función que en el
ordenamiento jurídico no se le ha asignado a ninguna autoridad pública distinta al
poder judicial, “[…] menos a una sociedad privada; […]”; lo procedente era negociar
o demandar ante la autoridad judicial competente.

10. La posesión en eventos como el reseñado en este asunto, constituye un
derecho fundamental como lo ha sostenido la Corte Constitucional. Se cita la
sentencia T-494 de agosto 12 de 1992, magistrado ponente Dr. Ciro Angarita Barón.

11. Se está realizando un desplazamiento forzado interno sobre un grupo de
habitantes de la ciudad, incluidos la parte demandante y su familia, al ser expulsados
de manera unilateral de su sitio de residencia y trabajo, violando los derechos
humanos.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

12. La expropiación de un derecho de posesión como la de esta demanda, “[…]
requiere de una previa indemnización y de una compensación justa que se logra por
el camino de la negociación, la relocalización o la determinación del precio justo
mediante proceso judicial. […]”.

13. Otro aspecto violatorio de los derechos humanos de la parte demandante es
el referente al procedimiento administrativo que adelantó la parte demandada para
determinar el precio, que fue unilateral y sin garantizar los derechos que protege el
artículo 26 de la Constitución Política.

14. Los actos administrativos demandados se expidieron en cumplimiento del
programa de obras públicas consignadas en el Plan de Desarrollo del Acuerdo
Distrital núm. 005 de 2004, que contempla la construcción de la Avenida del Rio,
pero sin tener en cuenta recomendaciones de pactos internacionales sobre
derechos humanos y con violaciones a los mismos.

Normas violadas

15. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 762 del Código Civil.
• Artículos 29 y 58 de la Constitución Política.
• Norma supraconstitucional: informe del representante especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para los desplazados internos a la Comisión
de Derechos Humanos en 1998, E/CN.4/1998/Add.2.

Concepto de Violación

16. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

17. Adujo que: “[…] Por ser la posesión un derecho subjetivo y presumirse que
se ejerce de buena fe, lo que consideren que no lo es deben acudir al Juez
competente para demostrar que la posesión no es válida; mientras judicialmente se
decide el asunto de su validez o no (de la posesión de alguien), las cosas deben
quedar en status quo; Huelga anotar, debe respetarse el derecho de posesión al que

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

la ejerce y ninguna autoridad pública, excepto el juez competente de la causa puede
afectar el ejercicio de la posesión por su titular. […]”.

18. Manifestó que: “[…] Por ser considerada la posesión un derecho
constitucional fundamental, a Wilson Manuel Zamora Pérez se le debe proteger ese
derecho, en otras palabras, el derecho de posesión de él constituye un límite al poder
estatal. […]”.

19. Señaló que el debido proceso se aplica a todas las actuaciones
administrativas según el artículo 29 de la Constitución, y en consecuencia “[…], en
la actuación administrativa que precedió a la expedición de la resolución acusada
que fue recurrida por vía gubernativa y que fue confirmada por la demandada, al
actor se le debió haber vinculado a la actuación administrativa para que se
defendiera y pudiera hacer valer sus intereses en la actuación administrativa; […]”,
desde su inicio y no después de la expedición del acto administrativo recurrido y
demandado.

20. Manifestó que el debido proceso incluye la defensa técnica en toda actuación
administrativa que le permite al afectado contar con un profesional del derecho que
le defienda y si no tiene los recursos económicos para contratarlo, la entidad estatal
se lo debe suministrar o al menos informarle que le asiste el derecho a la defensa
técnica, lo cual no sucedió en el presente caso cuando no se le informó al afectado
de la existencia del citado derecho.

21. Adujo que: “[…] se violó el debido proceso dado a que una decisión que
compete única y exclusivamente al poder judicial, como es la de definir acerca de
derechos, la adoptó una entidad privada en cumplimiento de actividades
administrativas y ella – interesada en el resultado de la decisión – adoptó la decisión
administrativa en su favor y la presentó como una decisión de un juez, que es el
único y exclusivo competente para adoptar tal decisión acerca de la titularidad de
derechos de una persona. […]”.

22. Expresó que “[…] El artículo 58 de la Carta Política enseña que no puede
haber expropiación de un derecho subjetivo de una persona sin decisión judicial
previa, y sin la respectiva indemnización plena del derecho expropiado. […]”.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

23. Expuso que Wilson Manuel Zamora Pérez es poseedor con ánimo de señor
y dueño del predio que explotaba económicamente y donde vivía con su familia, por
lo que una decisión administrativa no puede en ninguna circunstancia desconocer
derechos adquiridos “[…] cuya titularidad como poseedor del demandante no es
discutida judicialmente en la actualidad; menos una decisión administrativa puede
desconocerla. […]”.

24. Anotó que: “[…] en calidad de normas supraconstitucionales violadas el
Informe del Representante Especial del Secretario general de las Naciones Unidas
para la cuestión de los desplazados internos a la Comisión de Derechos Humanos
en 1998, en su Informe E/CN.4/1998/Add.2., en el cual se precisaron un conjunto de
principios en caso de desplazamiento interno en una Nación que forme parte
integrante de las Naciones Unidas, la República de Colombia lo es, por tanto, estos
principios de corte supranacional son de obligatorio cumplimiento. […]”.

25. Mencionó que todos los principios enunciados sobre los desplazamientos
internos forzados “[…] aprobados por las Naciones Unidas fueron pisoteados y
desconocidos por la sociedad comercial demandada, […]”, los cuales fueron
enumerados.

Contestación de la demanda

26. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A.6
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas y propuso las
excepciones que adelante se indican.

27. Adujo que no existió vulneración del derecho fundamental al debido proceso
previsto en el artículo 29 de la Constitución, en razón a que EDUBAR S.A. “[…] inicio
una actuación administrativa previa para la entrega directa y voluntaria por parte del
demandante del predio ubicado en la manzana 157 del sector La Loma sección 1,
de conformidad con el R.T. N° LOMA -030, la cual consistió en lo siguiente: […]”, e
indicó que esta zona fue declarada de utilidad pública para la construcción de una
obra de valorización por beneficio general según Decreto Distrital 0058 de 2006, que

6 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 78 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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permite a EDUBAR S.A. adelantar los trámites de expropiación por vía
administrativa, de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos a
financiarse a través del programa de valorización por beneficio general.

28. Manifestó que: “[…] en ningún momento EDUBAR S.A. dió (sic) inició (sic) al
proceso de expropiación administrativa ni tampoco judicial, por cuanto no puede
proceder atendiendo la calidad del Sr. CARLOS GOMEZ (sic), quien es Poseedor
del predio y no propietario del mismo. […]”.

29. Señaló que: “[…] para que proceda la indemnización reparatoria; es decir que
comprenda tanto el lucro cesante como el daño emergente, se hace necesario que
el afectado lo demuestre, y que la entidad lo verifique, cual es el lucro cesante que
le genera la medida; ya que la administración no tiene los medios legales para
determinar clara, real y materialmente el monto económico dejado de percibir por el
afectado por la medida compensatoria, tampoco hay lugar al pago de intereses ya
que inmediatamente fue entregado el predio le fue cancelada la indemnización. […]”.

30. Indicó que durante el curso de la actuación administrativa la parte
demandante no presentó documentos o pruebas que le permitieran a EDUBAR S.A.
o al perito encargado de efectuar el avalúo del predio, determinar si éste generaba
algún tipo de renta o utilidad.

31. Sostuvo que una vez expedida la Resolución 083 de 2007, la parte
demandante presentó recurso de reposición solicitando que se le pagara un mayor
valor sin aportar pruebas o soportes, razón por la cual la parte demandada “[…]
procedió a confirmar en su totalidad la resolución Nº 083 de enero 12 de 2007. […]”.

32. Propuso la excepción de inepta demanda por ausencia de prueba de los
anexos de la demanda y de los actos de alcance no nacional demandados, según
la cual “[…] el demandante debe anexar copia autentica de los actos acusados y de
la simple revisión del libelo que sirvió de base para que se dictara un auto admisorio,
se concluye que no se cumplió con este requisito. […]”.

33. También propuso la excepción de inexistencia de lucro cesante probado a
favor de la demandante, por no existir pruebas que demuestren que dicha parte
recibiera ingresos por la actividad rentística alegada.

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34. Planteó la excepción de pago oportuno de la compensación y aceptación
voluntaria de la misma, precisando que “[…] Luego de haberse expedido el acto de
expropiación; […]” la parte demandante entregó el inmueble y EDUBAR S.A. canceló
el valor de la compensación mediante los cheques girados a su nombre.

35. Formuló la excepción del cumplimiento del debido proceso en vía
gubernativa, indicando que durante el trámite dispuesto en la Lay 388 de 1997 “[…]
para llegar a la compensación administrativa del inmueble al señor Wilson Zamora
Pérez, se le brindaron todas las garantías para que concurriera y se hiciera parte en
la actuación administrativa, […]”.

36. De igual manera, presentó la excepción de libertad de entregar el predio
ocupado y aceptar o no la compensación, señalando que como reza en los actos
acusados, a la parte demandante no se le obligo para que entregara el inmueble
que tenía en posesión y “[…] tuvo la libertad de aceptar o no los términos de la
resolución N° 083 de 2007, […]”.

Alegatos de conclusión

37. El Despacho sustanciador7, vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 25 de mayo de 20158, resolvió correr traslado a las partes por el término
común de diez (10) días para que alegaran de conclusión.

La parte demandante

38. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y adicionó que “[…]
Naciones Unidas, tiene otro instrumento internacional de obligatorio cumplimiento
para el Estado de la República de Colombia, el Manual sobre restitución de las
viviendas y patrimonio de los refugiados y personas desplazadas, conocido como
los Principios Pinheiro de marzo del 2007, Manual que debería haberse aplicado en
su integridad, y no se aplicó en el procedimiento que se cuestiona. […]”.

7 El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Descongestión, doctor Guillermo

Alonso Arévalo Gaitán.
8 Cfr. folio 348 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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39. Así mismo, indicó que se debió respetar “[…] el principio 7º acerca del
derecho al disfrute pacífico de bienes. Estos principios, igual, obligaba al Estado y a
la demandada a implementar un trato digno. Asimismo, el principio 14 obligaba a
una consulta previa a la Comunidad afectada, de la cual el demandado era
integrante, para que se acordara condiciones de reasentamiento, gastos de
desplazamiento y oferta de medios de trabajo, cosa que no se realizó, lo que
constituye una conducta antijuridica. […]”.

La parte demandada

40. Reiteró las consideraciones expuestas en la contestación de la demanda y
agregó que: “[…] se observa en el expediente que la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos confirma que el predio con matrícula 404-438509 donde se
encuentra ubicada la parcela que poseía demandante fue declarada propiedad
pública mediante escritura 740 de fecha mayo 8 de 2008 en la Notaria Sexta del
Circulo de Barranquilla: […]”.

41. Adicionalmente, expresó que: “[…], los bienes fiscales comunes o bienes
estrictamente fiscales son imprescriptibles. No se quebranta la igualdad, porque
quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está en la misma situación en que
estaría si el bien fuera de propiedad de un particular. […]”.

Concepto del Ministerio Público

42. El Procurador 117 Judicial II Administrativo de Barranquilla emitió su
concepto, en el cual solicita que se denieguen las suplicas de la demanda, con
fundamento en las siguientes apreciaciones:

43. Manifestó que: “[…] Si bien la jurisprudencia Nacional reconoce que el
particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el
cálculo del resarcimiento que deba recibir no se limita a considerar el valor comercial
del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por
el hecho de la expropiación. […]”.

44. Adujo que: “[…] De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente
se debe analizar si la indemnización cancelada al actor cumple con los presupuestos
jurisprudenciales o si por el contrario resulta injusta y determinar si efectivamente se

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encuentran suficientemente probados los daños alegados por el Actor (Perjuicios
Morales – Vida en relación y Materiales) y que no fueron tenidos en cuenta por
Edubar al momento de expedir los actos administrativos demandados, […]”.

45. Expuso que: “[…] La parte demandante no aporta prueba alguna que
permitiera a EDUBAR S.A. tener la certeza de que se estaba ocasionando un daño
adicional a la demandante, diferente al generado por la expropiación el cual fue
resarcido con el pago del valor del inmueble; la demandante nunca demostró a
EDUBAR S.A. que con la expropiación se le estaba generando un daño adicional
cual era el dejar de percibir un lucro por renta del predio, ese lucro cesante
reclamado nunca fue probado en vía gubernativa. […]”.

46. Consideró que: “[…] las suplicas de la demanda no están llamadas a
prosperar, pues, no se logró demostrar por parte de la parte demandante los demás
daños que alegaba haber sufrido por la expropiación del predio ubicado en el sector
de la Loma, mas allá de los incluidos en la liquidación que realizó el perito evaluador
y que sirvieron de base para el pago de los $60.720.763, entregados al actor, de
acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso. […]”.

Sentencia proferida en primera instancia

47. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural, mediante sentencia
proferida el 26 de mayo de 20179, resolvió lo siguiente:

“[…] FALLA:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por el apoderado
judicial de la accionada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Negar las súplicas de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Devolver al demandante, si los hubiese, los gastos del proceso.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

9 Cfr. Folios 374 a 382 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

QUINTO: Notificar personalmente el presente fallo a la Procuraduría Judicial
Delegada ante este Tribunal.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. […]”.

Consideraciones del Tribunal

48. Estimo que: “[…], la ocupación del inmueble de esta naturaleza, no genera
derecho de dominio sobre el mismo a favor del ocupante, pues la obligación de la
administración, en situaciones como la que nos ocupa, consiste en reconocer las
mejoras y propender por la adaptación de los ciudadanos a la nueva situación que
se ha tornado obligatoria en razón del bien común, fin último de la actividad
administrativa. […]”.

49. Adujo que: “[…] la noción según la cual fueron despojados sin ninguna clase
de compensación de la posesión de tal bien, carece de recibo por esta Corporación.
En efecto, las resoluciones disputadas reconocen a favor del hoy demandante
WILSON ZAMORA PEREZ una compensación sesenta millones setecientos veinte
mil setecientos sesenta y tres pesos ($60.720.763). De otra parte, no es el tema de
la propiedad del bien lo que inspira el cargo contra la legalidad de los actos
demandados, porque como bien dice el actor en su escrito de demanda, este ostenta
la calidad de poseedor, sin que hubiere un título de propiedad a su favor 10 […]”.

50. Argumentó que se aparta del criterio de la parte demandante sobre la
incompetencia de la accionada para expedir los actos administrativos acusados, en
razón a que el artículo 5º del Acuerdo 006 de 2004 del Concejo Distrital de
Barranquilla que adoptó la contribución de valorización por beneficio general,
autorizó al Alcalde para suscribir con EDUBAR S.A. un convenio interadministrativo
para que se encargará de todo lo referente a la implementación, aplicación y
ejecución del plan de obras públicas y su financiación por valorización, y en ejercicio
de sus facultades “[…] el Alcalde Distrital expidió el Decreto 0058 de 2006, mediante
el cual autorizó a EDUBAR realizar los trámites de expropiación por vía

10 El predio con matrícula 404-438509 fue declarada propiedad pública mediante escritura 740 de 8 de mayo de

2008.

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administrativa […], de suerte que la accionada si estaba legitimada para llevar a
cabo la clase de procesos administrativos a los que se refiere el actor. […]”.

51. Señaló que: “[…] respecto al dictamen pericial rendido en el trámite del
proceso, se dirá que el mismo fue solicitado para determinar el monto de los
perjuicios económicos, sociales y culturales más vida en relación que sufrió el
demandante y su familia por el desplazamiento y señale cual es el monto por el cual
debe ser indemnizada la demandante por el desplazamiento interno de ella y su
familia11, por tanto el mismo giro (sic) en torno a la supuesta situación de
desplazamiento y no se encamina per se a contradecir los hallazgos del dictamen
rendido en el trámite administrativo por la perito Stella Molano Muñoz 12, de suerte
que no tiene la envergadura necesaria para enervar o disputar la legalidad de sus
conclusiones. […]”.

52. Mencionó respecto del argumento del desplazamiento forzado que: “[…]
Basta con una lectura de la demanda y las pruebas allegadas al expediente para
entender que en el caso planteado no opera la figura tantas veces mencionada del
desplazamiento forzado interno que enuncia el actor, de suerte que el argumento
expuesto no es de recibo por parte de esta Corporación, resaltando una vez más
que los actos demandados contienen una compensación por una actividad
económica en un bien del que afirma el actor ser poseedor y no un acto de violento
ejercicio de los derechos de la administración -como lo afirma el actor- que vulnero
(sic) sus derechos. […]”.

53. Concluyó que: “[…], esta Sala estima que los argumentos expuestos por el
actor en su escrito de demanda carecen de la idoneidad necesaria para enervar la
legalidad de los actos disputados, por lo que al no haber sido vencida la presunción
legalmente establecida para los mismos, es indubitable la desestimación de la
demanda, posición que coincide con lo expresado por el señor agente del ministerio
público en el concepto arrimado al plenario. […]”.

11 Véase folio 221 del expediente.
12 Obrante de folios 92 a 103 del expediente.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

Recurso de apelación

54. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación13 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:

55. Indicó que la sentencia recurrida desconoce el alcance de los Principios de
Pinheiro y su incorporación al bloque de constitucionalidad, y argumentó: “[…] que
el acto administrativo demandado, es violatorio de normas de derechos humanos,
normas que se conocen como los Principios de Pinheiro. La sentencia no examina
estas normas de derechos humanos, las ignora y no las examina y valora. […] Este
es un error del que parte la sentencia, ya que el demandante, lo que plantea es que
unas normas de carácter supralegal, que forman parte del bloque de
constitucionalidad, no han sido respetadas por la autoridad que realizó la
expropiación por vía administrativa, sin tomar en consideración que lo que estaba
en juego era algo más que un problema de compraventa. […]”.

56. Sostuvo que lo que se produjo fue un desplazamiento sin que “[…] se
respetaran “Principios básicos y directrices sobre desalojos y desplazamiento
generados por el desarrollo” señalados por Naciones Unidas, establecidos por el
Consejo de Derechos Humanos con base en el “Informe del Relator Especial sobre
vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, anexo I
Febrero 5 de 2007.” […]”.

57. Manifestó que: “[…], independiente de si el desalojado, es titular o no del
derecho de propiedad, estas normas internacionales, son claras en establecer que
las entidades estatales deben indemnizar plenamente al desalojado. […]”.

58. Adujo que “[…] los derechos humanos rigen toda actuación administrativa y
la limitan. […]”, e insistió en que “[…] no se trata de una indemnización por mejora,
sino un desalojo y en el mismo tenía que ser respetada la asistencia letrada, el
debido proceso y las normas de los tratados internacionales de derechos humanos
y las directrices de interpretación de Naciones Unidas en materia de desalojos. […]”.

13 Cfr. Folios 384 a 388 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Actuaciones en segunda instancia

59. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de enero de 201814, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 26 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
Escritural.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

60. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201815, corrió traslado a las
partes por el término común de diez (10) días para alegar de conclusión y dio
traslado al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

Ministerio Público

61. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Parte demandada

62. En el escrito de alegatos presentó los siguientes argumentos:

63. Manifestó que “[…] la carga probatorio (sic) a cargo de la parte actora era muy
deficiente debido a que no aporto documento alguno que probara lo solicitado en la
demanda con relación a la responsabilidad de EDUBAR por la realización de la obra
pública AVENIDA AL RIO, siendo de su incumbencia allegar al proceso pruebas
idóneas para demostrarlo, […]”.

64. Indicó que “[…] Para el caso sub judice, para que proceda la indemnización
reparatoria; es decir que comprenda tanto el lucro cesante como el daño emergente,
se hace necesario que el afectado lo demuestre, y no lo hizo. […]”.

14 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
15 Cfr. Folio 7 ibidem.

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Parte demandante

65. Guardó silencio en este momento procesal.

II. CONSIDERACIONES

66. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) los problemas
jurídicos; y, iv) análisis de los cargos del recurso de apelación.

Competencia de la Sala

67. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo16, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30817 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

68. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
26 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural,
teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil19, norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en

16 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.
17[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
18 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
19 “[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al

apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Negrilla fuera del texto).

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el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo20, se limitará a conocer de los
puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto que los mismos,
en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que habrá de adoptarse
en la segunda instancia.

69. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.

Actos administrativos acusados

70. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

71. La Resolución núm. 083 de 12 de enero de 200721, “[…] POR MEDIO DE LA
CUAL SE ESTABLECE UNA MEDIDA COMPENSATORIA […]” expedida por el
Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe, EDUBAR S.A., que en su parte resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como medida compensatoria por la terminación de
la actividad económica desarrollada en la zona de terreno ubicada en la manzana 157 del
Sector la loma sección 1, de conformidad con el R.T. No. LOMA-030, un reconocimiento
económico que se cancelará al Señor ocupante WILSON MANUEL ZAMORA PEREZ,
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 72.147.061 de BARRANQUILLA, quien se
encuentra incluido en el Censo y Diagnóstico Socioeconómico realizado por EDUBAR S.A.,
previo el lleno de los requisitos aquí contemplados.

ARTICULO SEGUNDO: La actividad económica se encuentra desarrollada en la franja de
terreno de un área de 27980,5 M2 con las siguientes medidas y linderos: NORTE: 125. SUR:
100. ESTE: 250. OESTE: 249.

ARTÍCULO TERCERO: Este reconocimiento económico equivale a la suma de TREINTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($34.364.265), de conformidad con el avalúo No.
LOMA-030 de 26 de Diciembre de 2006.

ARTICULO CUARTO: Para hacer efectivo el pago de este valor, el Ocupante deberá hacer
la entrega real y material de la zona de terreno descrita en el artículo segundo de la presente
resolución y de la cual el (sic) no es el titular del derecho real de dominio, así, como de los

20 “[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
en lo contencioso administrativo […]”.
21 Cfr. folios 122 a 125 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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elementos contenidos en el avalúo, a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. La fecha de entrega será hasta el día
veintiocho (28) de enero del año en curso, so pena de perder el derecho a esta medida
compensatoria.

PARAGRAFO: El pago se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de la
zona de terreno.

ARTICULO QUINTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto de Valorización, específicamente al rubro Gastos
de Inversión, Adquisición Predial y Reasentamiento, según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 05 del 12 de Enero del 2007.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución se deberá notificar a WILSON MANUEL
ZAMORA PEREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 72147061 de
BARRANQUILLA, en los términos del artículo 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo y contra ella procede el recurso de reposición ante el funcionario que la
expidió dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. […]”.

72. La Resolución núm. 129 de 24 de enero de 200722, “[…] POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No 083 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2.007 […]” expedida por
el Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe, EDUBAR S.A., que en su parte resolutiva dispuso:

“[…] PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolución No 083 del 12 de Enero de 2.007, de
la cual se estableció como medida compensatoria por la terminación de la actividad
económica desarrolla en la zona de terreno ubicada en la manzana 157 del sector 1, de
conformidad con el registro topográfico RT. No LOMA 30, un reconocimiento económico al
Sr. WILSON MANUEL ZAMORA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No
72.147.061 de Barranquilla en el sentido de modificar el Artículo Tercero de la referida
Resolución.

SEGUNDO: El Artículo Tercero (3º.) de la Resolución 083 del 12 de enero de 2.007, quedará
así: Este reconocimiento económico equivale a la suma de SESENTA MILLONES
SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($
60.720.763.00) de conformidad con la reforma del avalúo No. LOMA -30 de fecha 23 de
enero de 2.007.

TERCERO: El ocupante entregará la parcela dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la ejecutoría de la presente resolución

CUARTO: Confirmar en todas sus partes los demás Artículos de la Resolución No 083 del
12 de enero de 2.007. […]”.

22 Cfr. folios 128 a 132 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Problemas jurídicos

73. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la decisión del a quo
y el recurso de apelación, determinar si le asiste razón o no a la parte demandante
cuando manifestó que el acto administrativo acusado es violatorio de normas de
derechos humanos (principios de Pinheiro) y en el presente asunto se presentó fue
un desalojo y no se respetaron esas mismas disposiciones y las directrices de
interpretación de las Naciones Unidas en materia de desalojos y desplazamientos
generados por el desarrollo.

74. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Análisis de los cargos del recurso de apelación.

75. Lo primero que debe advertir la Sala, es que los cargos planteados por la
parte demandante en el recurso de alzada, ninguno fue presentado en la demanda
y por ende no fue discutido en la primera instancia, como se expondrá a
continuación.

Demanda

76. En efecto, la parte demandante en el escrito de demanda en el acápite
referente a las normas violadas y concepto de violación hizo referencia a la
vulneración de “[…] normas supra constitucionales […]”, específicamente citó “[…]
el Informe del Representante Especial del Secretario general de las Naciones
Unidas para la cuestión de los desplazados internos a la Comisión de
Derechos Humanos en 1998, en su Informe E/CN.4/1998/Add.2., […]”, en el cual
se establecen unos principios en caso de desplazamientos internos que tienen
carácter supranacional y son de obligatorio cumplimiento en Colombia. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).

77. Posteriormente, transcribió parcialmente algunos de estos principios y
concluyó que “[…] Todos, sin excluir alguno de los principios aquí enunciados acerca
de los desplazamientos internos forzados aprobados por las Naciones Unidas

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fueron pisoteados y desconocidos por la sociedad comercial demandada, […]”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).

78. Frente a estos principios rectores de los desplazamientos internos contenidos
en dicho documento23, los numerales 1 al 4 corresponden a la introducción: alcance
y finalidad, definiendo en el numeral 2. que se entiende por desplazados internos:
“[…] A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado
o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida. […]”.

Recurso de apelación

79. En el recurso de alzada la parte demandante aludió a los siguientes nuevos
cargos los cuales no se formularon en el libelo introductorio: i) indicó que la sentencia
recurrida desconoció “[…] el alcance de los principios de Pinheiro y su
incorporación al bloque de constitucionalidad. […]”; ii) manifestó que lo que se
produjo fue un desalojo sin que se respetaran los “[…] Principios básicos y
directrices sobre desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo […]
establecidos por el Consejo de Derechos Humanos con base en el “Informe del
Relator Especial sobre vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de
vida adecuado, anexo I Febrero 5 de 2007.” […]”; y, iii) reiteró que “[…] no se trata
de una indemnización por mejora, sino un desalojo y en el mismo tenía que ser
respetada la asistencia letrada, el debido proceso y las normas de los tratados
internacionales de derechos humanos y las directrices de interpretación de
Naciones Unidas en materia de desalojos. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del
texto).

80. En relación con los Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución de
las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas de

23 Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución

1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, Distr. GENERAL E/CN.4/1998/53/Add.2* de 11 de febrero de
1998. Principios Rectores de los desplazamientos internos.

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200524, también llamados Principios Pinheiro25- (Naciones Unidas, 2005), la Corte
Constitucional en la sentencia C-330 de 23 de junio de 201626 señaló que estos
principios han sido denominados por la doctrina iusinternacionalista “derecho
blando”, los cuales son “[…] particularmente relevantes pues le permiten a los
operadores jurídicos interpretar el contenido y el alcance de las obligaciones de los
Estados frente a las víctimas en general. […]” y en la misma providencia, determinó
que “[…] los Principios Pinheiro, centrales en este trámite, contemplan una serie
de previsiones normativas más amplias y detalladas frente a la protección del
derecho a la restitución. Por un lado, establecen que los derechos de propiedad,
posesión y reparación para las víctimas del desplazamiento27 constituyen un
elemento central para la solución de conflictos, la consolidación de la paz, el regreso
seguro y sostenible de las poblaciones desplazadas y el establecimiento del Estado
de Derecho. Por otro lado, señalan que tales derechos son un eje de la justicia
restitutiva, encaminada a impedir la repetición de las situaciones que generaron el
desplazamiento. A partir de esa premisa, prevén la existencia del derecho a la
restitución de toda propiedad despojada a las víctimas, a menos de que sea
fácticamente imposible, caso en el cual deberá proveerse una compensación justa.
[…]”. (Negrilla del texto original).

81. En cuanto a los “[…] PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS
DESALOJOS Y EL DESPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO
[…]”, Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como

24 “[…] 1. Alcance y aplicación

1.1. Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas formulados en el presente documento tienen por objeto prestar asistencia a todos los actores
competentes, tanto nacionales como internacionales, en el tratamiento de las cuestiones jurídicas y técnicas
relativas a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio en situaciones de desplazamiento en que las personas
afectadas se hayan visto privadas de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares
de residencia habitual.
1.2. Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas se aplican por igual a todos los refugiados, desplazados internos y demás personas desplazadas
que se encuentren en situaciones similares y hayan huido de su país pero que tal vez no estén encuadradas en
la definición jurídica de refugiado (en lo sucesivo, "refugiados y desplazados"), a quienes se haya privado de
forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residencia habitual,
independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las circunstancias que lo originaron. […]”.
25 ONU, Consejo Económico y Social, Doc. E/CN.4Sub.2/2005/17. 28 de junio de 2005.
26 M.P. María Victoria Calle Correa.
27
Es necesario precisar que los Principios Pinheiro tienen un ámbito de aplicación más amplio, pues no
solamente se refieren a desplazados internos sino también a refugiados. El artículo 1.2 de este documento señala
que estos principios: “se aplican por igual a todos los refugiados, desplazados internos y demás personas
desplazadas que se encuentren en situaciones similares y hayan huido de su país pero que tal vez no estén
encuadradas en la definición jurídica de refugiado, a quienes se haya privado de forma arbitraria o ilegal de sus
anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la naturaleza del
desplazamiento o de las circunstancias que lo originaron”.

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parte del derecho a un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/18, el numeral 10 que se
encuentra entre los que regulan su alcance y carácter, establece: “[…] Aun
reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos
forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los
Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que
los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención de las
normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no
constituyan "desalojos forzosos". Estas directrices tienen por objeto ofrecer
un instrumento práctico para ayudar a los Estados y organismos a desarrollar
políticas, legislación, procedimientos y medidas preventivas para garantizar que no
se produzcan desalojos forzosos y para ofrecer recursos eficaces a aquellos cuyos
derechos humanos han sido violados, en caso de que hayan fallado las medidas
preventivas. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

82. La verificación de los cargos de violación en la demanda y los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de alzada, permite evidenciar que en
este último se traen a la segunda instancia unos nuevos cargos.

83. Adicionalmente, la Sala advierte que en el recurso de apelación impetrado
tampoco se especifican cual o cuales son los principios, tanto de los “Pinheiro”, como
de los “básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por
el desarrollo”, que se consideran vulnerados por los actos administrativos
enjuiciados, refiriéndose de manera general a los mismos.

84. En efecto, la Sala observa que la parte demandante en el recurso de alzada
se limita de forma somera a mencionar las normas infringidas (solamente el título de
los denominados principios Pinheiro y básicos y directrices sobre desalojos y el
desplazamiento generados por el desarrollo), sin exponer el concepto de la
violación, aludiendo al aspecto económico también de modo tangencial sin que fuera
parte de los argumentos de dicho recurso.

85. Si bien la parte demandante indica y relaciona en el escrito de demanda
algunos de los principios rectores de los desplazamientos internos, y en el recurso
de apelación refiere de manera general, como se expresó en líneas anteriores, a los
principios Pinheiro y los básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento
generados por el desarrollo, presentando en este último nuevos argumentos,

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también manifiesta que se han violado las normas de derechos humanos, sin
precisar como los actos administrativos acusados vulneran estas disposiciones, en
razón a que no identifica cuáles son esas normas de derechos humanos que fueron
violadas por los actos demandados, limitándose a citar de forma general o los títulos
de los instrumentos que las contienen.

86. No obstante en el caso sub examine se señala la violación de derechos
humanos, no procede la aplicación del principio iura novit curia por: i) la naturaleza
de la acción (nulidad y restablecimiento del derecho) impetrada28, ii) las
particularidades del caso29 30y iii) que si bien se expone por la parte demandante la
violación de derechos humanos, esta demanda se encauza, además de lograr la
nulidad de los actos administrativos demandados, principalmente a obtener un
reconocimiento económico mayor al que fue otorgado mediante los actos citados.

87. Teniendo en cuenta lo expuesto, también es pertinente anotar que aun
cuando el recurso de apelación refiere a la infracción de normas de derechos
humanos en forma general, el caso sub lite no constituye un asunto de relevancia
constitucional31, por cuanto la reclamación tiene un propósito primordialmente

28 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de

2012, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 07001-23-31-000-2008-00012-00 […]”.
“[…] Por lo anterior, en casos como el que se analiza, en los cuales se debate la validez de actos administrativos,
el Tribunal debió limitar su actividad a realizar el examen de legalidad solamente atendiendo las razones expuestas
por el actor en su demanda, y no efectuar, como en efecto lo hizo, un control general de legalidad de los actos
acusados, salvo que hubiere advertido la violación de un derecho fundamental o una manifiesta incompatibilidad
con la Constitución Política.
Por consiguiente, se reitera, la aplicación del principio “iura novit curia” está excluida en las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, por virtud del carácter rogado de esta Jurisdicción en esta materia.
[…]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
29 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de noviembre

de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04560-00(AC)
[…]”. “[…] Ello teniendo en cuenta que la autoridad judicial debe respetar el principio de congruencia por lo que no
puede variar los términos y el objeto de un proceso constitucional ; y, que los asuntos sometidos a conocimiento
de la jurisdicción contencioso administrativa deben regirse por la “rogatio” o rogación , dado que existe una estrecha
e ineludible relación entre ésta y el principio dispositivo , de manera que el actor dentro del proceso contencioso
administrativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito de acción dentro del cual considera que el juez debe
pronunciarse.
En consecuencia, el principio iura novit curia, en principio, evita que el juez quede atrapado en los errores
normativos propuestos por las partes, lo cual no implica, per se, que el funcionario judicial pueda
desconocer los principios de congruencia y de justicia rogada, sino que, en cada evento, debe realizar un
estudio pormenorizado de las circunstancias que le exigen o no un papel oficioso en la delimitación del
objeto de la litis. […]”. (Negrilla fuera del texto).
30 En este asunto, la parte demandante actúa por intermedio de apoderado judicial, quien, con la sola referencia a

la violación de derechos humanos, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, espera que el juez
contencioso administrativo, en primera y segunda instancia, sea quien defina las normas violadas y el concepto de
su violación por parte de los actos administrativos acusados, en razón al vacío argumentativo que se evidencia en
torno a esta temática dentro del sub lite. Si el apoderado judicial menciona y relaciona los principios que considera
vulnerados, significa que los conoce, y en tal medida, debió por la naturaleza de la acción presentada y el carácter
de justicia rogada de esta jurisdicción, haber precisado las normas violadas y los argumentos bajo los cuales se
sustenta la vulneración normativa.
31 Esta Sección en sentencia de 25 de noviembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de

radicación 11001-03-15-000-2021-06752-00(AC), al pronunciarse sobre cuando un asunto carece de relevancia
constitucional, citando previamente la sentencia de unificación 573 de 27 de noviembre de 2019 de la Corte

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económico tendiente a que aumente la suma que recibió como compensación la
parte demandante de la parte demandada.

Límites del recurso de apelación

88. Esta Sección se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los límites
del recurso de apelación en los procesos ordinarios, en cuanto debe guardar
correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos
que la sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
motivan la decisión del a quo en su sentencia, respetando los derechos al debido
proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia, así como el
principio de congruencia32; y en caso contrario, es decir, que se presenten en dicho
recurso nuevos hechos, cargos y pretensiones que no se adujeron en la demanda
ni en la contestación y no fueron valorados en la sentencia de primera instancia, el
fallador de segunda instancia no puede adelantar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber proteger los derechos, garantías y principios anotados.

89. En sentencia de 7 de diciembre de 201733, precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de
apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta
instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades ha puesto
de presente que “[…] el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la
apelación, a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté
facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera
instancia que no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de
primera instancia estudió” […] La Sala reitera34 que en virtud de los principios
de lealtad procesal, contradicción y de defensa y la congruencia que debe
existir entre el recurso, la sentencia censurada, el concepto de violación de la
demanda y los argumentos expuestos en la contestación de la misma, imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos,

Constitucional (M.P. Carlos Bernal Pulido), señaló: “[…] Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional
señaló en la aludida sentencia que un asunto carece de relevancia constitucional cuando “(i) la discusión se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen
un interés general” (…)”. (Destacado por la Sala) […]”. (Negrilla del texto original).
32 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de octubre

de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 68001-23-31-000-2011-01021-01. […]”.
33 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre

de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000 2009 01122 01. […]”.
34 Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente: 2005-00270, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

cargos y presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni en
la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos
nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso […]”. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).

90. En providencia de 25 de julio de 201935, expuso lo siguiente:

“[…] Al respecto, la Sala advierte que este argumento no hace parte de los que
se plantearon con el escrito de la demanda y específicamente en el concepto
de violación y, por ende, resulta ajeno a las consideraciones plasmadas por el
Tribunal a quo, para lo cual se considera necesario señalar que, de conformidad
con la normativa procesal, el recurso de apelación tiene como objeto la revisión de
la sentencia de primera instancia36, empero el recurso de alzada no es la
oportunidad para invocar aspectos ajenos al debate planteado con la demanda
y analizado en la sentencia, pues la incorporación de elementos fácticos y/o
jurídicos diferentes a los de la demanda, viola el deber de lealtad entre las
partes, el principio de congruencia, quebranta el derecho de defensa de la
demandada y desnaturaliza el objeto de la impugnación. […]”. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).

Conclusión de la Sala

91. Atendiendo a que: i) la parte demandante presentó en el recurso de apelación
que interpuso contra la sentencia proferida, en primera instancia, unos cargos que
no fueron objeto del escrito de la demanda, y, por tanto, tampoco analizados por el
juez de primera instancia; ii) de ser estudiados por la Sala los nuevos cargos se
vulnerarían el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada, la
garantía de la doble instancia y el principio de congruencia; En consecuencia, la
Sala queda relevada de analizar los nuevos cargos propuestos en el recurso de
apelación, por lo que al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, procederá a confirmar la sentencia proferida en
primera instancia, el 26 de mayo de 2017, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Escritural.

35 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de

2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001-23-31-000-2011-00619-01. […]”.
36 “Artículo 328. Competencia Del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior
sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

Condena en costas

92. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá
de condenar en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural, de 26 de mayo de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

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Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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