Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01483-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01483-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01483-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01483-01 (4464-2024)
Demandante: Magaly del Socorro Madera Alean
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema: compatibilidad entre salario y
pensión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 15 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Magaly del Socorro Madera Alean, en condición de docente oficial, solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años y 20 de servicios. Sin embargo, la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —en adelante
FOMAG— no se pronunció frente a su petición, configurándose así el silencio
administrativo negativo.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora Magaly del Socorro Madera Alean, mediante apoderada, presentó
demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho contra del FOMAG, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
1 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf».
Radicado: 05001-23-33-000-2021-01483-01 (4464-2024)
Demandante: Magaly del Socorro Madera Alean
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 23 de junio de
2021, frente a la petición del 23 de febrero de 2021, que negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación al cumplir 55 años de edad y 20 de servicios.
3. Que se le ordene a la parte demandada reconocer y pagar en su favor la pensión
de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas recibidos, anteriores al
cumplimiento del estatus jurídico pensional, es decir, a partir del 21 de noviembre de
2019, sin exigir el retiro definitivo del cargo.
4. En consecuencia, también pidió condenar a la entidad demandada a: (i) dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; (ii) reconocer
y pagar «los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas»; (iii) pagar intereses moratorios; (iv)
incluirla en la nómina de pensionados desde la consolidación del derecho; y (v) asumir
las costas procesales.
2.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Magaly del Socorro Madera Alean nació el 9 de mayo de 1954; se
vinculó como empleada pública y docente al municipio de Sahagún en los siguientes
periodos: (i) de enero de 1984 hasta julio de 1996 y (ii) de 1999 a 2004, este último
lapso bajo órdenes de prestación de servicios.
7. Se desempeñó como docente en provisionalidad al servicio del departamento
de Antioquia desde el 2004 hasta el 2005. Luego fue nombrada en propiedad desde el
1 de mayo de 2011, cargo que desempeñaba al momento de presentar la demanda.
8. El día 23 de febrero de 2021, solicitó al FOMAG le reconociera una pensión de
jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, es decir, equivalente al 75% de los salarios,
primas y demás factores salariales anteriores al cumplimiento del estatus pensional.
2.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. Citó como transgredidos los siguientes artículos: 1 de la Ley 33 de 1985, 7 de
la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1994; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y; 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
10. En primer lugar, manifestó que el régimen prestacional de los docentes
vinculados después de 1990 fue unificado con el de los empleados públicos de orden
nacional, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Manifestó
que el régimen pensional que le es aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985,
cuyos requisitos son tener 55 años de edad y 20 de servicios, los cuales acredita.
Aunado a ello, adujo que se le debe respetar el régimen de transición de la Ley 812 de
2003.
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Demandante: Magaly del Socorro Madera Alean
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
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11. Para sustentar su posición, realizó un paralelo con el tratamiento dado por el
Consejo de Estado a la pensión gracia2, señalando que en casos donde el educador
ha prestado servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y con
posterioridad, los tiempos son acumulables. Enfatizó que la corporación ha establecido
que la falta de continuidad en la vinculación no es impedimento para reconocer el
derecho pensional, pues lo que cuenta es que el docente haya tenido una experiencia
anterior, sin importar que en ese preciso momento no estuviere trabajando.
12. Finalmente, precisó que para que su situación pensional se resuelva con base
en la Ley 33 de 1985 no es necesario acreditar que a la fecha de entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, es decir, el «26 de junio de 2003», debía encontrarse laborando,
sino que es suficiente con tener una vinculación al servicio oficial antes de la referida
fecha.
2.2. Contestación de la demanda
13. La Fiduciaria la Previsora S.A., como vocera y administradora del FOMAG, por
medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones, como fundamento de ello
expuso que lo que determina el régimen aplicable en materia pensional para los
docentes es la fecha de vinculación. Así las cosas, si se vincularon con anterioridad al
27 de junio de 2003, se les aplica las disposiciones contenidas en la Ley 91 de 1989 y
demás normas aplicables. Por el contrario, si su vinculación se dio con posterioridad,
su régimen es el de prima media con prestación definida contenido en la Ley 100 de
1993.
14. Recalcó que «[la] demandante fue nombrad[a] en propiedad en el año 2011,
esto es, después de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 razón por la cual, el
régimen aplicable a su situación pensional es el régimen de prima media con
prestación definida establecido en la Ley 100 de 1993». En ese sentido, realizó un
recuento de la reglamentación de la pensión de jubilación para concluir que el monto
de esta prestación se debe calcular tomando como base solamente aquellos factores
sobre los cuales se hayan realizado aportes, conforme al artículo 1 de la Ley 62 de
1985.
15. Asimismo, presentó las excepciones de «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad», «inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido»,
«prescripción de mesadas», «compensación», «buena fe», «la condena en costas no
es objetiva» y «genérica»3.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante
sentencia del 15 de mayo de 20244, negó la condena en costas y accedió parcialmente
a las pretensiones de la siguiente forma:
2 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de marzo de 2017, Rad. 810001-23-33-000-2013-
00285-01 (2806-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
3 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «08ContestacionDemanda202101483.pdf».
4 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «26Sentencia202101483.pdf».
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(i) Declaró la nulidad del acto ficto configurado frente a la reclamación del 23 de
febrero de 2021, que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al cumplir
55 años de edad y 20 de servicio.
(ii) Ordenó al FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la
demandante desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionada, liquidada
con «el 75% del promedio de la asignación básica y las horas extras devengada
al año anterior del estatus pensional», de conformidad con la Ley 71 de 1988, sin
exigir el retiro del servicio para acceder a ella. Además, decretó la actualización
de las sumas reconocidas con la fórmula establecida para tal efecto.
17. Para llegar a esa conclusión, expuso los siguientes argumentos:
18. Explicó que el régimen pensional aplicable a los docentes se determinaba con
base en la fecha de su vinculación al servicio oficial. En ese sentido, quienes que se
encontraban vinculados al servicio público oficial para el «26» de junio de 2003, se les
respetaba el régimen aplicable contenido en las disposiciones anteriores que regían la
materia. Asimismo, mencionó que por mandato de la Ley 100 de 1993 los docentes
fueron excluidos de la aplicación del Sistema General de Pensiones, excepción
reiterada en el Acto Legislativo 01 de 2005.
19. Expuso que la señora Magaly del Socorro Madera Alean se vinculó de manera
inicial al servicio docente en 1992 a través de órdenes de prestación de servicios. Por
ello, es beneficiaria del régimen especial anterior a la Ley 812 de 2003, es decir, las
leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, así como los requisitos de 55 años de edad y 20 de
servicios.
20. Advirtió que la demandante laboró como docente bajo órdenes de prestación de
servicios sin cotizaciones al FOMAG, pues estas fueron realizadas en virtud de aportes
privados como trabajadora independiente, por lo tanto, estimó aplicable la Ley 71 de
1988, que permite la acumulación de tiempos públicos y privados. Esta conclusión la
sustentó en una consulta realizada al Registro Único de Afiliados —RUAF—, en la que
evidenció una afiliación a COLPENSIONES —antiguo ISS— el 26 de julio de 1996.
21. Por otro lado, resaltó que los docentes gozan de un régimen especial, de modo
que se les aplica la excepción de percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público, contenida en la Ley 4 de 1992 en concordancia con el Decreto 224 de 1972.
En razón a ello, pueden recibir la pensión en compatibilidad con el salario, esto es, sin
que le sea exigible el retiro del servicio para el goce de aquella.
22. Finalmente, en aplicación del criterio objetivo-valorativo se abstuvo de condenar
en costas, debido a que «no se aportaron los elementos probatorios que den cuenta
de la causación» de estas.
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2.4. Recurso de apelación
23. La parte demandada presentó escrito de apelación5 y solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes reparos:
24. Mencionó que según lo establecido en el Decreto 2381 de 2005, en la
expedición de los actos administrativos que reconocen pensiones a cargo del FOMAG
confluyen diferentes actores, entre ellos, las secretarías de educación de las entidades
territoriales, que son las encargadas de elaborar y remitir el proyecto de acto
administrativo a la entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG para su
aprobación. Asimismo, planteó la necesidad de vincular a la Secretaría de Educación
de Medellín como litisconsorte necesario, al ser esta entidad la que negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante. En razón a ello, manifestó
que se encuentra «en imposibilidad material de cumplir la orden impartida por el juez
de primera instancia».
25. De otro lado, argumentó que los docentes no gozan de un régimen especial en
materia pensional, sino que se rigen por las normas expedidas para los demás
servidores públicos del régimen general, por lo que están sujetos a la prohibición de
recibir más de una asignación del tesoro público. Ello resulta razonable en la medida
en que permite el acceso de personas jóvenes al mercado laboral y desestimula a los
docentes que llegan a la edad de pensión a quedarse en el ejercicio del cargo por tener
mayores ingresos. Tal restricción tiene una excepción en los docentes, solamente en
la posibilidad que tienen de percibir la pensión gracia en compatibilidad con el salario.
Por último, adujo que la vigencia del Decreto 224 de 1972 se vio afectada por normas
posteriores, por lo tanto, la excepción que establece la compatibilidad entre devengar
la pensión y el salario simultáneamente ya no tiene ningún sustento jurídico.
2.5. Trámite procesal
26. Mediante auto del 4 de marzo de 20256 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación del artículo 67 de Ley 2080 de 2021, toda vez que no se
solicitaron pruebas en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
5 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «31Anexo02ApelacionSentencia202101483».
6 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 5, archivo
«6Autoqueadmite_3544642024AutoAdmite(.pdf)»
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3.2. Cuestiones previas
3.2.1. Sobre la excepción previa invocada en el recurso de apelación
28. Se advierte que, conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos plasmados en
el recurso de alzada, la apelante censura que no se haya vinculado a la Secretaría de
Educación de Medellín en calidad de litisconsorte necesario. Ahora bien, es claro que
este reparo se enmarca en una de las excepciones previas contenidas en el artículo
100 del Código General del Proceso, puntualmente la de «[n]o comprender la demanda
a todos los litisconsortes necesarios»7.
29. Visto lo anterior, el artículo 1758 del CPACA establece que la contestación de la
demanda es la oportunidad que tiene el demandado para presentar las excepciones.
En cuanto a su trámite, el Código General del Proceso9 establece que:
Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. […]
Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:
1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de
tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el
caso, subsane los defectos anotados.
2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de
pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el
trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente,
declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.
Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella
las practicará y resolverá las excepciones […].
30. Sin embargo, al revisar la contestación de la demanda no se evidencia que se
haya formulado la referida excepción o se hayan expuesto argumentos de esa índole,
por ende, en la sentencia de primera instancia no se realizó un análisis sobre ese
aspecto. En ese orden, al haber precluido la oportunidad de formular tal reparo y al no
ser objeto de estudio en la providencia recurrida, no es procedente abordar tal asunto
en esta oportunidad, so pena de poner en riesgo los derechos al debido proceso y
doble instancia de la parte demandante, así como el principio de congruencia10.
7 Código General del Proceso, artículo 100, numeral 9.
8 «Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de
contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí
mismo.
2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.
3. Las excepciones […]».
9 Aplicable en materia de excepciones, según el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA.
10 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de mayo de 2022, Rad. 08001-23-31-007-2008-00635-
01, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. En esta providencia se indicó: «Esta Sección se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades sobre los límites del recurso de apelación en los procesos ordinarios, en cuanto debe
guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que motivan la decisión del a quo en su sentencia,
respetando los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia, así como el
principio de congruencia; y en caso contrario, es decir, que se presenten en dicho recurso nuevos hechos, cargos
y pretensiones que no se adujeron en la demanda ni en la contestación y no fueron valorados en la sentencia de
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31. Lo anterior, se acompasa con el principio de preclusión en materia procesal, el
cual implica que el proceso se adelante a través de etapas y una vez superada una de
estas, se continue a la siguiente sin la posibilidad, por regla general, de retroceder11.
De lo contrario, las actuaciones de las partes dentro del proceso se tornarían
intempestivas e irían en desmedro de la confianza y la seguridad jurídica por las cuales
debe propender la administración de justicia12. En razón a lo expuesto, la Sala
considera innecesario abordar en la parte considerativa un estudio de fondo respecto
al reparo antes mencionado.
32. En todo caso, en los eventos en los que se ventilan controversias sobre las
prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, esta Sección ha decantado
que, como en el caso de autos, si bien la entidad territorial es la encargada de recibir
la solicitud de reconocimiento pensional, elaborar el proyecto de acto administrativo y
remitirlo al FOMAG, es este último el encargado de administrar los recursos del régimen
pensional del personal docente, por ende, es el responsable de realizar el pago en
caso de que se profiera una eventual condena13. Por lo tanto, no sería de recibo el
argumento expuesto por el FOMAG, consistente en la solicitud de vinculación de la
Secretaría de Educación de Medellín en calidad de litisconsorte necesario.
3.2.2. Sobre el régimen con fundamento en el cual se reconoció la pensión
33. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto
ficto y en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
conforme con la Ley 71 de 1988. Esto, debido a que la señora Madera Alean, si bien
estuvo vinculada a la docencia oficial desde 1992 hasta 2004, estos periodos los laboró
bajo órdenes de prestación de servicios, en calidad de contratista independiente sin
cotizaciones al FOMAG, sino con aportes privados. Por lo tanto, consideró que su
situación pensional debía resolverse con la referida ley.
34. Contrario a ello, la Sala considera que la Ley 33 de 1985 era el régimen
aplicable, en razón a que los periodos considerados por el a quo como privados14,
fueron en realidad públicos. Incluso, así está plasmado en el «Certificado de
Información Laboral»15 expedido por el municipio de Sahagún y el «Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral»16 expedido por el FOMAG. Por
consiguiente, si bien es cierto que se trató de vinculaciones docentes a través de
primera instancia, el fallador de segunda instancia no puede adelantar el estudio de estos nuevos reproches, pues
es su deber proteger los derechos, garantías y principios anotados».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 5 de noviembre de 2015, Rad. 63001-23-33-000-2014-
00060-01 (4134-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 3 de marzo de 2017, Rad. 11001-02-03-000-2016-
03299-00, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
octubre de 2021, Rad. 17001-23-33-000-2017-00326-01 (4519-19), M.P. William Hernández Gómez.
14 La Sala advierte que la vinculación en la cual se basó el Tribunal para concluir que tuvo aportes privados —26
de julio de 1996—, corresponde al periodo reportado por la Caja de Previsión Municipal de Sahagún, en calidad de
docente oficial.
15 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf», folio 25.
16 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf», folios 38 a 40.
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órdenes de prestación de servicios, tal circunstancia en sí misma no tiene la virtualidad
de cambiar la naturaleza pública de la labor desempeñada17.
35. Sin embargo, el apelante único no presentó reparos con el objeto de controvertir
ese aspecto de la sentencia de primera instancia, por lo tanto, la Sala no modificará lo
atinente al régimen con el cual se reconoció la pensión de jubilación; en especial,
cuando en uno y otro (Ley 33 o Ley 71), en el caso de las mujeres, la edad y el tiempo
requerido para pensionarse es el mismo.
3.3. Problema jurídico
36. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación y teniendo en cuenta
que el artículo 328 del Código General del Proceso limita el pronunciamiento del juez
de segunda instancia a los argumentos de la alzada, la Sala debe definir lo siguiente:
37. ¿Es procedente condicionar el goce de la pensión a la fecha de retiro del servicio
de docente oficial?
38. Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, y
(ii) sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.
39. A partir de las anteriores consideraciones: (iii) se destacarán los hechos
probados más relevantes y (iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el interrogante planteado.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
40. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
41. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198918, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
42. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
18 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
43. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
44. Sin embargo, la Ley 812 de 200319, en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1
que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».
45. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (leyes 33 de 1985 o 71 de 1988);
mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.4.2. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
46. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades20, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al FOMAG las prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración».
47. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:
19 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
20 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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(i) El Decreto 224 de 197221 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197922 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199323 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia24, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».
(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro público,
consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual tratándose del
régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no hace alusión a
los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la norma, sino a las
disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los docentes pensionados.
Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201925 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
“Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar
situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la fecha de
entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados,
contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran beneficiando de la normatividad
que les permitía percibir simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación
y pensión gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes a la
expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo establecen,
21 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
22 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
23 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
24 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año y 115 de la Ley 115
de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer las
excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley,
beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 50 del Decreto 224 de
1972 que dispone:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero
se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada”.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la [S]ala de [C]onsulta y [S]ervicio
[C]ivil de esta [c]orporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en
fallo de 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-
10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero».
(vi) También debe considerarse el artículo 1926 de la Ley 344 de 199627, al dejar a
salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones
de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con
ocasión del ejercicio docente»28.
(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4529 del Decreto 1278
de 200230, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de
200331), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no fue
habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del 20 de
noviembre de 202432 indicó:
«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
26 Ley 334 de 1996, artículo 19. «Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho
beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios
podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
27 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
29 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
30 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
31 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública33.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad».
48. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad34 o posterioridad35 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es, en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que como ya lo ha
señalado esta Subsección, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite
establecido por el legislador.
49. Es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que
son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo
normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como
maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un
régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a
aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un
requisito o límite establecido por el legislador.
50. Por tanto, no es factible condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.
3.5. Hechos probados
51. Según las pruebas que obran en el expediente, y con el objeto de resolver los
interrogantes planteados, en el caso concreto se encuentran acreditados los siguientes
33 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
35 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
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hechos:
52. La señora Magaly del Socorro Madera Alean nació el 9 de mayo de 1954, según
copia de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento36. Tenía 66 años a la
fecha en que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación —23 de
febrero de 2021—.
53. Estuvo vinculada al municipio de Sahagún como empleada pública y realizó
aportes a la respectiva Caja de Previsión Social municipal entre el 16 de enero de 1984
y el 3 de enero de 1989 —4 años, 11 meses y 18 días—37.
54. Según el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral»38, se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación
municipal de Sahagún a través de ordenes de prestación servicios, desde el 29 de julio
de 1996, y en adelante, prestó sus servicios en los siguientes periodos:
Tiempo certificado
Nombramiento Desde Hasta
por el FOMAG
Orden de prestación de
26 de febrero de 1992 30 de diciembre de 1993 664 días
servicios
Orden de prestación de
27 de marzo de 1996 27 de julio de 1996 119 días
servicios
Orden de prestación de
29 de julio de 1996 29 de noviembre de 1996 120 días
servicios
Orden de prestación de
14 de abril de 1999 30 de agosto de 1999 136 días
servicios
Orden de prestación de
1 de mayo de 2000 31 de agosto de 2000 120 días
servicios
Orden de prestación de
1 de septiembre de 2000 30 de noviembre de 2000 89 días
servicios
Orden de prestación de
1 de febrero de 2002 30 de noviembre de 2002 299 días
servicios
Orden de prestación de
1 de febrero de 2003 31 de diciembre de 2003 330 días
servicios
Orden de prestación de
2 enero de 2004 8 de julio de 2004 186 días
servicios
Resolución núm. 165 del
8 de julio de 2004 20 de abril de 2005 282 días
29 junio de 2004
6 años, 6 meses y 5
TOTAL
días39
55. Según el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral»,
fue nombrada en propiedad en la Secretaría de Educación de Antioquia mediante el
Decreto 1025 del 29 de abril de 2011 e inició labores el 1 de mayo de la misma
36 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf», folios 23 y 24.
37 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf», folio 25.
38 Samai, expediente 05001-23-33-000-2021-01483-01, índice 2, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820244zi(.zip)», documento «01DDA MAGALY DEL SOCORRO
MADERA.pdf», folios 38 al 40.
39 El certificado arroja un total de 2345 días. Sin embargo, la Sala para efectos prácticos los expresa en su
equivalente en años, meses y días.
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anualidad. Ahora bien, dicho documento certifica hasta la fecha de su expedición —27
de enero de 2021— 9 años 8 meses y 30 días.
56. La demandante, el 23 de febrero de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985. No obstante, la entidad
demandada no se pronunció frente a esta petición. En ese sentido, el 23 de julio de
2021 se configuró el acto ficto negativo40.
3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
57. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la situación pensional de la demandante debía definirse
de conformidad con la Ley 71 de 1988. Con esta decisión, entre otros aspectos, ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión desde la fecha en que adquirió el estatus
pensional, esto es, el 25 de noviembre de 2019, sin exigir el retiro del servicio para su
efectividad. Esto último, objeto de censura por parte de la entidad demandada, al
considerar que existe una incompatibilidad entre devengar el salario y la pensión de
manera simultánea.
58. Al respecto, la Sala reitera, por un lado, que el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 establece que las prestaciones de los afiliados al FOMAG serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración. Por otro, que a partir del análisis del
literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se puede concluir que los docentes
oficiales gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre el salario y la pensión.
59. Por esta razón, como se ilustró en el acápite 3.4.2. de esta providencia, el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez no está supeditada al retiro del servicio,
inclusive, sin importar si su vinculación fue antes o después del 27 de junio de 200341.
Esto, por cuanto la referida compatibilidad se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por tal motivo, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
60. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que la
demandante tiene derecho a disfrutar de la pensión de vejez que le fue reconocida, en
40 Para tal efecto se tuvo en cuenta lo siguiente: (i) Máximo cuatro meses para decidir la solicitud de reconocimiento
pensional, según los artículos 19 del Decreto 656 de 1994 y 2.4.4.2.3.2.4 del del Decreto 1272 de 2018. (ii) Cuando
la ley establezca que el término para resolver la solicitud es mayor a 3 meses, el artículo 83 del CPACA señala que
«el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse
la decisión». Así las cosas, el término corrió de la siguiente manera: El FOMAG tenía hasta el 23 de junio de 2021
para atender la solicitud, desde ese momento empezó a correr el mes adicional para la configuración del silencio
administrativo negativo, circunstancia que tuvo lugar el 23 de julio de 2021.
41 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
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compatibilidad con el salario. Por este motivo, la prestación debe ser efectiva a partir
de la fecha de adquisición del estatus pensional. En esa medida, de conformidad con
las pruebas que obran en el expediente, se puede concluir que la demandante, según
el a quo, adquirió el estatus de pensionada el 25 de noviembre de 201942 al cumplir
el requisito de los 20 años de servicios, puesto que para la mencionada fecha ya
contaba con 65 años43.
61. De acuerdo con lo expuesto, la señora Magaly del Socorro Madera Alean tiene
derecho a percibir la pensión de vejez a partir del 25 de noviembre de 2019, en
compatibilidad con el salario devengado por la actividad docente. Por ese motivo, la
respuesta al problema jurídico es negativa.
3.7. Conclusiones
62. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la
Sala concluye que la señora Magaly del Socorro Madera Alean tiene derecho a la
compatibilidad entre el salario y la pensión, por cuanto la ley establece que la
prohibición de devengar ambas prestaciones simultáneamente no se hace extensible
a dicho régimen, motivo por el cual, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo
para el goce de la prestación.
3.8. Costas
63. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 44 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
42 La Sala advierte que, para el 25 de noviembre de 2019, la accionante tenía un poco más de los 20 años que
señala el Tribunal; no obstante, el apelante único no presentó reparos sobre el particular, por lo tanto, no se
adoptará una decisión al respecto.
43 Se recuerda que la accionante nació el 9 de mayo de 1954.
44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
15
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01483-01 (4464-2024)
Demandante: Magaly del Socorro Madera Alean
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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