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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03338-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03338-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte accionada, que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-03338-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-03338-01 (4643-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema: compatibilidad de la pensión y la
prestación del servicio docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta
de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas solicitó la nulidad parcial del acto administrativo
a través del cual la entidad accionada le reconoció una pensión de jubilación
condicionada al retiro del servicio. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene
derecho a que su pensión se haga efectiva desde el momento en el que adquirió el
estatus pensional, toda vez que esta es compatible con la prestación del servicio
docente.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 22 de septiembre de 20201, el señor Álvaro Enrique
Álvarez Arenas, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante FOMAG), según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
202050042311 del 14 de agosto de 2020, mediante la cual se reconoció a favor del
señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas una pensión de jubilación, condicionada al retiro
del servicio.
1 Samai, gestión en otros despachos, 05001233300020200333800, índice 01.
2 Samai, índice 02, documento ED_202003338(.zip), archivo 00 DEMANDA, págs. 1 a 12.

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Radicación: 05001-23-33-000-2020-03338-01 (4643-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3. A título de restablecimiento, pidió que se reconozca la compatibilidad entre la
pensión y el salario; se ordene a la parte demandada reconocer y pagar una pensión
de jubilación a favor del accionante, a partir del momento en el que adquirió el estatus
pensional, esto es, el 12 de junio de 2019, y hasta cuando se retire del servicio docente.

4. Solicitó que las sumas que se reconozcan se ajusten de acuerdo con el IPC; y se
paguen los intereses de mora por los valores adeudados.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. El señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas nació el 12 de junio de 1964. Se vinculó
como docente al servicio del municipio de Medellín desde el 12 de febrero de 1996 y al
momento de presentación de la demanda laboraba en el ente territorial.

7. El 22 de agosto de 2019, solicitó a la entidad accionada, el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación.

8. Mediante la Resolución 202050042311 del 14 de agosto de 2020, el municipio
de Medellín en representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció al demandante una
pensión de jubilación, efectiva a partir del retiro del servicio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política artículos 2, 4, 25, 48 y 58.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 4 de 1992, artículo 19.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Decreto 224 de 1972, artículo 5.
• Decreto 2277 de 1979, artículos 36 y 70.
• Decreto 14 de 1992, artículo 5.
• Decreto 196 de 1995.
• Decreto 1285 de 1995.
• Acuerdo 82 de 1959.
• Acuerdo 20 de 1985.

9. Sostuvo que el acto administrativo acusado incurrió en desviación de poder,
puesto que la autoridad que lo expidió tenía la obligación de reconocer la pensión de
jubilación al accionante desde la fecha en la que adquirió el estatus pensional. No
obstante, omitió declarar la compatibilidad de la pensión y el salario, por lo cual se
sustrajo de la aplicación de la ley, y usó el poder con fines y motivos diferentes a
aquellos para los cuales se confirió.

10. Afirmó que la resolución demandada es nula, también, por falsa motivación, toda
vez que distorsiona la realidad, en tanto se fundamenta «en una situación jurídica que
no es sustentable legalmente», en el sentido de darle a la norma un alcance que no
tiene.
2

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Radicación: 05001-23-33-000-2020-03338-01 (4643-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.2. Contestación de la demanda

11. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda y realizó las
siguientes consideraciones3:

12. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. A su vez, dispuso que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen pensional de la Ley 91 de 1989, es decir, la Ley 33 de 1985.

13. El Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019 definió que los factores a tener en cuenta para la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes
concernientes, enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en tanto les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, para el caso de los vinculados a
partir de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir son los señalados en el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones.

14. Manifestó que el acto administrativo acusado se profirió en estricto cumplimiento
de las normas vigentes y aplicables al caso del demandante, por lo que no está viciado
de nulidad.

15. Adujo que no puede accederse a las pretensiones de la demanda, toda vez que
ordenar el reconocimiento de la pensión con la inclusión de todos los factores
devengados, sin que sobre ellos se haya efectuado aportes a pensión, vulnera la
Constitución Política y el principio de solidaridad del Sistema General de Pensiones.

16. Sostuvo que de acuerdo con el artículo 188 del CPACA que remite al artículo 365
del CGP, solo hay lugar a condenar en costas cuando en el expediente se pruebe de
manera objetiva su causación. Por ende, como en el asunto no se demostró que la
entidad haya actuado con mala fe, no procede tal condena.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión profirió
sentencia el 2 de noviembre de 2022, a través de la cual accedió a las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte vencida. En tal sentido, declaró la nulidad
parcial del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad
accionada a pagar en favor del señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas la pensión de

3 Samai, índice 02, documento ED_202003338(.zip), archivo 05 28-abr-21 Contestación Demanda Fonpremag.

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Radicación: 05001-23-33-000-2020-03338-01 (4643-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

jubilación a partir de la adquisición del estatus, esto es, el «16 de abril de 2019». La
providencia se fundó en los siguientes argumentos4:

18. El artículo 5 del Decreto 224 de 19725 estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación. A su turno, el artículo 3
del Decreto 2277 de 19796 previó que los docentes que prestan sus servicios a
entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal son empleados
oficiales que pertenecen a un régimen especial en lo referente a la administración de
personal, salarios y prestaciones.

19. El artículo 128 de la Constitución Política dispuso que nadie puede percibir más
de una asignación que provenga del erario, salvo los casos determinados por la ley.
Dicha norma fue desarrollada por la Ley 4 de 1992, que en su artículo 19 señaló la
misma prohibición y fijó algunas excepciones, entre estas, la contenida en el literal g)
que excluye las asignaciones que, a la entrada en vigor de la ley, beneficien a los
docentes oficiales pensionados.

20. El Consejo de Estado, en su jurisprudencia7, precisó que la aludida excepción
aplica a los docentes pensionados antes de la Ley 4 de 1992 y a quienes con
posterioridad adquieran esa calidad.

21. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993, permite que las prestaciones reconocidas con
fundamento en la Ley 91 de 1989, sean compatibles con pensiones o cualquier clase
de remuneración.

22. Concluyó que la pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se puede recibir simultáneamente con el salario,
por lo que no es posible condicionar el pago de la pensión al retiro del servicio, ni al tipo
de vinculación. Ello, según se ratificó en el parágrafo 1 del Acto Legislativo 01 de 2015.

23. Adujo que, de acuerdo con lo probado en el proceso, la entidad accionada, a
través del acto administrativo acusado, reconoció a favor del demandante una pensión
de jubilación efectiva a partir del retiro del servicio. En el mismo acto se indicó que el
docente, afiliado al FOMAG, adquirió el estatus pensional el 12 de junio de 2019,
habiéndose vinculado al servicio el 12 de febrero de 1996.

24. Definió que como el accionante se vinculó a la docencia oficial antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a que su pensión se pague desde
la fecha en la que consolidó el estatus. En consecuencia, al no poderse condicionar el
disfrute de la referida prestación, se declara la nulidad parcial del acto acusado, y se
ordena su pago desde el momento en el que el accionante adquirió el derecho
pensional.

25. Finalmente, con fundamento en los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP,
decidió condenar en costas a la parte demandada, por un valor equivalente al 4% de
las pretensiones de la demanda por concepto de agencias en derecho, de conformidad
4
Samai, índice 02, documento ED_202003338(.zip), archivo 14 SENTENCIA 2020 03338 NYR FOMAG
COMPATIBILIDAD PENSIÓN SALARIO.
5
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
6 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
7 Citó: «Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01».

4

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Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
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con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura.

2.4. Recurso de apelación

26. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque8.

27. Afirmó que se hace necesario vincular en calidad de litisconsorte necesario por
pasiva a la «Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia», en tanto fue la
entidad que profirió el acto administrativo acusado. Además, si llegase a ordenarse el
derecho reclamado, será esa misma entidad quien expida «el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación», puesto que, si bien el FOMAG es la entidad a la que le
corresponde el pago de las prestaciones sociales, lo cierto es que tal pago se efectúa
una vez se profiere y remite el referido acto.

28. Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, en relación con la citación
del fundamento normativo de la pensión de jubilación de los docentes oficiales.

29. Señaló que el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, dispuso que nadie podrá recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público; no obstante, en el literal g) se
exceptuó a los docentes que a la entrada en vigor de la norma se encontraran
pensionados. Por su parte, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 estableció que sin
perjuicio de lo previsto en las leyes 91 de 1989; 60 de 1993; y 115 de 1994, el servidor
público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión podrá optar por dicho
beneficio o continuar vinculado al servicio.

30. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia dictada después de la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2005, los docentes no gozan de un régimen especial en
materia pensional. En tal sentido, deben acreditar el retiro del servicio para percibir el
pago de la pensión de jubilación, como todos los demás servidores públicos; de lo
contrario, estarían incursos en una prohibición constitucional y legal, misma que solo
admite una excepción en el caso de los maestros, concerniente a que «el docente
puede disfrutar de la pensión derecho (sic) y al mismo tiempo de la pensión gracia».

31. Explicó que la prohibición descrita es razonable en una sociedad que se
caracteriza por la falta de oportunidades a los jóvenes, toda vez que desestimula que
personas que adquirieron el derecho a una pensión continúen laborando como
docentes hasta llegar a la edad de retiro forzoso.

32. Adujo que, aceptar el pago simultáneo de salario y pensión «impide a los
educandos en proceso de formación, recibir enseñanzas actualizadas de los
profesionales docentes que con conocimientos frescos están llenos de ánimos por
empezar a ejercer influencia en las mentes de los escolares, quienes de lo contrario
tienen que conformarse con las enseñanzas caducas de personas que próximas a los
65 años es poco lo que tienen vocación de seguir enseñando y aportando (sic)».

33. Añadió que la posibilidad de recibir más de una asignación de origen estatal,
también «impide que se piense en la mejora sustancial de los salarios de los
8 Samai, índice 02, documento ED_202003338(.zip), archivo 16 25-nov-22 Recurso Apelación.

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educadores, ya que se parte de la idea, que debe desecharse, de que finalmente si bien
es cierto por algún tiempo, en su etapa de mayor y mejor producción intelectual y
personal, reciben unos empobrecidos salarios, finalmente la recompensas (sic) viene
dada para su edad más adulta cuando esos ingresos se complementan con la
percepción de una pensión de jubilación que les llega como doble remuneración por
estar haciendo exactamente lo mismo o incluso menos de lo que hacían antes».

34. Alegó que el Tribunal pasó por alto que el accionante es un docente vinculado
con carácter territorial; condición que no goza del derecho a disfrutar de la pensión al
mismo tiempo que del salario.

35. Precisó que el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, que dispuso la simultaneidad
entre el pago de la mesada pensional y el sueldo, perdió vigencia a partir de la
expedición de la Ley 344 de 1996 y de otras normas que establecieron la
incompatibilidad de ambas asignaciones. Además, el mencionado decreto nunca
amparó a los docentes territoriales, sino a aquellos vinculados con carácter nacional.

2.5. Trámite procesal

36. Mediante auto del 30 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

37. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

39. La entidad accionada, en el recurso de apelación, solicita que se vincule en
calidad de litisconsorte necesario por pasiva a la «Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia», en tanto, según lo afirma, fue la entidad que profirió el
acto administrativo acusado.

9 Samai, índice 04.
10 Samai, índice 07.

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40. Al respecto, resulta claro que tal reparo se enmarca en una de las excepciones
previas contenidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, puntualmente la
de «[n]o comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios»11.

41. Ahora bien, el artículo 175 del CPACA12 establece que la contestación de la
demanda es la oportunidad que tiene el demandado para presentar las excepciones.
En cuanto a su trámite, el Código General del Proceso13 establece que:

Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. […]

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres
(3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso,
subsane los defectos anotados.

2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de
pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el
trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente,
declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella
las practicará y resolverá las excepciones […].

42. En el caso concreto, al revisar la contestación de la demanda se evidencia que
no se formuló la referida excepción ni se expusieron argumentos referentes a ella; por
ende, en la sentencia de primera instancia no se realizó análisis alguno sobre el
particular. En ese orden, al haber precluido la oportunidad de formular tal reparo y al no
ser objeto de estudio en la providencia recurrida, no es procedente abordar el asunto
en el trámite de segunda instancia, so pena de poner en riesgo los derechos al debido
proceso y doble instancia de la parte demandante, así como el principio de
congruencia14.

43. Lo expuesto, se acompasa con el principio de preclusión en materia procesal, el
cual implica que el proceso se adelante a través de etapas y una vez superada una de
estas, se continue a la siguiente sin la posibilidad, por regla general, de retroceder15.

11
Código General del Proceso, artículo 100, numeral 9.
12 «Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de

contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí
mismo.
2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.
3. Las excepciones […]».
13 Aplicable por remisión del artículo 175 del CPACA.
14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de mayo de 2022, Rad. 08001-23-31-007-2008-00635-01,

M.P. Hernando Sánchez Sánchez. En esta providencia se indicó: «Esta Sección se ha pronunciado en reiteradas
oportunidades sobre los límites del recurso de apelación en los procesos ordinarios, en cuanto debe guardar
correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos
de oposición a la misma y las consideraciones que motivan la decisión del a quo en su sentencia, respetando los
derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia, así como el principio de
congruencia; y en caso contrario, es decir, que se presenten en dicho recurso nuevos hechos, cargos y pretensiones
que no se adujeron en la demanda ni en la contestación y no fueron valorados en la sentencia de primera instancia,
el fallador de segunda instancia no puede adelantar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber proteger
los derechos, garantías y principios anotados».
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 5 de noviembre de 2015, Rad. 63001-23-33-000-2014-00060-

01 (4134-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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44. De lo contrario, las actuaciones de las partes dentro del proceso se tornarían
intempestivas e irían en desmedro de la confianza y la seguridad jurídica por las cuales
debe propender la administración de justicia16. En razón a lo expuesto, la Sala considera
innecesario abordar en la parte considerativa un estudio de pormenorizado respecto a
la excepción propuesta.

45. En punto, se aclara que aun cuando situaciones como la indebida o falta de
notificación de los interesados podría dar lugar a la configuración de una causal de
nulidad (artículo 134 del CGP), quien omitió alegar dicha circunstancia como excepción
previa, si tuvo la oportunidad de hacerlo, no puede con posterioridad proponer la
configuración de dicha causal (artículo 135 del CGP, inciso segundo). Esto ratifica que
circunstancias como la manifestada por la parte accionada están sometidas al principio
de preclusión, de manera tal que resulta extemporáneo que en el caso de autos se
pretenda proponer la excepción de falta de integración del litisconsorte necesario en el
recurso de apelación.

46. En todo caso, se advierte que en los eventos en los que se ventilan controversias
sobre las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, esta Sección ha
decantado que, como en el caso de autos, si bien la entidad territorial es la encargada
de recibir la solicitud de reconocimiento pensional, elaborar el proyecto de acto
administrativo y remitirlo al FOMAG, es este último el encargado de administrar los
recursos del régimen pensional del personal docente; por ende, es el responsable de
realizar el pago en caso de que se profiera una eventual condena17. Así las cosas, no
sería necesaria la vinculación de la secretaría de educación en calidad de litisconsorte
necesario.

47. Lo anterior, máxime cuando en el presente asunto, quien expidió el acto acusado
—Resolución 202050042311 del 14 de agosto de 2020—, fue el municipio de Medellín
y no la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, como lo menciona la
accionada.

3.3. Problema jurídico

48. De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General
del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre lo
expuesto en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

49. ¿El señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas tiene derecho al pago de la pensión de
jubilación sin acreditar el retiro definitivo del servicio docente?

50. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará el tema de la
compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.

51. A partir de lo anterior, se destacarán los hechos probados más relevantes, y en
el acápite de análisis del caso concreto se resolverá el problema jurídico propuesto.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 3 de marzo de 2017, Rad. 11001-02-03-000-2016-

03299-00, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

octubre de 2021, Rad. 17001-23-33-000-2017-00326-01 (4519-19), M.P. William Hernández Gómez.
8

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Demandante: Álvaro Enrique Álvarez Arenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

52. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades18, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las prestaciones
«serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración». Este carácter
compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido otorgado por las
siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197219 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197920 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199321 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia22, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2 del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a
18 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
19 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
20
«Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
21 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
22 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de
201923 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez Maldonado,
sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la fecha
de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión y
sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año y
115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 50
del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años
de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo,
por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

(vi) El artículo 1924 de la Ley 344 de 199625, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
25 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»26.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4527 del Decreto
1278 de 200228, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200329), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202430 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública31.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos con
contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

53. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad32 o posterioridad33 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con
ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de

abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
27 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
28
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
29 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de

noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
31 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de

enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta
providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
33 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-
2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y
pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de
la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con
el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto
es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable
limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito
o límite establecido por el legislador».
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excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que
no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

54. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función docente
oficial.

55. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.5. Hechos probados

56. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

57. Mediante la Resolución 202050042311 del 14 de agosto de 2020, el municipio
de Medellín, en representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció a favor del señor Álvaro
Enrique Álvarez Arenas una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el último
año anterior a la adquisición del estatus; efectiva «a partir del retiro definitivo del
servicio». Lo anterior, al encontrar probado que34:

• El demandante nació el 12 de junio de 1964, por lo que para la fecha en la que
presentó la solicitud pensional, esto es, el 22 de agosto de 2019, tenía 55 años.
• Acreditó 23 años, 3 meses y 8 días al servicio de la docencia oficial, afiliado al
FOMAG, por el periodo comprendido del 12 de febrero de 1996 al 12 de junio de
2019.
• El 12 de junio de 2019, consolidó el estatus pensional, en tanto para esa fecha
cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, esto es, tener 55 años
y 20 de servicio.

3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

58. La parte recurrente pide que se revoque la sentencia de primera instancia que
accedió a las súplicas de la demanda, bajo el argumento que se contraría el artículo
128 de la Constitución Política. Sostiene que como el accionante es un docente
vinculado con carácter territorial, la pensión es incompatible con el salario. Además, que
a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, los docentes deben acreditar
el retiro del servicio para recibir el pago de la pensión; y que el artículo 5 del Decreto
224 de 1972, que dispuso la simultaneidad entre el pago de la mesada pensional y el
sueldo, perdió vigencia a partir de la expedición de la Ley 344 de 1996.

59. También manifiesta que la compatibilidad entre el pago de salario y pensión
impide a los estudiantes recibir clases actualizadas, y los obliga a conformarse con las
enseñanzas de personas próximas a los 65 años que tienen poca vocación.
34 Samai, índice 02, documento ED_202003338(.zip), archivo 00 DEMANDA, págs. 17 a 21.

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60. En este orden de ideas, corresponde a la Sala definir, a continuación, si el
accionante tiene derecho al pago de la pensión de jubilación sin acreditar el retiro
definitivo del servicio docente.

61. Ahora bien, según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que las prestaciones de los
afiliados al FOMAG serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Además, a partir del análisis del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se puede
concluir que los docentes oficiales gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre
el salario y la pensión.

62. En ese orden de ideas, se estima que los docentes oficiales están exceptuados
de la prohibición de devengar doble asignación del erario, sin que ello implique la
vulneración del artículo 128 de la Constitución Política.

63. Así, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación no está supeditado al
retiro del servicio, inclusive, para los vinculados con posterioridad al 27 de junio de
200335, toda vez que la referida compatibilidad, se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón de la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. En tal sentido,
no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

64. Por lo expuesto, la Sala desestima el alegato de la entidad accionada respecto a
que el Tribunal desconoció que el demandante es un docente con vinculación de
carácter territorial. Ello, en tanto la excepción que permite a los docentes devengar
una doble asignación del erario está sujeta a la calidad de docente como tal.

65. De otra parte, la entidad recurrente aduce que luego de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, los maestros no gozan de un régimen especial en materia
pensional y por ello, deben acreditar el retiro del servicio para disfrutar de la pensión.
En punto, se precisa que la referida normativa reiteró lo establecido en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 respecto al régimen pensional de los docentes oficiales y no derogó
las normas que reconocen a estos la compatibilidad entre el salario y la pensión.

66. A su vez, en cuanto al argumento referente a que el artículo 5 del Decreto 224
de 1972, que dispuso la simultaneidad de la mesada pensional y el sueldo, perdió
vigencia, se señala que conforme con el marco normativo de esta sentencia, en el que
se expuso la evolución normativa del tema, incluyendo la Ley 344 de 1996, en nuestro
ordenamiento jurídico no se ha eliminado válidamente la prerrogativa de la
compatibilidad.

35 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En
esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la
que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de
2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo
normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón
a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta
excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite
establecido por el legislador».
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67. Así las cosas, se comparte la decisión de primera instancia, la cual se confirmará,
en orden a que no se le puede exigir al demandante el retiro del servicio docente para
disfrutar de la pensión de jubilación que le fue reconocida.

68. Por último, la entidad accionada aduce que la simultaneidad de pago de la
pensión y el salario impide a los estudiantes recibir una educación por parte de docentes
con «conocimientos frescos», teniéndose que conformar con «enseñanzas caducas de
personas que próximas a los 65 años es poco lo que tienen vocación de seguir
enseñando y aportando»; y, añade, que dicho beneficio imposibilita la mejora en el
salario de los docentes. Al respecto, se considera que tales argumentos son
apreciaciones propias que no tienen ningún soporte o sustento normativo, que confronte
los fundamentos sustanciales de la decisión de primera instancia. Por el contrario, se
desconoce la naturaleza del recurso de apelación en cuanto a formular un reparo
concreto contra la sentencia que fue contraria a sus intereses, y denota una postura
sesgada frente a los educadores de edad adulta. En consecuencia, dichas
aseveraciones no son de recibo para la Sala ni objeto de análisis alguno por parte de
esta.

3.7. Conclusión de la decisión

69. Se concluye que el señor Álvaro Enrique Álvarez Arenas, en calidad de docente,
tiene derecho a la compatibilidad entre el salario y la pensión, conforme lo previsto en
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992.
Por tal motivo, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la efectividad de
la prestación.

3.8. Costas

70. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en
cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso
y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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71. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta en primera instancia a la parte accionada.

72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte accionada, que se
revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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