Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2021-00336-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
Subtema 3. Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 6 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante solicitó la nulidad del acto administrativo ficto a través del cual la entidad
accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó que en
calidad de docente oficial tiene derecho al pago de esta según el régimen previsto en
la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al servicio docente antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que como el
demandante prestaba sus servicios como docente antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
Definió que, al haber acreditado los requisitos exigidos por dicha normativa, tenía
derecho a que la entidad accionada le reconociera una pensión de jubilación a su favor
a partir de la adquisición del estatus pensional.
Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior. En tal sentido, se define
que el régimen pensional que le es aplicable al accionante es el establecido en la Ley
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
33 de 1985, comoquiera que se vinculó en calidad de docente oficial con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Se adicionará el numeral segundo del
fallo impugnado, en cuanto a la manera de liquidar la prestación reconocida y se
modificará para declarar probada la prescripción trienal de algunas mesadas
pensionales. Además, se exhortará a la accionada para que recaude las cotizaciones
en favor del accionante en el tiempo en que estuvo contratada a través de contratos y
órdenes de prestación de servicios.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 29 de septiembre de 20211, el señor Pedro Pablo
Bermúdez Acosta, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto que se configuró ante la no respuesta de la entidad accionada a la petición
presentada el 26 de agosto de 2020, por medio del cual le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación al señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, desde la fecha en
que cumplió su estatus pensional —esto es, el 26 de agosto de 2015, cuando reunió
los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios—, equivalente al 75 % de los
salarios y las primas percibidas durante el año anterior a la consolidación del derecho
pensional, sin exigir el retiro del servicio.
4. Solicitó que se condene a la actualización de los valores adeudados conforme
a la disminución del poder adquisitivo, de conformidad con el artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA); el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y que se imponga la condena en costas, de acuerdo con el artículo 188 del
CPACA.
1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital, archivo
34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 1 a 21.
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Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. El señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta nació el «21» de febrero de 1957. Fue
vinculado a la docencia oficial mediante órdenes de prestación de servicios en distintos
periodos, con el municipio de Bosconia, desde el 1 de febrero de 1990 hasta el 30 de
noviembre de 1990; a partir del 4 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1991; y del
10 de febrero al 10 de marzo de 1992, en este último lapso en calidad de
supernumerario. Posteriormente, fue vinculado con el municipio de El Paso, desde el
8 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1993.
7. Continuó su vinculación como maestro mediante órdenes de prestación de
servicios con el municipio de Bosconia del 8 de octubre de 1997 al 31 de diciembre de
2002, y desde el 15 de enero hasta el 15 de diciembre de 2003. Finalmente, el 11 de
marzo de 2004 ingresó a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar como
docente, cargo que, según se indicó, desempeñaba a la fecha de presentación de la
demanda.
8. El 26 de agosto de 2020, el accionante solicitó al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación; sin
embargo, a la fecha de presentación de la demanda, la entidad no había dado
respuesta.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. La parte demandante invocó como normas violadas el artículo 1, inciso
segundo, de la Ley 33 de 1985; el artículo 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989;
el artículo 6 de la Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de 1994; el artículo 279
de la Ley 100 de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y los artículos 1 y 2 del
Decreto 3752 de 2003.
10. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció dos regímenes
prestacionales según la fecha de vinculación al servicio docente. Así, a quienes se
encontraban vinculados antes del 27 de junio de 2003 les es aplicable el régimen
pensional anterior —esto es, el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas
vigentes, como la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988—; mientras que a quienes se
vincularan a partir de esa fecha les corresponde el régimen de prima media de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
11. Argumentó que la expresión «vinculados al servicio público educativo oficial»
contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, no exige que el docente se encuentre
activamente laborando al momento de entrada en vigor de la norma, sino únicamente
que haya tenido una vinculación anterior a esa fecha. En apoyo de esta interpretación,
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Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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citó jurisprudencia del Consejo de Estado —entre otras, la sentencia del 16 de marzo
de 2017, radicación 25-000-23-42-000-2012-00275-01— que, en un caso similar,
precisó que el régimen pensional aplicable a los docentes se determina por la fecha
de la primera vinculación al servicio educativo oficial, independientemente de la
modalidad de estas y de si existía o no continuidad en el empleo al momento de entrar
en vigor de la Ley 812 de 2003.
12. Adujo que las vinculaciones mediante órdenes de prestación de servicios son
válidas para efectos pensionales, pues la labor docente, por su propia naturaleza,
implica subordinación y prestación personal del servicio, elementos propios de una
relación laboral que no pueden desconocerse mediante la figura contractual. Como
respaldo de este argumento, citó la sentencia del Consejo de Estado del 19 de febrero
de 2018 —radicación 76001-23-33-000-2013-01033-01 (3864-2015)—, que reconoció
que las órdenes de prestación de servicios fueron el mecanismo utilizado por las
entidades territoriales para prestar el servicio educativo, y que para efectos probatorios
lo relevante no es la denominación de la vinculación, sino la actividad docente
desarrollada.
13. Concluyó que el demandante, al acreditar más de 55 años de edad, más de 20
años de servicio oficial a la docencia y una vinculación anterior al 27 de junio de 2003,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación según el régimen anterior
a la Ley 812 de 2003 —Ley 33 de 1985—, compatible con el salario docente.
2.2. Contestación de la demanda
14. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones3.
15. Sostuvo que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó a los docentes
afiliados al Fondo del Magisterio del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que
los rige la Ley 91 de 1989. Precisó que el artículo 15 de esta última norma distinguió
entre los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 —quienes conservan
el régimen prestacional de cada entidad territorial— y los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990, a quienes se aplican las normas vigentes para los empleados públicos
del orden nacional, incluyendo la Ley 33 de 1985.
16. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el régimen
pensional de los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes antes de esa fecha,
mientras que quienes se vincularon con posterioridad se rigen por el régimen de prima
media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión
3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital, archivo
30ED_20ContestacionDemand(.pdf), págs. 3 a 22.
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unificada en 57 años para ambos géneros. Sobre el tema, citó la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, que
estableció como precedente obligatorio la existencia de dos regímenes diferenciados
según la fecha de vinculación al servicio educativo oficial.
17. Argumentó que el demandante fue afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio a partir del 13 de julio de 2007, mediante vinculación departamental en
propiedad, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En
consecuencia, afirmó que el régimen pensional que le aplica es el de prima media
previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y que por tanto no era posible
reconocerle la pensión bajo un régimen diferente, ni tampoco, sin el cumplimiento de
los requisitos respectivos.
18. Añadió que el demandante no tiene derecho a la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, en tanto no acreditó mediante las pruebas documentales
aportadas haber cotizado durante los periodos laborados mediante órdenes de
prestación de servicios, que son precisamente los que reclama para completar los 20
años exigidos por el artículo 7 de dicha ley. Señaló que la pensión por aportes requiere
la efectiva acreditación de las cotizaciones ante la entidad correspondiente, y que, al
no demostrarse este requisito, no existe sustento jurídico para su reconocimiento. Por
último, manifestó que el accionante tampoco es beneficiario de régimen de transición
alguno, pues al momento de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 no había
cotizado el mínimo de 750 semanas exigido.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia el 6 de marzo de 2025, a
través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos4:
20. Precisó que el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados al
Magisterio, señalado en la Ley 91 de 1989 unificó el régimen laboral y prestacional de
este sector, remitiendo a las normas generales de los empleados públicos del orden
nacional —en especial la Ley 33 de 1985— para efectos pensionales. Indicó que la
Ley 812 de 2003, al entrar en vigor —el 27 de junio de 2003—, estableció que quienes
se vincularan a partir de esa fecha quedarían sujetos al régimen de prima media de
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, mientras que los vinculados con anterioridad
conservarían el régimen prestacional previo. Dicho criterio fue ratificado por el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
21. Señaló que, de acuerdo con las pruebas que obran en el plenario, el señor
Pedro Pablo Bermúdez Acosta nació el 22 de febrero de 1957 y suscribió sucesivos
4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 36, expediente digital, archivo
17SentenciadePr_SentenciPr_202133600pdf(.pdf).
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contratos y órdenes de prestación de servicios con el municipio de Bosconia desde el
7 de febrero de 1990 hasta el 15 de diciembre de 2003 —con algunas interrupciones,
especialmente entre 1994 y 1997—. A partir del 11 de marzo de 2004 fue nombrado
en la planta docente del Departamento del Cesar, primero en provisionalidad, luego en
periodo de prueba mediante el Decreto 288 del 29 de agosto de 2006, y finalmente en
propiedad mediante el Decreto 453 del 5 de septiembre de 2008, cargo que ocupaba
al momento de presentar la demanda. El tiempo total acreditado fue de 24 años, 7
meses y 5 días, incluyendo los periodos laborados mediante contratos de prestación
de servicios y el vínculo oficial posterior.
22. Concluyó que el demandante se vinculó al servicio docente oficial antes del 27
de junio de 2003, por lo que le resulta aplicable el régimen de la Ley 33 de 1985,
conforme al cual se requieren 55 años de edad y 20 de servicio continuos o
discontinuos para acceder a la pensión de jubilación.
23. Definió que el accionante adquirió el estatus pensional el 26 de agosto de 2015,
fecha en que acreditó los dos requisitos exigidos por la referida ley, y que la pensión
debía liquidarse con el 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional, conforme al
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
24. Precisó, en cuanto a los factores salariales del ingreso base de liquidación, que
de acuerdo con el certificado de salarios que obra en el expediente, en el año anterior
al estatus pensional el demandante devengó la asignación básica y la bonificación
mensual docente. Respecto de esta última, adujo que, si bien no figura en el listado de
la Ley 33 de 1985, fue creada por el Decreto 1566 de 2014 y los decretos posteriores
como factor salarial de carácter obligatorio para efectos de liquidar la pensión de los
docentes oficiales, sobre el cual el empleador debía realizar los descuentos
correspondientes. Al respecto, indicó que la omisión del empleador en efectuar esas
cotizaciones no puede trasladarse al trabajador, razón por la cual la bonificación
mensual docente debía incluirse en el ingreso base de liquidación de la pensión.
25. Indicó respecto a la compatibilidad entre la pensión y el salario, que los docentes
vinculados al Magisterio están exceptuados de la prohibición constitucional de percibir
doble asignación del Tesoro Público, en virtud del artículo 5 del Decreto 224 de 1972
y la Ley 60 de 1993. En consecuencia, el demandante tiene derecho a percibir su
pensión de jubilación desde la fecha en que adquirió el estatus pensional —26 de
agosto de 2015— sin necesidad de retirarse del servicio docente, y podrá solicitar
posteriormente la reliquidación de la pensión por factores salariales devengados con
posterioridad a dicha fecha, en aplicación del principio de favorabilidad laboral.
26. Por lo anterior, el Tribunal decidió declarar la nulidad del acto ficto negativo
configurado el 26 de noviembre de 2020; condenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
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reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del señor Pedro Pablo Bermúdez
Acosta desde la fecha de adquisición del estatus pensional, en cuantía equivalente al
75 % de los factores salariales debidamente acreditados para el ingreso base de
liquidación, sin que dicha pensión sea incompatible con el salario docente mientras el
beneficiario permanezca vinculado al servicio.
2.4. Recurso de apelación
27. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:
28. Señaló que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 dispuso que el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encontraran vinculados al servicio público educativo oficial, correspondería al
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes antes de la entrada en
vigor de dicha ley, y que quienes se vincularan con posterioridad serían afiliados al
Fomag con los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con excepción
de la edad que sería de 57 años para hombres y mujeres. Ello quiere decir que la
incorporación del sector educativo oficial al Sistema General de Pensiones surgió a
partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.
29. Sostuvo que el régimen pensional aplicable al señor Pedro Pablo Bermúdez
Acosta es el de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda
vez que, según los hechos relatados en la demanda, su vinculación como docente ante
la «secretaría de educación» ocurrió el 11 de marzo de 2004, es decir, con
posterioridad a la Ley 812 de 2003.
30. Señaló que como al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100,
el accionante contaba con 37 años de edad y no registraba tiempos de servicios a la
docencia oficial, no reunía ninguno de los presupuestos —edad o tiempo de servicio
cotizado— exigidos para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de
dicha normativa. Por tal razón, no era procedente el reconocimiento pensional bajo el
régimen de la «Ley 71 de 1988». Añadió que tampoco acreditaba al 25 de julio de
2005, las 750 semanas de cotización requeridas por el Acto Legislativo 01 de 2005.
31. Alegó que los tiempos laborados mediante contratos y órdenes de prestación
de servicios no pueden computarse para efectos pensionales sin que previamente se
haya demostrado la existencia de un «contrato realidad», es decir, sin que la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo haya declarado mediante sentencia o
conciliación la existencia de la relación laboral y sin que se hayan efectuado los aportes
a pensión correspondientes a esos periodos. Afirmó que en el caso concreto el
5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 40, expediente digital, archivo
26_MemorialWeb_Recurso-RecApeSenRecursoAp(.pdf).
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demandante no persiguió dicha pretensión ni aportó prueba que desvirtuara la
autonomía e independencia propias del contrato de prestación de servicios, razón por
la cual no es posible otorgarle prerrogativas de carácter prestacional, ni darle la
condición de empleado público durante esos lapsos.
32. Manifestó, en lo concerniente a los factores salariales que deben integrar el
ingreso base de liquidación, que de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 y la sentencia SUJ-014 del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, los únicos factores que se deben tener en cuenta son aquellos
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, y sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes. Dicho criterio, aclaró, tiene carácter de precedente obligatorio con
efectos retrospectivos para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa
como judicial.
33. Argumentó que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la Ley 4 de 1992 y
el artículo 128 de la Constitución Política prevén la incompatibilidad pensional, de tal
modo que está prohibido percibir simultáneamente dos asignaciones del Tesoro
Público que cubran el mismo riesgo. Manifestó que conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado6, si bien el sector docente goza de excepciones a tal prohibición —
como la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación—, el legislador no
expidió un régimen especial que permita percibir varias pensiones que amparen un
mismo riesgo, razón por la cual la pretensión reclamada por el demandante es
incompatible con la pensión que le reconoció el Fomag a través de la «Resolución
1290 del 19 de febrero de 2019».
34. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva del Fondo, indicando que
es el ente territorial quien tiene a cargo la elaboración y emisión del acto administrativo
de reconocimiento pensional, siendo la función del Fomag únicamente de revisión
formal para verificar la afiliación y los aportes efectuados. En subsidio, solicitó que, en
caso de imponerse condena, se ordene a la secretaría de educación girar al Fondo los
valores correspondientes debidamente indexados, por cuanto fue ese ente territorial
quien vinculó al docente y solo a partir del 13 de julio de 2007 comenzó a efectuar los
aportes al Fondo.
35. Finalmente, se opuso a cualquier condena en costas, argumentando que esta
no opera de manera objetiva y que la entidad actuó en todo momento de buena fe,
conforme a la ley y la jurisprudencia aplicable.
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Citó: «sentencia del 1 de febrero de 2018», sin mencionar número de radicado alguno.
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 11 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se ordenó el ingreso al despacho del expediente
para pronunciarse sobre las pruebas aportadas7.
37. A través de auto del 18 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia y se ordenó que una vez quedara ejecutoriada la decisión, el
proceso ingresara al despacho para proferir sentencia8.
2.6. Ministerio Público
38. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado9 no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
40. La entidad accionada, en el recurso de apelación, solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva pues la llamada a reconocer la pensión de
jubilación objeto de análisis es la secretaría de educación del ente territorial certificado,
por cuanto es el encargado de emitir el acto de reconocimiento pensional.
41. Al respecto, se señala que tal reparo se encausa en una de las excepciones
previas contenidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, puntualmente
la de «[n]o comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios»10, en tanto
se endilga la responsabilidad de la secretaría de educación en el reconocimiento de la
prestación objeto de la litis, entidad que no es parte dentro del proceso.
42. Ahora bien, al revisar la contestación de la demanda se evidencia que el Fomag
propuso la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario y mediante
7 Samai, índice 04, expediente digital, archivo 4Autoqueadmite_12392025(.pdf).
8 Samai, índice 10, expediente digital, archivo 10Autoqueniega_12392025Autoniegapru(.pdf).
9 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
10
Código General del Proceso, artículo 100, numeral 9.
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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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auto dictado el 16 de febrero de 202311, el Tribunal Administrativo del Cesar la declaró
no probada. Ello, al considerar que de acuerdo con la Ley 91 de 1989, es el Ministerio
de Educación a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
quien tiene a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
docentes oficiales; mientras que los entes territoriales prestan un servicio de
colaboración elaborando el proyecto de acto administrativo que luego es aprobado por
el Ministerio para que sea adoptado.
43. La entidad accionada no interpuso recurso alguno contra dicha decisión, de
modo que quedó ejecutoriada. En tal sentido, al encontrarse en firme la negativa de la
integración del litisconsorte necesario en la que se definió que a quien corresponde el
reconocimiento y pago de la pensión es a la entidad aquí accionada, no es procedente
abordar el asunto en el trámite de segunda instancia, so pena de vulnerar el derecho
al debido proceso de la parte demandante.
44. En todo caso, se señala que en los eventos en los que se ventilan controversias
sobre las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fomag, esta Sección12 ha
decantado que, como en el caso de autos, si bien la entidad territorial es la encargada
de recibir la solicitud de reconocimiento pensional, elaborar el proyecto de acto
administrativo y remitirlo al Fomag, es este último el encargado de administrar los
recursos del régimen pensional del personal docente, por ende, es el responsable de
realizar el pago en caso de que se profiera una eventual condena . Tal criterio se
acompasa con lo definido en primera instancia.
45. Por lo expuesto, la Sala considera innecesario abordar un estudio de fondo
respecto al reparo de la entidad demandada.
3.3. Problemas jurídicos
46. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
47. ¿Los periodos laborados por el accionante como docente vinculado mediante
contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional?
48. ¿El demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
11 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 09, expediente digital,
archivo 1_AUTORESUELVEEXCEPCIONESPREVIAS(.pdf).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
octubre de 2021, exp. 17001-23-33-000-2017-00326-01 (4519-19), M.P. William Hernández Gómez.
10
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003?
49. En caso afirmativo, ¿el IBL de la pensión de jubilación reconocida a favor del
accionante debe incluir como factor salarial la bonificación mensual docente?
50. Respecto al anterior problema jurídico, se precisa que, si bien la parte recurrente
no discute los factores salariales sobre los cuales se ordenó liquidar la pensión, la Sala
entiende que, al señalar que solo deben tenerse en cuenta aquellos que están
previstos taxativamente en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, su inconformidad versa
sobre el análisis y reconocimiento de la bonificación mensual docente.
51. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
maestros oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 y (3) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional.
52. A partir de las anteriores consideraciones (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico propuesto.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
53. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
54. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
55. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
13
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
11
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
56. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
57. Sin embargo, la Ley 812 de 200314 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
en el artículo 81 de esta».
58. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.4.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915
59. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
15 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
12
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
60. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
61. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
62. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75 %.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
63. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación,
que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial
13
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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Sociales del Magisterio
según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica (Decreto
2354 de 2018)16.
64. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
65. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65 % - 85 %17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80 %) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
16 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
14
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
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66. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
67. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección18, tales como:
(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido previa a su
vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
68. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.4.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
69. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
70. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, exp. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de
2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
71. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201619 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
72. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual20»21 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
73. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
20 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al Fomag. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.
74. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
75. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
76. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199422, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
77. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
22 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
17
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.5. Hechos probados relevantes
78. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
79. El señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta nació el 22 de febrero de 1957, según
lo acredita la copia del registro civil de nacimiento23.
80. El demandante acredita cotizaciones al ISS del 1 de abril al 13 de septiembre
de 1981, efectuadas por el empleador «Tribiñ Zu&iga y Salc», lo cual equivale a 23,71
semanas de aportes, según el reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado
al 14 de agosto de 2019, expedido por Colpensiones. Este documento también
contiene semanas de aportes realizados a favor del accionante por el municipio de
Bosconia, entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de enero de 2003 (interrumpidos); no
obstante, tales periodos serán los mismos que se detallarán a continuación como
tiempos de servicios prestados a esa entidad territorial24.
81. Mediante contratos y orden de prestación de servicios, el demandante prestó
servicios como docente al municipio de Bosconia, Cesar, durante los años 1990, 1991,
1997 y 2002 por un tiempo total de 6 años, 10 meses y 24 días, conforme se advierte
en la copia de estos, el certificado25 que reposa en el plenario, y se muestra a
continuación:
Contratos/OPS Desde Hasta Tiempo
05626 01/02/1990 30/11/1990 10 meses
03027 04/02/1991 03/12/1991 10 meses
00728 08/10/1997 31/12/2002 5 años, 2 meses y 24 días
Total 6 años, 10 meses y 24 días
Tabla 1: relación de los contratos de prestación de servicios que acreditan la prestación del servicio
del accionante como docente al municipio de Bosconia, Cesar.
23 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), pág. 52.
24 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 69 a 70.
25 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), pág. 46.
26 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 35 a 36.
27 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 37 a 38.
28 Si bien obra en el expediente la copia del respectivo contrato de prestación de servicios, también se advierte el
certificado emitido el 20 de enero de 2004, por el director de núcleo educativo núm. 22 de la Secretaría de Educación
del Departamento del Cesar, que acredita el total del tiempo prestado por el demandante durante el año 1997 al
municipio de Bosconia. Ver: Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice
46, expediente digital, archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 46 a 48.
18
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
82. En punto, se precisa que en el expediente obra un contrato de prestación de
servicios suscrito entre el municipio de Bosconia y el demandante, para laborar como
profesor de educación básica en el ente territorial; no obstante, si bien se logra advertir
que su duración es de 5 meses a partir de «febrero», lo cierto es que el documento
carece de número de identificación y es ilegible en cuanto a los extremos temporales
de su ejecución, por cuanto no se logra visualizar el día y año de iniciación29.
83. A través de la Resolución 037 del 10 de febrero de 1992, el demandante fue
nombrado por la Alcaldía del municipio de Bosconia, Cesar, como profesor
supernumerario, por el término de 1 mes30.
84. El accionante suscribió contrato de prestación de servicios 079 del 8 de marzo
de 1993 con el municipio de El Paso, para desempeñarse como maestro, a partir de
esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 1993, esto es, por un lapso de 8 meses y 23
días31.
85. Según el certificado de tiempo de servicio expedido el 20 de enero de 2004, por
el director del núcleo educativo núm. 22 de la Secretaría de Educación del
Departamento del Cesar, que reposa en el expediente, el accionante laboró para la
entidad desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de mayo de 2003, es decir, durante
5 meses y 1 día, a través de orden de prestación de servicios32. En punto, se precisa
que se toma como extremo final la referida fecha, comoquiera que se presenta un
traslape con los tiempos que a continuación se tendrán en cuenta, que se logran
acreditar de acuerdo con las copias de las órdenes de prestación de servicios que
reposan en el plenario.
86. El demandante suscribió órdenes de prestación de servicios con la Secretaría
de Educación del Departamento del Cesar para desempeñarse como docente, por un
lapso de 6 meses, según se evidencia en la copia que obra de estos en el expediente
y se relaciona seguidamente:
OPS Desde Hasta Tiempo
00333 01/06/2003 30/08/2003 3 meses
42934 16/09/2003 15/12/2003 3 meses
Total 6 meses
29 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 42 a 43.
30 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 39 a 41.
31 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 44 a 45.
32 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), pág. 46.
33 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), pág. 50.
34 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), pág. 51.
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Tabla 2: relación de las órdenes de prestación de servicios suscritos por el accionante, a través de
los cuales laboró como docente para la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar.
87. De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, que obra en el plenario, emitido por la Secretaría de Educación del
Departamento del Cesar el 22 de julio de 2019, el demandante prestó sus servicios en
calidad de docente a la entidad, primero en provisionalidad35 y luego en propiedad36,
desde el 11 de marzo de 2004, vinculado a la fecha de expedición de dicho
certificado37.
88. El 26 de agosto de 2020, el demandante solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio —Secretaría de Educación del Departamento del
Cesar— el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme con el
régimen previsto en la Ley 33 de 198538. No obstante, la entidad no dio respuesta a
la petición.
89. Obran en el plenario certificado de salarios percibidos por el accionante desde
el 1 de enero de 2018 hasta el 6 de febrero de 2025, expedido por la Secretaría de
Educación del Departamento del Cesar en esa última fecha. En este se indica que los
emolumentos percibidos en los años 2014 y 2015 fueron: asignación básica,
bonificación mensual 1 junio/14-31 diciembre /15, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones docentes y subsidio de alimentación39.
90. En virtud de este último certificado se tiene que el demandante continuaba
ejerciendo la labor docente sin interrupción alguna al 6 de febrero de 2025. Ello
significa que teniendo en cuenta que fue nombrado al servicio de la Secretaría de
Educación del Departamento del Cesar desde el 11 de marzo de 2004, al momento en
que se profiere esta sentencia, acreditaba un total de 20 años, 10 meses y 26 días de
labor.
3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
91. La parte demandante solicita que se reconozca a favor del señor Pedro Pablo
Bermúdez Acosta una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, toda
35 El demandante fue nombrado en provisionalidad a través del Decreto 367 del 2004 y tomó posesión del cargo el
11 de marzo de 2004, conforme se ve en Samai, gestión en otros despachos, radicación
20001233300020210033600, índice 46, expediente digital, archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 57 a
59.
36 El accionante fue nombrado en periodo de prueba mediante el Decreto 288 del 29 de agosto de 2006 y se
posesionó el 5 de septiembre de ese año. Después, fue nombrado en propiedad por medio del Decreto 453 del 5
de septiembre de 2008, habiéndose posesionado el 11 de septiembre de 2008. Dichos actos administrativos obran
en: Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 60 a 67.
37 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 53 a 55.
38 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 46, expediente digital,
archivo 34ED_01DemandaAnexospdf(.pdf), págs. 25 a 32.
39 Samai, gestión en otros despachos, radicación 20001233300020210033600, índice 34, expediente digital,
archivo 15RecepciondeMe_CertificadodeSalario(.pdf).
20
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
vez que se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 y acredita más de 55 años de edad y 20 de servicios públicos.
92. El Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia de primera instancia
accedió al reconocimiento y pago de la prestación pretendida, con fundamento en la
Ley 33 de 1985, al encontrar probado que el demandante se vinculó a la docencia
oficial antes de la Ley 812 de 2003. Para el efecto, tuvo en cuenta los tiempos en los
que laboró a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de prestación
de servicios.
93. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación
en el que alegó que como el accionante se vinculó al servicio docente el 11 de marzo
de 2004, le es aplicable el régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003. Manifestó que los tiempos prestados a través de contratos de
prestación de servicios no podían tenerse en cuenta para efectos del cómputo
pensional, toda vez que no se ha declarado la existencia de la relación laboral ni se
efectuaron los aportes a pensión correspondientes a esa época.
94. Así, corresponde definir si los periodos laborados por el accionante como
docente vinculado mediante contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos
en cuenta para efectos del reconocimiento pensional. En caso afirmativo se resolverá
si el demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
teniendo en cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.
95. Sobre el punto, se aclara que si bien se encontró acreditado en el plenario que
el demandante realizó cotizaciones al ISS (hoy Colpensiones) del 1 de abril al 13 de
de 1981, vinculado al sector privado («TribiñZu&iga y Salc»), dicho periodo no se
tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento pensional que se discute, toda vez
que el objeto del debate se circunscribe solo a los cargos de apelación de la entidad
accionada, que conforme se dijo antes, alega que el régimen aplicable al señor Pedro
Pablo Bermúdez Acosta es el régimen de prima media, sin que manifestara
inconformidad alguna respecto al reconocimiento con fundamento en la Ley 33 de
1985, efectuado en primera instancia.
96. Ahora bien, en primer lugar, con el fin de definir el régimen pensional aplicable
al accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la
restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
21
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
97. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación40 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
98. Por otra parte, conforme se estudió en el acápite del marco normativo de esta
sentencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201641, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.
99. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (a)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia42:
es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la
entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»43 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022, exp. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020, exp.
54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
43 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
22
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.
100. Así, la Sala estima que el periodo laborado por el accionante a través de
contratos y órdenes de prestación de servicios, entre el 1 de febrero de 1990 y el 15
de diciembre del 2003 (interrumpidamente), resulta válido para efectos pensionales,
en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
101. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, en
cuanto a que no puede accederse a lo solicitado porque no se efectuaron las
cotizaciones correspondientes al régimen de Seguridad Social; se destaca que esta
corporación, en sentencia de unificación del 28 de julio de 202244, definió que el
descuento y pago oportuno de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento
de la pensión, pues las entidades de previsión deben adelantar las gestiones
pertinentes para su cobro. Esto, en los siguientes términos:
107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 199445 (artículo 27).
108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-23-
42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
45
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
23
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 199446 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).
109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.
[…]
111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador47.
112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social48.
[…]
115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador».
102. Precisado lo anterior, como el señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta, según se
dijo antes, se vinculó por primera vez al servicio docente el 1 de febrero de 1990, esto
es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de
1989 y se estima que es beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33
de 1985.
46 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
47 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,
segunda edición, pp. 23 – 25.
48
Ver sentencia T-064 de 2018.
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
103. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación49 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
104. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:
(1) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(2) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.
105. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, y se detalló
en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se observa que el demandante
cumplió 55 años de edad el 22 de febrero de 2012—nació el 22 de febrero de 1957—
y prestó servicios al sector público durante 29 años, 6 meses y 14 días50, como se
detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia.
106. Así, comoquiera que el accionante acreditó 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional —26 de agosto de
2020—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985.
107. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, lo consolidó el 23 de julio de 201551, fecha en la que cumplió 20
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. exp. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
50 Total que se obtiene de sumar: (1) 6 años, 10 meses y 24 días al servicio del municipio de Bosconia como
docente, a través de contratos y orden de prestación de servicios; (2) 1 mes laborado, nombrado como profesor
supernumerario al servicio del municipio de Bosconia; (3) 8 meses y 23 días, en los que laboró por medio de
contrato de prestación de servicios en calidad de docente al municipio de El Paso; (4) 5 meses y 1 día laborados
como maestro, por medio de orden de prestación de servicios al departamento del Cesar; (5) 6 meses de servicio
al Departamento del Cesar, a través de contratos; (6) 20 años, 10 meses y 26 días, laborados como docente
vinculado a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar.
51 De acuerdo con lo siguiente:
1. Se observa que el accionante al 15 de diciembre de 2003, acreditaba 8 años, 7 meses y 18 días —contados
todos los tiempos que se acreditaron desde el 1 de febrero de 1990 y hasta el 15 de diciembre de 2003 prestados
de manera interrumpida, como docente a través de contratos y órdenes de prestación de servicios a los municipios
de Bosconia y El Paso y a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, según la documental allegada
al expediente relacionada en el acápite de hechos probados de esta sentencia—.
2. Se destaca que, con posterioridad, el 11 de marzo de 2004, fue nombrado para prestar sus servicios como
docente a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar.
3. Así, corresponde establecer, desde el 11 de marzo de 2004, instante para el cual tenía 8 años, 7 meses y 18
días de servicio, cuánto debía trabajar el demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 11 de marzo de 2004, tenía acumulados: 8 años, 7 meses y 18 días. Tiempo faltante para los 20 años: 11
años, 4 meses y 12 días.
Así, se suma el tiempo faltante a esa fecha:
25
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
años de servicio y para la cual tenía 55 años de edad. Por lo tanto, se modificará la
decisión del Tribunal al respecto.
108. Ahora bien, la entidad accionada alegó que los únicos factores que se deben
tener en cuenta para liquidar la pensión son aquellos previstos en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, y sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes. En punto,
se tiene que, el Tribunal en la parte considerativa de la sentencia impugnada manifestó
que en la liquidación de la prestación debían tenerse en cuenta la asignación básica y
la bonificación mensual docente, toda vez que sobre estos se realizaron aportes a
pensión y estaban previstos en la Ley 62 de 1985.
109. Sobre el particular, se recuerda que, en cuanto a los factores a tener en cuenta
para determinar el ingreso base de liquidación, además de los antes señalados, deben
considerarse los de naturaleza salarial según las normas posteriores.
110. En este orden de ideas, del análisis de las pruebas aportadas al plenario, se
advierte que, conforme con el certificado de salarios percibidos por el accionante,
expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, el señor Pedro
Pablo Bermúdez Acosta en el año anterior a la adquisición del estatus pensional (23
de julio de 2014 a 23 de julio de 2015), devengó los siguientes: asignación básica,
bonificación mensual 1 junio/14-31 diciembre/15, prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones docentes y subsidio de alimentación.
111. Sobre el particular, el Tribunal como se dijo antes, solo ordenó que se incluyeran
en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida: la asignación
básica, la bonificación mensual docente.
112. En tal sentido, se tiene que la bonificación en mención se trata de un factor
creado mediante el Decreto 1566 de 201452 que, por disposición expresa del inciso
segundo del artículo 153, es un concepto de carácter salarial base de cotización, en la
medida en que se dispone que deben realizarse aportes por tal emolumento 54.
113. Así las cosas, en el presente asunto se debían tener en cuenta los factores que
sirvieron de base para los aportes en el año anterior a la adquisición del estatus
(1) Se suma 11 años: 11 de marzo de 2004: 11 de marzo de 2015
(2) Se suma 4 meses: 11 de marzo de 2015 + 4 meses = 11 de julio de 2015.
(3) Se suma 12 días: 11 de julio de 2015 + 12 días = 23 de julio de 2015.
Por lo tanto, el accionante completó sus 20 años de servicios el 23 de julio de 2015.
52 «Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones,
y se dictan otras disposiciones».
53 Decreto 1381 de 1997, artículo 6. «Los aspectos generales referidos a esta prestación, no contemplados en este
decreto y que no le sean contratados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por las normas
que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan. Exceptúense los descuentos a favor de Prosocial, los cuales no son
aplicables a los docentes».
54 «La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales
y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
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Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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pensional, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 62 de 1985 y demás normas
concordantes; para el efecto, se debe incluir, además de la asignación básica, la
bonificación mensual docente.
114. Advertido lo anterior, si bien se comparte el criterio del Tribunal, se considera
necesario adicionar el numeral segundo de la sentencia apelada y con ello dar mayor
claridad, en cuanto a establecer que la pensión de jubilación reconocida se liquidará
con el 75 % del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por el accionante
y que hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior
a la adquisición del estatus de pensionado, entre estos, la asignación básica y la
bonificación mensual docente.
115. Por otra parte, en el evento de que no se hubiesen efectuado los aportes al
sistema pensional que debió hacer el empleador y empleado en el porcentaje
correspondiente, como lo ordena la ley, se aclara que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son
necesarios para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del Sistema.
116. En tal sentido, corresponde al Fomag realizar los trámites legales necesarios
para recaudar las cotizaciones en favor del accionante en el tiempo en que estuvo
contratado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, y que no se
efectuaran. De igual forma, el demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que
realizar los aportes a su cargo durante su vinculación mediante órdenes de prestación
de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades
de previsión social o fondos de pensiones en los que el señor Pedro Pablo Bermúdez
Acosta realizó cotizaciones.
117. Por último, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del estatus
pensional —23 de julio de 2015— y la petición de reconocimiento —26 de agosto de
2020— transcurrieron más de tres años, operó el término de prescripción—artículo 41
del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969—respecto a las
mesadas causadas antes del 26 de agosto de 2017. En consecuencia, se adicionará
el fallo impugnado, para declarar probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal.
118. Así las cosas, al evidenciarse que el demandante cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiario del régimen pensional establecido en
la Ley 33 de 1985, se desestiman los argumentos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse parcialmente. Ello,
por cuanto se considera necesario adicionar el numeral segundo de la decisión,
respecto a la manera de liquidarla prestación reconocida, y modificarla para declarar
probada la prescripción trienal de algunas mesadas pensionales.
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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119. Además, se exhortará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes
territoriales correspondientes las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo
en que estuvo contratado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios,
y que no se realizaron. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que el accionante realizó
cotizaciones.
120. Para finalizar, en cuanto a la afirmación de la parte accionada respecto a que el
Fomag le reconoció al accionante una pensión de jubilación a través de la «Resolución
1290 del 19 de febrero de 2019», se precisa que consultado por la Sala el RUAF55, se
indica respecto al señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta que «no se han reportado
pensiones para esta persona». Por ende, se desvirtúa lo expresado por la entidad,
máxime cuando no aportó prueba alguna que acredite su dicho y no obra ningún
documento dentro del expediente que dé cuenta del supuesto reconocimiento
pensional, que en últimas es el derecho que se discute en el presente asunto.
3.7. Conclusión de la decisión
121. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el demandante se vinculó en calidad de docente con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de
55 años de edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
122. La sentencia de primera instancia se confirmará parcialmente, toda vez que se
precisará que la fecha de adquisición del estatus pensional es el 23 de julio de 2015.
Asimismo, en aras de dar mayor claridad a la decisión de primera instancia, se hace
necesario adicionarla para establecer que la pensión reconocida se liquidará con el 75
% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por el accionante y que
hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionado, entre estos, la asignación básica y la
bonificación mensual docente. A su vez, se declarará probada de manera parcial la
excepción de prescripción frente a las mesadas causadas con anterioridad al 26 de
agosto de 2017, por lo que se modificará el fallo apelado.
123. También, se exhortará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes
territoriales correspondientes las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo
en que estuvo contratado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios,
55 Registro único de afiliados a la seguridad social. Consulta realizada a través del link:
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx.
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Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
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Sociales del Magisterio
y que no se efectuaron. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que el señor Pedro Pablo
Bermúdez Acosta realizó cotizaciones.
4. Costas
124. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 56 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar y adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva de la anterior
sentencia el cual quedará así:
125. SEGUNDO: A) A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que
reconozca y pague una pensión vitalicia de jubilación, regulada en la Ley 33 de 1985, en
favor del señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta, a partir del 26 de agosto de 2017 por
prescripción trienal, liquidada con el 75 % del promedio de los factores salariales
dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido
56 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00336-01 (1239-2025)
Demandante: Pedro Pablo Bermúdez Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
devengados por el accionante y que hayan servido de base para las cotizaciones a
seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado (23 de julio
de 2014 al 23 de julio de 2015); entre estos, la asignación básica y la bonificación
mensual docente. La pensión reconocida no es incompatible con el disfrute del salario
mientras continúe vinculado como docente, acorde con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.
Se exhorta a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para que recaude ante los entes territoriales
correspondientes las cotizaciones en favor del señor Pedro Pablo Bermúdez Acosta en
el tiempo en que estuvo contratado a través de contratos y órdenes de prestación de
servicios y que no se efectuaron. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que el accionante
realizó cotizaciones.
B) Declarar probada la excepción de prescripción trienal de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 26 de agosto de 2017, por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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