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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00912-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00912-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandada: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

Tema: relación laboral encubierta – auxiliar de archivo en el área de gestión
documental. Subtema I: prescripción de las acreencias laborales y las diferencias
salariales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de junio de 2022,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Luz Ayling Castañeda Salguero promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E., con el fin de obtener la nulidad del Oficio 202011000098281
de 6 de abril de 2020, mediante el cual la entidad negó la solicitud de reconocimiento
de la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones
sociales derivadas de los servicios que prestó entre los años 2007 y 2018, bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios. Sostuvo que, pese a la
denominación contractual adoptada por las partes, en la ejecución de dichos
vínculos concurrieron los elementos propios de una relación laboral, en especial la
subordinación, por lo que solicitó el reconocimiento de las acreencias laborales y
prestacionales correspondientes, así como la devolución de los aportes efectuados
al sistema de seguridad social y demás condenas consecuenciales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia de 24 de junio de 2022, concluyó que la demandante logró
demostrar la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la
subordinación en la ejecución de las actividades contratadas, razón por la cual
declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la existencia de una relación laboral
encubierta durante los períodos efectivamente laborados, con las consecuencias
prestacionales correspondientes en los términos fijados en la providencia.

1

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 09 de enero de 2018, Luz Ayling Castañeda Salguero, por conducto de
apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de
acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación
se exponen1.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante solicitó la declaratoria de nulidad del Oficio
202011000098281 de 6 de abril de 2020, expedido por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., mediante el cual se negó la solicitud de
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales derivadas de los servicios prestados entre los años 2007 y 2018.

3. Como consecuencia de dicha declaratoria, pidió que se reconociera la
existencia de una relación laboral entre las partes durante el tiempo en que estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales, salarios, indemnizaciones y demás acreencias laborales a
las que tendría derecho un servidor público de igual o similar categoría que hubiera
desempeñado las mismas funciones. En particular, reclamó el pago de cesantías e
intereses a las cesantías, primas de servicios, de navidad y de vacaciones,
vacaciones, así como las demás prestaciones legales causadas durante el período
de vinculación.

4. Igualmente, solicitó que la entidad demandada reintegrara las sumas
descontadas por concepto de retención en la fuente y devolviera los aportes
efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social en salud y
pensiones; que se reconociera la sanción prevista en la Ley 244 de 1995; que las
condenas fueran indexadas y generaran intereses corrientes y moratorios; que se
condenara en costas a la entidad demandada y que se diera cumplimiento a la
sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.1.2. Hechos

5. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

6. La señora Luz Ayling Castañeda Salguero manifestó que estuvo vinculada a
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —antes Hospital
San Cristóbal— mediante sucesivos contratos de prestación de servicios

1Idem

2

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

celebrados entre el 20 de diciembre de 2007 y el 9 de enero de 2018, cuyo objeto
consistió, en términos generales, en desarrollar actividades de apoyo administrativo
relacionadas con el sistema de gestión documental y archivo de la entidad.

7. Afirmó que, pese a la modalidad contractual utilizada, durante toda la ejecución
de dichos vínculos desempeñó de manera permanente funciones propias del giro
ordinario de la entidad, particularmente como auxiliar administrativo y de archivo,
razón por la cual sostuvo que la contratación por prestación de servicios ocultó una
verdadera relación laboral.

8. Indicó que en la ejecución de los contratos concurrían los elementos propios
de una relación laboral, por cuanto prestó personalmente el servicio, recibió una
remuneración periódica como contraprestación por su trabajo y desarrolló sus
actividades bajo subordinación de la entidad, mediante el cumplimiento de horarios,
la recepción de instrucciones y directrices impartidas por sus superiores y la
sujeción a las necesidades del servicio.

9. Expuso que el 17 de marzo de 2020 presentó solicitud administrativa para que
se reconociera la existencia de la relación laboral y se ordenara el pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias derivadas de ella. No obstante, mediante
el Oficio No. 202011000098281 de 6 de abril de 2020, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. negó las pretensiones formuladas,
decisión cuya legalidad se controvierte en el presente proceso2.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. La parte demandante señaló como vulnerados los artículos 2, 4, 11, 13, 25,
29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; los artículos 10 del Código
Civil y 19 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo; los Decretos 1042 de 1978, 1750
de 2003 y 4171 de 2014, así como el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993.

11. Como sustento del concepto de la violación, sostuvo que la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. utilizó de manera indebida la figura del
contrato de prestación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral,
desconociendo el principio de primacía de la realidad sobre las formas previsto en
el artículo 53 de la Constitución Política. Afirmó que las funciones que desempeñó
correspondían a actividades permanentes del objeto misional de la entidad y que,
durante la ejecución de los contratos, se configuraron los tres elementos propios de
una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y
la subordinación.

12. Agregó que el acto administrativo acusado desconoció el ordenamiento
constitucional y legal al negar el reconocimiento de la relación laboral y las

2 2 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicación 25000234200020200091200,

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

prestaciones sociales reclamadas, pese a que, en su criterio, las pruebas
evidenciaban que la vinculación contractual fue utilizada para ocultar una relación
de naturaleza laboral, con la consecuente afectación de sus derechos laborales y
de seguridad social3.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. se opuso a
la prosperidad de las pretensiones al considerar que el acto administrativo acusado
se ajustó al ordenamiento jurídico y que la demandante estuvo vinculada
exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios celebrados al amparo
del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin que se hubiera configurado
una relación laboral.

14. Sostuvo que la contratación obedeció a las necesidades propias de la
prestación del servicio de salud y a la insuficiencia del personal de planta para
atender las actividades requeridas, circunstancia que legitimaba la celebración de
contratos de prestación de servicios. En ese sentido, afirmó que la demandante
desarrolló actividades de apoyo a la gestión documental y archivo conforme a las
obligaciones expresamente pactadas en los contratos, por las cuales recibió
honorarios y no salario.

15. Negó que durante la ejecución de los contratos hubiera existido subordinación.
Explicó que el cumplimiento de horarios, la coordinación de actividades, la
supervisión contractual, la presentación de informes y el suministro de algunos
elementos de trabajo respondían a las condiciones necesarias para la adecuada
ejecución de los contratos estatales y no constituían manifestaciones del poder
subordinante propio de una relación laboral. Agregó que la demandante conservó
autonomía en la ejecución de las actividades contratadas, no estuvo sometida a
potestad disciplinaria, ni recibió llamados de atención, memorandos o instrucciones
que desvirtuaran la naturaleza civil de la vinculación.

16. Así mismo, sostuvo que las partes celebraron los contratos de manera libre y
voluntaria, aceptando expresamente su naturaleza jurídica y las obligaciones
derivadas de ellos, por lo que resultaba improcedente desconocer posteriormente
sus efectos en contravía del principio pacta sunt servanda. Añadió que las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social correspondían a una
obligación legal propia de los contratistas independientes y no a una carga impuesta
por la entidad.

17. Finalmente, propuso como excepciones las denominadas cobro de lo no
debido, inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia de vínculo
laboral, inexistencia de la aplicación del principio de primacía de la realidad, buena

3 3 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicación 25000234200020200091200,

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

fe y prescripción, solicitando que se negaran en su integridad las pretensiones de la
demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de
junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos:

«Primero.- Declarar la nulidad del Oficio No. 202011000098281 del 6 de abril de
2020 proferido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.,
por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral entre las partes
y el consecuente reconocimiento y pago de las acreencias prestacionales dejadas
de percibir.

Segundo.- Declarar la existencia de la relación laboral que tuvo lugar entre la
demandante Luz Ayling Castañeda Salguero, identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.734.281 de Bogotá, y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E. durante el tiempo comprendido entre el 20 de diciembre de 2007
hasta el 9 de enero de 2018 interrumpido así: (i) 31/03/2008 al 03/04/2008 (4 días);
(ii) 27/09/2008 al 01/10/2008 (3días);(iii)31/12/2008 al 15/01/2009 (9 días);(iv)
31/01/2010 al 03/02/2010 (3 días); (v) 13/01/2011 al 01/02/2011 (14 días); (vi)
30/04/2011 al 02/05/2011 (1 día); (vii) 25/01/2012 al 01/02/2012 (6 días);
(viii) 19/11/2012 al 27/11/2012 (7 días); (ix) 31/01/2013 al 01/02/2013 (1 día); (x)
31/03/2013 al 01/04/2013 (1 día); (xi) 31/05/2013 al 01/06/2013 (1día); (xii)
30/11/2013 al 06/12/2013 (5 días); (xiii) 31/01/2014 al 01/02/2014 (1día);
(xiv))30/06/2014 al 01/07/2014 (1 día); (xv) 31/07/2014 al 01/08/2014 (2días)
(xvi)30/11/2014 al 01/12/2014 (1 día); (xvii) 20/01/2015 al 21/01/2015 (2días);
(xviii) 31/05/2015 al 01/06/2015 (1día); (xix) 31/08/2015 al 01/09/2015 (2
días); (xx) 22/09/2015 al 01/10/2015 (7 días); (xxi) 30/11/2015 al 01/12/2015 (2
días); (xxii) 31/12/2015 al 04/01/2016 (2 días); (xxiii) 31/10/2016 al
01/11/2016 (2 días); (xxiv) 09/01/2017 al 10/01/2017 (1 día), según las razones
expuestas en el presente proveído.

Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demandada Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. a reconocer y pagar a la demandante
Luz Ayling Castañeda Salguero, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.734.281 de Bogotá, todas y cada una de las prestaciones sociales de carácter
legal dejadas de percibir, entre ellas las vacaciones, primas, cesantías e intereses a
las cesantías a las cuales tenía derecho a recibir un trabajador de planta
perteneciente al nivel asistencial que ejerce labores de técnico de archivo y auxiliar
de archivo en el área de gestión documental por el período comprendido entre el 20
de diciembre de 2007 hasta el 9 de enero de 2018, salvo las interrupciones,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, teniendo en cuenta
los honorarios pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios sus
adiciones o prórrogas, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
decisión. Hay lugar a la compensación en dinero por concepto de dotación de
vestido y calzado pero solo desde el 1º de febrero al 31 de mayo de 2013, teniendo
en cuenta los honorarios pactados en cada uno de los contratos de prestación de
servicios sus adiciones o prórrogas, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de esta decisión.

Cuarto.- Declarar que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción de las
prestaciones sociales dejadas de percibir por el período laborado por la
demandante Luz Ayling Castañeda Salguero en la Subred Integrada de Servicios de
5

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

Salud Centro Oriente E.S.E., esto es desde el 20 de diciembre de 2007 hasta el 9
de enero de 2018, por las razones expuestas en el presente proveído.

Quinto.- Se ordena que el tiempo laborado por la demandante Luz Ayling Castañeda
Salguero en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del
20 de diciembre de 2007 hasta el 9 de enero de 2018, menos las interrupciones que
hubo entre algunos contratos, deberá computarse para efectos pensionales en la
respectiva entidad de previsión social o fondo privado de pensiones al que se
encuentre afiliada la demandante. La entidad deberá calcular si existe diferencia
entre los aportes realizados mes a mes por la contratista de forma indexada, durante
el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2007 hasta el 9 de enero de
2018, descontando las siguientes interrupciones y también los que se debieron
efectuar en calidad de empleador de forma indexada, teniendo en cuenta los
honorarios pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios,
debiendo para ello cotizar a los respectivos regímenes la suma que resultara faltante
por concepto de aportes a pensión (riesgo común) siendo necesario que la parte
actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en el caso en el que exista diferencia
o no se hubieran efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente.

Sexto.- Ordenar que los anteriores pagos que resulten a favor de la demandante Luz
Ayling Castañeda Salguero, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.734.281
de Bogotá, se ajustarán en su valor según lo dispuesto en el artículo 187 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta la fecha
de ejecutoria de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

índice final
R= Rh x ---------------
índice inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la demandante Luz Ayling Castañeda Salguero,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.734.281 de Bogotá, desde la fecha en
que se causen cada una de las prestaciones, por el guarismo que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la sentencia).

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
acusación de cada uno de ellos.

Séptimo.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo.- Sin costas en esta instancia.

Noveno.- La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos y con los intereses señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA.

Décimo.- Ejecutoriada la presente sentencia, por secretaría de la Sección Segunda
Subsección “E” de esta Corporación devuélvase a la parte demandante el
remanente de la suma consignada para gastos ordinarios del proceso si lo hubiese,
déjense las constancias de rigor y archívese el expediente.

Undécimo.- Por secretaría procédase a la notificación de la sentencia conforme lo
ordena el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011».

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

19. Como fundamento de su decisión, el Tribunal señaló que de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas se acreditaban los tres elementos
estructurales de una relación laboral. En particular, encontró demostrada
la prestación personal del servicio, pues la demandante ejecutó directamente las
actividades contratadas; la remuneración, representada en los honorarios que
recibió de manera periódica; y, especialmente, la subordinación, al establecer que
la actora desarrolló una labor permanente en el área de gestión documental y
archivo, cumplía funciones necesarias para el normal funcionamiento de la entidad,
prestaba sus servicios en las instalaciones de esta, estaba sujeta a directrices e
instrucciones impartidas por los responsables del área y carecía de autonomía real
en la ejecución de sus actividades. Consideró, además, que las labores
desempeñadas correspondían a necesidades permanentes de la entidad y no a
actividades ocasionales o transitorias que justificaran la contratación mediante
prestación de servicios4.

20. En cuanto al restablecimiento del derecho, dispuso el reconocimiento de las
prestaciones sociales causadas durante el período de la relación laboral, liquidadas
con fundamento en los honorarios pactados en cada contrato; reconoció la
compensación en dinero por concepto de dotación de vestido y calzado únicamente
por el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de mayo de 2013, al
encontrar acreditados los presupuestos legales para ello; declaró que no operó el
fenómeno de la prescripción, por considerar que entre la finalización de los vínculos
contractuales y la reclamación administrativa no había transcurrido el término trienal
establecido por la jurisprudencia de esta Corporación; y ordenó computar el tiempo
servido para efectos pensionales, con el correspondiente ajuste de los aportes al
Sistema General de Pensiones e indexación de las sumas reconocidas.

2.4. Recurso de apelación

21. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. solicitó
revocar la sentencia de primera instancia al considerar que el Tribunal efectuó una
valoración equivocada de las pruebas y concluyó, sin soporte suficiente, que entre
las partes existió una relación laboral. En su criterio, la vinculación de la demandante
estuvo regida exclusivamente por sucesivos contratos de prestación de servicios
celebrados conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, figura jurídica
que la administración estaba legalmente facultada para emplear a fin de atender
necesidades relacionadas con su funcionamiento.

22. Sostuvo que en el proceso no se acreditó el elemento de la subordinación,
pues la prestación personal del servicio y el pago de honorarios no son suficientes
para desvirtuar la naturaleza contractual de la vinculación. Agregó que las
instrucciones impartidas por el supervisor, el cumplimiento de determinados
horarios, la presentación de informes y la coordinación de actividades constituyen
mecanismos propios de la supervisión contractual y de la adecuada ejecución de

4 Idem

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

los contratos estatales, pero no evidencian el ejercicio del poder subordinante
característico de una relación laboral. Asimismo, resaltó que la demandante no fue
objeto de llamados de atención, sanciones disciplinarias, memorandos ni órdenes
que restringieran su autonomía como contratista.

23. Igualmente, afirmó que el Tribunal desconoció la fuerza obligatoria de los
contratos válidamente celebrados entre las partes, pues la demandante los
suscribió de manera libre y voluntaria, con pleno conocimiento de su naturaleza
jurídica y de que la contraprestación pactada correspondía al pago de honorarios y
no de salario. En ese sentido, invocó la aplicación del principio pacta sunt
servanda y sostuvo que no era jurídicamente admisible desnaturalizar, con
posterioridad, los efectos de la contratación estatal válidamente celebrada.

24. Finalmente, insistió en que, aun en el evento de mantenerse el reconocimiento
de la relación laboral encubierta, debía declararse la prescripción de los derechos
reclamados respecto de los períodos que excedieran el término legal, por cuanto la
reclamación administrativa fue presentada cuando ya habían transcurrido más de
tres años desde la terminación de varios de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes.

2.5. Ministerio Público

25. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:

28. ¿Se encuentra acreditado que entre la demandante y la Subred Integrada de
Salud Centro Oriente E.S.E., existió una relación laboral encubierta durante el
periodo comprendido desde el 20 de diciembre de 2007 y el 09 de enero de 2018?

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

29. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (4)
naturaleza de las funciones desempeñadas por la demandante y su
correspondencia con las labores permanentes de la entidad; (5) la figura de la
prescripción.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

30. La jurisprudencia unificada de esta corporación5 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

31. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

32. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

33. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»6.

34. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
6 Ibídem.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

35. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

36. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»7.

37. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»8.

38. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».9

7 Idem.
8 Idem.
9 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
10

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».10

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.11

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

39. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

40. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no

10 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
11

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

41. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

42. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de
hasta 30 días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente r
econocida, lo que permite mantener la unidad del vínculo laboral para efectos
legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la
prescripción en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30
días hábiles es el que más protege los derechos del trabajador, y por eso se
considera el más adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-
administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación
laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

43. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o

12

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Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»12.

44. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202113, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»14.

45. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

46. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y control efectivo de

12 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
13

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
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Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

47. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

48. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»16, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

49. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de

16 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

14

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unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

50. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»17, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»18.

51. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

52. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

53. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3. Hechos probados

54. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

55. Está acreditado que la señora Luz Ayling Castañeda Salguero estuvo
vinculada con el entonces E.S.E. Hospital San Cristóbal, hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios celebrados entre el 20 de diciembre de 2007 y el 9 de enero
de 2018, cuyo objeto estuvo dirigido, en términos generales, al desarrollo de
actividades relacionadas con el sistema de gestión documental y archivo de la
entidad. Durante ese período desempeñó funciones como apoyo y soporte técnico
de archivo, auxiliar de archivo, auxiliar administrativo y apoyo administrativo al

17 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
18 Idem.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
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Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

proceso de gestión documental, conforme a los diferentes objetos contractuales
pactados, de manera específica se tiene lo siguiente:

Contrato de
Interrupción
prestación de Objeto Desde Hasta
(días hábiles)
servicios
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios
con plena autonomía técnica y operativa, sus
No. 1012-2007 20/12/2007 31/3/2008 -
servicios como Apoyo y soporte técnico en el
manejo de gestión documental y archivo
desarrollado por la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios
No.414-2008 con plena autonomía técnica y operativa, sus 3/4/2008 27/9/2008
2
servicios como Apoyo y soporte técnico en el
manejo de gestión documental y archivo
desarrollado por la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E
San Cristóbal a prestar por sus propios medio
con plena autonomía técnica y operativa sus
servicios como apoyo y soporte técnico en 1/10/2008 31/12/2008
No. 730-2008 2
archivo con conocimientos y experiencia que lo
certifique sobre el manejo de los fondos
documentales acumulados, archivo general y
transferencias documentales
El contratista se compromete para con la ESE
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
No. 019-2009 con plena autonomía técnica y operativa, sus 15/1/2009 31/1/2010
8
servicios como apoyo y soporte técnico en el
manejo de gestión documental y archivo
desarrollado por la ESE San Cristóbal
El contratista se compromete para con la ESE
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
No. 409-2010 con plena autonomía técnica y operativa, sus 3/2/2010 13/1/2011
2
servicios como apoyo y soporte técnico en el
manejo de gestión documental y archivo
desarrollado por la ESE San Cristóbal
El contratista se compromete para por la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
No.214-2011 1/2/2011 30/04/2011
servicios como prestación del servicio como 12
técnico en archivista como apoyo para
ejecución y seguimiento del plan de gestión
documental de la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la ESE
San Cristóbal a prestar por sus servicios medios
con plena autonomía técnica y operativa, sus
No. 697-2011 servicios como prestación del servicio como 2/5/2011 25/1/2012
0
apoyo y soporte técnico en el manejo de la
gestión documental y archivo desarrollado por
la E.S.E. San Cristóbal en cumplimiento de la
Ley 591 de 2000
El contratista se compromete para por la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
No. 089-2012 servicios como prestación del servicio como 1/2/2012 19/11/2012
4
apoyo como auxiliar de archivo en el desarrollo
del programa de gestión documental de la
E.S.E. San Cristóbal, con conocimiento de
gestión documental y/o experiencia en archivos
El contratista se compromete para por la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
No. 1158-2012 servicios como prestación del servicio como 27/11/2012 31/1/2013
5
apoyo como auxiliar de archivo en el desarrollo
del programa de gestión documental de la
E.S.E. San Cristóbal, con conocimiento de
gestión documental
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa sus
No. 270-2013 1/2/2013 31/3/2013
servicios como prestación del servicio de apoyo 0
y soporte logístico como auxiliar de archivo en
el sistema interno de gestión documental y
archivo y correspondencia adoptado de la E.S.E

16

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

San Cristóbal en el cumplimiento de la Ley 594
de 2000 Decreto 514 de 2006
El contratista se compromete para con la E.S.E
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa sus
servicios como prestación del servicio de apoyo
No. 914-2013 1/4/2013 1/4/2013
y soporte logístico como auxiliar de archivo en 0
el sistema interno de gestión documental y
archivo y al programa de gestión documental de
la E.S.E
San Cristóbal
El contratista se compromete para con La E.S.E
San Cristóbal a Prestar por sus propios medio,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación de servicio como
No. 1201-2013 apoyo y soporte como auxiliar de archivo en el 1/6/2013 30/11/2013
0
sistema interno de gestión documental del
archivo y correspondencia adoptado por la
E.S.E. San Cristóbal en cumplimiento de la Ley
594 de 2000, Decreto 514 de 2006 y Acuerdo
060/001
El contratista se compromete para con la E.S.E
San Cristóbal a prestar por sus medios, con
plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
apoyo y soporte como auxiliar de archivo en el
No. 2453-2013 sistema interno de gestión documental de 6/12/2013 31/1/2014
4
archivo y correspondencia adoptado por la
E.S.E. San Cristóbal en cumplimiento de la Ley
594 de 2000, Decreto 514 de 2006 Acuerdo 060
de 2001 emanado por el AGN, con
conocimientos de gestión documental y/o
experiencia en archivos.
El contratista se compromete para con la E.S.E
San Cristóbal a prestar por sus medios, con
plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
apoyo y soporte como auxiliar de archivo en el
No. 297-2014 sistema interno de gestión documental de 1/2/2014 30/6/2014
0
archivo y correspondencia adoptado por la
E.S.E. San Cristóbal en cumplimiento de la Ley
594 de 2000, Decreto 514 de 2006 Acuerdo 060
de 2001 emanado por el AGN, con
conocimientos de gestión documental y/o
experiencia en archivos.
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
No.1752-2014 apoyo y soporte como auxiliar de archivo y 1/7/2014 31/7/2014
0
correspondencia en el sistema interno de
gestión documental de archivo y
correspondencia adoptado por la E.S.E. San
Cristóbal en cumplimiento de la Ley 594 de
2000 y el Decreto 614 de 2006
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
No.2007-2014 apoyo y soporte como auxiliar de archivo y 1/8/2014 30/11/2014
0
correspondencia en el sistema interno de
gestión documental de archivo y
correspondencia adoptado por la E.S.E. San
Cristóbal en cumplimiento de la Ley 594 de
2000 y el Decreto 614 de 2006
El contratista se compromete para con la E.S.E
San Cristóbal a prestar por sus medios, con
plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
apoyo y soporte como auxiliar de archivo en el
No.4386-2014 sistema interno de gestión documental de 1/12/2014 20/1/2015
0
archivo y correspondencia adoptado por la
E.S.E. San Cristóbal en cumplimiento de la Ley
594 de 2000, Decreto 514 de 2006 Acuerdo 060
de 2001 emanado por el AGN, con
conocimientos de gestión documental y/o
experiencia en archivos.
No.761-2015 El contratista se compromete para con la 21/1/2015 31/5/2015 0

17

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

E.S.E San Cristóbal a prestar por sus medios,
con plena autonomía técnica y operativa, sus
servicios como prestación del servicio como
apoyo y soporte técnico en la ventanilla única de
correspondencia, sistema interno de gestión
documental (siga) y desarrollo del programa de
gestión documental de la E.S.E. San Cristóbal
en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y el
Decreto 514 de 2006 con conocimientos de
gestión documental y/o experiencia en archivos
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios
con plena autonomía técnica y operativa sus
No.2067-2015 1/6/2015 31/8/2015
servicios como apoyo y soporte como técnico 0
administrativo en el desarrollo de procesos y
procedimientos del sistema interno de gestión
documental y archivo de la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa sus
No.2605-2015 1/9/2015 22/9/2015
servicios como apoyo y soporte como técnico 0
administrativo en el desarrollo de procesos y
procedimientos del sistema interno de gestión
documental y archivo de la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y operativa sus
No.2843-2015 1/10/2015 30/11/2015
servicios como apoyo y soporte como técnico 6
administrativo en el desarrollo de procesos y
procedimientos del sistema interno de gestión
documental y archivo de la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios
con plena autonomía técnica y operativa sus
No.4032-2015 1/12/2015 31/12/2015
servicios como apoyo y soporte como técnico 0
administrativo en el desarrollo de procesos y
procedimientos del sistema interno de gestión
documental y archivo de la E.S.E. San Cristóbal
El contratista se compromete para con la E.S.E.
San Cristóbal a prestar por sus propios medios
con plena autonomía técnica y operativa sus
No.713-2016 4/1/2016 31/10/2016
servicios como apoyo y soporte como técnico 0
administrativo en el desarrollo del proceso y
procedimientos del sistema interno de gestión
documental y archivo de la E.S.E. San Cristóbal
No. 02-PS-
Apoyo administrativo a la gestión del proceso de 1/11/2016 9/1/2017
2406-2016 y 0
gestión documental-archivo
prórrogas
Apoyo y soporte como auxiliar administrativo en
No. PS 2530-
el desarrollo de proceso y procedimientos del
2017 y 10/1/2017 9/1/2018
sistema interno de gestión documental y archivo 0
prórrogas
de la subred integrada de servicios centro
oriente
Fuente: Elaboración de la Sala, a partir de Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de, radicación
25000234200020200091200, Índice 12, “9_ED_EXPEDIENTE DIGITAL”

• Interrogatorio de parte

56. En diligencia de interrogatorio de parte, la señora Luz Ayling Castañeda
Salguero manifestó que prestó sus servicios para el Hospital San Cristóbal, hoy
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., entre los años 2007
y 2018, mediante sucesivos contratos de prestación de servicios, los cuales tenían
fecha de inicio y terminación previamente establecidas. Indicó que durante dicho
período desempeñó distintos cargos relacionados con el proceso de gestión
documental y archivo, entre ellos, técnico administrativo, auxiliar de archivo y
auxiliar del área de correspondencia, con interrupciones de corta duración entre
algunos contratos.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

57. Señaló que cumplía una jornada ordinaria de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a
5:00 p.m., aunque ocasionalmente debía laborar los fines de semana o en horario
nocturno cuando las necesidades del servicio así lo exigían. Explicó que sus
funciones consistían, entre otras, en la administración del aplicativo ORFEO, el
seguimiento a las actividades del personal del archivo, la recepción y distribución
de la correspondencia institucional, el control de los tiempos de respuesta, la
digitalización documental y la coordinación de los mensajeros asignados al servicio
de correspondencia.

58. Asimismo, afirmó que debía rendir informes mensuales sobre las actividades
desarrolladas y el cumplimiento de metas a los funcionarios que ejercían la
supervisión de sus contratos —Luz Mireya Gómez, Luisa Cartagena, Mayra Gómez
y Francisco Trujillo—, precisando que dichos informes constituían el soporte para el
pago de los honorarios. Agregó que debía cumplir horario mediante el registro de
ingreso y salida, solicitar autorización para ausentarse de su puesto de trabajo y
reponer el tiempo correspondiente cuando obtenía permisos, así como coordinar
con su superior la designación de quien la reemplazaría en caso de ausencia.

59. Finalmente, indicó que los aportes al Sistema General de Seguridad Social los
efectuaba como trabajadora independiente; que no recibió llamados de atención
escritos, aunque sí verbales; que la entidad le suministraba elementos necesarios
para el desarrollo de sus actividades, tales como tapabocas, guantes, gafas de
protección y gorros; y que en el área de archivo coexistían contratistas con algunos
servidores de planta que desempeñaban funciones similares.

• Testimonio de la señora Ami Villa García

60. La señora Ami Villa García, técnica en gestión documental y actualmente
vinculada a la Secretaría Distrital de Hacienda, declaró que prestó sus servicios en
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. entre los
años 2011 y 2017 mediante contratos de prestación de servicios, período durante
el cual trabajó junto con la demandante en la ventanilla única de correspondencia.

61. Manifestó que ambas desarrollaban las mismas actividades, entre ellas la
radicación y distribución de la correspondencia institucional, la recepción y trámite,
peticiones, quejas y reclamos, el direccionamiento de documentos a las diferentes
dependencias y la coordinación de la entrega de la correspondencia a través de los
mensajeros de la entidad. Agregó que dichas labores se ejecutaban conforme a los
procedimientos establecidos en el manual de gestión documental adoptado por la
entidad.

62. Indicó que el horario de atención de la ventanilla era de lunes a viernes de 7:00
a.m. a 4:30 p.m., razón por la cual ambas debían permanecer durante toda la
jornada en ese lugar, circunstancia que era verificada mediante el
aplicativo ORFEO y el registro biométrico de ingreso y salida. Señaló igualmente
que, cuando debían ausentarse, era necesario solicitar autorización para coordinar

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

el reemplazo correspondiente y reponer posteriormente el tiempo no laborado, ya
fuera los sábados o extendiendo la jornada de trabajo.

63. Afirmó que el jefe inmediato de ambas era el señor Francisco Trujillo, quien
impartía las directrices relacionadas con el desarrollo de las actividades, y sostuvo
que las labores desempeñadas eran de carácter permanente dentro de la entidad.
También manifestó que la totalidad de los equipos e insumos necesarios para la
ejecución de las funciones —incluidos los computadores institucionales y los
accesos al sistema informático— eran suministrados por la Subred, y que las
actividades debían ejecutarse de manera presencial en las instalaciones de la
ventanilla única de correspondencia.

64. Finalmente, declaró que, para obtener el pago de los honorarios, era necesario
presentar un informe de actividades avalado por el jefe inmediato; que tanto ella
como la demandante recibían llamados de atención cuando la ventanilla
permanecía desatendida; y que la señora Luz Ayling Castañeda
Salguero capacitaba al personal que ingresaba al área por designación de su
superior y participaba en las reuniones del comité de archivo, en las que elaboraba
las respectivas actas.

• Testimonio de Erika Alejandra Cárdenas Cubillos

65. La señora Erika Alejandra Cárdenas Cubillos manifestó que conoció a la
demandante porque trabajaron conjuntamente en el Hospital San Cristóbal entre los
años 2009 y enero de 2012. Indicó que durante ese período ella se desempeñó
como auxiliar de archivo, mientras que la señora Luz Ayling Castañeda
Salguero ejercía funciones como técnico de archivo, siendo la responsable de
coordinar las actividades de los auxiliares vinculados mediante contratos de
prestación de servicios, organizar la transferencia documental entre las diferentes
dependencias y orientar los procesos de clasificación y organización de la
documentación institucional. Precisó, además, que fue la propia demandante quien
le impartió la capacitación inicial sobre el funcionamiento del archivo y la gestión
documental de la entidad, y afirmó que las labores desarrolladas por aquella tenían
carácter permanente.

66. Declaró que ambas cumplían una jornada de trabajo de lunes a viernes, de
7:00 a.m. a 5:00 p.m., y que antes de dirigirse al archivo debían presentarse en la
sede principal para registrar su ingreso. Agregó que, cuando requerían ausentarse
de sus labores, era necesario solicitar autorización a la coordinación del archivo,
función que para la época desempeñaba la señora Luisa Cartagena, quien
igualmente asignaba las actividades que debía desarrollar la demandante, entre
ellas apoyos a otras dependencias y traslados documentales.

67. Manifestó que para el desarrollo de las funciones utilizaban el
aplicativo ORFEO, destinado a la radicación y trámite de las comunicaciones
oficiales del hospital. Asimismo, señaló que durante el año 2012 la demandante

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Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

asistía a reuniones de la subgerencia en reemplazo de la coordinadora del archivo
y que, durante el tiempo en que trabajaron juntas, se desempeñó inicialmente como
técnico de archivo y posteriormente como auxiliar de archivo.

68. Finalmente, expresó que no tuvo conocimiento de interrupciones en la
prestación de los servicios de la demandante, pues siempre permaneció vinculada
a la entidad debido al carácter permanente de las actividades que desarrollaba.
Agregó que, para el pago de los honorarios, debía presentar informes de actividades
junto con la planilla de aportes al Sistema General de Seguridad Social y que la
entidad suministraba elementos de trabajo, tales como chaquetas institucionales,
batas e insumos para el manejo documental, siendo la demandante la encargada
de distribuir materiales como lápices, tapabocas, guantes y papelería entre el
personal del área.

• Testimonio de Armando Copete Rodríguez

69. El señor Armando Copete Rodríguez manifestó que conoció a la demandante
porque fueron compañeros de trabajo entre los años 2008 y 2015 en el Hospital San
Cristóbal. Indicó que estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios
como apoyo técnico del área jurídica y que, por razón de sus funciones, mantenía
contacto permanente con la señora Luz Ayling Castañeda Salguero, dado que
requería su apoyo para el trámite de peticiones y demás actuaciones relacionadas
con la gestión documental.

70. Señaló que la demandante desarrollaba actividades relacionadas con la
gestión documental de la entidad, tales como la atención al público, la radicación y
trámite de peticiones, quejas y reclamos, la organización documental y el apoyo a
las diferentes dependencias en la gestión de la correspondencia oficial. Agregó que,
además de ejecutar dichas funciones, coordinaba el trabajo de varias personas
vinculadas al área de gestión documental.

71. Manifestó que la vinculación contractual de la demandante fue continua
durante el tiempo en que laboraron conjuntamente, con interrupciones que no
superaban aproximadamente ocho días entre un contrato y otro. Precisó que, para
disfrutar de los días de descanso otorgados en el mes de diciembre, era necesario
reponer previamente el tiempo correspondiente.

72. Indicó que la demandante cumplía una jornada de trabajo de lunes a viernes
entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., salvo los viernes, cuando la jornada finalizaba a
las 4:30 p.m., sin perjuicio de que debiera permanecer por fuera de ese horario
cuando las necesidades del servicio así lo exigían. Agregó que el cumplimiento de
la jornada era controlado mediante el registro biométrico de ingreso y salida, así
como a través del sistema de radicación documental, el cual registraba la fecha y la
hora de las actuaciones realizadas.

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73. Declaró que la señora Luisa Cartagena, en su condición de jefe inmediata,
impartía instrucciones relacionadas con el seguimiento oportuno de las peticiones,
quejas y reclamos, supervisaba el cumplimiento de las actividades asignadas y
verificaba la ejecución de las labores desarrolladas por la demandante, las cuales
siempre se cumplían dentro de las instalaciones de la entidad.

74. Finalmente, manifestó que para el reconocimiento y pago de los honorarios
era necesario presentar informes mensuales de actividades, previamente revisados
y aprobados por el supervisor del contrato; que la contratación por prestación de
servicios obedecía a la insuficiencia del personal de planta para atender las
necesidades del área de gestión documental; y que la entidad suministraba algunos
elementos de trabajo, entre ellos una chaqueta y una bata institucional.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

75. En este punto, corresponde a la Sala determinar si, durante la ejecución de los
contratos de prestación de servicios celebrados entre la señora Luz Ayling
Castañeda Salguero y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., concurrieron los elementos propios de una relación laboral, esto es,
la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

76. Para tal efecto, la Sala valorará de manera conjunta el material probatorio
obrante en el expediente, particularmente los contratos de prestación de servicios,
la prueba documental, el interrogatorio de parte y los testimonios practicados, con
el propósito de establecer si la forma como fueron ejecutados los contratos permite
concluir que la demandante desarrolló sus actividades bajo las condiciones propias
de una relación laboral.

77. El estudio se abordará siguiendo el orden lógico de los elementos constitutivos
de la relación laboral. En primer lugar, se verificará la prestación personal del
servicio; posteriormente, la existencia de una contraprestación como retribución por
las labores desarrolladas; y, finalmente, se analizará el elemento de la
subordinación, respecto del cual la Sala realizará un examen más detallado, por
cuanto constituye el aspecto central de la controversia y el principal fundamento del
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

3.4.1. Valoración probatoria de los testimonios

78. Antes de abordar el análisis de los elementos constitutivos de la relación
laboral, la Sala considera necesario efectuar una valoración conjunta del
interrogatorio de parte y de los testimonios practicados durante el proceso, toda vez
que la entidad apelante cuestiona la conclusión del Tribunal relativa a la existencia
de subordinación, al estimar que las declaraciones únicamente evidencian
circunstancias propias de la coordinación inherente a los contratos de prestación de
servicios.

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Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
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79. La Sala considera que los testimonios rendidos por Ami Villa García, Erika
Alejandra Cárdenas Cubillos y Armando Copete Rodríguez constituyen un medio de
prueba pertinente para establecer las condiciones reales en que la señora Luz
Ayling Castañeda Salguero ejecutó los contratos de prestación de servicios
celebrados con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.,
pues los declarantes compartieron con ella el mismo entorno laboral durante varios
años y tuvieron conocimiento directo de la forma como desarrolló las actividades
contratadas.

80. En ese contexto, los testimonios adquieren especial relevancia, pues permiten
conocer circunstancias fácticas que normalmente no quedan reflejadas en los
documentos contractuales, tales como el cumplimiento de horarios, el control de
ingreso y salida, la obligación de solicitar permisos para ausentarse, la supervisión
de las actividades, la utilización de herramientas suministradas por la entidad, el
cumplimiento de instrucciones impartidas por los superiores y la integración de la
demandante a la dinámica ordinaria del área de gestión documental.

81. En consecuencia, la Sala apreciará dichas declaraciones de manera conjunta
con los contratos de prestación de servicios y con la restante prueba documental
obrante en el expediente, pues es precisamente la valoración integral de estos
medios de convicción la que permite reconstruir las condiciones reales en que se
ejecutó la relación contractual e inferir si la demandante actuó con la autonomía
propia de un contratista independiente o, por el contrario, estuvo sometida al poder
de dirección y subordinación característico de una relación laboral.

3.4.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta

82. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

3.4.2.1. Prestación personal del servicio

83. En cuanto al primer elemento de la relación laboral, la Sala encuentra
plenamente acreditada la prestación personal del servicio por parte de la
señora Luz Ayling Castañeda Salguero.

84. En efecto, de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
se desprende que la entidad contrató directamente a la demandante para desarrollar
actividades relacionadas con el proceso de gestión documental, archivo y
correspondencia institucional, las cuales, por su naturaleza, debían ser ejecutadas
personalmente por la contratista.

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85. Lo anterior se encuentra corroborado por las declaraciones rendidas por Ami
Villa García, Erika Alejandra Cárdenas Cubillos y Armando Copete Rodríguez,
quienes coincidieron en afirmar que la demandante desempeñó de manera directa
y continua las funciones relacionadas con la gestión documental, la organización
del archivo, la radicación y distribución de la correspondencia, la atención de
peticiones, quejas y reclamos, así como las demás actividades propias del área en
la que prestó sus servicios. Ninguno de los declarantes manifestó que tales
funciones fueran ejecutadas por un tercero o que la demandante tuviera la
posibilidad de delegarlas.

86. En ese orden, la Sala concluye que el primer presupuesto para la configuración
de una relación laboral se encuentra demostrado, pues está acreditado que la
señora Luz Ayling Castañeda Salguero ejecutó personalmente las actividades para
las cuales fue contratada durante todo el período objeto de controversia,
circunstancia que, por lo demás, tampoco fue discutida por la entidad demandada.

3.4.2.2. Remuneración

87. El segundo elemento constitutivo de la relación laboral, consistente en la
existencia de una remuneración como contraprestación por los servicios prestados,
también se encuentra acreditado en el expediente.

88. En efecto, los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes
establecieron el valor de los honorarios que la entidad debía reconocer a la
demandante como contraprestación por la ejecución de las actividades contratadas.
En igual sentido, el interrogatorio de parte y los testimonios de Ami Villa
García, Erika Alejandra Cárdenas Cubillos y Armando Copete Rodríguez coinciden
en señalar que la demandante recibía periódicamente una contraprestación
económica por los servicios prestados, previo cumplimiento de las actividades
encomendadas y presentación del correspondiente informe mensual de ejecución.

89. En consecuencia, la Sala encuentra igualmente acreditado el elemento de
la remuneración, pues está demostrado que la demandante percibió una
contraprestación económica como retribución por los servicios que prestó a la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. durante la vigencia
de los contratos de prestación de servicios, aspecto que tampoco constituye objeto
de controversia en la presente instancia.

3.4.2.3. Continuada subordinación o dependencia

90. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,

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características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.

91. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.

92. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

93. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

94. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados varios indicios que,
valorados de manera conjunta, permiten inferir la existencia de una continuada
subordinación o dependencia de la demandante respecto de la Subred Integrada de
Salud Centro Oriente.

95. En este orden de ideas, se concluye que no existió un desarrollo de
actividades bajo la simple coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones
de la demandante se ejecutaron según las órdenes de Subred Integrada de Salud
Centro Oriente ESE, como se demostró, con la imposición de un horario y la sujeción
a las directrices de coordinadores.

96. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.

97. Asimismo, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación

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contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»19.

98. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»20.

99. En conclusión, en el caso bajo análisis, dada la valoración probatoria, se
considera probado el elemento de la subordinación. Lo anterior, en la medida que
la accionante al desempeñar las funciones como técnico de archivo y auxiliar de
archivo en el área de gestión documental, ejecutó labores que permitían el
desarrollo del objeto misional de la entidad, esto es, prestación del servicio público
esencial de salud a la población.

100. En ese contexto, se advierte que la demandante desarrolló sus funciones en
horarios y turnos establecidos por la Subred Integrada de Salud Centro Oriente
E.S.E., en las áreas y dependencias administrativas a las que era asignada de
acuerdo con las necesidades del servicio. Asimismo, utilizó las instalaciones,
equipos, instrumentos e insumos suministrados por la entidad para ejecutar las
labores para la cual fue contratada, circunstancias que fueron corroboradas por la
prueba testimonial y por la documentación obrante en el expediente.

101. De igual manera, se encuentra acreditado que las actividades desarrolladas
por la actora correspondían a funciones permanentes de la entidad demandada,
relacionadas con la organización administrativa, el archivo de documentos y la
atención desde el punto de vista administrativo a los usuarios. Además, la ejecución
de dichas labores estuvo sometida a una supervisión que desbordó la simple
coordinación propia de las modalidades de intermediación utilizadas, pues la
demandante recibía instrucciones y directrices, cumplía horarios y no podía
ausentarse del lugar sin permiso previo del superior.

102. Aclarado lo anterior, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que del 20 de diciembre de 2007 al 9 de enero de 2018, la parte
demandante demostró la existencia de la relación laboral con la Subred Integrada
de Salud Centro Oriente, lo que se evidenció con las pruebas documentales y
testimoniales practicadas en el proceso21.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, con ponencia

del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).
20 Idem.
21
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, radicación
76001233300020190072400, Índice 26, “3_EXPEDIENTEDIGITAL_2020173608”
26

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
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3.3.4. El restablecimiento del derecho

103. En virtud de la relación laboral acreditada, en los términos precisados de
manera precedente, se advierte que el accionante tiene derecho a que se le
reconozcan y paguen las prestaciones laborales legales correspondientes,
liquidadas con base en el salario de un empleado de planta que cumpliera funciones
equivalentes, por el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2007 y el 09
de enero de 2018.

104. Por otra parte, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones
sociales cuyo pago se ordena, como consecuencia de la declaratoria de la
existencia de la relación laboral, se determina que por regla general y en virtud del
principio a trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que
exista en la planta de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso
contrario, cuando no exista el cargo en la planta, la base para calcular las
prestaciones debe ser los honorarios. Así lo ha precisado esta Subsección en
asuntos similares al presente22:

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

105. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría
devengado un empleado de planta de la entidad demandada que ejerciera funciones
equivalentes, incluidas vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y los demás
emolumentos a que haya lugar.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-

000-2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
27

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
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106. Sin embargo, no se modificará la sentencia de primera instancia, en atención
al principio de non reformatio in pejus, toda vez que la entidad demandada actúa
como apelante única.

• Prescripción trienal

107. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)

108. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.

109. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual23.

110. En el presente asunto, la Sala advierte que existió una única relación laboral
encubierta durante el período reclamado, pues entre la terminación de cada contrato
y el inicio del siguiente no transcurrió un lapso superior a 30 días hábiles. Por tanto,
no se configuró solución de continuidad entre los vínculos contractuales sucesivos.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con

referencia SUJ2-005-16.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

111. Así mismo, no operó la prescripción trienal de los derechos reclamados, toda
vez que la última vinculación contractual finalizó el 9 de enero de 2018; la
demandante presentó reclamación administrativa el 17 de marzo de 2020; la
entidad la resolvió desfavorablemente mediante acto de 6 de abril de 2020; y la
demanda fue radicada el 9 de marzo de 2021. En consecuencia, entre la finalización
del vínculo y la reclamación administrativa no transcurrió el término de tres años
previsto por la jurisprudencia de esta Sección.

3.5. Conclusión de la decisión

112. De conformidad con el análisis precedente, la Sala concluye que la señora Luz
Ayling Castañeda Salguero desvirtuó la presunción de legalidad que amparaba los
contratos de prestación de servicios suscritos con la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E., al acreditarse que durante su ejecución
concurrieron los elementos propios de una relación laboral.

113. En efecto, el acervo probatorio, apreciado de manera integral, permitió
establecer que la demandante prestó personalmente sus servicios, recibió una
contraprestación económica por las labores desarrolladas y, especialmente, ejecutó
sus actividades bajo condiciones incompatibles con la autonomía propia del
contratista independiente, al encontrarse sujeta a jornada de trabajo, supervisión
permanente, cumplimiento de instrucciones, control de asistencia, presentación de
informes, solicitud de permisos para ausentarse y utilización de los medios e
instrumentos suministrados por la entidad, circunstancias que evidencian la
existencia del elemento de subordinación.

114. Así mismo, quedó acreditado que las funciones desempeñadas por la
demandante respondían a necesidades permanentes del proceso de gestión
documental de la entidad y que los sucesivos contratos de prestación de servicios
constituyeron el mecanismo utilizado para atender de manera continua dichas
actividades, sin que entre uno y otro existieran interrupciones superiores a treinta
(30) días hábiles que permitieran predicar una solución de continuidad para efectos
del reconocimiento judicial de la relación laboral o de la prescripción de los derechos
reclamados.

115. En ese contexto, los argumentos expuestos por la entidad apelante no
desvirtúan las conclusiones alcanzadas por el Tribunal, pues las pruebas
recaudadas demuestran que las condiciones reales de ejecución de los contratos
excedieron la mera coordinación propia de la contratación estatal y revelan el
ejercicio del poder subordinante característico de una relación laboral. En
consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, por las razones expuestas en
esta providencia.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

4. Costas

116. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 24 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, del 24 de junio de 2022, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en
este proveído.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

24 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00912-01 (5419-2022)
Demandante: Luz Ayling Castañeda Salguero
Demandado: Subred Integrada de Salud Centro Oriente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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