Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00219-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00219-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00219-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: César Enrique Bolaño Mendoza
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el
ministerio público contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, Sala de Oralidad por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. César Enrique Bolaño Mendoza presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio S-2016-326394/ARPREGROIN-1.10
del 2 de diciembre de 2016, por medio del cual, el jefe del Grupo de Orientación e
Información de la Policía Nacional remitió por competencia la petición del 9 de mayo
de 2016 al Grupo de Asuntos Jurídicos; y ii) el Oficio S2017-010561 SEGEN-
ARJUR15.1 del 14 de enero de 2017, por medio del cual negó el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.
1 Expediente digital, documento 4, páginas 1 a 43. La demanda fue radicada el 29 de marzo de 2017.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre el 16 de julio
de 2002 y el 31 diciembre del 2013; ii) el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales y demás acreencias laborales; iii) la reliquidación de los aportes al sistema
de seguridad social; iv) el reembolso de las garantías, impuestos y retenciones
asumidos por el actor; v) la indexación de las sumas adeudadas; vi) el pago de
intereses moratorios; vii) indemnización moratoria por despido injusto; viii) el pago
de perjuicios morales equivalentes a 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes; y ix) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 187
del «CCA».
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. César Enrique Bolaño Mendoza prestó sus servicios a la Policía Nacional,
mediante contratos de prestación de servicios suscritos entre el 16 de julio de 2002
y el 31 diciembre del 2013, periodo en el que ejerció como como abogado de
negocios judiciales (hoy Defensa Judicial DECES).
3.2. Para la ejecución de los contratos prestó de manera personal sus servicios
como abogado de defensa judicial del Departamento de Policía del Cesar,
desempeñando de forma permanente iguales funciones asignadas al personal de
planta con idéntica especialidad jurídica, bajo la subordinación de sus superiores,
con sujeción al cumplimiento de horarios, órdenes y directrices impartidas por la
Dirección General de la Policía Nacional, la Secretaría General, el comandante del
Departamento de Policía Cesar y el jefe de Defensa Judicial, a cambio de una
remuneración.
3.3. El 9 de mayo de 2016 solicitó a la Policía Cesar el reconocimiento, liquidación
y pago de los derechos laborales causados entre el 16 de julio de 2002 y el 31 de
diciembre de 2013.
3.4. A través del Oficio S-2016-326394/ARPREGROIN-1.10 del 2 de diciembre de
20163, la Policía Nacional informó que había remitido el asunto por competencia al
Grupo de Asuntos Jurídicos.
3.5. Por medio del Oficio S-2016-326394/ARPREGROIN-1.10 del 2 de diciembre de
2016, la demandada negó la petición al considerar que los servicios prestados por
el actor se ejecutaron mediante contratos de prestación de servicios y, por tanto, no
daban lugar al reconocimiento de una relación laboral ni de prestaciones sociales.
3
Expediente digital, documento 4, página 50.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 29 25, 53, 58, 122, 228, 229, y
230 de la Constitución Política; y los decretos 116 de 1976; 3135 de 1968; y 1045
de 1978.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que los actos demandados fueron
expedidos con falsa motivación al desconocer los elementos configurativos de la
relación laboral, pues pese a la vinculación mediante contratos de prestación de
servicios, ejerció funciones permanentes y propias del personal de planta de la
entidad bajo condiciones de subordinación; prestó personalmente el servicio y
recibió una remuneración como contraprestación.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda4, con fundamento en que no existía una relación laboral, porque el actor
se vinculó mediante contratos de prestación de servicios celebrados conforme con
la Ley 80 de 1993 para desarrollar actividades que requerían conocimientos propios
de su profesión y que no podían ser desempeñadas por el personal de planta. El
demandante actuó con autonomía e independencia, de manera que las obligaciones
derivadas de los contratos, tales como recibir instrucciones, presentar informes de
resultados y cumplir horarios, correspondían a las facultades de coordinación y
control necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual, sin que
constituyeran manifestaciones de subordinación. En consecuencia, propuso las
excepciones de acto administrativo ajustado a la Constitución y a la ley; inexistencia
del derecho reclamado; presunción de legalidad; y cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 20 de mayo de 20215,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, aunque los testimonios
acreditaban la prestación de servicios por parte del demandante, no eran suficientes
para demostrar la existencia de una relación laboral, pues en el expediente no
obraban los contratos de prestación de servicios que permitieran analizar las
condiciones de la vinculación. No condenó en costas.
1.4. Los recursos de apelación
4 Expediente digital, documento 4, páginas 68 a 78.
5 Expediente digital, documento 14.
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8. César Enrique Bolaño Mendoza presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia al considerar que las pruebas documentales y
testimoniales acreditaban la prestación personal, continua y permanente del servicio
como abogado de la oficina de defensa judicial del Departamento de Policía Cesar.
La remuneración, el cumplimiento de funciones misionales, de horarios, de órdenes
e instrucciones impartidas por sus superiores, así como el desempeño de funciones
equivalentes a las del personal de planta y, en consecuencia, la existencia de
subordinación desvirtuaba la autonomía e independencia propias del contrato de
prestación de servicios. En ese orden, el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria al omitir el análisis conjunto del acervo probatorio y negar las
pretensiones únicamente por la ausencia de los contratos de prestación de servicios
en el expediente, sin tener en cuenta los demás medios de convicción. De
considerar indispensables dichos contratos, el juez debió decretar su incorporación
de oficio6.
9. El ministerio Público consideró que las pruebas (documentales y testimoniales)
demostraban la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
pues el actor cumplía con horarios, desarrollaba funciones internas, recibía órdenes,
utilizaba las instalaciones y los elementos de la entidad y estaba sometido a su
organización. Además, la prestación personal del servicio constituía un hecho
aceptado por la entidad demandada. En ese contexto, la ausencia de los contratos
escritos no impedía establecer la existencia de una relación laboral, por cuanto no
se trataba de un proceso de controversias contractuales. En consecuencia, el
tribunal otorgó un alcance excesivo a la falta de dichos documentos frente a los
cuales, había podido ejercer las facultades probatorias previstas en el artículo 213
del CPACA7.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto9.
2. Consideraciones
6 Expediente digital, documento 19.
7 Expediente digital, documento 20.
8 Al respecto, ver auto del 9 de mayo de 2022. Índice 4 de Samai.
9 Tal como se deprende de la constancia secretarial del 18 de julio de 2022. Índice 10 de Samai.
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2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos».
2.2. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer ¿si entre César Enrique Bolaño Mendoza y la Policía Nacional se
configuró una relación laboral?; y ¿si, en consecuencia, tenía derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral y cuáles eran esas prestaciones?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).
24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente18:
31.1. César Enrique Bolaño Mendoza prestó servicios profesionales como abogado
a la Policía Nacional en la defensa judicial y extrajudicial de la institución en los
siguientes períodos19:
Valor del Plazo de
# Contrato Fecha suscripción contrato ejecución en
meses
1 23-7-10395 16 de julio de 2002 13,800,000.00 6
2 23-7-10045 24 de febrero de 2003 24,380,000.00 10
3 23-7-10001 2 de febrero de 2004 25,962,000.00 10
4 23-7-10001 7 de febrero de 2005 27,260,100.00 11
5 23-7-10026 6 de enero de 2006 28,582,215.00 6
18
Expediente digital, documento 4. En adelante, únicamente se indicará la página en la que se
encuentra cada prueba, por cuanto todas las que se relacionan en este acápite obran en ese
documento.
19
Según lo señalado en la certificación expedida el 6 de marzo de 2014 por la jefe de la Oficina de
Talento Humano del Departamento de Policía Cesar. Página 69.
10
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Valor del Plazo de
# Contrato Fecha suscripción contrato ejecución en
meses
6 23-7-10004 9 de febrero de 2007 29,862,698.00 11
7 23-7-10010 7 de marzo de 2008 31,356,983.00 10
8 23-7-10008 5 de marzo de 2009 32,766,845.00 10
9 23-7-10040 22 de julio de 2010 17,793,389.77 5
10 23-7-10005 2 de febrero de 2011 35,099,844.70 10
11 23-7-10001 2 de febrero de 2012 36,152,839.32 10
12 23-7-10001 2 de febrero de 2013 38,274,114.49 10
31.2. De forma general, le correspondía atender los asuntos en los que la Policía
Nacional era parte y representar a la entidad ante el Tribunal Administrativo del
Cesar y los juzgados administrativos. Percibía una asignación mensual de
$3.615.283 en el año 2012 y de $3.827.411 en el año 2013, según las certificaciones
expedidas el 18 de mayo de 201220 y el 21 de agosto de 2013 por la tesorera del
Departamento de Policía Cesar, respectivamente21.
31.3. Las funciones de instrucción del personal de la Policía Nacional asignadas al
demandante entre los años 2003 y 2006 fueron las siguientes:
31.3.1.Dictar una charla el 26 de septiembre de 2003 a las 3:00 p.m. al personal
uniformado sobre mecanismos judiciales de protección de los derechos humanos,
actividad solicitada mediante comunicación del 22 de septiembre de 2003 por la
coordinadora de derechos humanos del Departamento de Policía Cesar22.
31.3.2.Preparar e impartir instrucción a los auxiliares bachilleres para formar,
orientar y conceptualizar la misión y la visión de la Policía Nacional, así como
supervisar el desarrollo, el método y la pedagogía de las clases, sin delegar las
horas de instrucción asignadas, función encomendada mediante Oficio del 2 de
febrero de 200423 por el comandante del Departamento de Policía del Cesar.
Asimismo, mediante los horarios de instrucción del Grupo Servicio Militar del
Departamento de Policía Cesar, correspondientes a la primera y segunda secciones
vigentes entre el 9 de febrero y el 8 de mayo de 2004, se programó el desarrollo de
dicha capacitación de lunes a viernes, entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m.24.
31.3.3.Impartir la asignatura de Derecho de Policía como instructor del curso 022 de
auxiliares bachilleres, durante 10 horas distribuidas los miércoles y viernes a las
9:30 a.m. de febrero, marzo y abril de 2006, de conformidad con el contenido
programático, función asignada mediante comunicación del 9 de febrero de 2006
20 Página 113.
21 Página 71.
22 Página 120.
23 Página 72.
24 Páginas 74 y 75.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
del comandante del grupo servicio militar del Departamento de Policía Cesar25.
31.4. Las funciones de asesoría jurídica asignadas al demandante en los años 2004
y 2005 eran:
31.4.1.Emitir concepto sobre solicitudes de auxiliares bachilleres y regulares26
sobre el beneficio de tiempo por haber ejercido el derecho al voto, función asignada
por remisión de los oficios 041 del 17 de febrero27 y 121 del 19 de febrero de 2004
(documentos en los que obra la anotación de remisión al asesor jurídico para
concepto) dirigidos al comandante del Departamento de Policía Cesar28.
Conocer el concepto emitido por la Dirección de Sanidad de la Policía
31.4.2.
Nacional sobre la viabilidad de contratar personal con vinculación laboral, función
asignada mediante Oficio 0466 del 15 de junio de 2005 del jefe del área de sanidad
del Departamento de Policía Cesar29.
31.4.3. Proyectar respuesta al requerimiento formulado por la fiscal 20 seccional de
Aguachica dentro de las diligencias previas adelantadas por el delito de tentativa de
homicidio, sobre los datos relacionados con la vinculación de 2 miembros de la
institución, función asignada por remisión del Oficio 0476 del 19 de octubre de 2005
dirigido al comandante del Departamento de Policía Cesar30.
31.4.4.Elaborar informe relacionado con investigaciones adelantadas a algunos
miembros de la Policía Nacional en la jurisdicción penal, ordinaria y militar por el
delito de tortura desde el año 1997 hasta el 15 de noviembre de 2005 con plazo de
entrega de 24 horas. Función asignada mediante comunicación de esa fecha por el
coordinador de control disciplinario interno del Departamento de Policía Cesar31.
31.4.5.Atender oportunamente los requerimientos formulados durante la auditoría
adelantada por la Contraloría General de la República, participar en las mesas de
trabajo semanales; facilitar el acceso a la documentación y archivos requeridos;
corregir las observaciones formuladas por el grupo auditor mediante los planes de
mejoramiento; y remitir información relacionada con la misión de la dependencia, la
descripción de los procesos, el plan de acción y la apreciación de la situación; y,
dentro de las 48 horas siguientes a la asignación de la función, remitir a la Oficina
de Gestión una presentación en PowerPoint con información sobre la misión de la
dependencia, la descripción de los procesos institucionales, el plan de acción, y los
25
Página 144.
26 Página 119.
27 Página 116.
28 Página 117.
29 Página 109.
30 Página 123.
31 Página 132.
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resultados. Funciones asignadas mediante Oficio 2396 del 22 de noviembre de 2005
por el comandante del Departamento de Policía Cesar32.
31.5. Las
funciones relacionadas con la evaluación jurídica de procesos de
contratación entre los años 2005 y 2006 eran las siguientes:
31.5.1.De las propuestas presentadas dentro de la convocatoria directa 001 de 2005
para la contratación de servicios médicos, función asignada mediante Oficio 192 del
28 de marzo de 2005 por la jefe de la oficina de contratos del Departamento de
Policía Cesar33.
31.5.2.De la propuesta presentada por Inversiones Salguero para la contratación
directa del suministro de combustible destinado al parque automotor del
Departamento de Policía Cesar, función asignada mediante Oficio 205 del 12 de
abril de 2005 por la jefe de la oficina de contratos de esa entidad y que debía
entregarse a más tardar el 14 de abril de 200534.
31.5.3.De los proyectos de «términos de referencia» 10 y 11 para la contratación del
suministro de medicamentos y de servicios médico-hospitalarios, función asignada
mediante Oficio 005 del 18 de agosto de 2005 por la jefe de la oficina de contratos
del área de sanidad del Departamento de Policía Cesar35.
31.5.4. Del proyecto de «términos de referencia» 17 para la contratación de servicios
médico-hospitalarios de niveles II y III del área de sanidad del Departamento de
Policía Cesar, función asignada mediante Oficio 0965 del 21 de noviembre de 2005
por la jefe de la oficina de contratos de esa dependencia36.
31.5.5. De la propuesta presentada por la Clínica Santa Isabel dentro de la
convocatoria 017 de 2005 para la contratación de servicios médico-hospitalarios de
niveles II y III, función asignada mediante Oficio 0978 del 28 de noviembre de 2005
por la jefe de la oficina de contratos del área de sanidad del Departamento de Policía
Cesar, la cual debía presentar el 1 de diciembre de 2005 a las 6:00 p.m.37.
31.5.6.De las propuestas presentadas por Servicentro Omega e Inversiones
Salguero SA, dentro de la invitación directa 004 para la contratación del suministro
de combustible destinado al parque automotor del Departamento de Policía Cesar,
función asignada mediante Oficio 108 del 31 de marzo de 2006 por la jefe de la
oficina de contratos del Departamento de Policía Cesar38.
32 Páginas 111 y 112.
33
Página 122.
34
Página 142.
35
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
31.5.7.Emitir concepto sobre el mecanismo de evaluación que debía aplicarse a los
oferentes dentro del proceso de convocatoria directa para la contratación del
suministro de combustible destinado al parque automotor del Departamento de
Policía Cesar, función asignada mediante Oficio 088 del 3 de marzo de 2006 por la
jefe de la oficina de contratos del Departamento de Policía Cesar39.
31.6. Las funciones, responsabilidades e instrucciones asignadas al demandante en
la unidad de defensa judicial en los años 2012 y 2013 fueron:
31.6.1.El 28 de enero de 2012 la jefe del área de defensa judicial impartió
instrucciones al personal de abogados de la unidad de defensa judicial del
Departamento de Policía Cesar sobre las directrices previstas en la Directiva 023
del 28 de diciembre de 2012 para el desarrollo de las funciones propias de esa
dependencia, en la que participó César Enrique Bolaño Mendoza, en calidad de
abogado de dicha unidad, como consta en el Acta 002 del 28 de enero de 201240.
31.6.1.1. A los abogados de la unidad se le asignaron funciones relacionadas con el
análisis y formulación de políticas de prevención del daño antijurídico; la unificación
de criterios para la defensa judicial; la evaluación, análisis y seguimiento de las
actuaciones a cargo de la dependencia; la elaboración de conceptos jurídicos; el
registro y actualización de la información en el aplicativo SIJUR; el seguimiento de
los procesos judiciales; la coordinación con otras dependencias para la atención de
requerimientos judiciales; la elaboración de informes; la representación de la entidad
en audiencias de conciliación prejudicial; y la formulación de propuestas ante el
Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
31.6.1.2. En calidad de «instrucciones particulares», se asignaron las siguientes
funciones:
«[C]umplirán las funciones determinadas en la resolución No. 00146, del 31/01/11 "Estructura Orgánica de la
Secretaría General".
Realizaran estudios y evaluaciones periódicas de los procesos que cursan contra la institución, con el fin de
determinar las causas que originen el daño antijurídico, para diseñar y proponer estrategias de prevención
que permitan disminuir el índice de condenas. La información, sustentada y bien argumentada desde el punto
de vista lógico y jurídico será incorporada en la base de datos que para el efecto creará la Secretaría General.
Una vez se reciba el expediente de pago de la sentencia condenatoria a la institución, contar con un tiempo
[parte del párrafo no es visible] parágrafo 3 del artículo 52 de la Ley 1395/2010, exhorte al convocante para
que haga el traslado en debida forma a la Policía Nacional de las pruebas que pretende hacer valer a su favor
y que sustente las razones de su dicho, con el fin de presentar propuesta al Comité de Conciliación o sí al
hacer un análisis de lo manifestado en la solicitud.
Los abogados de Defensa Judicial son los responsables directos en cuanto a la fidelidad de la información
insertada en el SIJUR, ya que de ello depende en gran medida el fenecimiento de la cuenta de la Policía
39 Página 115.
40 Páginas 125 a 129.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Nacional por parte de la Contraloría General de la República.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA RENDIR INFORMES Y REPORTE
Se debe enviar a la Jefatura del Área el reporte mensual de actividades en el formato establecido, el último
día de cada mes. Así mismo, atender de manera oportuna los informes adicionales requeridos.
La información del formato No. 9, de la Contraloría General de la República; debe concordar con la registrada
en el SIJUR.
INFORMAR EL CAMBIO DE JUECES O MAGISTRADOS PARA ACTUALIZAR LA TABLA EN EL SIJUR
Cada vez que se presente el cambio de jueces y magistrados en el Distrito Judicial, deberá informarse a la
jefatura del Área oportunamente para actualizar la tabla en el aplicativo.
[…]
Para el ingreso de las acciones populares al SIJUR, se debe coordinar con asesores jurídicos de las unidades.
INGRESO DE DEMANDAS CONTRA LA POLICÍA NACIONAL QUE CURSAN EN OTRAS JURISDICCIONES
Se deben ingresar al SIJUR, las demandas que cursan en jurisdicciones distintas (laborales, civiles, etc.)
conforme al aplicativo que se crea para este tipo de procesos.
CONFIRMACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS APROBATORIOS DE ACUERDOS CONCILIATORIOS
Se debe informar a la jefatura del Área de Defensa Judicial mediante comunicación oficial, la identificación
del auto y despacho judicial (tribunal y juzgado) que aprueba la conciliación realizada en la Procuraduría
Judicial respectiva, con el fin de evitar falsas sentencias e ingresarlas en el aplicativo SIJUR.
DEMANDAS DE SANIDAD CUANTÍA REPORTE MENSUAL
Las demandas que versen sobre actividad de Sanidad deben reportarse mensualmente y no se registraran
las pretensiones en el SIJUR ya que, en el evento de una condena, el pago se imputa al presupuesto de la
Dirección de Sanidad hasta que se ajuste el aplicativo SIJUR.
COORDINACIÓN CON DESPACHOS JUDICIALES Y PROCURADURÍAS, PARA QUE LAS CITACIONES Y
NOTIFICACIONES AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA
NACIONAL, LAS DIRIJAN DIRECTAMENTE AL COMANDO DE LAS UNIDADES O LA RESPECTIVA SEDE
Debe hacerse claridad a los diferentes despachos judiciales y procuradurías delegadas, que las notificaciones
de las demandas deben hacerse por intermedio del comandante de Metropolitana, Departamento de Policía
y si el despacho es de un municipio distinto a la capital, se podrá hacer por intermedio del comandante de
Distrito o estación, según el caso, en la aplicación a la Ley 446/98, artículo 23.
Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante resolución 3969/2006 y 3200/2009, facultó a los
comandos de Metropolitanas y Departamentos para notificarse de las demandas y otorgar los poderes a los
abogados dentro de estas y las conciliaciones judiciales y prejudiciales, por esta razón, no es necesario que
las demandas sean remitidas al Ministerio de Defensa Nacional, ni a la Dirección General de la Policía
Nacional.
Se debe aclarar a jueces, magistrados y procuradores cuando una demanda o conciliación prejudicial le [parte
del párrafo no es visible] máximo de un (1) mes para estudiar y presentar las correspondientes propuestas
ante el Comité de conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y Policía Nacional (en la Secretaría
General) en el sentido de promover o no la acción de repetición en los términos de la Ley 678/2001.
Recibida la certificación con la decisión del Comité de conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de
Defensa y Policía Nacional, en la que se dispone a REPETIR, deberán promover e impulsar las acciones de
repetición contra los funcionarios o exfuncionarios que por su conducta dolosa o gravemente culposa hayan
originado condena para la Institución.
Cuando los despachos judiciales se notifiquen despachos comisorios para la práctica de pruebas, los
abogados de la defensa judicial, tanto de la sede de origen como del lugar donde se cumplirá la prueba,
deberán realizar las respectivas coordinaciones para poder estar presentes y ejercer el derecho de
contradicción en la misma.
Presentar a los ordenadores de los gastos de sus respectivas unidades, las necesidades presupuestales para
atender los gastos procesales de los negocios de la institución, de conformidad con los rubros y con las
destinaciones específicamente señaladas.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
El abogado de la defensa judicial deberá verificar que se surtió en debida forma el trámite del proceso
administrativo, y si el acto demandado o acusado es susceptible de juicio de legalidad ante lo contencioso
15
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
administrativo, es decir que es de aquellos definitivos que crea, modifica o extingue un derecho.
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL.
En todos los casos ante una solicitud de conciliación prejudicial, el apoderado designado deberá:
Realizar el respectivo estudio de las peticiones, las pruebas y los fundamentos de hechos y de derecho que
fundamentan la solicitud.
De acuerdo con lo anterior, con la debida anticipación presentará la propuesta de conciliar o no conciliar ante
el Comité de conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, con el fin de que
este cuente con el suficiente tiempo para someter el caso a estudio y emitir la correspondiente certificación
o parámetros.
Realizar el poder respectivo, con sus anexos.
Es obligatoria la asistencia a las audiencias de conciliación. En el evento de no contar con la certificación o
parámetros del Comité, se deberá solicitar aplazamiento de la audiencia de conciliación. No obstante, lo
anterior, es necesario que los señores apoderados prevean esta situación con el fin de no tener que solicitar
aplazamiento por esta razón.
En los casos de reparación directa el apoderado de la Policía Nacional deberá presentar la formula
conciliatoria a que haya lugar de manera concreta y debidamente sustentada ante el Comité de conciliación
y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y Policía Nacional; identificando el núcleo familiar a indemnizar;
con el propósito de evitar dilaciones e interpretaciones erróneas a la presentada por el apoderado de la
institución.
En el evento de la no asistencia a la audiencia de conciliación, se deberá justificar dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha prevista ante la procuraduría que realizó la conciliación, con el fin de evitar la aplicación
de la sanción establecida en el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 1395/2010.
En todos los casos de lesiones de auxiliares de policía y bachilleres, una vez recibida la solicitud de
conciliación se debe solicitar copia autentica del informe administrativo por lesiones (Dirección de Sanidad)
y/o muerte y de la Junta Medica Laboral y del Tribunal Médico, con el objeto de verificar el porcentaje de la
disminución de la capacidad laboral y el índice lesional que fundamenta la indemnización a que haya lugar.
Teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 6º del decreto 1716/2009, en la solicitud de
conciliación se deben presentar las pruebas por parte del convocante, cuando la petición de conciliación
allegada a la procuraduría carezca de ellas, se debe oficiar al Procurador designado, solicitando que en
cumplimiento de lo dispuesto en el [parte del párrafo no es visible] corresponde a la Policía Nacional y cuando
a CASUR, dependiendo de la calidad del demandante, retirado o pensionado.
Se reitera aclarar a los diferentes despachos judiciales y procuradurías que la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, es una entidad completamente independiente y autónoma y no pertenece a la Policía
Nacional, para efecto de notificar las demandas al verdadero demandado.
[…]
Remitir a la mayor brevedad fotocopias de las sentencias que ordenan reintegro de funcionarios.
Se debe remitir a la jefatura del Área de Defensa Judicial de la Secretaría General, fotocopia de la sentencia
que ordena el reintegro de miembros de la Policía Nacional.
CASILLA DENOMINADA PROVISIÓN
Para el caso de sentencias en abstractos, por nulidad y restablecimiento del derecho, se enviará la
información al Grupo de Seguimiento y Control, para que haga una pre-liquidación conforme a lo estatuido
en el fallo de Primera Instancia apelado y pueda ser contabilizado en la casilla de provisión.
[…]
Cuando las demandas no posean un valor determinado, estas deberán ser registradas como una pretensión
con valor mayor que $ 0.
Para el caso de sentencias en abstractos, por nulidad y restablecimiento del derecho, se enviará la
información al Grupo de Seguimiento y Control, para que haga una preliquidación conforme a lo estatuido en
el fallo y pueda ser contabilizado en la casilla de pasivo real.
Si el proceso en contra de la institución falló a favor en última instancia, deberá ser informado al Grupo de
Contabilidad para reversar toda la cadena registrada». (Sic)
31.6.2. El 25 de septiembre de 2012, la jefe de la unidad de defensa judicial del
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Departamento de Policía Cesar impartió instrucciones al personal de esa
dependencia y delegó funciones específicas y responsabilidades internas a los
abogados de la unidad «según Resolución 00146 del 31 de enero de 2011», con el
propósito de unificar criterios de trabajo, socializar las nuevas políticas
institucionales y fortalecer la coordinación en la defensa judicial de la institución. En
dicha reunión participó César Enrique Bolaño Mendoza, en calidad de abogado de
esa unidad como consta en el Acta 001 del 25 de la referida fecha41.
31.6.2.1. Se le asignaron al demandante las siguientes funciones:
«ORDENES SEGUN RESPONSABILIDAD DE CADA CARGO Y FUNCIONARIO DOCTOR CESAR
ENRIQUE BOLAÑO MENDOZA CARGO INTERNO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL DECES ABOGADO
ASCRITO DEFENSA JUDICIAL, ANALISTA DEFENSA JUDICIAL Y ASESOR JURIDICO
Teniendo en cuenta la capacidad laboral y las condiciones académicas es menester que en conjunto con la
suscrita, el funcionario se encargará de orientar, ejercer y controlar la Defensa Judicial y el diligenciamiento
en la unidad, aunado a esta compilar, sustanciar lo correspondiente a los parámetros ante el comité del
Ministerio de Defensa de las conciliaciones Judiciales ante los juzgados y tribunales y los que correspondan
a promover, sustanciar y adelantar las acciones de repetición contra el personal.
• Es responsabilidad recibir, repartir y sustanciar los procesos que se adelanten por repetición por
responsabilidad fiscal, repartir y sustanciar los procesos que se adelanten por Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, inclusive los de Sanidad en la materia y las acciones contenciosas Popular y de Cumplimiento
y de estas realizar un cuadro estadístico y sus diferentes actuaciones a fin de mantener un análisis de los
diferentes casos en esta materia que se llevan en la unidad y garantizar las actuaciones al respecto en la
Prevención del Daño Antijurídico.
• Es responsabilidad asistir a falta de la suscrita a el Subcomité local el cual se realiza cada 45 días por la
oficina de planeación auspiciado por el comandante del departamento DECES y de este llevar un archivo a
fin de dar cumplimiento al art. 29 del instructivo 010 del 1994.
• Es responsabilidad apoyar el desarrollo de estudios, informes, análisis, proyecciones solicitadas por parte
del mando institucional en materia de Defensa Judicial.
• Es responsabilidad realizar talleres, exposiciones, informes junto con la suscrita respecto al Daño
antijurídico para incorporar con fecha 28 de cada mes un informe ejecutivo de las actuaciones adelantadas,
numerado por personal con cedula y las diferentes fotografías en el aplicativo SIJUR.
• Es responsabilidad asistir a todas las audiencias y etapas procesales de cada proceso a su cargo toda vez
que no se hallen concentradas y coexistan el abogado en la misma hora y fecha otras audiencias o
situaciones de relevancia que exijan esta comparecencia que para tal caso se anexará oficio interno donde
se expliquen las razones de la no comparecencia.
• Mantener la reserva de la información en los casos exigidos por la ley, los reglamentos y compromisos de
reserva firmado.
• Con respecto a las actividades de la oficina ya sean de carácter judicial, extrajudicial o requerimiento
administrativo a falta de la titular de la oficina será responsabilidad del segundo al mando incluyendo los
procesos que no estén a su cargo por lo que los poderes serán realizados con los nombres de los abogados
adscritos a la unidad para que a falta de uno reemplace el otro buscando con esto el cumplimiento cabal a
las disposiciones del mando institucional.
• El abogado deberá cumplir con horario de trabajo como los demás funcionarios y estar en constante
comunicación con el jefe de la unidad solo con el fin de lograr un trabajo mancomunado y lograr que la Unidad
Defensa Judicial se convierta en una unidad modelo a nivel Nacional.
• Mantener la reserva de la información en los casos exigidos por la ley, los reglamentos y compromisos de
reserva firmado».
41
Páginas 172 a 179.
17
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
31.6.3. El 7 de noviembre de 2012, la jefe de la unidad de defensa judicial del
Departamento de Policía Cesar impartió instrucciones al personal de esa
dependencia y delegó funciones específicas y responsabilidades internas a los
abogados de la unidad «según Resolución 00146 del 31 de enero de 2011», con el
propósito de garantizar el cumplimiento oportuno de las funciones administrativas y
judiciales, unificar criterios de trabajo y lograr una coordinación eficaz en la defensa
judicial de la institución. Lo anterior consta en el Acta 021 del 7 de noviembre de
2012, en la que participó el actor en calidad de abogado de la unidad de defensa
judicial del Departamento de Policía Cesar42.
31.6.3.1. Se
le asignaron al demandante funciones idénticas a las registradas
mediante el Acta 001 del 25 de septiembre de 2012.
31.6.4. El 14 de marzo de 2013, la jefe de la unidad de defensa judicial del
Departamento de Policía Cesar socializó e impartió órdenes respecto de las nuevas
políticas de trabajo impartidas por el mando institucional, en relación con las
pruebas solicitadas por las autoridades «contenciosas administrativas y otras» y según
las responsabilidades de trámite, con el fin de lograr mayor eficiencia en la recepción
de las demandas contra la institución. En dicha reunión participó César Enrique
Bolaño Mendoza, en calidad de abogado de la unidad de defensa judicial del
Departamento de Policía Cesar como consta en el Acta 007 del 14 de marzo de
201343
31.6.4.1. Se le asignaron al demandante las siguientes «consignas generales»: i)
«determinar y […] discriminar los procesos por clase de delito, juzgados o tribunales,
Consejo de Estado clase de actuación administrativa (reparación directa o nulidad y
restablecimiento) deben revisarse e identificar los procesos por falla presunta y todos
aquellos-adelantados por auxiliares de Policía identificándolos, verificando fallos y
actuaciones; dándole una importancia especial de igual manera los procesos de sanidad»;
ii) «estar en constante actualización, y por lo menos estar cursando estudios superiores en
la facultad de derecho con el fin de ir proyectándose en el desempeño integral y eficiente
que necesita el área de defensa judicial»; iii) guardar confidencialidad en cada uno de
los procesos que se llevan en la Unidad de Defensa Judicial Cesar; y iv) actuar de
forma trasparente sin provecho personal, y sin disminuir el patrimonio de la
institución.
31.6.5.El 10 de agosto de 2013, la jefe del área de defensa judicial de la Secretaría
General de la Policía Nacional hizo entrega formal de la unidad de defensa judicial
del Departamento de Policía Cesar al nuevo jefe de esa dependencia como consta
en el del Acta 01 del 10 de agosto de 201344.
42
Páginas 165 a 171.
43
Páginas 84 a 88.
44
Páginas 148 a 164.
18
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
31.6.5.1. Se relacionaron los procesos administrativos a cargo de la unidad con
indicación de los procesos de reparación directa, nulidad y restablecimiento del
derecho y acciones de repetición, su estado procesal, las actuaciones pendientes,
los procesos sensibles, las propuestas de conciliación prejudicial y el inventario de
los bienes y archivos de la dependencia. Se indicó que los abogados de la unidad
de defensa judicial tenían a su cargo la defensa judicial de la Policía Nacional; el
diseño de políticas de prevención del daño antijurídico; la formulación de conceptos
y recomendaciones para el comité de conciliación y defensa judicial; la asistencia a
audiencias judiciales y de conciliación; la presentación de informes y estadísticas
sobre su gestión; y el registro y actualización de la información en el aplicativo
SIJUR, de conformidad con el artículo 29 de la resolución 346 del 31 de enero de
2011 «por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de
la Secretaría General de la Policía Nacional».
31.6.5.2. Se
le asignaron al demandante funciones idénticas a las registradas
mediante el Acta 001 del 25 de septiembre de 2012 y adicionalmente «sustanciar los
procesos que se adelanten por nulidad y restablecimiento del derecho, inclusive los de
sanidad en la materia y las acciones contenciosas popular y de cumplimiento y de estas
realizar un cuadro estadístico y sus diferentes actuaciones a fin de mantener un análisis de
los diferentes casos en esta materia que se llevan en la unidad y garantizar las actuaciones
al respecto sobre el daño antijurídico».
31.7. Actividades de actualización y capacitación institucional entre los años 2005
y 2013
31.7.1.En desarrollo de las funciones asignadas como abogado de la unidad de
defensa judicial, César Enrique Bolaño Mendoza participó en las siguientes
actividades de actualización y capacitación institucional:
31.7.1.1. Asistir al seminario de actualización para la defensa y protección de los
derechos de la nación, organizado por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional, realizado en Bogotá entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2005,
según certificación expedida el 2 de septiembre de 2005 por el secretario general
de negocios judiciales de la Policía Nacional45.
31.7.1.2. Participar en la videoconferencia sobre utilización indebida de armas de
fuego, procesos disciplinarios y otros temas institucionales, programada para el 5,
12 y 19 de octubre de 2013, entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., en cumplimiento
de las instrucciones impartidas mediante correo electrónico del 3 de octubre de
201346, enviado por el secretario del área de defensa judicial, por instrucciones del
45
Página 130.
46 Páginas 76 y 77.
19
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
teniente coronel Javier Darío Sierra Chapeta, a las unidades de defensa judicial, en
el que se indicó que debían participar todos los abogados, tanto personal
uniformado como no uniformado, «por el compromiso institucional adquirido por el área
y su personal».
31.7.1.3. Asistir a la capacitación sobre los nuevos desarrollos en el aplicativo SIJUR
y tableros de control. Mediante Acta 018 del 7 de marzo de 2013 se dejó constancia
de la asistencia del demandante47.
31.8. Comunicaciones y directrices institucionales dirigidas a las unidades de
defensa judicial entre los años 2009, 2011 y 2013.
31.8.1. Mediante poligrama 49 del 1 de octubre de 2009, la subdirección general de
la Policía Nacional informó a los comandantes de áreas metropolitanas,
departamentos y escuelas al personal de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo,
agentes y no uniformados que prestaba sus servicios en las oficinas de asuntos
jurídicos y defensa judicial que disfrutarían de un permiso navideño entre el 21 y el
26 de diciembre de 2009, y de un periodo de vacaciones del 27 de diciembre de
2009 al 15 de enero de 201048.
A través de correo electrónico del 12 de diciembre de 2011, el jefe del área
31.8.2.
de defensa judicial solicitó a los jefes de las unidades de Sucre y Cesar que
asumieran el papel de coordinadores de las respectivas unidades «y no como
actualmente suced[ía], que los abogados no uniformados son los que respond[ían] por la
unidad»49.
31.8.3.Mediante Oficio 535 del 27 de octubre de 2011, el comandante operativo de
seguridad ciudadana del Departamento de Policía Cesar ordenó a los comandantes
de distrito, estaciones, subestaciones, grupos especializados, jefes de áreas y
dependencias socializar los procesos, procedimientos y formatos de gestión
documental previstos en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la
República para la vigencia 2010, y diligenciar el formato anexo para dejar constancia
de la realización de dicha actividad50. En cumplimiento de dicha orden, se efectuó
la respectiva socialización en la que participó César Enrique Bolaño Mendoza, en
calidad de abogado de la unidad de defensa judicial del Departamento de Policía
Cesar, como consta en el Acta del 016 del 28 de octubre de 201151.
Mediante correos electrónicos del 27 de noviembre y del 2 de diciembre de
31.8.4.
2013, por instrucciones del mayor general, director general de la Policía Nacional,
47 Páginas 81 a 83.
48 Páginas 140 y 141.
49
Página 124.
50 Páginas 136 a 138.
51 Páginas 134 y 135.
20
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
el secretario del área de defensa judicial informó a los jefes de las unidades de
defensa judicial sobre la autorización de 3 turnos de permiso especial (el primero,
con salida el 21 de diciembre de 2013 a las 7:00 a.m. y regreso el 27 siguiente a las
7:00 a.m.; el segundo, con salida el 28 de diciembre de 2013 a las 7:00 a.m. y
regreso el 3 de enero de 2014 a las 7:00 a.m.; y el tercero, con salida el 4 de enero
de 2014 a las 7:00 a.m. y regreso el 10 de enero de 2014 a las 7:00 a.m.) con
ocasión de las festividades de navidad para el personal de esa dependencia,
incluidos los abogados litigantes. Asimismo, indicó que estos disfrutarían del primer
turno y, posteriormente, de 10 días de vacaciones52.
31.9. Reclamación administrativa y actos demandados
31.9.1.El 9 de mayo de 201653 César Enrique Bolaño Mendoza solicitó a la Policía
Cesar el reconocimiento, liquidación y pago de los derechos laborales causados
entre el 16 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2013, consistentes en cesantías,
vacaciones, primas legales y extralegales, demás emolumentos, la sanción
moratoria por la falta de pago de las cesantías, junto con los intereses y la
indexación correspondientes entre el 16 de julio de 2002 y el 31 diciembre de 2013.
31.9.2.A través del Oficio S-2016-326394/ARPREGROIN-1.10 del 2 de diciembre
de 201654, la Policía Nacional informó que la petición había sido remitida al Grupo
de Asuntos Jurídicos, por ser la dependencia competente para dar respuesta, en
atención a que el actor se había desempeñado como abogado de Defensa Judicial
de la Secretaría General.
31.9.3. Mediante Oficio S-2017 del 14 de enero de 201755, la Policía Nacional negó
la petición anterior, al considerar que los servicios habían sido prestados mediante
contratos de prestación de servicios, los cuales, de conformidad con el artículo 32
de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia constitucional, no generan relación laboral
ni prestaciones sociales.
31.10. El 8 de agosto de 201956 se celebró la audiencia de pruebas en la que se
efectuó interrogatorio de parte y se recepcionaron los siguientes testimonios:
31.10.1. César Enrique Bolaño Mendoza prestó sus servicios a la Policía Nacional
desde el año 2002 hasta el año 2013 mediante contratos de prestación de servicios
cuyo objeto consistía en representar judicial y extrajudicialmente a la institución y
en los procesos que adelantara como por ejemplo acciones de repetición. Además
de las funciones previstas en el objeto contractual, desarrollaba múltiples y
52 Expediente digital, carpeta «01AudienciaPruebas0190708».
53 Expediente digital, documento 4, páginas 64 a 66.
54 Expediente digital, documento 4, página 50.
55 Expediente digital, documento 4, páginas 47 a 49.
56 Expediente digital, documento 26.
21
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
adicionales tareas en virtud de las órdenes permanentes impartidas por el coronel,
entre otras, ejercer como asesor jurídico, proyectar respuestas a peticiones, analizar
resoluciones y atender diversas labores propias de la oficina de negocios judiciales.
Participó en los comités jurídicos; ningún asunto llevaba el visto bueno del coronel
sin su revisión previa. Cumplía con sus funciones de manera continua y
permanente, la «subordinación» persistía incluso durante los períodos comprendidos
entre la terminación de un contrato y la suscripción del siguiente, porque continuaba
asistiendo a la oficina y atendiendo las instrucciones del coronel.
31.10.1.1. Cumplió con un horario que se extendía hasta las 7:00 u 8:00: p.m. cuando
era requerido por el comandante, quien incluso ordenaba a los subalternos que lo
recogieran en la casa para atender asuntos urgentes. Aunque en el año 2011 fueron
asignados oficiales abogados para apoyar la dependencia y ejercer labores de
coordinación, continuó recibiendo instrucciones directas del coronel, sin que
disminuyera su carga de trabajo, al punto de laborar en algunas ocasiones los
sábados; y se le exigió cumplir con el horario del personal de planta y registrar su
asistencia y «hasta logró formar».
31.10.2. Testimonios
31.10.2.1. Diannis María Gutiérrez Velasquez conoció al demandante desde el año
2002, cuando su hermana se desempeñaba como secretaria de él en la oficina de
negocios judiciales del Departamento de Policía Cesar. En el año 2004, al ser
nombrada jefe de contratos de ese departamento elaboró los contratos de
prestación de servicios del actor hasta cuando recibió la instrucción de no suscribirle
más contratos.
31.10.2.1.1. El
objeto contractual de él consistía en prestar asesoría jurídica y
representar judicial y extrajudicialmente a la Policía Nacional. Por instrucción del
comandante del departamento, revisaba los pliegos de condiciones y los contratos
elaborados por esa dependencia, debido a que no contaban con abogado jurídico;
cumplía con una jornada de lunes a viernes, en ocasiones continua y extendida
hasta la noche, recibía órdenes de personal uniformado, presentaba informes para
el pago mensual de sus honorarios y desarrollaba las actividades en las
instalaciones de la Policía Nacional, donde disponía de un computador.
Únicamente, se ausentaba para asistir a diligencias judiciales; y durante los
períodos comprendidos entre la terminación de un contrato y la suscripción del
siguiente, continuaba prestando asesoría jurídica a la entidad mientras se
formalizaba la nueva contratación porque no tenía quién más los asesorara.
31.10.2.2. Placido Alberto Castellanos Hincapié conoció al demandante desde el
año 2001, cuando se desempeñaba como funcionario de la Procuraduría General
de la Nación. En el año 2002, como miembro activo del Departamento de Policía
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Cesar, coincidió con él en el comando, donde ejercía como encargado de la oficina
de negocios judiciales. En el año 2004, cuando era estudiante de derecho,
frecuentaba esa oficina y coincidía con el actor en las instalaciones de la Policía.
Posteriormente, aproximadamente en los años 2006 o 2007, fue nombrado
asistente del asesor jurídico del Departamento de Policía Cesar, cargo desde el cual
compartió oficina con el demandante; posteriormente, cuando fue designado
coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano y Derechos Humanos, continuó
coincidiendo con él hasta el año 2010. Después de esa fecha, al estar desvinculado
de la Policía siguió viéndolo con regularidad cuando acudía a presentar solicitudes
de conciliación, aproximadamente hasta el año 2013.
31.10.2.2.1. El demandante era el encargado de la oficina de negocios judiciales,
posteriormente denominada unidad de defensa judicial. Por su experiencia,
integraba diversos comités y grupos interdisciplinarios convocados por la institución.
Aunque con posterioridad algunos oficiales uniformados comenzaron a desempeñar
idénticas funciones, el demandante continuó siendo el jefe de esa oficina. Tanto el
personal civil como el uniformado estaban sujetos a la estructura jerárquica del
comando del departamento, el actor asistía permanentemente a las reuniones y
actividades para las que era convocado. Cumplía con una jornada desde las 7:00
a. m. hasta las 12:00 m. y retomaba labores en la tarde hasta las 6:00 o 7:00 p. m.,
además de tener una alta carga laboral.
31.10.2.3. Álvaro Perdomo Olaya abogado litigante, fue trasladado a la base del
Departamento de Policía Cesar como coordinador del centro de eventos para la
construcción del auditorio de la Policía Nacional en el año 2000, al graduarse como
abogado en el año 2007 el mando institucional creó la oficina de asesoría jurídica
del departamento y lo designó como asesor jurídico. Conoció al actor desde el año
2003, quien asumió funciones en la oficina de negocios judiciales, y compartieron
oficina desde el año 2007.
31.10.2.3.1. El demandante se dedicaba a la defensa judicial de la Policía Nacional y,
adicionalmente, desempeñaba funciones de asesoría jurídica para el comando del
departamento; rendía conceptos, revisaba asuntos relacionados con contratación
estatal, especialmente en materia de sanidad, participaba en distintos comités
institucionales, entre ellos los de vidrios polarizados, evaluación y retiros por
falsedad documental, y atendía los requerimientos que le formulaban las diferentes
dependencias. Contaba con oficina y computador para el desarrollo de sus labores
y tenía secretaria; cuando tenía que asistir a audiencias, debía informar previamente
la salida.
31.10.2.3.2. Estaba sujeto a las órdenes impartidas por los comandantes, quienes
incluso le asignaban funciones mediante oficios escritos. El coronel «Pineda» le
exigía cumplir con un horario, debía presentarse desde las 7:00 a.m. y acudir
cuando fuera requerido, incluso en días no laborales, lo llamó un domingo y tuvo
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
que ausentarse de la actividad familiar que tenía en ese momento. Laboraba
habitualmente desde las 7:00 a. m., en ocasiones sin salir a almorzar, percibía una
remuneración mensual conforme con el monto asignado en el contrato. Una vez se
agotaban los recursos de cada vigencia, continuaba asistiendo diariamente a la
oficina durante 2 o 3 meses, mientras se suscribía el nuevo contrato, debido a que
era el único abogado encargado de la defensa judicial de la entidad. La carga laboral
era permanente; el contrato finalmente no le fue renovado por las diferencias que
surgieron con el coordinador nacional del área de defensa judicial, coronel Sierra
Chapeta.
2.4.2. Análisis sustancial del caso concreto
32. En el presente asunto, el demandante solicitó la nulidad de los oficios S-2016-
326394/ARPREGROIN-1.10 del 2 de diciembre de 2016 y S2017-010561 SEGEN-
ARJUR15.1 del 14 de enero de 2017. El primero tuvo por objeto remitir por
competencia la reclamación presentada por César Enrique Bolaño Mendoza al
Grupo de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional, mientras que el segundo resolvió
de fondo la petición y negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales reclamadas.
33. En ese contexto, la Sala advierte que el Oficio S-2016-326394/ARPREGROIN-
1.10 del 2 de diciembre de 2016 no constituye un acto administrativo definitivo
susceptible de control judicial autónomo, pues se limitó a disponer la remisión de la
petición a la dependencia que la entidad consideró competente para resolverla, sin
contener una decisión de fondo que creara, modificara o extinguiera una situación
jurídica particular del demandante, ni impedir la continuación del trámite
administrativo.
34. Por consiguiente, no resulta procedente efectuar un juicio de legalidad respecto
de dicho acto ni declarar su nulidad. En cambio, el Oficio S2017-010561 SEGEN-
ARJUR15.1 del 14 de enero de 2017 sí contiene una decisión definitiva frente a la
reclamación administrativa, en cuanto negó el reconocimiento de la relación laboral
y de las prestaciones sociales solicitadas, razón por la cual constituye el acto
susceptible de control judicial en el presente asunto.
35. Precisado lo anterior, el análisis se circunscribirá a establecer la legalidad de la
decisión contenida en este último acto.
2.4.2.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
36. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre César Enrique Bolaño
Mendoza y la Policía Nacional.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
37. Sin embargo, previo a abordar el análisis de los problemas jurídicos planteados,
conviene precisar que la ausencia de los contratos de prestación de servicios en el
acervo probatorio del expediente, no impide abordar el análisis del asunto puesto a
consideración en sede judicial, pues lo determinante es establecer, a partir del
conjunto del material probatorio obrante en el expediente, si se demostraron como
presupuestos la prestación personal del servicio, la subordinación y la
remuneración, sin que resulte exigible un medio de prueba específico para acreditar
tales elementos, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas.
38. En ese contexto, esta Sala ha descartado que la demostración de la prestación
de servicio dependa exclusivamente de los actos jurídicos que respaldan la
vinculación57, pues ello responde a una valoración probatoria propia de la tarifa
legal, que desconoce la facultad del juez de apreciar integralmente las pruebas
conforme con las reglas de la sana crítica. Esa restricción le resta autonomía al juez,
quien en ejercicio de la sana crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, han hecho uso las partes.
39. Lo anterior no desconoce que el contrato estatal es un instrumento de gestión
pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las necesidades de la
administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado 58, cuyo
perfeccionamiento exige solemnidad por escrito, de conformidad con los artículos
39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, esta Subsección ha señalado que esto
no justifica que se imponga el aporte al proceso judicial el aludido instrumento
jurídico como requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio59.
40. En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado
en un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no
es la existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la
prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que
esta se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación
por los servicios haya recibido una remuneración60.
57 Al respecto puede consultarse la sentencia del 9 de noviembre de 2023, radicado 23001-23-33-
000-2016-00569-01 (4318-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
59 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás
modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
60 Se insiste que estos requisitos se encuentran previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
41. Este criterio desarrolla el principio de primacía de la realidad sobre las formas
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual la relación con el
Estado se determina por las condiciones reales en que se ejecutó el servicio y no
por la denominación o existencia del instrumento jurídico que la formalizó. En otras
palabras, la Sala ha reiterado que la determinación de la relación de una persona
con el Estado, en ejercicio de funciones públicas, no depende del acto jurídico que
formaliza la vinculación, sino de las condiciones en las que realmente se desarrolló
la prestación del servicio61.
42. Así, en el asunto que se analiza, la Sala encuentra que los certificados expedidos
por las autoridades de la Policía Nacional, así como los oficios, actas y correos que
se detallaron en el acápite anterior, resultan útiles para dar cuenta de la prestación
de los servicios del demandante, pues gozan de la presunción de autenticidad a la
que alude el artículo 244 del CGP, por tratarse de documentos emitidos por un
servidor público. En igual sentido lo dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de
201262 al eliminar la exigencia de autenticar los documentos producidos por las
autoridades públicas. Además, no fueron tachados de falsos por la entidad esto es,
no fueron cuestionados en su contenido ni autenticidad.
43. En todo caso, solo podrán tenerse acreditados los periodos que cuenten con
respaldo probatorio en el expediente. En tal sentido, es necesario ahondar en el
análisis de cada uno de los periodos acreditados a partir de los documentos
referidos en líneas anteriores a efectos de establecer los extremos temporales.
2.4.2.2. Prestación personal del servicio
44. La Sala encuentra acreditado que César Enrique Bolaño Mendoza prestó
personalmente sus servicios profesionales como abogado a la Policía Nacional
entre el 16 de julio de 2003 y el 12 de febrero de 2013 con algunos intervalos63,
inicialmente en la oficina de negocios judiciales y, posteriormente, en la unidad de
defensa judicial, en virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados
durante ese período.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo que: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó: […] La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que
une a un funcionario con la administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o
modalidades del acto a través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales.
Por ende, puede haberse vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de
trabajo, pero si las normas que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar
el empleado pueda ser cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado
como trabajador oficial […].
62 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública».
63 Según las fechas de suscripción de los contratos certificadas por la entidad y el plazo de ejecución
informado.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
45. En efecto, los contratos celebrados, las certificaciones expedidas por la entidad,
los oficios mediante los cuales se le asignaron funciones, las actas de la unidad de
defensa judicial, las instrucciones impartidas por sus superiores y los demás
documentos obrantes en el expediente evidencian que el demandante ejecutó
directamente las actividades encomendadas, relacionadas con la defensa judicial y
extrajudicial de la Policía Nacional, la elaboración de conceptos jurídicos, la atención
de procesos judiciales, la participación en comités institucionales, la revisión de
asuntos contractuales, la capacitación de personal y las demás funciones que le
fueron asignadas.
46. Lo anterior se encuentra corroborado por el interrogatorio de parte y los
testimonios recaudados, los cuales coinciden en señalar que el actor desarrollaba
personalmente esas actividades, asistía a las dependencias de la Policía Nacional,
participaba en reuniones, audiencias y comités institucionales y atendía de manera
directa los asuntos jurídicos que le eran encomendados, sin que exista prueba de
que pudiera sustituir o delegar la ejecución de tales funciones en un tercero.
47. En consecuencia, la Sala concluye que el elemento de la prestación personal del
servicio se encuentra plenamente acreditado durante los períodos demostrados en
el proceso.
2.4.2.3. Remuneración
48. Este elemento, también se encuentra acreditado. En efecto, las certificaciones
expedidas por la tesorera del Departamento de Policía Cesar, demuestran que
César Enrique Bolaño Mendoza percibió una contraprestación económica por los
servicios que prestó a la Policía Nacional. En particular, para los años 2012 y 2013
recibió una asignación mensual de $3.615.283 y $3.827.411, respectivamente, sin
que la denominación de dicho pago como « honorarios» desvirtúe que correspondía
a la remuneración por la actividad desarrollada.
49. Valoradas en conjunto las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el
expediente, la Sala concluye que César Enrique Bolaño Mendoza prestó sus
servicios bajo continuadas condiciones de subordinación y dependencia respecto
de la Policía Nacional, pues no ejecutó las actividades contratadas con la autonomía
propia de un contratista independiente. Lo anterior se acreditó con la asignación
permanente de funciones por parte de los superiores de la institución, la
incorporación del demandante a la estructura funcional de la unidad de defensa
judicial, la sujeción a órdenes y horarios, así como la disponibilidad permanente que
mantuvo para atender las necesidades del servicio:
50. En primer lugar, la prueba documental demostró que el demandante no se limitó
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
a representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, sino que recibió de manera
permanente funciones específicas impartidas por el comandante del departamento,
el jefe del área de defensa judicial, la jefe de la unidad de defensa judicial y otros
jefes de dependencia mediante oficios, comunicaciones y actas. Entre los años
2003 y 2013 le asignaron actividades relacionadas con la capacitación del personal
uniformado, la elaboración de conceptos jurídicos, la atención de requerimientos
formulados por autoridades judiciales y administrativas, la preparación de informes
institucionales, la atención de auditorías adelantadas por la Contraloría General de
la República, la evaluación jurídica de procesos de contratación y otras labores
propias de la defensa judicial.
51. Esa circunstancia se reforzó con las actas de la unidad de defensa judicial
correspondientes a los años 2012 y 2013. En ellas se hizo constar que la jefe de
esa dependencia impartió instrucciones generales y delegó funciones específicas y
responsabilidades internas a los abogados de la unidad. En particular, le asignó al
actor funciones relacionadas con la sustanciación de procesos, la formulación de
estrategias de prevención del daño antijurídico, la elaboración de estudios, informes
y estadísticas, el registro obligatorio de información en el aplicativo SIJUR, la
asistencia a audiencias, la formulación de propuestas para el comité de conciliación
y defensa judicial y múltiples actividades adicionales propias de esa dependencia.
52. Tales documentos también demostraron que el demandante se incorporó al
funcionamiento ordinario de la unidad de defensa judicial. En efecto, debió cumplir
con las directrices previstas en la Resolución 00146 del 31 de enero de 2011,
mediante la cual, se estableció la estructura orgánica de la Secretaría General de la
Policía Nacional y se definieron las funciones de las unidades de defensa judicial,
asistir a las reuniones convocadas por la dependencia, presentar informes
periódicos, atender los requerimientos formulados por la jefatura, mantener
actualizada la información del aplicativo SIJUR, coordinar actuaciones con otras
dependencias y asumir funciones de la jefe de la unidad cuando esta se ausentó.
Además, se le impuso expresamente cumplir con el horario de trabajo de los demás
funcionarios y mantener comunicación permanente con el jefe de la unidad.
53. Las comunicaciones institucionales corroboraron esa integración funcional, pues
el demandante asistió a seminarios, capacitaciones, videoconferencias
institucionales, jornadas de actualización sobre el aplicativo SIJUR y actividades de
socialización de procesos y procedimientos institucionales. Asimismo, fue incluido
dentro de los turnos de permisos especiales y vacaciones autorizados para el
personal de las unidades de defensa judicial, incluidos los abogados litigantes.
54. Las anteriores circunstancias encuentran respaldo en el interrogatorio de parte y
en los testimonios de Diannis María Gutiérrez Velásquez, Plácido Alberto
Castellanos Hincapié y Álvaro Perdomo Olaya. Aunque cada uno conoció al
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
demandante en momentos distintos entre los años 2002 y 2013, sus declaraciones
resultaron coincidentes respecto de las condiciones en las que prestó sus servicios
y coincidieron con la prueba documental obrante en el expediente.
55. El demandante manifestó que, además de las funciones previstas en el objeto
contractual, cumplió múltiples actividades por instrucciones permanentes del
comandante del departamento, entre ellas ejercer como asesor jurídico, proyectar
respuestas a peticiones, analizar resoluciones, participar en comités y revisar
previamente asuntos sobre los cuales el comandante debía dar el visto bueno antes
de adoptar decisiones. Igualmente, afirmó que había continuado asistiendo
diariamente a la oficina durante los períodos comprendidos entre la terminación de
un contrato y la suscripción del siguiente.
56. Diannis María Gutiérrez Velásquez declaró que el actor había recibido órdenes
del personal uniformado, revisó los pliegos de condiciones y los contratos por
instrucción del comandante del departamento, cumplió jornadas de lunes a viernes,
en ocasiones hasta la noche, presentó informes para el pago de sus honorarios y
continuó prestando asesoría jurídica entre un contrato y otro mientras la entidad
formalizaba la nueva contratación.
57. Plácido Alberto Castellanos Hincapié afirmó que el demandante estuvo a cargo
de la oficina de negocios judiciales, posteriormente unidad de defensa judicial;
integró distintos comités institucionales; asistió permanentemente a las reuniones
convocadas por la institución; cumplió con una jornada aproximada entre las 7:00
a. m. y las 6:00 o 7:00 p. m.; y asumió una alta carga laboral.
58. Álvaro Perdomo Olaya corroboró que el actor había prestado asesoría jurídica al
comando del departamento, emitió conceptos, revisó procesos contractuales,
participó en distintos comités institucionales y utilizó oficina, secretaria y computador
suministrados por la entidad. También manifestó que había recibido órdenes
impartidas por el comandante del departamento, cumplió horario desde las 7:00 a.
m., informó previamente cuando debía ausentarse para asistir a audiencias y
continuó asistiendo diariamente a la oficina entre la terminación de un contrato y la
suscripción del siguiente.
59. Las circunstancias acreditadas evidencian que César Enrique Bolaño Mendoza
prestó sus servicios de manera permanente en las dependencias de la entidad, con
los recursos suministrados por esta, dentro de jornadas previamente establecidas,
bajo la dirección del comandante de la unidad y en cumplimiento de instrucciones
relacionadas con la prestación del servicio. Tales condiciones desbordan el ámbito
propio de la coordinación contractual y evidencian que la administración disponía
de su fuerza de trabajo en condiciones incompatibles con la autonomía propia de
un contratista independiente.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
60. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»64.
61. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, éste cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»65.
62. Ahora bien, es preciso señalar que, pese a que los contratos de prestación de
servicios no fueron allegados al expediente, las obligaciones y actividades
identificadas por la Sala se extraen de los demás elementos de juicio incorporados
al plenario, que permiten establecer las condiciones en que efectivamente se
desarrolló la prestación del servicio.
63. Pues bien en este asunto se acreditó el ejercicio de la labor en forma
subordinada, pues aun cuando las actividades desarrolladas por el demandante
estaban relacionadas con el ejercicio de una profesión liberal y, en ese sentido, la
labor contratada suponía el ejercicio de conocimientos científicos o especializados
que descansan en la autonomía técnica e intelectual del profesional, la
administración desbordó el ámbito propio de la coordinación contractual e invadió la
esfera de autonomía técnica del profesional, sustituyendo su labor independiente
por el ejercicio continuado del poder subordinante, pues impuso de manera
permanente cómo debían ejecutarse, lo que en términos de esta Subsección66
constituye un mandato de dirección modal, esto es, el poder de dirección
subordinante se ejerció respecto de las condiciones de su ejecución 67.
64. Bajo esa perspectiva, las circunstancias acreditadas en el expediente desbordan
el ámbito propio de la coordinación contractual. El demandante desarrollaba las
actividades asignadas por la entidad y además, estaba sujeto a horarios y turnos
previamente establecidos, recibía órdenes del comandante de la unidad, debía
64 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y sentencia
del 30 de mayo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2017-01673-01 (5052-2022) C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
65 Ibidem.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2026; radicado
68001233300020170002101 (0975-2023), MP Elizabeth Becerra Cornejo.
67 Fallo CSJ SL1439-2021.
30
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
solicitar autorización para ausentarse del servicio, desarrollaba sus funciones en las
instalaciones de la institución y utilizaba los medios dispuestos por esta para la
prestación del servicio, lo que evidencia una auténtica relación de dependencia.
65. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de defensa judicial,
esencial para la protección del patrimonio del Estado y los recursos de los
ciudadanos. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado el demandante no es un argumento que
enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
66. Finalmente, no pasa por alto la Sala que el demandante aceptó libre y
voluntariamente las condiciones previstas en los contratos de prestación de
servicios. Sin embargo, tal circunstancia resulta irrelevante frente a la configuración
de la relación laboral, pues como lo ha señalado esta corporación «ni aún el
consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el trabajador renuncie
a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»68, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.
67. Así las cosas, se encuentra acreditada la subordinación y, los demás elementos
de la relación laboral. En consecuencia, la vinculación mediante contratos de
prestación de servicios constituyó un mecanismo para encubrir una verdadera
relación laboral, razón por la cual se impone revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, declarar la existencia del vínculo laboral entre César Enrique Bolaño Mendoza
y la Policía Nacional Departamento Cesar.
2.4.2.4. En torno a la prescripción de los derechos
en litigio
68. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
69. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación69 dispuso que:
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: Sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
31
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
«[…] 150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse […]».
70. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales […]».
71. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
32
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
72. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»70.
73. En ese orden y conforme con la jurisprudencia unificada de esta Sección, la tesis
aplicable es que el parámetro de 30 días hábiles constituye un criterio orientador
para que el juez determine, a partir de las circunstancias probadas en cada caso, si
existió o no solución de continuidad; sin embargo, cuando las interrupciones
superan dicho umbral y no se acreditan los elementos que demuestren la
persistencia material o ininterrumpida de la prestación del servicio bajo las mismas
condiciones o una situación que justifique esas interrupciones, tales lapsos
adquieren la entidad suficiente para configurar la ruptura del vínculo con efectos
exclusivamente prescriptivos, lo que obliga a contabilizar el término trienal de
manera independiente desde la finalización de cada periodo contractual.
74. Ahora bien, aunque en el expediente no obran los contratos de prestación de
servicios, la certificación expedida por la Policía Nacional permite establecer la
fecha de suscripción y el plazo de ejecución de cada uno. En consecuencia, para
efectos de determinar los períodos acreditados, la Sala tomará como fecha inicial la
de suscripción de cada contrato y, como fecha final, la que resulte de adicionar el
respectivo plazo de ejecución certificado por la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de
la valoración conjunta de las demás pruebas que permitan establecer la continuidad
en la prestación de los servicios.
75. Pues bien, con fundamento en los lapsos contractuales, se advierten las
siguientes interrupciones en días hábiles con la correlativa fecha máxima para
presentar la reclamación en sede administrativa por cada periodo:
70 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
33
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Interrupción71 (entre la
Días hábiles Término de
Duración terminación del contrato y
# Contrato de prescripción
el inicio del siguiente)
interrupción
Desde Hasta Desde Hasta Hasta
23-7-10395 23 de
16 de enero de 17 de enero
1 (6 meses) 16 de julio de 2002 febrero de 26 N/A
2003 de 2003
2003
23-7-10045 25 de
24 de febrero de 24 de diciembre de 1 de febrero
2 (10 meses) diciembre 24 N/A
2003 2003 de 2004
de 2003
23-7-10001 3 de
2 de febrero de 2 de diciembre de 6 de febrero 2 de diciembre
3 (10 meses) diciembre 44
2004 2004 de 2005 de 2007
de 2004
23-7-10001 7 de febrero de 7 de enero de 8 de enero 25 de enero
4 12 N/A
(11 meses) 2005 2006 de 2006 de 2006
23-7-10026 26 de enero de 27 de julio 8 de febrero 26 de julio de
5 26 de julio de 2006 132
(6 meses) 2006 de 2006 de 2007 2009
23-7-10004 9 de febrero de 9 de enero de 10 de enero 6 de marzo 9 de enero de
6 42
(11 meses) 2007 2008 de 2008 de 2008 2011
23-7-10010 7 de marzo de 7 de enero de 8 de enero 4 de marzo 7 de enero de
7 38
(10 meses) 2008 2009 de 2009 de 2009 2012
23-7-10008 5 de marzo de 5 de enero de 6 de enero 21 de julio 5 de enero de
8 132
(10 meses) 2009 2010 de 2010 de 2010 2013
23-7-10040 23 de
22 de diciembre de 1 de febrero
9 (5 meses) 22 de julio de 2010 diciembre 27 N/A
2010 de 2011
de 2010
23-7-10005 3 de 2 de diciembre
2 de febrero de 2 de diciembre de 1 de febrero
10 (10 meses) diciembre 41 de 2014
2011 2011 de 2012
de 2011
23-7-10001 3 de 2 de diciembre
2 de febrero de 2 de diciembre de 1 de febrero
11 (10 meses) diciembre 42 de 2015
2012 2012 de 2013
de 2012
23-7-10001 12 de febrero de 12 de diciembre de 2 de diciembre
12
(10 meses) 2013 2013 de 2016
76. De lo anterior se concluye que entre los contratos suscritos por César Enrique
Bolaño Mendoza y la Policía Nacional existieron 7 interrupciones superiores a 30
días hábiles: i) entre el contrato 23-7-10001, finalizado el 2 de diciembre de 2004, y
el contrato 23-7-10001, iniciado el 7 de febrero de 2005, por un lapso de 44 días
hábiles; ii) entre el contrato 23-7-10026, finalizado el 26 de julio de 2006, y el
contrato 23-7-10004, iniciado el 9 de febrero de 2007, por un lapso de 132 días
hábiles; iii) entre el contrato 23-7-10004, finalizado el 9 de enero de 2008, y el
contrato 23-7-10004, iniciado el 7 de marzo de 2008, por un lapso de 42 días
hábiles; iv) entre el contrato 23-7-10004, finalizado el 7 de enero de 2009, y el
contrato 23-7-10010, iniciado el 5 de marzo de 2009, por un lapso de 38 días
hábiles; v) entre el contrato 23-7-10010, finalizado el 5 de enero de 2010, y el
contrato 23-7-10004, iniciado el 22 de julio de 2010, por un lapso de 132 días
hábiles; vi) entre el contrato 23-7-10005, finalizado el 2 de diciembre de 2011, y el
contrato 23-7-10001, iniciado el 2 de febrero de 2012, por un lapso de 41 días
hábiles; y vii) entre el contrato 23-7-10001, finalizado el 2 de diciembre de 2012, y
el contrato 23-7-10001, iniciado el 12 de febrero de 2013, por un lapso de 42 días
hábiles.
77. No pasa por alto la Sala que, tanto en el interrogatorio de parte como en los
testimonios de Diannis María Gutiérrez Velásquez y Álvaro Perdomo Olaya, se
afirmó que el demandante continuó asistiendo a las instalaciones de la Policía
Nacional y prestando apoyo jurídico durante algunos lapsos comprendidos entre la
71 La interrupción corresponde al lapso transcurrido entre la finalización del contrato relacionado en
cada fila y el inicio del contrato inmediatamente siguiente.
34
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
terminación de un contrato y la suscripción del siguiente. Sin embargo, esas
declaraciones coincidieron en señalar que tales actividades no fueron objeto de
remuneración mientras se formalizaba la nueva contratación.
78. En esas condiciones, aun cuando esa circunstancia constituye un indicio de la
continuidad material del servicio, no resulta suficiente para tener por acreditada,
respecto de esos intervalos, la configuración de todos los elementos de la relación
laboral, pues no se demostró que existiera una contraprestación económica durante
dichos lapsos. Por ello, la Sala tomará como períodos acreditados únicamente
aquellos respaldados por la certificación expedida por la entidad, sin perjuicio de
valorar tales declaraciones como elemento demostrativo de las condiciones en las
que se ejecutaron los contratos efectivamente acreditados.
79. A partir de lo anterior, y habida cuenta que César Enrique Bolaño Mendoza
presentó la reclamación administrativa ante la Policía Nacional el 9 de mayo de
2016, la prescripción de los derechos prestacionales deberá analizarse de manera
independiente respecto de cada uno de los períodos acreditados. En ese sentido,
las 7 interrupciones superiores a 30 días hábiles rompieron la unidad de la relación
laboral para efectos de la prescripción, por lo que únicamente podrán reconocerse
las prestaciones sociales causadas dentro de los 3 años anteriores a la reclamación
administrativa en cada uno de los períodos no afectados por la prescripción.
80. En consecuencia, hay lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales derivadas de la relación laboral declarada únicamente respecto del período
comprendido entre el 12 de febrero y el 12 de diciembre de 2013. No obstante, en
virtud del carácter imprescriptible de los aportes al sistema general de pensiones, la
entidad deberá efectuar las cotizaciones correspondientes por todo el tiempo
efectivamente laborado por el demandante al servicio de la Policía Nacional, sin que
la prescripción de las prestaciones sociales afecte dicha obligación, esto es, durante
los períodos comprendidos entre el 16 de julio de 2002 y el 16 de enero de 2003;
del 24 de febrero al 24 de diciembre de 2003; del 2 de febrero al 2 de diciembre de
2004; del 7 de febrero de 2005 al 7 de enero de 2006; del 26 de enero al 26 de julio
de 2006; del 9 de febrero de 2007 al 9 de enero de 2008; del 7 de marzo de 2008 al
7 de enero de 2009; del 5 de marzo de 2009 al 5 de enero de 2010; del 22 de julio
al 22 de diciembre de 2010; del 2 de febrero al 2 de diciembre de 2011; del 2 de
febrero al 12 de diciembre de 2012; y del 2 de febrero al 12 de diciembre de 2013.
2.4.2.6. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
81. Por lo analizado, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle. Esas prestaciones corresponden, en criterio de esta
35
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
corporación, a aquellas que están a cargo del empleador y que eran percibidas por
los empleados de la planta de personal del Departamento de Policía Cesar. En
efecto, la jurisprudencia ha diferenciado entre las prestaciones que tenía a cargo
exclusivamente el empleador y aquellas que se prestan o reconocen de forma
dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral; esto es se trata de una
clasificación de las prestaciones sociales sobre la base de quién debía asumirlas72.
82. Entre las que tiene a cargo directamente el empleador se encuentran las
ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las
prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad
Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio
familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una
cotización. En el caso de los sistemas de riesgos profesionales y de subsidio
familiar, las cotizaciones las debe realizar el empleador; y en el caso de cotizaciones
a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por el empleador y el empleado
en forma compartida según los porcentajes establecidos en la ley para cada caso.
83. Ahora bien, se resalta que, tal y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero
de 201673, los honorarios son el criterio imperante únicamente cuando el cargo
desempeñado por el contratista no exista en la planta de personal, pues en razón
de la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la deuda. Esto se señaló en aquella oportunidad.
«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta74, o cuando los honorarios pactados
72 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-2010), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
74 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
36
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas75.
En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.
En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios». [Se resalta].
76
84. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén77», esto es, por la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.
85. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deberían liquidarse en consideración al salario de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no
existir, con base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de
igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales78 frente al cual la Corte Constitucional ha
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
76 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
77 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,
artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
78 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
37
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas79.
86. Si bien se ha sostenido que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente
de un contrato de prestación de servicio no puede otorgar al accionante la calidad de
empleado público»80, esto no impide que se reconozcan las prestaciones laborales
reclamadas en virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario igual» sobre la
base de lo devengado por los empleados de planta.
87. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por César Enrique Bolaño Mendoza debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas, con el fin de proteger los principios de igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; y la primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales81, ante la
necesaria proporcionalidad que debe existir entre el servicio y su remuneración,
«puesto que ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa
de la relación laboral»82.
88. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales83 en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.
89. En efecto situaciones como las expuestas en el sub judice plantean un dilema
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
79 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
80 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
81 Artículo 53 de la Constitución Política.
82 Sentencia T-102 de 1995.
83 Artículo 53 de la Constitución Política.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que los
de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»84.
90. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
91. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
92. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
93. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales, en igualdad de condiciones del cargo de la entidad que
desarrollaba iguales funciones a las suyas, siempre que se acredite la existencia
del cargo, pues en caso de no hacerlo, deberá acudirse como base de liquidación
de las prestaciones al valor de los honorarios.
94. Las diferencias salariales y prestacionales reconocidas a favor del demandante
deberán actualizarse con el fin de preservar su poder adquisitivo. Para tal efecto, la
entidad aplicará la fórmula utilizada de manera reiterada por esta Corporación: R =
Rh × IPC Final / IPC Inicial; en la que el valor presente (R) se determina multiplicando
el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice de precios al
consumidor vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia o de pago efectivo
(IPC final) entre el índice vigente para la fecha en que cada obligación se hizo
exigible (IPC inicial). Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la
84 Sentencia T-102 de 1995.
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
actualización deberá efectuarse separadamente respecto de cada una de las sumas
adeudadas.
95. Finalmente, no prosperan las demás pretensiones de la demanda. En particular,
no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria ni de las demás
sanciones reclamadas, toda vez que la existencia de la relación laboral y los
derechos derivados de ella constituyeron un asunto sometido a debate judicial, de
manera que solo con la presente decisión se define la obligación a cargo de la
entidad, circunstancia que excluye la configuración de la mora en el pago de tales
acreencias.
2.5. Costas
96. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
97. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
98. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma85.
99. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
100. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
85En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.
3. Conclusión
101. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la existencia de
una relación laboral entre César Enrique Bolaño Mendoza y Departamento de
Policía Cesar, durante los períodos comprendidos entre el 16 de julio de 2002 y el
12 de diciembre de 2013, salvo las interrupciones.
102. No obstante, las prestaciones sociales derivadas de los períodos finalizados
antes del 2 de febrero de 2012 se extinguieron por efecto del fenómeno de la
prescripción, en razón de las interrupciones superiores a 30 días hábiles
acreditadas, sin perjuicio del cómputo de dichos períodos para efectos pensionales,
por la naturaleza imprescriptible de los aportes al sistema general de pensiones.
103. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de la relación laboral por el periodo no prescrito, es
decir, del 12 de febrero al 12 de diciembre de 2013; así como a la reliquidación de
los aportes al sistema general de pensiones por todo el tiempo efectivamente
laborado al servicio Departamento de Policía Cesar.
104. Para la liquidación de las prestaciones sociales y de los aportes al sistema
general de pensiones se tomará como base la remuneración devengada por un
empleado de planta que desempeñara iguales funciones a las ejecutadas por el
demandante y, únicamente en caso de no acreditarse la existencia de dicho cargo,
se acudirá a los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Las diferencias salariales y prestacionales reconocidas deberán indexarse desde la
fecha en que cada una se hizo exigible y hasta su pago efectivo, en los términos
expuestos en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda
promovida por César Enrique Bolaño Mendoza contra la nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional. En su lugar, se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio S2017-010561 SEGEN-ARJUR15.1 del 14
de enero de 2017, por medio del cual la Policía Nacional negó el reconocimiento de
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Radicado: 20001-23-39-000-2017-00219-01 (1459-2022)
Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas
de ella.
Tercero. Declarar que entre César Enrique Bolaño Mendoza y el Departamento de
Policía Cesar existió una relación laboral durante los períodos comprendidos entre
el 16 de julio de 2002 y el 12 de diciembre de 2013, salvo las interrupciones
acreditadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional a reconocer y pagar a favor de César Enrique Bolaño
Mendoza:
a) Las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral declarada, únicamente
respecto del período no afectado por la prescripción, esto es, entre el 12 de febrero
y el 12 de diciembre de 2013.
b) La indexación de las sumas reconocidas, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
Quinto. Ordenar a la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional reliquidar y
efectuar los aportes al Sistema General de Pensiones por todo el tiempo
efectivamente laborado por el demandante al servicio del Departamento de Policía
Cesar, correspondiente a los siguientes períodos: entre el 16 de julio de 2002 y el
16 de enero de 2003; del 24 de febrero al 24 de diciembre de 2003; del 2 de febrero
al 2 de diciembre de 2004; del 7 de febrero de 2005 al 7 de enero de 2006; del 26
de enero al 26 de julio de 2006; del 9 de febrero de 2007 al 9 de enero de 2008; del
7 de marzo de 2008 al 7 de enero de 2009; del 5 de marzo de 2009 al 5 de enero
de 2010; del 22 de julio al 22 de diciembre de 2010; del 2 de febrero al 2 de diciembre
de 2011; del 2 de febrero al 12 de diciembre de 2012; y del 2 de febrero al 12 de
diciembre de 2013.
Para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes al Sistema General de
Pensiones deberá tomarse como base la remuneración devengada por un
empleado de planta que desempeñara iguales funciones a las ejecutadas por el
demandante y, únicamente en caso de no acreditarse la existencia de dicho cargo,
se acudirá a los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda, en especial las relacionadas
con la devolución de las garantías, impuestos y retenciones asumidos por el actor,
la indemnización moratoria y las demás sanciones reclamadas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
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Demandante: Cesar Enrique Bolaño Mendoza
Octavo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Noveno. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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