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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00569-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00569-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales primero a sexto de la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, y en su lugar se dispone: Primero. Declarar la nulidad parcial del acto ficto por medio del cual el municipio de Santa Cruz de Lorica negó la existencia de una relación laboral entre las partes y el consecuente pago de las prestaciones reclamadas. Como consecuencia de lo anterior, y en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, declarar que entre las partes existió una relación laboral encubierta por los periodos comprendidos entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, salvo sus interrupciones. Segundo. Declarar que el tiempo laborado por Lucio Antonio Arteaga Jiménez al servicio del municipio de Santa Cruz de Lorica, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, se debe computar para efectos pensionales, salvo sus interrupciones. Tercero. Declarar configurado el fenómeno de prescripción extintiva de los derechos laborales acaecidos en virtud de la declaratoria de existencia del vínculo laboral reconocido en esta providencia a excepción de los aportes a la seguridad social en pensión y las cesantías, por lo expuesto en esta decisión. Cuarto: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica, al pago de los aportes a la seguridad social en pensiones, en la forma dispuesta en la parte motiva de este proveído. Suma que deberá ser actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA. Igualmente, condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica, al pago de las cesantías por los periodos reconocidos en esta decisión. Suma que deberá ser actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA. Quinto. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 209 del 1° de septiembre de 2014 expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Santa Cruz de Lorica en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2016-00569-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Santa
Cruz de Lorica

Tema: Relación laboral encubierta. Prueba de la prestación personal
del servicio. Prescripción de las cesantías. Reliquidación
pensional. Fecha de adquisición del estatus. Prescripción de las
mesadas pensionales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Lucio Antonio Arteaga Jiménez presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 209 del
1° de septiembre de 2014, por medio de la cual la Secretaría de Educación de
Santa Cruz de Lorica le reconoció una pensión de jubilación; y la nulidad total del
acto ficto que se produjo por la omisión de respuesta a la petición presentada el 13
de abril de 2015, por medio del cual se le negó la existencia de una relación
laboral y el reconocimiento de las nivelaciones salariales y prestaciones sociales
que se derivaran de ella.

1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se declarara que entre Lucio Antonio Arteaga Jiménez y el municipio
de Lorica existió una relación laboral en el periodo comprendido entre el 1° de
febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995; ii) se condenara a la entidad
territorial a pagar todas las prestaciones sociales y nivelaciones salariales
adeudadas durante el tiempo que trabajó como docente mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios; iii) se ordenara al municipio efectuar los
respectivos aportes a pensión; iv) se reliquidara la pensión de jubilación
reconocida, a efectos de tener como fecha de adquisición del estatus el 13 de
diciembre de 2010 y no el 7 de julio de 2013, v) se incluyeran todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios; y vi) se condenara al pago de
intereses moratorios, costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Lucio Antonio Arteaga Jiménez nació el 13 de diciembre de 1955; se desempeñó
como docente nombrado por la Gobernación de Córdoba desde el 18 de marzo de
1981 hasta el 15 de marzo de 1983. Luego se vinculó al municipio de Santa Cruz
de Lorica a través de contratos de prestación de servicios desde el 1° de febrero
de 1990 hasta el 20 de noviembre de 1995, como docente de tiempo completo en
el nivel básica primaria en la escuela nueva de la vereda Bollo Seco; a partir de
esta fecha fue nombrado en propiedad en igual cargo en virtud del Decreto 2279
de 1979, en el cual ha permanecido hasta la actualidad.

• El municipio de Santa Cruz de Lorica le adeuda todas las prestaciones y
nivelaciones salariales derivadas de los tiempos laborados como docente al
servicio de la educación municipal bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios.

• A través de la Resolución 209 del 1° de septiembre de 2014 le fue reconocida
una pensión de jubilación con efectos fiscales a partir del 7 de julio de 2013, sin
que le fueran tenidos en cuenta los tiempos laborados entre el 1° de febrero de
1990 y el 20 de noviembre de 1995 ni la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus, ya
que las primas de navidad y de vacaciones deben tenerse en cuenta para calcular
el monto de la pensión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29, 53 y 83 de la Constitución
Política; 2 del Decreto 2277 de 1979; y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

• Los actos demandados desconocieron la jurisprudencia de las altas cortes,
según las cuales, la actividad docente no puede desempeñarse bajo la modalidad
de prestación de servicios contractuales, toda vez que para estos servidores la
subordinación y dependencia se encuentran implícitas en la labor que desarrollan,
es decir, que son consustanciales al ejercicio docente.

• Se vulneró su derecho a la igualdad frente a los demás docentes nombrados en
el año 2000, toda vez que en virtud de un acuerdo conciliatorio se les reconoció la
existencia de la relación laboral y se les pagaron todas las prestaciones y
nivelaciones salariales adeudadas.

• De acuerdo con la constancia expedida el 28 de junio de 2010, el demandante
laboró en la alcaldía del municipio demandado en el cargo de docente desde el 1°
de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1995, tiempo que debió tenerse
en cuenta al expedir la Resolución 209 de 2014, a través de la cual se efectuó el
reconocimiento pensional, razón por la cual debió pensionarse el 13 de diciembre
de 2010 -fecha en que cumplió 55 años de edad y contaba con más de 20 años de
servicio- y no el 7 de julio de 2013, como se hizo en la resolución acusada.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Ministerio de Educación, Fomag, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en que la liquidación de la pensión se realiza de
acuerdo con los factores por los cuales se efectuaron los aportes y lo cierto es que
estos no se hicieron frente a los emolumentos reclamados4. Solicitó que se
vinculara a la Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de litisconsorte necesario al
ser vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag y en atención a lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2831 de 20055.

3 Folios 1 a 12.
4 Folios 44 a 58.
5 Esta solicitud fue negada mediante auto del 24 de abril de 2018. En este se señaló que el
reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas, está a cargo del Fomag, representado por
el Ministerio de Educación y que a la Fiduciaria La Previsora lo que le corresponde es pagar el
valor de las prestaciones reconocidas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 91 de
1989; de manera que la entidad fiduciaria «no tiene carácter administrativo que haga posible
reconocer el derecho que pretende la actora (sic)». Folios 96 a 98.

3

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud de la demanda; ii) «no agotamiento
de la vía gubernativa»; iii) inexistencia de la obligación; iv) cobro de lo no debido;
v) prescripción; vi) falta de legitimidad en la causa por pasiva; vii) compensación; y
viii) la genérica o innominada.

1.2.2. La Secretaría de Educación de Santa Cruz de Lorica presentó escrito de
contestación de la demanda en forma extemporánea6.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia proferida el 25 de marzo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: Declárese la nulidad parcial del oficio sin número y fecha, recibido por el
actor el 13 de abril de 2015, por medio del cual el municipio de Lorica negó la
existencia de una realidad (sic) laboral entre las partes y consecuentemente negó el
pago de las prestaciones reclamadas. En virtud del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, declárese que entre las partes existió una relación laboral entre los
periodos comprendidos entre el 1° de febrero al 30 de noviembre de 1994 y entre el 1°
de febrero al 20 de noviembre de 1995.

SEGUNDO: Declárese que el tiempo laborado por el señor Lucio Antonio Arteaga
Jiménez al servicio del municipio de Lorica, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios entre el 1° de febrero al 30 de noviembre de 1994 y entre el 1°
de febrero al 20 de noviembre de 1995, se debe computar para efectos pensionales.

TERCERO: Declárese configurado el fenómeno de prescripción extintiva de la
totalidad de los derechos laborales acaecidos en virtud de la declaratoria de existencia
del vínculo laboral reconocido en esta providencia a excepción de los aportes a la
seguridad social en pensión.

CUARTO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condénese al
municipio de Lorica, de ser procedente al pago de los aportes a la seguridad social en
pensiones, conforme a lo dicho y en la forma dispuesta en la parte motiva de este
proveído. Suma que deberá ser actualizada de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 del CPACA, aplicando la fórmula expuesta en la parte motiva.

QUINTO: Declárese la nulidad parcial de la Resolución No. 209 del 1° de septiembre
de 2014 expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Santa Cruz de
Lorica en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

SEXTO: A título de restablecimiento del derecho, ordénese al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a reliquidar la pensión mensual de jubilación
reconocida al señor Lucio Antonio Arteaga Jiménez a partir del 23 de abril de 2011,

6 Así se indicó en la audiencia inicial celebrada el 24 de abril de 2018. Folios 107 a 111.

4

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

teniendo en cuenta como factor la asignación básica, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia y se reconozca el retroactivo de las mesadas
causadas entre el 13 de abril de 2012 y el 13 de diciembre de 2012, por prescripción
trienal, conforme se motivó.

De igual manera, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá
conminar al municipio de Santa Cruz de Lorica a efectos de que realice los aportes no
efectuados por el periodo en que el señor Lucio Antonio Arteaga Jiménez se
desempeñó como docente bajo la figura de contratos de prestación de servicios.

SEPTIMO: Las sumas resultantes en favor de la demandante se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

OCTAVO: Dese cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo
192 del CPACA.

NOVENO: Deniéguese las demás pretensiones de la demanda.

DECIMO: Abstenerse de imponer condena en costas, según lo expuesto en la parte
motiva».

Para tal efecto se pronunció en estos términos7:

• La acumulación de las pretensiones es procedente, pues la solicitud de
reconocimiento de la existencia de una relación laboral durante el tiempo en que
se desempeñó como docente bajo la modalidad de prestación de servicios fue
previamente solicitada al municipio de Lorica, ante la cual, a su vez [por ser la
vocera legal del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio] se solicitó la
inclusión de dicho lapso para efectos de reconocimiento pensional. De modo que
se dio cumplimiento al requisito de procedibilidad y se convocó a las mencionadas
entidades al sub examine.

• A través de los respectivos actos jurídicos, se demostró que Lucio Antonio
Arteaga Jiménez prestó sus servicios mediante un vínculo contractual con el
municipio de Lorica, dentro de los siguientes periodos: del 1° de febrero al 30 de
noviembre de 1994 y del 1° de febrero al 20 de noviembre de 1995. Comoquiera
que se trató de contratos estatales, para su existencia era necesario que
constaran por escrito, lo que de contera implicaba que el documento escrito es el
único medio probatorio pertinente para demostrar la existencia de la prestación
personal del servicio y del tiempo en que este se efectuó.

En tal sentido, se desestimó el tiempo de servicio perseguido por el demandante
entre el 1° de febrero de 1990 y el 31 de enero de 1994, pues si bien se allegó al
plenario el certificado emitido por el profesional universitario del área de Talento

7 Folios 162 a 171.

5

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Humano de la Alcaldía de Lorica en el que se acreditó la prestación del servicio
por ese lapso, lo cierto es que dicho documento no tiene el valor probatorio
suficiente para tener acreditado el vínculo contractual que se pretende desvirtuar,
pues el contrato escrito es el único medio probatorio pertinente para demostrar la
existencia de la prestación personal del servicio.

• En los contratos suscritos entre las partes, se estableció un valor mensual a favor
del actor por los servicios prestados o la labor contratada, con lo que se acreditó el
elemento de la remuneración.

• La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la labor del docente
contratista no es independiente, sino que es prestada de manera personal y
subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la
educación, ya que se encuentra supeditada a las instrucciones y directrices de los
superiores del centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio
de Educación Nacional, por lo cual, se infiere que la subordinación y la
dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, son propias del
ejercicio educativo el cual está sujeto a los reglamentos emanados del magisterio;
de modo que, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas,
debe declararse la existencia de una relación laboral encubierta.

• Comoquiera que el vínculo laboral terminó el 20 de noviembre de 1995 por
mutuo acuerdo entre las partes, las prestaciones a las que tendría derecho se
vieron afectadas por el acaecimiento del fenómeno de la prescripción extintiva
puesto que entre el extremo temporal final de la vinculación y la fecha de la
reclamación transcurrieron más de tres años. No es de recibo el argumento según
el cual la relación laboral se encuentra vigente, puesto que al haberse vinculado
en propiedad mediante el Decreto 352 Bis de 1995, la naturaleza de tal vínculo
cambió. Además, la sentencia de unificación del Consejo de Estado dispuso que
cuando existen contratos de prestación de servicios pactados por un interregno
determinado y entre la ejecución de uno y otro existe un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización a excepción de los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles.

• Si bien no se aportaron los certificados de tiempo de servicios del docente, el
estudio del derecho pensional se puede abordar desde lo establecido en el acto de
reconocimiento de la prestación. Al respecto, no se encuentra en discusión el
régimen pensional aplicable al actor, pero al haberse vinculado antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, su derecho pensional se encuentra regulado
por la norma anterior vigente, esto es la Ley 33 de 1985. Así, con la inclusión de

6

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

los tiempos de servicio reconocidos en esta oportunidad (1 año, 7 meses y 20
días), la fecha de adquisición del estatus se dio el 23 de abril de 2011, por lo que
tiene derecho al reconocimiento del retroactivo de las mesadas pensionales
causadas entre esa fecha y el 13 de diciembre de 2012 (data en la que se le había
reconocido la pensión).

• Los factores salariales a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la
pensión bajo el régimen de la Ley 33 de 1985 son los establecidos en la Ley 62 de
1985; sin embargo, la norma no prevé las primas de navidad y de vacaciones. Con
todo, no se allegó el certificado que demuestre que alguno de estos fue
devengado por Lucio Arteaga Jiménez, razón por la cual se tendrá en cuenta el
factor asignación básica que devengó dentro del periodo comprendido en el último
año de servicios anterior a la adquisición del estatus, tal como fue establecido en
el acto de reconocimiento.

1.4. El recurso de apelación

Lucio Antonio Arteaga Jiménez interpuso recurso de apelación y solicitó que se
revocara en forma parcial la decisión anterior, con fundamento en los siguientes
argumentos8:

• Los certificados que se anexaron a la demanda en los que consta la prestación
del servicio entre el 1° de febrero de 1990 y el 31 de enero de 1994, los cuales
fueron expedidos por el profesional universitario del área de Talento Humano de la
Alcaldía de Lorica, gozan de pleno valor probatorio en razón a que no han sido
tachados de falsos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley
1564 de 2012.

• Cuando las entidades contratan por órdenes de prestación de servicio, evaden
entregar copia al contratista del documento que las soporta. En todo caso, en aras
de determinar la verdad, el juez debió oficiar a la Alcaldía de Lorica para que
allegara al proceso copia de los contratos de prestación de servicio, pues esta
documental debe reposar en los archivos de la entidad.

• Si bien las prestaciones se encuentran afectadas por el fenómeno de la
prescripción, las cesantías no, toda vez que el vínculo laboral del demandante con
la entidad se ha mantenido ininterrumpidamente desde el 1° de febrero de 1991.

• El demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado el 13 de diciembre de
2010 y no el 23 de abril de 2011. Además, no se comparte la decisión de declarar

8 Folios 174 y 175.

7

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

la prescripción de las mesadas anteriores al 13 de abril de 2012 pues este
fenómeno se interrumpió con la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez
presentada el 10 de julio de 2013.

1.5. Trámite en segunda instancia

En atención a que no se aportó ni solicitó la práctica de pruebas y que no se
advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que se
presentaran alegatos de conclusión, en los términos de lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 247 del CPACA9.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto, tal y como
se advierte en la constancia secretarial del 22 de marzo de 202210.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar lo siguiente: i) ¿cuáles fueron los extremos temporales de
la relación laboral encubierta que se acreditó entre Lucio Antonio Arteaga Jiménez
y el municipio de Santa Cruz de Lorica? y si ¿para efectos de su acreditación
pueden tenerse en cuenta los certificados de tiempo de servicio aportados?; ii)
¿las cesantías a las que tendría derecho, producto de la relación laboral que se
acreditó entre las partes se encuentra afectada por el fenómeno de la
prescripción?; y iii) ¿las mesadas pensionales adeudadas se encuentran
afectadas por el fenómeno de la prescripción?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o

9 Folio 184 y 185, Así se indicó también en el informe secretarial del 22 de marzo de 2022. Folio

186
10 Folio 186.

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de
planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones
sociales», contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y
cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación
laboral personal subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;

11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

10

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos,
la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que
afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con
los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos
de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales16». (Resalta la Sala).

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-

11

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»

000-1998-03542-01(0202-10)».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.

12

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado,
para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

2.3.1.1. En torno a la relación laboral y contractual entre las partes

13

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

• Certificación expedida por el profesional universitario del Área de Talento
Humano de la Alcaldía de Santa Cruz de Lorica el 28 de junio de 2010, según la
cual Lucio Antonio Arteaga Jiménez prestó sus servicios como docente de tiempo
completo en el nivel de básica primaria en la Escuela Nueva de Bollo Seco, así18:

Año Desde Hasta Tiempo total Asignación mensual
1990 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 39.000
1991 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 45.000
1992 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 57.000
1993 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 81.500
1994 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 99.414
1995 1 de febrero 30 de noviembre 10 meses $ 170.858

• Contratos de prestación de servicios celebrados entre Lucio Antonio Arteaga
Jiménez y el municipio de Santa Cruz de Lorica19:

Fecha Fecha
Duración Objeto Valor
inicio terminación
El contratista se obliga a prestar personalmente sus
servicios técnicos en la Alcaldía Municipal de Lorica, en
forma directa y personal a ejecutar (Maestro Municipal
Bollo Seco) para la cual ha sido contratado de manera
1° de 30 de diligente y eficiente. […] El contratista se obliga a
febrero de noviembre 10 meses cumplir con el horario de trabajo establecido para todos $ 99.414
1994 de 1994 los funcionarios de la alcaldía del municipio de Lorica y
cuando las necesidades del servicio así lo requieran. La
entidad contratante queda facultada para ubicar y
reubicar al contratista de acuerdo a la necesidad del
servicio.
El contratista se obliga a prestar sus servicios como
profesor en forma directa, personal y exclusiva al
municipio de Santa Cruz de Lorica en el Centro
1° de 20 de
9 meses, Docente E.N. Bollo Seco, en jornada diaria estipulada
febrero de noviembre $ 170.858
20 días por el Decreto N° 179 de 1982 y cumpliendo con las
1995 de 199520
funciones señaladas para los profesores según lo
establece el artículo 7 de la Resolución N° 13342 de
1982.

• A través del Decreto 352 Bis del 20 de noviembre de 1995, el alcalde del
municipio de Santa Cruz de Lorica nombró en propiedad a Lucio Antonio Arteaga
Jiménez como docente de la Escuela Nueva Bollo Seco de ese municipio21.

• El técnico administrativo del Área de Archivo Central de la Alcaldía de Santa
Cruz de Lorica certificó que «revisado exhaustivamente el Archivo Central del Municipio
18 Folio 18.
19 Folios 23 a 26.
20 Tal y como consta en el acta de terminación del contrato. Folio 146.
21 Folios 137 y 138.

14

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

de Lorica, no se le realizaron descuentos de aportes a Seguridad Social» a nombre del
demandante, por el periodo comprendido entre el 1° de febrero de 1990 y el 30 de
noviembre de 199522.

2.3.1.2. Sobre las prestaciones en litigio

• El 1° de septiembre de 2014, a través de la Resolución 209, el secretario de
educación de Santa Cruz de Lorica, en representación del Fomag, le reconoció al
actor una pensión de jubilación a partir del 7 de julio de 2013. Al efecto tuvo en
consideración lo siguiente: i) que nació el 13 de diciembre de 1955; ii) que prestó
sus servicios así: del 18 de marzo de 1981 al 15 de marzo de 1983 (2 años, 4
meses y 28 días) y del 20 de noviembre de 1995 al 22 de junio de 2013 (17 años,
7 meses y 2 días); de manera que completó 20 años de servicios; y iii) que
adquirió el estatus el 6 de julio de 2013. En consecuencia, liquidó la prestación con
el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la
adquisición del estatus, e incluyó como único factor la asignación básica. Además,
aplicó las disposiciones contenidas en la Ley 812 de 2003 y los decretos
«3835/69», 1848 de 1969 y 3752 de 200323.

• El 13 de abril de 2015, el demandante solicitó al municipio de Santa Cruz de
Lorica que se reconociera la existencia de una relación laboral entre él y la
Secretaría de Educación de esa entidad territorial, por el periodo comprendido
entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, se realizaran los
respectivos aportes a seguridad social y se reliquidara la pensión de jubilación con
el fin de que se tuviera como fecha de adquisición del estatus jurídico el 13 de
diciembre de 201024.

2.3.2. Análisis sustancial

Previo a resolver los problemas planteados, resulta oportuno precisar que la
discusión en esta instancia no gira en torno a los elementos que distinguen la
relación laboral de las demás modalidades de prestación de servicios a través de
contratos estatales, esto es los previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo; por tal razón, la Sala se sustraerá del análisis en torno a ellos y
orientará el estudio del caso a resolver los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en atención a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP.

2.3.2.1. En torno a la acreditación de la prestación del servicio

22 Folio 152.
23 Folios 14 a 17.
24 Folios 19 a 22.

15

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará a continuación ¿cuáles fueron
los extremos temporales de la relación laboral encubierta que se acreditó entre
Lucio Antonio Arteaga Jiménez y el municipio de Santa Cruz de Lorica? y si ¿para
efectos de su acreditación pueden tenerse en cuenta los certificados de tiempo de
servicio aportados?

El a quo reconoció la existencia de una relación laboral entre Lucio Antonio
Arteaga Jiménez y el municipio de Santa Cruz de Lorica entre el 1° de febrero y el
30 de noviembre de 1994 y del 1° de febrero al 20 de noviembre de 1995, pero
desestimó los demás tiempos de servicio perseguidos por el demandante, esto es
del 1° de febrero de 1990 hasta el 31 de enero de 1994 por considerar que no se
habían aportado los respectivos actos jurídicos que respaldaban la prestación del
servicio en esos lapsos.

Empero, para la Sala, tal consideración es producto de una valoración probatoria
basada en la tarifa legal, a partir de la cual se señala a cada medio probatorio el
grado de convicción que representa y descarta aquellos que no constituyen «plena
prueba» para demostrar un hecho. Con todo, esas restricciones le restan
autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana crítica puede otorgarle el valor que
corresponde a cada elemento con el cual se cuenta y al ejercicio del derecho de
defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso, han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de
prestación de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, es un instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que
permite satisfacer las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento
de los fines del Estado25, que por ser un tipo de negocio jurídico que
expresamente recoge el estatuto general de contratación pública y tratarse, por
tanto, de un contrato típico, a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41
ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la solemnidad del escrito.

Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio26 que se aporte al proceso judicial el
aludido instrumento jurídico, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal
probatoria implicaría abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
26 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

16

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los derechos que surgen luego de
encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de prueba. En contraste,
admitir que el juez en su sana crítica forme su propio convencimiento a partir de
los elementos aportados al proceso y la conducta de las partes respecto de ellos,
permite un verdadero ejercicio de la justicia y materializa los derechos de quienes
han acudido a ella, pues este siempre deberá exponer razonadamente el mérito
que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado
en un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no
es la existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino
i) la prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal;
ii) que esta se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que como
contraprestación por los servicios haya recibido una remuneración27. Esto permite
otorgarle vigencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas a que
alude el artículo 53 de la Constitución Política y descarta la exigencia de un medio
probatorio con un valor previamente establecido. En otras palabras, no es el acto
jurídico por medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que
determina su relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha
relación.

En el asunto que se analiza, la Sala encuentra que el certificado expedido por el
profesional universitario del Área de Talento Humano de la Alcaldía de Santa Cruz
de Lorica el 28 de junio de 2010, según el cual Lucio Antonio Arteaga Jiménez
prestó sus servicios como docente de tiempo completo en el nivel de básica
primaria en la Escuela Nueva de Bollo Seco, goza de la presunción de
autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP28, por tratarse de un

27 Se insiste que estos requisitos se encuentran previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo

del Trabajo.
28 «Artículo 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza

sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.

17

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

documento emitido por un servidor público competente. En igual sentido lo
dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 201229 al eliminar la exigencia de
autenticar los documentos producidos por las autoridades públicas. Además, no
fue tachado de falso por la entidad que contestó la demanda en forma
extemporánea y optó por guardar silencio en esta instancia.

Sumado a lo expuesto, se advierte que en efecto la prestación del servicio del
demandante como docente del municipio se prolongó en el tiempo al punto que
finalmente fue vinculado en propiedad a través del Decreto 352 Bis del 20 de
noviembre de 1995, lo que denota que la entidad pretendía satisfacer una
necesidad que no era temporal, pues no se trataba de cubrir funciones transitorias,
contingentes o eventuales, sino que forman parte del giro ordinario de la
Secretaría de Educación y requieren ser atendidas por personal de planta.

De manera que, para esta Subsección, el documento aludido tiene el valor
suficiente para demostrar la prestación del servicio en el periodo reclamado, esto
es entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995.

2.3.2.2. En torno al acaecimiento del fenómeno prescriptivo

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante.

2.3.2.2.1. Sobre las cesantías

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.»
29 «Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. <Aparte tachado
INEXEQUIBLE> Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo
tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los
documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco
requieren autenticación o reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de
pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de
las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas
que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas
personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.»

18

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

En la sentencia apelada, el tribunal señaló que comoquiera que el vínculo laboral
terminó el 20 de noviembre de 1995 por mutuo acuerdo entre las partes, las
prestaciones a las que tendría derecho se vieron afectadas por el acaecimiento del
fenómeno de la prescripción extintiva puesto que entre el extremo temporal final
de la vinculación y la fecha de la reclamación transcurrieron más de 3 años.
Empero, el recurrente señaló que, si bien las prestaciones se encuentran
afectadas por el aludido fenómeno, las cesantías no, toda vez que el vínculo
laboral del demandante con la entidad se ha mantenido ininterrumpidamente.

La Sala no descarta el argumento según el cual en atención a que la relación
laboral se encuentra vigente las cesantías reclamadas no han prescrito. En efecto
Lucio Antonio Arteaga Jiménez se vinculó en propiedad como docente de Santa
Cruz de Lorica mediante el Decreto 352 Bis de 1995, de manera que, contrario a
lo señalado por el tribunal en la sentencia apelada, mientras esté vigente el
vínculo laboral, no se puede hablar de prescripción del auxilio de las cesantías
como derecho social, lo cual se deduce de los artículos 25, 53 y 58 de la
Constitución Política.

Al respecto, valga precisar que la prescripción extintiva del derecho es una
sanción a la inactividad prolongada e injustificada del titular del derecho para
efectuar su reclamación; y en punto de la prescripción del derecho a percibir un
auxilio de cesantías, esta Sección, en sentencia de unificación30 concluyó que «[a]l
momento en que se produce el retiro del servicio surge la obligación de pagar las
cesantías definitivas».

En efecto, si bien en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de
agosto de 201631, se señaló que debe analizarse la prescripción a partir de las
fechas de finalización de cada contrato cuando entre uno y otro hay un lapso de
interrupción, también se expuso que esto debía ser así «puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio» y lo cierto es que en esta oportunidad esa permanencia
se prolongó en igual empleo y entidad, esto es como docente de la Secretaría de
Educación de Santa Cruz de Lorica. Razón por la cual, las cesantías que se
generaron producto de la relación laboral reconocida en la instancia judicial, esto
es entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, no están
afectadas por el fenómeno prescriptivo como consecuencia de la vigencia del
vínculo laboral.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016,

radicado 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016,

radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

19

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

En este punto, resulta necesario precisar que la relación contractual finalizó el 20
de noviembre de 1995, por voluntad de las partes, como consecuencia de la
incorporación a la planta de personal docente de ese municipio32.

Como consecuencia de lo expuesto, se condenará al municipio de Santa Cruz de
Lorica al pago de las cesantías correspondientes a los periodos de la relación
laboral que se reconoce en esta decisión, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 50 de 1990, por tratarse de una trabajadora que no había sido afiliada al
FOMAG, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 11
de octubre de 202333.

2.3.2.2.2. Sobre las mesadas pensionales

El recurrente cuestiona la decisión del a quo de declarar la prescripción de las
mesadas anteriores al 13 de abril de 2012 pues este fenómeno se interrumpió con
la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada el 10 de julio de
2013; a lo que agregó que, como consecuencia del reconocimiento de la relación
laboral, debe declararse que adquirió el estatus jurídico de pensionado el 13 de
diciembre de 2010 y no el 23 de abril de 2011.

En efecto, como se expuso en precedencia, Lucio Antonio Arteaga Jiménez logró
acreditar la prestación del servicio entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de
noviembre de 1995, periodo respecto del cual el municipio de Santa Cruz de
Lorica debe efectuar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones
por ser imprescriptibles, lo que impondría concluir que este lapso debe sumarse a
los tiempos de servicio señalados en el acto de reconocimiento pensional, así:

Entidad nominadora Desde Hasta Tiempo total

Gobernación de 1 año, 11 meses,
18 de marzo de 1981 15 de marzo de 1983
Córdoba 26 días
Municipio de Santa
1 de febrero de 1990 30 de noviembre de 1990 10 meses
Cruz de Lorica

32 Folio 146.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023, radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
En aquella oportunidad la Sala unificó la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: «Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la
Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección
social en favor del docente estatal».

20

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

1 de febrero de 1991 30 de noviembre de 1991 10 meses

1 de febrero de 1992 30 de noviembre de 1992 10 meses

1 de febrero de 1993 30 de noviembre de 1993 10 meses

1 de febrero de 1994 30 de noviembre de 1994 10 meses

1 de febrero de 1995 20 de noviembre de 1995 9 meses 20 días

Fiduprevisora / 17 años, 7 meses,
20 de noviembre de 1995 22 de junio de 2013
municipio de Lorica 3 días

24 años, 5 meses,
Total
19 días

Así las cosas, se advierte que al 13 de diciembre de 2010, fecha en la que el
demandante alcanzó los 55 años de edad, ya había completado 21 años, 11
meses y 10 días de servicio, por lo tanto, tal y como lo reclama, el estatus de
pensionado lo adquirió en la primera fecha señalada, al cumplimiento de la edad
requerida para beneficiarse de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esto es
el 13 de diciembre de 2010.

Así las cosas, en atención a que en esta última fecha adquirió el estatus jurídico
de pensionado, que el 10 de julio de 2013 reclamó el reconocimiento de la pensión
de jubilación34, y que el 1° de septiembre de 2014 se expidió el acto a través del
cual culminó la actuación administrativa con el reconocimiento de la prestación
reclamada, se advierte que las mesadas pensionales adeudadas, esto es aquellas
generadas entre el 13 de diciembre de 2010 y el 7 de julio de 2013 no se
encuentran afectadas por el fenómeno prescriptivo.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

34 Tal y como se desprende del Decreto 352 Bis de 1995, a través del cual el municipio de Santa

Cruz de Lorica le reconoció la pensión.

21

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala encuentra que las
pruebas aportadas al proceso tienen el valor suficiente para demostrar la
prestación del servicio en el periodo reclamado, esto es entre el 1° de febrero de
1990 y el 20 de noviembre de 1995; además, las cesantías a las que tendría
derecho, producto de la relación laboral que se acreditó entre las partes no se
encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción, como tampoco las
mesadas pensionales adeudadas. Finalmente se modificará la sentencia apelada
por las razones expuestas y por cuanto se evidenció que Lucio Antonio Arteaga
Jiménez adquirió el estatus pensional el 13 de diciembre de 2010.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

22

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales primero a sexto de la sentencia del 25 de marzo
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión, y en su lugar se dispone:

Primero. Declarar la nulidad parcial del acto ficto por medio del cual el municipio de
Santa Cruz de Lorica negó la existencia de una relación laboral entre las partes y el
consecuente pago de las prestaciones reclamadas. Como consecuencia de lo anterior,
y en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, declarar que entre
las partes existió una relación laboral encubierta por los periodos comprendidos entre
el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, salvo sus interrupciones.

Segundo. Declarar que el tiempo laborado por Lucio Antonio Arteaga Jiménez al
servicio del municipio de Santa Cruz de Lorica, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios entre el 1° de febrero de 1990 y el 20 de noviembre de 1995, se
debe computar para efectos pensionales, salvo sus interrupciones.

Tercero. Declarar configurado el fenómeno de prescripción extintiva de los derechos
laborales acaecidos en virtud de la declaratoria de existencia del vínculo laboral
reconocido en esta providencia a excepción de los aportes a la seguridad social en
pensión y las cesantías, por lo expuesto en esta decisión.

Cuarto: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenar al
municipio de Santa Cruz de Lorica, al pago de los aportes a la seguridad social en
pensiones, en la forma dispuesta en la parte motiva de este proveído. Suma que
deberá ser actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del
CPACA.

Igualmente, condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica, al pago de las cesantías
por los periodos reconocidos en esta decisión. Suma que deberá ser actualizada de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA.

Quinto. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 209 del 1° de septiembre de
2014 expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Santa Cruz de Lorica
en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Sexto. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reliquidar la pensión mensual de jubilación
reconocida a Lucio Antonio Arteaga Jiménez a partir del 13 de diciembre de 2010,
teniendo en cuenta como factor la asignación básica, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia y reconocer el retroactivo de las mesadas
causadas entre el 13 de diciembre de 2010 y el 7 de julio de 2013, conforme se expuso
en esta decisión, y la diferencia que se genere en relación con las mesadas pagadas.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá conminar al
municipio de Santa Cruz de Lorica a efectos de que realice los aportes no efectuados
por el periodo en que Lucio Antonio Arteaga Jiménez se desempeñó como docente
bajo la figura del contrato de prestación de servicios.

23

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00569-01 (4318-2021)
Demandante: Lucio Antonio Arteaga Jiménez

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que accedió
a las pretensiones de la demanda incoada por Lucio Antonio Arteaga Jiménez
contra Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y municipio de Santa Cruz de Lorica, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
En comisión de servicios

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SLVA

24

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