Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00435-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00435-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00435-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00435-02 (6243-2023)
Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
Demandados: Municipio de Pereira y el Cuerpo de Bomberos de Belén de
Umbría
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 22 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ricaute Rodríguez Ríos presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios i) sin número del 15 de enero de 2019 y ii) 2069
del 25 de ese mes y año, mediante los cuales la Secretaría de Gobierno del
municipio de Pereira y el Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría,
respectivamente, le negaron el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral por sus servicios prestados entre el 15 de febrero de 2012 y el 31 de
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
diciembre de 2015, y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se
derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre él y el
municipio de Pereira por el periodo reclamado; ii) el pago de los conceptos salariales
y prestacionales que de ello se derivaran, tales como salario, cesantías y sus
intereses, subsidio de alimentación, recargos nocturnos, horas extras, dominicales
y festivos, bonificación por recreación y las primas de navidad, vacaciones y
servicios; iii) el reconocimiento y pago del reajuste salarial «por la diferencia entre lo
que devengó con el Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría y lo que devenga un bombero
475-07-C, empleado del municipio de Pereira, que realizaba las mismas funciones» (sic);
y iv) el reajuste y/o indexación del valor de las condenas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Entre los años 2012 y 2015, el municipio de Pereira y el Cuerpo de Bomberos
de Belén de Umbría suscribieron 8 contratos para la prestación «del servicio para la
prevención, control, atención de incendios y demás calamidades conexas mediante el
apoyo a la Dirección Operativa de Bomberos del Municipio de Pereira» (sic). Para tal
efecto, el Cuerpo de Bomberos se comprometió con el municipio a suministrar «45
bomberos en 3 grupos, 15 unidades» (sic) durante las 24 horas del día, 48 semanales
de lunes a domingo.
3.2. Conel fin de dar cumplimiento a los objetos contractuales, el Cuerpo de
Bomberos de Belén de Umbría vinculó a Ricaute Rodríguez Ríos a su planta de
personal, desde el 1°de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 «para
prestar su servicio de bombero en la Dirección Operativa de Bomberos de Pereira» (sic).
3.3. Durante su vinculación con la entidad, se le exigió la prestación personal del
servicio dentro de un horario por el sistema de turnos de 12 horas de trabajo por 24
de descanso para un total de 60 horas semanales y con una remuneración pactada.
3.4. Las labores ejecutadas son permanentes y propias de la entidad.
3.5. Cumplió funciones y responsabilidades específicas, las que también eran
desarrolladas en igual forma por el «bombero 475-07, adscrito a la Secretaría
Gobierno»; sin embargo, nunca le fueron reconocidas sus prestaciones legales y
sociales.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
3.6. Las diferencias salariales que existían entre el cargo de «bombero 475-07, adscrito
a la Secretaría Gobierno» y el que desempeñó como «bombero contratado a través del
Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría», fueron las siguientes:
Asignación
Bombero 475-07 Bombero contratado a
adscrito a la Secretaría través del Cuerpo de
Año Diferencia
de Gobierno del Bomberos de Belén de
municipio de Pereira Umbría
2012 $1.237.362 $635.000 $602.362
2013 $1.274.483 $661.000 $613.483
2014 $1.312.717 $679.750 $632.967
2015 $1.360.762 $679.750 $681.012
3.7. El28 de diciembre de 2018, solicitó a las entidades demandadas el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el tiempo en que prestó
sus servicios y el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales
que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada a través de los
actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 8, 9, 10 y 11 de la Ley
3135 de 1968; 43, 49 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 58 y 59 del Decreto 1042 de
1978; 32 y 33 del Decreto Ley 1045 de 1978; 45 de la Ley 50 de 1990; 20 de la Ley
100 de 1993; 13 y 14 de la Ley 244 de 1995; 99, 102 y 104 de la Ley 344 de 1996;
12 de la Ley 780 de 2002; 67, 68, 69 y 70 del Código Sustantivo del Trabajo2; 2 y 3
del CPACA; las leyes 244 de 1995; 432 de 1998 y 797 de 2003; y los decretos 1160
de 1947; 3118 de 1968; 1582 y 143 de 1998; 1250 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. El municipio de Pereira utilizó la vinculación a través del Cuerpo de Bomberos
para ocultar la verdadera relación laboral que se desarrolló por espacio de más de
3 años, en los que se evidenció el ánimo de emplear de forma continua sus servicios
para cumplir su misión, y como consecuencia de ello, menoscabó todas las
garantías laborales y prestacionales que corresponde a la contraprestación de la
labor ejecutada.
5.2. La entidad territorial omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre
2 En lo que sigue CST.
3 Samai del tribunal, índice 15, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL_1(.PDF) NroActua 15, folios 5 al 59.
3
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
las formalidades, no obstante, haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral. Además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal
como bombero, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en
relación con la labor contratada.
1.2. Contestación de la demanda
6. El municipio de Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. Si bien prestó sus servicios a favor del municipio como bombero, lo cierto es que
su vinculación fue directamente con el Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría,
puesto que fue con ellos con quienes suscribió contratos laborales a término fijo
«siendo esa entidad su directo empleador y quien tenía a su cargo la obligación legal de
hacerle cancelación de los salarios y demás prestaciones sociales vigentes pertinentes»
(sic).
6.2. Las labores ejecutadas por el actor debían ser programadas por turnos puesto
que la función bomberil «no cesa, tiene que ser prestada durante todo el día» (sic), es
decir que se trató de una labor coordinada con la finalidad de desarrollar el objeto
contractual, de manera que se sometió a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada.
6.3. En los contratos de prestación de servicios celebrados por el municipio con el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría se estableció la cláusula de
«indemnidad», según la cual «el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Belén de Umbría,
tendría a su cargo los agentes, subcontratistas o trabajadores necesarios para el
cumplimiento del contrato celebrado» (sic). Además, se estipuló que el pago de salarios
y prestaciones sociales del personal vinculado para el cumplimiento de dichos
contratos correspondía directamente al contratista.
6.4. La relación contractual entre el municipio y el cuerpo de bomberos estuvo
regulada por los artículos 7 y 9 de la Ley 322 de 1996, la cual autorizó a los distritos,
municipios, áreas metropolitanas, asociaciones de municipios y territorios indígenas
para celebrar contratos de prestación de servicios con «instituciones organizadas para
la prevención y atención de incendios y demás calamidades conexas» con el objeto de
cubrir el servicio público a su cargo en aquellos casos en que «no cuenten con sus
4 Samai del tribunal, índice 13,
4_004CONTESTACIONDEMANDAYLLAMAMIENTOENGARANTIA(.PDF) NroActua 15.
4
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
propios cuerpos de bomberos oficiales, o cuando la cobertura de estos no sea la adecuada,
de acuerdo con los parámetros que fije la Junta Nacional de Bomberos» (sic).
6.5. La diferencia salarial entre lo devengado como «bombero voluntario del municipio
de Belén de Umbría» con lo percibido por un «bombero del municipio de Pereira»
corresponde a la categorización municipal en la que se encuentra adscrito dicho
cuerpo, pues «para este caso se tiene que mientras el municipio de Pereira está dentro
de la categoría 1, lo que eleva sus salarios, el municipio de Belén de Umbría, está
catalogado como categoría 6, razón por la cual los salarios de quienes allí laboran, son más
bajos y si bien para este caso el convocante estaba prestando sus servicios en el municipio
de Pereira, se tiene que ello obedeció a la necesidad del servicio, más su empleador directo
es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Belén de Umbría, razón por la que
el salario que le fuera fijado está conforme a la tabla salarial que a dicha categoría de
municipio pertenece» (sic).
6.6. Comoquiera que el personal adscrito que ejerce la función de bombero a favor
de municipio es escaso, se hizo necesario contratar los servicios del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios más cercano a la ciudad, esto es Belén de Umbría.
6.7. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) legalidad del acto administrativo impugnado; iii) prescripción; iv) cobro de
lo no debido e inexistencia de la obligación; v) «inexistencia de igualdad de condiciones
entre bombero voluntario de Belén de Umbría y un bombero del municipio de Pereira»;
vi) buena fe; y vii) la genérica.
7. El Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría contestó la demanda y se opuso
a lo pretendido por la parte demandante, por los siguientes motivos5:
7.1. Si bien fue contratado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de
Umbría como «auxiliar de bombero», también es cierto que sus servicios únicamente
fueron prestados a favor del municipio de Pereira, entidad territorial que «contrató a
través del Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría unos BOMBEROS AUXILIARES, que
consideramos, a priori, tienen una categoría diferente a sus bomberos de planta; y ello muy
seguramente bajo el entendido de que con esta categoría de bomberos se podía prestar
apoyo a la planta de su dirección operativa» (sic).
7.2. Al demandante se le pagaron los salarios y prestaciones de acuerdo con las
directrices del Cuerpo de Bomberos de Pereira, incluidos los recargos y trabajo
suplementario, pues «era esa entidad la que remitía mensualmente los valores y
conceptos a pagar» (sic).
5 Samai del tribunal, índice 13, 2_002CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 15.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
7.3. Desconoce las funciones que el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de
Pereira le asignó a Ricaute Rodríguez Ríos, así como tampoco «conoce las
instalaciones donde se prestaba el servicio» y el horario impuesto, puesto que solo lo
vinculó «de buena fe a través de contratos de trabajo» para desarrollar el objeto
contractual suscrito con el ente territorial y ésta «de acuerdo con los turnos por ellos
desplegados, días en que prestaban servicios y cualquier novedad que se presentara,
remitía una relación en la que nos indicaba qué factores se debían cancelar» (sic).
7.4. Planteó las excepciones de: i) prescripción; y ii) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia proferida el 22 de junio de
2023 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un
recuento jurisprudencial relativo a las relaciones laborales encubiertas concluyó lo
siguiente6:
8.1. Las pruebas allegadas al plenario evidencian que desde el 1° de marzo de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2015, con algunas interrupciones desde el 16 de mayo
hasta el 17 de septiembre de 2014 y desde el 22 marzo hasta el 23 de septiembre
de 2015 (periodos que no fueron probados), Ricaute Rodríguez Ríos y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría suscribieron 9 contratos laborales para
prestar los servicios como bombero auxiliar «a órdenes del Cuerpo de Bomberos Oficial
del municipio de Pereira» (sic) y recibió una remuneración por los servicios prestados.
8.2. Comoquiera que los contratos individuales de trabajo fueron celebrados
directamente por el demandante con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén
de Umbría, el elemento subordinación solo estuvo acreditado respecto del
«empleador privado sin ánimo de lucro y con personería jurídica».
8.3. Según lo previsto por la Ley 1575 de 2012 y de conformidad con los lineamientos
expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C-770 de 1998 y por la Sala de
Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado en el Concepto 1494 del 4 de
julio de 2003, los bomberos voluntarios prestan un servicio público, sin que ello
signifique que cumplan función pública, por tanto, sus empleados no pueden ser
considerados servidores públicos por la naturaleza jurídica privada de dichas
entidades.
8.4. El actor no acreditó la subordinación a la que fue sometido por parte del
6 Samai del tribunal, índice 54, 37_037SENTENCIAPRIMERAINSTANCI A(.pdf) NroActua 54 (.pdf)
NroActua 54.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
municipio de Pereira, pues si bien «se decretaron las testimoniales solicitadas», lo cierto
es que estas no se llevaron a cabo por «inasistencia y desistimiento de ellas, del
apoderado de la parte demandante».
8.5. Si bien con ocasión de los contratos de prestación de servicios celebrados entre
el municipio de Pereira y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría,
Ricaute Rodríguez Ríos prestó sus servicios a favor de la entidad territorial, lo cierto
es que, esta situación obedeció a la posibilidad prevista por el artículo 3 de la Ley
1575 de 2012 «por lo tanto, esta situación no comporta necesariamente un aspecto
constitutivo de subordinación continuada».
8.6. Las actividades realizadas por el demandante se realizaron en el marco de las
obligaciones pactadas con el cuerpo de bomberos.
8.7. La presunción del elemento subordinación solo puede predicarse por vía
jurisprudencial en los eventos de actividades de vigilancia o servicios generales y
en la prestación del servicio de salud.
8.8. No hay lugar a reconocer la diferencia salarial, toda vez que no existen
suficientes elementos probatorios que permitan concluir que el demandante tenía
iguales funciones, categoría, responsabilidades, preparación y exigencia que un
bombero 475-07 del municipio de Pereira.
1.4. El recurso de apelación
9. Ricaute Rodríguez Ríos interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revocara la decisión y, con fundamento en el material probatorio obrante en el
proceso, se ordenara el «reconocimiento de las horas extras, recargos nocturnos,
dominicales y festivos de acuerdo a los horarios señalados en la demanda que no fueron
desvirtuados» (sic).
10. Para tal efecto, expuso los siguientes argumentos 7:
10.1. Existe una indebida valoración probatoria por parte del a quo, pues el material
probatorio permite establecer la continuidad en la prestación del servicio,
especialmente en los extremos temporales que, a juicio del tribunal no fueron
probados, lo que demuestra el ánimo de la entidad por contratar de forma
permanente los servicios de una misma persona.
7 Samai del tribunal, índice 44, 18_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACIÃ(.pdf) NroActua
44.
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10.2. En contravía de lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.1., del Decreto 1072 de 2015,
el municipio de Pereira utilizó la tercerización laboral en detrimento de los derechos
constitucionales, legales y prestacionales previstos en las normas laborales
vigentes.
10.3. Elobjeto contractual pactado por las entidades demandadas son prueba
suficiente para demostrar «la causación de horas extras, recargos nocturnos, dominicales
y festivos, hecho que, itero, no fue negado por los demandados y que como consecuencia
los obligaba al reconocimiento de prestaciones sociales, derechos que no fueron
reconocidos o contemplados en dicho contrato y mucho menos pagados, lo cual afecta las
normas laborales vigentes» (sic).
10.4. Se desconoció el derecho a la igualdad, toda vez que mientras un bombero
contratado a través del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Belén de Umbría «pero
que prestaba sus servicios en la ciudad de Pereira, bajo las órdenes de funcionarios del
Municipio de Pereira, en el mismo horario y condiciones de un bombero nombrado por dicho
municipio, pese a realizar las mismas funciones, en horario y sitio igual» (sic) recibe una
remuneración diferente, toda vez que no le son reconocidas las horas extras,
recargos nocturnos, dominicales ni festivos.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio9.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Ricaute Rodríguez Ríos y el
municipio de Pereira se configuró una relación laboral? y si ¿aquel tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
8 Así se dispuso en auto del 19 de febrero de 2024. Índice 4 de Samai.
9 Así se desprende del informe secretarial del 25 de abril de 2024. Índice 8 de Samai.
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).
24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral
31. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198818 y el Decreto 4588 de
200619, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.
32. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.
33. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:
«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados
se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado»
[se resalta].
34. De acuerdo con la anterior prohibición, cuando se configuran esas prácticas de
intermediación propias de las empresas de servicios temporales, las partes
[contratante y cooperativa] deben responder solidariamente por las obligaciones
económicas a favor del trabajador.
18 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
19 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado».
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35. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»20.
36. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la
Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la
legislación consagra para la configuración de una relación laboral».
37. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.
2.3. Caso concreto
38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
38.1. Entre los años 2012 y 2015, el municipio de Pereira celebró con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría, los siguientes contratos de prestación
de servicios para la prevención, control y atención de incendios y demás
calamidades conexas21:
Contrato Duración Objeto
320 del 15 de febrero de 201222 6 meses Prestación del servicio para la
668 del 12 de febrero de 201323 6 meses prevención, control, atención de
2078 del 14 de agosto de 201324 4 meses y 15 días incendios y demás calamidades
433 del 17 de enero de 201425 11 meses y 14 días conexas, mediante el apoyo a la
20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.
Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 Samai del tribunal, índice 15, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL_1(.PDF) NroActua 15, folios 61 al 148.
22 Ibidem, folios 61 al 79.
23 Ibidem, folios 81 al 95.
24 Ibidem, folios 97 al 111.
25 Ibidem, folios 113 al 129 y del 131 al 133.
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204 del 21 de enero de 201526 11 meses y 8 días dirección operativa de bomberos del
municipio de Pereira
38.2. En el lapso comprendido entre el 1° de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de
2015, Ricaute Rodríguez Ramos estuvo vinculado con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Belén de Umbría, mediante los siguientes contratos individuales de
trabajo a término fijo inferior a un año, así27:
Contrato Fecha de Fecha de Objeto Salario y forma de pago
inicio terminación
24/1328 1° de marzo 31 de agosto $635.000, pagaderos por
de 2012 de 2012 mensualidades vencidas y
32/1229 1° de 31 de «EL TRABAJADOR se obliga a dentro «de este pago se
septiembre diciembre de prestar EL EMPLEADOR su encuentra incluida la
de 2012 2012 capacidad normal de trabajo, su remuneración de los
servicio exclusivo, en el desempeño descansos dominicales y
de todas las fundones o labores festivos de que tratan los
propias anexas o complementarias capítulos I y II del Título VII
del empleo u oficio de AUXILIAR DE del Código Sustantivo del
BOMBERO y/o las que le Trabajo» (sic)
27/1330 13 de 12 de agosto encomendare EL EMPLEADOR de $661.000, pagaderos por
febrero de de 2013 conformidad con las mensualidades vencidas y
2013 reglamentaciones, ordenes e dentro «de este pago se
27/1331 16 de 31 de instrucciones que le imparta por encuentra incluida la
agosto de diciembre de medio de sus superiores observando remuneración de los
2013 2013 en su trabajo el cuidado y diligencia descansos dominicales y
necesarios y desempeñando festivos de que tratan los
personalmente sus labores y a no capítulos I y II del Título VII
prestar sus servicios o realizar del Código Sustantivo del
labores directa ni indirectamente Trabajo» (sic)
20/1432 17 de enero 16 de mayo para otros empleadores, ni a trabajar $679.750, pagaderos por
de 2014 de 2014 por causa propia en el mismo oficio. mensualidades vencidas y
46/1433 17 de 31 de b) El servicio antes dicho lo prestara dentro «de este pago se
septiembre diciembre de EL TRABAJADOR a órdenes del encuentra incluida la
de 2014 2014 CUERPO DE BOMBERO OFICIAL remuneración de los
46/1534 23 de enero 22 de marzo DE PEREIRA, y se obliga a aceptar descansos dominicales y
de 2015 de 2015 el cargo u oficio a donde lo traslade festivos de que tratan los
46/1535 23 de 31 de EL EMPLEADOR» (sic) capítulos I y II del Título VII
septiembre diciembre de del Código Sustantivo del
de 2015 2015 Trabajo» (sic)
38.3. Por medio del Oficio 15353 del 28 de abril de 2016, la directora administrativa
de recursos humanos del municipio de Pereira relacionó el salario mensual
devengado por el cargo de bombero 475-07-C, adscrito a la Secretaría de Gobierno
26 Ibidem, folios 135 al 148.
27 De acuerdo con los contratos individuales de trabajo celebrados entre el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Belén de Umbría con el demandante.
28 Samai del tribunal, índice 15, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL_1(.PDF) NroActua 15, folios 149 al
151.
29 Ibidem, folios 153 al 157.
30 Ibidem, folios 159 al 163.
31 Ibidem, folios 167 al 171.
32 Ibidem, folios 173 al 175.
33 Ibidem, folios 177 al 181.
34 Ibidem, folios 187 al 191.
35 Ibidem, folios 193 al 197.
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Municipal, entre los años 2004 y 2015, así36:
Año Valor Sueldo mensual
2004 $685.380
2005 $723.063
2006 $787.317
2007 $826.683
2008 $873.721
2009 $934.881
2010 $962.927
2011 $1.192.868
2012 $1.237.362
2013 $1.274.483
2014 $1.312.717
2015 $1.360.762
38.4. Con la certificación del 21 de septiembre de 2016, la directora administrativa de
recursos Humanos del municipio de Pereira certificó lo devengado mensualmente
por un bombero de la alcaldía, por concepto de subsidio de alimentación, para los
años 2004 al 2015, así37:
Concepto Año Valor
Subsidio de alimentación 2004 0
Subsidio de alimentación 2005 0
Subsidio de alimentación 2006 0
Subsidio de alimentación 2007 0
Subsidio de alimentación 2008 $37.534
Subsidio de alimentación 2009 $40.412
Subsidio de alimentación 2010 $41.222
Subsidio de alimentación 2011 0
Subsidio de alimentación 2012 $44.656
Subsidio de alimentación 2013 $46.192
Subsidio de alimentación 2014 $47.551
Subsidio de alimentación 2015 $49.768
38.5. El 28 de diciembre de 2018, el actor le solicitó al municipio de Pereira38 y al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría39, respectivamente, el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales ocasionadas con la existencia
de una relación laboral encubierta «en desarrollo de los contratos de trabajo a favor del
‹Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pereira› realizados por intermedio de un tercero
denominado ‹Cuerpo de bomberos Voluntarios de Belén de Umbría›» (sic), entre los años
2012 al 2015.
36 Ibidem, folios 211 al 213.
37 Ibidem, folio 215.
38 Ibidem, folios 217 al 219.
39 Ibidem, folios 223 al 225.
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el Oficio sin número del 15 de enero de 201940, el Cuerpo de
38.6. Mediante
Bomberos Voluntario de Belén de Umbría le negó la solicitud anterior, con
fundamento en que en «su oportunidad la entidad bomberil canceló salarios, prestaciones
y recargos con base en los contratos de trabajo suscritos con el trabajador y lo contratado
con el municipio de Pereira» (sic).
38.7. A través del Oficio 2069 del 25 de enero de 201941, en atención a la petición del
demandante, el secretario de gobierno del municipio de Pereira indicó que no era
viable acceder a lo reclamado, toda vez que, verificado el sistema de información
financiera, «no se encuentra registrado como contratista (…), como usted misma
manifiesta el mencionado laboraba para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de
Umbría» (sic).
38.8. Se aportaron i) algunas liquidaciones de prestaciones sociales de los contratos
a término fijo suscritos por el demandante y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Belén de Umbría, durante las vigencias de los años 2013 a 201542; y ii) las pólizas
de seguro de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por la vigencia
de los contratos celebrados por la entidad territorial y el cuerpo de bomberos43.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
39. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Ricaute Rodríguez Ríos y el municipio
de Pereira.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
40. De las pruebas relacionadas, se tiene que, entre el 1° de marzo de 2012 y el 31
de diciembre de 2015, el demandante laboró a favor del municipio de Pereira
vinculado a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría de
como «auxiliar de bombero». En virtud de lo señalado en tales documentos, se
comprometió con la entidad a prestar por su cuenta sus servicios «a órdenes del
Cuerpo Oficial de Bomberos Oficial de Pereira» y, además, contrario a lo señalado por
la entidad territorial, se estableció una cláusula de expresa prohibición de «no prestar
40 Ibidem, folio 229.
41 Ibidem, folio 231.
42 Ibidem, folios 165, 183, 185 y del 201.
43 Samai del tribunal, índice 13,
4_004CONTESTACIONDEMANDAYLLAMAMIENTOENGARANTIA(.PDF) NroActua 15 , folios 114
al 125 y del 130 al 151
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servicios o realizar labores directa ni indirectamente para otros empleadores, ni trabajar por
cuenta propia en el mismo oficio» (sic).
41. Sobre el particular, quedó demostrado que Ricaute Rodríguez Ríos se vinculó
laboralmente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría con la
finalidad de hacer parte del personal de bomberos requerido por municipio de
Pereira para desarrollar los objetos de los contratos 320 de 2012, 668 y 2078 de
2013, 443 de 2014 y 204 de 2015, esto es «la prevención y control de incendios y demás
calamidades conexas, así como el cumplimiento de las funciones descritas en el artículo 12
de la Ley 322 de 1996 en la jurisdicción del municipio de Pereira» (sic). Lo anterior, se
advierte tanto de los contratos celebrados entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Belén de Umbría y el municipio de Pereira, como de los contratos individuales
de trabajo suscritos por el demandante con el cuerpo de bomberos. En efecto, se
aportaron los siguientes contratos:
Contrato Periodo de prestación de servicios
24/13 Del 1° de marzo al 31 de agosto de 2012
32/12 Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012
27/13 Del 13 de febrero al 12 de agosto de 2013
27/13 Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2013
20/14 Del 17 de enero de 2014 al 16 de mayo de 2014
46/14 Del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2014
46/15 Del 23 de enero al 22 de marzo de 2015
45/15 Del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2015
42. Ahora, si bien para los lapsos comprendidos entre el 16 de mayo y el 17 de
septiembre de 2014; y del 22 de marzo al 23 de septiembre de 2015 no se allegaron
los contratos celebrados por el actor para la prestación de sus servicios a favor de
la entidad territorial, lo cierto es que, según las liquidaciones de prestaciones
sociales allegadas al plenario y las cuales no fueron tachadas ni mucho menos
desconocidas por el extremo pasivo de esta actuación judicial44, se encuentra que,
respecto del primero el actor ingresó el 17 de enero de 2014 y se retiró el 16 de
septiembre de esa anualidad para un «tiempo trabajado de 240 días», y en lo referente
al segundo, ingresó el 23 de enero de 2015 y se retiró el 22 de septiembre de esa
anualidad, para un «tiempo trabajado de 240 días». Así las cosas, estos tienen el valor
suficiente para demostrar la prestación del servicio en los periodos analizados.
43. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
44 Por tanto, gozan de la presunción de autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP.
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del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes. En efecto, en
pronunciamientos anteriores45, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que ello
sería producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a partir de la
cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y descarta
aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho y que, con
todo, esas restricciones le restan autonomía al juez.
44. En estas condiciones, se advierte que efectivamente Ricaute Rodríguez Ríos fue
quien prestó sus servicios de forma personal y no a través de otra persona como
auxiliar de bombero a favor del municipio de Pereira, vinculado a través del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría, entre los periodos comprendidos
entre el 1° de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, así:
Periodo de prestación de servicios
Del 1° de marzo al 31 de agosto de 2012
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012
Del 13 de febrero al 12 de agosto de 2013
Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2013
Del 17 de enero de 2014 al 16 de mayo de 2014
Del 17 de mayo de 2014 al 16 de septiembre de 2014
Del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2014
Del 23 de enero al 22 de marzo de 2015
Del 23 de marzo de 2015 al 22 de septiembre de 2015
Del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2015
2.4.1.2. Remuneración
45. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los contratos individuales de trabajo a término fijo inferior a un año
y sus liquidaciones de prestaciones sociales, en los que se advierte que se estipuló
el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por
el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
46. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y en
atención a los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda, la Sala
45 Al respecto puede consultarse la sentencia del 9 de noviembre de 2023, radicado 23001-23-33-
000-2016-00569-01 (4318-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
considera que las funciones desempeñadas por el demandante no se realizaron de
forma autónoma e independiente, sino que este estuvo sujeto a horarios y órdenes,
propias de la naturaleza de una relación subordinada pues atienden al control de un
superior para llevar acabo la ejecución de los contratos, por lo que existe una
sujeción de aquel hacia el municipio de Pereira y, en tal sentido, este contaba en
todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, quien a su vez tenía la
obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi
por parte de la entidad demandada.
47. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
48. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos suscritos por el demandante, el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría y el municipio de Pereira que fueron
allegados al expediente y se describieron en el apartado anterior. En ellos se
aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y
subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación
laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios del demandante.
49. Lo expuesto se funda en que Ricaute Rodríguez Ríos estuvo obligado a prestar
sus servicios como auxiliar de bombero a favor del municipio de Pereira, para lo
cual se comprometió, entre otras, a lo siguiente46:
«EL TRABAJADOR se obliga a prestar EL EMPLEADOR su capacidad normal de
trabajo, su servicio exclusivo, en el desempeño de todas las funciones o labores propias
anexas o complementarias del empleo u oficio de AUXILIAR DE BOMBERO y/o las que
le encomendare EL EMPLEADOR de conformidad con las reglamentaciones, órdenes e
instrucciones que le imparta por medio de sus superiores observando en su trabajo el
cuidado y diligencia necesarios y desempeñando personalmente sus labores y a no
prestar sus servicios o realizar labores directa ni indirectamente para otros empleadores,
ni a trabajar por causa propia en el mismo oficio. b) El servicio antes dicho lo prestará
EL TRABAJADOR a órdenes del CUERPO DE BOMBERO OFICIAL DE PEREIRA, y
se obliga a aceptar el cargo u oficio a donde lo traslade EL EMPLEADOR (…) a.
Guardar estricta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento en razón de su oficio y
que sea de naturaleza reservada y cuya comunicación pueda causar perjuicio a EL
EMPLEADOR, b. Presentarse al trabajo o a cualquier otro lugar que se le indique a
la hora señalada para el cumplimiento de sus labores, c. Entregar oportunamente
46 Para una mayor compresión se transcriben las clausulas relativas al objeto contractual y a las
obligaciones y funciones especiales.
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toda suma de dinero o valores que reciba para EL EMPLEADOR en razón de su cargo,
d. Concurrir puntualmente a las reuniones y entrenamientos que cite EL CUERPO
DE BOMBEROS OFICIAL DE PEREIRA y en especial en las que se vayan a tratar
temas relacionados con su oficio y funciones, procurando aportar sus ideas en las
reuniones respectivas cuando a ello haya lugar y participando activamente en ellas, e.
Laborar todo el tiempo que sea necesario para dejar bien cumplidos sus deberes dado
que a veces en la jomada de trabajo no se culminan, f. informar inmediatamente sobre
cualquier irregularidad que observe u ocurra durante el desempeño de sus funciones y
que tenga interés para EL EMPLEADOR, ya sea que relacione directa o indirectamente
con las funciones asignadas y con los deberes propios de su cargo, g. Cumplir todas
las ordenes que se le den sobre su asistencia a cursos de capacitación, incentivos,
campanas, promociones o publicaciones para el mejoramiento del personal. h, Si
EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL PEREIRA le asigna un vehículo para el
cumplimiento de sus obligaciones permanente o transitoria, tendrá la obligación
de conducir en forma prudente y con la obligación especial de no usarlo para fines
distintos a aquellos que le sean autorizados expresamente, i. Deberá mantener los
uniformes debidamente aseados y completos y utilizarlos solo en el desarrollo de las
labores propias de su cargo, j. Informar a EL EMPLEADOR sobre cualquier falta que
cometan sus compañeros de trabajo contra las ordenes, reglamentos de Higiene,
Seguridad Industrial y de trabajo, etc., pues si no lo hiciere será considerado como
encubridor de la falta, pudiendo aplicar la sanción a que hubiere lugar por este hecho, k.
EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE PEREIRA, reglamentara las
capacitaciones y entrenamientos necesarios para el desempeño de sus funciones
I. Mantener en completo estado de orden y aseo el sitio de trabajo y pedir la colaboración
de sus compañeros para este efecto, m. No retirar bienes o utensilios del cuartel sin
previo permiso de sus superiores n. Obedecer estrictamente las ordenes e instrucciones
de sus superiores, n. Las demás funciones y obligaciones que le encomiendan sus
superiores jerárquicos, Además de las estipuladas en la cláusula primera de este
contrato, en la ley, en el reglamento Interno de Trabajo, en el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial y de las que se deriven de la naturaleza del oficio» (sic). [Se resalta]
50. Asimismo, según las leyes 332 de 199647 (vigente para la celebración del
contrato suscrito en el año 2012) y 1575 de 201248, el cuerpo especializado de
bomberos atiende el «servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio,
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos». De hecho, el objetivo y la organización de «los
Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos» impone una
clasificación jerárquica la cual debe respetarse y cumplirse.
51. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en
forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por el Cuerpo de Bomberos Oficial de
47 «Por la cual se crea es Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras
disposiciones».
48 «Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia»
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Pereira, pues debía seguir las precisas instrucciones en cuanto a las condiciones
de modo, tiempo y lugar, lo cual desdibuja la figura de la coordinación y, por tanto,
desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista. En este punto resulta
necesario precisar que la labor realizada por el demandante surgió como
consecuencia de una vinculación de carácter laboral que tenía este con el Cuerpo
de Bomberos de Belén de Umbría producto del contrato suscrito entre la entidad
territorial y la empresa privada; no obstante, era el municipio de Pereira el que se
beneficiaba de los servicios prestados por aquel, pues así se dispuso cuando se
señaló que «[e]l servicio antes dicho lo prestará EL TRABAJADOR a órdenes del
CUERPO DE BOMBERO OFICIAL DE PEREIRA, y se obliga a aceptar el cargo u oficio a
donde lo traslade EL EMPLEADOR».
52. Además, se precisa que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la
ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata
de funciones que atañen a la esencia, naturaleza y finalidad de la entidad.
53. Lo anterior es así, pues lo cierto es que además resultan tan generales que le
permitieron a la entidad impartir órdenes de todo tipo en el desarrollo de la labor, lo
que muestra el ejercicio de la facultad subordinante.
54. Con todo, la Sala advierte que son de la esencia del Cuerpo de Bomberos
Oficiales de Pereira las labores desarrolladas por el demandante, lo cual se deduce
la falta de autonomía para llevar a cabo las funciones, a más de que era necesaria
la prestación personal del servicio y dentro de los horarios específicos señalados
por sus superiores en la entidad para cumplirla y, especialmente, que se ejerció por
un espacio superior a 3 años.
55. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»49.
56. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia» 50.
57. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que, tal y como fue expuesto por el municipio de Pereira y por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría en sus escritos de contestación de la
demanda, en el ejercicio de las funciones por parte del demandante estaba
sometido a medidas u órdenes de los superiores jerárquicos del Cuerpo de
Bomberos Oficial de Pereira, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices, lo que demuestra que la entidad,
en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del
actor, lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.
58. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por lo
tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las
cuales fue contratado el demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
59. Con todo, la Ley 322 del 4 de octubre de 1996 creó el sistema nacional de
bomberos de Colombia para la prevención y control de incendios y demás
calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, para asegurar de
forma eficiente el servicio público esencial en forma directa y a través de los cuerpos
voluntarios de bomberos.
60. Frente a la forma de creación y funcionamiento de los cuerpos de bomberos los
artículos 7 y 9 de la Ley 322 de 1996, dispuso:
Artículo 7º.- Las instituciones organizadas para la prevención y atención de incendios y
demás calamidades conexas se denomina cuerpos de bomberos. Son cuerpos de
bomberos oficiales los que crean los concejos distritales, municipales y quien haga sus
veces en las entidades territoriales indígenas para el cumplimiento del servicio público a
su cargo en su respectiva jurisdicción.
Los cuerpos de bomberos voluntarios son asociaciones cívicas, sin ánimo de lucro, de
utilidad común y con personería jurídica, reconocidos como tales por la autoridad
competente, organizadas para la prestación del servicio público de prevención y atención
de incendios y calamidades conexas.
50 Ibidem.
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En cada distrito, municipio y territorio indígena no podrá haber más de un cuerpo de
bomberos oficial, a menos que lo autorice el concejo o quien haga sus veces en este
último, a partir de la vigencia de la presente Ley.
Parágrafo. - Para la creación de los cuerpos de bomberos oficiales y la contratación con
los cuerpos de bomberos voluntarios, se requiere concepto técnico previo favorable de
la delegación departamental o distrital respectiva.
(…)
Artículo 9º.- Los distritos, municipios y territorios indígenas que no cuenten con sus
propios cuerpos de bomberos oficiales, o cuando la cobertura de éstos no sea la
adecuada, de acuerdo con los parámetros que fije la Junta Nacional de Bomberos de
Colombia, deberán contratar directamente con los cuerpos de bomberos voluntarios, que
se organicen conforme a la presente ley, la prestación total o parcial según sea el caso
del servicio público a su cargo.
Esta misma disposición se aplicará para las áreas metropolitanas y asociaciones de
municipios, cuando hayan asumido el servicio público de los municipios integrantes.
61. Posteriormente, la Ley 1575 de 2012 estableció el régimen general de bomberos
de Colombia y en el artículo 3 estableció:
«Artículo 3. Competencias del nivel nacional y territorial. El servicio público esencial se
prestará con fundamento en los principios de subsidiariedad, coordinación y
concurrencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución.
Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación, las regulaciones
generales y la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos. Los departamentos ejercen funciones de coordinación, de
complementariedad de la acción de los distritos y municipios, de intermediación de estos
ante la Nación para la prestación del servicio y de contribución a la financiación tendiente
al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.
Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas,
proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates
y materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública.
Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios
la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales
o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos
voluntarios. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los municipios de menos
de 20.000 habitantes contarán con el apoyo técnico del departamento y la financiación
del fondo departamental y/o nacional de bomberos para asegurar la prestación de este
servicio.
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Las autoridades civiles, militares y de policía garantizarán el libre desplazamiento de los
miembros de los cuerpos de bomberos en todo el territorio nacional y prestarán el apoyo
necesario para el cabal cumplimento de sus funciones».
62. En suma, si bien las normas en cita permitieron a las entidades territoriales
contratar con terceros el servicio público esencial bomberil, lo cierto es que dicha
posibilidad no puede ser entendida como una carta abierta a efectos de desconocer
derechos y garantías laborales, pues tal y como se advirtió en esta decisión, la
naturaleza contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante con el
municipio, a través de terceros, se desnaturalizó, toda vez que la entidad territorial
contaba con un cuerpo oficial de bomberos, pero también desbordó el alcance de la
norma porque contrató la labor por más de 3 años sin justificación alguna.
63. Sobre la permanencia como criterio determinante para acreditar la existencia de
la relación laboral, la Corte Constitucional señaló lo siguiente51:
«i) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de
las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la
Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras
palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar
la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la
Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. En
este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 200352, de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, expresó:
“…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el
reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones públicas de
carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de
prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter
permanente deberán crearse los empleos correspondientes”
ii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los
servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se
cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal
y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 200853).
iii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a
la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo
o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual
(Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 200354).
Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el
51 Corte Constitucional, sentencia C614 del 2 de septiembre 2009,. M.P. Jorge Ignacio Pretel
Chaljub.
52 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicación 0370-2003
53 Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06.
54 Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02
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indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los
servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una
relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a
una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17
de abril de 200855).
iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas”
y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren
conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte
necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede
acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
21 de febrero de 200256 a que se ha hecho referencia). Por el contrario, si la gestión
contratada equivale al “giro normal de los negocios” de una empresa debe
corresponder a una relación laboral y no puramente contractual. […]
v) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro
ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de
carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral. La Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 200357, indicó:
“no puede desconocer la Sala la forma irregular como ha procedido la entidad
demandada, utilizando contratos de prestación de servicios para satisfacer
necesidades administrativas permanentes. En estas condiciones la modalidad de
contrataciones sucesivas para prestar servicios se convierte en una práctica contraria
a las disposiciones atrás señaladas pues la función pública no concibe esta modalidad
para cumplir los objetivos del Estado en tareas que son permanentes e inherentes a
este”
En este orden de ideas, por ejemplo, el Consejo de Estado consideró que para
desempeñar funciones de carácter permanente y habituales (no para responder a
situaciones excepcionales) no pueden contratarse mediante prestación de servicios a
docentes58, a personas para desempeñar el cargo de Jefe de Presupuesto de una
entidad pública59, a mensajeros60 y a un técnico y operador de sistemas61. Y, en el mismo
sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó que no era posible
contratar por prestación de servicios la Jefatura del Departamento de Riesgos
Profesionales de una empresa62
En síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de
un contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues
sólo si no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de
ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos
55 Consejero Ponente Jaime Moreno García, expediente 2776-05
56 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, expediente 3530-2001,
57 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicación 0370-2003
58 En este sentido, ver sentencias del 7 de abril de 2005, expediente 2152, del 6 de marzo de 2008,
expediente 4312, sentencia del 30 de marzo de 2006, expediente 4669, del 14 de agosto de 2008,
expediente 157-08
59 Sentencia del 23 de junio de 2005, expediente 245.03
60 Sentencia del 16 de noviembre de 2006, expediente 9776.
61 Sentencia del 17 de abril de 2008, expediente 2776.
62 Sentencia del 10 de octubre de 2005, expediente 24057, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez
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especializados, pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo
contrario, la administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para
celebrar contratos laborales» [se resalta].
64. De acuerdo con lo anterior, para esta sala no hay duda de que la entidad territorial
hizo un uso inadecuado de los artículos 7 y 9 de la Ley 322 de 1996 y 2 de la Ley
1575 de 2012, al vincular al demandante a través del Cuerpo de Bomberos
Voluntario de Belén de Umbría para el ejercicio de funciones de carácter
permanente, pues además de lo ya expuesto: i) la ejecución de las funciones
encomendadas se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y
legalmente asignadas a la entidad pública; y ii) la tarea acordada no corresponde a
«actividades nuevas» que no pudieran ser desarrolladas con el personal de planta o
que requirieran de conocimientos especializados que, de manera transitoria,
justificaran contratación; de forma que no se entienden las razones que llevaron a
la administración a no considerar la creación de los empleos correspondientes en la
planta de personal de la entidad y por el contrario, se advierte que esta situación es
contraria a la Constitución y a la ley.
65. En consecuencia, para el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2012 y el
31 de diciembre de 2015 se encuentra demostrada la existencia de los elementos
de la relación laboral y por tanto, de su existencia, razón por la cual se impone
revocar la sentencia apelada y en su lugar se accederá parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
24.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
66. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
67. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación63 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
68. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
69. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 64, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
64 SUJ2-005-16.
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Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
70. Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «( q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»65.
71. En consideración a lo anterior, deberá analizarse si en el sub judice, la
reclamación en sede administrativa fue oportuna, y para ello, se establecerá si hubo
o no solución de continuidad en la prestación del servicio, para lo cual, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
Contrato o forma Interrupción en días
Periodo de prestación de servicios
de vinculación hábiles
24/13 Del 1° de marzo al 31 de agosto de 2012 -
32/12 Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012 0
27/13 Del 13 de febrero al 12 de agosto de 2013 29
27/13 Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2013 3
20/14 Del 17 de enero de 2014 al 16 de mayo de 2014 10
-66 Del 17 de mayo de 2014 al 16 de septiembre de 2014 0
46/14 Del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 0
46/15 Del 23 de enero al 22 de marzo de 2015 14
-67 Del 23 de marzo de 2015 al 22 de septiembre de 2015 0
45/15 Del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 0
72. De acuerdo con el recuento anterior, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 28 de diciembre de
2018, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de diciembre de 2015 y no hubo
interrupciones que superaran los 30 días hábiles
65 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
66 Según la liquidación de prestaciones sociales.
67 Ibidem.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00435-02 (6243-2023)
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2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
73. Por lo analizado, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 1º de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
74. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales68 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas69.
75. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones realizadas
al mencionado sistema durante su vinculación con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Belén de Umbría, con la salvedad de que en caso de no haberse
realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar
el porcentaje que le correspondía como empleador.
76. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
68 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
69 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia70 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
77. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta del
Cuerpo De Bomberos Oficial de Pereira que desarrollaba iguales funciones a las
suyas, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
Empero, sobre el particular, esta sala encuentra necesario realizar las siguientes
precisiones:
78. Debido a la forma de vinculación del actor con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Belén de Umbría y en atención a los negocios jurídicos celebrados
por dicha entidad con el municipio de Pereira, la retribución que recibió Ricaute
Rodríguez Ríos por sus servicios impactaron en el presupuesto de la entidad
contratante, esto es, generó un pago con recursos del erario, lo que impone
considerar la prohibición de incurrir en un doble pago con recursos públicos.
79. En efecto, el artículo 128 Constitucional, señala que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» y precisó
que por tesoro público debe entenderse el de la nación, el de las entidades
territoriales y descentralizadas.
80. En tal sentido, salvo las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, nadie está habilitado para percibir más de una asignación con cargo al erario,
pues ello sería contrario a los postulados constitucionales dispuestos en el artículo
citado, lo que, a su turno, representaría un desconocimiento de los presupuestos
legales que sobre la materia ha fijado el legislador.
81. Así las cosas, comoquiera que las sumas de dinero recibidas a título de salarios
al demandante se derivaron de aquellos contratos celebrados por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría con la entidad territorial, debe
considerarse que esta «asignación» emanó del tesoro público, pues, se insiste,
fueron producto de la celebración de contratos estatales.
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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82. De manera que, comoquiera que los pagos que como consecuencia del
restablecimiento del derecho que aquí se ordenará podrían implicar un doble pago
con recursos del erario, toda vez que el demandante fue remunerado por parte del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría y estos dineros tuvieron
origen en el presupuesto del Estado que sirvieron para satisfacer las obligaciones
contractuales; a fin de no desconocer la prohibición aludida, esta Sala encuentra
necesario establecer una orden que evite tal situación.
83. Así pues, respecto de esos periodos, al demandante solo le asiste el derecho a
recibir la diferencia entre lo pagado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Belén de Umbría y lo que se le debía pagar por la relación laboral que se encontró
acreditada con la entidad territorial, teniendo en cuenta como base para la
liquidación los salarios y prestaciones devengados por el cargo de bombero 475-
07-C adscrito a la planta del municipio de Pereira.
84. Ahora, no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad
de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha
vinculación establecidas en la Constitución y la Ley. Por lo tanto, al actor no se le
puede dar dicha connotación.
85. En lo que tiene que ver con el trabajo suplementario, no existe dentro del
expediente prueba documental de su causación, pues no es viable establecer si
laboró horas extras o el número exacto de dominicales y/o festivos y los horarios en
que se le asignaron. Por ende, era necesario que el interesado demostrara que
trabajó tiempo extra, si fue ordinario o festivo o dominical, si existió compensación
o no y si se le autorizó para tal efecto, pero no lo hizo.
86. No hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria, pues la obligación de
pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el reconocimiento de la
relación laboral existente entre la demandante y la entidad territorial, toda vez que
esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su
ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta
genera.
87. Así entonces, la Sala revocará la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
2.4. Costas
88. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
89. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
90. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.
91. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
92. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
93. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Ricaute Rodríguez Ríos y la entidad demandada durante el periodo
comprendido entre el 1° de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la diferencia en las prestaciones
sociales de orden legal y a la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente
71En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
ejecutadas por la demandante en dicho periodo.
94. La entidad demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional del actor como se indicó con anterioridad y él deberá demostrar las
cotizaciones efectuadas, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Ricaute Rodríguez Ríos en contra del municipio de Pereira, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2069 del 25 de enero de 2019, por medio
del cual la secretaria de gobierno del municipio de Pereira le negó al actor la
existencia de una relación laboral por sus servicios como bombero auxiliar y el pago
de las prestaciones sociales y laborales que se derivaban de ella.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Ricaute Rodríguez
Ríos y el municipio de Pereira durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo
de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos
pensionales.
Cuarto. Condenar al municipio de Pereira a reconocer a Ricaute Rodríguez Ríos
la diferencia entre los salarios y prestaciones que recibió por los servicios prestados
como bombero y que pagó el Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios de Belén de
Umbría y lo que debía reconocer la entidad territorial por el desarrollo de dicha labor,
en el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de
2015.
Ordenar al municipio de Pereira calcular la diferencia entre lo que cotizó al Sistema
General de Pensiones la empresa privada y lo que debía cotizar de haber vinculado
a la planta de personal a Ricaute Rodríguez Ríos entre el 1 de marzo de 2012 y el
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31 de diciembre de 2015 (salvo sus interrupciones) y efectuar la consignación de
esa diferencia, en lo que le correspondía en calidad de empleador.
Para efectos de lo anterior, tomará como referente los salarios de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó en el periodo de
vinculación a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría, por
el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre
el 1º de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, conforme con lo expuesto en
la parte motiva.
La entidad territorial calculará el ingreso base de cotización (IBC) pensional y, en tal
sentido, deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía al empleador. Asimismo, el actor deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al mencionado sistema durante su vinculación con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Quinto. Ordenar al municipio de Pereira a reconocer a Ricaute Rodríguez Ríos las
diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de salarios por parte del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría y lo que debió recibir, en
igualdad de condiciones respecto del cargo de bombero 475-07-C adscrito a la
planta de la entidad territorial que desempeñaba iguales funciones a las suyas.
Sexto. El municipio de Pereira deberá actualizar las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo. No condenar en costas en esta instancia
Noveno. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA
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Demandante: Ricaute Rodríguez Ríos
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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