trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
5.4.3. En este caso no se presentan antinomias legales que deban resolverse a
través del principio de especialidad, sino que el régimen especial de los docentes
carece de esta regulación ante la falta de previsión de esta sanción u otros
beneficios, por ende, se complementa con las disposiciones señaladas.
5.5. El Consejo de Estado sostuvo que, para efectos prestacionales, los educadores
del sector oficial vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se rigen por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, es decir, los
decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que prevén un sistema
anualizado, sin retroactividad y el pago de intereses a sus beneficiarios10.
5.6. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 «[…] los
intereses a las cesantías de los docentes no se cancelan sobre el 12% del valor de las
cesantías de cada año, sino del DTF sobre el monto acumulado que se haya calculado
como consignado en el fondo prestacional […], el cual nunca ha tenido mi representado;
sin embargo, resulta ilógico reclamar la señalada penalidad por los años anteriores al 2009,
en razón a la prescripción ».
5.7. En el proceso se demuestra que la suma pagada en la cuenta de nómina del
demandante corresponde a los intereses a las cesantías de 2020, pago que fue
extemporáneo por ser posterior al 31 de enero de 2021, de modo que también da
lugar a la indemnización prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 197511, a cargo de
las entidades demandadas.
5.8. Con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
se asignó a las entidades territoriales la responsabilidad de reconocer y liquidar las
cesantías y sus intereses. Para el efecto, la Ley 50 de 1990 dispone que el auxilio
se debe consignar en la cuenta individual dispuesta para el docente en el FOMAG
antes del 15 de febrero y los intereses se deben pagar el 31 de enero del siguiente
año.
10 Al respecto citó:
Consejo de Estado, de la Sección Segunda en pleno, la sentencia de unificación CE-SUJ2-001-16,
radicación 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-14); y de la Subsección, sentencia del 21 de
febrero de 2019, radicación 54001-23-33-000-2016-00236-01 (2934-17).
11 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares
[…]
Artículo 1. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar cesantías a sus
trabajadores conforme al capítulo VII Título VIII parte 1a. del Código Sustantivo del trabajo y demás
disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que
en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de
cesantía, tenga este a su favor por concepto de cesantía.
2. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente
aquel en que se causaron, o en la fecha del retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la
liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo periodo
anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.
3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención
autorizados por la ley o convenios por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de
indemnización y por una sola vez el valor adicional igual al de los intereses causados.»
4
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
5.9. En los últimos 10 años, el citado fondo se ha visto afectado debido a la
presentación de más de 60.000 demandas por el pago tardío de las cesantías
parciales o definitivas de los educadores. Ello se debe a que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no consigna oportunamente los recursos para el pago
de las cesantías que reclaman sus titulares.
1.2. Contestación de la demanda
6. El FOMAG contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones con fundamento
en las siguientes razones:
6.1. El demandante no tiene derecho a reclamar la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990 porque esta hace parte de un régimen administrado por los fondos
privados de cesantías, en los que cada afiliado tiene una cuenta individual y se
regulan por dinámicas contractuales o de mercado. Por su parte, el FOMAG
constituye un patrimonio autónomo destinado al pago de las prestaciones sociales
de los docentes, integrado por una masa de dinero general e impersonal, sometido
al principio de legalidad presupuestal y sostenibilidad fiscal.
6.2. La afiliación de los docentes del servicio público educativo al FOMAG es
obligatoria, según el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, con independencia del
nivel de la vinculación (nacional, nacionalizado o territorial), mientras que, de
acuerdo con la Ley 50 de 1990, el trabajador puede seleccionar libremente la
sociedad administradora a la que desea afiliarse.
6.3. Las cesantías de los educadores oficiales son «[…] prepagadas al fondo mediante
el descuento mensual en el presupuesto nacional de los recursos que van a transferirse de
la nación a las entidades territoriales y se garantizan con el giro anual del Ministerio de
Hacienda, de modo que existe una imposibilidad operativa de la existencia de la sanción
por mora, si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de cada vigencia, los rubros
destinados a las cesantías de sus afiliados ya se encuentran girados al Fomag».
6.4. El valor de los intereses que reconoce el FOMAG es mayor que aquel previsto
por la Ley 50 de 1990, debido a que su liquidación se realiza sobre el saldo total
acumulado de cesantías y con una tasa superior a la descrita en la norma cuya
aplicación se pretende, pues corresponde al DTF certificado por la Superintendencia
Financiera. Su pago se efectúa en 4 diferentes nóminas (marzo, mayo, agosto y
noviembre), por ende, si el afiliado recibió dicha prestación en alguno de estos
meses, no es posible predicar un incumplimiento que conlleve el deber de reconocer
indemnización alguna.
12 Archivo digital 7 de Samai del proceso de primera instancia, el cual se puede consultar en el
siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001333300120220
0016006600133.
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6.5. En el caso concreto del demandante, el pago de los intereses se efectuó en
marzo de 2021 en cumplimiento del artículo 4 del Acuerdo 39 de 199813, según el
extracto allegado con la contestación, por lo que no se puede alegar entonces un
incumplimiento que dé lugar a la condena solicitada.
6.6. El acto administrativo acusado no desconoció el principio de favorabilidad ni el
derecho a la igualdad. Sobre el punto se debe precisar que la providencia del
Consejo de Estado invocada en la demanda14 se sustentó en la interpretación
expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, para decidir
el caso de un docente que nunca fue afiliado al FOMAG.
6.7. En el presente asunto, se configura la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que la sanción derivada de la consignación tardía de
las cesantías se reclama ante el empleador, que para el caso es el ente territorial
nominador y no el FOMAG, toda vez que este solo es un patrimonio autónomo
creado para atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados.
7. El municipio de Dosquebradas, Risaralda, solicitó que se denegaran las
pretensiones de la demanda15, con sustento en los siguientes argumentos:
7.1. El acto acusado no fue expedido con infracción de las normas invocadas en el
concepto de violación, puesto que la Secretaría de Educación municipal reportó el
valor correspondiente a la liquidación de las cesantías de 2020 al FOMAG el 29 de
enero de 2021. Por tanto, en manera alguna se generó la sanción por mora a su
cargo, en los términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
7.2. Se configura el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que la Secretaría de Educación no es la llamada a responder por las
imputaciones fácticas y jurídicas contenidas en la demanda. Por mandato de los
artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 2005, la actuación del ente territorial se contrae
a la elaboración de los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de las
prestaciones sociales, pero el pago a los docentes lo hace el FOMAG a través de la
entidad fiduciaria, con cargo a los recursos que le gira directamente la Nación.
7.3. En las sentencias citadas en la demanda16, el Consejo de Estado reconoció la
sanción por mora a docentes que no se encontraban afiliados al FOMAG. En esos
casos, la entidad territorial era responsable del pago de sus prestaciones. La
situación suscitada en esta litis es diferente, por cuanto el demandante sí es
beneficiario del señalado fondo.
13 «Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de intereses a las
cesantías de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14 Citó la providencia con radicación 2014-00254.
15 Archivo digital 8 de Samai.
16 Entre ellas, la del 24 de enero de 2019 proferida dentro del proceso con radicación 76001-23-31-
000-2009-00867-01 (4854-2014)
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
1.3. La sentencia apelada
8. El Juzgado Primero Administrativo de Pereira profirió sentencia el 29 de junio del
202217, por medio de la cual declaró la nulidad del oficio del 17 de agosto de 2021
expedido por el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación
de Dosquebradas, Risaralda.
9. Como consecuencia de lo anterior, condenó al FOMAG a:
«reconocer y pagar […] la indemnización por el no pago oportuno de sus
intereses a las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de mora,
por 40 días.
2.1. A reconocer y pagar al demandante la indemnización por la no consignación
de las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados
desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se haga efectiva la
consignación.
La determinación de la cifra a la que ascienden estas condenas, serán
calculadas así: los 40 días correspondientes a la mora en el pago de los intereses
a las cesantías días(sic) con fundamento en la asignación básica devengada por
el demandante durante el año 2021 y los días de mora correspondientes a las
cesantías deberán ser liquidados con base en la asignación básica devengada
en cada año en el que se genere la mora.»
10. Asimismo, ordenó indexar las sumas reconocidas en favor del demandante, de
acuerdo con el artículo 187 del CPACA y negó la condena en costas en esa
instancia.
11. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
11.1. Los docentes están regulados por una norma especial y, en principio, no son
destinatarios de la Ley 50 de 1990, puesto que esta normativa fue extendida a todos
los empleados públicos por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo
estipulado en la Ley 91 de 1989.
11.2. No obstante, el Consejo de Estado18 acogió el criterio expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019, por ende, en
lo concerniente a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales, es posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales. Así
las cosas, la suma liquidada por concepto del auxilio, con corte a 31 de diciembre
de cada anualidad, se les debe depositar en el FOMAG a más tardar el 14 de febrero
del siguiente año, so pena de que se configure tal penalidad.
11.3. En el sub lite, se encuentra probado que Julián David Quintero Agudelo se
vinculó al servicio docente oficial del municipio de Dosquebradas, Risaralda, a partir
del 15 de marzo de 2006. Por consiguiente, se encuentra cobijado por el régimen
anualizado de cesantías regulado en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de
17 Samai, archivo digital 21.
18 Al respecto, citó la sentencia del 22 de octubre del 2020 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda, dentro del proceso con radicación 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-17).
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1989.
11.4. Según el reporte del FOMAG, no se le han consignado las cesantías causadas
en 2020, razón por la cual el demandante es acreedor de la sanción por mora
reclamada, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha en que se registre el
depósito en el fondo. Asimismo, el documento indicó que el giro de los intereses se
realizó el 27 de marzo de 2021, es decir que se incurrió en mora desde el 15 de
febrero del 2021 hasta el 30 de marzo de ese año, de manera que se le debe
indemnizar por esos 40 días de retardo.
11.5. La mora es atribuible al FOMAG por cuanto el docente fue afiliado a aquel desde
su posesión en el cargo y el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto reglamentario
3752 de 200319 solo prevé la responsabilidad de la entidad territorial nominadora
cuando omite realizar tal diligencia.
1.4. Los recursos de apelación
12. El Ministerio Público20 señaló que la decisión de primera instancia es
respetuosa de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
tal y como se desprende de las sentencias invocadas como fundamento en la parte
motiva. Sin embargo, el criterio debe ser modificado o precisado, en tanto las
circunstancias fácticas del sub judice son diferentes de las analizadas por los
órganos de cierre en las providencias referenciadas.
13. El FOMAG21 manifestó su desacuerdo frente a la sentencia de primera instancia
y, como argumento para su revocatoria, expuso que la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a los docentes del sector público, por las
siguientes razones:
13.1. Existen diferencias entre los fondos administradores de cesantías, las cuales
se sintetizan así:
Fondos privados de cesantías FOMAG
(AFP)
Naturaleza Patrimonio autónomo de propiedad Cuenta especial de la Nación
jurídica de los afiliados, independiente del constituido como un patrimonio
fondo (Dec. 663 de 1993). autónomo (arts. 3 y 4 de la Ley 91/89),
cuyos recursos son administrados por
una sociedad fiduciaria de economía
mixta vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Margen de Por ser una entidad financiera, se le Se creó bajo el principio de unidad de
operación permite invertir los recursos que caja, por lo que las cesantías de sus
administra por concepto de cesantías beneficiarios se administran según lo
en cuentas individuales, dispuesto en la Ley 91/89, las
19 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».
20 Archivo digital 23 de Samai.
21 Archivo digital 24 de Samai.
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conformadas por una subcuenta de cláusulas del contrato fiduciario y las
corto y largo plazo. determinaciones que apruebe el
Consejo Directivo del FOMAG y no en
cuentas individuales.
Fuentes de a) Las sumas que consigne el a) El 5% del sueldo básico mensual del
financiación empleador por concepto de auxilio de personal afiliado;
cesantías; b) las cuotas personales de inscripción
b) los aportes voluntarios de los equivalentes a 1/3 parte del primer
afiliados independientes (Dec. 1063/ sueldo mensual devengado, y 1/3
91, arts. 12, literal b) y 31). parte de sus posteriores aumentos;
c) los aportes de las cooperativas o c) el aporte de la Nación equivalente al
precooperativas de trabajo asociado 8% mensual liquidado sobre los
(Ley. 79/88, art. 59 y Decs. 468/90 y factores salariales que forman parte
4855/06). del rubro de pago por servicios
d) los aportes de las entidades personales de los docentes.
públicas del sector salud, de la rama d) el aporte de la Nación equivalente a
judicial o del nivel territorial (Dec. 1/12 anual, liquidada sobre los
1582/98). factores salariales que forman parte
e) las sumas entregadas por la del rubro de servicios personales de
nación a través del Sistema General los docentes;
de Participaciones; e) el 5% de cada mesada pensional
f) las sumas entregadas por la Nación que pague el fondo incluidas las
y las entidades territoriales por mesadas adicionales, como aporte de
concepto de los contratos de los pensionados;
concurrencia; f) el 5 por mil (Leyes 4/66 y 33/85), a
g) los rendimientos generados por los cargo de los docentes, de toda nómina
activos que integran los portafolios que les pague la Nación por servicios
del fondo; personales.
h) el producto de las operaciones de (Art. 12 del Dec. 196/95)
venta de activos; e
i) cualquier otro ingreso que resulte a
favor de los portafolios del fondo.
Sujetos Trabajadores particulares y El personal docente al servicio del
beneficiarios empleados públicos Estado
Afiliación Es voluntaria Es obligatoria (art. 1 del Dec. 3752/03)
Régimen Ley 50 de 1990 Ley 91 de 1989, art. 15-3.
normativo
Intereses a Legales del 12% anual o Se liquidan sobre el total del saldo
las cesantías proporcionales por fracción (no sobre acumulado de cesantías y con una
el saldo total de las cesantías) tasa superior a la descrita en la norma
general, que corresponde al DTF
certificado por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
13.2. En virtud del artículo 5 del Decreto 3752 de 2003, se debe surtir un
procedimiento operativo anual de liquidación con los recursos inmersos en el
FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, el cual se compone de las
siguientes etapas:
13.2.1. Laelaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo
prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG con cargo a los recursos
de este último y se presenta de manera separada la deuda por concepto de
cesantías y pensiones.
13.2.2. Una vez definido el monto de la deuda a pagar y previa revisión del Ministerio
de Hacienda, la Fiduprevisora S.A. comunica a la entidad territorial las cifras
correspondientes a este concepto.
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13.2.3. El traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (FONPET) al FOMAG.
13.2.4. En caso de que estos recursos no fueran suficientes para cubrir la deuda, la
entidad territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.
13.3. Lo anterior conlleva la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas
individuales y, en consecuencia, la consignación de las cesantías, debido a la forma
en que se apropian los recursos que conforman el patrimonio autónomo antes
descrito22. En lugar de ello, los educadores están facultados para retirar sus
cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley23.
13.4. En relación con las cesantías de 2020, período respecto del que se alegó el
incumplimiento en la consignación, la Fiduprevisora S.A. emitió el comunicado 16
del 17 de diciembre de 2019, en el cual determinó que el plazo improrrogable para
el reporte de las cesantías para todas las secretarías de educación era el 5 de
febrero de 2020. Su omisión conllevaba la responsabilidad del ente territorial por las
contingencias derivadas del retardo.
13.5. Tampoco hay lugar a acceder a la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, pues no se encuentra regulada en la Ley 50 de 1990, sino
en el ordinal 3, artículo 1 de la Ley 52 de 1975, de la que son destinatarios los
trabajadores particulares. Por ende, el a quo incurrió en la vulneración del principio
de inescindibilidad. Por el contrario, el procedimiento para el pago de los intereses
a los beneficiarios del FOMAG se realiza en marzo, según lo descrito en el artículo
4 del Acuerdo 39 de 199824. En este caso, la suma correspondiente a la vigencia
reclamada se pagó el «31 de marzo del año 2021», de modo que no causó el derecho
a indemnización alguna.
13.6. La sentencia apelada realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia
citada en la demanda. Es así, en atención a que, en la sentencia SU-098 de 2018,
el municipio demandado no había afiliado al docente al FOMAG y en las providencias
proferidas por el Consejo de Estado se declaró probada la excepción de
prescripción; luego, no guardan identidad fáctica con el caso objeto de controversia.
13.7. En el asunto concreto, el demandante se encuentra afiliado al FOMAG desde el
22 De acuerdo con los artículos 8 de la Ley 91/89; 8 y 36 de la Ley 715/01; y 12 a 13 del Decreto 196
de 1995.
23 En el evento en que queden cesantes o para financiar la educación y para la adquisición,
construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda cuando así lo soliciten.
24 «El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizará el pago de los intereses en
el mes de marzo, a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria que
administra los recursos del Fondo a más tardar el cinco (5) de febrero de cada año, y en el mes de
mayo a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria en el período
comprendido entre el seis (6) de febrero hasta el quince (15) de marzo de cada año. En los casos
en que la entidad territorial reporte la información con posterioridad a esta fecha, la entidad fiduciaria,
programará pagos posteriores, de lo cual informará al Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio».
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15 de marzo de 2006, cuando se nombró en el municipio de Dosquebradas y está
sometido al régimen especial docente (leyes 91 de 1989 y 812 de 2003). En
consecuencia, no le es aplicable la Ley 50 de 1990.
14. Julián David Quintero Agudelo apeló la decisión de primera instancia25, en
cuanto la condena se impuso a cargo del FOMAG y no de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional. Al respecto, expuso lo siguiente:
14.1. Con la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, la liquidación anualizada de
cesantías comenzó a aplicarse a todo el personal docente que se vinculara a partir
del 1 de enero de 1990. Sin embargo, la norma no previó un límite para la
consignación del auxilio en el respectivo fondo. Esta situación fue regulada por la
Ley 50 de 1990, que dispuso que el empleador debía consignar el auxilio a más
tardar el 14 de febrero de cada año.
14.2. Según el artículo 5 de la Ley 91 de 1989, al FOMAG le corresponde pagar las
prestaciones sociales de los docentes afiliados. Para cumplir con esta obligación, el
artículo 8 de la misma ley dispone que el fondo está constituido, entre otros, por los
aportes que le debe girar la Nación a más tardar el 30 de diciembre de cada año.
Así lo ratificaron los artículos 9 del Decreto 2563 de 1990 y 18, parágrafo 1, de la
Ley 715 de 2001.
14.3. Sin embargo, la Nación ha tomado ventaja de su posición dominante, por
cuanto no hace el giro oportuno de los recursos con cargo a los cuales el FOMAG
paga las prestaciones sociales a los docentes, entre ellas, las cesantías, y a pesar
de que al fondo le corresponde velar por el cumplimiento de aquella obligación, no
le exige al Ministerio de Educación Nacional el traslado de los aportes. Esta
actuación genera la insolvencia del administrador y la imposibilidad de cubrir en
forma oportuna las necesidades de sus afiliados.
14.4. Enconsecuencia, la entidad responsable del pago de las acreencias
reclamadas es la Nación, Ministerio de Educación Nacional, pues su incumplimiento
«irrumpe en contra de lo establecido en la Ley 91 de 1989, Ley 50 de 1990 y la ley 715 de
2001».
1.5. La solicitud de unificación de jurisprudencia
15. Mediante auto del 30 de agosto de 202226, el Tribunal Administrativo de
Risaralda dispuso la remisión del expediente a la Sección Segunda de esta
Corporación27, para que resolviera la solicitud de unificación de jurisprudencia
presentada por el procurador 157 judicial II para asuntos de conciliación
25 Archivo digital 25 de Samai.
26 Archivo digital 003 de Samai, del proceso que cursa en segunda instancia en el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
27 El 8 septiembre de 2022, visible en el índice 7 de Samai.
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
administrativa y coadyuvada por el FOMAG, de conformidad con lo regulado en el
artículo 271 del CPACA.
16. El agente del Ministerio Público solicitó que por razones de importancia jurídica
se unificara la jurisprudencia para determinar que a los docentes oficiales no les es
aplicable la sanción por mora regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, salvo
que el ente territorial omita su afiliación al FOMAG o que se retarde el traslado de
los recursos al fondo, como sucedió en los casos analizados por la jurisprudencia
de las altas cortes28. Para sustentar su solicitud, expuso lo siguiente:
16.1. La sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es
aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, pues este difiere de las sociedades
administradoras de cesantías, tal como se resume a continuación:
Sociedades administradoras de Fondo Nacional de Prestaciones
fondos de cesantías Sociales del Magisterio
Naturaleza Se rigen por el derecho privado Es una cuenta – fondo especial a
cargo de la Nación administrada por
la Fiduprevisora S.A.
Su objeto es la administración de los
Objeto recursos aportados por terceros Su objeto es el reconocimiento de la
(empleadores), a favor de sus prestación social y es pagador directo
trabajadores para garantizar los
rendimientos financieros sobre los saldos
y su entrega bajo el cumplimiento de los
presupuestos legales
Sanción El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 la prevé Dentro de este régimen especial, el
moratoria a cargo del empleador que incumpla el legislador no previó la sanción
plazo para la consignación de las moratoria por la falta de consignación
cesantías de las cesantías, ya que no se surte
ese trámite.
16.2. La Corte Constitucional ha emitido los siguientes pronunciamientos:
16.2.1. En la sentencia C-928 de 2006, sostuvo que la diferencia en el tratamiento de
los rendimientos sobre las cesantías de los beneficiarios del FOMAG no vulneraba
el principio de igualdad, sino que dicho trato diferenciado buscaba protegerlos, por
cuanto gozaban de un sistema especial acorde con la forma de ingreso y la labor
que desarrollaban al servicio del Estado.
16.2.2. En la sentencia SU-098 de 2018, indicó que a los docentes oficiales no se les
podía excluir de la aplicación de la sanción moratoria estipulada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990.
16.3. La interpretación de la Corte en la última de las providencias señaladas se hizo
alrededor de un marco fáctico distinto del analizado en el proceso de la referencia.
28 Al respecto citó las siguientes: de la Corte Constitucional, sentencias C-928 de 2006, SU-098 de
2018 y SU332 de 2019.
Del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
radicado 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), demandante: Álvaro Bonilla Guerrero,
demandado: municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación.
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
Por esa razón debe revaluarse la aplicación general de dicho criterio, pues conlleva
desconocer la naturaleza del fondo y la finalidad de la sanción moratoria por la falta
de consignación de las cesantías. Las diferencias de orden fáctico y jurídico
suscitadas son las siguientes:
Sentencia SU-098 de 2018 Caso concreto (objeto de
apelación)
Afiliación El ente territorial omitió la afiliación El docente fue afiliado al FOMAG
del docente al FOMAG desde la fecha de posesión en el
empleo
Garantía de Se aplicó la sanción moratoria de la Sí se garantiza la disponibilidad de los
goce de las Ley 50 de 1990 en razón a la recursos pues el titular de la
cesantías omisión administrativa, pues el fin obligación es la Nación y en el FOMAG
de aquella es garantizar la se reúne la calidad de administrador y
disponibilidad de los recursos pagador
Consecuencia La condena recayó en el empleador No se imputa la omisión frente a la
jurídica derivada que incumplió con la obligación legal afiliación al fondo, por lo que no se
de la falta de de afiliación (Dec. 3752 de 2003, puede predicar la misma
afiliación artículo 1, parágrafo 1) consecuencia jurídica.
16.4. Tampoco resulta aplicable al caso concreto la regla de unificación establecida
en la sentencia SU-332 de 2019 ni el fallo del Consejo de Estado citado en la
providencia objeto de apelación29. En la primera providencia, se discutió el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 y, en la
segunda, se estudió una situación disímil en la que se endilgó el incumplimiento del
municipio en el traslado de las cesantías al momento de afiliar al docente al FOMAG.
16.5. En suma, es necesario que el Consejo de Estado unifique la jurisprudencia para
determinar que al docente oficial no le es aplicable la sanción por mora regulada en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista por parte del ente territorial i)
omisión frente a la afiliación al FOMAG; o ii) retardo en el traslado de los recursos
que dentro de la oportunidad deba girar al citado fondo, como sucedió en los casos
analizados por la jurisprudencia de las altas cortes antes citadas.
16.6. El FOMAG coadyuvó la solicitud de unificación, por razones de importancia
económica y jurídica, por el alto porcentaje de solicitudes a nivel nacional de
docentes sin traslado a ese fondo (107) y con afiliación vigente (9.238).
1.6. Trámite en segunda instancia
17. Por medio de auto del 22 de junio de 202330, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Risaralda admitió el recurso de apelación y prescindió de la etapa
de alegatos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA.
29 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de octubre
del 2020, radicación 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-17).
30 Índice 10 de Samai.
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18. La Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de auto del 24 de agosto
de 202331, avocó conocimiento para emitir sentencia de unificación de conformidad
con el artículo 271 del CPACA, frente a la aplicación de la sanción moratoria de la
Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías anualizadas a los
docentes al servicio del Estado.
1.7. Audiencia pública
19. El 7 de septiembre de 202332 se llevó a cabo la audiencia pública potestativa
prevista en el artículo 182B del CPACA, convocada mediante auto del 28 de agosto
del mismo año33, con las siguientes intervenciones:
19.1. El municipio de Dosquebradas, Secretaría de Educación, a través del
secretario jurídico, se pronunció acerca de los insumos para la elaboración del
proyecto de presupuesto de ingresos destinado a cubrir los gastos de la prestación
del servicio docente, así como del procedimiento para la transferencia de los
recursos del Sistema General de Participaciones34 al ente territorial y al FOMAG con
el fin de cubrir las prestaciones económicas del personal docente. Asimismo, en
relación con la actuación desarrollada para la liquidación del auxilio de cesantías,
su notificación a cada docente titular y la verificación de las afiliaciones al fondo a
través del sistema de información «Humano» dispuesto para ese efecto.
19.2. El vicepresidente (e) del FOMAG35 describió el procedimiento y la oportunidad
para la elaboración del presupuesto destinado al pago de las obligaciones de sus
afiliados por concepto de aportes patronales y aludió a la otra fuente de financiación
que proviene de las entidades territoriales correspondiente al pasivo prestacional,
las cuotas partes pensionales y de inscripción, entre otros.
19.3. Por conducto del coordinador de prestaciones sociales detalló el proceso de
afiliación de los docentes al fondo36 y el de liquidación de las cesantías que tiene
lugar cada 31 de diciembre por parte de las 97 secretarías de educación
certificadas. Este constituye el insumo para que, a partir de un cálculo aritmético, el
FOMAG determine el monto a pagar como interés anual a cada docente sobre el
valor acumulado de la prestación social, el cual puede ser verificado en la página
web de la entidad. La vicepresidenta jurídica puntualizó que en la actualidad tienen
330.775 afiliados activos, 31.021 con régimen de cesantías retroactivo y 299.754
bajo el anualizado; y al 31 de agosto de 2023, existen 53.380 procesos vigentes en
los que se pretende la aplicación de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.
31 Índice 16 de Samai.
32 Registrada en el índice 56 de Samai. El link donde podrá ver la audiencia es el siguiente:
https://www.youtube.com/live/WWMRBghfSvQ?si=HIbA8Ild7NT1l25p
33 Índice 12 de Samai.
34 En lo sucesivo SGP.
35 Además de la intervención en la audiencia, allegaron un escrito por el cual responden a los
interrogantes planteados en el auto del 28 de agosto de 2023, el cual obra en el índice 36 de Samai.
36 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y los decretos 3752 del 2003 y 1072 del
2015.
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19.4. Para contestar los interrogantes formulados a La Fiduprevisora S.A.37
relacionados con los trámites realizados en el ejercicio de la apropiación de los
recursos como administradora del patrimonio autónomo de la Nación y la liquidación
del auxilio, intervinieron los mismos funcionarios del FOMAG.
19.5. El subdirector jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expuso
cómo se efectúa la distribución sectorial de los recursos del SGP y, en concreto, la
transferencia con destinación específica para educación que realiza el Ministerio de
Educación en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación a los entes
territoriales. Las asesoras de la Dirección de Apoyo Fiscal desarrollaron el
procedimiento de programación y apropiación de los recursos establecido en el
artículo 85 de la Ley 715 de 2001 y, en concreto, señalaron que de acuerdo con el
principio de legalidad del gasto solo pueden ejecutarse los gastos que estén
incorporados, de manera que existe un rubro en los presupuestos generales de la
Nación y de los entes territoriales, según corresponda, para el pago de los intereses
por mora y sanciones, siempre que haya lugar a ellos38.
19.6. Los delegados del Ministerio de Educación Nacional39 explicaron las razones
que justifican los desajustes en el giro mensual de las transferencias del sector
central al descentralizado con ocasión de los traslados de aportes patronales,
previsión social y cesantías, así como los mecanismos disponibles para alcanzar el
balance mensual e inclusive anual. Además, se refirieron al servicio de asistencia
técnica que brinda el Ministerio de Educación para la guía en la administración de
sus recursos y las estrategias de monitoreo, seguimiento y control al gasto que se
ejecuta con los recursos del SGP (Decreto Ley 28 de 2008).
19.7. Las sociedades administradoras de cesantías intervinieron a través del
vicepresidente jurídico de Colfondos S.A., la líder de operaciones de Protección S.A.
y el especialista de estrategia judicial de Porvenir S.A.40, quienes describieron el
sistema de liquidación de cesantías y las actuaciones que deben ejercer los afiliados
ante el incumplimiento del empleador en el plazo para la consignación en la cuenta
individual.
19.8. El director de defensa jurídica nacional de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (ANDJE)41 especificó que la principal causa de litigiosidad del
FOMAG es la concerniente a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 199042, incrementada de manera sustancial en
2022 con 36.639 procesos.
37 Ib. 32.
38 También se allegó escrito registrado en el índice 37 de Samai.
39 El Ministerio de Educación intervino a través del profesional especializado y el asesor de la oficina
de Planeación y Finanzas.
40 Porvenir remitió escrito que obra en el índice 27 de Samai.
41 Escrito allegado en el índice 44 de Samai.
42 Al respecto, reportó 51.068 procesos activos con corte al 31 de agosto de 2023, según el Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – EKOGUI.
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20. Igualmente, intervinieron los siguientes sujetos procesales:
20.1. El demandante43 insistió en que la Nación, Ministerio de Educación Nacional en
calidad de empleador debe «procurar el cuidado de los recursos» para que el FOMAG
«consigne a más tardar el 15 de febrero de cada año, el valor de la liquidación anual de las
cesantías de los docentes nacionales y aquellos vinculados después del 1 de enero de
1990», por tratarse de servidores públicos, en armonía con lo establecido en el
Decreto 1252 del 2000. Agregó que, al efecto, el citado fondo puede hacer los
trámites presupuestales para cambiar de manera expedita la destinación de los
recursos que fueron declarados en la audiencia pública como excedentes
financieros por la suma de 2.3 billones de pesos.
20.2. Igualmente,indicó que se debe «inaplicar el Acuerdo 39 de 1998 », para
determinar que por razones de jerarquía normativa tienen derecho al
reconocimiento de la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975, «los docentes que
logren demostrar que realizaron la reclamación administrativa antes del 7 de septiembre de
2023, momento en que se hizo de público conocimiento para todos los docentes porque [en
esa fecha] se llevó a cabo la audiencia del artículo 182B del CPACA» en el proceso de la
referencia.
20.3. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG44 reiteró las diferencias
sustanciales entre el sistema de administración regulado en la Ley 91 de 1989 frente
al de la Ley 50 de 1990, en cuanto a la naturaleza de los fondos y los intereses a
las cesantías, lo cual deviene del régimen especial en materia prestacional del que
son beneficiarios los docentes del sector oficial.
20.4. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado45 solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran, por
improcedentes, las pretensiones de la demanda. Aunado a ello, pidió que se sentara
una línea jurisprudencial en el sentido de indicar que el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y la Ley 52 de 197546 no son aplicables a los afiliados al FOMAG, quienes
cuentan con un régimen especial establecido por el legislador en la Ley 91 de 1989
en el que no existe una consignación del auxilio de cesantías en una cuenta
individual, sino que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de
caja y están disponibles para el pago según el procedimiento especial. En
consecuencia, lo pretendido por el demandante implicaría un cambio normativo y
una doble sanción frente a una misma circunstancia.
20.5. Lo anterior, con excepción de las situaciones en que el ente territorial haya
omitido la afiliación del empleado público al FOMAG o si aun cuando ello ocurrió se
43 Allegó escrito registrado en el índice 65 de Samai.
44 La entidad demandada también allegó un memorial que obra en el índice 47 de Samai.
45 Índice 51 de Samai.
46 Al respecto citó al Consejo de Estado. Sentencias del 17 de julio del 2023, proferida dentro del
expediente 11001-03-15-000-2023-00965-01 (AC) y del 8 de junio de 2023, en el proceso 11001-03-
15-000-2023-02369-001 (AC).
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demuestre una omisión o tardanza en el traslado de los recursos girados al fondo,
por ejemplo, el pasivo de las cesantías.
20.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reiteró lo
expuesto en su intervención inicial y frente a la afirmación de la parte demandante
atinente a que a los docentes se les aplica la Ley 50 de 1990 por disposición del
Decreto 1252 del 2000, indicó que hay dos normas posteriores que ratifican que los
docentes sí son beneficiarios de un régimen especial en materia de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989, a saber, la Ley 812 de 2003 que contiene el Plan
Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 y el Decreto 3752 del 2003, reglamentario del
artículo 81 de esa ley.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
21. De conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 201147, el Consejo de
Estado podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo que
ameriten la expedición de una sentencia por importancia jurídica, trascendencia
económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; lo cual puede
hacer de oficio, a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones
o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.
22. Igualmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de unificación dentro del asunto de la referencia, en atención a lo
47 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. «Por razones de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de
una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento
de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse
de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales;
a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del
Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales
administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
[…] Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que
provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las
integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar
jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo
de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo […]».
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previsto en los artículos 1348 y 14 49 del reglamento interno de esta Corporación
(Acuerdo 080 de 2019).
2.2. De la necesidad de unificar jurisprudencia
23. Por medio de auto del 24 de agosto de 2023, la Sala avocó el conocimiento del
proceso de la referencia con el fin de unificar su jurisprudencia. Al respecto se advirtió
que, hasta el 2018, existió una posición pacífica en las decisiones adoptadas por las
Subsecciones A y B, en relación con las reclamaciones de reconocimiento de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
estatales. En tales providencias, se consideró que no se cumplían con los supuestos
del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, para extenderles el reconocimiento de la
aludida penalidad.
24. A partir de 2020, surgió un cambio jurisprudencial para dar aplicación al precedente
de la Corte Constitucional, contenido en la sentencia SU-098 de 2008, según el cual
los docentes tienen derecho a la sanción de la Ley 50 de 1990, con el fin de que
puedan disponer del auxilio de cesantías en cualquiera de los eventos que la ley lo
determina, esto es ante el desempleo, para financiar la educación propia o de su
núcleo familiar y la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces
destinados a vivienda. Sin embargo, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte indicó
que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2008 no es vinculante en los casos
en los que se debaten estas mismas reclamaciones presentadas por los docentes
afiliados al FOMAG, ya sea desde la vinculación al servicio docente o en los años
posteriores, comoquiera que no guardan similitud fáctica y jurídica.
25. A continuación, se resumen50 las posiciones jurisprudenciales frente a esta
temática, clasificada según el supuesto fáctico relacionado con la afiliación o no del
docente oficial al FOMAG:
48 «Artículo 13.-Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
[…]
Sección Segunda
[…] 2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes
de un contrato de trabajo. […]»
49 «Artículo 14.- Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad,
también tendrá́ competencia para: […] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar
jurisprudencia, en relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por
petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. […]»
50 El resumen se realiza con una metodología aproximada a la propuesta en: LÓPEZ MEDINA, Diego
Eduardo. El derecho de los jueces. 2da Edición. Bogotá. Legis Editores S. A., 2021.
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25.1. Sentencias proferidas respecto de docentes no afiliados al FOMAG
Problema jurídico
¿Los docentes oficiales NO AFILIADOS al FOMAG tienen derecho a la sanción moratoria por la
falta de consignación del auxilio de cesantías anualizadas, en los términos del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990?
Tesis 1: Niega Sección Segunda Tesis 2: Accede
No le es aplicable Sub. B, (4854-14) Se les debe aplicar
al personal del 27/7/17 la Ley 50/90, debido
docente oficial la • SU-098 del 17/10/18. a su calidad de
Ley 50/90, debido Deja sin efectos fallo del empleados públicos.
al régimen 27/07/17 (4854-14)
excepcional
previsto en la Ley
91/89, pues el Sección Segunda Sub. B
Dec.1582/98 solo (4854-14) del 24/01/19
lo extendió a los Cumple orden de tutela
empleados del SU-098/18
orden territorial
que ingresaron a
partir del 31/12/96
y que estuvieran
afiliados a fondos
privados.
26. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, los docentes cuya afiliación al FOMAG fue omitida durante toda la relación
laboral son destinatarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y su
pago es responsabilidad del ente territorial, según el artículo 1, parágrafo 1, del
Decreto 3752 de 2003.
27. Sentencias de docentes afiliados al FOMAG con posterioridad a su ingreso al
servicio público
27.1. En el 2019, se profirieron decisiones disímiles al interior del Consejo de Estado
en acciones de tutela contra algunas de las anteriores providencias judiciales, las
cuales se resumen en el siguiente cuadro:
Sentencias de tutela del Consejo de Estado
Tesis 1: Niega Tesis 2: Accede
Sección Quinta 2018-03408-01 del 9/05/19 Sección Primera, 2018-4679-01 del 9/05/19
(AC) (AC)
Sección Tercera, Sub B, 2018-03214-01 del
10/7/19 (AC)
Sección Segunda Sub A, 2018-03440-01
del 25/7/19 (AC)
Sección Tercera, Sub C, 2018-03499-01
del 29/07/19 (AC)
Sección Quinta, 2018-03270-01 del
8/08/19 (AC)
Sección Segunda, 2023-02369-01 del
8/6/23
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Sección Tercera, 2023-00965-01 del
17/7/23 (AC)
28. La posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a estos
docentes afiliados al FOMAG luego de transcurridos 2 o 3 años luego de su ingreso
al servicio educativo, se resume a continuación:
Problema jurídico
¿Los docentes oficiales AFILIADOS al FOMAG tienen derecho a la sanción moratoria por la falta
de consignación del auxilio de cesantías anualizadas, en los términos del artículo 99 de la Ley 50
de 1990?
Tesis 1: No Tesis 2: Sí
Sub B (3583-15) del 14/06/18
Sub B (3472-15) del 14/06/18
Sub B (0406-16) del 19/07/18
Sub B (2092-16) del 08/08/18
Sub B (5172-16) del 13/08/18
Sub B (1653-16) del 24/08/18
Sub B (0228-16) del 05/09/18
Sub B (0345-16) del 05/09/18
Sub B (0324-16) del 07/09/18
Sub A (0375-16) del 25/10/18
Declara prescripción (no hay condena)
Sub A (0375-16) del 22/08/19 Cumple orden
de tutela
Sub A (0324-16) del 10/07/20 Cumple orden
de tutela
Sub B (3104-17) del 27/08/20
Sub B (2874-17) del 27/08/20
Sub B (1824-16) del 27/08/20
Sub B (4966-17) del 27/08/20
Sub B (2734-17) del 27/08/20
Sub B (2253-17) del 27/08/20
Sub A (2286-18) del 29/10/20
Sub A (1938-17) del 29/10/20
Sub A (3110-17) del 29/10/20
Sub A (4434-19) del 29/10/20
Sub A (3402-15) del 30/10/20
Sub A (2864-17) del 05/11/20
Sub A (1689-18) del 12/11/20
Sub B (5156-16) del 13/11/20
Sub B (0041-18) del 13/11/20
Sub A (4505-17) del 03/12/20
Sub A (2881-17) del 03/12/20
Sub A (0247-17) del 03/12/20
Sub A (2475-17) del 03/12/20
Sub A (0197-17) del 03/12/20
Sub A (4979-17) del 17/06/21
Sub B (5865-19) del 17/06/21
Sub A (3157-19) del 19/08/21
Sub A (2660-20) del 03/03/22
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Sub A (0231-20) del 03/11/22
Sub B (0727-21) del 19/01/23
Accede parcialmente
Sub A (4470-21) del 19/01/23. Condenó al
pago de la sanción moratoria por los años
2006 a 2009. Declaró prescripción frente al
2004 y 2005
29. En suma, hasta el 2018 la jurisprudencia del Consejo de Estado mantuvo la
posición de negar la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG (tesis 1), pero como efecto de la sentencia SU-098 de
2018 surgió un cambio jurisprudencial que definió su extensión en razón a su calidad
de empleados públicos y, en esa medida, exigirle al fondo la afiliación y
consignación oportuna, ya que esta última es la que garantiza el acceso a la
prestación social -auxilio de cesantías-. (tesis 2).
30. Sin embargo, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 de 2019, la regla jurisprudencial fijada en la sentencia SU-098 de 2018
constituye precedente en el evento en que se omita la afiliación del docente al
FOMAG, de modo que en aquellos casos en que se pretende la sanción por la falta
de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado fondo, no existe
una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las
situaciones con similitud fáctica y jurídica.
2.3. Los problemas jurídicos
31. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
¿Los docentes al servicio del Estado son destinatarios de la sanción moratoria
por la falta de consignación de las cesantías anualizadas prevista en el artículo
99 (numeral 3) de la Ley 50 de 1990?
32. Con fundamento en lo anterior, se debe resolver si
¿Julián David Quintero Agudelo tiene derecho a la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las
cesantías causadas en el 2020?
¿El demandante tiene derecho a una indemnización moratoria en relación con
los intereses a las cesantías pagados en marzo de 2021?
33. Para resolver los planteamientos propuestos, se abordarán las siguientes
temáticas: i) generalidades de las cesantías; ii) regímenes de liquidación de la
prestación social y los sistemas de administración de cada uno de ellos; iii) sistema
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de la Ley 91 de 1989; iv) sistema de la Ley 50 de 1990; v) comparación del sistema
de la Ley 50 de 1990 y el de los docentes oficiales previsto en la Ley 91 de 1989;
vi) compatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 con
el sistema administrado por el FOMAG; vii) regla jurisprudencial; viii) el caso
concreto; y ix) los efectos en el tiempo de esta providencia.
2.4. Generalidades de las cesantías
34. El 4 de junio de 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio
del Convenio 44 «sobre el desempleo» estableció la obligación atinente a la
determinación de «un sistema que garanti[zara] a los desempleados involuntarios» una
indemnización equivalente a una cantidad devengada con motivo de las
cotizaciones abonadas en virtud del empleo del beneficiario afiliado a un sistema
obligatorio/voluntario o, un subsidio -no un socorro- en la medida en que no
dependía del estado de necesidad del solicitante, constituido por una remuneración
que se otorgaría en las condiciones fijadas por la legislación nacional, siempre que
la pérdida del empleo no se hubiera generado como consecuencia de la suspensión
del trabajo causada por un conflicto de trabajo, por su propia culpa o por abandono,
y con el fin de obtenerla de forma fraudulenta.
35. El Convenio 44 de la OIT y los expedidos con posterioridad, sobre la protección
contra el desempleo no fueron ratificados por Colombia y en ese sentido no integran
el bloque de constitucionalidad51. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1934, se
expidió la Ley 1052 que previó una indemnización originada por la terminación del
contrato de trabajo, de acuerdo con el fin de protección al desempleo señalado por
esa organización internacional. En aquella se estableció por primera vez la
obligación de «extender por escrito» el contrato de trabajo en el sector privado53, y en
el artículo 14 señaló las concesiones y auxilios para los trabajadores particulares,
dentro de los cuales incluyó el de cesantía, equivalente a un mes de sueldo por
cada año de servicio que prestaran y proporcional por las fracciones de año. Este
pago tenía un carácter indemnizatorio en caso de despido sin justa causa o de
51 También se encuentran otros convenios de la OIT orientados a que los sistemas de seguridad
social brinden una ayuda al empleo y un apoyo económico a las personas desempleadas por razones
involuntarias, entre ellos, el 102 «sobre la seguridad social (norma mínima)» de 1952, que fijó un
nivel de protección conocido como «régimen de indemnización de desempleo» destinado a cubrir la
contingencia derivada de la suspensión de las ganancias ocasionada por la imposibilidad de obtener
un empleo conveniente en el caso de una persona protegida apta y disponible para trabajar, según
el período de cotización o las prestaciones recibidas durante la relación laboral (parte IV, arts. 19 –
24).
Con base en este, la OIT adoptó el Convenio 168 de 1988 «sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo» de una persona apta y disponible para trabajar efectivamente, cuyo
ámbito se amplió no solo a la pérdida de las ganancias (total), sino también a la reducción de aquellas
(parcial), inclusive sin terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos,
estructurales o análogos y en función de los recursos del beneficiario y de su familia para garantizar
condiciones vida saludables y dignas, según lo dispuesto en las normas nacionales (arts. 10, 12, 16).
52 «Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos
de los empleados».
53 Artículo 13 de la Ley 10 de 1934.
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terminación del contrato por vencimiento del plazo. Con esta misma naturaleza, las
leyes 95 de 1941, 56 de 1942 y 3 de 1943 ampliaron el pago a algunos obreros y
trabajadores dedicados a obras públicas.
36. La Ley 6 de 194554, en el artículo 12, literal f), previó las cesantías como una
prestación a cargo del patrono y, adicional a ello, les otorgó la posibilidad a los
trabajadores de adquirir las sumas acumuladas por ese concepto cada tres años de
labor continua o discontinua. El beneficio se extendió con la expedición de la Ley 65
de 194655 a los empleados públicos tanto del nivel nacional como del territorial y a
los trabajadores particulares, con independencia de la causa del retiro, a partir del
1 de enero de 194256. Para su liquidación se computaría no solo el salario fijo sino
«[…] lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios ». De este modo, el legislador le sustrajo
el carácter sancionatorio frente al empleador e indemnizatorio para el trabajador.
37. Con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo57, a través del Decreto 2663
de 1950, se buscó la justicia en las relaciones laborales en el marco de la
coordinación económica y equilibrio social. Este estatuto definió varios de los
principios que aún en la actualidad inspiran la interpretación de las fuentes del
derecho laboral, entre ellos, la garantía de un mínimo de derechos irrenunciables
en favor de los trabajadores. En este contexto, el auxilio de cesantía fue previsto
dentro del título de prestaciones patronales comunes, entendido como un ahorro
forzoso destinado a cubrir el riesgo o contingencia derivada de la finalización del
contrato de trabajo, a fin de que atendiera sus necesidades mientras se encontrara
cesante58.
38. El ámbito de protección de esta prestación se amplió y se admitió su pago no
solo para contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los
asalariados ante el cese de la actividad productiva (cesantías definitivas), sino
también para satisfacer ciertos requerimientos de educación y vivienda, así como
las de su núcleo familiar59 (retiros parciales de cesantías). De ahí se deriva para el
empleador la obligación de liquidar las cesantías de forma oportuna y en la cuantía
legal debida.
39. Si bien el artículo 249 del CST ya contaba con una prestación social a cargo del
empleador denominada auxilio de cesantías, cuyo propósito es que los cesantes
54 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
55 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
56 Artículo 1 de la Ley 65 de 1946.
57 En adelante CST.
58 «Artículo 249. Regla General. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las
demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de
cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año».
59 En el régimen del Derecho laboral individual, el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 permite al
trabajador retirar las sumas abonadas en su cuenta por concepto de cesantías; y en Derecho laboral
administrativo, la posibilidad de retiros parciales fue prevista en la Ley 1071 de 2006.
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cuenten con unos recursos que les permitan asegurar la subsistencia durante el
periodo de desempleo, con la Constitución Política de 1991, se estableció el
principio de dignidad humana y una política social y económica justa perseguida por
el Estado social de derecho. Una de sus manifestaciones, es que todas las personas
tengan derecho a condiciones mínimas para subsistir entendidas como mínimo vital.
40. En el ámbito laboral también se especificaron unos principios mínimos
irrenunciables, entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo,
la estabilidad en el empleo, la aplicación de la situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, la garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario, así como la protección especial a la mujer,
a la maternidad y al trabajador menor de edad.
41. En relación con el fundamento normativo Superior de las cesantías, la Corte
Constitucional60 ha señalado que se encuentra soportado en los artículos 42 y 48 de
la Constitución Política y que se trata de una figura jurídica que responde a una
clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y
trabajador.
42. Asimismo, se ha reconocido que el auxilio de cesantías es una de las
prestaciones sociales más importantes para los trabajadores y sus familias, por
haberse instituido como un respaldo económico para que sus titulares accedan a
bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de su calidad de vida. En la
sentencia C-823 de 200661, luego de reseñar el paso de indemnización a prestación
social, resaltó su connotación de apoyo para el acceso a bienes y servicios
indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población
trabajadora y su núcleo familiar.
43. De conformidad con lo establecido por el máximo tribunal constitucional y los
instrumentos internacionales62, el auxilio de cesantías es una prestación de la
seguridad social que de manera conjunta -durante la vigencia del vínculo laboral y
al momento del retiro-, responde a un beneficio mínimo establecido en la normativa
laboral, el cual adquirió la condición de irrenunciable por mandato del artículo 53
constitucional.
2.5. Regímenes de liquidación y sistemas de administración de las cesantías
60 Sentencia C-171 de 2020.
61 En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el literal b) del artículo 251 del
Código Sustantivo del Trabajo, que establecía la exclusión de los trabajadores ocasionales del pago
del auxilio de cesantía, pues vulneraba la especial protección constitucional al trabajador.
62 Convenios de la OIT 44 de 1934, 102 de 1952 y 168 de 1988.
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44. Como se expuso, una vez se concedió al auxilio de cesantías el carácter de
prestación exigible a la terminación de la relación laboral, su liquidación se
efectuaba bajo un régimen denominado retroactivo, «a razón de un mes de sueldo o
jornal por cada año de servicio»63, tal como fue previsto en las leyes 6 de 1945, 65 de
1946 y en el artículo 249 del CST. Los servidores públicos y trabajadores
particulares que accedieron a este conservaron la posibilidad de mantenerlo, salvo
manifestación escrita de traslado a los regímenes creados más adelante64.
45. Los miembros de la fuerza pública también se encontraban sometidos a la
liquidación retroactiva establecida en los artículos 162 del Decreto 1211 de 199065,
143 del Decreto 1212 de 199066, 103 del Decreto 1213 de 199067 y 96 del 1214 de
199068, según el caso. Esto debido a que el pago de esta prestación ocurre por una
sola vez al momento del retiro del servicio activo por cualquier causa y es
equivalente a un mes de los haberes correspondientes al grado por cada año de
servicio o fracción de seis meses.
46. Este régimen tradicional de liquidación de cesantías acogió a los empleados del
sector público y privado de manera uniforme hasta la expedición del Decreto 3118
de 1968, cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro69 como un establecimiento
público al cual debían afiliarse de forma obligatoria los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, así como de las empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a esta regla
estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas y sus empleados,
los miembros de la fuerza pública, así como el personal civil del ramo de la Defensa
Nacional (artículos 3 y 4 del Decreto 3118 de 1968). Para los afiliados obligatorios
del FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un sistema de liquidación anualizado
del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma no impuso la misma condición para
los trabajadores que se vincularan a dicha entidad de forma voluntaria.
47. Más adelante, la Ley 33 de 1985 dispuso que, quienes ingresaran a la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1.° de enero de
ese mismo año, se regirían por el Decreto 3118 de 1968 y las normas que lo
adicionaran y reglamentaran, en lo relacionado con la liquidación y pago de las
cesantías.
63 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 10 de 1934, 1 del Decreto 2767 de
1945; 45, literal a), de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947.
64 Según lo dispuesto en los artículos 98 de la Ley 50 de 1990, 5 de la Ley 432 de 1998, 2 del Decreto
1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002, entre otros.
65 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares»
66 «Por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional»
67 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional»
68 «Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional»
69 En lo que sigue FNA.
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48. Dentro de este régimen anualizado, que en esencia se mantiene a pesar de la
transformación de naturaleza jurídica del FNA a la de empresa industrial y comercial
del Estado, ordenada por la Ley 432 de 199870, el señalado fondo tiene como objeto
la administración de los recursos de las cesantías de determinados empleados
públicos y trabajadores oficiales, así como su protección contra la depreciación
monetaria y el reconocimiento de intereses. Todo ello, en aras de contribuir a la
solución del problema de vivienda de los servidores del Estado. La viabilidad de este
último propósito se garantizó al otorgarle la posibilidad de conceder préstamos con
garantía hipotecaria y educativos para los afiliados, su cónyuge, compañero (a)
permanente e hijos mediante convenios interadministrativos con el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)71.
49. El 29 de diciembre de 1989, se profirió la Ley 91 que dio origen al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y determinó un sistema anualizado para los
docentes estatales, que impuso la liquidación del auxilio a 31 de diciembre de cada
año, aplicable a quienes se vincularan a partir del 1 de enero de 1990 y los
nacionales que ingresaron con anterioridad, pero solo con respecto de las cesantías
que se causaran desde esa fecha.
50. Asimismo, dentro del enfoque de apertura económica iniciado por el gobierno
nacional en 199072, con el fin de incrementar la productividad de capital y la
inversión colombiana en la competencia internacional, la Ley 50 de 1990 implantó
un nuevo sistema en materia del derecho individual y colectivo. Su intención fue la
de crear nuevas unidades de producción, entre ellas, las cesantías administradas
bajo otro sistema por medio de instituciones financieras de carácter especializado
con el objeto de capitalizar sus rendimientos.
51. Este modelo se extendió al sector público con ocasión del artículo 13 de la Ley
344 de 199673, expedida para la racionalización del gasto público, el cual determinó
que «[s]in perjuicio de»74 los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, las personas que se vincularan al Estado a partir de su entrada en vigor 75
tendrían un régimen de cesantías de liquidación anual y definitiva cada 31 de
diciembre, en armonía con las demás normas legales vigentes sobre esa prestación
del correspondiente órgano estatal.
70 «Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se
dictan otras disposiciones.»
71 Según lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, por la cual se transformó la naturaleza del FNA a
Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente.
72 Ver: «La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990 – 1994». Prólogo
recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/gaviria_prologo.pdf
73 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
74 Según el Diccionario de la Real Academia Española la locución adverbial sin perjuicio de significa
«dejando a salvo» o «sin ir en detrimento o en contra de». El Diccionario de uso del español dice
que es una «expresión concesiva de sentido semejante a aunque», y el Gran diccionario de uso del
español actual le asigna como sentido «sin ir en detrimento o en contra de».
75 31 de diciembre de 1996.
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52. De acuerdo con lo anterior, esta última norma no afectó ni contrarió en modo
alguno las reglas que gobernaban a los docentes oficiales, quienes ya eran
beneficiarios de la liquidación anualizada del auxilio, por disposición de la citada Ley
91 de 1989.
53. Más adelante, el Decreto reglamentario 1582 de 199876 fijó como regla general
para los empleados públicos del nivel territorial la liquidación anual y la aplicación
del régimen previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 si se
afiliaban a los fondos privados; o el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley
432 de 1998, en caso de afiliación al FNA.
54. Luego, el Decreto 1252 de 200077, expedido en desarrollo de los principios
generales establecidos en la Ley 4 de 1992, previó que los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vincularan al servicio
del Estado a partir del 30 de junio de 200078 «tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso», incluso si en la entidad u organismo existía un régimen especial sobre tal
prestación social, con excepción de quienes disfrutaban de la retroactividad de las
cesantías antes del 25 de mayo de 2000.
55. En concordancia con lo anterior, el Decreto 1919 de 200279 extendió el régimen
de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel
nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo80.
56. De acuerdo con lo expuesto, el auxilio de cesantías como prestación social
inicialmente se liquidó de forma retroactiva y las sumas reconocidas por ese
concepto eran entregadas al trabajador particular o servidor público al momento de
la finalización de la relación laboral. Sin embargo, en aras de saldar el déficit
habitacional a nivel nacional, con la creación del FNA en 1968, se transformó de
manera progresiva a una modalidad anualizada, proceso que se continuó, con la
expedición de la Ley 91 de 1989, para los docentes estatales. Un año después la
Ley 50 de 1990 dispuso lo propio para los trabajadores del sector privado, que luego
fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial, con la Ley 344 de 1996,
y nacional, con el Decreto 1252 de 2000.
76 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones
en esta materia».
77 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
78 Fecha de entrada en vigor del Decreto 1252 del 2000.
79 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula
el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
80 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
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57. Estas dos formas de liquidación del auxilio, retroactiva y anualizada, son las que
delimitan el concepto del régimen de cesantías. De aquí que el artículo 98 de la Ley
50 de 1990 los identificó así:
«Artículo 98.- El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:
1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
Capítulo VII, Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo
celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
2. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará
obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.
[…]»
58. Conviene precisar que, si bien en algunas oportunidades la jurisprudencia ha
partido del concepto de régimen entendido como el «conjunto de normas por las que
se rige una institución, una entidad o una actividad»81, también es cierto que esta no es
la única acepción posible del término82. Esta aclaración resulta necesaria en materia
de cesantías, teniendo en cuenta que, dentro del conjunto de trabajadores
sometidos a una misma forma de liquidación de la prestación, algunos reciben un
trato diferenciado por las normas que los regulan a partir de criterios tales como la
naturaleza de la vinculación laboral, el tipo de actividades a las que se dedican y la
entidad que administra sus recursos. Esta situación en muchas oportunidades lleva
a afirmar que están cobijados por un régimen especial de cesantías con liquidación
anualizada.
59. En general, la mencionada denominación tiene como referente el ente
administrador, pues por lo regular, cada uno está sometido a las disposiciones
particulares, es este precisamente el caso del FOMAG y el FNA. Incluso, la misma
Ley 50 de 1990, en el numeral 2 del citado artículo 98, prescribe que en dicha norma
se creó un régimen especial, aunque la referencia es al anualizado, que en otras
oportunidades también se le ha denominado como el régimen general porque
comprende a la mayoría de los servidores. Así las cosas, la especialidad no se
predica del régimen sino del sistema de administración de cesantías, determinado
por el conjunto de reglas que les son aplicables a cada uno de ellos.
81 En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de
octubre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado11001-03-25-
000-2015-00544 00 (1501-2015)
82 En efecto, la RAE contiene las siguientes definiciones de régimen:
«1. m. Sistema político por el que se rige una nación.
2. m. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.
3. m. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe
tomar una persona, generalmente por motivos de salud.
4. m. Conjunto de características regulares o habituales en el desarrollo de algo. El régimen de lluvias
no ha cambiado en los últimos años.
5. m. Gram. rección.
6. m. Gram. Término regido por otro. El régimen del verbo confiar es la preposición en.
7. m. Tecnol. Estado de una máquina o dispositivo cuando funciona de un modo regular y
permanente.»
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60. En ese orden de ideas, la delimitación de un régimen de cesantías parte de un
elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la forma de
liquidación. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos
regímenes, el retroactivo y el anualizado. En cuanto a las particularidades que llevan
a un tratamiento normativo especial, es posible determinar que aquellas están
definidas en función del sistema de administración al que están sometidos los
recursos y su relación con el régimen es la de especie a género.
61. Según lo expuesto, se plantea el siguiente esquema de los regímenes de
cesantías:
Régimen Normas Afiliados
Ley 10 de 1934 Servidores públicos y trabajadores
Ley 6 de 1945 particulares en general
Ley 65 de 1946
RETROACTIVO Decreto 2663 de 1950 (Ley 52 Trabajadores particulares
de 1975)
Decretos 1211, 1212, 1213 y Policía Nacional y Fuerzas Militares,
1214 de 1990 incluido el personal civil
Régimen Sistemas de administración Afiliados
(establecimiento Obligatorios: servidores públicos de la
público) - Decreto Rama Ejecutiva del orden nacional.
3118 de 1968 Excepciones: miembros de las
cámaras legislativas y sus empleados,
los miembros de la fuerza pública y el
personal civil del sector defensa
FNA (E.I.C.E.) - Ley 432 de Obligatorios: servidores públicos de la
1998 Rama Ejecutiva del orden nacional.
En forma voluntaria: los demás
servidores públicos y particulares.
ANUALIZADO Excepciones: miembros de la fuerza
pública, el personal civil del sector
defensa y los afiliados al FOMAG.
FOMAG (patrimonio autónomo de Docentes estatales
la Nación) - Ley 91 de 1989
Trabajadores particulares con contrato
Fondos administradores de de trabajo vigente desde 1/1/91 y en el
cesantías (sociedad anónima) - sector público, quienes se vinculen a
Ley 50 de 1990 los órganos y entidades del Estado
desde el 28/12/1996 (Ley 344/96)
62. De igual manera, las características de cada uno de los sistemas dentro del
régimen de liquidación anual permiten identificar los aspectos disímiles entre ellos.
En primer lugar, todos comparten elementos tales como una entidad administradora,
la cuantía y fecha en la que se debe liquidar el auxilio, así como una regulación
sobre el traslado de los recursos al fondo administrador, esta información se
sintetiza de la siguiente manera:
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RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
Un mes de 31 de diciembre Transferencia mensual
Ley 91 de 1989 FOMAG salario por cada (art. 19-3) de recursos sin
(art. 4) año de servicio o situación de fondos
proporcional
(art. 19-3)
Antes del 15 de febrero
Ley 50 de 1990 Fondos de Un mes de 31 de diciembre del año siguiente a la
cesantía salario por cada (art. 99-1) liquidación, en la cuenta
(artículos 99-6 año de servicio o individual a nombre del
Ley 50/90 y 35 proporcional trabajador en el fondo
de la Ley (art. 99-1) de cesantía que él
1328/98) mismo elija (art. 99-3)
Ley 432 de 1998 FNA Un mes de 31 de diciembre Transferencias
Servidores públicos de (art. 5 de la Ley salario por cada (art. 27 Dec. - mensuales del valor
la Rama Ejecutiva del 432/98) año de servicio o 3118/68) total de los factores
Poder Público del orden proporcional (art. salariales base para
nacional 29 Dec. 3118/68) liquidar las cesantías; y
• anual: del valor
liquidado en febrero, de
acuerdo con los dos
últimos números de NIT
para fijar fechas de
pago (arts. 34, 49 del
Dec. 3118/68 y 6 de la
Ley 432/98)
Ley 432 de 1998 FNA Les aplica el 31 de diciembre Los empleadores del
Servidores públicos del (arts. 5, 6 - régimen del art. (Ley 50/90, art. sector privado deberán
orden territorial y parág. y 8 de la 99 de Ia Ley 99-1) liquidar y consignar las
trabajadores Ley 432 de/98) 50/90, en lo cesantías de sus
particulares relacionado con trabajadores afiliados al
las fechas de FNA, antes del 15 de
transferencia de febrero del año
cesantías y siguiente, de acuerdo
demás normas con lo establecido en el
reglamentarias, art. 99 de la Ley 50 de
que modifiquen o 1990 (art. 9 Ley 432/98)
sustituyan (Ley
432/98, art. 6 -
parág.)
63. En segundo lugar, además del valor del auxilio de las cesantías, cada sistema
prevé sumas adicionales por concepto de intereses, rendimientos o protección
contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, intereses sobre las cesantías,
así:
RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
FOMAG reconoce y En el mes de
Ley 91 de 1989 N/A N/A paga un interés marzo del año
anual sobre el saldo siguiente
de las cesantías al (Acuerdo 39 de
31 de diciembre de 1998, art. 4)
cada año,
equivalente a la
suma que resulte de
aplicar la tasa de
30
Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
interés que, según la
Superintendencia
Financiera, haya
sido la comercial
promedio de
captación del
sistema financiero
durante el mismo
período (art. 19-3)
Ley 50 de 1990 AFP abonarán El empleador paga En el mes de
cada trimestre y a N/A 12% sobre el valor enero del año
prorrata de sus anual o proporcional siguiente aquel en
aportes liquidado (art. 99-2) que se causaron
individuales, los (Ley 52/75, art. 2)
rendimientos en
las cuentas de sus
afiliados. Esta no
podrá ser inferior a
una rentabilidad
mínima
determinada por la
Superintendencia
Financiera en
cada uno de los
portafolios de
inversión
administrados
(largo y corto
plazo), y por cada
período (arts. 101
de la Ley 50/90 y
52 de la Ley
1328/09)
Ley 432 de 1998 FNA FNA N/A
Servidores públicos N/A reconoce y abona reconoce y abona en Se abona en la
de la Rama Ejecutiva en la cuenta del cuenta el cuenta de
del Poder Público del afiliado como equivalente a la cesantías de cada
orden nacional mínimo un interés variación anual de la afiliado.
equivalente a la Unidad de Valor
variación anual de Real-UVR,
la Unidad de Valor certificada por el
Real -UVR Banco de la
certificada por el República, sobre las
Banco de la cesantías liquidadas
República, sobre por el empleador
su saldo correspondientes al
acumulado de año inmediatamente
cesantías a 31 de anterior. Para su
diciembre cálculo tendrá en
inmediatamente cuenta las fechas en
anterior (art. 11 las que fue
modif. por 224 de consignada cada
la Ley 1955/2019) fracción (art. 12
modif. por el 225 de
la Ley 1955/2019)
Ley 432 de 1998 N/A FNA El empleador paga En el mes de
Servidores públicos reconocerá y 12% sobre el valor enero del año
del orden territorial y abonará en cuenta anual o proporcional siguiente a aquel
trabajadores mínimo un interés liquidado (Ley 50/90, en que se
particulares equivalente a la art. 99-2) causaron (Ley
variación anual de 52/75, art. 2)
la Unidad de Valor
Real -UVR
certificada por el
Banco de la
31
Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
República, sobre
su saldo
acumulado de
cesantías a 31 de
diciembre
inmediatamente
anterior (art. 11)
64. En tercer lugar, se observa que en cada caso están reguladas las condiciones y
oportunidades de pago de la prestación, los mecanismos dispuestos para asegurar
los recursos, así como las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales,
y su efectividad, así se muestra en el siguiente cuadro:
32
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
RÉGIMEN ANUALIZADO
SISTEMA Mecanismo para Pago de cesantías Sanción por pago tardío
garantizar la (retiros parciales y (cesantías parciales y
disponibilidad de los definitivo) definitivas)
recursos
La disponibilidad de los -Parcial: para vivienda y Sí, según lo previsto en la
Ley 91 de 1989 recursos está asegurada educación Ley 1071/06 artículo 5
desde la etapa de
planeación del -Definitivo: por retiro del Sentencias SU-336 de 2017
presupuesto, en la que se servicio (Ley 1071/06 art. y CE-SUJ2-SII-012-2018
incorporan los recursos 3) (4961-2015)
necesarios para el pago
de las obligaciones del
FOMAG, durante el
respectivo período incluso
por el concepto de
cesantías y el traslado de
los recursos a cargo del
SGP y los entes
territoriales.
Ley 50 de 1990 Sanción moratoria a cargo Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
del empleador que por el CST: arts. 65 el CST: art. 65 respecto del
incumpla el plazo del art. (definitivo) y 102 de Ley empleador.
99-2. Deberá pagar un día 50/90 (parcial)
de salario por cada día de Servidores públicos: según
retardo Servidores públicos: la Ley 1071 de 2006, art. 5
-Parcial: para vivienda y
educación
-Definitivo: por retiro del
servicio (Ley 1071/06 art.
3)
Ley 432 de 1998 Se genera en favor del -Parcial: para vivienda y Cuando se trate de
Servidores públicos FNA el derecho para educación (Ley 1071/98) solicitudes presentadas
de la Rama exigir las sumas ante el FNA, se aplicarán
Ejecutiva del Poder respectivas por la vía -Definitivo: por retiro del los términos fijados en los
Público del orden ejecutiva y para cobrar servicio (arts. 37 - 39 del
nacional sobre ellas intereses 2% Dec. 3118/68) arts. 4 y siguientes de la Ley
mensual por el tiempo de 1071 de 2006 (Dec. 1562
la mora (art. 51 del de 2019, arts. 1 y 2)
Decreto 3118/68)
Ley 432 de 1998 Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
Servidores públicos Le da derecho al FNA por el CST: art. 65 si es el CST: Ley 1071/06, art. 2)
del orden territorial para cobrar a su favor los definitivo y parcial, solo
y trabajadores intereses moratorios (art. para vivienda (art. 8 Servidores públicos:
9 Ley 432/98) parág. Ley 432/98) Cuando se trate de
particulares
solicitudes presentadas
ante el FNA, se aplicarán
los términos fijados en los
arts. 4 y siguientes de la Ley
1071 de 2006 (Dec. 1562
de 2019, arts. 1 y 2)
65. Precisado lo anterior, se analizarán de manera más detallada los sistemas
regulados por las leyes 91 de 1989 y 50 de 1990.
2.5.1. El sistema de liquidación previsto en la Ley 91 de 1989
66. En el pasado, el sector docente oficial estuvo marcado por condiciones
diferenciales en materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con
la que se iniciara el vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente,
este aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos
servidores, pues mientras la Nación asumía los gastos del personal del orden
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
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nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los
recursos necesarios para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa.
Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como
inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran
inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.
67. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se pueden destacar entre otras, el reconocimiento de la pensión gracia,
implementada por medio de la Ley 114 de ese año y ampliada con las leyes 116 de
192883 y 37 de 193384, así como el proceso de la nacionalización de la educación,
ordenada por la Ley 43 de 1975. Finalmente, con la Ley 91 de 1989 se logró la
unificación de los distintos regímenes del magisterio, en aras de garantizar
condiciones de igualdad y el pago oportuno de todas las prestaciones sociales de
este personal docente estatal.
68. Como se anunció, esta última norma dio origen al FOMAG, como una cuenta
especial de la nación destinada a atender las prestaciones sociales de los docentes
y, a su vez, velar porque todas las entidades territoriales cumplieran en forma
oportuna con sus correspondientes obligaciones. Dentro de sus funciones no solo
se encuentra la administración de las cesantías, sino que también tiene la de otras
prestaciones sociales a su cargo como las pensiones de jubilación, invalidez y post
mortem85; asimismo, le compete garantizar la prestación de los servicios médico-
asistenciales de los educadores estatales.
69. El Ministerio de Educación es la entidad del orden nacional que, en virtud de la
Ley 91 de 1989, preside el Consejo Directivo del FOMAG, órgano al que le
corresponde determinar las políticas generales de inversión de recursos velando
por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento (artículos 6 y 7 ibidem).
Su administración se realiza por intermedio de una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. En 1990 el
presidente de la República y el ministro de educación suscribieron el contrato de
fiducia mercantil 83 con la Fiduprevisora S.A. que, como vocera de los recursos del
FOMAG, realiza la contratación para el funcionamiento del fondo en su nombre y
representación.
70. Las fuentes de financiación del FOMAG se pueden identificar en cuatro grupos,
a saber: i) de la Nación, con cargo al SGP discriminados como aportes patronales:
83 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
84 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
85 Se encuentran a su cargo las pensiones de jubilación, invalidez y post mortem; las cesantías e
intereses; los auxilios por maternidad, enfermedad profesional, enfermedad no profesional y
accidentes de trabajo; el seguro por muerte; y las indemnizaciones por enfermedad profesional o
accidentes de trabajo.
Están excluidas de su competencia las primas de navidad, de servicios y de alimentación, el subsidio
familiar, el auxilio de transporte o movilización y las vacaciones, pues estas continuarán a cargo de
la Nación como entidad nominadora (Parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 91 de 1989).
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
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el 8% mensual y una doceava anual liquidadas sobre los factores salariales que
forman parte del rubro de pago por «servicios personales»86 de los docentes; ii) de
los docentes, en su calidad de empleados públicos: el 5% del sueldo básico mensual
o de cada mesada pensional del personal afiliado, según corresponda, las cuotas
personales de inscripción87 y el 5 por mil de toda nómina por servicios personales88;
iii) del porcentaje del IVA que las entidades territoriales destinen para el pago de las
prestaciones del magisterio; y iv) de las utilidades provenientes de las inversiones
que haga el fondo con fines de rentabilidad y los intereses recibidos por concepto
de los préstamos que concedan.
71. La citada Ley 91 de 1989 también fue expedida para finiquitar las divergencias
interpretativas derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las
entidades territoriales a la Nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en
últimas, afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las
obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a
continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
86 Artículo 8 de la Ley 91 de 1989.
87 Equivalentes a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus
posteriores aumentos.
88 De conformidad con las leyes 4 de 1966 y 33 de 1985.
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
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Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
72. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
73. En materia de cesantías, el citado artículo 15, numeral 3, literal a), dispone que
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tendrán
derecho al pago de un mes de salario por cada año de servicio o proporcional por
fracción de año laborado respecto de los saldos acumulados que pasaron al
FOMAG89 y continuarán sometidos a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.
74. En el literal b) ejusdem, prevé un sistema anualizado obligatorio para los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 y los nacionales que ingresaron
con anterioridad, pero solo respecto de las cesantías que se causen desde esa
fecha. Su liquidación se realiza cada 31 de diciembre y la cuantía es de un mes de
salario por cada año de servicio o proporcional, por fracción del periodo laborado
sobre el último salario devengado, si no varía en los últimos tres meses, o en caso
contrario, sobre el salario promedio del último año.
75. Liquidado el auxilio, la entidad territorial certificada expide un «reporte de
cesantías», el cual puede ser consultado por cada docente titular a través del
software «sistema humano en línea»90. Este constituye el insumo para que el FOMAG
realice el cálculo aritmético del interés anual sobre el saldo total de la prestación
existente al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés que, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante cada período.
2.5.1.1. Los recursos del FOMAG y su administración
76. Como se expuso en precedencia, gran parte de los recursos del FOMAG para la
atención de las prestaciones sociales provienen de la Nación, en concreto de
aquellos dispuestos en el presupuesto general para cubrir el servicio educativo, el
89 Con base en el último salario devengado, siempre que no se hubiere modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año.
90 Recuperado de: https://www.fomag.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Manual-Operativo-Prestaciones-
Económicas-Secretarías-Educación-Certificadas-V8.pdf
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
cual, a su vez ha evolucionado, siempre encaminado a la afiliación de todos los
docentes a este fondo a fin de continuar con ese proceso de igualdad y garantía de
mejores condiciones para sus destinatarios.
77. La financiación de estas prestaciones está íntimamente relacionada con el ciclo
presupuestal, proceso en el cual interactúan varias autoridades encaminadas a
asegurar que exista disponibilidad de recursos financieros para atender el pago de
tales obligaciones. En el siguiente recuento, se encuentran algunos conceptos
relevantes tales como los de unidad de caja y sin situación de fondos, relacionados
con los principios generales del presupuesto general de la Nación que, al mismo
tiempo, se constituyen en garantía de cumplimiento para los afiliados al fondo.
78. Para comenzar, conviene tener presente que de conformidad con el artículo 356
de la Constitución Política el legislador es competente para fijar cuáles servicios
están a cargo de la Nación y cuáles de las entidades territoriales. En su versión
original, definió que el situado fiscal era el porcentaje de los ingresos corrientes de
la Nación cedido a los departamentos, el distrito capital y los especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para financiar la educación, en los niveles
preescolar, primaria, secundaria y media, así como la salud.
79. En efecto, la Ley 60 de 199391 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
80. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada
de los servicios, en cada entidad territorial debían manejar en su presupuesto una
91 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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cuenta especial independiente92 con lo cual no afectaría la unidad de caja93, lo que
se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente
territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales
(FER), creados por el Decreto 3157 de 196894, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos95 y, más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199496 (artículo 179, literal d).
81. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al FOMAG, tanto las que provenían
del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
82. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG se
reglamentó con el Decreto 196 de 199597, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
82.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la Nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del FOMAG, luego de su afiliación.
82.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en dos
grupos, a saber:
82.2.1. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al FOMAG, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
82.2.2. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por la
Nación – Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a
plazas del nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de
la respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
92 Artículo 19 de la Ley 60 de 1993.
93 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
94 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
95 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
96 «Por la cual se expide la ley general de educación»
97 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
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términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.
82.3. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el FOMAG.
83. Las prestaciones sociales del personal docente causadas a partir de su afiliación
se realizan por medio del FOMAG, con independencia de la fuente de financiación,
así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones (artículo 8 del Decreto 196
de 1995).
84. En este punto conviene precisar que, en sentencia CE-SUJ-11-S2 del 21 de junio
de 201898, la Sección Segunda definió que la fuente de financiación de los recursos
transferidos del sector central al descentralizado no es el referente para definir si un
educador estatal es nacional o nacionalizado, sino que ello obedece a la naturaleza
de la plaza a ocupar señalada en el acto administrativo de nombramiento o en la
correspondiente certificación de la autoridad nominadora, en consideración a que
los recursos girados por la Nación, una vez se incorporaban a los presupuestos
locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los entes territoriales.
85. En tal sentido, la naturaleza de la vinculación de los docentes estatales no se
encuentra determinada por el origen de los recursos para su financiación, tampoco
incide en la forma en la que el FOMAG administra y paga sus prestaciones, a partir
de su creación en la Ley 91 de 1989. Para aquellos que son beneficiarios del
régimen de cesantías retroactivo, el mayor valor que se cause está a cargo del
respectivo ente territorial.
86. Más adelante, el situado fiscal fue reemplazado por el Sistema General de
Participaciones (SGP) a través del Acto Legislativo 01 de 200199 y para desarrollarlo
se expidió la Ley 715 de 2001100, que comprende un porcentaje de recursos de la
Nación para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los
municipios, distritos y departamentos101 como «titulares directos» o propietarios, por
cuanto son asignados como destinatarios directos por los artículos 356 y 357
98 Dentro del proceso con radicado 250002342000201304683 01 (3805-2014).
99«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
[…]
Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios
a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los
servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se
crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. […]»
100 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.»
101 «Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007,
Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema
General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del
artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación
para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá
al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0.»
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Superiores102, entre los que se encuentra aquel cuya destinación específica para
educación está dirigido a financiar la prestación de este servicio público esencial.
87. Dentro del procedimiento para la distribución de los recursos del SGP, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público determina el monto estimado que por
concepto de educación se distribuirá en cada año, el cual se asigna en el ingreso
del Ministerio de Educación Nacional -MEN- en coordinación con el Departamento
Nacional de Planeación (artículo 85 ibidem).
88. Para su traslado al sector descentralizado, el artículo 17 ejusdem prevé que en
la ley anual de presupuesto se determinará el programa anual de caja (PAC) que
especifica los giros mensuales a los departamentos, distritos o municipios hasta por
el monto de cada vigencia fiscal. Se administran en cuentas especiales e
independientes que «no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la
entidad territorial», de conformidad con el artículo 18 de la citada Ley 715. Ahora, los
recursos de aportes patronales y de los afiliados se descuentan de la participación
del SGP por los entes territoriales y se presupuestan sin situación de fondos, es
decir, que estos no se trasladan, incorporan, comprometen ni ejecutan en su
presupuesto.
89. Acto seguido, el FOMAG establece el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 103
requerido para atender sus compromisos correspondientes a los aportes patronales
y los del afiliado, de seguridad social y parafiscales por concepto del personal
docente de las instituciones educativas estatales (salud, pensión y cesantías)104.
Por su parte, el MEN tiene la obligación de girar de manera directa al FOMAG los
recursos de esa distribución del SGP por doceavas, dentro de los últimos 10 días
de cada mes, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1176 de 2007105.
102 En el Consejo de Estado existe consenso respecto de la naturaleza jurídica de los recursos que
conforman el sistema general de participaciones, régimen jurídico que reemplazó el antiguo situado
fiscal, tal como lo consideró la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto de 27 de agosto de
2015.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Subsección A de la Sección segunda, se pueden
consultar entre otras: sentencias del 2 de junio de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-00827-
01(2748- 14); del 16 de junio de 2016, radicado 73001-23-33-000-2013-00529-01 (3533-14); y del 7
de diciembre de 2016, radicado 25000-2325-000-2012- 01579-01 (3721-2014). De la Subsección B,
sentencias del 2 de febrero de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00119-01 (3561-2014); y 17
de febrero de 2017, expediente 11001-03-25-000-2013-00127-00 (282-2013).
103 El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) es un instrumento de manejo financiero de
ejecución presupuestal, el cual contiene la totalidad de los ingresos que se esperan recaudar
desagregados por meses y fuente; igualmente, contiene la desagregación mensual de los pagos que
se realizará por funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Este instrumento tiene como
finalidad regular los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con cargo
a la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos de la vigencia anterior que hacen parte de las
reservas presupuestales. Consultado en el link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
357704_foto_portada.pdf
104 De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 artículo 18 de la Ley 715 de 2001.
105 «Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
[…]
Artículo 29. El giro de las transferencias establecido en el último inciso del artículo 17 de la Ley 715
del 21 de diciembre de 2001, deberá efectuarse en los diez (10) últimos días del mes al que
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
90. Lo anterior puede conllevar un desajuste en el monto apropiado, toda vez que
dentro del mismo término -10 últimos días de cada mes-, las entidades territoriales
certificadas de manera simultánea liquidan la nómina mensual de los docentes
oficiales con cargo al SGP. En ese evento, los recursos girados en exceso se
ajustan en forma progresiva por cada mes, a través de la coordinación entre las
entidades territoriales y la Fiduprevisora. Si esta circunstancia persiste al finalizar la
vigencia, aquellos se reúnen para suscribir un acta de conciliación de aportes que
se deducirán de la asignación del año siguiente (artículo 86 de la Ley 715 de 2001).
91. Además de los recursos transferidos del sector central -SGP-, también forman
parte de las fuentes de financiación del FOMAG, con cargo a los recursos propios
de los entes territoriales, aquellos girados por concepto de deuda causados en virtud
de convenios suscritos antes del 2002 con el fondo, es decir, antes de la creación
del SGP, correspondientes al pasivo prestacional, los aportes periódicos, cuotas
partes, cuotas personales de inscripción salarial y de ascenso en el escalafón, entre
otros.
92. Por ello, en el sistema de los docentes oficiales, los recursos del FOMAG que
provienen de la Nación, Ministerio de Educación con cargo al SGP para el sector
educativo106 son destinados bajo el principio de unidad de caja107 a cubrir todas las
prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las
cesantías parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe
para el pago de sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese
efecto existan cuentas individuales por cada empleado en el que se consignen los
valores liquidados anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los
recursos y su administración por parte del FOMAG.
93. El artículo 18 de la Ley 715 de 2001 citado en precedencia, fue reglamentado
por el Decreto 3752 de 2003108 y compilado en el Decreto 1075 de 2015109. Los
corresponde la transferencia, y las entidades territoriales pagarán dentro de los dos (2) días
siguientes a la transferencia de la Nación.»
106 Valga decir que los recursos con destinación específica, como es el caso de los recursos del
Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no harán unidad de
caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas
separadas de los recursos de la entidad y por sectores. (artículo 91 de la Ley 715 de 2001
reglamentado por el Decreto 1101 de 2007).
107 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial.
Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos los ingresos públicos
ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a financiar» los gastos
derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la sentencia C-478 de 1992.
108 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».
109 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación».
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artículos 1 y 2.4.4.2.1.1. de los respectivos decretos, prevén el deber de afiliación
de los docentes del servicio público educativo vinculados a las plantas de personal
de los entes territoriales -inclusive los de vinculación provisional-, pues su
incumplimiento conlleva la responsabilidad por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales
y disciplinarias a que haya lugar (parágrafo 1).
94. En ese sentido, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
FOMAG y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serán cubiertas por la
respectiva entidad territorial o la entidad de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo de ese fondo-cuenta especial de la Nación.
2.5.2. El sistema de liquidación anualizado de cesantías previsto en la Ley 50
de 1990
95. Con la expedición de la Ley 50 de 1990 se modificó sustancialmente el régimen
de cesantía de los trabajadores del sector privado. De acuerdo con esta nueva
regulación, subsistieron tres escenarios de liquidación del auxilio:
(i) El tradicional, previsto en el Código Sustantivo del Trabajo (art. 249), el cual se
aplica a todos aquellos trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1
de enero de 1991.
(ii) El de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados
fondos de cesantías, creados por esta ley, que rige de manera exclusiva para los
trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 1 de enero de 1991 y los
antiguos que se acojan voluntariamente al nuevo sistema.
(iii) El de salario integral aplicable a los trabajadores antiguos y los nuevos que
devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales y pacten con su empleador un
salario integral que contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el pago
periódico de otros factores salariales y prestacionales, incluida las cesantías a que
tenga derecho el trabajador.
96. El régimen de liquidación anual, dirigido en principio al sector privado, quedó a
cargo de las sociedades administradoras de fondos de cesantías. Su creación fue
autorizada por la Ley 50 de 1990 y, luego, el Decreto Ley 663 de 1993110 las clasificó
como sociedades de servicios financieros111 habilitadas para realizar las
operaciones de inversión necesarias para asegurar la adecuada rentabilidad,
110 «Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su
titulación y numeración».
111 Artículo 3 del Decreto Ley 663 de 1993
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seguridad y liquidez de los recursos a su cargo112. Este último decreto también las
facultó para administrar los fondos de pensiones, en el régimen de ahorro
individual113.
97. Para este último propósito, deben constituirse como personas jurídicas, en forma
de sociedad anónima o entidad cooperativa114 en las que puede participar «[t]oda
persona que tenga capacidad para invertir en el capital de personas jurídicas» y tendrán
la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (artículos 3, 30 y
161 del Decreto 663 de 1993 e inciso final del artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010115).
98. Sin embargo, los fondos individuales de cesantías se constituyen en patrimonios
autónomos integrados con el aporte del auxilio de cesantía de cada afiliado e
independientes de las sociedades administradoras, que por mandato de la Ley 50
de 1990, están encaminadas a garantizar que la mayor parte de los recursos
captados pueda orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.
(numerales 1 y 2, artículo 159, Decreto 663 de 1993).
99. Las reglas de liquidación de las cesantías están descritas en los artículos 99 a
106 de la Ley 50 de 1990, al prever que se efectúa cada 31 de diciembre por la
anualidad o por la fracción correspondiente116. Su cuantía deberá informarse por
medio de un certificado del empleador y se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente en la cuenta individual a nombre del trabajador del fondo que este
seleccione (artículos 99 numeral 1 y 104).
100. El incumplimiento de dicho plazo genera una sanción moratoria a cargo del
empleador equivalente a un día de salario por cada uno de retardo (artículo 99
numeral 3). Además, en estos casos, la sociedad administradora está autorizada
para adelantar las acciones de cobro respectivas derivadas de la omisión de
consignación del auxilio de cesantía liquidado anualmente ante las autoridades
competentes, cuando así lo solicite el trabajador (artículo 165 del Decreto 663 de
1993).
101. Para ese efecto, el empleador debe entregarle a la AFP una «declaración de no
pago» que prestará mérito ejecutivo, dentro de los 10 días siguientes y sometido al
riesgo de una multa por su incumplimiento. Igualmente, le asisten las obligaciones
de informar acerca de la terminación o suspensión de la relación laboral dentro de
112 Artículo 31, literal d) modificado por el artículo 58 de la Ley 1328 de 2009 «El nuevo texto es el
siguiente: Invertir los recursos de los fondos en valores de adecuada rentabilidad, seguridad y
liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional, para lo cual podrá establecer dos (2) tipos de portafolios de inversión, uno de corto y otro
de largo plazo»
113 Artículos 30 y 116 del Decreto Ley 663 de 1993.
114 Artículo del Decreto 656 de 1994.
115 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores y se dictan otras disposiciones».
116 Esta difiere de la que debe realizarse por la terminación del contrato de trabajo.
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los tres días siguientes a su ocurrencia y solicitar la autorización a la administradora
para retener la cesantía y abonar a gravámenes o préstamos.
102. Los beneficiarios de este sistema además tienen derecho a los intereses legales
del 12% anual o proporcional por fracción sobre la suma causada en ese período
de liquidación. Al respecto, conviene señalar que este beneficio ya lo había previsto
la Ley 52 de 1975 para el régimen tradicional de cesantías que regló el CST en el
artículo 249. El desconocimiento de este deber por parte del empleador generaba
en su contra el pago de una «suma adicional igual a dichos intereses » a título de
indemnización por cada vez que incumpliera. El artículo 99, numeral 2, lo mantuvo
para el régimen anualizado para ser pagado directamente al trabajador dentro del
mes de enero del año siguiente a la liquidación del auxilio117.
103. En el evento en que existan saldos de cesantía a favor del trabajador cuya
entrega se hubiera omitido por parte del empleador, será pagado en forma directa
a aquel (artículo 99 numerales 2 y 4). Su finalidad es la de compensar la pérdida de
valor del dinero por el tiempo transcurrido entre la liquidación de la prestación y la
entrega de la suma de dinero al trabajador.
104. Dentro de las obligaciones de las AFP, se encuentran las relativas a mantener
los activos y pasivos de los fondos de cesantía separados de aquellos que son de
su propiedad, enviar periódicamente extractos de cuenta de los movimientos de los
fondos, así como ofrecer a sus afiliados dos portafolios de inversión, de corto y largo
plazo, en las condiciones previstas por el gobierno nacional (artículo 31 del Decreto
663 de 1993).
105. En cuanto a las fuentes de financiación el numeral 1 del artículo 161 del Decreto
ley 663 de 1993 previó las siguientes: i) las sumas aportadas por concepto de auxilio
de cesantía; ii) los aportes voluntarios de los afiliados independientes; iii) los
intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que integran
el fondo; iv) el producto de las operaciones de venta de activos y los créditos que
puedan obtenerse; y v) cualquier otro ingreso que resulte en favor del fondo.
106. El régimen de inversión de los recursos de los fondos de cesantía fue
unificado118 para establecer que los portafolios de corto y largo plazo se pueden
invertir en activos, a saber: i) los títulos, valores o participaciones de emisores
nacionales o del exterior; ii) los depósitos a la vista en establecimientos de crédito
del mismo orden y en el Banco de la República; iii) las operaciones con instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura y de inversión; iv) los productos
estructurados en los que se garantice el 100% del capital invertido; y v) las
operaciones de transferencia temporal de valores, entre otros.
117 Artículo 3 del Decreto 1176 de 1991, compilado en el artículo 2.2.1.3.4.1. del Decreto 1072 de
2015.
118 Decreto 857 de 2011 «Por el cual se modifican los regímenes de inversión de los recursos de los
fondos de cesantía y los de los fondos de pensiones obligatorias, bajo el Título 12 del Libro 6 de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y se modifica el artículo 2.6.11.1.17 del Título 11 del Libro 6, de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010». Arts. 2.6.12.1.2. y 2.6.12.1.3.
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107. Lo anterior depende del nivel de riesgo del fondo, el cual se divide en retiro
programado o fondos moderado, conservador y de mayor riesgo, según la edad y
el perfil de riesgo del empleado119. Las inversiones descritas, solo podrán realizarse
cuando cuenten con una calificación de grado de inversión otorgada por sociedades
calificadoras de riesgos autorizadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia si es nacional, o en caso de que se trate de títulos emitidos y colocados
en el exterior por ellas, solo es útil la efectuada por una reconocida a nivel
internacional120.
108. Asimismo, se les restringió la realización de las operaciones con recursos de
los fondos de cesantía para: i) conceder créditos a cualquier título; ii) establecer
cualquier gravamen que comprometa dichos activos121; iii) celebrar operaciones de
reporte en un porcentaje superior al establecido por la Superintendencia
Financiera122; iv) actuar como contraparte del fondo que administran, en desarrollo
de los negocios que constituyen el giro ordinario de estos; v) utilizar agentes,
mandatarios u otro tipo de intermediarios o delegar la realización de las operaciones
propias, funciones y responsabilidades de la administración del fondo123; vi) ejercer
prácticas inequitativas o discriminatorias en detrimento de los intereses de los
aportantes; vii) invertir en títulos de la propia administradora; viii) rechazar los
dineros correspondientes al auxilio de cesantía que consignen los empleadores y
aportantes independientes; y ix) realizar operaciones entre los fondos que
administran124.
109. En suma, la administración del auxilio se efectúa por medio de los fondos de
cesantía creados por la citada ley para el financiamiento de actividades productivas
con el fin de garantizar su rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción
a los límites establecidos por la Comisión Nacional de Valores125.
110. En este sistema existe un tope de rentabilidad mínima que no podrá ser inferior
a la determinada por la Superintendencia Financiera en cada uno de los portafolios
de inversión administrados -largo y corto plazo- y por cada período de inversión
administrado. En el evento en que sea inferior, debe responder con su propio
119 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.6.12.1.1. Características del régimen de inversión de los tipos
de fondos de pensiones obligatorias.
Fondo conservador: persigue el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes
con baja exposición al riesgo.
Fondo moderado: procura el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes
con moderada exposición al riesgo.
Fondo de mayor riesgo: pretende el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de
aportes con mayor exposición al riesgo.
Fondo especial de retiro programado: busca una administración orientada al pago de las pensiones.
120 Artículos 2.6.12.1.3, 2.1.1.3.7 y 2.6.12.1.25 del Decreto 2555 de 2010 del Decreto 2555 de 2010.
El primero de ellos modificado por el artículo 2 del Decreto 1393 de 2020.
121 Salvo cuando se trate de actos destinados a garantizar créditos obtenidos para la adquisición de
aquellos activos permitidos.
122 Estas operaciones solo podrán realizarse cuando tengan por objeto dotar de liquidez a los fondos.
123 Con excepción de los comisionistas de bolsa y de valores.
124 Artículo 163 del Decreto ley 663 de 1993.
125 Artículo 101 del Decreto ley 663 de 1993.
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patrimonio o con la reserva de estabilización de rendimientos126 y se le impondrá
una multa equivalente al 3.5% del valor del defecto mensual que presenten. En
cambio, si es superior, puede cobrar una comisión de manejo. La totalidad de los
rendimientos obtenidos por el respectivo fondo deben ser abonados trimestralmente
a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales127.
111. Valga precisar que la denominada «rentabilidad mínima» representa un
rendimiento que, en estricto sentido, no hace parte de la prestación social de
cesantías, sino que constituye un instrumento encaminado a promover la gestión
eficiente de los fondos privados dentro del régimen de inversión financiera que los
gobierna. Según el artículo 2.6.9.1.7 del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia
Financiera es la responsable del cálculo y divulgación del porcentaje de rentabilidad
mínima, el cual se realiza de acuerdo con la regulación que el gobierno expida a
partir de distintos referentes económicos128, que pueden variar según el portafolio
de inversión seleccionado por el afiliado, la información más reciente está contenida
en la Carta Circular 49 del 9 de agosto de 2023129 de la Superintendencia
Financiera.
112. En todo caso, el procedimiento para el cálculo de la rentabilidad mínima
obligatoria para el portafolio de corto plazo está señalado en el artículo 2.6.9.1.1 y
para el portafolio de largo plazo en el artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 2999 de 2010.
Además, el promedio de las rentabilidades ponderadas por el promedio histórico del
valor de los fondos puede ser inferior a un porcentaje de cero (0%), con la
consecuencia de impactar de manera negativa a sus afiliados quienes comparten el
riesgo en las operaciones de inversión que realiza el administrador. Por ejemplo,
esto ocurrió en el período 2021-2022130, en el que la rentabilidad mínima nominal
fue -1,09% en el fondo conservador131, pese a que el riesgo de inversión es mínimo,
con el fin de proteger el ahorro acumulado en periodos de varios años.
113. Por otra parte, este sistema también prevé la posibilidad de traslado a otra
administradora, pues la permanencia de un trabajador en un fondo de cesantía será
voluntaria, por ende, todo afiliado puede transferir el valor de sus unidades a otra
administradora, previo aviso a aquella y a su empleador132. Igualmente es posible
la cesión de fondos administrados, comoquiera que las AFP podrán ceder los fondos
por ellas administrados a otra entidad de igual naturaleza por decisión de su junta
directiva u orden de la Superintendencia Financiera. Al efecto, informará a todos sus
afiliados, mediante la publicación del aviso en un diario de amplia circulación
126 Establecida por la Superintendencia Financiera.
127 Artículos 101 de la Ley 50 de 90 y 52 de la Ley 1328 de 2009.
128 Al respecto, se puede consultar el documento «Memoria justificativa. Actualización de la
metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima de cesantías de corto plazo» de la Unidad de
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recuperado de:
https://acortar.link/vhRkyb
129 https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1067444/cc49_23.docx
130 https://acortar.link/hbMF2l
131 Según la rentabilidad certificada por la Superintendencia Financiera. Tomado del link:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9122
132 Numeral 3 del artículo 166 del Decreto Ley 663 de 1993.
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nacional133 sin que puedan oponerse a aquella, lo cual no obsta para solicitar el
traslado del valor de sus unidades a otro fondo de cesantía (artículo 167 ibidem).
2.5.3 Comparación entre los sistemas anualizados de liquidación de la Ley
50 de 1990 y el de los docentes oficiales previsto en la Ley 91 de 1989
114. En lo relativo a los sistemas administrados por FOMAG y las AFP, es evidente
la cercanía temporal en la expedición de las leyes 91 de 1989 y 50 de 1990, época
para la cual, como ya se mencionó, en el país se impuso una política de apertura
económica. En ese contexto, se observa una tendencia normativa a la creación de
los sistemas de administración dinámica de las sumas obtenidas de liquidación
anual de cesantías. De manera general, en cada uno de ellos, se concibieron
mecanismos tendientes a garantizar la disponibilidad de dichos recursos, con el
propósito de poder trasladarlos a sus titulares cuando estos los reclamaran, además
del pago de intereses.
115. A continuación, se compilan las principales características, de las cuales surgen
las diferencias más relevantes entre estos sistemas de administración:
1. LOS FONDOS ADMINISTRADORES
Sociedades administradoras de FOMAG – Ley 91 de 1989 y decretos
fondos de cesantías – Dec. Ley 663/93 reglamentarios
Cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica.
Sus recursos son administrados por una
Institución de servicio financiero (arts. 3 sociedad de economía mixta en la cual el
modificado por art. 35 de la Ley 1328/09 Estado tiene más del 90% del capital.
y 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010). - Prestación descentralizada de los servicios en
Están integrados por los fondos de cada entidad territorial a través de mecanismos
Naturaleza
cesantía que, a su vez se componen de regionales, sin afectar el «principio de unidad»
las cuentas de los afiliados constituidos (art. 3).
como patrimonios autónomos (art. 159, Las cesantías se financian con cargo al SGP
numeral 1 D. 663/93) para educación, deben ser presupuestados por
la entidad territorial sin situación de fondos y se
manejan bajo el principio de unidad de caja,
pues no existen cuentas individuales por cada
afiliado.
Administrar y manejar los fondos de Atender el pago de las prestaciones sociales de
cesantía que se constituyan en desarrollo los docentes nacionales y nacionalizados
de lo previsto en el artículo 99 de la Ley vinculados antes y después de la promulgación
Objeto
50 de 1990 (art. 30, numeral 1) de la Ley 91 de 1989, entre otras (art. 4).
• Los principios de la función administrativa y de
La dirección, administración y control se
la gestión fiscal previstos en los arts. 209 y 267
sujetará a las disposiciones generales
de la Constitución Política
Disposiciones contenidas sobre el particular en el
• Ley 91 de 1989 y decretos reglamentarios
aplicables Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
• Ley 715 de 2001
(DD 663/93 y 656/94)
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
133 En el cual se indique, por lo menos, la sociedad a la cual se efectuará la cesión, la fecha prevista
para la cesión o de la orden impartida por la Supe financiera, cuando sea del caso.
El aviso será publicado en dos ocasiones, con un intervalo no inferior a 5 días hábiles ni superior a
15. La primera publicación deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles inmediatamente siguientes
a la sesión de la junta directiva en la cual se haya aprobado la cesión o siguientes a la recepción de
la orden de cesión impartida por la autoridad competente.
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
• trabajadores particulares dependientes
vinculados mediante contrato de trabajo
celebrado a partir del 1/1/1990 o antes, si
desean acogerse al régimen anualizado
Es obligatoria para todos los docentes estatales
por escrito.
nombrados en provisionalidad, en periodo de
• trabajadores independientes
prueba y/o en propiedad (Decretos 196 de 1995
• servidores públicos del orden territorial
y 3752/2003).
vinculados a partir del 31/12/96 que se
afilien a los fondos privados de cesantías
Afiliados La falta de afiliación del personal docente al
FOMAG implica la responsabilidad de la entidad
El afiliado puede elegir de manera libre y
territorial nominadora por la totalidad de las
voluntaria el fondo administrador de
prestaciones sociales correspondientes.
cesantías, siempre que no se afilie a más
de un fondo de cesantía por cada contrato
de trabajo y con un mismo empleador (art.
164 del Decreto ley 663 de 1993).
Se pueden agrupar en 4 grupos (art. 8), a
saber:
• las sumas aportadas por los
i) de la Nación los aportes patronales que
empleadores por concepto de auxilio de
provienen del SGP;
cesantía;
ii) de los docentes, en su calidad de empleados
• los aportes voluntarios de los afiliados
públicos;
independientes;
Fuentes de iii) del porcentaje del IVA que las entidades
• los intereses, dividendos o el producto
financiación territoriales destinen para el pago de las
de las operaciones de venta de activos y
prestaciones del Magisterio; y
los créditos que puedan obtenerse, y
iv) de las utilidades provenientes de las
• cualquier otro ingreso que resulte a favor
inversiones que haga el fondo con fines de
del fondo (art. 161, numeral 1).
rentabilidad y los intereses recibidos por
concepto de los préstamos que concedan.
Tope de Que no podrá ser inferior a una
rentabilidad rentabilidad mínima determinada por la
mínima Superintendencia Financiera en cada uno
de los portafolios de inversión N/A
administrados (largo y corto plazo), y por
cada período de inversión (arts. 101 de la
Ley 50/90 y 52 de la Ley 1328/09)
Están facultadas para invertir los
portafolios de corto y largo plazo en
títulos, depósitos e instrumentos
financieros que les generen rentabilidad -
no puede ser inferior a la tasa de interés Prohibición de acometer obras y emprender
certificado para cada período por el inversiones que comprometan la liquidez del
Banco de la República-. Puede ser en mismo o impidan que con los recursos que este
Inversiones deuda pública, capital privado, renta fija, maneje se puedan atender las solicitudes
autorizadas variable local, renta fija externa, entre laborales a su cargo en forma oportuna (art.
otros. (arts. 162 y 163). 14).
Se les prohíbe invertir en títulos propios
de la AFP, conceder créditos y rechazar
los dineros correspondientes a las
cesantías.
Velar para que la Nación y todas las entidades
Adelantar las acciones de cobro con territoriales cumplan en forma oportuna con sus
Obligaciones ocasión del incumplimiento en la entrega obligaciones correspondientes. Para ese
frente al del auxilio, a petición del trabajador (art. efecto, debe llevar registros contables y
empleador 164). estadísticos que le permitan determinar el
estado actual de los aportes.
2. LIQUIDACIÓN Y MANEJO DE LAS CESANTÍAS
Régimen anualizado Ley 50/90 Régimen anualizado Ley 91/89
Fecha de
31 de diciembre de cada año 31 de diciembre de cada año
liquidación
Un mes de salario por cada año de Un mes de salario por cada año de servicio o
Cuantía servicio o proporcional al tiempo laborado proporcional al tiempo laborado
• Se liquida, pero NO se consigna porque no
• Consignación antes del 15 febrero del existen cuentas individuales en el FOMAG, pues
Consignación año siguiente se maneja con base en el principio de unidad
de caja
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
3. LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS
Régimen anualizado Ley 50/90 Régimen anualizado Ley 91/89
Anual, equivalente a la suma que resulte de
Cuantía aplicar la tasa de interés, que de acuerdo
Del 12% anual o proporcional por fracción Superfinanciera haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período
Sobre el saldo total de la prestación existente
Suma sobre Sobre aquella causada en ese período
al 31 de diciembre de cada año (Ley 91/89, art.
la cual se (Ley 50/90, art. 99, numeral 2)
15, numeral 3)
liquida
Mes de enero del año siguiente a la
Mes de marzo del año siguiente a la causación
Fecha de causación del auxilio (art. 2 de la Ley 52
del auxilio (Art. 4 del Acuerdo 39 de 1998
pago de 1975; art. 99-2 de la Ley 50 de 1990 y
FOMAG)
art. 3 del Decreto 1176 de 1991)
116. Antes se identificaron los aspectos característicos de los diferentes sistemas de
administración del régimen anualizado de cesantías, entre ellos, los que están a
cargo del FOMAG y las sociedades administradoras de los fondos de cesantías. Los
aspectos diferenciales en cuanto al traslado de recursos pueden resumirse así134:
134 En estos esquemas, las flechas curvas , representan el flujo de los recursos o dineros desde
su origen hasta su destinación como cesantías, y las flechas rectas , el trámite de liquidación
anual y su administración.
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
117. En suma, se destacan las siguientes diferencias relevantes entre los sistemas
objeto de análisis:
118. Los fondos administradores de cada sistema de administración. La Ley
50 de 1990 prevé un mecanismo para administrar las cesantías de los trabajadores
por medio de instituciones financieras con el fin de promover una racional y amplia
distribución de portafolios de inversiones a corto y largo plazo. Su objeto es asegurar
una rentabilidad mínima determinada por la Superintendencia Financiera con base
en el comportamiento del mercado público de valores.
119. Por el contrario, el sistema especial de administración y pago de las cesantías
docentes desde 1989 se constituyó por la Ley 91 con la creación del FOMAG como
la entidad encargada de pagar el auxilio a sus afiliados, dentro de un sistema en el
que se incentiva el ahorro por medio del cálculo de los intereses sobre el saldo anual
o histórico de las cesantías con el fin de proveer los recursos para atender las
prestaciones sociales que se causen en cada mes.
120. En ese orden, los fondos de cesantía y el FOMAG son disímiles en cuanto a la
naturaleza, el objeto, las disposiciones aplicables, los afiliados, las fuentes de
financiación, las inversiones autorizadas y prohibiciones, así como las obligaciones
frente al empleador, tal como se expuso en el cuadro anterior.
121. Liquidación y manejo de las cesantías. En el modelo previsto por la Ley 50
de 1990, el valor correspondiente a la liquidación definitiva que se efectúe a 31 de
diciembre de la respectiva anualidad o fracción deberá ser consignado por el
empleador antes del 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta individual a
nombre del trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este.
122. Por otra parte, los recursos que administra el FOMAG, por concepto de
cesantías de sus afiliados, se financia con cargo a los recursos del SGP con
destinación específica de educación. Estos se descuentan directamente de los
rubros que se distribuyen por doceavas para la prestación del servicio135 y pueden
hacer uso del principio de unidad de caja con el fin de cubrir las prestaciones que
se causen en cada período.
135 Ley 715 de 2001 «por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
[…]
Parágrafo 1º del artículo 18. Las sumas correspondientes a los aportes patronales y del afiliado, de
seguridad social y parafiscales de las entidades territoriales por concepto del personal docente de
las instituciones educativas estatales, se descontarán directamente de los recursos de la
participación para educación del Sistema General de Participaciones. La Nación contará con un
plazo no mayor de dos años para perfeccionar el proceso de descuentos, con la información de las
entidades territoriales.» (Subrayas fuera del texto original).
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
123. Así, los recursos que gira el Ministerio de Educación (SGP) y la entidad territorial
(con recursos propios por concepto de deuda136) ingresan al FOMAG a cubrir todas
las obligaciones exigibles de conformidad con el principio de unidad de caja. Ello
significa que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos consolidados
en un único instrumento o documento y, a su vez, se desagregan en una única caja
o tesorería y así los pagos se realizan con los fondos de aquella. En suma, no
existen cuentas individuales para la consignación del auxilio de cada docente.
124. Los intereses a las cesantías. El numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 establece que el empleador debe pagar por concepto de intereses legales «el
12% anual o proporcionales por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente».
125. Ahora, los afiliados al FOMAG reciben un interés anual equivalente a la tasa
«comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período » sobre
el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas
anualmente y sin retroactividad, en los términos del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
126. Así las cosas, entre mayor sea el ahorro que el docente oficial tenga sobre dicho
auxilio, mayores serán los réditos que perciba, es decir, que la teleología de la
norma está dirigida a que exista una reciprocidad financiera, esto es desincentivar
las liquidaciones o retiros parciales para de esa manera, producir acumulación del
ahorro, permitiendo al fondo mantener los recursos destinados al pago de las
prestaciones sociales de sus afiliados y como contraprestación, reconocerle los
intereses sobre la totalidad del saldo. Esto propende al equilibrio entre los
intereses del gobierno nacional y el de los educadores, tal como fue concertado
entre el magisterio, gobierno y Congreso en el proyecto de ley 159 de 1989137.
127. Con el fin de constatar con claridad la diferencia real entre la liquidación de
intereses anuales de las cesantías en cada sistema de administración e incluso
teniendo en cuenta la variación porcentual de la inflación y el DTF efectivo anual, se
realiza una comparación entre aquellas, por los años reclamados por el demandante
(2006 – 2020), así:
IPC (FNA UVR (FNA a DTF FOMAG
Año Inflación hasta el partir del promedio
2000) 2000 - Ley
1955/19)
2006 4,7% 4,48% 4,25% 6,27% 6,56%
2007 6,3% 5,69% 5,3% 8,01% 8,26%
2008 7,9% 7,67% 7,83% 9,74% 10,04%
2009 7,2% 2% 2,52% 6,14% 6,24%
2010 3,17% 3,17% 2,44% 3,66% 3,88%
2011 4% 3,73% 3,99% 4,21% 4,61%
2012 3,6% 2,44% 2,9% 5,35% 5,85%
136 Entre ellos, el pasivo prestacional, aportes periódicos, cuotas partes pensionales, padres
cotizantes dependientes y cuotas personales de inscripción incremento salarial, ascenso en el
escalafón, sanción por mora y pasivo corriente.
137 Anales del Congreso de la República. Gaceta 164 de 1989, página 6.
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
2013 2,3% 1,94% 1,78% 4,24% 4,44%
2014 3,7% 3,66% 3,46% 4,07% 4,46%
2015 6,8% 6,77% 6,15% 4,58% 5,13%
2016 9% 5,75% 6,21% 6,78% 7,52%
2017 5,5% 4,09% 4,09% 5,99% 6,37%
2018 3,7% 3,18% 3,28% 4,71% 5,05%
2019 3,9% 3,8% 3,85% 4,50% 4,98%
2020 3,9% 1,61% 1,61% 3,38% 3,64%
128. Expuesto lo anterior, se hará la comparación de la situación fáctica de Julián
David Quintero Agudelo frente al régimen anualizado de la Ley 50 de 1990 -
pretendido por el demandante-, con el propósito de verificar si el sistema creado
para el personal del magisterio es menos ventajoso respecto del administrado por
las AFP. Para ese efecto, se confrontarán los escenarios que surgen en ambos con
la información del docente demandante, quien es beneficiario del FOMAG, y luego
se definirán los intereses de las cesantías anuales desde la perspectiva de un
servidor público territorial afiliado a un fondo privado, así:
Período de vinculación: 2006 - 2020
Servidor público beneficiario de la Ley Docente estatal afiliado al FOMAG cobijado por la
50/1990: 12% anual Ley 91/89: tasa anual o comercial promedio de
captación del Sistema Financiero certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. 138 sobre el
saldo de cesantías a 31 de dic de cada año
Año Cesantías Intereses Cesantías Saldo Intereses
ANUALES ANUALES acumulado
2006 $754.820 $90.578 $754.820 $745.820 (6.56%)
$48.926
2007 $1.038.751 $124.650 $1.038.751 $1.784.571 (8.26%)
$147.406
2008 $1.202.532 $144.304 $1.202.532 $2.987.103 (10.04%)
$299.905
2009 $1.363.230 $163.588 $1.363.230 $4.350.333 (6.24%)
$271.461
2010 $1.429.208 $171.505 $1.429.208 $5.779.541 (3.88%)
(retiro parcial) $224.246
2011 $1.473.039 $176.765 $1.473.039 $1.473.039 (4.61%)
$67.907
2012 $1.546.692 $187.763 $1.546.692 $3.019.731 (5.85%)
$176.654
2013 $1.599.899 $191.988 $1.599.899 $4.619.630 (4,44%)
$205.112
2014 $1.709.324 $205.119 $1.709.324 $6.328.954 (4,46%)
$282.271
2015 $1.845.347 $221.442 $1.845.347 $8.174.301 (5.13%)
$419.342
2016 $2.010.838 $241.301 $2.010.838 $10.185.139 (7,52%)
$765.922
2017 $2.745.146 $329.418 $2.745.146 12.930.285 (6,37%)
(retiro parcial) $823.659
138 Consultado en el link: https://www.fomag.gov.co/intereses-a-las-cesantias/
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
2018 $3.440.789 $412.895 $3.440.789 3.440.789 (5,05%)
$173.760
2019 $4.305.235 $516.628 $4.305.235 7.746.024 (4,98%)
$385.752
2020 $6.073.732 $728.848 $6.073.732 13.819.756 (3,64%)
$503.039
TOTAL INTERESES $3.906.792 TOTAL INTERESES $4.795.362
129. Como se observa, una afiliación al FOMAG le reporta un total de $4.795.362 por
concepto de intereses sobre las cesantías, aun cuando realizó retiros por concepto
de cesantías parciales acumuladas hasta 2010 y 2017. Por otro lado, en el
escenario en que ostentara la calidad de servidor público del nivel territorial habría
devengado la suma de $3.906.792, es decir, con una diferencia de $888.570,
respecto del anterior. Esto sin calcular el valor de la comisión por anticipos que
descuentan los fondos privados por ese movimiento.
130. Los resultados se deben a que en este último escenario los intereses se
calculan sobre el valor anual de cesantías, a diferencia del FOMAG, en el que se
aplica la tasa comercial promedio del sistema de captación financiera certificada por
la Superintendencia Financiera sobre todo el saldo acumulado por causa de la
prestación social. Por lo tanto, este componente conlleva un mayor beneficio del
segundo sistema, pues también se constata el beneficio frente a la tasa que se ha
reconocido por el FOMAG, respecto de los demás indicadores económicos
confrontados.
131. Esto obedece además a que los empleos al servicio del Estado por regla
general son de carrera administrativa según el artículo 125 Superior, de tal forma
que el ingreso a los cargos docentes, así como el ascenso se realiza a través de la
selección objetiva de un concurso de méritos, que a su vez le garantiza al empleado
público la permanencia en el servicio docente. Esa estabilidad laboral es acorde con
la administración de sus cesantías encaminada a incentivar el ahorro a cambio del
beneficio señalado con respecto al cálculo de sus intereses.
132. Con el propósito de ilustrar el panorama global de un afiliado a una AFP, se
realizará además un estimativo aproximado de los rendimientos obtenidos con base
en la rentabilidad mínima certificada en la Superintendencia Financiera para el
portafolio de largo plazo139, que sería aquel orientado a las personas que tienen una
expectativa de permanencia mayor a un año, como lo serían los docentes afiliados
al FOMAG140. El cálculo se hará entre los años 2011 a 2016, durante los que el
139 Que puede ser consultado en el link: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/38581
140 Decreto 2555 de 2010 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
[…]
artículo 2.6.7.1.1 portafolios de inversión de los fondos de cesantía. Las sociedades administradoras
de fondos de cesantía deberán ofrecer dos (2) tipos de portafolios de inversión:
1. Uno de corto plazo, orientado a administrar recursos del auxilio de cesantía con horizontes
esperados de permanencia cortos, cuyo régimen de inversión propenderá por mitigar el riesgo
generados por la concentración de los flujos de retiros.
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demandante no realizó retiros de cesantías, de modo que permita identificar las
ventajas de cada régimen, así:
Año Cesantías Saldo Promedio de Valor de los
acumulado rentabilidad rendimientos
mínima en el obtenidos en
portafolio de dinero
largo plazo
2011 $ 1.473.039 $1.473.039 6,69 % $ 98.554
2012 $ 1.546.692 $3.019.731 2,64 % $ 79.720
2013 $ 1.599.899 $4.619.630 2,38 % $109.947
2014 $ 1.709.324 $6.328.954 1,05 % $ 66.454
2015 $ 1.845.347 $8.174.301 0,13 % $ 10.627
2016 $ 2.010.838 $10.185.139 1,65 % $168.055
Total rendimientos del período $ 533.357
133. Ahora, si se adicionan los rendimientos así obtenidos en una AFP al interés
anual del 12% sobre las cesantías y se compara con la suma reconocida por el
FOMAG por concepto de intereses durante el mismo período, es posible verificar
una ventaja en este último fondo, al menos en tal escenario estimativo:
Año FOMAG Rentabilidad
(intereses sobre mínima + intereses
cesantías) del 12%
2011 $ 67.907 $ 275.319
2012 $ 176.654 $ 267.483
2013 $ 205.112 $ 301.935
2014 $ 282.271 $ 271.573
2015 $ 419.342 $ 232.069
2016 $ 765.922 $ 409.356
TOTAL $1.917.208 $ 1.757.735
134. A partir de la comparación de ambos escenarios, es posible concluir que la
ventaja del sistema regulado por la Ley 91 de 1989 se deriva esencialmente de la
forma en la que se liquidan y pagan los intereses. Ciertamente, la tasa certificada
por la Superintendencia Financiera aplicada al saldo acumulado por el docente
oficial reporta a mediano y largo plazo un mayor beneficio sin el riesgo y comisiones
por administración que deben asumir los afiliados a una AFP (Ley 50 de 1990).
135. En relación con los rendimientos financieros, se observa que se obtienen tanto
en el sistema de la Ley 50 de 1990 como en el de la Ley 91 de 1989. La diferencia
radica en su destino final, pues el FOMAG reinvierte los rendimientos y utilidades
2. Uno de largo plazo, orientado a la administración de los recursos del auxilio de cesantía con
horizontes esperados de permanencia mayores a un año, cuyo régimen de inversión propenderá por
obtener la mayor rentabilidad para el plazo relevante de dichos recursos.» (Resaltado fuera del texto
original).
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como una fuente de financiación del fondo común, según el artículo 8 de la Ley 91
de 1989, como una expresión del principio de solidaridad, con el fin de cubrir las
obligaciones que deba atender en cada vigencia, entre ellas, los retiros parciales de
cesantías o las que se causen con ocasión del retiro del servicio.
136. A diferencia de ello, la rentabilidad de los portafolios de corto o largo plazo en
el sistema de la Ley 50 de 1990, como se expuso, afecta los respectivos patrimonios
autónomos constituidos por las cuentas individuales de las AFP a cambio de una
comisión pagada por cada afiliado cuando esta sea superior a la prevista por la
Superintendencia Financiera. Por lo tanto, se trata de un riesgo controlado
únicamente por la rentabilidad mínima exigida por la mencionada superintendencia
que, como se expuso, puede ser positiva o incluso negativa141, de acuerdo con la
volatilidad financiera en cada período, de modo que aun cuando existe una
obligación de resultado frente a sus afiliados, esta no siempre es óptima a sus
intereses en términos de rendimientos.
137. Sobre el particular, es oportuno señalar que la Corte Constitucional en la
sentencia C-928 de 2006 resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la
expresión «[…] equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia [Financiera], haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período », del numeral 3,
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, porque no son susceptibles de los rendimientos
de la rentabilidad mínima que obtienen las cesantías al consignarse en un fondo
privado, según lo estipulado en la Ley 50 de 1990. Esto, en criterio del demandante
conllevaba una vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo.
138. Al respecto, la Corte consideró que las sociedades administradoras de
cesantías fueron creadas con el fin de asegurar una rentabilidad mínima a sus
afiliados determinada por el gobierno nacional con base en el comportamiento del
mercado público de valores, en aras de mantener su poder adquisitivo. En cambio,
en el FOMAG sí se requiere de la disponibilidad de recursos para el pago de las
prestaciones sociales exigibles en cada vigencia, por lo que el fondo sí reconoce y
paga intereses sobre las cesantías, solo que la forma de realizar dicho cálculo y el
plazo no es igual al establecido en la Ley 50 de 1990.
2.5.4. Incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 con el sistema de liquidación de cesantías administrado por el FOMAG
139. Antes se identificaron los mecanismos con los que cuenta cada sistema para
asegurar la disponibilidad de los recursos para el pago de las cesantías de los
afiliados. Así, en el caso del FOMAG, está asegurada desde la etapa de planeación
del presupuesto, en la que se incorporan los gastos que representa el pago de sus
141 La rentabilidad mínima de las AFP fue inferior a 0% en 2007 (noviembre – diciembre), 2008 (enero
– abril) y 2015 (enero – abril), según lo certificado por la Superintendencia Financiera y puede ser
consultado en el link: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9121
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obligaciones durante el respectivo período, y se garantiza la disponibilidad
permanente para el pago de las cesantías que se reclamen, así como de las demás
prestaciones económicas que se hagan exigibles en cada anualidad, bajo el
principio de unidad de caja.
140. En efecto, en este caso, los recursos destinados a la prestación del servicio
educativo y, dentro de estos, los gastos del personal docente (nómina y
prestaciones sociales) son transferidos sin situación de fondos para atender el pago
de las prestaciones sociales que se hagan exigibles cada mes, según disponibilidad
de caja. En este sistema se incentiva a los afiliados a mantener las sumas abonadas
por concepto de cesantías y a cambio de ello, los intereses se liquidarán anualmente
sobre el saldo total de la prestación social.
141. Este elemento se garantiza de otra forma en la Ley 50 de 1990. Desde un
principio, era necesario asegurar que los empleadores del sector privado cumplieran
con la consignación en el respectivo fondo «antes del 15 de febrero del año siguiente,
en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija».
De ahí que la desatención a dicho plazo le genera al empleador responsable del
depósito la consecuencia descrita en el numeral 3 del artículo 99 ibidem por lo que
«deberá pagar un día de salario por cada retardo ».
142. Ahora bien, en el 2003 el presidente de la República expidió el Decreto 3752142,
el cual prevé en el artículo 1 el deber de afiliación de los docentes del servicio
público educativo vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales,
pues su incumplimiento conlleva la responsabilidad por la totalidad de las
prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar (parágrafo 1).
143. En consecuencia, la entidad territorial es responsable de las prestaciones de
los docentes en el evento en que las respectivas secretarías de educación no los
hubiese afiliado al FOMAG. En este caso se cumpliría el presupuesto señalado en
el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, atinente a que el régimen de liquidación de
los servidores públicos de este nivel -territorial-, que se afilien a fondos privados,
será el señalado en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la
Ley 50 de 1990 o el del artículo 5 de la Ley 432 de 1998, en caso de que su afiliación
haya ocurrido ante el FNA.
144. Asimismo, la omisión de afiliación a cualquier fondo no puede conllevar el
desconocimiento de las garantías mínimas fundamentales del servidor. Por ende,
en ese caso, es necesaria la protección que ofrece el régimen del que gozan la
generalidad de los servidores públicos, que, en materia de cesantías, es el
contenido en la Ley 50 de 1990. Tal aplicación implica la observancia del principio
142 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».
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de inescindibilidad, de manera que se deben conceder todos los componentes de
dicha normativa, dentro de los cuales se incluye la sanción moratoria, si el auxilio
no se consigna en la oportunidad legal. Esta interpretación se aproxima al fin
perseguido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, según la
cual:
«[…] encuentra la Corte que existe una interpretación favorable al actor que no se
tuvo en cuenta por el despacho ni la Corporación Judicial, y que se encuentra en el
mismo contenido de la disposición en comento, pues allí se establece, en lo
pertinente, que los empleados públicos que se vinculen al servicio del Estado a
partir de la vigencia del Decreto 1252 de 2000 –el actor se vinculó el 31 de marzo
de 2003- tienen derecho al pago de las cesantías en los términos establecidos en
la Ley 50 de 1990 y que lo allí dispuesto se aplica aún en el evento en que el servidor
público se rija por un régimen especial que regule las cesantías.
Además, el parágrafo del artículo 1° del Decreto 1252 de 2000 determina que los
fondos que administran y pagan las cesantías a los servidores referidos seguirán
haciéndolo, dentro de los cuales está incluido el fondo del FOMAG. Por tanto, la
interpretación que permita concluir que dicha sanción moratoria no es aplicable al
actor bajo el argumento de que no cumple la condición de pertenecer a la categoría
de servidor público territorial ni la de encontrarse afiliado a un fondo privado,
también puede entenderse de manera distinta a la luz de lo dispuesto en el
parágrafo precitado.
Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen
anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996,
es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya
que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda,
este sistema solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago
de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de los
eventos en que se permite, esto es, ante el desempleo, para financiar la educación
propia, de compañeros permanentes, de los hijos o dependientes y para la
adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su
vivienda.» [Subrayas fuera del texto original].
145. De acuerdo con lo anterior, se observa que la Corte Constitucional determinó
que la consignación es la manera de garantizar el pago oportuno del auxilio de
cesantías y la protección de los riesgos cubiertos por esta prestación social, ya sea
por desempleo o durante la vigencia del vínculo laboral para el acceso a vivienda y
educación, entre otros.
146. Ahora bien, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo
de Estado sobre este asunto143 e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio
de la sentencia SU-098 de 2018, citada en precedencia, solo constituye precedente
en el evento en que se omita la afiliación del docente al FOMAG, de modo que en
aquellos casos en que se pretende la sanción por la falta de consignación de las
cesantías a los beneficiarios del señalado fondo, no existe una providencia de
143 En los que la Sección Segunda, Subsección B profirió las sentencias del 16 de agosto de 2018,
radicación interna: 2092-2016; del 24 de agosto 2018, radicación interna: 1653-2016; y del 7 de
septiembre de 2018, radicación interna: 0345-2016.
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unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con
similitud fáctica y jurídica.
147. Según las anteriores precisiones, el sistema especial de administración de
cesantías de los docentes afiliados al FOMAG es incompatible con el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990. En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de
1996 amplió la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo
la salvedad, de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989».
Esto se traduce en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma
conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la cual
estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000
al disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso […]», aun cuando exista un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por
cuanto este último contiene la precisa referencia al pago de la prestación, que es
tan solo uno de los elementos que integran el régimen anualizado, lo cual, en efecto
se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a aquel son comunes en cada uno
de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso
señalado.
149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de
2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados
públicos quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla
general es el regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos
quedaran cobijados por dicho sistema de administración. Esta conclusión es
coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios conservaron
las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de 1990. En
consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía
conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa
con la disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba regulado por
un régimen anualizado de cesantías.
150. Ciertamente, en relación con la oportunidad en la cual los docentes oficiales
pueden solicitar retiros parciales, es oportuno señalar que el Consejo Directivo del
FOMAG expidió el Acuerdo 34 de 1998 en el que reglamentó el límite temporal de
retiro de cesantías parciales a tres (3) años (inciso 1, artículo 5). Esta disposición
fue anulada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la sentencia del 24 de octubre de 2019144, al encontrar probado que se
expidió con falta de competencia. Tal decisión conllevó a que los docentes pudieran
disponer de sus cesantías en los casos previstos en la ley, esto es para la
144 Dentro del proceso con radicación: 11001-03-25-000-2016-00992-00.
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adquisición o liberación de gravámenes de vivienda y educación145, así como para
brindar protección ante la eventualidad de desempleo146.
151. Pues bien, frente al pago de las cesantías parciales y definitivas, ambos
regímenes sí están amparados por la misma garantía que representa la sanción
moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Esta penalidad aplica
tanto para los destinatarios de la Ley 50 de 1990 como para el personal afiliado al
FOMAG, tal y como se constata con la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de
unificación SU CE-SUJ2-012-18 proferida por esta Corporación.
152. En esta última providencia, el Consejo de Estado también sentó jurisprudencia
en cuanto al cómputo de los términos para la exigibilidad de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías parciales y definitivas 147, en consecuencia,
inaplicó por ilegal el Decreto 2831 de 2005, e instó a los entes territoriales y al
FOMAG a que las solicitudes de reconocimiento de cesantías promovidas por los
docentes fueran tramitadas en atención a esas disposiciones legales.
153. En tal virtud, se dispuso la simplificación y optimización del procedimiento para
el reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas a través del artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019148.
145 Según el artículo 3 de la Ley 1071 del 2006, los servidores públicos podrán solicitar el retiro de
sus cesantías parciales en los siguientes casos:
«[…] 1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma
y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a)
permanente.
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos. […]».
146 De conformidad con la Ley 244 de 1995.
147 «[…]
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera
del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de
radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la
resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en
las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del
término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria,
deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar
que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este
medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos
de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo
resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15
días de interpuesto.
[…]».
148 Se eliminó la doble revisión que establecía el Decreto 2831 de 2005 frente a la resolución de
reconocimiento del auxilio de cesantías por parte de la Fiduprevisora S.A. Al igual que en el
procedimiento anterior, el interesado debe radicar su petición ante la secretaría de educación
certificada, la cual deberá estudiarla en un término no mayor a 15 días hábiles, resolver si se
reconoce o no la prestación y expedir el acto administrativo definitivo sin solicitar revisión o
autorización de la fiduciaria. Una vez surtida la notificación y la ejecutoria de dicho acto administrativo
de reconocimiento de la prestación, la secretaría de educación deberá subirla al sistema y remitirla
a la Fiduprevisora S.A. El pago de la suma reconocida por parte de la fiduciaria no podrá sobrepasar
los 45 días hábiles siguientes a la notificación del acto y a su ejecutoria.
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154. A continuación, se presenta el resumen de los elementos abordados en este
acápite:
SISTEMA Mecanismo para Pago de cesantías Sanción por pago tardío
garantizar la (retiros parciales y (cesantías parciales y
disponibilidad de los definitivo) definitivas)
recursos
-Parcial: para vivienda y Sí, según lo previsto en la
Ley 91 de 1989 Está asegurada desde la educación Ley 1071/06 artículo 5
etapa de planeación del
presupuesto del FOMAG -Definitivo: por retiro del Sentencias SU-336 de 2017
servicio (Ley 1071/06 art. y CE-SUJ2-SII-012-2018
3) (4961-2015)
Ley 50 de 1990 Sanción moratoria a cargo Trabajadores regulados Sí
del empleador que por el CST: arts. 65 Trabajadores regulados por
incumpla el plazo del art. (definitivo) y 102 de Ley el CST: art. 65
99-2. Deberá pagar un día 50/90 (parcial) Servidores públicos: según
de salario por cada día de la Ley 1071 de 2006, art. 5
retardo Servidores públicos:
-Parcial: para vivienda y
educación
-Definitivo: por retiro del
servicio (Ley 1071/06 art.
3)
155. En este punto, se destaca que la sanción moratoria hace parte del sistema de
administración de cesantías y no del régimen anualizado. Se trata de un instrumento
dentro de uno de sus componentes que tiene el propósito de asegurar que se
trasladen los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad el pago del auxilio
de cesantías, en los eventos que la ley lo autoriza.
2.4.4. Regla jurisprudencial
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a
los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso,
es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación
tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que
establece unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
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comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y,
por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección
social en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-
573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan
a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de
interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir
que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías.
2.7. Caso concreto
2.7.1. Del derecho a la sanción moratoria
162. En el expediente se encuentra acreditado que Julián David Quintero Agudelo
fue nombrado en propiedad como docente de Dosquebradas desde el 15 de marzo
de 2006, fecha a partir de la cual también fue afiliado al FOMAG, por ende, es
beneficiario del régimen anualizado de liquidación de cesantías, según el certificado
de afiliación de la Fiduprevisora S.A.149, en el que indicó:
«[…] Que consultada la base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio establecido en la Ley 715 de 2001, se informa que la Secretaría de
Educación en calidad de ente nominador reporta la siguiente información […]:
Secretaria de Tipo de Tipo de Régimen Régimen de
Educación Nombramiento Vinculación Pensional cesantías
Ley 812 de
Dosquebradas En propiedad Municipal 2003 Anualizado
149 Folio 29 del índice 17 de Samai.
61
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Número Acto Fecha Acto Fecha de Fecha de Estado de
Administrativo Administrativo Posesión Afiliación Afiliación
Nombramiento
181 2006-03-15 2006-03-15 2006-03-15 ACTIVO
[…]»
163. De acuerdo con el extracto de intereses a las cesantías allegado con la
demanda150, al demandante le fueron pagados dos anticipos por concepto de
cesantías parciales a cargo del SGP, así:
Fuente recursos Prestación Valor Número Fecha de
resolución pago
Sistema General de
Participación CP 5,779,541 531 2011-11-28
Sistema General de
Participación CP 12,930,285 803 2018-07-27
164. El mismo documento indica que se le pagaron los siguientes intereses:
INTERESES PAGADOS
Año DTF Cesantías Acumulado Intereses Fecha Estado
2006 6.56% 754,820 745,820 48,926 11/03/2008 Reprogramación
2007 8.26% 1,038,751 1,784,571 147,406 10/03/2008 Presente pago
2008 10.04% 1,202,532 2,987,103 299,905 06/04/2009 Presente pago
2009 6.24% 1,363,230 4,350,333 271,461 30/03/2010 Presente pago
2010 3.88% 1,429,208 5,779,541 224,246 10/03/2011 Presente pago
2011 4.61% 1,473,039 1,473,039 67,907 21/03/2012 Presente pago
2012 5.85% 1,546,692 3,019,731 176,654 27/03/2013 Presente pago
2013 4.44% 1,599,899 4,619,630 205,112 22/03/2014 Presente pago
2014 4.46% 1,709,324 6,328,954 282,271 18/03/2015 Presente pago
2015 5.13% 1,845,347 8,174,301 419,342 12/03/2016 Presente pago
2016 7.52% 2,010,838 10,185,139 765,922 17/03/2017 Presente pago
2017 6.37% 2,745,146 12,930,285 823,659 16/03/2018 Presente pago
2018 5.05% 3,440,789 3,440,789 173,760 19/03/2019 Presente pago
2019 4.98% 4,305,235 7,746,024 385,752 24/03/2020 Presente pago
2020 3.64% 6,073,732 13,819,756 503,039 27/03/2021 Presente pago
150 Folios 66 y 67 del índice 1 de Samai.
62
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
PAGOS REALIZADOS
Comprobante Fecha de Banco Pago neto
pago
220803310148919 2008-03-31 Banco Agrario de Colombia 196,332
200904170165778 2009-04-17 Banco Agrario de Colombia 299,905
201004120202084 2010-04-12 Banco Agrario de Colombia 271,461
201103180179374 2011-03-18 Banco Agrario de Colombia 224,246
201205090216181 2012-05-09 Banco Agrario de Colombia 67,907
201304080009629 2013-04-08 BBVA Colombia 176,654
201403280009083 2014-03-28 BBVA Colombia 205,112
201503270009694 2015-03-27 Davivienda (Bancafé) 282,271
201603310009747 2016-03-31 Banco Davivienda 419,342
201703310009541 2017-03-31 Banco Davivienda 765,922
201803280009550 2018-03-28 Banco Davivienda 823,659
201903290009493 2019-03-29 Banco Davivienda 173,760
202003310009289 2020-03-31 Banco Davivienda 385,752
202103310009052 2021-03-31 Banco Davivienda 503,039
165. El 15 de julio de 2021151, el docente le solicitó al municipio de Dosquebradas,
Secretaría de Educación lo siguiente: la indicación de la fecha de consignación al
FOMAG de las cesantías del 2020; la expedición de la respectiva copia de la planilla
y el certificado de disponibilidad presupuestal utilizados para ese efecto; que le
informara si se había efectuado un reporte de no consignación o pago a la
Fiduprevisora S.A. o al FOMAG; y que le expidiera la copia del acto administrativo
de reconocimiento de la prestación social correspondiente a ese año.
166. La petición fue resuelta con la certificación del 30 de julio de 2021152, en la cual
la líder administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Dosquebradas,
le informó:
«[…] Que a través del acuerdo 39 de 1998 se estableció el procedimiento para
el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías de los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG.
Conforme a las instrucciones dadas por la citada entidad a través del
comunicado 008 del 11 de diciembre del 2020, radicado 20200170161153, la
Secretaría de Educación realizó el proceso de liquidación de cesantías y
dispuso el envío de un informe consolidado con el número de docentes activos
y retirados liquidados a través del aplicativo (Humano) con el valor total de las
cesantías causadas a 31 de diciembre del año 2020.
Dicha información fue remitida por medio magnético al correo
interesescesantias@fiduprevisora.com.co y de forma física como soporte
documental, firmados por la autoridad nominadora y el pagador de la entidad
territorial certificada, el 29 de enero de 2021.
De igual manera, esa misma información fue enviada por medio de correo
certificado. Empresa de mensajería Servientrega, Guía No. 9129033774,
siendo el cargue exitoso de la información el 03 de febrero de 2021, según la
comunicación del FOMAG vía correo electrónico.
151 Folios 56 y 57 del expediente que obra en el índice 1 de Samai.
152 Folio 59 del expediente que obra en el índice 1 de Samai.
63
Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
Según el citado comunicado la fecha de recibo de reportes de cesantías para
todas las Secretarías de Educación a nivel nacional, fue hasta el 05 de febrero
de 2021.
Se adjunta copia de la guía y confirmación del FOMAG […]» (Subrayas fuera
del texto original).
167. El 16 de julio de 2021153, el solicitante radicó petición ante el municipio de
Dosquebradas, Secretaría de Educación, FOMAG, para reclamar lo siguiente:
«[…] 1. Se le reconozca y pague al docente que actúa como solicitante en
esta petición, la SANCIÓN POR MORA, por la no consignación de las cesantías
establecida en Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de salario
por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en
que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo
Fondo Prestacional y hasta el momento en que la entidad territorial acredite
el pago en la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de administrar
los recursos de la cuenta especial de la Nación – FOMAG, que a la fecha de
presentación de esta petición no ha sido cancelada.
2. Se le reconozca y pague al docente que actúa como solicitante en esta
petición, la sanción por mora – indemnización, por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la
Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991,
indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses
causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el
término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021.
3. Ordenar el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar
con motivo de la disminución del poder adquisitivos de las sanciones
moratorias referidas en los numerales anteriores […]»
168. Por medio del oficio del 17 de agosto de 2021, acto acusado154, el coordinador
de prestaciones sociales SEM negó la anterior reclamación, con base en los
siguientes argumentos:
i) No le es aplicable la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990 por la
falta de consignación del auxilio de cesantías del 2020, por ser beneficiario de un
régimen excepcional regulado por la Ley 91 de 1989, modificado por el Decreto
2831 de 2005 y complementado por las leyes 244 de 1995, 344 de 1996, 1071
de 2006 y 1955 de 2019. En este sistema, las cesantías se reconocen y pagan,
previa solicitud del docente oficial.
ii) La indemnización moratoria por la falta de pago de los intereses a las
cesantías del 2020 antes del 31 de enero de 2021 es improcedente, toda vez que
de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo 39 de 1989, el FOMAG «[…] realizará
el pago de los intereses en el mes de marzo, a los docentes cuya información ha sido
remitida a la entidad fiduciaria que administra los recursos del fondo a más tardar el 5 de
febrero de cada año […]»;
153 Folios 50 y 51 del expediente que obra en el índice 1 de Samai.
154 Folios 53 a 56 del expediente que obra en el índice 1 de Samai.
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
En consecuencia, no hay lugar a aplicar las disposiciones legales que rigen las
relaciones individuales de los trabajadores particulares en forma directa o por
analogía, como lo consideró el Consejo de Estado155.
iii) Frente a la indexación de ambas sanciones pretendidas, «[…] el reclamo
tampoco tiene asidero jurídico […]».
169. La vicepresidencia del FOMAG, mediante oficio 20210173268781 del 19 de
octubre de 2021156, también se pronunció frente a las solicitudes del demandante
en los siguientes términos:
i) En relación con la del 15 de julio de 2021, expuso el procedimiento para
el pago de las cesantías de sus afiliados y concluyó que a ese fondo no
le aplican las disposiciones de la Ley 50 de 1990, en tanto su naturaleza
difiere de una sociedad administradora de naturaleza privada.
ii) Sobre la fecha de pago de los intereses a las cesantías del 2020, señaló
que se efectuó el 31 de marzo de 2021, por la suma de $503.039.
iii) La petición del 16 de julio de 2021 fue denegada con base en los mismos
razonamientos de la secretaría de educación municipal a través del oficio
del 17 de agosto de 2021 (acto acusado).
170. En el presente caso, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira
en sentencia del 29 de junio del 2022 declaró la nulidad del acto acusado y condenó
al FOMAG al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990 por falta de consignación de las cesantías. Consideró que aun cuando los
docentes oficiales en principio no están cobijados por dicha norma, se les debe
aplicar como a los demás servidores públicos, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional -sentencia SU-098 de 2018- y del Consejo de Estado a partir
del 2020157.
171. En la apelación, el Ministerio Público señaló que, si bien la decisión de primera
instancia es respetuosa del precedente de las altas cortes, las circunstancias
fácticas del sub judice son diferentes de las analizadas por los órganos de cierre en
las providencias referenciadas. Por su parte, el FOMAG alegó que la Ley 50 de 1990
no le es aplicable a los docentes del sector público y, el demandante, que la
condena debe imponerse al empleador, esto es la Nación – Ministerio de Educación
Nacional por el retardo en el giro de los recursos correspondientes.
172. En virtud de los elementos de prueba allegados al proceso, se encuentra
demostrado que Julián David Quintero Agudelo es docente en propiedad del
municipio de Dosquebradas desde el 15 de marzo de 2006. Desde su vinculación
155 En sentencia del 24 de enero de 2019, con radicado 76001233100020090086701 (4854-2014).
156 Folios 68 a 72 del expediente que obra en el índice 1 de Samai.
157 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-17).
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
fue afiliado al FOMAG y efectuó retiros parciales de cesantías en 2011 y 2018, con
cargo a los recursos del fondo provenientes, entre otros, del Sistema General de
Participaciones.
173. Al hacer el ejercicio de comparación en el caso concreto del demandante, se
advierte que tal como lo alega el FOMAG, el sistema de administración anual del
que es beneficiario le resultó de mayor provecho frente al previsto en la Ley 50 de
1990. Es así por cuanto en el primero devengó $4.795.362 por concepto de
intereses, incluso con los retiros parciales que efectuó en el 2011 y 2018, mientras
que, en el segundo, habría recibido una suma inferior por el mismo concepto, esto
es $3.906.792. Además, contrario a lo señalado en la apelación, el docente sí
dispuso de los recursos en el momento en que lo requirió, con lo que se cumplió la
finalidad constitucional y legal de la prestación social.
174. Así las cosas, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en precedencia, la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 cuya aplicación pretende el
demandante, es incompatible con el sistema especial que lo beneficia en su
condición de docente afiliado al FOMAG. En consecuencia, no tiene derecho al pago
de la penalidad.
2.7.2. El derecho a la indemnización por mora en el pago de los intereses a
las cesantías
175. En el escrito inicial, el actor pidió el reconocimiento de la indemnización prevista
en la Ley 52 de 1975, por el pago tardío de los intereses sobre las cesantías.
176. La sentencia de primera instancia accedió a la pretensión y ordenó al FOMAG
que reconociera al docente la indemnización equivalente un día de salario por cada
día de mora, por 40 días, pues el a quo consideró que el fondo debía cancelar los
intereses el 14 de febrero de 2021 pero solo giró la suma hasta el 27 de marzo del
mismo año.
177. El FOMAG apeló la anterior decisión y adujo que tal indemnización no se
encuentra regulada en la Ley 50 de 1990, sino en el ordinal 3, artículo 1 de la Ley
52 de 1975, de la que son destinatarios los trabajadores particulares y no los
docentes estatales.
178. Para analizar el planteamiento propuesto, se pone de presente que, la Ley 91
de 1989158 dispone que el FOMAG reconoce y paga un interés anual sobre el saldo
de las cesantías existente a 31 de diciembre de cada año a los docentes oficiales
afiliados. Este procedimiento se encuentra regulado en el Acuerdo 39 de 1998
expedido por el Consejo Directivo del fondo159, así:
158 Artículo 15, numeral 3, literal b).
159 Artículos 2 a 4.
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Ente a cargo Trámite Plazo
1 Remitir a la Oficina Regional del
Entidad territorial / FOMAG a cargo de la secretaría de Dentro de los primeros 20 días
establecimiento educación departamental o del distrito de enero de cada año160
educativo oficial capital, las liquidaciones anuales de
cesantías
2 La Oficina Remitir la información debidamente
Regional del verificada a la Fiduprevisora S.A. o 10 días hábiles siguientes
FOMAG devolverla en caso de inconsistencias
• En marzo, si la información fue
enviada a la fiduciaria antes del
5 de febrero
3 FOMAG Pago de los intereses a los docentes - En mayo, si se remitió entre el
afiliados 6 de febrero y el 15 de marzo
• Si excede lo anterior, se
programarán pagos en nóminas
posteriores (mayo, agosto y
diciembre) y se informará al
Consejo Directivo del FOMAG.
179. De acuerdo con lo expuesto, el término para el pago oportuno de los intereses
a las cesantías es en el mes de marzo del año siguiente a su liquidación, en la
cuenta de nómina reportada por la secretaría de educación a la cual se encuentre
adscrito el docente y en caso de que no se haya registrado ninguna, se programa
su entrega por ventanilla161. De igual forma, el parágrafo 2 del artículo 4 ibidem,
prevé que es responsabilidad del ente territorial reportar oportunamente la
información requerida para el pago de los intereses a las cesantías. Con todo, pese
a que la Ley 91 de 1989 no prevé una sanción moratoria por el pago tardío de
intereses, el fondo de cesantías no puede evadir las fechas dispuestas en la norma
que regulan el respectivo sistema de administración.
180. Por otra parte, es necesario señalar que para 1975, se encontraba vigente el
Código Sustantivo del Trabajo adoptado por medio del Decreto Ley 2663 del 5 de
agosto de 1950, que preveía en el artículo 249 la liquidación de la prestación con
destino a los trabajadores particulares y oficiales, gobernados por el Código
Sustantivo del Trabajo162.
160 «[...]
En el evento en que con posterioridad al 20 de enero de cada año la entidad territorial o el
establecimiento público educativo oficial, presenten novedades tales como inconsistencias de la
información, cesantías dejadas de reportar, reprogramación por no cobro y otros, deberá informarlo
a la Oficina Regional del Fondo del Magisterio, responsable de canalizar la información, quien deberá
recibirla, depurarla y remitirla dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, a la
entidad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para su liquidación, programación y pago de los respectivos intereses.»
161 Información obtenida del FOMAG, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.fomag.gov.co/intereses-a-las-
cesantias/#:~:text=El%20pago%20de%20intereses%20en,pago%20se%20programa%20por%20ve
ntanilla.
162 El beneficio de los intereses legales del 12% también se estableció en el numeral 2 del artículo
99 de la Ley 50 de 1999, aplicable a los empleados públicos que se hubieran acogido al sistema
anualizado de cesantías.
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181. Así, la Ley 52 de 1975 integrada por tres artículos, estipuló el reconocimiento
de intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares a partir del 1
de enero de 1976163. Su cuantía es del 12% anual sobre los saldos que tenga a su
favor a 31 de diciembre de cada año, o a la fecha de retiro de aquel o de la
liquidación parcial de dicha prestación social (artículo 1, numeral 1). Este porcentaje
fue el mismo que acogió el artículo 99, numeral 3, de la Ley 50 de 1990 para sus
beneficiarios, así como el plazo para su pago, según el inciso segundo del artículo
3 del Decreto 1176 de 1991, que reglamentó la anterior.
182. La consecuencia derivada del incumplimiento de esta obligación por parte del
empleador es la de pagar una «suma adicional igual a dichos intereses» a título de
indemnización por cada vez que incumpla, salvo los casos de retención autorizados
por la ley o convenidos por las partes (artículo 5 del Decreto 116 de 1976).
183. Sobre la sanción en mención y su extensión al sector público, el Consejo de
Estado sostuvo que «[…] por expreso mandato del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, solo
son beneficiarios los trabajadores a quienes se apliquen las normas del Código Sustantivo
de Trabajo relacionadas con el auxilio de cesantías»164.
184. Ahora bien, en el caso específico de los docentes oficiales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-928 de 2006 determinó que la divergencia en
cuanto al manejo de los intereses a las cesantías y específicamente, el que no se
haya señalado esa consecuencia pecuniaria, se ajusta a la Constitución Política, en
atención a que el sistema de cesantías del sector privado es diferente del de los
educadores estatales regulado por la Ley 91 de 1989.
185. Posteriormente, se demandó en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad la expresión «particulares», contenida en el título de la Ley 52
de 1975. En aquella oportunidad, el accionante sostuvo que aquella vulneraba el
derecho a la igualdad de los docentes al servicio del Estado respecto de los
trabajadores particulares, al establecer términos diferentes para el pago de los
intereses a las cesantías y pese a que existan retrasos no se genera la
indemnización que sí prevé el otro sistema.
186. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-393 del 2011 declaró
exequible la expresión demandada, al considerar que la Ley 52 de 1975 tenía la
finalidad de permitir que las sumas de cesantías pudieran ser utilizadas como capital
de trabajo por los fondos administradores privados a cambio de un rendimiento
razonable de los trabajadores. Por otra parte, la Ley 91 de 1989 pretendió corregir
el desorden que el magisterio padecía en materia salarial y prestacional, replantear
163 Según lo dispuesto en el Decreto 116 de 1976, reglamentario de la Ley 52 de 1975, artículo 2.
164 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 5 de mayo de 2005,
radicación: 44001-23-31-000-2002-00632-01(1713-04); del 9 de mayo de 2005, radicación: 44001-
2331-000-2002-00713-01(1945-04); del 9 de mayo de 2005, radicación: 44001-23-31-000-2002-
00713-01(1659-04); y del 21 de junio de 2018, radicación: 47001 23 33 000 2012 00052-01 (3643-
14).
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los mecanismos financieros y administrativos vigentes para el pago de las
obligaciones existentes y futuras, así como distribuir claramente las
responsabilidades entre el sector central y el descentralizado.
187. En definitiva, concluyó que no es posible comparar aisladamente aspectos
puntuales de un régimen especial que comprende asuntos prestacionales y de
seguridad social, basado en sus propias reglas, principios e instituciones.
188. En esas condiciones, es razonable concluir que a los docentes estatales
afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la indemnización
estipulada en la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
189. Ahora bien, en la sentencia de primera instancia se condenó al FOMAG al pago
de la sanción de un día de salario por cada día de retardo, en los términos de la Ley
50 de 1990, que corresponde a la que se genera por el incumplimiento de la
consignación oportuna del auxilio. Es decir, tampoco se refirió a la penalidad de la
Ley 52 de 1975 pretendida por el demandante equivalente al doble del valor de los
intereses. Sin embargo, no existe fundamento jurídico alguno que sustente esa
condena, de manera que tampoco es procedente.
190. En todo caso, la liquidación de la prestación social de los docentes del municipio
de Dosquebradas con corte al 31 de diciembre de 2020 fue enviada por la
correspondiente secretaría de educación el 29 de enero de 2021 y esta, a su vez,
remitida al fondo el 3 de febrero siguiente. En consecuencia, el FOMAG pagó los
intereses a las cesantías del 2020 el 31 de marzo de 2021 a través de la entidad
bancaria Davivienda, según el comprobante 202103310009052, por una suma
equivalente a $503.039, es decir, dentro del término previsto en el Acuerdo 39 de
1998.
2.7.3. Conclusión
191. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Julián David Quintero
Agudelo no tiene derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99, numeral
3, de la Ley 50 de 1990, puesto que es incompatible con el sistema de liquidación
anualizada de cesantía que administra el FOMAG, al cual se encuentra afiliado y
tampoco al reconocimiento de la indemnización estipulada en la Ley 52 de 1975 por
el pago tardío de los intereses del 12%, comoquiera que no está prevista por la Ley
91 de 1989.
192. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 29 de junio del 2022
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.
2.7.4. Costas
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Demandante: Julián David Quintero Agudelo
193. No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido
por esta Sección165 en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en
los casos resueltos a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las
reglas allí definidas no hay lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y
confianza legítima.
2.8. Efectos en el tiempo de la presente decisión
194. Por regla general, esta corporación166 ha conferido efectos de aplicación
inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que se pretenda
la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación. Lo anterior se sustenta
en el acatamiento de los principios de equidad e igualdad y la superación de
situaciones que afectan el valor de la justicia y la aplicación de las normas de
conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y culturales167.
195. La Sala no pasa por alto que en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
se han emitido distintos pronunciamientos en los que se han definido litigios relativos
a las reclamaciones de docentes afiliados al FOMAG, para obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, en los cuales se interpretó que el precedente vinculante para estos casos era
el contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional. En relación
con tales providencias, se considera que se debe dar prevalencia a la institución
jurídica de la cosa juzgada, en atención a las garantías de estabilidad, razonabilidad
y seguridad jurídica que aquella representa.
196. Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de dar efectos
prospectivos168 a la presente decisión, toda vez que no restringe el acceso a la
administración de justicia ni afecta los derechos adquiridos o fundamentales de las
partes y se adopta el mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la
regla jurisprudencial que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la
165 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio
de 2021, radicación: 66001-33-33-000-2015-00309-01(0632-2018) SUJ-024-CE-S2-202; sentencia
del 9 de septiembre de 2021, radicación: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) SUJ-025-
CE-S2-2021; sentencia del 28 de julio de 2022, radicación: 25000234200020130238001 (2656-2014)
SUJ-028-CE-S2-2022.
166 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
167 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de
27 de marzo de 2007 (IJ). Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01.
168 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de
2007, radicación: 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ). De la Sección Segunda, sentencia del 18 de
julio de 2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) SUJ-012-S2. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de septiembre de 2017, radicación
08001233300020130044-01.
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en
función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.
Segundo. – Revocar la sentencia proferida el 29 de junio del 2022 por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pereira que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Julián David Quintero Agudelo, contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el municipio de Dosquebradas
(Risaralda) y, en su lugar, denegarlas, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. – Sin condena en costas.
Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que
se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de
manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el
tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto
en vía administrativa como judicial.
Quinto. – Precisar que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
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Radicado: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022)
Demandante: Julián David Quintero Agudelo
Sexto. – Efectuar las anotaciones correspondientes en Samai y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al juzgado de origen.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
72