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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00492-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00492-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fomag, departamento del
Atlántico, y municipio de Sabanalarga

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas. Leyes 344
de 1996 y 50 de 1990. Subtema 2: prescripción extintiva del derecho. Subtema 3:
sanción moratoria incompatible con el régimen especial de administración de
cesantías establecido en la Ley 91 de 1989 para los docentes afiliados al Fomag

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de julio
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; se declaró probada la
excepción de prescripción extintiva respecto del derecho a reclamar la sanción
moratoria correspondiente a las vigencias comprendidas entre 1995 y 2002; se
decretó la nulidad de los actos acusados; se ordenó a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Fomag, reconocer y pagar las cesantías anualizadas, así como los intereses
respectivos, en caso de no haber efectuado tal reconocimiento frente a las vigencias
reclamadas; y, finalmente, se negó la condena en costas.

1. Síntesis del caso

La señora Ludis Escorcia Galindo solicitó la nulidad del acto administrativo
contenido en el Oficio núm. 2015EE061360 de fecha 17 de junio de 2015, mediante
el cual el Ministerio de Educación Nacional no emitió pronunciamiento de fondo a la
petición presentada el 25 de mayo de 2015. Igualmente, pidió la nulidad del Oficio
núm. 2812 de 19 de agosto de 2015 emitido por la Secretaría de Educación del
Atlántico; y de la Resolución 0277 de 25 de mayo de 2015 expedida por el municipio
de Sabanalarga, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de cesantías
anualizadas, sus intereses de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989, Ley

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

344 de 1996, artículo 13 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998; y la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990.

El tribunal declaró la prescripción extintiva del derecho respecto de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas
correspondientes a las vigencias 1995 a 2002; declaró la nulidad de los actos
acusados; y como restablecimiento del derecho condenó a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del
auxilio de las cesantías e intereses en favor de la actora correspondiente a los años
pretendidos.

La Subsección revocará el ordinal primero de la sentencia impugnada y negará la
pretensión dirigida al reconocimiento y pago de la sanción moratoria dada su
incompatibilidad con el régimen especial de administración de cesantías establecido
en la Ley 91 de 1989 para los docentes afiliados al Fomag. También, adicionará la
sentencia impugnada para ordenar que su cumplimiento deberá atender lo
dispuesto en los artículos 187, inciso 4, y 192 del CPACA.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Ludis Escorcia Galindo, mediante apoderado, formuló demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra la Nación,
Ministerio de Educación, Fomag, municipio de Sabanalarga; y el departamento del
Atlántico, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad del Oficio núm. 2015EE061360 de fecha
17 de junio de 2015, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional omitió
resolver de fondo a la petición presentada el 25 de mayo de 2015. Igualmente, pidió
la nulidad del Oficio núm. 2812 de 19 de agosto de 2015 emitido por la Secretaría
de Educación del Atlántico; y de la Resolución 0277 de 25 de mayo de 2015
expedida por el municipio de Sabanalarga, mediante los cuales se negó el
reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, sus intereses de conformidad con
lo previsto en la Ley 91 de 1989, Ley 344 de 1996, artículo 13 reglamentado por el
Decreto 1582 de 1998; y la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a las entidades
demandadas reconocer y pagar las cesantías, los intereses a las mismas y la
sanción moratoria por el no pago de las vigencias comprendidas desde 1995 a 2002.

1Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

4. Condenar a las entidades demandadas que las sumas reconocidas sean
actualizadas con base en la variación del índice de Precios al Consumidor IPC,
según lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo2.

5. Ordenar el pago de las costas y agencias de derecho, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA, y el pago de los intereses moratorios de conformidad con
lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

6. La Sala resume los fundamentos expuestos en la demanda, de la siguiente
manera:

7. La señora Ludis Escorcia Galindo fue nombrada docente por el municipio de
Sabanalarga por medio del Decreto núm. 221 de 30 de diciembre de 1994 y tomó
posesión del cargo el 30 de diciembre del mismo año. Expuso que de conformidad
con la Ley 715 de 2001 fue asumida por el departamento del Atlántico.

8. Manifestó que para las vigencias que reclama 1995 a 2002 no fue afiliada al
Fomag, lo cual a su juicio, transgredió los mandatos establecidos en el Decreto 196
de 1995.

9. Adujo que para el momento de presentación de la demanda su salario era de
$ 2.151.184, según el certificado expedido por la Secretaría de educación
Departamental del Atlántico.

10. Manifestó que las entidades demandadas no consignaron las cesantías
anualizadas correspondientes a las vigencias 1995 a 2002.

11. Indicó que el 19 de mayo de 2015 presentó reclamación administrativa ante
el municipio accionado, mediante el cual pidió: i) el pago de las cesantías
correspondientes a las vigencias 1995 a 2002; ii) el pago de los intereses
correspondientes a las cesantías no pagadas; iii) el pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990. La petición fue respondida por el municipio accionado
mediante Resolución 0277 de 25 de mayo de 2015.

12. Posteriormente, presentó reclamación el 25 de mayo de 2015 ante el Fomag
en los mismos términos descritos en el numeral anterior. Dicha solicitud fue
contestada mediante el Oficio núm. 2015EE061360 del 17 de junio de 2015, en el
que no se realizó un estudio de fondo; en su lugar, la entidad remitió la petición a la
Secretaría de Educación del Atlántico, que emitió respuesta mediante el Oficio núm.
2812 del 19 de agosto de 2015.

2 En adelante CPACA.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

13. La demandante citó como vulneradas las siguientes normas: Constitución
Política artículos 13, 29, 53, y 209; Ley 1437 de 2011, artículos 83,138,187 inc. 4,
188 y 195 inciso 4; Ley 91 de 1989, artículo 15; Decreto 196 de 1995, artículo 4; Ley
715 de 2001, artículo 18; Ley 344 de 1996, artículo 13; Decreto 1582 de 1998,
artículo 1, Ley 50 de 1990, numeral 3 del artículo 99.

14. La parte actora afirmó que las entidades accionadas vulneraron las
disposiciones contenidas en la Ley 91 de 1989, la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de
la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, al incumplir la obligación de efectuar
oportunamente las consignaciones de cesantías en el fondo correspondiente.
Consideró que dicha omisión desconoció el régimen legal aplicable a su situación
prestacional y constituyó una actuación contraria a las obligaciones que imponían
las citadas normas.

15. Asimismo, adujo que la falta de consignación oportuna de las cesantías le
ocasionó una afectación en sus derechos como servidora pública, razón por la cual
los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad. En
consecuencia, solicitó el restablecimiento de los derechos vulnerados por la
conducta omisiva de las entidades demandadas, la cual desconoció las garantías
legales que amparan el reconocimiento y administración de las cesantías.

2.2. Contestación de la demanda

16. El Ministerio de Educación Nacional, Fomag contestó la demanda en los
siguientes términos3.

17. Se opuso a las pretensiones formuladas, al considerar que estas carecen de
sustento jurídico. Adujo que las cesantías reconocidas a los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran sometidas
a un régimen especial, regulado por la Ley 91 de 1989 y desarrollado, entre otras
disposiciones, por el Decreto 2831 de 2005. Por tal razón, señaló que la
administración y el reconocimiento de dicha prestación social se rigen por normas
especiales que prevalecen frente a las disposiciones de carácter general aplicables
a otros servidores públicos y trabajadores.

18. Con fundamento en lo anterior, argumentó que las previsiones contenidas en
la Ley 50 de 1990 y en la Ley 344 de 1996, particularmente aquellas relacionadas
con el sistema anualizado de cesantías y las consecuencias derivadas de la mora
en su consignación, no resultan aplicables a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Afirmó que las reclamaciones efectuadas por
la parte actora parten de una interpretación equivocada del marco normativo que
gobierna su situación prestacional, razón por la cual solicitó negar las pretensiones
de la demanda y mantener la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

3 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 09ED_03CONTESTACION.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

19. Formuló como excepciones: i) inexistencia del derecho por errónea
interpretación de la norma; ii) cobro de lo no debido; iii) pago; iv) buena fe; v)
prescripción de derechos; vi) compensación; y vii) excepción genérica o
innominada.

20. Por su parte el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico no
contestaron la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 3 de julio de 20204
mediante el cual se accedió parcialmente a las súplicas; y se abstuvo de condenar
en costas a la parte demanda; así:

Primero.- Declárase probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la
Nación — Ministerio de Educación — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, respecto de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del
auxilio de cesantía correspondiente a los años 1995 a 2002, acorde con las
motivaciones precedentes. Por consiguiente, se deniegan dichas suplicas.

Segundo.- Declarase la nulidad parcial de los oficios Nos 2015EE061360 del 17 de
junio de 2015, proferido por el Asesor Secretaría General de la Unidad de Atención
al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional y 2812 de fecha 19 de agosto de
2015, emanado por el secretario de Educación Departamental del Atlántico; así
como de la Resolución N° 0277 expedida el 25 de mayo de 2015, por el alcalde
Municipal de Sabanalarga.

Tercero.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condénese a la
Nación — Ministerio de Educación — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de cesantía
y los intereses sobre aquél, en favor de la señora Ludis Escorcia Galindo,
correspondiente a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, de
conformidad con las competencias asignadas en la Ley 91 de 1989.

Cuarto.- Sin costas (Numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso)

Quinto.- La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, deberá cumplir esta decisión en los términos de los artículos
194 a 195 del C.P.A.C.A.

[…]5

22. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 13ED_06SENTENCIA.
5 Se transcribe con errores de texto.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

23. Refirió que quedó demostrado que la actora ingresó el 30 de diciembre de
1994 al servicio en el municipio de Sabanalarga, por lo que en principio consideró
que era procedente aplicarle el régimen anualizado de cesantías, el cual ordena que
el empleador deberá realizar la liquidación del auxilio por la anualidad o fracción
correspondiente, y que dicho valor deberá ser consignado hasta el 14 de febrero del
año siguiente en una cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo en el
que elija.

24. Refirió que de conformidad con los criterios fijados en la sentencia de
unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, la sanción moratoria está
sometida al fenómeno de prescripción trienal en los términos previstos en el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral, según el cual las acciones laborales
prescriben en tres (3) años contados a partir del momento en que la obligación se
hizo exigible.

25. En este orden de ideas, advirtió que la sanción pretendida correspondiente a
la última vigencia reclamada, esto es, 2002 se hizo exigible el 15 de febrero de 2003,
por lo que la actora tenía hasta el 15 de febrero de 2006 para reclamarla.

26. Agregó que su reconocimiento y pago al municipio de Sabanalarga y al
Ministerio de Educación Nacional, Fomag lo radicó la interesada el 19 y 25 de mayo
de 2015, momento para el cual ya se había superado el término previsto en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral; por lo que, están afectadas con
el fenómeno extintivo de la prescripción las sanciones correspondientes a las
vigencias 1995 y 2002.

27. Sumado a lo anterior, expuso que la parte actora debió reclamar directamente
dentro de los tres (3) años siguientes, contados a partir de la fecha en que se generó
el derecho, pues de lo contrario se extingue. En consecuencia, declaró probada la
prescripción extintiva, en relación con la sanción moratoria.

28. En punto a la reclamación dirigida al pago de las cesantías como de sus
intereses para los años 1995 a 2002, el fallador de primera instancia refirió que el
auxilio de cesantía es una prestación de creación legal que debe el empleador pagar
al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar
cesante, y precisó que en el expediente no obra prueba del pago del auxilio respecto
a las vigencias pretendidas, por lo que ordenó que en el caso de que no se hubiese
realizado se ordenará su reconocimiento y de sus intereses de conformidad con lo
previsto en la Ley 91 de 1989.

2.4. Recurso de apelación

29. La demandante6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia para solicitar la revocatoria de la misma, por considerar que el
Tribunal dio un alcance, entendimiento e interpretación erróneos a la sentencia de

6 Samai, índice, 20 40RECIBE MEMORIAL_09932022RESPUESTAAOF.

6

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 de esta Corporación. Expuso que
dicho precedente fue aplicado de manera descontextualizada, pues la sanción
moratoria no se encuentra sometida a la prescripción total mientras subsista el
vínculo laboral y no se haya efectuado la consignación de las cesantías,
circunstancia que, a su juicio, se presenta en el asunto de autos. Añadió que, aun
si se admitiera una postura distinta, resultaría procedente aplicar únicamente la
prescripción trienal respecto de las porciones causadas de la sanción moratoria.

30. Sumado a lo expuesto adujo que en la demanda solicitó el ajuste de la
condena que resulte teniendo como base el índice de precios al consumidor de
conformidad con el artículo 187 inciso 4 del CPACA; el pago de los intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia según lo previsto en el artículo
192 y 195 inciso 4 del CPACA. Por lo que consideró que el tribunal no cumplió con
lo establecido en el artículo 287 del Código General del Proceso y el artículo 187
inciso 4 del CPACA.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante auto del 10 de febrero de 20257, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia y ordenó la notificación al Ministerio Público y a las partes por
estado.

2.5.1. Concepto del Ministerio Público

32. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que el
Tribunal Administrativo del Atlántico aplicó correctamente la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado sobre la prescripción de la sanción moratoria por
la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas.

33. En particular, destacó que la sanción moratoria sí está sometida a la
prescripción trienal, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y las reglas fijadas en las sentencias de unificación CE-SUJ004 de 2016 y
CE-SUJ-SII-022-2020. Precisó que el término para reclamar dicha sanción
comienza a correr desde su exigibilidad, esto es, desde el 15 de febrero del año
siguiente a aquel en que debieron consignarse las cesantías, y no desde la
terminación de la relación laboral ni desde la consignación efectiva de la prestación.

34. Asimismo, indicó que la jurisprudencia unificada estableció que la
prescripción debe contabilizarse de manera independiente para cada anualidad, de
modo que el trabajador dispone de tres años para reclamar la sanción
correspondiente a cada período.

7 Samai, índice 024.
8 Samai, índice 028.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

35. En aplicación a esas reglas al caso concreto, concluyó que la demandante
reclamó en mayo de 2015 la sanción moratoria derivada de las cesantías de los
años 1995 a 2002, cuando ya habían transcurrido ampliamente los términos de
prescripción de cada una de esas anualidades. Por ello, consideró acertada la
decisión del Tribunal de declarar prescrita la sanción moratoria.

36. Finalmente, rechazó el argumento de la apelante según el cual la sanción
moratoria no prescribe mientras subsista el vínculo laboral, pues señaló que esa
tesis fue superada por la jurisprudencia de unificación, la cual distingue entre la
imprescriptibilidad del auxilio de cesantías y la prescriptibilidad de la sanción
moratoria, esta última sometida al término trienal desde que se hace exigible. Por
tal razón, solicitó confirmar íntegramente la decisión apelada.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:

39. ¿Procede el reconocimiento de la sanción moratoria derivada de la omisión
en la consignación de las cesantías de la demandante por las vigencias 1995 al
2002?

40. Y en caso afirmativo, ¿Operó el fenómeno prescriptivo de la sanción
reclamada?

41. ¿El Tribunal omitió pronunciarse respecto a las pretensiones dirigidas a
disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, inciso
4, 192 y 195 del CPACA?

8

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de cesantías anualizadas, Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989.
Improcedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para docentes afiliados al Fomag. Reiteración de jurisprudencia.

42. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías
se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 19899:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

43. Aunado a lo transcrito, el régimen prestacional distingue entre los docentes
nacionalizados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el sistema de
cesantías retroactivas equivalente a un año de salario por cada año laborado; y los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, a quienes el Fomag reconoce
las cesantías bajo el régimen anualizado, es decir, liquidadas cada año con el pago
de intereses sobre el saldo existente a 31 de diciembre, sin retroactividad.

44. En este sentido el Fomag es la entidad competente para liquidar y reconocer
las cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales afiliados. Dicha función
se ejerce en desarrollo del principio de prestación descentralizada de los servicios
previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de delegación del artículo 9 ibidem,
en este sentido el trámite administrativo se adelanta a través de las secretarías de
educación de las entidades territoriales. No obstante, el pago efectivo del auxilio
corresponde a la Fiduprevisora S.A.

45. A su turno la ley 60 de 1993 dispuso en su artículo 6 lo que sigue:
9 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

9

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

Administración del personal. Reglamentado parcialmente por el Decreto 196 de
1995. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y
reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los
servicios educativos estatales

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos
sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial
adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este
artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial. (Subraya la Sala).

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El valor
actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deban trasladar
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos
efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será
financiado con sus propios recursos.

46. Ahora bien, antes de que se diera la afiliación del docente al Fomag, el
reconocimiento de las cesantías recaía directamente en las entidades territoriales,
las cuales asumían la responsabilidad por el pago de las prestaciones sociales
causadas con anterioridad a dicha vinculación, de conformidad con el artículo 7 del
Decreto 196 de 199510, circunstancia que fue modificada por el Decreto 3752 de
2003 que ordenó la afiliación de los docentes del servicio público educativo de las

10 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la

Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones: Artículo 7. El pago de las prestaciones sociales de los
docentes departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de las entidades
territoriales que, en los términos de definición contenida en el artículo 2 del presente Decreto se hayan causado
antes de su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de
previsión o entidades que hagan sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes aportes.

El pago de las prestaciones sociales de los docentes de establecimientos públicos oficiales que se hayan
causado antes de su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad del establecimiento público respectivo de la
caja de previsión o de la entidad que hiciere sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes
aportes.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

plantas de personal territorial al Fomag, centralizando en dicha entidad tanto el
reconocimiento como el pago del auxilio.

47. Aunado a lo anterior el régimen anualizado de cesantías fue establecido en
la Ley 50 de 199011, que específicamente, en su artículo 99, dispuso:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

48. La Ley 344 de 199612, que permitió la extensión de este modelo al sector
público estableció en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]

11 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
12 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones».

11

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

49. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199613.

50. En este orden de ideas, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las
disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990 en cuanto a la sanción moratoria
derivada del no pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, en la
que fijó las siguientes reglas:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así́ como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en
que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley
50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador. […].

[…]

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica14.

41. En consonancia con lo transcrito, los docentes estatales afiliados al Fomag se
rigen por un régimen de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, el cual excluye la
aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, en particular, la sanción moratoria
allí establecida, debido a la incompatibilidad entre ambos sistemas.

42. Sin embargo, únicamente en el evento en que la entidad territorial haya omitido
afiliar al docente al Fomag, será aplicable lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, el cual prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anualizadas y en cuanto a la prescripción de la mencionada sanción, el Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 201615,
indicó:

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-

23-33-000-2013-00666-01(0833-16).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de

2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).

12

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por
la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo
en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se
debió realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.

5.- El salario para tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es
el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y
cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el
salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se
genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos.

3.3.2. Prescripción de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías

43. En la sentencia de unificación CE-SUJ004, proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación el 25 de agosto de 201616, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías constituye una penalidad que no puede
ser considerada como un derecho imprescriptible; en consecuencia, se encuentra
sometida al término de prescripción trienal previsto en la ley.

44. Por consiguiente, la sanción por mora derivada de la falta de consignación de
las cesantías anualizadas se genera a partir del día siguiente al vencimiento del
plazo legal del que dispone la administración para efectuar dicha consignación; es
decir, desde el quince (15) de febrero del año siguiente a aquel en el cual se
causaron las cesantías, conforme a la normativa aplicable. Asimismo, se precisó
que este momento constituye el punto cierto y definido que da lugar al nacimiento
de la penalidad, la cual, aunque no configura un derecho autónomo, sí representa
un beneficio económico a favor del empleado17.

45. Posteriormente, esta misma Sección, mediante providencia del 6 de agosto de
2020, profirió sentencia de unificación en la que fijó las reglas jurisprudenciales
aplicables a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, derivada de la falta
de consignación oportuna de las cesantías anualizadas:

“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, exp. Núm. 08001 23 31 000

2011 00628-01 (0528-14).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 8 de julio de

2021, exp. núm.08001-23-31-000-2011-00392-02 (2685-2017)

13

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por
ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación
de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50
de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo
que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año
siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad
correspondiente, so pena de su extinción.

46. Así las cosas, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aplicable para las controversias
relativas a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe
contabilizarse a partir del primer día en que se configure el incumplimiento que da
lugar a su causación. En ese sentido, cuando la exigibilidad de la sanción surge el
quince (15) de febrero respecto de las cesantías causadas durante la anualidad
inmediatamente anterior, la correspondiente reclamación administrativa debe
formularse dentro de los tres (3) años siguientes, so pena de que opere la
prescripción extintiva. De igual manera, cuando se trate de la acumulación de varias
anualidades, el término prescriptivo deberá computarse de manera autónoma e
independiente respecto de cada una de ellas.

3.4. Hechos probados

47. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, encuentra
probados los siguientes hechos:

3.4.1 Vinculación de la demandante a la docencia oficial

48. La señora Ludis Escorcia Galindo, fue nombrada docente mediante Decreto
núm. 221 del 30 de diciembre de 1994, y tomó posesión del cargo ese mismo día18,
empleo que asumió en la Escuela núm. 1 Mixta de Piedra Nueva en el municipio de
Sabanalarga.

49. Según certificado del 17 de noviembre de 2017 emitido por la Secretaría de
Educación Departamental19, el nombramiento de la docente es de carácter
municipal con recursos propios del municipio de Sabanalarga, asumido por el
Sistema General de Participaciones del departamento del Atlántico.

18 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS, folios 26 al 27.
19 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10ED_04ACTAAUDIMICIAL.

14

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

3.4.2. Reclamaciones administrativas y su respuesta

50. La actora reclamó, ante el municipio de Sabanalarga20 y la Nación, Ministerio
de Educación Nacional el 25 de mayo de 201521, el reconocimiento y pago de las
cesantías e intereses a las cesantías correspondientes a las vigencias 1995 a 2002,
así como la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 en concordancia con
el Decreto 1582 de 1998, y la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno de sus
cesantías analizadas.

51. El Ministerio de Educación Nacional a través de Oficio 2015-EE-061360 de 17
de junio de 201522 le informó a la actora que su solicitud seria remitida a la
Secretaría de Educación del Atlántico, así:

«[…] Artículo 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones
sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales
certificadas, o la dependencia que haga sus veces […]».

52. El alcalde del municipio de Sabanalarga, en Resolución núm. 0277 de 25 de
mayo de 201523, negó lo pretendido por la actora. Adujo como sustento de la
negativa, en primer lugar, que la interesada no compareció ni hizo valer
oportunamente sus acreencias dentro del proceso de reestructuración de pasivos
adelantado por la entidad territorial, pese a que dicho trámite constituyó el escenario
legalmente previsto para la presentación y reconocimiento de las obligaciones a
cargo del municipio. En segundo lugar, que la obligación cuyo pago se reclama se
encontraba afectada por el fenómeno jurídico de la prescripción, debido a que había
transcurrido el término establecido por el ordenamiento sin que la demandante
ejerciera las actuaciones necesarias para exigir su reconocimiento, circunstancia
que impedía acceder a la solicitud presentada.

53. Por su parte, el secretario de educación departamental en oficio del 22 de
agosto de 201724, indicó que el nombramiento de la señora Ludis Escorcia Galindo
es de carácter municipal por haber sido el alcalde de Sabanalarga quien efectuó su
nombramiento. En consecuencia, las vigencias reclamadas no son de competencia
de la autoridad departamental.

54. Al expediente se anexó el extracto de cesantías en el que se verifican pagos
realizados por las vigencias 2003 a 2011, sin que se observe pago alguno por años
solicitados por la actora en la demanda25.

20 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS, folios 32 al 33.
21 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS, folios 30 al 31.
22 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS, folio 34.
23 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 07ED_01DEMANDAYANEXOS, folios 36 al 38.
24 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10, folio 27.
25 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10, folio 28.

15

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

3.5. Análisis sustancial

55. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia de 3 de julio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, declaró probada la excepción de prescripción extintiva
formulada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, respecto de la
falta de consignación oportuna de las cesantías correspondientes a las vigencias
comprendidas entre 1995 y 2002; declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados; y ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
reconocer y pagar a favor de la demandante el auxilio de cesantías correspondiente
a las anualidades reclamadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de
1989.

56. Por su parte, la demandante discrepa de la decisión adoptada en primera
instancia, al sostener que en el presente asunto no se configuró el fenómeno de la
prescripción. Por consiguiente, expuso que la sanción moratoria derivada de la falta
de consignación oportuna de las cesantías no se encuentra sometida a una
prescripción total mientras subsista la relación laboral y la administración no haya
efectuado el correspondiente pago.

57. Ahora bien, es claro para la Sala que el motivo central del recurso de
apelación es en relación al fenómeno prescriptivo declarado por el fallador de
primera instancia y frente al que la Sala procederá a efectuar el pronunciamiento
que corresponda en aplicación de la normativa y de la jurisprudencia descrita en
precedencia.

58. Pero, antes de entrar a verificar si le asiste razón al recurrente, es importante
resolver el primer problema jurídico planteado, esto es, si tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. Para ello se
debe verificar la afiliación de la demandante al Fomag, en razón a que como ya lo
ha precisado la jurisprudencia los docentes afiliados al dicho fondo están regidos
por la Ley 91 de 1989 y por tal razón la citada sanción resulta incompatible con el
régimen de cesantías previsto en dicha normativa.

59. Fue así como el Consejo de Estado en sentencia del 11 de octubre de 202326
en materia de sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las
cesantías anualizadas, fijó la siguiente regla de unificación:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989.

Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG
le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99,
como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

26 Sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.

16

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

60. Para el caso concreto se advierte que la demandante se vinculó a la docencia
oficial el 30 de diciembre de 1994 época para la cual ya se había creado el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se había establecido la
obligación legal de afiliar a los docentes al mismo.

61. De igual manera está demostrado que la docente prestó sus servicios en el
municipio de Sabanalarga durante las vigencias comprendidas entre 1995 y 200227.

62. De otra parte, el extracto de cesantías expedido por la Fiduprevisora S. A.,
en su condición de administradora del Fomag, únicamente registra pagos por ese
concepto a partir de la vigencia 2003 y hasta 201128.

63. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para concluir que la docente no haya
sido afiliada al Fomag, pues, de una parte, es la ley la que establece esta obligación
que debe cumplir la entidad territorial y de otra, la demandante no informó a que
fondo de cesantías se encontraba afiliada por ese periodo, por el contrario, le
atribuyó a la entidad territorial la omisión de consignación de la cesantía anual al
fondo. Esta última afirmación no es indicadora de la falta de afiliación sino de otro
hecho totalmente distinto, como lo es la falta de pago del auxilio que como quedó
demostrado en el plenario, motivó que la primera instancia ordenara dicha
consignación junto con los intereses moratorios en los términos dispuestos en el
artículo 9 de la Ley 91 de 1989.

64. En este sentido, es claro para la Sala que de conformidad con la sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, los docentes
estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con
el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

65. Así las cosas, y de conformidad con las consideraciones normativas y
jurisprudenciales desarrolladas en esta providencia, la Sala advierte que la afiliación
al Fomag constituye el elemento definitorio para determinar la viabilidad de la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Bajo tal
premisa, al encontrarse demostrado que la señora Ludis Escorcia Galindo
pertenecía al régimen especial administrado por dicho fondo, no resulta procedente
el reconocimiento de la referida sanción, contrario a lo concluido por el a quo29, toda
vez que esta figura jurídica es incompatible con el sistema prestacional especial
previsto para el magisterio en la Ley 91 de 1989.

66. En ese orden de ideas, la Sala concluye que los planteamientos formulados
en el recurso de apelación carecen de vocación de prosperidad. Así las cosas, la
respuesta al primer problema jurídico formulado es negativa, razón por la cual se
revocará la sentencia de primera instancia en lo referente a la declaratoria de

27 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10, folio 23.
28 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 10, folios 28.
29 Juez de primera instancia.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
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Atlántico y municipio de Sabanalarga.

prescripción extintiva de la sanción moratoria, toda vez que, de conformidad con las
consideraciones desarrolladas en esta providencia, la demandante no tenía derecho
a su reconocimiento, por resultar dicha sanción incompatible con el régimen
especial de administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989 para los
docentes afiliados al Fomag. Por tal razón resulta inoficioso proceder al estudio del
segundo problema jurídico formulado.

67. Ahora bien, en relación con el tercer problema jurídico relativo a la omisión
del tribunal de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda dirigidas a
disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y
195 del CPACA, se observa que el ordinal quinto de la misma, dispuso:

[…] La Nación -Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, deberá cumplir esta decisión en los términos de los artículos 194 a
195 del C.P.A.C.A.

68. Lo anterior quiere decir que el tribunal dentro de las órdenes impartidas sí se
refirió al artículo 195 del CPACA, sin embargo, no incluyó lo establecido en el inciso
4 del artículo 187 y 192 de la misma normativa, es decir que omitió emitir un
pronunciamiento frente a lo solicitado en las pretensiones 7 y 9 de la demanda 30.
De esta manera, la respuesta al tercer problema jurídico es parcialmente afirmativa,
por consiguiente, la Sala adicionará la sentencia impugnada en este preciso punto31.

3.6. Conclusión de la decisión

63. En atención a las consideraciones precedentes se revocará el ordinal primero
de la sentencia recurrida y se negará la pretensión dirigida al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria. Y, con el propósito de garantizar la correcta ejecución de
la providencia, la Sala adicionará la sentencia impugnada para precisar que su
cumplimiento deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 187, inciso cuarto, y
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Tal precisión resulta necesaria a fin de que la entidad condenada atienda las
órdenes impartidas en los términos, condiciones y mecanismos previstos por el
legislador para la ejecución de las decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, con observancia de los principios de eficacia, cumplimiento oportuno y
garantía efectiva de los derechos reconocidos en esta decisión. En lo demás la
sentencia será confirmada.

30 «7- Que se ordene en la sentencia, que la suma que resulte como condena sea ajustada tomando como base

el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4 del CPACA.
[…]
9-[S]e condene al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, según lo previsto
en el artículo 192 Y 195 inciso 4° del CPACA»
31 «Artículo 287. Adición […] El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre

que la parte perjudicada con la omisión haya apelado;»

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

3.7. Costas

69. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 32 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar el ordinal primero de la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico el 3 de julio de 2020, para en su lugar negar la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria en razón a lo
consignado en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Adicionar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 3 de julio de 2020 en el sentido de ordenar que para su cumplimiento
se deberá atender lo dispuesto en los artículos 187, inciso 4, y 192 del CPACA por
las razones expuestas en la parte motiva.

Tercero: Confirmar en lo demás la providencia recurrida.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

32La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

19

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00492-01 (0993-2022)
Demandante: Ludis Escorcia Galindo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y Cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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