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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00372-02

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00372-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00372-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y departamento del
Huila

Tema: cesantías anualizadas docente año 1993. Subtema 1: prescripción del
derecho. Subtema 2: sentencia de unificación CE-SUJ-004-2016. Subtema 3:
entidad responsable del pago del auxilio de cesantías.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 18 de noviembre de 2025, por el Tribunal Administrativo del Huila, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Gilberto Cerquera Camacho solicitó la nulidad de los actos fictos o
presuntos configurados por el silencio administrativo negativo frente a la petición
presentada el 17 de septiembre de 2018 ante el departamento del Huila y el Fomag,
mediante la cual requirió el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondientes al año 1993, así como la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de dicho auxilio.

Por su parte, el Tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del departamento del Huila; la nulidad parcial del acto ficto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la solicitud de
reconocimiento y pago de la cesantía causada entre el «día 21 y el último día del
mes de diciembre de 1993»; condenó al Fomag a reconocer y pagar las cesantías
anualizadas respecto al año 1993; negó las demás pretensiones de la demanda; y
se abstuvo en condenar en costas.

1 En adelante Fomag.

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

La Subsección, confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto el análisis
del acervo probatorio acredita que el Fomag es la entidad responsable del
reconocimiento y pago del auxilio correspondiente al periodo reclamado, en razón
de que la afiliación del docente a dicho fondo quedó perfeccionada desde la fecha
de su posesión en el cargo.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Gilberto Cerquera Camacho, mediante apoderada judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Huila, de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad de los actos fictos o presuntos configurados por el silencio
administrativo negativo derivado de la petición radicada el 17 de septiembre de 2018
ante el departamento del Huila y el Fomag, por medio del cual se le negó el
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondientes al año 1993,
así como la sanción moratoria por el pago tardío en la consignación de dicho auxilio.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenar a las entidades
demandadas reconocer y pagar al actor sus cesantías anualizadas correspondiente
a la vigencia 1993. Igualmente, ordenar el pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que surge desde la
omisión de la consignación de la cesantía respecto al año señalado, y hasta
«cuando se efectué (sic) el pago correspondiente, sanción que debe correr en forma
particular para cada una de las anualidades de cesantías que se adeudan y que se
actualicen los valores debidos, con base en el índice de precios al consumidor y con
los intereses respectivos».

• Condenar a la parte accionada a reconocer y pagar los intereses moratorios
y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3. Por último, condenar en costas
a la entidad demandada.

2 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 32 expediente
digitalizado, folios 2 al 26.
3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:

• El señor Gilberto Cerquera Camacho labora en el departamento del Huila
desde el 21 de diciembre de 1993 y a la fecha de presentación de la demanda
continuaba vinculado como docente.

• Refirió que el ente territorial no consignó las cesantías correspondientes a la
vigencia 1993 en el plazo fijado, esto es, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación. Por esta razón, debe reconocer y pagar la sanción
moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo.

• Manifestó que, el 17 de septiembre de 2018, presentó reclamación
administrativa ante el departamento del Huila y el Fomag, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías causadas en el año 1993, por la no
consignación de las mismas en el respectivo fondo.

• Añadió que no recibió respuesta y por ello se configuró el acto ficto o
presunto, el 19 de diciembre de 2018. Acto que presenta vicios de ilegalidad pues
desconoce la normativa que regula las cesantías de los servidores públicos.

• Agregó que en el último reporte del Fomag no aparecen reconocidas las
cesantías que solicitó.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 13,
25, 83 y 58; la Ley 344 de 1996, artículos 13; la Ley 91 de 1989; el Decreto 1582 de
1998, artículos 1 y 2; el Decreto 1252 de 2000, artículo 1 y 2; y el Decreto 3118 de
19685.

4. Sostuvo que los servidores públicos que ingresaron a la administración
después de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 están vinculados al sistema
anualizado de cesantías. Agregó que este mismo régimen aplica para quienes, aun
cuando se hubieren incorporado antes, optaron por acogerse al nuevo sistema.

5. Señaló que el marco jurídico aplicable a los docentes —incluidos los del
orden nacional, nacionalizado y territorial— está definido en la Ley 91 de 1989. Que
dicha ley establece que el personal vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989
conserva el régimen prestacional vigente en su respectiva entidad territorial para
esa fecha. Por su parte, quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 1990 quedan
sometidos al régimen previsto para los empleados públicos del orden nacional,

4 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 32 expediente
digitalizado, folios 2 al 26.
5 Vigencia parcial, ver Ley 432 de 1998.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, de acuerdo con lo que establece la Ley 60 de 1993

2.2. Contestación de la demanda

6. El departamento del Huila, por intermedio de apoderada, contestó la
demanda6. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que su
representada actuó dentro de sus límites y competencias.

7. Propuso como excepciones previas:

(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que la entidad
llamada a responder por las cesantías solicitadas es el Fomag, creado por la Ley
91 de 1989, e indicó que de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 es
dicha normativa, corresponde a esa entidad el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales del personal afiliado.

(ii) Prescripción extintiva. Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en los
decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, el actor contaba hasta el 15 de febrero de
1997 para obtener un pronunciamiento de la administración; sin embargo, no ejerció
oportunamente dicha gestión ni interrumpió el término prescriptivo.

(iii) Genérica. Pidió que se declare a favor todas las excepciones y medios de
defensa que resulten demostrados en el presente asunto.

8. La Nación Ministerio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, no contestó la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 18 de noviembre de
20257 en la que accedió parcialmente a las pretensiones y se abstuvo de condenar
en costas y en agencias en derecho a la parte vencida. De manera textual resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del departamento del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva
y, en consecuencia, se ordena la desvinculación de la entidad territorial del presente
trámite judicial.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto negativo que se deriva de
la reclamación presentada el 17 de septiembre de 2018 ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; en cuanto negó a GILBERTO CERQUERA
CAMACHO el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía causado entre el día 21
y el último del mes de diciembre de 1993.

6 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 32_expediente
digitalizado, folios 105 al 112.
7 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 041_Sentencia.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor del señor
GILBERTO CERQUERA CAMACHO, las cesantías anualizadas correspondiente al
año 1993, suma que deberá actualizarse conforme al IPC en los términos del artículo
187 del CPACA, y con la formula indicada en la parte motiva.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: NO CONDENAR en costas y agencias en derecho.

SEXTO: ORDENAR que a la presente sentencia se le dé cumplimiento con
observancia de lo dispuesto en los artículos 187 y siguientes del CPACA.
[…]8

10. La sentencia se fundó en las siguientes consideraciones:

11. Refirió que el auxilio de cesantías constituye una prestación periódica que
puede reclamarse en cualquier momento mientras permanezca la vigencia del
vínculo laboral. No obstante, una vez extinguida la relación laboral, la prestación
pierde dicho carácter y se torna definitiva, consolidándose su causación a la fecha
de terminación del contrato.

12. Expuso que el actor fue nombrado docente mediante el Decreto 965 del 30
de noviembre de 1993, y tomó posesión del cargo el 21 de diciembre del mismo
año.

13. Indicó que a través de la Resolución núm. 1276 del 2 de febrero de 2018 la
Secretaría de Educación del Departamento del Huila, reconoció al demandante
unas cesantías parciales para compra de vivienda por los servicios prestados como
docente de vinculación nacional, correspondiente al periodo comprendido entre el
21 de diciembre de 1993 al 30 de diciembre de 2016.

14. Precisó que en dicho acto administrativo se consignó que los valores
liquidados corresponden a las vigencias 1994 a 2016, razón por la cual dedujo que
no se incluyó el periodo correspondiente a 1993. Lo anterior, por cuanto no obra en
el plenario prueba alguna que acredite el reconocimiento del mencionado auxilio en
el año solicitado.

15. Agregó que, de conformidad con el extracto de intereses a las cesantías
expedido por el Fomag, no se registraron reportes de consignación por la vigencia
pretendida, lo cual confirma la ausencia de su pago. Por lo que adujo que el actor
tiene derecho al reconocimiento del auxilio respecto al año 1993, puesto que se
demostró que la petición presentada el 17 de septiembre de 2018 fue tramitada
mientras estaba vinculado laboralmente.

16. En punto a la sanción moratoria, el Tribunal acogió lo establecido por el
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, según la

8 Se transcribe con errores de texto.

5

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

cual los docentes afiliados al Fomag no son acreedores de dicha sanción por la
mora en la consignación de las cesantías, dada la incompatibilidad con el régimen
especial de administración de dicho auxilio previsto en la Ley 91 de 1989. En
consecuencia, si bien accedió al reconocimiento de las cesantías anualizadas
causadas en la anualidad de 1993, concluyó que no hay lugar al reconocimiento de
la sanción moratoria solicitada.

17. Igualmente, concluyó que la entidad responsable del reconocimiento y pago
de las cesantías causadas en el año 1993 es la Nación, obligación que se cumple
a través del Fomag, habida cuenta de que, a partir de la vigencia de la Ley 91 de
1989, las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados son de
cargo exclusivo de dicha entidad, razón por la cual el departamento del Huila carece
de legitimación en la causa por pasiva frente a la prestación reclamada.

2.4. Recurso de apelación

18. El Fomag mediante apoderada interpuso recurso de apelación9, contra la
sentencia de primera instancia, por considerar que su representada no está obligada
al pago de las cesantías correspondientes a la anualidad de 1993, toda vez que
dicha responsabilidad recae en el departamento del Huila. Precisó que el fondo
únicamente asume la obligación de pago una vez se expida el acto administrativo
que ordena su reconocimiento, previo reporte de las cesantías efectuado por el ente
territorial.

19. Expuso que se configuró el fenómeno de la prescripción de conformidad con
lo previsto en la sentencia de unificación de agosto de 2020, proferida por el Consejo
de Estado, en relación con las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990
e indicó respecto al presente asunto lo siguiente:

CESANTÍAS EXIGIBILIDAD DE PRESCRIPCIÓN FECHA DE
LA SANCIÓN RECLAMACIÓN
1993 15/02/1994 15/02/1997 17/09/2018
Tabla tomada del recurso de apelación.

20. Adujo que, en aplicación de la línea jurisprudencial referida, la reclamación
administrativa debió presentarse dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad
de la prestación; no obstante, en el caso bajo estudio dicho término fue ampliamente
superado, lo que a su juicio conduce a la declaración de la prescripción extintiva.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. Mediante auto del 3 de marzo de 202610, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia de primera
instancia. Ordenó notificar personalmente al Ministerio Público de conformidad con

9 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 047.
10 Samai, índice 004.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

lo previsto en el artículo 198 del CPACA, y a las partes según el artículo 205 de la
misma norma, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. Asimismo,
dispuso que, una vez surtidas las notificaciones, el proceso ingresara al despacho
para proferir sentencia, salvo que las partes solicitaran la práctica de pruebas.

2.5.1 Alegato de conclusión presentado por el departamento del Huila

22. El ente territorial allegó escrito11 en el que precisó que dado que el actor se
vinculó como docente departamental el 21 de diciembre de 1993, resulta procedente
examinar la prescripción extintiva prevista en el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968 y en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto la reclamación
administrativa ante las entidades demandadas se efectuó el 17 de septiembre de
2018, esto es, cuando ya habían transcurrido más de tres años desde que se hizo
exigible la obligación. Por tal razón, solicitó que se confirme la sentencia en lo
atinente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de su
representada y que se adelante el estudio del fenómeno prescriptivo.

2.5.2 Concepto del Ministerio Público

23. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado allegó concepto12 en el que expuso que el recurso de apelación interpuesto
por el Fomag presenta graves imprecisiones, por cuanto controvierte prestaciones
no reconocidas en la sentencia de primera instancia —como la sanción moratoria—
e incluso hace referencia a una anualidad de cesantías distinta a la reclamada.

24. Aclaró que, pese a que en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada se denegaron las demás pretensiones como la relativa a la
sanción moratoria, el juez de segunda instancia debería pronunciarse
expresamente sobre dicha súplica, en aras del cumplimiento del principio de
congruencia de la sentencia.

25. De otro lado, respecto de la prescripción del auxilio de cesantías planteada
por el apelante, precisó que no tiene vocación de prosperidad, dado que las
cesantías constituyen un ahorro del trabajador de naturaleza imprescriptible.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

11 Samai, índice 008.
12 Samai, índice 009.

7

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

3.2. Problemas jurídicos

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:

28. ¿Compete al Fomag asumir el pago de la cesantía que le corresponde al
actor por la vigencia 1993?

29. ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción respecto a dicha vigencia?

3.3. Marco normativo

3.3.1. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes

30. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías
se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198913:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para
los empleados públicos del orden nacional.

31. Aunado a lo transcrito, el régimen prestacional distingue entre los docentes
nacionalizados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el sistema de
cesantías retroactivas equivalente a un año de salario por cada año laborado; y los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, a quienes el Fomag reconoce
las cesantías bajo el régimen anualizado, es decir, liquidadas cada año con el pago
de intereses sobre el saldo existente a 31 de diciembre, sin retroactividad.

13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

8

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

32. En este sentido el Fomag es la entidad competente para liquidar y reconocer
las cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales afiliados. Dicha función
se ejerce en desarrollo del principio de prestación descentralizada de los servicios
previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de delegación del artículo 9 de la
misma normativa, por consiguiente, el trámite administrativo se adelanta a través de
las secretarías de educación de las entidades territoriales. No obstante, el pago
efectivo del auxilio corresponde a la Fiduprevisora S.A.

33. Ahora bien, antes de que se diera la afiliación del docente al Fomag, el
reconocimiento de las cesantías recaía directamente en las entidades territoriales,
las cuales asumían la responsabilidad por el pago de las prestaciones sociales
causadas con anterioridad a dicha vinculación, de conformidad con el artículo 7 del
Decreto 196 de 1995, circunstancia que fue modificada por el Decreto 3752 de 2003
que ordenó la afiliación de los docentes del servicio público educativo de las plantas
de personal territorial al Fomag, por lo cual dicha entidad quedó a cargo del
reconocimiento y pago del auxilio.

34. Adicionalmente, el régimen anualizado de cesantías fue establecido en la Ley
50 de 199014, específicamente, en su artículo 99, que dispuso:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

35. La Ley 344 de 199615, que permitió la extensión de este modelo al sector
público estableció en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:
14 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones».

9

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]

36. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199616.

37. En este orden de ideas, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las
disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990 en cuanto a la sanción moratoria
derivada del no pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, en la
que fijó las siguientes reglas:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así́ como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé́ la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en
que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley
50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador. […].

[…]

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-

23-33-000-2013-00666-01(0833-16).

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comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica17.

39. En consonancia con lo transcrito, los docentes estatales afiliados al Fomag se
rigen por un régimen de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, el cual excluye la
aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, en particular, la sanción moratoria
allí establecida, debido a la incompatibilidad entre ambos sistemas.

40. Sin embargo, únicamente en el evento en que la entidad territorial haya omitido
afiliar al docente al Fomag, será aplicable lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, el cual prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anualizadas y en cuanto a la prescripción de la mencionada sanción, el Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 201618,
indicó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código
de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que
se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar
el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.

5.- El salario para tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que
devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren
dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta
para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de
mora, en los términos previamente descritos.

3.4. Hechos probados

41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de

2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).

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3.4.1. La vinculación del demandante a la docencia oficial

42. El actor fue nombrado docente mediante el Decreto núm. 965 del 199319, en
el municipio de Algeciras, institución educativa El Toro20, y tomó posesión del cargo
el 21 de diciembre de 199321.

43. El último ingreso a la docencia oficial se deduce del formato de solicitud de
cesantías parciales, emitido por el Fomag en el que se consignó como fecha de esta
situación administrativa, el 21 de diciembre de 199322.

44. La filiación del actor al Fomag se produjo a partir del 21 de diciembre de 1993,
de conformidad con el formato único para la expedición de certificación de historia
laboral. En este documento se lee que el régimen de cesantías era el anualizado23.

3.4.2. Del reconocimiento de cesantías parciales y la reclamación
administrativa

45. Mediante Resolución núm. 1276 del 2 de febrero de 201824 «Por la cual se
reconoce y ordena el pago de unas CESANTÍAS PARCIALES para COMPRA DE
VIVIENDA a un docente NACIONAL […]», expedida por la secretaría de educación
departamental, se reportaron valores por concepto de cesantías respecto de las
vigencias 1994 hasta 2016, y se liquidó dicho auxilio por la suma de $43.025.144.

46. La resolución citada fue notificada al docente el 12 de febrero de 201825 y en
ella se le indicó que podía interponer el recurso de reposición. Sin embargo, no hay
ningún acto o escrito posterior que indique que se hizo uso del mencionado recurso.

47. El demandante presentó reclamación administrativa el 17 de septiembre de
2018 ante la Secretaría de Educación del departamento del Huila26 y el Fomag27,
en la que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondiente a la vigencia 1993, así como la sanción moratoria con ocasión de

19 «Por el cual se nombran unos educadores en las plazas docentes producto de la reconversión de soluciones

educativas nacionales»
20 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folios 123 al 126.
21 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folio 127.
22 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folio 131.
23 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folios 119 al 121.
24 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folios 132 al 136.
25 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folio 52.
26 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folios 28 al 32.
27 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folios 33 al 37.

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la omisión en la consignación del auxilio respecto al año indicado, de conformidad
con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 200628.

48. Ante la ausencia de respuesta a las reclamaciones presentadas, para el
demandante, se configuraron los actos fictos o presuntos negativos cuya nulidad
pretende a través de este proceso.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1 Entidad encargada para responder por el pago de la cesantía
correspondiente a la vigencia 1993.

49. En el caso específico, se encuentra acreditado que el señor Gilberto
Cerquera Camacho se vinculó a la docencia oficial el 21 de diciembre de 1993, en
el cargo de educador en la Institución Educativa el Toro, del municipio de Algeciras,
tal y como consta en el acta de posesión allegada al plenario.

50. Mediante Resolución núm. 1276 del 2 de febrero de 2018, expedida por el
Fomag, Secretaría de Educación del Departamento del Huila, se reconoció y ordenó
el pago de las cesantías parciales del docente para compra de vivienda
correspondientes al periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 1993 al 30 de
diciembre de 2016. No obstante, no se observa la vigencia reclamada, esto es, el
año 1993.

51. Igualmente, consta certificación emitida por el Fomag en la cual se advierte
que el señor Gilberto Cerquera Camacho, se encuentra inscrito a dicho fondo desde
el 21 de diciembre de 1993, bajo el régimen de cesantías anualizado, lo que acredita
su afiliación desde el momento mismo de la vinculación al servicio docente.

52. Asimismo, en el extracto emitido por el fondo29, se constata el pago de los
intereses correspondiente al auxilio por las vigencias 1994 a 2016; sin embargo, no
se registra reporte alguno respecto al año solicitado.

53. Aunado a lo expuesto, se observa que la entidad territorial en el escrito de
contestación de la demanda reconoció el hecho primero de la misma, en los
siguientes términos: «Es cierto, según se verifica con el certificado de tiempo de
servicios expedido por mi representado departamento del Huila, también es cierto
que desde su posesión el 21 de diciembre de 1993, se encuentra afiliado al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio». Circunstancia que confirma la fecha de la
vinculación del actor al fondo.

28 Es de anotar que, en la demanda, el actor se refiere a la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996

reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.
29 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
32_Expedientedigitalizado, folio 122.

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54. Ahora bien, del estudio de la normativa que regula la materia se desprende
que los docentes oficiales vinculados a las plantas de personal de los entes
territoriales debían ser afiliados al Fomag, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 91 de 1989. Por tal razón, el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
recae en de dicho fondo, en su calidad de entidad encargada de administrar y pagar
las prestaciones sociales del personal docente afiliado, con independencia del ente
territorial al que se encuentre adscrito el servidor.

55. En ese orden de ideas, no es de recibo el argumento del recurrente, según
el cual el departamento del Huila es la entidad llamada a asumir la vigencia
reclamada. Dicha afirmación desconoce el marco normativo rector del régimen
prestacional del magisterio, conforme al cual la obligación de pago radica, en el
presente asunto, en el Fomag, por estar acreditado que su vinculación a dicho fondo
se dio al momento de su posesión en el cargo de docente. Por consiguiente, la
decisión adoptada por el juez de primera instancia se ajusta plenamente a los
parámetros legales y jurisprudenciales aplicables. En consecuencia, el primer
problema jurídico se resuelve de manera afirmativa.

3.5.2. Del fenómeno de la prescripción en cesantías anualizadas

56. En punto al segundo problema jurídico tendiente a establecer si en el
presente asunto se configuró el fenómeno de la prescripción frente al auxilio
correspondiente año 1993, cabe precisar que, por tratarse de cesantías
anualizadas, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 50 de 1990, normativa que
establece una fecha legal específica para su depósito, dentro de la cual el
empleador dispone del plazo para efectuar la consignación en el fondo al cual se
encuentre afiliado el trabajador.

57. En efecto, en la sentencia de unificación CE -SUJ2-004-16 del 25 de agosto
de 2016, precisó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
[…]

Así las cosas, ha de concluirse que respecto de las cesantías anualizadas, en el
marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la
obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho,
en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término
perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el
empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la
afectación de los derechos del empleado.
[…]

58. En este orden de ideas, y a partir del examen del régimen aplicable y del
criterio unificado de esta Corporación, se concluye que el derecho a las cesantías
anualizadas no prescribe mientras la relación laboral se encuentre vigente.

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59. Al descender al caso concreto se tiene que la vinculación del demandante en
la docencia permanecía vigente a la fecha de la solicitud de reconocimiento del
auxilio, circunstancia que además fue precisada en los hechos de la demanda, en
los siguientes términos: «el docente GILBERTO CERQUERA CAMACHO labora en
el DEPARTAMENTO DEL HUILA, desde el día 21 de diciembre de 1993 y a la fecha
presta sus servicios en la entidad territorial»30. A lo anterior se suma que ninguna de
las entidades demandadas formuló reparo o cuestionamiento alguno frente a dicha
afirmación.

60. En este orden de ideas, no le asiste razón al Fomag en su recurso de alzada
al sostener que el auxilio de cesantías está sujeto al fenómeno de la prescripción,
cuando este no se reclama dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad. Por
consiguiente, el segundo problema jurídico se resuelve de manera negativa y la
sentencia impugnada será confirmada.

61. Por otra parte, conviene destacar que, al sustentar el recurso de alzada, el
Fomag insistió en controvertir la pretensión relacionada con la sanción moratoria
derivada de la no consignación de la vigencia 1993. No obstante, dicha pretensión
fue expresamente excluida del estudio de fondo por el tribunal, por cuanto concluyó
que de conformidad con lo previsto en la sentencia de unificación del 11 de octubre
de 2023, proferida por esta Corporación, los docentes estatales afiliados a dicho
fondo, como es el caso del demandante, no les asiste derecho a la indemnización
por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas «debido a la
incompatibilidad con el sistema de administración de las cesantías consagrado en
la Ley 91 de 1989».

3.6. Conclusión de la decisión

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la decisión del Tribunal
de primera instancia es correcta. En efecto, el análisis del régimen jurídico aplicable
y del acervo probatorio obrante en el expediente permite establecer, de una parte,
que el Fomag es la entidad llamada a responder por el reconocimiento y pago de
las cesantías anualizadas correspondiente a al periodo comprendido entre el 21 al
31 de diciembre de 1993; y, de la otra, que las cesantías anualizadas reclamadas
no están sujetas al fenómeno prescriptivo mientras la relación laboral permanezca
vigente, circunstancia acreditada en el plenario.

63. En atención a lo consignado, la Sala confirmará la decisión dictada por el
Tribunal Administrativo del Huila que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

30 Fecha de la presentación de la demanda 1 de agosto de 2019.

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4. Costas

64. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00372-02 (0533-2026)
Demandante: Gilberto Cerquera Camacho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

17

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