Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00671-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00671-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2020-00671-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1, departamento del
Magdalena y municipio de Plato
Temas: Competencia frente al reconocimiento y pago de cesantías a los
docentes oficiales. Convenio interadministrativo entre la entidad
territorial y el Fomag
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Plato contra
la sentencia proferida el 3 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Elda Cecilia Orozco Vega presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de: i) el «acto administrativo ficto 001 de 14 de noviembre de
1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
2019» respecto de la petición presentada el 7 de octubre de 2019 y ii) «del acto
administrativo configurado el 11 de enero de 2020» en relación con la petición
presentada el 11 de octubre de 2019, mediante los cuales el municipio de Plato y el
Fomag, respectivamente, le negaron el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas causadas durante los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999; y de la
correspondiente sanción moratoria.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas entre los
años 1995 y 1999; ii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por la omisión en
la consignación del auxilio de las cesantías anualizadas correspondientes a los años
1995 a 1999; iii) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Elda Cecilia Orozco Vega se vinculó como docente en el departamento del
Magdalena desde el año 1990.
3.2. El municipio de Plato no consignó las cesantías causadas entre los años 1995 a
1999, «es decir a más tardar el 14 de febrero del año siguiente de su causación».
3.3. El 7 de octubre de 2019 solicitó al municipio de Plato el reconocimiento y pago
de las cesantías no consignadas entre los años 1995 a 1999.
3.4. El 11 de octubre de 2019 pidió al Fomag el reconocimiento y pago de las
cesantías «no consignadas causadas» entre los años 1995 a 1999 «derivado del
incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías, en el respectivo fondo».
«En el último reporte del Fomag no aparece reconocida las cesantías» [sic].
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política;
13 y 15 de la Ley 344 de 1946; 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998 y 1 y 2 del Decreto
1252 de 2000. Asimismo, la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3118 de 1968.
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 [modificado por la Ley
1071 de 2006], son destinatarios de la sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías, todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad
establecida en el artículo 5 respecto de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
Así las cosas, «los docentes tienen derecho a que se les reconozca la sanción moratoria
consagrada en la ley, teniendo en cuenta que las cesantías son una prestación social,
originada en una vinculación laboral, que beneficia tanto a los trabajadores del sector
público como privado y su reconocimiento y pago, bajo el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales, se convierte en un asunto que adquiere relevancia constitucional y
en consecuencia, exige al encargado establecer su viabilidad en cada caso concreto, la
observancia de los principios constitucionales aplicables en materia laboral».
5.2. Según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la Ley 91 de 1989 y
el Decreto 2831 de 2005, correspondía al Fomag reconocer y pagar las prestaciones
sociales a los educadores, mediante la aprobación del proyecto de resolución
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada a la que
se encuentren vinculados los docentes.
5.3. En línea con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-336 de 2017, «aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría
de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos
últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial de la Ley 91 de 1989. Asimismo, afirmaron que la intención del legislador fue fijar
su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir,
involucra a todo el aparato del Estado, no solo al nivel nacional sino también territorial».
Por lo que, aplicar a estos educadores el «régimen de los servidores públicos […] en
materia de sanción moratoria» materializa los principios constitucionales.
1.2. Contestación de la demanda
6. 1.2.1.La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló lo siguiente:
6.1. Si bien el municipio de Plato suscribió convenio interadministrativo con el fin de
afiliar al fondo 262 «docentes pagados con recursos propios», al «día de hoy se
encuentra con deuda y está el hecho que de manera colaborativa con las entidades
territoriales, periódicamente desde la Dirección de Prestaciones Económicas del Fondo
3 Samai, índice 2, 4_230012333000201800215011EXPEDIENTEDIGI20230425153836, 01
expediente_230012333000201800215.pdf, folios 3 al 8.
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se remiten comunicaciones, ejemplo de
ello es la comunicación número 20190172208571 con la debida constancia de acuse de
recibido, en dicha comunicación se requiere a las diferentes entidades territoriales, incluida
la Secretaria de Educación Departamental del Magdalena y al municipio del Plato, para que
remitan la información que deben allegar para el pago de los intereses de las cesantías, en
virtud del acuerdo 39 de 1998, sin embargo a hoy continúan con información pendiente por
reportar por parte de esta entidad territorial».
6.2. En ese orden, para pagar a la docente las cesantías de « años sin reconocer»,
resulta indispensable que la entidad nominadora reporte « los valores
correspondientes a cada vigencia, toda vez que los reportes de cesantías constituyen
requisito sine qua non para el pago de las mismas».
6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; iii) ineptitud de la
demanda; iv) prescripción; v) caducidad; vi) sostenibilidad financiera; y vii)
innominada o genérica.
7. 1.2.2. El departamento del Magdalena se opuso a las pretensiones de la demanda
y solicitó «la absolución» de la entidad territorial, al considerar que no se encontraba
legitimada en la causa por pasiva, toda vez que el artículo 9 de la Ley 91 de 1989
delegó en las entidades territoriales, únicamente la función de reconocer las
prestaciones sociales que debía ser pagadas por el Fomag. Asimismo, el artículo
56 de la Ley 962 de 2005 «estableció que la elaboración de la resolución que reconoce
las prestaciones sociales fuera expedida por el secretario de Educación de la entidad
territorial donde se encuentre vinculado el docente, sin que por ese hecho le corresponda
el pago de las mismas, pues, la misma norma reitera que las pagara el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio».
7.1. Finalmente propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia «de la obligación por parte de la Gobernación del departamento del
Magdalena».
8. 1.2.3. El municipio de Plato contestó de manera extemporánea la demanda, de
acuerdo con lo señalado en el auto del 10 de agosto de 20224.
4 En el auto del 10 de agosto de 2022, el magistrado sustanciador de primera instancia, señaló:
«Ahora bien, el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) el MUNICIPIO DE PLATO
presentó contestación de la demanda, no obstante, la misma fue presentada de forma
extemporánea, lo anterior teniendo en consideración que la demanda fue notificada en calenda del
cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), de tal suerte, que la entidad tenía hasta la data del
veintidós (22) de junio para presentar la contestación, no obstante, se reitera la contestación solo fue
presentada hasta el veinticuatro (24) de junio, por lo anterior, es dable colegir sin esfuerzo alguno
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia proferida el 3 de
abril de 2024, resolvió: i) declarar la nulidad de la Resolución NOV-001 del 14 de
noviembre de 2019, por medio de la cual el municipio de Plato negó el
reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años 1995 a 1999;
ii) ordenar al ente territorial el reconocimiento y pago del «auxilio de cesantías
correspondiente a las anualidades de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999»; y iii) declarar
«probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, respecto de la sanción moratoria acaecida del
pago tardío del auxilio de cesantías correspondiente a las anualidades de 1995, 1996, 1997,
1998 y 1999».
10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
10.1. Elda Cecilia Orozco Vega fue nombrada docente el 1° de marzo de 1995, « es
decir, con posteridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en virtud de lo cual es
dable colegir, que el régimen prestacional en lo que respecta a las cesantías, es
anualizado». Asimismo, mediante la Resolución 0759 del 26 de marzo de 2019, la
Secretaría de Educación del departamento del Magdalena le reconoció unas
cesantías parciales, «indicando como factores para liquidar dicha prestación» lo
devengado desde el año 2000.
10.2. De acuerdo con el anterior material probatorio, a la demandante «le asiste
derecho a que ordene el reconocimiento del auxilio de cesantías de las anualidades de
1995 a 1999, pues, dicho extremo procesal logró acreditar su vinculación como docente del
MUNICIPIO DE PLATO desde la data del 4 de abril de 1995, sin embargo, el FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO reporta auxilio de cesantías a su favor, a partir
del año 2000» [sic].
10.3. De otra parte, pese a que de conformidad con el ordenamiento jurídico le
correspondería al Fomag el reconocimiento de dicha prestación, se advierte que la
docente solo fue afiliada al fondo el 11 de abril de 2002, por lo que « no queda duda
de que, es el MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA, la entidad que está en la obligación legal de
pagar al docente demandante el auxilio de cesantías para las anualidades de 1995
(fracción), 1996, 1997, 1998 y 1999, pues, se itera, se encuentra acreditada su vinculación
al ente territorial».
10.4. Adicionalmente, si bien la entidad territorial aportó el convenio
que la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal, por lo anterior, se tendrá por no
contestada la demanda».
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
interadministrativo suscrito con el fin de afiliar a 262 educadores, « no puede
soslayarse por parte de la Colegiatura que, el ente territorial accionado no arribó ningún
elemento de orden probatorio que permita inferir ni siquiera con meridiana claridad, que
procedió con el traslado de los fondos al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, en aras de cubrir con el pasivo prestacional de los docentes
que se incorporaban».
10.5. Comoquiera que las cesantías que se adeudan a Elda Cecilia Orozco Vega se
causaron durante el periodo en el que no se encontraba afiliada al Fomag, « se
concluye que le resultan aplicables las disposiciones del artículo 99 de la Ley 50 de 1990».
No obstante, se advierte que «en el presente asunto ha operado el fenómeno jurídico de
la prescripción frente a dicha sanción moratoria reclamada por la docente OROZCO VEGA,
para las anualidades de 1995 (fracción) a 1999».
10.6. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, al considerar que solo habrá
lugar a estas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación, circunstancia que no se cumple a cabalidad en el plenario por cuanto no
existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones que por dicho
concepto se pudieran causar a cargo de la parte demandante en esta instancia».
1.4. El recurso de apelación
11. El municipio de Plato solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
porque, contrario a lo concluido por el tribunal, en el sub judice se acreditó el
cumplimiento de lo estipulado en el convenio interadministrativo, comoquiera que
«si bien la actora fue nombrada como docente el 01 de marzo de 1995 e ingresó al servicio
desde el día 04 de abril de 1995, y se encuentra afiliada al fondo desde el 11 de abril del
año 2002, el auxilio de cesantías correspondiente a anualidades anteriores a dicha fecha
hasta el año 2000 se encuentran relacionados en el anexo al convenio con el número 129,
cuyo pago se efectuó con cargo a la participación del municipio en los ingresos corrientes
de la Nación, pues así lo contempla la cláusula séptima del mismo, esto es, la autorización
por parte de la entidad territorial al Ministerio de Hacienda y Crédito público a girar tales
recursos directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales».
11.1. Así las cosas, el reconocimiento y pago de las cesantías adeudadas a la
demandante se encuentra en cabeza del Fomag, de conformidad con lo acordado
en el referido convenio.
1.6. Trámite en segunda instancia
12. Con el recurso de apelación la entidad demandada solicitó que se oficiara: i) a la
«Fiduprevisora para que explique sobre quien recae la obligación de cancelar las
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
prestaciones sociales de los docentes con anterioridad a la suscripción de dicho convenio»
y ii) a la «Dirección de Apoyo Fiscal de Acreencias – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el fin de que certifique y adjunte al proceso los soportes de pago realizados
por parte del municipio para el pago de las acreencias de los docentes en virtud del
convenio interadministrativo suscrito el 3 de noviembre del año 2000».
13. El magistrado ponente mediante providencia del 17 de febrero de 2025 negó la
anterior solicitud probatoria en segunda instancia, toda vez que no se ajustaba a las
causales previstas en el artículo 212 del CPACA. Sin embargo, consideró que, en
tanto los «documentos requeridos resultan fundamentales para decidir el fondo del asunto,
al tratarse de documentos mediante los cuales se busca dar claridad a cuál es la entidad
encargada de la obligación de cancelar las prestaciones sociales de la docente demandante
de conformidad con el convenio interadministrativo 3 de noviembre del 2000» [sic], los
decretó de oficio.
14. Mediante auto del 30 de octubre de 2025 y de conformidad con el artículo 247
del CPACA se ordenó correr traslado a las partes con el fin de que presentaran por
escrito los alegatos de conclusión:
15. 1.6.1. El Fomag solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia con
base en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que
en «materia de responsabilidad prestacional, solo a partir de la afiliación o vinculación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”, es que el mismo está
llamado a responder por el valor de las prestaciones sociales que se causen, contrario
sensu, en caso de no afiliación responde por las prestaciones directamente el ente
territorial». En ese sentido, en tanto la docente fue afiliada al fondo el 11 de abril de
2002, «claramente la obligación de pagar las cesantías por los años 1995, 1996, 1997,1988
y 1999 no recaía en el FOMAG».
16. 1.6.2. El departamento del Magdalena insistió en que «no se encuentra legitimado
con las pretensiones expuestas por el apoderado de la parte demandante, pues este ente
territorial no tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, pues de acuerdo
al acervo probatorio es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A, la entidad competente para desvirtuar lo solicitado por la parte, y por
ello, si se llegare a establecer alguna responsabilidad esa estaría en cabeza del Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A., el cual cuenta con autonomía, independencia y patrimonio propio
distinto del departamento del Magdalena, para asumir las obligaciones y posibles condenas
que le sean impuestas».
17. 1.6.3. El municipio de Plato solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia, porque «del análisis integral del expediente, del material probatorio recaudado
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
y del marco normativo aplicable, se concluye de manera clara e inequívoca que las
pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar respecto de mi representado».
17.1. Lo anterior, toda vez que se acreditó que «dentro del proceso que el Municipio de
Plato suscribió, junto con la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Convenio Interadministrativo del 3 de noviembre del año
2000, mediante el cual se acordó que el pasivo prestacional y pensional de los docentes
incorporados sería asumido por el FOMAG, autorizando para ello el giro de los recursos
correspondientes a la participación del municipio en los ingresos corrientes de la Nación.
En dicho convenio, la demandante se encuentra expresamente relacionada dentro del
listado de docentes respecto de los cuales se liquidó y trasladó el pasivo prestacional,
incluidas las anualidades de cesantías correspondientes a los años 1995 a 1999».
1.7. El Ministerio Público
18. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no conceptuó.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
18.1. El problema jurídico se contrae a establecer, ¿si le correspondía al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer las cesantías causadas
por Elda Cecilia Orozco Vega durante los años 1995 a 1999, como consecuencia
del convenio interadministrativo suscrito con el municipio de Plato?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
19. LaLey 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. ° […]
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]
20. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
21. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»5.
22. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación6, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 7, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
6 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
7 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional […]» [Se resalta]
23. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996
24. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta Corporación en sentencia de unificación8
dispuso que:
«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-33-
33-001-2022-00016-01 (5746-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en
las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los
docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías,
tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó
conocimiento del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala
a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida». [Se resalta]
25. Por tanto, es claro que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos
reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por falta de la
consignación del auxilio de las cesantías a aquellos docentes afiliados al Fomag,
pues lo cierto es que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de
caja y están disponibles para el pago según un procedimiento especial, lo que hace
que la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, sea incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989; situación que no sucede para aquellos docentes en servicio
activo que no se encuentren afiliados a dicho fondo.
26. La regla señalada en dicha decisión constituye un precedente vinculante y
obligatorio9 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
9 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos
10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada,
los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables» tal y como
se dispuso en la decisión.
2.4. Caso concreto
27. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
27.1. Elda Cecilia Orozco Vega se posesionó el 6 de abril de 1995 en el empleo de
docente grado 4 de la Oficina de Educación, nombrada por medio del Decreto 001
del 1° de marzo de esa anualidad.
27.2. Convenio interadministrativo «CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL MUNICIPIO DE PLATO
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA», «relacionados con la afiliación o incorporación de los
docentes de que tratan los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 196 de 1995 […] al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio en desarrollo de la Ley 60 de 1993». De
este se destacan las siguientes cláusulas:
«[…] previas las siguientes consideraciones: […] c) Que el municipio girará las sumas
por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del
personal docente del orden territorial para que estas sean pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la disponibilidad
consagrada en la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993, el Decreto 196 de 1995 […]
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETIVO: el objeto del presente convenio es: a) garantizar la
afiliación o incorporación de 262 docentes financiados con recursos propios del
municipio, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de los docentes
nuevos que la entidad territorial vincule a su planta de personal […] b) determinar el
pasivo prestacional por docente, existe a cargo del municipio, el cual será parte integral
del presente convenio […] CLÁUSULA SEGUNDA. – obligaciones del municipio […]
PARÁGRAFO 1°: de conformidad con lo previsto en el Decreto 2370 de 1997 los docentes
objeto del presente convenio se entienden afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, una vez perfeccionado el presente convenio y la entidad
territorial haya pagado por lo menos la quinta parte del pasivo prestacional determinado
en la presente cláusula. PARÁGRAFO 2° El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio únicamente responderá por el pago correspondiente al tiempo por el que
efectivamente se recibieron cotizaciones para el pago de las prestaciones. La
responsabilidad por lo no cotizado por el Municipio será exclusivamente de éste en la
proporción de lo dejado de cotizar. […] CLÁUSULA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO. […] PARÁGRAFO 2°: el incumplimiento total o parcial de las obligaciones que
se establecen en este convenio, dará lugar a la suspensión del mismo, mientras esta
situación persista las prestaciones económicas y los servicios médicos asistenciales a
que tienen derecho los docentes, estará a cargo del Municipio, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, civil y penal por el incumplimiento de lo aquí previsto. […]
CLÁUSULA SEXTA – ANEXOS. Constituyen anexos del presente convenio la relación de
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
docentes pagados con recursos propios del Municipio, la solicitud de afiliación suscrita
por el representante legal del municipio, las copias de las actas de posesión de los
firmantes, el cálculo del pasivo prestacional aplicables a estos docentes expedido por la
entidad territorial […]»
27.2.1. Como anexo del anterior convenio se encuentra el documento denominado
«pasivo prestacional de docentes pagados con recursos propios del municipio de
Plato – Magdalena» en el que se relacionó a Elda Cecilia Orozco Vega por el periodo
comprendido entre los años 1995 a 2000.
27.3. Mediante la Resolución 0759 del 26 de marzo de 2019, el secretario de
educación del departamento del Magdalena, le reconoció «la suma de $40.741.118,00
por concepto de liquidación parcial de cesantías». Para esos efectos tuvo en cuenta los
«reportes anuales de cesantías» del periodo comprendido entre el año 2000 y 2017.
27.4. Mediante oficio 20190172208571 del 1° de octubre de 2019 el Fomag efectuó
a la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena «requerimiento de
reportes de cesantías para el pago de intereses vigencias anteriores al año 2018», en el
que señaló:
«El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, a través de la
Dirección de Prestaciones Económicas, ha requerido a esa entidad en forma periódica y
año tras año la remisión de la información que por competencia debe allegar para el
pago de intereses a las cesantías, lo anterior en virtud del Acuerdo 39 de 1998, sin
embargo se encontró que a la fecha, aún se registran docentes con información
pendiente de reportar por parte de esa entidad.
Por lo anterior, hasta tanto la información no sea recibida en este Fondo no podrá ser
ingresada para el pago de intereses a las cesantías, en consecuencia no aparecerá en
el extracto de intereses a las cesantías, convirtiéndose la Secretaría de Educación en
responsable de las quejas y demás acciones que adelanten los educadores por la
carencia de la mencionada información.»
27.4.1. Con el anterior oficio remitió un «archivo Excel con la relación de cédulas de los
educadores pendientes de reporte de cesantías por parte de esa Secretaría de Educación»,
dentro del cual se encontraba la demandante por las anualidades 1995, 1996, 1997,
1998 y 1999.
27.5. El 3 de octubre de 2019 solicitó al municipio de Plato el reconocimiento y pago
de las cesantías causadas durante los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 « y las
que han ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías».
Esta petición fue negada con la Resolución Nov-001 del 14 de noviembre de 2019,
al considerar:
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
«Revisados los archivos de la entidad, se tuvo acceso a expediente contentivo de
suscripción de convenio celebrado entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Plato, departamento del
Magdalena, en el año 2000, cuyo objeto era: “(…) a) garantizar la afiliación o
incorporación de 262 docentes financiados con recursos propios del municipio, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]
En la relación adjunta de docentes, anexa al convenio, y elaborada por el Fondo de
Prestaciones Sociales Docentes Municipales, adscrito a la Secretaría Municipal de
Educación, del Municipio de Plato Magdalena, aparece relacionado el (la) reclamante,
con pasivo prestacional liquidado con corte 30 de julio de 2000.
[…]
En mérito de lo expuesto y por encontrarse las cesantías anualizadas causadas en las
vigencias referidas en la reclamación, entre las sumas giradas al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por el municipio de Plato, Magdalena por concepto
de pasivo prestacional […]».
27.6. El 11 de octubre de 2019 solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de las
cesantías causadas durante los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 «y las que han
ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías».
27.7. Medianteoficio del 22 de octubre de 2019, el profesional universitario de
prestaciones sociales de la Secretaría del departamento del Magdalena dio
respuesta a la petición con radicado MAG2019ER012795 del 11 de octubre de
2019, en este señaló
«[…] Elda Cecilia Orozco Vega […] fue nombrada como docente mediante el Decreto 01
del 01/03/1995, expedido por el alcalde del municipio de Plato – (Mag), posesionada el
día 06/04/1995, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
el municipio de Plato – Magdalena el 11/04/2002.
Referente a sus cesantías, según el extracto suministrado por la Fiduprevisora S.A.,
entidad que maneja los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se advierte que desde el año 2000 en adelante sus cesantías han sido
oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria, por parte de la Secretaría de
Educación del Departamento del Magdalena, y por el periodo reclamado (1997 al 1999)
no aparece reporte alguno por parte del municipio de Plato – Magdalena.
En este orden de ideas, las cesantías por los años reclamados, que corresponden a los
pasivos prestacionales, y que no han sido reportados, es responsabilidad del municipio
de Plato – Magdalena por ser anteriores al año en que el departamento se responsabilizó
de la educación de ese municipio y a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio […]»
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
27.8. El22 de noviembre de 2022, el profesional universitario de la Oficina de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno del municipio de Plato, certificó
que la docente estuvo vinculada:
«desde el día 06 de abril de 1995, con retroactividad al 01 de marzo de 1995 hasta el 31
de diciembre de enero de 2002 cuando por Convenio interadministrativo celebrado entre
la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional,
Departamento del Magdalena y el Municipio de Plato Magdalena; fue incorporado,
pagados con recursos propios.
Que las cesantías correspondientes a la anualidad 1995-1999, fueron asumidos por el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el cual responderá por el pago
correspondiente desde el día 06 de abril de 1995, fecha que fue afiliado o incorporado
según convenio interadministrativo celebrado entre la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Magdalena y el
Municipio de Plato Magdalena» [sic].
27.9. El 25 de noviembre de 2025, el Fomag certificó que la demandante fue afiliada
al fondo el 11 de abril de 2002. Asimismo, que se posesionó como docente el 6 de
abril de 1995, vinculación que se encontraba vigente.
27.10. Con ocasión de las pruebas decretadas en el trámite de segunda instancia, se
aportaron los siguientes documentos:
27.10.1. Mediante Oficio 20251062001441861 del 25 de marzo de 2025, el Fomag
indicó que con «respecto al requerimiento sobre el responsable del pago de las
prestaciones sociales previas a la firma del Convenio Interadministrativo, y teniendo en
cuenta la disposición legal del Decreto 196 de 1995, específicamente en su artículo 7º sobre
las prestaciones causadas antes de la afiliación al Fondo, se informa que dicha
responsabilidad corresponde a la(s) entidad(es) territorial(es) o a las cajas de previsión en
donde se hayan realizado los correspondientes aportes».
27.10.2. Mediante oficio 2-2025-032650 del 23 de mayo de 2025, la subdirectora de
fortalecimiento institucional territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
señaló:
«En este contexto, reiteramos que esta Dirección no tiene competencia para expedir
certificados ni soportes relacionados con pagos efectuados por el Municipio de Plato, ya
que dicha responsabilidad recae exclusivamente en la entidad territorial. Asimismo,
aclaramos que esta Dirección, en su calidad de integrante del Comité de Vigilancia del
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, no participa en la ordenación del gasto, no
reconoce obligaciones ni autoriza pagos a cargo del municipio, funciones que
corresponden única y exclusivamente a la administración municipal.»
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
2.5. Análisis sustancial
28. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que Elda Cecilia Orozco
Vega es docente en propiedad del municipio de Plato desde el 6 de abril de 1995 y
fue afiliada al Fomag el 11 de abril de 2002, de conformidad con las certificaciones
expedidas por la entidad territorial y el fondo previsional, por ende, es beneficiaria
del régimen anualizado de liquidación de cesantías previsto por la Ley 344 de 1996
y el Decreto 1582 de 1998.
29. En sentencia del 3 de abril de 2024, el tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que: i) la demandante tenía derecho al
reconocimiento y pago de las cesantías causadas durante el periodo comprendido
entre los años 1995 y 1999, las cuales no se veían reflejadas en el acto con el cual
se efectuó una liquidación parcial de estas y ii) de conformidad con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la docente tenía derecho al pago de la sanción moratoria de
que trata el artículo 99.3 de la Ley 50 de 1990, sin embargo, en el sub judice había
operado el fenómeno jurídico de la prescripción.
30. El municipio de Plato solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
al considerar que la competencia para el reconocimiento y pago de las cesantías de
la demandante la ostentaba el Fomag, toda vez que acreditó el cumplimiento de lo
estipulado en el convenio interadministrativo, comoquiera que « si bien la actora fue
nombrada como docente el 01 de marzo de 1995 e ingreso al servicio desde el día 04 de
abril de 1995, y se encuentra afiliada al fondo desde el 11 de abril del año 2002, el auxilio
de cesantías correspondiente a anualidades anteriores a dicha fecha hasta el año 2000 se
encuentran relacionados en el anexo al convenio con el número 129, cuyo pago se efectuó
con cargo a la participación del municipio en los ingresos corrientes de la Nación, pues así
lo contempla la cláusula séptima del mismo, esto es, la autorización por parte de la entidad
territorial al Ministerio de Hacienda y Crédito público a girar tales recursos directamente al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales».
31. En relación con lo anterior, en el expediente obra el convenio interadministrativo
«CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL MUNICIPIO DE PLATO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA», el cual
se suscribió con el objeto de afiliar a los docentes del municipio de Plato al Fomag,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 196 de 1995. De conformidad con
las cláusulas, una vez este se perfeccionara sería el Fomag la entidad competente
para realizar el pago de las prestaciones del personal docente de esa entidad
territorial.
32. Asimismo, según lo dispuesto en el referido convenio, se entendía que los
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
educadores quedarían afiliados al fondo una vez este se perfeccionara y «la entidad
territorial haya pagado por lo menos la quinta parte del pasivo prestacional determinado»;
situación que en el sub judice se efectuó el 11 de abril de 2002, fecha en la que Elda
Cecilia Orozco Vega fue afiliada, según consta en las certificaciones aportadas al
expediente.
33. Adicionalmente, si bien en el trámite del presente asunto el Fomag manifestó que
el municipio de Plato «se encuentra con deuda y está el hecho que de manera
colaborativa con las entidades territoriales, periódicamente desde la Dirección de
Prestaciones Económicas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
remiten comunicaciones, ejemplo de ello es la comunicación número 20190172208571 con
la debida constancia de acuse de recibido, en dicha comunicación se requiere a las
diferentes entidades territoriales, incluida la Secretaria de Educación Departamental del
Magdalena y al municipio del Plato, para que remitan la información que deben allegar para
el pago de los intereses de las cesantías, en virtud del acuerdo 39 de 1998, sin embargo a
hoy continúan con información pendiente por reportar por parte de esta entidad territorial10»
[sic]; lo cierto es que en el expediente no obra prueba de que, en efecto, dicho
incumplimiento se hubiese presentado.
34. En este punto, se pone de presente que, de conformidad con el parágrafo 2 de
la cláusula tercera del convenio interadministrativo, el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones pactadas en este, tendría como consecuencia «la suspensión del
mismo, mientras esta situación persista las prestaciones económicas y los servicios
médicos asistenciales a que tienen derecho los docentes, estará a cargo del Municipio»;
no obstante, de los antecedentes administrativos no se advierte que se hubiese
presentado dicha suspensión, que tendría como consecuencia que la entidad
territorial asumiera estas obligaciones prestacionales.
35. Aunado a lo expuesto, se recuerda que el gobierno nacional, a través del Decreto
196 de 1996 reglamentó, entre otros aspectos, el procedimiento y requisitos para la
«afiliación o incorporación de docentes departamentales, distritales, municipales», así:
«Artículo 9º.- Procedimiento para la afiliación o incorporación de docentes
departamentales, distritales y municipales. La afiliación o incorporación de los docentes
departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de las
entidades territoriales, se realizará previo el cumplimiento del siguiente procedimiento:
1. A solicitud de la respectiva entidad territorial, la Nación-Ministerio de Educación
Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizarán conjuntamente con
aquella un estudio actuarial que permita determinar la deuda de la entidad
territorial con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
concepto de las obligaciones que éste asume al momento de la afiliación o
10 Contestación de la demanda del Fomag.
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
Incorporación. Este estudio actuarial se efectuará teniendo en cuenta la retrospectiva
futura de las prestaciones y los pagos parciales de cesantías realizadas a cada
docente.
2. Conjuntamente con la solicitud a que se refiere el numeral 1, inmediatamente anterior
y para los efectos de realizar el estudio actuarial, la entidad territorial remitirá al Ministerio
de Educación Nacional la información de cada uno de los docentes vinculados con
recursos propios, identificándolos por su nombre, documento de Identidad, fecha de
nacimiento, fecha de vinculación, grado en el escalafón, salario, prestaciones sociales
que devenga a cargo de la respectiva entidad territorial debidamente discriminadas y
soporte legal de las mismas, tiempo de trabajo en otras entidades y cesantías parciales
pagadas.
3. Una vez elaborado el estudio actuarial, se suscribirá entre la Nación-Ministerio de
Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la respectiva
entidad territorial, un convenio interadministrativo que fije la deuda en favor del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y establezca su pago en
cuotas que no excedan el plazo de cuatro (4) años, con intereses a la tasa comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el período de amortización, más
cuatro (4) puntos de intereses de mora por incumplimiento. Establecerá además
convenio de las garantías y demás condiciones de cancelación de la deuda.
[…]
4. En el convenio interadministrativo se estipulará expresamente la obligación
garantizada de la entidad territorial de girar al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en los períodos establecidos en la ley en el presente Decreto,
las sumas necesarias para cancelar las prestaciones de los docentes con cargo los
recursos propios de la respectiva entidad territorial, de conformidad con el artículo 13 del
presente Decreto.
5. Una vez suscrito el convenio interadministrativo y para garantizar el pago de las
prestaciones sociales de sus docentes, la entidad territorial girará anticipadamente al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo menos la quinta parte de
la deuda resultante del respectivo estudio actuarial.» [Se resalta]
36. En ese orden, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 91 de 1989, el Fomag
tiene la obligación de «atender» las «prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente
Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad
a ella» [se resalta], asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra el de velar «para
que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente
transfiera los descuentos de los docentes» y «para que todas las entidades deudoras del
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de
sus obligaciones».
37. Así las cosas, en aquellos casos en los que los docentes fueron incorporados al
fondo creado por la Ley 91 de 1989 con posterioridad a la fecha en la que inició su
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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00671-01 (3567-2024)
Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
relación legal y reglamentaria con el Estado, no le es dable a la entidad de previsión
trasladarle a estos servidores las consecuencias desfavorables de su
incumplimiento, sino que, deberá verificar la observancia del respectivo convenio
interadministrativo suscrito con el empleador y, si es del caso, adelantar las
gestiones administrativas o judiciales tendientes a su cumplimiento.
38. Adicionalmente, en el expediente obra el oficio 20190172208571 del 1° de
octubre de 2019 con el cual el fondo efectuó a la Secretaría de Educación del
departamento del Magdalena un «requerimiento de reportes de cesantías para el pago
de intereses vigencias anteriores al año 2018», toda vez que «hasta tanto la información
no sea recibida en este Fondo no podrá ser ingresada para el pago de intereses a las
cesantías, en consecuencia no aparecerá en el extracto de intereses a las cesantías,
convirtiéndose la Secretaría de Educación en responsable de las quejas y demás acciones
que adelanten los educadores por la carencia de la mencionada información», dentro del
cual se relacionó a la demandante, no obstante, se encuentra que la información de
Elda Cecilia Orozco Vega correspondiente al periodo comprendido entre los años
1995 y 1999 fue reportada desde la suscripción del contrato a través del anexo
denominado «pasivo prestacional de docentes pagados con recursos propios del
municipio de Plato – Magdalena», que hacía parte de este.
39. En esas condiciones, el requerimiento con el que se pretendió una corrección
frente a los reportes de los educadores solo hizo parte del cumplimiento de las
obligaciones del Fomag previstas en la Ley 91 de 1989 y en el mencionado
convenio, este último, en el parágrafo de la cláusula sexta estableció que «las
inconsistencias relacionadas con la información contenida en el listado o relación de
docentes objeto de este convenio y que tengan que ver con la identificación de los mismos
serás corregidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previa
solicitud con sus respectivos soportes por parte de la entidad territorial».
40. En suma, le asistió razón al municipio de Plato, en el sentido de que le
correspondía al Fomag efectuar el pago y reconocimiento de las cesantías
adeudadas. Por esa razón, se modificará la sentencia de primera instancia en el
sentido de declarar la existencia del acto ficto negativo configurado frente a la
reclamación presentada ante el fondo el 22 de octubre de 2019, en consideración a
que en el sub judice no se acreditó que frente a esta se hubiese emitido algún
pronunciamiento expreso; y asimismo, se declarará la nulidad del referido acto
presunto y se ordenará al fondo efectuar la liquidación anual de las cesantías
causadas durante el periodo comprendido entre los años 1995 y 1999, con el fin de
que sean reportadas a favor de Elda Cecilia Orozco Vega.
41. Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del
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Magdalena ordenó al municipio de Plato el reconocimiento y pago de las «cesantías
correspondiente a las anualidades de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999»; sin embargo, se
encuentra que dicha orden es contraria al actual criterio jurisprudencial 11, según el
cual, los recursos que recibe el fondo para pagar todas las prestaciones económicas
de las que son beneficiarios sus afiliados, dentro de las que se encuentran las
cesantías, se integran en un solo fondo, sin que para ese efecto existan cuentas
individuales por cada empleado, en ese sentido, esta Corporación explicó12:
«91. Además de los recursos transferidos del sector central -SGP-, también forman parte
de las fuentes de financiación del FOMAG, con cargo a los recursos propios de los entes
territoriales, aquellos girados por concepto de deuda causados en virtud de convenios
suscritos antes del 2002 con el fondo, es decir, antes de la creación del SGP,
correspondientes al pasivo prestacional, los aportes periódicos, cuotas partes, cuotas
personales de inscripción salarial y de ascenso en el escalafón, entre otros.
92. Por ello, en el sistema de los docentes oficiales, los recursos del FOMAG que
provienen de la Nación, Ministerio de Educación con cargo al SGP para el sector
educativo13 son destinados bajo el principio de unidad de caja14 a cubrir todas las
prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las cesantías
parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe para el pago de
sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese efecto existan cuentas
individuales por cada empleado en el que se consignen los valores liquidados
anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los recursos y su
administración por parte del FOMAG.» [Se resalta]
42. En consonancia, lo procedente no era ordenar el pago de las cesantías, sino que
la liquidación anual de las causadas durante el periodo comprendido entre los años
1995 y 1999 fuera reportara a favor de Elda Cecilia Orozco Vega a efectos de
garantizar el pago oportuno del auxilio cuando así ella lo requiera. Ahora, en línea
con lo anterior, tampoco había lugar a la indexación ordenada por el a quo, sin
11 Adoptado mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
12 Sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.
13 Valga decir que los recursos con destinación específica, como es el caso de los recursos del
Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no harán unidad de
caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas
separadas de los recursos de la entidad y por sectores. (artículo 91 de la Ley 715 de 2001
reglamentado por el Decreto 1101 de 2007).
14 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial.
Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos los ingresos públicos
ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a financiar» los gastos
derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la sentencia C-478 de 1992.
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
embargo, se precisa que la entidad deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley 91 de 1989, esto es el interés anual equivalente a la tasa «comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período» sobre el saldo
de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente
y sin retroactividad.
43. Adicionalmente, pese a que, como se explicó antes, en el sub judice no hay lugar
a hablar de la consignación tardía de las cesantías, se precisa que de acuerdo con
la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 el
Consejo de Estado modificó su jurisprudencia al encontrar que los docentes
afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuya aplicación pretendía la demandante,
por considerar que es incompatible con el sistema especial que los beneficia en su
condición de docentes afiliados al aludido fondo.
44. En efecto, el sistema de administración anual del que son beneficiarios los
docentes oficiales, los recursos del Fomag que provienen de la nación, Ministerio
de Educación con cargo al Sistema General de Participaciones para el sector
educativo son destinados bajo el principio de unidad de caja15 a cubrir todas las
prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las
cesantías parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe
para el pago de sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese
efecto existan cuentas individuales por cada empleado en el que se consignen los
valores liquidados anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los
recursos y su administración por parte del fondo.
45. En ese orden, según se indicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, es la afiliación al Fomag lo que determina si hay lugar a aplicar la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por lo anterior,
en tanto, Elda Cecilia Orozco Vega se encontraba afiliada a esa entidad de
previsión, la Sala concluye que, contrario a lo definido por el a quo no tenía derecho
al reconocimiento y pago de la referida sanción, puesto que, resulta incompatible
15 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial. Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos
los ingresos públicos ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a
financiar» los gastos derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la
sentencia C-478 de 1992.
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con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
46. Al respecto, como se precisó en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023, es el incumplimiento de la afiliación de los docentes al Fomag lo que genera
que los educadores resulten acreedores de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990, obligación que en el nivel territorial se estableció a partir de la Ley 60
de 1993 y reguló con el Decreto 196 de 1995, en ese sentido en la referida
providencia se indicó:
«142. Ahora bien, en el 2003 el presidente de la República expidió el Decreto 3752 , el
cual prevé en el artículo 1 el deber de afiliación de los docentes del servicio público
educativo vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales, pues su
incumplimiento conlleva la responsabilidad por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar (parágrafo 1).
143. En consecuencia, la entidad territorial es responsable de las prestaciones de los
docentes en el evento en que las respectivas secretarías de educación no los
hubiese afiliado al FOMAG. En este caso se cumpliría el presupuesto señalado en el
artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, atinente a que el régimen de liquidación de los
servidores públicos de este nivel -territorial-, que se afilien a fondos privados, será
el señalado en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley
50 de 1990 o el del artículo 5 de la Ley 432 de 1998, en caso de que su afiliación haya
ocurrido ante el FNA.
144. Asimismo, la omisión de afiliación a cualquier fondo no puede conllevar el
desconocimiento de las garantías mínimas fundamentales del servidor. Por ende, en ese
caso, es necesaria la protección que ofrece el régimen del que gozan la generalidad de
los servidores públicos, que, en materia de cesantías, es el contenido en la Ley 50 de
1990.» [se resalta]
47. Así las cosas, los educadores oficiales solo tienen derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria «en el evento en que se omita la afiliación del docente al FOMAG»,
no obstante, en el presente asunto la demandante fue afiliada al Fomag en el año
2002, en cumplimiento de la obligación antes mencionada, por lo que no se
encuentra dentro de los supuestos que le permitirían a estos servidores el
reconocimiento de la indemnización en discusión. En ese sentido, resulta pertinente
precisar que, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, el plazo para
afiliar a todos los docentes a este fondo venció el 31 de octubre de 2004.
48. Ahora bien, esta Subsección no desconoce que en el recurso de apelación la
entidad no se refirió al derecho de la demandante frente a la sanción moratoria,
esto, por cuanto como consecuencia de la declaratoria de prescripción le resultó
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
favorable y no tenía interés en esa pretensión; sin embargo, se encuentra pertinente
precisar que un pronunciamiento en relación con este sí se enmarca en la
competencia que ostenta este tribunal de segunda instancia, toda vez que, para
efectos de resolver los planteamientos de la recurrente era indispensable estudiar y
definir el régimen de cesantías del que era acreedora la educadora, derecho frente
al cual la referida sanción se encuentra intrínsecamente ligada.
49. En consonancia, la Sala modificará la sentencia apelada así: i) declarar la nulidad
parcial del acto ficto negativo, en cuanto al reconocimiento de las cesantías
anualizadas entre los años 1995 y 1999, bajo el entendido de que lo que
correspondía era el reporte de estas en favor de la demandante; ii) ordenar al Fomag
que la liquidación anual de las cesantías causadas durante el periodo comprendido
entre los años 1995 y 1999 sean reportadas a favor de Elda Cecilia Orozco Vega; y
iii) revocar el ordinal tercero que declaró la prescripción de los derechos sobre la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas.
2.6. Costas
41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma16.
16En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
45. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Elda Cecilia Orozco Vega
no tenía derecho a beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, puesto que era incompatible con el sistema de liquidación
anualizada de cesantías que administra el Fomag, al cual se encuentra afiliada.
47. La competencia frente a la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías
causadas por la demandante se encuentra en cabeza del Fomag, de conformidad
con el convenio interadministrativo suscrito entre este y el municipio de Plato.
Asimismo, este último tiene el deber de verificar que las entidades estatales
cumplan de manera oportuna con sus obligaciones tendientes a garantizar las
acreencias económicas de las que son beneficiarios los educadores.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 3 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual quedará así:
«PRIMERO: DECLARAR la existencia del acto ficto, como consecuencia del silencio
administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento y pago de las
cesantías causadas durante los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 «y las que han
ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías»,
presentada el 11 de octubre de 2019 por Elda Cecilia Orozco Vega ante la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
DECLARAR la nulidad del acto ficto, como consecuencia del silencio administrativo
negativo configurado frente a la petición presentada el 11 de octubre de 2019 por la
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
demandante a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.»
Segundo. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 3 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la parte demandada, Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que la liquidación anual de
las cesantías causadas durante el periodo comprendido entre los años 1995 a 1999 sean
reportadas a favor de Elda Cecilia Orozco Vega. Asimismo, deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, liquidar el interés anual
equivalente a la tasa «comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período» sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada
año liquidadas anualmente y sin retroactividad».
Tercero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 3 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la prescripción.
Cuarto. Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, adelantar las gestiones administrativas
pertinentes para efectos de verificar el cumplimiento del convenio interadministrativo
suscrito con el municipio de Plato, a través del cual se afiliaron a los docentes
«financiados con recursos propios del municipio».
Quinto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 3 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
Sexto. No condenar en costas en esta instancia
Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
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Demandante: Elda Cecilia Orozco Vega
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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