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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00126-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00126-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad 1996, para en su lugar, negar la pretensión. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. BG/LXRR 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2019-00126-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya
Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

Temas: Sanción moratoria por retardo en la consignación de cesantías
/ Incompatibilidad del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 frente a docentes oficiales afiliados al Fomag

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024 por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. Aníbal Alonso Pereira Bedoya presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad parcial del Oficio OJ-087 del 15 de mayo de 2018, por medio
del cual la entidad accionada le negó la solicitud de consignación en el fondo
correspondiente de las cesantías causadas del 13 de febrero de 1994 al 31 de
diciembre de 1997, la cancelación de los intereses a las cesantías y la sanción
moratoria.

1 Índice 2 Samai. Documento «5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia6z(.zip), 01
expediente_230012333000201900216.pdf, folios 34 al 44».
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) la consignación de las cesantías correspondientes a 1994, 1995, 1996 y
1997; (ii) el pago de los intereses a las cesantías correspondientes a esos años; (iii)
el pago de la sanción moratoria por no haber consignado en un fondo de cesantías
las correspondientes a 1994, 1995, 1996 y 1997; (iv) el pago de la sanción moratoria
dispuesta en la Ley 1071 de 2006 por no haber incluido la liquidación parcial de
cesantías correspondientes a dichas anualidades; (v) el pago de los intereses
moratorios de ley; (vi) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada; (vii) el cumplimiento de la sentencia dentro del término de los artículos
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y (viii) la indexación de los valores reconocidos.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Aníbal Alonso Pereira Bedoya se desempeñó al servicio de la educación en el
municipio de Montería, Secretaría de Educación desde el 13 de abril de 1994 hasta
la fecha de presentación de la demanda.

3.2. De acuerdo con el extracto de cesantías expedido por Fiduprevisora – Fomag,
no aparecieron las correspondientes a 1994, 1995, 1996 y 1997.

3.3. El 1.º de noviembre de 2017 solicitó al municipio de Montería, Secretaría de
Educación el reconocimiento y pago parcial de cesantías, el pago de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías de los tiempos comprendidos
entre el 13 de febrero de 1994 y el 31 de diciembre de 1997 establecida en el artículo
90 de la Ley 50 de 1990 por no haber consignado las cesantías correspondientes
de 1994 a 1997, y la dispuesta en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 por no
incluirlas en la liquidación y pago parcial de cesantías por él solicitadas.

3.4. Mediante el Oficio OJ-087 del 15 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación
municipal de Montería respondió desfavorablemente la petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 23, 29, 53 y 84 de la Constitución
Política; y las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 1091 de 2006.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

5.1. Respecto a la prescripción de las cesantías, antes de la vigencia de la Ley 50 de
1990, dicha figura no ofrecía ninguna dificultad y no era materia de debate, ya que
el término prescriptivo empezaba a correr cuando terminaba el contrato de trabajo
o la relación laboral y se extendía por tres años. Pero con la vigencia de dicha ley,
el panorama cambió y empezaron a coexistir dos sistemas de liquidación de

2

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

cesantías. Así, el Consejo de Estado se ocupó del tema y concluyó que las
cesantías anualizadas son una prestación imprescriptible y las definitivas si están
sometidas al fenómeno de la prescripción.

5.2. La sanción por el no pago de las cesantías anualizadas prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y la contenida en la Ley 244 de 1995 son distintas. La primera
se refiere al no pago oportuno de las cesantías anualizadas, y la segunda al no pago
de las cesantías al momento del retiro del servicio y al no pago oportuno de
cesantías dentro de los 45 días hábiles de haber expedido el acto administrativo
que ordenó el pago parcial de las cesantías.

5.3. En el caso ocurren los dos tipos de falta, la de no consignar las cesantías en el
fondo de cesantías de las correspondientes desde el 13 de febrero de 1994 hasta
el 31 de diciembre de 1997 y no incluirle al demandante la totalidad de las cesantías
cuando el accionante solicitó la liquidación parcial.

1.2. Contestación de la demanda3

6. El municipio de Montería se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, ya que, por disposición legal y por el transcurrir del tiempo, se presentó
la prescripción extintiva de derechos.

6.1. Propuso las excepciones de i) prescripción, ii) inexistencia de causa legal y
carencia del derecho del demandante, y iii) cobro de lo no debido.

1.3. La sentencia apelada4

7. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2024 resolvió:

«[…] Primero: Declarar la nulidad parcial del acto administrativo No. OJ-087 del 15 de
mayo de 2018 emitido por el Municipio de Montería, respecto de la petición radicada por
el demandante el día 1 de diciembre de 2017.

Segundo: Condenar al Municipio de Montería a trasladar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG el valor correspondiente al auxilio de
cesantías e intereses de cesantías al señor Aníbal Alonso Pereira Bedoya, por el periodo
laborado entre el 4 de febrero de 1994 al 31 de diciembre de 1996, aplicando el régimen
de cesantías anualizado previsto en la numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
para que dicho fondo a su vez proceda a reconocerlas y pagarlas.

Cuarto: Ordenar la actualización de las sumas reconocidas conforme a la fórmula que
se expuso en la parte considerativa de esta sentencia.

3 Índice 2 Samai. Documento «5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia6z(.zip), 01
expediente_230012333000201900216.pdf», folios 57 al 64.
4 Índice 2 Samai. Documento «5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia6z(.zip),
16SentenciaPrimerasInstancia.pdf.»

3

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

Quinto: Declarar la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
del auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad de 1996, según lo expuesto en
esta providencia.

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo: Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa.

Octavo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. […]». (sic)

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. En lo correspondiente a las cesantías de 1994, 1995 y 1996 señaló que era
procedente su reconocimiento al encontrar acreditada la prestación del servicio
docente por el demandante durante los periodos alegados, sin que dicho auxilio
hubiera sido reconocido y pagado, pues en el acto administrativo que le reconoció
cesantías parciales solo se reseñaba las acumuladas desde 1997. Situación
corroborada, de acuerdo con el extracto de intereses a las cesantías aportado por
el municipio de Montería, en el que solo se relacionaron las cesantías de 1997 a
2011, pese a que el vínculo se reportó a partir de 1994.

8.2. Respecto a la pretensión de reconocer la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas, consideró que no era
procedente para los años 1994 y 1995, en razón a que, según las condiciones de
vinculación del demandante en dicho periodo, no le era aplicable la Ley 344 de 1996,
norma que extendió los efectos de la Ley 50 de 1990 al sector público. Por otra
parte, en lo que respecta al año 1996, aún si se aceptara en gracia de discusión la
aplicabilidad de dicha normatividad, la reclamación tampoco prosperaría debido a
que operó el fenómeno de la prescripción.

8.3. «[N]o puede aplicarse al presente caso, pues [la Ley 1071 de 2006] se aplica en
los eventos de mora en el pago más no en la no consignación oportuna del auxilio
de cesantías y como quiera que lo debatido por el actor es la no consignación
oportuna de tal prestación correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 y 1997 al
fondo, no podría aplicarse tal sanción, además el Consejo de Estado en sentencia
de unificación CE-SUJ004 de 2016 ha establecido que no puede existir
simultaneidad o concurrencia de una y otra de las indemnizaciones moratoria» (sic).

1.4. El recurso de apelación5

9. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de instancia, toda vez
que «está probado el plenario que el Municipio de Montería aún adeuda al aquí accionante
las cesantías correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996. También está probado que
el demandante a la fecha sigue siendo docente activo al servicio de la educación del

5Índice 2 Samai. Anotación «Documento 5ED_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia6z(.zip),
18RecursoApelacion»

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

Municipio de Montería-Córdoba», por lo que no le ha fenecido el derecho al pago de las
cesantías ni de la sanción moratoria por su no pago.

10. Además, «en el caso de autos no estamos frente a una sanción moratoria por pago
tardío de cesantías ni por no pago de las mismas, aquí estamos es frente a una sanción
moratoria por no consignación de las cesantías de un docente activo, quien sólo cuando
solicita pago parcial de cesantías es que se percata que las correspondientes a los años
1994, 1995 y 1996 no se las había consignado el empleador, razón por la que posterior a
enterarse de tal circunstancia decide reclamar al ente territorial aquí accionado» (sic).

1.6. Trámite en segunda instancia

11. Mediante auto del 4 de agosto de 20256, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, en los
términos del numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.7. El Ministerio Público7

12. El procurador delegado ante esta corporación solicitó confirmar la sentencia de
instancia, pues le correspondía al municipio de Montería «trasladar los recursos por
concepto de cesantías al FOMAG o en su defecto haber probado la realización del trámite
para que ese fondo proceda a cumplir con el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
al señor Aníbal Alonso Pereira Bedoya para las vigencias 1994 a 1996» (sic).

12.1. Respecto a la sanción moratoria por el no pago de las cesantías encontró
acreditado que, pese a que el municipio incurrió en mora, de acuerdo con la
sentencia de unificación de jurisprudencia proferida el 6 de agosto de 2020 por el
Consejo de Estado, había operado el fenómeno de la prescripción, ya que «la fecha
inicial de exigibilidad de tal penalidad originaron sus efectos a partir del 15 de febrero del
año 1997, a lo cual contaba el actor hasta el día 15 de febrero del año 2000, para reclamar
sin que le afectara la mencionada prescripción, circunstancia que no ocurrió, por cuanto
presentó la reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación de Municipal de
Montería, Departamento de Córdoba, el 01 de diciembre de 2017» (sic).

13. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

6 Índice 4 Samai.
7 Índice 9 Samai.

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. El problema jurídico

15. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿si el demandante tenía
derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por
la falta de consignación de las cesantías anualizadas causadas entre los años 1994
y 1996, pese a su vinculación al Fomag desde la fecha de ingreso al servicio
docente?

15.1. De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, establecer ¿si el derecho
del demandante al reconocimiento y pago de la sanción moratoria se torna
imprescriptible en razón a su continuidad en la prestación del servicio docente?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

16. LaLey 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Se resalta]

17. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

18. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones

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Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»8.

19. Asimismo, la jurisprudencia de esta corporación9, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1.°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 10, sostuvo lo
siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional […]». [Se resalta]

20. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
9 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01.
10 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.3.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes estatales
afiliados al FOMAG

21. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta corporación en sentencia de unificación11
dispuso que:

«[…] Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria
del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en
las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los
docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías,
tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó
conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala
a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida». [Se resalta]

22. Por tanto, es claro que las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus
decretos reglamentarios, no extendieron la sanción moratoria causada por falta de
la consignación del auxilio de las cesantías a aquellos docentes afiliados al Fomag,
pues lo cierto es que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de
caja y están disponibles para el pago según un procedimiento especial, lo que hace
que la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, sea incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989; situación que no sucede para aquellos docentes en servicio
activo que no se encuentren afiliados a dicho fondo.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-33-

33-001-2022-00016-01 (5746-2022), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

23. La regla señalada en dicha decisión constituye un precedente vinculante y
obligatorio12 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos
10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada,
los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables» tal y como
se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

24. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

24.1. Mediante el Decreto 0208 del 11 de abril de 1994, el alcalde del municipio de
Montería nombró a Aníbal Pereira Bedoya como docente en propiedad en la escuela
Loma Grande, cargo del cual tomó posesión en la misma fecha. Acto aclarado a
través del Decreto 0212 del 13 de abril de 1994, en el sentido que la novedad fiscal
era a partir del 4 de febrero de 199413.

24.2. El 1.º de diciembre de 2017, el demandante solicitó ante la Secretaría de
Educación municipal de Montería: (i) la consignación en el fondo correspondiente
del auxilio de cesantías causado del 13 de febrero de 1994 al 31 de diciembre de
1997; (ii) la cancelación de los intereses correspondientes a las cesantías dejadas
de consignar; y (iii) la cancelación de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990 por no haber consignado las cesantías
anteriores14.

24.3. Mediante el Oficio OJ-087 del 15 de mayo de 2018 [acto acusado], el secretario
de educación municipal de Montería indicó que el demandante fue afiliado al Fomag
a partir de 1997 y que era docente activo, sin que fuera posible efectuarle el pago
de cesantías por el periodo 1994 a 1997, intereses de cesantías y sanción

12 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
13
Índice 1 Samai Tribunales. 005ED_EXPDIGITAL_01 «01 expediente_230012333000201900126»,
folio 17 – 19.
14
Índice 1 Samai Tribunales. 005ED_EXPDIGITAL_01 «01 expediente_230012333000201900126»,
folio 22 – 23.

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

moratoria; ya que para el pago de cesantías parciales debía adjuntar algunos
documentos y demostrar para qué iban a ser utilizados los recursos15.

24.4. Deacuerdo con el extracto de intereses a las cesantías del «Fomag –
Fiduprevisora S.A.» del 29 de octubre de 2017, al demandante se le realizaron
pagos a las cesantías a partir del 19 de marzo de 199816.

24.5. Según formato único para la expedición del certificado de historia laboral
emitido por el Fomag el 29 de agosto de 2012, Aníbal Alonso Pereira Bedoya se
vinculó al servicio docente mediante Decreto 0208 del 11 de abril de 1994, desde el
4 de febrero de 199417.

2.5. Análisis sustancial

25. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que Aníbal Alonso
Pereira Bedoya era docente en propiedad al servicio del municipio de Montería
desde el 4 de febrero de 1994, respecto de quien el Fomag reportó pagos a las
cesantías a partir del 19 de marzo de 1998, por ende, beneficiario del régimen
anualizado de liquidación de cesantías previsto en la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1582 de 1998.

26. En el presente asunto, el tribunal de instancia en sentencia del 9 de diciembre de
2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que el
demandante tenía derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
causado de 1994 a 1996, el cual no se veía acreditado en el extracto de intereses
a las cesantías, ya que solo aparecían reportadas desde 1997. En cuanto al
reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías anualizadas, de acuerdo con la vinculación del docente y a los periodos
reclamados [1994 a 1995] no le era aplicable la Ley 344 de 1996, y en el evento de
aplicarse dicha normativa el periodo 1996 estaría prescrito en razón a la fecha de la
reclamación.

27. La parte demandante solicitó que se concedan todas las pretensiones de la
demanda, toda vez que no se estaba frente a una sanción moratoria por pago tardío
de cesantías ni por su no pago, sino frente a una sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías de un docente activo, quien sólo cuando solicitó un
pago parcial de cesantías se percató que las correspondientes a 1994, 1995 y 1996
no se le habían consignado.

28. Es importante resaltar que, la Sala no estudiará la pretensión relativa a la

15
Índice 1 Samai Tribunales. 005ED_EXPDIGITAL_01 «01 expediente_230012333000201900126»,
folio 24 – 25.
16
Índice 1 Samai Tribunales. 005ED_EXPDIGITAL_01 «01 expediente_230012333000201900126»,
folio 21.
17
Índice 1 Samai Tribunales. 005ED_EXPDIGITAL_01 «01 expediente_230012333000201900126»,
folio 88 – 91.

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

consignación y reporte de las cesantías de Aníbal Alonso Pereira Bedoya para las
anualidades 1994 a 1996, toda vez que el recurrente dirigió su pretensión en esta
instancia, única y exclusivamente a la procedencia de la sanción moratoria frente a
tales vigencias, por lo que dicho reconocimiento será confirmado.

29. Precisado lo anterior, la Sala considera que en el sub judice no es procedente el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación tardía de las
cesantías pretendida por el demandante, ya que, de acuerdo con la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado
modificó su jurisprudencia al encontrar que los docentes afiliados al Fomag no
tenían derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, por considerar que es incompatible con el sistema especial que los
beneficia en su condición de docentes afiliados al aludido fondo.

30. En efecto, en el sistema de administración anual del que son beneficiarios los
docentes oficiales, los recursos del Fomag que provienen de la nación, Ministerio
de Educación Nacional con cargo al Sistema General de Participaciones para el
sector educativo son destinados bajo el principio de unidad de caja18 a cubrir todas
las prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las
cesantías parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe
para el pago de sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese
efecto existan cuentas individuales por cada empleado en las que se consignen los
valores liquidados anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los
recursos y su administración por parte del fondo.

31. En ese orden, según se indicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, es la afiliación al Fomag lo que determina si hay lugar a aplicar la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por lo anterior,
en tanto, Aníbal Alonso Pereira Bedoya se encontraba afiliado a esa entidad de
previsión, la Sala concluye que, contrario a lo definido por el a quo, no tenía derecho
al reconocimiento y pago de la referida sanción por la no consignación del auxilio
de cesantías correspondiente a los periodos pretendidos, puesto que, resulta
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989.

32. Ahora bien, esta Sala no desconoce que en el Oficio OJ-087 del 15 de mayo de
2018, el secretario de educación de la alcaldía de Montería indicó que Aníbal Alonso

18 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial. Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos
los ingresos públicos ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a
financiar» los gastos derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la
sentencia C-478 de 1992.

12

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

Pereira Bedoya fue afiliado al Fomag a partir de 1997, lo cual podría tener incidencia
respecto del reconocimiento de la sanción moratoria pretendida. Sin embargo,
contrario a ello, de acuerdo con el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral emitido por el fondo el 29 de agosto de 2012, este se vinculó al
servicio docente mediante el Decreto 0208 del 11 de abril de 1994, desde el 4 de
febrero de ese año, siendo este su entidad de previsión donde se le han efectuado
los aportes correspondientes. Ahora, si bien según el extracto de intereses a las
cesantías del Fomag – Fiduprevisora S.A. del 29 de octubre de 2017, al demandante
se le realizaron reportes a las cesantías solo desde el 19 de marzo de 1998, ello no
significa que su afiliación se hizo desde 1997.

33. En consonancia con lo expuesto, la Sala revocará el ordinal quinto de la
sentencia apelada que declaró la prescripción de la sanción moratoria por la no
consignación del auxilio de cesantía correspondiente a 1996, para en su lugar negar
dicha pretensión, tal como se hizo respecto de los años 1994 y 1995.

2.6. Costas

34. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

35. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

36. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma19.
37. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias
o dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

19En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 23001-23-33-000-2019-00126-01 (1496-2025)
Demandante: Aníbal Alonso Pereira Bedoya

38. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Aníbal Alonso Pereira
Bedoya no tenía derecho a beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto que era incompatible con el sistema de
liquidación anualizada de cesantías que administra el Fomag, al cual se encuentra
afiliado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 9 de diciembre de
2024 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que
declaró la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de
cesantía correspondiente a la anualidad 1996, para en su lugar, negar la pretensión.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
BG/LXRR

14

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