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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01619-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2017-01619-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que reconozca y pague a la demandante, la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo para el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2016 y el 28 de mayo de 2018, teniendo en cuenta como base para calcular el monto de la sanción, la asignación básica diaria devengada por el servidor público para el momento en que se causó la mora. Segundo. Revocar el ordinal 3 de la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar a Nasly del Rosario Lozano Alegría los intereses a las cesantías de forma proporcional al período laborado entre el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015. Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 25

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-008-2017-01619-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría
Demandados: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y otros2

Tema: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Educación
Nacional y el Fomag contra la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Nasly del Rosario Lozano Alegría presentó demanda3 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4 en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo «2017414302000431» del
8 de mayo de 2017, mediante el cual la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali informó que el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías presentaba
inconsistencias en la identificación en el aplicativo del Fomag, cuya corrección había

1 En lo que sigue Fomag
2 Ministerio de Educación Nacional, municipio de Santiago de Cali y Fiduprevisora.
3 Expediente digital, documento 29, páginas 97 a 107. La demanda fue presentada el 21 de septiembre

de 2017.
4 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

sido solicitada a la Fiduprevisora SA.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) la declaratoria de que Nasly del Rosario Lozano Alegría laboró al servicio del
municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Educación Municipal, entre el 16 de
marzo y el 17 de julio de 2015, y que durante ese período ejerció en provisionalidad
el cargo de docente, grado 2A, en el área de ciencias sociales de la Institución
Educativa Celmira Bueno de Orejuela; y ii) el reconocimiento y pago de a) la
bonificación mensual prevista en el Decreto 1566 de 2014; b) la prima de navidad; c)
las cesantías [Decreto 1160 de 1947]; d) los intereses a las cesantías; e) la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías [Ley 244 de 1995]; f) la sanción por el
no pago de los intereses a las cesantías; y g) la indexación de la bonificación mensual
y de la prima de navidad.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Nasly del Rosario Lozano Alegría fue nombrada mediante Resolución del 9 de
marzo de 2015 como docente, grado 2A, en provisionalidad, en el área de ciencias
sociales de la Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela, adscrita a la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

3.2. Prestó sus servicios del 16 de marzo al 17 de julio de 2015, durante 123 días.

3.3. El 30 de septiembre de 2015, solicitó ante la Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali, el pago de las cesantías.

3.4. El trámite de reconocimiento y pago de las cesantías presentó una inconsistencia,
pues al radicar la prestación en el aplicativo NUR II, el número de cédula de Nasly
del Rosario Lozano Alegría aparecía asociado al nombre de Nasly Esperanza Rivas
Ibargüen, según el Oficio PS 01283 del 8 de octubre de 2015 emitido por la Secretaría
de Educación de Santiago de Cali.

3.5. El 3 de marzo de 2017, Nasly del Rosario Lozano Alegría presentó nuevamente
petición ante la Secretaría de Educación de Santiago de Cali para obtener el
reconocimiento y pago de la bonificación mensual, la prima de navidad, las cesantías,
los intereses a las cesantías y las sanciones derivadas de su pago tardío.

3.6. Mediante Oficio «2017414302000431» del 8 de mayo de 2017, la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali informó que le correspondía proyectar el acto
administrativo de reconocimiento de las prestaciones de los docentes, mientras que
la Fiduprevisora SA, como administradora de los recursos del Fomag, debía revisar
y aprobar el proyecto y efectuar el pago correspondiente. Asimismo, indicó que había
solicitado a dicha fiduciaria corregir la inconsistencia advertida en la identificación de
la demandante para continuar con el trámite.

2

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

3.7. El12 de junio de 2017, Nasly del Rosario Lozano Alegría solicitó a la
Fiduprevisora SA el reconocimiento y pago de la bonificación mensual, la prima de
navidad, las cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria por el pago
tardío de aquellas, la sanción por el no pago de los intereses y la indexación de las
prestaciones

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 y 2 del Decreto 1160 de 1947; 1 del
Decreto 116 de 1976; 32 del Decreto 1045 de 1978; 1 y 2 del Decreto 1566 de 2014;
1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y 56 de la Ley 962 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el municipio de Santiago de Cali
incumplió de forma injustificada con las obligaciones derivadas de la relación laboral,
al no reconocer ni pagar oportunamente las prestaciones sociales adeudadas, en
especial las cesantías definitivas. El error relacionado con la identidad era atribuible
a la administración, porque al momento de la posesión como docente aportó la
documentación pertinente. Y no era válido trasladarle la responsabilidad al Fomag,
administrado por la Fiduprevisora, porque el municipio debió expedir previamente los
actos administrativos de reconocimiento. En consecuencia, procedía el pago de las
prestaciones adeudadas, así como de las sanciones e indemnizaciones
correspondientes.

1.2. Contestaciones de la demanda

6. El Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda en los siguientes
términos5:

6.1. No tenía a su cargo la administración del personal docente ni el reconocimiento y
pago de las obligaciones salariales y prestacionales derivadas de su vinculación,
pues, como consecuencia de la descentralización del servicio educativo, tales
competencias correspondían a las entidades territoriales certificadas. Sus funciones
se circunscribían a la formulación de la política educativa, la regulación del sector, la
distribución y seguimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones y
el acompañamiento a las entidades territoriales. En ese sentido, no era responsable
de las acreencias reclamadas por la demandante ni expidió el acto administrativo
cuestionado.

6.2. Como excepciones propuso: i) falta de legitimación en la causa por pasiva al no
ser el titular de la obligación reclamada, pues esta correspondía a la entidad territorial
encargada de administrar el personal docente; ii) improcedencia de los intereses
moratorios e incompatibilidad con la indexación, porque no existía mora alguna que
le fuera imputable y además, los intereses moratorios y la indexación no podían
reconocerse simultáneamente, al perseguir una finalidad equivalente de
compensación; iii) prescripción, pues las acreencias laborales estaban sometidas al

5 Expediente digital, documento 29, páginas 145 a 163.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

término de prescripción trienal contado desde su exigibilidad, susceptible de
interrupción mediante reclamación escrita; y iv) la genérica.

7. Elmunicipio de Santiago de Cali contestó la demanda en los siguientes
términos6:

7.1. La «prima de servicios» reclamada era improcedente, pues Nasly del Rosario
Lozano Alegría, en su condición de docente, estaba sometida a un régimen salarial
y prestacional especial regulado, entre otras disposiciones, por las leyes 91 de 1989,
115 de 1994, 715 de 2001 y 812 de 2003 y los decretos 2277 de 1979 y 1278 de
2002, sin que le resultara aplicable el régimen general previsto en el Decreto 1042
de 1978, cuyo artículo 104, literal b), excluía expresamente al personal docente de
su ámbito de aplicación, disposición declarada exequible mediante la sentencia C-
566 de 1997. Además, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no creó esa prestación ni
la demandante acreditó haberla percibido con anterioridad o tener un derecho
adquirido sobre ella.

7.2. Lasentidades territoriales carecían de competencia para crear o reconocer
primas no previstas en el ordenamiento, pues la determinación del régimen salarial y
prestacional correspondía al legislador y al gobierno nacional, de manera que el
municipio había actuado conforme con el régimen legal aplicable al abstenerse de
reconocer la prestación solicitada.

7.3. Como excepciones propuso: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque
el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas correspondía al Fomag; ii) cobro
de lo no debido, toda vez que no adeudaba suma alguna por concepto de « prima de
servicios»; iii) carencia del derecho, pues el demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la «prima de servicios», pues las disposiciones invocadas como
fundamento de esa prestación no resultaban aplicables al personal docente; y iv) la
innominada.

8. El Fomag y la Fiduprevisora no contestaron la demanda7.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 14 de junio de
20248 declaró la nulidad del «acto administrativo de […] radicado 20174143020004301»
del 8 de mayo de 2017; y a título de restablecimiento ordenó:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, que reconozca y pague a la demandante,
la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo para el periodo
comprendido entre 06 de enero de 2016 y el 02 de mayo de 2022, teniendo en cuenta
como base para calcular el monto de la sanción, la asignación básica diaria devengada por

6 Expediente digital, documento 29, páginas 237 a 287.
7 Según la constancia secretarial del 13 de agosto de 2018. Expediente digital, documento 29, páginas

349.
8 Samai tribunales, índice 33.

4

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

el servidor público para el momento en que se causó la mora.

TERCERO: […] [y] los intereses a las cesantías de forma proporcional al periodo laborado
entre el 16 de marzo al 17 de julio de 2015.

[…]

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia. […] [sic]

10. Para el efecto, expuso lo siguiente:

10.1. Nasly del Rosario Lozano Alegría prestó sus servicios como docente provisional
del municipio de Santiago de Cali entre el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015,
periodo por el cual era beneficiaria de la bonificación mensual prevista en el Decreto
1566 de 2014, la prima de navidad regulada en el Decreto 1045 de 1978 y las
cesantías e intereses a las cesantías en los términos de la Ley 91 de 1989.

10.2. Aunque reclamó el reconocimiento de la bonificación mensual y la prima de
navidad correspondientes a ese periodo, dichos conceptos ya habían sido pagados,
por lo tanto, no había lugar a ordenar nuevamente su reconocimiento.

10.3. No era procedente estudiar la reliquidación de las cesantías para incluir la
bonificación mensual prevista en el Decreto 1566 de 2014, pues la demandante no
controvirtió el acto administrativo definitivo que reconoció dicha prestación, esto es,
la Resolución 02838 del 13 de marzo de 2018, circunstancia que configuró ineptitud
de la demanda respecto de esa pretensión.

10.4. El 30 de septiembre de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, el trámite presentó una inconsistencia en la identificación de la docente
en el aplicativo de Fiduprevisora, circunstancia que fue advertida por el municipio de
Santiago de Cali desde el 8 de octubre de 2015 y respecto de la cual solicitó su
corrección para continuar con el reconocimiento de la prestación.

10.5. El 13 de marzo de 2018 se expidió la Resolución 02838, mediante la cual se
reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas. Dicho acto fue confirmado
mediante la Resolución 00917 del 12 de febrero de 2019, el pago de la prestación se
efectuó el 3 de mayo de 2022.

10.6. De conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de
julio de 2018, cuando la administración no resuelve oportunamente la solicitud de
reconocimiento de cesantías o expide el acto por fuera del término legal, la sanción
moratoria se causa una vez transcurridos los 70 días hábiles siguientes a la
radicación de la petición, correspondientes a 15 días para expedir el acto, 10 para la
ejecutoria y 45 para efectuar el pago.

10.7. En consecuencia, el término se contabilizó desde la solicitud presentada el 30
de septiembre de 2015. Así, los 70 días hábiles previstos para el reconocimiento y
pago de las cesantías [15 días para expedir el acto administrativo, que vencieron el
15 de octubre de 2015; 10 días para su ejecutoria, hasta el 28 de octubre siguiente;

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

y 45 días para efectuar el pago, que culminaron el 5 de enero de 2016] transcurrieron
sin que se efectuara el pago. De tal manera que la sanción moratoria se causó desde
el 6 de enero de 2016 hasta el 2 de mayo de 2022, día anterior al pago efectivo de
las cesantías.

10.8. La responsabilidad por el pago de la sanción moratoria correspondía al Fomag,
pues para la época de los hechos, el artículo 56 de la Ley 92 de 2005 establecía que
dicha sanción debía sufragarse con cargo a sus recursos; y las secretarías de
educación territoriales tenían a su cargo la gestión de las solicitudes y la expedición
de los actos de reconocimiento, previa aprobación de la sociedad fiduciaria.

10.9. No se configuró la prescripción de la sanción moratoria, porque la actora reclamó
su reconocimiento y promovió oportunamente el medio de control, de manera que no
transcurrió el término trienal aplicable y, por lo tanto, debía reconocerse el pago a
razón de un día de salario por cada día de retardo, entre el 6 de enero de 2016 y el
2 de mayo de 2022, y liquidarse con fundamento en la asignación básica diaria
devengada por la demandante al momento en que se causó la mora.

10.10. También tenía derecho al reconocimiento y pago de los intereses a las
cesantías, de manera proporcional al periodo laborado entre el 16 de marzo y el 17
de julio de 2015, conforme con el régimen previsto en la Ley 91 de 1989.

10.11. No condenó en costas, porque no se acreditó que estas se hubieran causado
ni que la actuación del apoderado hubiese generado gastos que justificaran el
reconocimiento de agencias en derecho.

1.4. Los recursos de apelación

11. El Ministerio de Educación Nacional9 presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia con fundamento en la improcedencia de la sanción
moratoria reclamada y en su ausencia de responsabilidad, en los siguientes términos:

11.1. La sanción moratoria reconocida por el tribunal era improcedente porque la
sentencia apelada se sustentó en una regla jurisprudencial que no correspondía al
supuesto objeto de controversia y dejó de aplicar el precedente de unificación que
reguló específicamente la falta de consignación anual de las cesantías de los
docentes estatales afiliados al Fomag.

11.2. Existen diferencias entre el régimen anualizado de cesantías previsto en la Ley
50 de 1990, caracterizado por la liquidación y consignación anual de la prestación, y
el régimen especial de cesantías de los docentes afiliados al Fomag, regulado por la
Ley 91 de 1989 y sujeto a reglas propias para su reconocimiento y administración.
En el primero, el empleador debía consignar las cesantías causadas en una cuenta
individual antes del 15 de febrero del año siguiente y su incumplimiento generaba la
sanción de un día de salario por cada día de retardo. En cambio, en el régimen

9 Samai tribunales, índice 41.

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especial, los recursos destinados al pago de las prestaciones de los docentes se
incorporan y administran bajo un esquema distinto, que no prevé aquella obligación
de consignación anual individual. De allí que no era procedente trasladar al régimen
especial docente una sanción establecida para el incumplimiento de una obligación
propia del régimen anualizado.

11.3. La afiliación al Fomag constituía el presupuesto determinante para establecer
cuál de esos regímenes era aplicable. Los docentes estatales afiliados al Fondo se
encuentran sometidos al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989, mientras
que la ausencia de afiliación por omisión de la entidad territorial permite examinar la
aplicación de las garantías propias del régimen general, entre ellas la sanción por
falta de consignación prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

11.4. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 proferida el 18 de julio de 2018 estableció que, a
los docentes oficiales en su condición de servidores públicos, les resultaban
aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en materia de sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas o parciales.

11.5. De otra parte, profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, en la cual determinó que los docentes estatales afiliados al Fomag
no tenían derecho a la sanción prevista en el artículo 99, numeral 3, de la Ley 50 de
1990, debido a que el régimen especial de cesantías administrado por dicho Fondo
previsto en la Ley 91 de 1989, no señalaba la obligación de consignación anual en
una cuenta individual; y dispuso que la regla de unificación sería aplicable a todos
los asuntos pendientes de decisión en sede administrativa o judicial, salvo aquellos
respecto de los cuales hubiese operado la cosa juzgada.

11.6. En esas condiciones, la regla fijada en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 era la
aplicable al sub judice, pues la controversia no versó sobre la mora en el
reconocimiento y pago de cesantías definitivas o parciales prevista en las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006], supuesto examinado en la sentencia CE-SUJ-SII-012-
2018, sino sobre la procedencia de la sanción prevista en el artículo 99, numeral 3,
de la Ley 50 de 1990, reclamada por la falta de consignación anual de las cesantías.
Dicha sanción no resultó procedente, toda vez que la actora estuvo afiliada al Fomag
y, por ello, se encontraba sometida al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989.
Además, el proceso permanecía pendiente de decisión, circunstancia que
determinaba la aplicación de la regla de unificación de la sentencia del año 2023.
Pese a ello, el tribunal aplicó la contenida en la providencia del año 2018 y reconoció
la sanción moratoria.

11.7. No tenía responsabilidad respecto del reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales reclamadas, pues, de conformidad con las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001,
que desarrollaron la descentralización del servicio educativo, y los decretos 5012 y
5013 de 2009, relativos a las funciones de dicha cartera, son las entidades
territoriales certificadas las que tenían a su cargo la administración del personal
docente y adelantan, por conducto de las respectivas secretarías de educación, las

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

actuaciones relacionadas con el reconocimiento de sus prestaciones sociales. En
esa medida, comoquiera que no ostentaba la condición de nominador, no intervino
en el trámite prestacional ni expidió el acto administrativo demandado, así que no
resultaba procedente atribuirle responsabilidad por los eventuales retrasos o
incumplimientos que sustentaron las pretensiones de la demanda.

12. ElFomag10 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia con fundamento en la indebida determinación del período de causación de
la sanción moratoria, la improcedencia de la indexación y el pago de los intereses a
las cesantías correspondientes al año 2015, en los siguientes términos11:

12.1. Elperíodo de causación de la sanción moratoria fijado por el tribunal era
incorrecto, pues no procedía extenderla hasta el 2 de mayo de 2022, fecha en que
Nasly del Rosario Lozano Alegría retiró efectivamente los recursos de la entidad
bancaria. La fecha de terminación de la mora debía establecerse a partir del
momento en que los recursos correspondientes a las cesantías fueron abonados o
puestos a disposición de la beneficiaria, momento a partir del cual se entendía
satisfecha la obligación de pago y cesaba el incumplimiento atribuible a la
administración, tal como lo ha señalado la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en la sentencia proferida el 22 de julio de 202112.

12.2. Lo anterior porque la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías fue
presentada el 30 de septiembre de 2015 y, a partir de esa fecha, debían
contabilizarse los términos legales correspondientes al trámite de la prestación. Así,
los 15 días hábiles para expedir el acto administrativo vencieron el 22 de octubre de
2015; los 10 días para su ejecutoria, el 6 de noviembre siguiente; y los 70 días hábiles
previstos para el reconocimiento y pago de las cesantías, el 15 de enero de 2016, de
tal manera que la mora comenzó a causarse el 16 de enero siguiente. A su vez, los
recursos fueron puestos a disposición de la demandante el 29 de mayo de 2018,
fecha que debía tomarse como momento final de la mora, y no el 2 de mayo de 2022,
correspondiente al retiro efectivo del dinero en la entidad bancaria. En consecuencia,
el período de mora correspondía a 864 días y no al comprendido entre el 6 de enero
de 2016 y el 2 de mayo de 2022.

12.3. En ese orden, le correspondía a la interesada demostrar que, pese a encontrarse
disponibles los recursos, persistió un incumplimiento atribuible a la administración.
Sin embargo, las pruebas acreditaron que el dinero había sido puesto a disposición
de la demandante con anterioridad y que posteriormente fue objeto de

10 A través de Fiduprevisora SA, que intervenía en el proceso únicamente en su condición de vocera

y administradora de los recursos del Fomag, sin ser titular de las obligaciones prestacionales
reconocidas a los docentes, porque el Fomag fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica, cuyos recursos eran administrados mediante un contrato
de fiducia mercantil celebrado con una sociedad fiduciaria estatal o de economía mixta. En ese
contexto, la participación procesal de esta se derivaba de las funciones propias del negocio fiduciario
y de las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio, entre ellas, la protección
y defensa de los bienes fideicomitidos.
11 Samai tribunales, índice 42.
12 Con radicado 05001-23-33-000-2017-02996-01 (659-2020).

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

reprogramación debido a que no había sido retirado, circunstancia que impedía tomar
el 2 de mayo de 2022 como fecha final de la mora.

12.4. No era procedente indexar o actualizar monetariamente la sanción moratoria,
pues esta tenía naturaleza sancionatoria y no correspondía a una prestación laboral
susceptible de actualización. Lo dicho, en los términos señalados entre otras, en la
sentencia de unificación proferida el 18 de julio de 201813 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado. En ese sentido, la actualización monetaria desconocía la
naturaleza de la sanción, cuya finalidad consistía en penalizar el incumplimiento de
la administración y no en compensar la pérdida del poder adquisitivo de una
prestación social. De ahí que el valor reconocido por concepto de sanción moratoria
no podía ser objeto de ajuste o indexación.

12.5. Tampoco procedía ordenar nuevamente el reconocimiento y pago de los
intereses a las cesantías correspondientes al año 2015, porque estos ya habían sido
pagados, tal como se evidenciaba del extracto en el que constaba el pago se efectuó
en el año 2016.

1.5. Actuaciones en segunda instancia

13. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio de Educación nacional y el Fomag14.

14. Mediante auto del 28 de febrero de 202515, se negó la solicitud probatoria
presentada por el Fomag, consistente en incorporar un certificado de pago de
cesantías y un extracto de intereses a las cesantías, ambos del 5 de julio de 2024;
sin embargo, se decretaron dichos documentos como pruebas de oficio y se ordenó
correr traslado de estos.

14.1. Las partes guardaron silencio16.

15. En auto del 3 de julio de 202517 se concedió el término de 10 días para que las
partes presentaran sus alegatos, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247
del CPACA. En tal sentido, señalaron lo siguiente:

15.1. El Ministerio de Educación Nacional reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, en particular, que Nasly del Rosario Lozano Alegría, por estar
afiliada al Fomag, no tenía derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990, conforme con la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023, y que la entidad carecía de
legitimación en la causa por pasiva, pues no intervino en el reconocimiento y pago
de las prestaciones reclamadas18.

13 Con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
14 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda del 22 de abril de 2024. Samai, índice 4.
15 Índice 10 de Samai.
16 Según la constancia del 29 de enero de 2025. Índice 17 de Samai.
17 Índice 18 de Samai.
18 Samai, índice 23.

9

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

15.2. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali sostuvo que no era responsable del reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales ni de la sanción moratoria, pues su competencia
se limitó al trámite administrativo, mientras que el pago correspondía al Fomag a
través de Fiduprevisora. En todo caso, cumplió con las actuaciones a su cargo y la
demora obedeció a una inconsistencia en los datos de identificación de la
demandante, por lo tanto, no estaba legitimado en la causa por pasiva 19.

15.3. Nasly del Rosario Lozano Alegría y el Fomag no se pronunciaron en esta
instancia20.

1.6. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto21.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y
«[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. Los problemas jurídicos

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia22, se circunscriben a
establecer:

17.1. ¿si Nasly del Rosario Lozano Alegría tenía derecho a la sanción moratoria por el

19 Samai, índice 24.
20 Según la constancia del 16 de septiembre de 2025. Índice 26 de Samai.
21 Según la constancia del 6 de mayo de 2025. Índice 9 de Samai.
22 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

10

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

pago tardío de las cesantías?,

17.2. ¿cuál era el período de causación de la sanción moratoria?,

17.3. ¿si era procedente indexar la sanción moratoria?,

17.4. ¿si procedía ordenar el pago de los intereses a las cesantías correspondientes al
año 2015?, y

17.5. ¿si le asistía responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional respecto de las
prestaciones reclamadas?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

18. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
como una cuenta especial de la nación con el fin de atender «las prestaciones sociales
de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se
vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación anual de las cesantías de
sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su
promulgación, así:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
Ley.

[…]

11

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a
las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).

19. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes
el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

20. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin
hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»23

21. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación24, al decidir casos similares ha

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
24 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de
agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015- 00048-
01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad.
2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;

12

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 25, sostuvo lo
siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad
a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por
las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse
respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios
contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
proferida el 14 de abril de 201626, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley
91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de
enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que
regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden
nacional […]». [se resalta]

22. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de
vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer
los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.3.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías

25 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 «Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad.

2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

23. El artículo 327 de la Ley 91 de 198928 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.

24. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.

25. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría29.

26. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 30,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían
ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo
regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto
bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de
reconocimiento.

27. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 31, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del

27 ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta

especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro
de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad.
28 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
29 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
30 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989.
31 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.

14

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

Decreto 2831 de 200532.

28. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)33.

29. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometida
al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento
administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y cargas
administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también,
adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto,
superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos34.

30. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en cuanto
i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal»,
sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de
las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el
acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber también a las
solicitudes de cesantías parciales.

31. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía
el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas (45 días
hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público) y previó una
sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:

[…] Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena

32 Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de

1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
34 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,

sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.

32. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en concreto
al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de 201735, en
la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se desempeñan
como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos
legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006».

33. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201836, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales37, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción,
permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través
de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para señalar que el docente oficial,
al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías».

34. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de la
sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el
marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en el
que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos
y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:

«[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:

35 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
36 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-

012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
37 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los

trabajadores oficiales.

16

Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii)
45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley38
para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los
términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».

35. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

«[…] TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».

36. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201739) y por la sección segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201840); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de

38 Artículo 69 CPACA.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
40 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-

012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

cesantías definitivas o parciales41.

2.3.3 Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no
pago de cesantías de la Ley 244 de 1995

37. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda de esta Corporación señaló que «[l]a Sala advierte que
la sanción moratoria no se causa de manera indefinida y, por ello, el legislador en el
parágrafo del artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, dispuso que «En caso de mora en el
pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas [...](Negrilla de la Sala). Esta
norma se hizo extensiva en el parágrafo del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 para
cesantías definitivas y parciales».

38. Asimismo, estableció las reglas sobre la prescripción de la sanción moratoria
por pago inoportuno o no pago de cesantías así42:

«[…] (i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento
en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia
a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después
de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío
o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término
que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la
prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho
por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria. […]».

2.4. Caso concreto

39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

39.1. Naslydel Rosario Lozano Alegría estuvo vinculada al servicio docente del
municipio de Santiago de Cali desde el 16 de marzo de 2015 hasta el 17 de julio de
2015, en provisionalidad, como docente en la Institución Educativa Celmira Bueno
de Orejuela. Su nombramiento se efectuó a través de la Resolución 4143.0.21.1967
del 9 de marzo de 2015, emitida por la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali y el Acta de posesión 4143.0.12.1.14322 de idéntica fecha43;
vinculación que se extendió hasta la terminación del nombramiento mediante la
Resolución 4143.0.21.4405 del 2 de julio de 201544, con un total de 123 días (4

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado

05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de

noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
43 Sami tribunales, índice 40, página 9.
44 Sami tribunales, índice 40, páginas 11 a 21.

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meses, 2 días), según consta en las certificaciones del 27 de agosto y 12 de
diciembre de 2015 expedida por dicha secretaría45.

39.2. De acuerdo con la consulta efectuada el 5 de octubre de 2015 se evidencia que
en la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali se registró el expediente
prestacional de cesantías definitivas bajo el radicado 2015-CES-054023 el 2 de
octubre de 2015, asociado en el sistema al nombre de Nasly Esperanza Rivas
Ibargüen y al número de cédula 35.850.036, correspondiente a Nasly del Rosario
Lozano Alegría. Asimismo, consta que el 5 de octubre de 2015 fue remitido a
Fiduprevisora SA y pasó a estado «Proceso_Fiduciaria»46.

39.3. El 30 de septiembre de 2015, Nasly del Rosario Lozano Alegría solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas47.

39.4. Mediante Oficio del 8 de octubre de 2015, la Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali remitió a la Fiduprevisora SA el expediente prestacional de Nasly
del Rosario Lozano Alegría para su estudio y corrección, debido a una inconsistencia
presentada al radicar la prestación en el aplicativo NUR II, pues el número de cédula
de la demandante aparecía asociado al nombre de otra persona48.

39.5. Con Oficio PS 01283 del 8 de octubre de 2015, la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali informó a la Fiduprevisora SA que, al radicar en el
aplicativo NUR II la prestación solicitada por Nasly del Rosario Lozano Alegría, se
presentó una inconsistencia, pues su número de cédula 35.850.036 aparecía
asociado al nombre de Nasly Esperanza Rivas Ibargüen, razón por la cual remitió el
expediente para su estudio y corrección49.

39.6. La anterior solicitud fue reiterada mediante Oficio 04143.3.10.0099 del 19 de
enero de 2016, y solicitó dar prioridad al trámite de las cesantías definitivas, debido
a su carácter urgente50.

39.7. La consulta efectuada en el sistema del Fomag 51 evidenció que el número de
cédula 35.850.036, correspondiente a Nasly del Rosario Lozano Alegría se
encontraba registrado a nombre de Nasly Esperanza Rivas Ibargüen y que no
figuraban solicitudes de prestaciones asociadas a la docente. En las observaciones
se dejó constancia de las solicitudes efectuadas para corregir dicha inconsistencia,
entre ellas, los oficios del 8 de octubre de 2015 y 19 de enero de 201652.

45 Sami tribunales, índice 40, páginas 25, 27 y 29.
46 Sami tribunales, índice 40, página 41.
47 Samai tribunales, índice 40, páginas 317 y 334. Según se advierte del documento en el que se

relacionan los documentos remitidos a Fiduprevisora SA; y de la manifestación que efectuó al
notificarse de la Resolución 4143.010.21.02838 de 2018, en la que dejó constancia de que había
radicado la solicitud ante la Secretaría de Educación en esa fecha y que, para el 15 de marzo de 2018,
aún no había obtenido respuesta.
48 Sami tribunales, índice 40, página 43.
49 Sami tribunales, índice 40, página 70.
50 Sami tribunales, índice 40, página 71.
51 Sin fecha.
52 Sami tribunales, índice 40, página 69.

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

39.8. El 3 de marzo de 2017, Nasly del Rosario Lozano Alegría solicitó a la Secretaría
de Educación Municipal de Santiago de Cali el reconocimiento y pago de la
bonificación mensual prevista en el Decreto 1566 de 2014, la prima de navidad, las
cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías y la sanción por el no pago de sus intereses, correspondientes a su
vinculación docente entre el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015, equivalente a 123
días de servicio53.

39.9. A través del Oficio del 8 de mayo de 2017, la Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali informó que el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
de la actora se encontraba pendiente, debido a que el trámite remitido a
Fiduprevisora SA presentaba una inconsistencia en el número de identificación. Que
pese a haber solicitado la corrección, la Fiduprevisora SA no había dado respuesta,
razón por la cual no era posible continuar el trámite de reconocimiento y pago de la
prestación54.

39.10. El12 de junio de 2017, Nasly del Rosario Lozano Alegría solicitó a la
Fiduprevisora SA, el reconocimiento y pago de la bonificación mensual, la prima de
navidad, las cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, la sanción por el no pago de los intereses y la indexación de
las prestaciones, con fundamento en que había laborado como docente provisional
entre el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015 y que las cesantías continuaban sin ser
reconocidas ni pagadas55.

39.11. Mediante Resolución 4143.010.21.02838 del 13 de marzo de 2018, la
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, previa aprobación de
Fiduprevisora SA reconoció y ordenó a favor de Nasly del Rosario Lozano Alegría el
pago de $588.479 por concepto de cesantías definitivas, correspondientes a su
vinculación docente entre el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015. En el acto se indicó
que, según los reportes de cesantías enviados por la secretaría, para el año 2015 se
encontraba registrado dicho valor y se dispuso que el Fomag efectuaría el pago a
través de Fiduprevisora SA56.

39.12. La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición57, sin que se evidencie
un acto por medio del cual, la referida secretaría haya resuelto dicho recurso.

39.13. En virtud de las pruebas decretadas de oficio en segunda instancia se tiene que:

39.13.1. Mediante comunicación del 5 de julio de 2024, la Fiduprevisora SA certificó
que el pago de las cesantías definitivas reconocidas a Nasly del Rosario Lozano
Alegría mediante Resolución 02838 del 13 de marzo de 2018, por valor de $588.479,
fue puesto inicialmente a su disposición a partir del 29 de mayo de 2018; sin
embargo, al no ser cobrado, se reprogramó para el 27 de abril de 2022 a través del

53 Sami tribunales, índice 40, páginas 59 a 65.
54 Sami tribunales, índice 40, páginas 67 y 68.
55 Sami tribunales, índice 40, páginas 73 a 78.
56 Sami tribunales, índice 40, páginas 329 a 333.
57 Sami tribunales, índice 40, páginas 335 a 337.

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

Banco BBVA, sucursal Centro de Servicios Zona Central Cali58.

39.13.2. En el extracto de intereses a las cesantías expedido por Fiduprevisora SA el
5 de julio de 2024 se registró que las cesantías de Nasly del Rosario Lozano Alegría
correspondientes al año 2015 ascendieron a $588.479 y que sobre dicho valor se
liquidaron intereses por $30.189 para 2015, $44.254 para 2016 y $37.486 para 2017.
Asimismo, se certificaron 4 pagos de intereses: $30.189 el 31 de mayo de 2016,
$44.254 el 31 de marzo de 2017, $30.189 el 11 de agosto de 2017 y $37.486 el 28
de marzo de 2018, y que las cesantías definitivas, reconocidas mediante Resolución
02838, fueron puestas a disposición para pago el 29 de mayo de 201859.

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

40. El Ministerio de Educación Nacional sostuvo que no tenía responsabilidad en el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas; y cuestionó la
procedencia de la sanción moratoria reconocida por el tribunal, al considerar que la
controversia debía resolverse conforme con la sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023, según la cual los docentes estatales afiliados al
Fomag no eran beneficiarios de la sanción prevista en el artículo 99, numeral 3, de
la Ley 50 de 1990.

41. Porsu parte, el Fomag controvirtió el período de causación de la sanción
moratoria, pues estimó que debía finalizar el 29 de mayo de 2018, cuando los
recursos fueron puestos a disposición de Nasly del Rosario Lozano Alegría, y no el
2 de mayo de 2022, fecha tomada por el tribunal. También cuestionó la indexación
de dicha sanción y el reconocimiento de los intereses a las cesantías
correspondientes al año 2015, por considerar que estos ya habían sido pagados.

42. Ahora bien, en cuanto al reparo formulado por el Ministerio de Educación Nacional
respecto de su falta de responsabilidad en el reconocimiento y pago de las
prestaciones reclamadas, la Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento
de fondo, pues la sentencia apelada no impuso condena alguna a cargo de dicha
cartera ministerial, sino que ordenó exclusivamente al Fomag reconocer y pagar a la
actora la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, así como los intereses
a estas. Si bien el Fondo es una cuenta especial de la nación, de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 tiene patrimonio propio.

43. En esas condiciones, la decisión de primera instancia no produjo una situación
desfavorable al ministerio en relación con la responsabilidad que cuestiona en su
recurso, de manera que carece de interés para controvertir ese aspecto de la
sentencia. Por lo tanto, el reparo resulta inocuo y, en consecuencia, la Sala se
abstendrá de efectuar un pronunciamiento adicional sobre este aspecto.

44. Igual suerte corre el reparo del Fomag relacionado con la actualización moratoria,

58 Samai tribunales, índice 42, documento 34.
59 Samai tribunales, índice 42, documento 33.

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pues en la sentencia de primera instancia no se ordenó indexación alguna
comoquiera que el tribunal hizo referencia en el marco jurisprudencial a la
improcedencia de indexar la sanción, y en la decisión no impartió orden alguna en lo
que atañe a este asunto. Así las cosas, no hay lugar a efectuar pronunciamiento
adicional sobre este puntual aspecto.

45. En cuanto a la improcedencia de la sanción moratoria, no le asiste razón al
Ministerio de Educación Nacional al sustentar su recurso en la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 202360, pues la regla fijada en
esa providencia se circunscribe a la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación anual de las cesantías de los
docentes estatales afiliados al Fomag. En cambio, en el presente asunto se reclama
la sanción derivada de la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

46. Respecto de este último supuesto, en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-
2018 del 18 de julio de 2018 se estableció que, al docente oficial, por su condición
de servidor público, le era aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en materia de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
En consecuencia, la afiliación de Nasly del Rosario Lozano Alegría al Fomag no
excluía la aplicación de dicho régimen ni hacía improcedente, por esa sola
circunstancia, la sanción reclamada.

47. Establecida la procedencia de la sanción moratoria, corresponde determinar su
período de causación. Para tal efecto, se encuentra establecido que Nasly del
Rosario Lozano Alegría presentó la solicitud de reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, la prestación solo
fue reconocida mediante la Resolución 4143.010.21.02838 del 13 de marzo de 2018,
por valor de $588.479.

48. Ahora bien, le asiste razón al Fomag en cuanto cuestionó el extremo final del
período de causación de la sanción moratoria, pues el tribunal lo extendió hasta el 2
de mayo de 2022, día anterior al retiro efectivo de los recursos. Sin embargo, las
pruebas decretadas en segunda instancia acreditaron que las cesantías definitivas
reconocidas a Nasly del Rosario Lozano Alegría fueron puestas a su disposición el
29 de mayo de 2018 y que, al no ser cobradas, su pago fue posteriormente
reprogramado para el 27 de abril de 2022.

49. En esas condiciones, no era procedente extender la sanción hasta el momento en
que la beneficiaria retiró efectivamente el dinero, pues desde el 29 de mayo de 2018
los recursos se encontraban a su disposición. En un asunto similar, esta Subsección
precisó que la mora se contabiliza hasta la puesta a disposición de las cesantías, sin

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-33-33-001-2022-00016-
01 (5746-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar: «Los docentes estatales afiliados al Fomag no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989».

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incluir la posterior reprogramación o el retiro efectivo de los recursos, siempre que no
se acredite que el interesado hubiera requerido a la entidad para obtener el pago61.

50. En ese sentido, a partir de ese momento cesó el incumplimiento atribuible a la
administración, sin que se encuentre acreditada alguna circunstancia que hubiese
impedido a Nasly del Rosario Lozano Alegría acceder a ellos. En consecuencia, se
modificará el período de causación de la sanción moratoria para establecer que se
causó desde el 16 de enero de 2016 hasta el 28 de mayo de 2018.

51. Sobre el extremo inicial, la Sala advierte que, por congruencia con las
consideraciones de la sentencia apelada y el cómputo allí efectuado, debe
entenderse que la fecha correcta corresponde al 16 de enero de 2016, de manera
que la referencia al 6 de enero de ese año contenida en su parte resolutiva obedeció
a un error de transcripción.

52. También prospera el recurso del Fomag respecto del reconocimiento de los
intereses a las cesantías, pues las pruebas decretadas en segunda instancia
desvirtúan la premisa sobre la cual el tribunal ordenó su pago. Esto es así porque,
aunque en la sentencia apelada se consideró que Nasly del Rosario Lozano Alegría
tenía derecho a los intereses correspondientes al período laborado entre el 16 de
marzo y el 17 de julio de 2015, de conformidad con el extracto expedido por la
Fiduprevisora SA el 5 de julio de 2024, se acreditó que sobre las cesantías
correspondientes al año 2015, por valor de $588.479, se liquidaron intereses por
$30.189 y estos fueron pagados el 31 de mayo de 2016.

53. Además, dicho documento registra el pago de intereses por $44.254 el 31 de
marzo de 2017 y $37.486 el 28 de marzo de 2018. En consecuencia, no procede
ordenar nuevamente el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías
correspondientes al año 2015, pues la obligación que sustentó esa condena ya había
sido satisfecha.

54. De conformidad con lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia en
cuanto al período de causación de la sanción moratoria, para establecer que esta se
causó desde el 16 de enero de 2016 hasta el 28 de mayo de 2018. Asimismo, se
revocará la orden de reconocer y pagar los intereses a las cesantías
correspondientes al año 2015, por encontrarse acreditado su pago.

2.5. Costas

55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de junio de 2026, radicado

25000-23-42-000-2018-02038-01 (5859-2024), consejero ponente Jorge Edison Portocarrero
Banguera.

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Radicado: 76001-23-33-008-2017-01619-01 (5157-2024)
Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma62.

58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

59. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Nasly del Rosario Lozano
Alegría tenía derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de sus cesantías definitivas, la cual se causó desde el 16 de enero de 2016 hasta el
28 de mayo de 2018, fecha anterior a aquella en que los recursos fueron puestos a
su disposición. Asimismo, se acreditó que los intereses a las cesantías
correspondientes al año 2015 ya habían sido pagados.

61. En esas condiciones, se modificará la sentencia proferida el 14 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto al período de causación
de la sanción moratoria, y se revocará la orden de reconocimiento y pago de los
intereses a las cesantías correspondientes al período laborado entre el 16 de marzo
y el 17 de julio de 2015. En lo demás, se confirmará la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

62 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Nasly del Rosario Lozano Alegría

FALLA

Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, Ordenar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que reconozca y pague a la demandante,
la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo para el periodo
comprendido entre el 16 de enero de 2016 y el 28 de mayo de 2018, teniendo en
cuenta como base para calcular el monto de la sanción, la asignación básica diaria
devengada por el servidor público para el momento en que se causó la mora.

Segundo. Revocar el ordinal 3 de la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar a Nasly del Rosario Lozano
Alegría los intereses a las cesantías de forma proporcional al período laborado entre
el 16 de marzo y el 17 de julio de 2015.

Tercero. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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