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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02038-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02038-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual, quedará así: Cuarto: Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagar a la señora Myriam Vargas Ávila, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.510.394, la sanción moratoria ocasionada por el pago tardío de las cesantías definitivas, durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2015 hasta el 25 de agosto de 2016, razón de un (1) día de salario por cada día de mora, precisando que en caso de pago parcial por concepto de dicha penalidad, sólo deberá pagar la suma faltante de la sanción moratoria. Para la liquidación de la sanción moratoria, se tendrá en cuenta la asignación básica que devengaba la demandante al momento de su retiro del servicio. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02038-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-02038-01 (5859-2024)1
Demandante: Myriam Vargas Ávila
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La señora Myriam Vargas Ávila, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la

jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto producto del silencio administrativo negativo, configurado por la falta de
respuesta a la petición elevada el Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), que

1
Expediente híbrido.
2
Folios 27 a 38.

2

Número Interno: 5859-2024
Accionante: Myriam Vargas Ávila
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de
2006.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) el reconocimiento y pago de la

sanción moratoria por el retardo en el pago de la cesantía definitiva, equivalente a un (1)
día de salario por cada día de retardo, causada a partir del 06 de agosto de 2015, fecha
en la que se vencieron los sesenta y cinco (65) días hábiles contados a partir del 29 de
abril de 2015, fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía
y hasta el día Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), fecha que se hizo
efectivo el pago; (ii) pagar la indexación ordenando la actualización del valor que resulte
de la sanción moratoria, aplicando para el efecto la variación del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, conforme a la fórmula señalada por esta
Jurisdicción; (iii) el cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; (iv) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia,
conforme lo establecido en el artículo 195 ibidem, en concordancia con la sentencia C-
188 de 1999 y (v) condenar en costas a la demandada conforme al artículo 188 del
CPACA.

1.1.2. Hechos

3. La señora Myriam Vargas Ávila afirmó que, en calidad de docente nacionalizada, prestó
sus servicios hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014) y que,
mediante solicitud radicada el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Quince (2015) ante la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C. – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 3626 del Veinte (20) de junio de Dos Mil
Dieciséis (2016), la entidad reconoció y ordenó el pago de la prestación por valor de
Ciento Ochenta y Dos Millones Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos
($182.132.762), ordenando descontar la suma de Siete Millones Setecientos Noventa y
Tres Mil Novecientos pesos ($7.793.900) por concepto de anticipos, para un saldo líquido
de Ciento Setenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta
y Dos pesos ($174.338.862).

5. Indicó que, de conformidad con la Ley 1071 de 2006, la entidad contaba con quince
(15) días hábiles para expedir el acto administrativo de reconocimiento y con un término

3

Número Interno: 5859-2024
Accionante: Myriam Vargas Ávila
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago de las cesantías
reconocidas; no obstante, afirmó que el pago del saldo de la cesantía definitiva se realizó
el Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a través del Banco BBVA.

6. Expuso que, el término de sesenta y cinco (65) días hábiles contados desde la
radicación de los documentos para el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva
venció el Seis (6) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por lo que, desde esa fecha, y
hasta el Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se causó una mora de
cuatrocientos cuarenta y ocho (448) días, circunstancia que, en su criterio, daba lugar al
reconocimiento de la sanción moratoria equivalente a un día del último salario devengado
por cada día de retraso.

7. Sostuvo que, presentó solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante
la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, el Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017). Sin embargo, la
entidad no resolvió de fondo la petición dentro del término previsto en el artículo 83 del
CPACA, por lo que, se configuró el acto ficto presunto derivado del silencio administrativo
negativo y, contra éste, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.1.3. Concepto de violación

8. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

8.1. Constitucionales y convencionales: artículos 2º, 4º, 6º, 13, 25, 29,

incisos 2º y 3º del 53; 58, 123, y 228 de la Constitución Política.

8.2. Legales y reglamentarias: artículos 2º, numeral 5º; 3º y 9º de la Ley 91

de 1989; artículo 56 de la Ley 962 de 2005; artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 1071
de 2006; artículos 83, 138, parte final y último inciso del numeral 2 del artículo
161; 162, 163, literal d del 164, 179 y siguientes del CPACA; artículo 102 del
Decreto reglamentario 1848 de 1968; artículos 2 y 3 del Decreto 2831 de 2005.

9. Sostuvo que, la entidad demandada vulneró los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de

2006, en concordancia con la Ley 91 de 1989 y los principios constitucionales de eficacia,
igualdad y protección al trabajo, al omitir el reconocimiento y pago oportuno de las

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Accionante: Myriam Vargas Ávila
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

cesantías definitivas solicitadas por la señora Myriam Vargas Ávila. En efecto, la actora
radicó la solicitud de reconocimiento y pago de dicha prestación el 29 de abril de 2015,
mientras que el pago efectivo del saldo de la cesantía definitiva solo se realizó el 4 de
noviembre de 2016, excediendo los términos legales previstos para la expedición del acto
de reconocimiento y el pago de la prestación, situación que genera la sanción moratoria
consistente en un (1) día de salario por cada día de retardo.

10. Expuso que, al configurarse el incumplimiento de los plazos establecidos por el

legislador para resolver la solicitud y efectuar el pago de las cesantías definitivas, surgió
a favor de la demandante el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 2006, liquidada desde el vencimiento de los sesenta y cinco (65) días
hábiles posteriores a la radicación completa de la solicitud hasta la fecha en que se realizó
el pago efectivo de la prestación. La negativa de la administración de reconocer y
cancelar dicha sanción desconoció el marco normativo aplicable y produjo un menoscabo
en los derechos patrimoniales de la servidora.

1.2. Contestación de la demanda3

11. La entidad demandada sostuvo que, se opone a las pretensiones de la demanda, al

considerar que no se configuró una actuación irregular en el trámite de reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas de la señora Myriam Vargas Ávila. Señaló que, la
prestación fue reconocida mediante la Resolución No. 3626 del 20 de junio de 2016 y que
el pago se efectuó conforme al procedimiento establecido para el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, a través de la entidad fiduciaria
encargada, por lo que indicó que no existió mora atribuible a la administración que
generara el reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006, resaltando
además las particularidades del trámite de pago de las prestaciones sociales a cargo del
FOMAG.

12. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: «ineptitud sustancial de la demanda
por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 161 del CPACA, no se demostró el acto ficto»4;
«inexistencia de la obligación»; y «caducidad».

1.3. Sentencia de primera instancia5

3
Folios 45 a 63.
4
Tribunal de origen, índice 29, mediante auto del 16 de septiembre de 2021, el Tribunal declara no probada la excepción.
5
Tribunal de origen, índice 50.

5

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Accionante: Myriam Vargas Ávila
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

13. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Dos (2) de noviembre de Dos Mil Veintitrés
(2023), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
declaró la existencia y nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio
administrativo negativo frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria. A título de restablecimiento del derecho, ordenó el pago de la sanción
correspondiente, sin condena en costas.

14. Como sustento de lo anterior, el Tribunal expuso que, la demandante presentó la

solicitud de reconocimiento y pago de cesantías definitivas el Veintinueve (29) de abril de
Dos Mil Quince (2015), las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución No. 3626
del Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), expedida por la Secretaría de
Educación de Bogotá, en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por un valor de Ciento Ochenta y Dos Millones Ciento Treinta y
Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos ($182.132.762), ordenándose descontar la
suma de Siete Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Novecientos pesos ($7.793.900)
por concepto de cesantías parciales ya pagadas, para un valor neto a cancelar de Ciento
Setenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos
pesos ($174.338.862), las cuales fueron efectivamente pagadas el Cuatro (4) de
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), a través de la entidad bancaria BBVA.

15. Señaló que, mediante petición radicada el Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete

(2017), la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006 por la tardanza en el pago de sus cesantías
definitivas. No obstante, la entidad no emitió una respuesta frente a dicha solicitud, razón
por la cual se configuró el acto administrativo negativo ficto por silencio administrativo.

16. En ese sentido, el Tribunal precisó que, conforme a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de

2006, la administración contaba con un término de quince (15) días hábiles para expedir
el acto de reconocimiento de las cesantías, diez (10) días para su ejecutoria y cuarenta
y cinco (45) días hábiles adicionales para efectuar su pago. En el caso concreto, encontró
acreditado que la solicitud fue presentada el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Quince
(2015), razón por la cual, el término de setenta (70) días hábiles con que contaba la
administración para reconocer y pagar las cesantías venció el Catorce (14) de agosto de
Dos Mil Quince (2015).

6

Número Interno: 5859-2024
Accionante: Myriam Vargas Ávila
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17. Con fundamento en ello, concluyó que la mora en el pago de las cesantías se

configuró desde el Quince (15) de agosto de Dos Mil Quince (2015), día siguiente al
vencimiento del término legal previsto para efectuar el pago, hasta el Tres (3) de
noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), día anterior a aquel en que se materializó el pago
efectivo de la prestación, para un total de Cuatrocientos Cuarenta y Cinco (445) días de
mora. En consecuencia, ordenó reconocer y pagar a la demandante la sanción moratoria
equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, tomando como base la
asignación básica que devengaba al momento de su retiro del servicio.

18. Asimismo, el Tribunal precisó que no era procedente la indexación de la sanción
moratoria, en atención a que esta constituye una penalidad impuesta por el
incumplimiento en el pago oportuno de las cesantías, por lo que actualizar su valor
implicaría imponer una doble sanción por la misma conducta. No obstante, negó
únicamente las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
al no evidenciarse una conducta de mala fe o abuso del derecho por parte de la
demandante.

19. Finalmente, señaló que no operó la prescripción extintiva del derecho, toda vez que,
la sanción moratoria se hizo exigible a partir del Quince (15) de agosto de Dos Mil Quince
(2015) y la demandante presentó la reclamación administrativa el Diez (10) de febrero de
Dos Mil Diecisiete (2017), es decir, antes de transcurridos los tres (3) años previstos para
reclamar dicha sanción. Igualmente, precisó que, entre la reclamación administrativa y la
presentación de la demanda tampoco transcurrió el término trienal de prescripción, razón
por la cual, resultaba procedente reconocer la sanción moratoria por todo el período de
mora acreditado.

1.4. Recurso de apelación6

20. La entidad recurrente sostuvo que, si bien las cesantías solicitadas por el demandante
fueron reconocidas y puestas a disposición de manera posterior al término legal, el pago
efectivo para efectos de la sanción moratoria debía entenderse realizado el veintiséis (26)
de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), fecha en la cual, según el certificado expedido por
Fiduciaria La Previsora S.A., los recursos fueron puestos a disposición del docente. En
ese sentido, indicó que la posterior reprogramación de los dineros para el Primero (1) de

6
Tribunal de origen, índice 53.

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noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016) obedeció exclusivamente a la falta de retiro
oportuno de los recursos por parte la demandante, circunstancia que no podía ser
atribuida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

21. Como sustento de su posición, citó la sentencia del Veintidós (22) de julio de Dos Mil
Veintiuno (2021), proferida por el Consejo de Estado, dentro del expediente 05001-23-
33-000-2017-02996-01, en la cual se precisó que, para establecer el término de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, no solo debe analizarse la fecha en
que se efectuó el pago, sino también el momento en que los recursos estuvieron
disponibles para su cobro, pues, no puede permitirse que el beneficiario prolongue
“artificialmente” el término de mora mediante su inactividad.

22. Con fundamento en lo anterior, argumentó que la carga de demostrar que adelantó
las gestiones necesarias para obtener el pago, y que la administración se negó a
entregarlo, le correspondía al actor, de conformidad con las reglas de la carga de la
prueba previstas en el artículo 167 del Código General del Proceso, circunstancia que, a
su juicio, no se acreditó en el expediente.

23. En consecuencia, afirmó que la liquidación de la sanción moratoria realizada por el A
quo era errada, dado que, contabilizó un período superior al realmente causado. Por ello,
sostuvo que el término de mora debía liquidarse únicamente desde el Quince (15) de
agosto de Dos Mil Quince (2015), día siguiente al vencimiento del plazo legal para
efectuar el pago de las cesantías, hasta el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), para un total de 377 días de mora, sin incluir ni el día límite para el pago ni la
fecha en que los recursos fueron puestos a disposición del demandante. En virtud de ello,
solicitó revocar la decisión de primera instancia en lo relativo a la liquidación de la sanción
moratoria, al considerar que, mantener una condena superior implicaría una afectación
injustificada a los recursos públicos destinados al pago de las prestaciones sociales a
cargo del Fondo.

1.5 . Trámite de segunda instancia

24. Por medio de auto del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero

ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de conformidad

7
Samai, índice 8.

8

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con lo previsto en el artículo 247 del CPACA. Asimismo, negó la prueba solicitada por la
accionada en el recurso de alzada, por no cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 212 ibidem. Sin embargo, decretó de oficio dicho medio probatorio, al estimarlo
necesario para el esclarecimiento de la verdad, de conformidad con el artículo 213 del
CPACA. Finalmente, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

25. Las parte demandada reiteró los argumentos de la apelación8. Por su parte, la

accionante solicitó confirmar la sentencia apelada9. De otro lado, el Ministerio Público no
emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

27.1 ¿Procede la modificación de los extremos temporales fijados por el A quo para

liquidar la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta
que, la entidad demandada sostiene que las cesantías definitivas fueron puestas a
disposición de la demandante el Veintiséis (26) de Agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), de manera que, cualquier retraso posterior en su cobro no le es atribuible?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la sanción moratoria

28. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías

8
Samai, índice 18.
9
Samai, índice 19.

9

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definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las
mismas10.

29. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el

objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y
servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1). Igualmente, estipuló el término

para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la
sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 así:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de
las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

30. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la

sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 estudió las distintas
hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del acto de
reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la
notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales 11:

10
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
11
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías
parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación
de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la
petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución”.

10

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SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 12 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.

31. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en cuanto

al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base
(sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .

2.4 . Pruebas recaudadas

32. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:

• Resolución No. 2120 del Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), a
través de la cual se acepta la renuncia, entre otros, de la docente Myriam Vargas Ávila,
a partir del Primero (1º) de enero de Dos Mil Quince (2015) 13.

12
Artículo 69 CPACA.
13
Folios 12 a 16.

11

Número Interno: 5859-2024
Accionante: Myriam Vargas Ávila
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

• Petición de Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Quince (2015)14, a través de la cual,
la accionante solicitó ante la Secretaría de Educación de Bogotá el reconocimiento y
pago de unas cesantías definitivas.

• Formato único de expedición de certificado de historia laboral y de salarios, emitido el
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016) por la Secretaría Distrital de
Educación de Bogotá, a nombre de la señora Myriam Vargas Ávila, mediante el cual
se certifica su vinculación como docente en propiedad desde el Diez (10) de junio de
Mil Novecientos Setenta (1970) 15.

• Resolución 3626 de Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016)16, con la que la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá reconoció las cesantías definitivas a
favor de la señora Myriam Vargas Ávila.

• Notificación de la Resolución 3626 de Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016)17, que data de Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016).

• Comprobante de consignación emitido por el banco BBVA, que da cuenta que los
recursos le fueron pagados a la actora el Cuatro (4) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis
(2016)18.

• Petición radicada el Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)19, mediante
radicado E-2017-26532 ante la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, en la que, la actora
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

• Oficio No. S-2017-21926 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017),
suscrito por la profesional especializada de la Secretaría de Educación de Bogotá,
mediante el cual se dio respuesta a la petición presentada por la demandante bajo el
radicado No. E-2017-26532 del Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017),
indicando el trámite aplicable para el reconocimiento de las prestaciones sociales de
los docentes y advirtiendo que la solicitud fue remitida por competencia a la Fiduciaria

14
Folio 8.
15
Folios 9 a 11.
16
Folios 15 a 16.
17
Folio 16.
18
Folio 17.
19
Folios 4 a 7.

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La Previsora (FIDUPREVISORA S.A.), a efectos de emitir la respuesta de fondo
correspondiente20.

• Acta de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría Novena Judicial II para
Asuntos Administrativos de Quince (15) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), que
se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio entre las partes 21.

• Certificado del Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), expedido por la
Fiduprevisora S.A. - FOMAG, mediante la cual se hace constar el pago de las
cesantías definitivas reconocidas a la señora Myriam Vargas Ávila, el veintiséis (26)
de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)22.

2.5 . Caso concreto.

33. De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que, la señora

Myriam Vargas Ávila, solicitó el pago de sus cesantías definitivas el Veintinueve (29) de
abril de Dos Mil Quince (2015). Por lo tanto, el acto administrativo debió expedirse en
el término de Quince (15) días exigido en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, esto es,
el Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Quince (2015), de modo que, la Resolución No.
3626 Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), fue emitida de manera
extemporánea.

34. Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que, el término

de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub-lite empezó a correr como se muestra
en el siguiente cuadro:

Reclamación para el pago de las 29 de abril de 2015
cesantías definitivas
Término de 15 días para emitir acto 25 de mayo de 2015
administrativo
Vencimiento del término de ejecutoria – 10 de junio de 2015
10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 18 de agosto de 2015
días (Art. 5 Ley 1071 de 2006)

20
Folios 103 a 104.
21
Folios 26 a 27.
22
Tribunal de origen, índice 53.

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35. Así las cosas, se corrobora que las cesantías fueron reconocidas a través de

Resolución 3626 de Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), y puestas a
disposición por la Fiduprevisora el Veintiséis (26) de Agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), de forma extemporánea, realizándose reintegro por no cobro:

36. En ese sentido, teniendo en cuenta la prueba decretada de oficio en segunda
instancia, la Sala advierte que, la certificación emitida por el Fondo de Prestaciones

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Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A, es válida, toda vez que, su contenido
coincide con el recibo del BBVA con la demanda, el cual tiene una anotación del siguiente
tenor: “fecha de reprogramación de pago”. Por lo anterior, se entiende que, quedó a disposición
de la demandante el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y que, pese
a ello, las sumas no fueron cobradas y se reintegró el dinero. Siendo así las cosas, se
reprogramó nuevamente la entrega el Primero (1º) de noviembre de Dos Mil Dieciséis
(2016) por el valor de Ciento Setenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta y Dos pesos ($174.338.862,00), suma que corresponde a la
reconocida mediante la Resolución No. 3626 de Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), siendo beneficiaria de ella la señora Myriam Vargas Ávila.

37. Esta Sala, en un proceso de contornos fácticos similares, precisó que23, «la mora se
toma hasta el momento en que se pone a disposición las cesantías, sin que se contabilicen escenarios
como la reprogramación o el retiro efectivo del dinero de la entidad bancaria, siempre y cuando no se
acredite que el interesado haya requerido a la entidad sobre el pago, de ahí que le asista razón a la parte
demandada con las objeciones planteadas con la alzada sobre este particular». En consecuencia, le

23
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, de 16 de mayo de 2025, 08001-23-33-000-2020-
00072-01 (6992-2023) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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asiste razón a la parte demandada con respecto a los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, puesto que, en el presente caso, no se acreditó que la demandante
hubiera realizado alguna gestión ante la entidad para reclamar el pago.

38. En tal virtud, no le asiste razón al A quo al fijar los extremos temporales de la sanción

moratoria del pago de las cesantías, desde el Quince (15) de agosto de Dos mil Quince
(2015), hasta el Tres (3) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

39.En ese sentido, los extremos temporales para contabilizar la sanción moratoria
derivarán del retardo en el pago de las cesantías, corresponden al Diecinueve (19) de
agosto de Dos mil Quince (2015), hasta el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016), para un total de 373 días.

40.Siendo así las cosas, la Sala concluye que, los argumentos planteados en el recurso
de alzada cuentan con vocación de prosperidad y, en ese sentido, modificará la sentencia
de primera instancia, para ordenar que el reconocimiento de la sanción moratoria se
reconocerá a partir del Diecinueve (19) de agosto de Dos mil Quince (2015) hasta el
Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016).

2.6 Conclusión

41. La Sala concluye que, le asiste razón a la parte demandada en los argumentos

planteados en el recurso de alzada, toda vez que, se acreditó que los recursos
correspondientes a las cesantías definitivas de la demandante fueron puestos a su
disposición el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), razón por la cual, la
sanción moratoria procede únicamente por el período comprendido entre el Diecinueve
(19) de agosto de Dos Mil Quince (2015) y el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016), para un total de trescientos setenta y tres (373) días de mora, motivo
por el cual, se modificará la sentencia de primera instancia en lo relativo al extremo
temporal y se confirmará en lo demás la sentencia apelada.

2.6 Condena en costas.

42. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala

temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por

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la cual, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del Dos (2) de Noviembre
de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, el cual, quedará así:

Cuarto: Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pagar a la señora Myriam Vargas Ávila,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.510.394, la sanción moratoria
ocasionada por el pago tardío de las cesantías definitivas, durante el periodo
comprendido entre el 19 de agosto de 2015 hasta el 25 de agosto de 2016, razón de
un (1) día de salario por cada día de mora, precisando que en caso de pago parcial
por concepto de dicha penalidad, sólo deberá pagar la suma faltante de la sanción
moratoria.

Para la liquidación de la sanción moratoria, se tendrá en cuenta la asignación básica
que devengaba la demandante al momento de su retiro del servicio.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Dos (2) de Noviembre de
Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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