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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00072-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00072-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del 21 de octubre del 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: «A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de un (1) día de salario por cada día de retardo, como sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 27 de abril de 2017. Teniendo en cuenta que la entidad sufragó el monto de $16.953.826, el cual fue cobrado por el demandante el 14 de abril de 2021 por concepto de sanción moratoria y corresponde a 159 días de mora y no a 163, le deberá pagar solo el valor correspondiente al saldo que equivale a 4 días, de acuerdo con los argumentos desarrollados en la motivación». SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 21 de octubre del 2022 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A accedió a las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00072-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 08001-23-33-000-2020-00072-01 (6992-2023)1
:
Demandante :
Jesús María Acosta Morales
Demandado :
Nación-Ministerio de Educación Nacional Fondo
:
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema Sanción moratoria por pago tardío de cesantías; pago
parcial de la sanción moratoria.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra
la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico (Sala de Decisión Oral A), que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

El señor Jesús María Acosta Morales, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado de la
reclamación radicada el 20 de febrero del 2019 mediante el cual la Nación-
Ministerio de Educación Nacional y Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai

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Nº Interno: 6992-2023
Demandante: Jesús Acosta Morales
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al
demandado a: (i) reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en el artículo
2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, consistente en
la cancelación de un día de salario por cada día de retardo, contados desde
los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías hasta
cuando se hizo efectivo el pago; (ii) el valor de la sanción se ajuste tomando
como base el índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó
el pago hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia; (iii) reconocer y
pagar los intereses moratorios causados sobre la sanción moratoria contados
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente
hasta que se efectué el pago de la sanción; (iv) se condene en costas y
agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El 3 de agosto de 2016, radicó solicitud de cesantías definitivas ante la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, la cual fue resuelta
mediante la Resolución No. 004 del 13 de enero del 2017.

El acto administrativo anterior fue modificado a través de la Resolución No.
1032 del 22 de octubre de 2018.

Manifiestan que el 15 de noviembre del 2016, luego de transcurridos los 70
días que tenía la entidad para pagar las cesantías, sin que hasta ese momento
se hubiese consignado en la entidad bancaria el monto correspondiente.

Afirma que las cesantías fueron canceladas el 18 de enero de 2019, fecha para
la cual ya habían trascurrido 794 días de mora.

Finalmente, el 20 de febrero del 2019, radicó reclamación de reconocimiento
y pago de su sanción moratoria por pago extemporáneo de sus cesantías sin
que se haya resuelto la solicitud.

Debe decirse que el accionante es docente adscrito a la secretaria de
educación del Atlántico.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

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Nº Interno: 6992-2023
Demandante: Jesús Acosta Morales
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, Ley 244 de 1995 artículo 1 subrogado
por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006

El demandante manifiesta que, de conformidad con los términos fijados en la
ley, la entidad demandada incumplió la obligación que sufragar las cesantías
dentro de los setenta días posteriores a su solicitud. Por lo tanto, tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en aplicación del amplio
precedente jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado.

2. Contestación de la demanda.

No contestaron la demanda la Nación-Ministerio de Educación Nacional Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico (Sala de decisión oral A), mediante
sentencia proferida el 21 de octubre de 2022, accedió a las pretensiones de la
demanda (sin condena en costas)2.

Consideró que, de conformidad con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, la indemnización moratoria es una sanción a cargo del
empleador moroso que permite resarcir los daños que se ocasionan ante el
incumplimiento en el pago de la liquidación del auxilio de cesantías dentro de
los plazos establecidos.

En consecuencia, determinó que el demandante tenía derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío del auxilio de cesantías
al haberse excedido los límites temporales para resolver la petición de
cesantía. Por lo tanto, declaró la nulidad del acto ficto o presunto surgido de la
falta de respuesta a la petición del 20 de febrero de 2019 ordenando al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagar un día de salario por
cada día de retardo por el periodo comprendido entre 17 de noviembre de 2016

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Índice 001 del aplicativo SAMAI-Archivo No. 30- página 31

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

y el 17 de enero de 2019, al establecer que existieron 528 días de mora y no
794.

Además, puntualizó que, la entidad responsable de la condena es el Ministerio
de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, teniendo en cuenta
que los actos administrativos proferidos por delegación de la Secretaría de
Educación Departamental son de su competencia y deben asumir las
consecuencias que de ellos resulte.

Finalmente, concluyó que no había lugar a indexar la sanción moratoria pues
por su naturaleza no es posible el ajuste como lo ha dispuesto la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en sentencia de unificación.

4. El recurso de apelación.

La parte demandada, Nación- Ministerio de Educación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, solicita revocar o modificar la
sentencia de primera instancia3. Argumenta que el juez se equivocó al
momento de la interpretación de las pruebas documentales, teniendo en
cuenta:

Indicando el desfase en el conteo de días en mora lo que atenta contra los
intereses de la entidad. Resaltando que existe una diferencia entre el momento
en que es puesto a disposición el dinero por parte de la Fiduprevisora y otra la
fase en que el interesado efectúa el cobro de los dineros.

Así las cosas, las cesantías quedaron a disposición desde el 24 de abril del
2017 y el dinero no fue cobrado siendo reprogramado nuevamente para el 21
de enero de 2019, por valor de $ 9.527.474.

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Índice 001 del aplicativo SAMAI-Archivo 32

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Expone que, tampoco se tuvo en cuenta el pago de la sanción mora realizado
por la entidad el día 30 de marzo de 2021 por un valor de $16.953.826
cancelando con ello los días que por ley tenía derecho.

5. Alegatos de conclusión

En auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se les corrió traslado para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 4, el

4
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»

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juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
la Sala debe determinar los límites temporales de la sanción moratoria que se
generó por el retardo en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
Además, de revisar si existe sustracción de materia ante el pago de la sanción
moratoria.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria;
2.2. Hechos probados; 2.3. Caso concreto y 2.4. Condena en costas

2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria

La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos
para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones» señala el procedimiento para la
liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos,
y en el parágrafo del artículo 2 regula la sanción moratoria causada por el
incumplimiento de la entidad pública empleadora consistente en un día de
salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas5. Esta ley
fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el
objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación»
(art. 1). Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta

5
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá
y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a éste”.

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deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este».

Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y
oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso
oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos
de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales6:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley7 para que la entidad intentará
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y
1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables
para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».

6
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
7
Artículo 69 CPACA.

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación
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Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en
cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de
indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario
base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la
fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo»

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.»

2.2. Hechos probados.

i) Resolución No. 004 del 13 de enero de 2017, por medio del cual la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico reconoció las cesantías
definitivas, por valor de $ 24.951.266.00. 8

ii) La notificación personal del acto administrativo se efectuó el 15 de febrero
del 2017.9

iii) Resolución No.1032 del 22 de octubre del 2018, por medio del cual la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, modificó el numeral 5
del acto administrativo No. 004 del 13 de enero del 201710:

8
Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 022, fl. 334-387
9
Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 022, fl. 339
10
Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 001, fl. 26-28

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación
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iv) La notificación personal del acto administrativo se efectuó el 24 de octubre
del 201811.

v) Comprobante del pago en efectivo por parte del banco BBVA el 24 de
enero del 201912.

vi) Reclamación administrativa de sanción moratoria radicado el 20 de febrero
de 2019 ante el Fondo de prestaciones sociales del magisterio del Atlántico13.

vii) En respuesta a la prueba de oficio decretada el 5 de diciembre del 202414
por la Sala, la Fiduprevisora certificó que las cesantías definitivas se
pusieron a disposición del demandante el 28/04/2017, el cual se reprogramó
el 22/01/2019 y el cobro se realizó el 24/01/2019. Además, que realizó el
pago por concepto de sanción moratoria el cual fue reconocido por vía
administrativa quedando a disposición el 5 de abril del 2021 por valor de $
16.953.826 a través del banco BBVA, cuyo cobro se realizó el 14/04/202115.
Esta información se encuentra en el índice 00016 de Samai y de ella se le
dio traslado a la parte demandante desde el 31/03/2025 según índice 00019
de Samai. Según la constancia secretarial no hubo pronunciamiento de la
parte actora conforme el índice 00020 de Samai.

2.3. Caso concreto.

De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que el
actor solicitó el pago de sus cesantías definitivas el 3 de agosto del 2016. Por
lo tanto, el acto administrativo debió expedirse en el término de 15 días exigido
en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, esto es, el 25 de agosto de 2016, de
modo, que la expedición de la Resolución 004 del 13 de enero de 2017 fue
extemporánea.

Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr
desde el 16 de noviembre de 2016, como se muestra en el siguiente cuadro:

11
Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 022, fl. 28
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Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 001, fl. 29
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Índice 001 del aplicativo Samai, archivo 001, fl. 1,31-32
14
Índice 32 del aplicativo Samai
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Índice No.00016 del aplicativo Samai

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Reclamación para el pago de las cesantías 3 de agosto de 2016
definitivas
Vencimiento del término para el 25 de agosto de 2016
reconocimiento - 15 días (Art. 4 Ley 1071/2006
Vencimiento del término de 8 de septiembre de 2016
ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 días 15 de noviembre de 2016
(Art. 5 Ley 1071 de 2006)

Así las cosas, y en atención a la respuesta otorgada a la prueba de oficio por
parte de la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales (FOMAG) se corrobora
que la cesantía definitiva se puso a disposición de la accionante a través de
una entidad bancaria el 28 de abril del 2017 de forma extemporánea,
realizándose el reintegro a la entidad por no cobro, y reprogramándose
nuevamente el pago para el 22 de enero del 201916; Por lo tanto, no le asiste
razón al A quo en la forma en qué fijó los extremos de la sanción moratoria del
pago de las cesantías desde el 17 de noviembre de 2016 hasta el 17 de
enero de 2019.

En consecuencia, la mora se toma hasta el momento en que se pone a
disposición las cesantías, sin que se contabilicen escenarios como la
reprogramación o el retiro efectivo del dinero de la entidad bancaria, siempre
y cuando no se acredite que el interesado haya requerido a la entidad sobre el
pago, de ahí que le asista razón a la parte demandada con las objeciones
planteadas con la alzada sobre este particular.

Debe decirse que este criterio, el de la contabilización de la mora hasta el
momento en que se ponen los dineros a disposición del reclamante, es
sostenido por esta Subsección en providencia del veinticinco (25) de enero de
dos mil veinticuatro (2024), Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero
Banguera, Radicado: 47001-23-33-000-2020-00124-01, N° Interno: 5223-
2022.

De conformidad con lo precedente, se causó un período de mora desde el 16
de noviembre de 2016 (día siguiente al vencimiento del término para pagar

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Índice No.00016 del aplicativo Samai, página 7 del archivo.

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las cesantías definitivas) hasta el 27 de abril de 2017 (un día antes que
FOMAG pusiera a disposición el pago de las cesantías) generándose un
retardo de 163 días.

Como la reclamación de la sanción moratoria se presentó el 20 de febrero de
2019, para esa fecha no había operado la prescripción de esta, conforme con
el criterio establecido en la sentencia de unificación del 2 de noviembre de
2023.

Ahora bien, otra de las inconformidades presentadas en el recurso de alzada
se centró en manifestar que al demandante se le pagó la sanción moratoria
por vía administrativa. Hecho que se pudo corroborar con la prueba de oficio
recabada a instancias del auto del 5 de diciembre de 2024, al adjuntarse
documento donde la Dirección de Prestaciones Económicas del Fondo del
Magisterio certificó que el 5 de abril del 2021 el FOMAG puso a disposición
de la parte demandante el monto de $16.953.826, el cual fue cobrado el 14 de
abril del 202117.

No obstante, los días de mora son 163 y no 159 días como lo enunció la parte
demandada en la apelación. Por lo tanto, faltaría un excedente por pagar.

Bajo estas circunstancias, y conforme a las pruebas oportunamente allegadas
al proceso y apreciadas por esta Sala, la entidad demandada transgredió su
obligación de efectuar el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,
causándose una mora desde el 16 de noviembre de 2017 hasta el 27 de abril
de 2017. Así las cosas, se reitera que la sanción moratoria es una penalidad
ante la omisión en el reconocimiento de las cesantías. Por lo tanto, vencido el
plazo para pagar las cesantías sin que esta se logre efectuar, se incurre en
mora al tenor de los parágrafos de los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de
la Ley 1071 de 2006

En virtud de lo anterior, la entidad demandada deberá realizar la liquidación de
la sanción moratoria correspondiente a los cuatro (4) días de mora que no
fueron contabilizados en el cálculo inicialmente efectuado y pagado, según lo

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Índice No.00016 del aplicativo Samai, página 6 del archivo.

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expuesto en líneas anteriores. Se reitera que el total de días de mora asciende
a ciento sesenta y tres (163) y no a ciento cincuenta y nueve (159).

Cálculo que se hará con el último con el último sueldo básico devengado.

Por lo precedente se modifica el fallo solo en lo pertinente al cálculo de la
sanción moratoria.

En lo que concierne a la indexación se precisa que si bien la normativa no
contempla la actualización para el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en
economías inestables como la nuestra el mecanismo de la indexación de las
obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que
permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento
sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero resulta inequitativo y hace
que la prestación se liquide con montos empobrecidos.

En efecto, en sentencia de 15 de noviembre de 1995, esta sección, expediente
7760, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruiz, consideró que la
indexación no solo tiene un sustento legal en materia contencioso-
administrativa, sino que es un acto de elemental equidad, cuyo soporte
constitucional se encuentra en el artículo 230, en armonía con aquellos
conceptos de la Constitución que le asignan a las autoridades la función de
asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la
dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo, por lo
que no disponer el ajuste sería no solo un agravio a la integridad patrimonial
de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino
también un enriquecimiento sin causa de quien en su negativa de reconocer
oportunamente sus obligaciones, resulta haciendo a la postre una erogación
menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su obligación.

Tal actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino que también
se puede pagar en sede administrativa, comoquiera que es un beneficio legal
que garantiza los principios de equidad y justicia, en virtud de los cuales se
conserva la capacidad adquisitiva. Así lo ha estimado esta Corporación, en los
siguientes términos:

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Demandante: Jesús Acosta Morales
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
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«Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la
constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que
disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer
la indexación, en casos como el presente, es una decisión ajustada a la ley y un
acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentra sustento en nuestro
máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230
de la Carta.

No hay duda entonces que tiene aplicación el principio “pro operatio” a que alude
el artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un criterio del que se
auxilia el sentenciador para fundar su decisión.

Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte actora y
que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que
la demandante se vea obligada a percibir un ingreso devaluado, de manera que
represente el valor real al momento de su pago efectivo; por ello, se debe
reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del
deterioro inflacionario. Lo contrario implica desconocer no solo el hecho palmario
de la inflación, sino desoír claros principios de equidad. Esta Corporación ha
venido decantando estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.
[…]
No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos con
plenitud de efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez. En esa
medida, al invocar las razones de equidad y de justicia como sustento, lo que se
hace es dar aplicación al modelo constitucional garantista en el que la validez ya
no es un dogma asociado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad
contingente de la misma, ligada a la coherencia de sus significados con la
Constitución. Ello por sí habría legitimado la decisión de la administración de
actualizar los pagos extemporáneos que efectuó. Como no ocurrió así, procede
a esta Sala ordenarlo mediante este proveído18 [se subraya] »

Por su parte, el artículo 187 del CPACA estableció el ajuste de valor de las
condenas proferidas por esta jurisdicción, indexación que no debe ser
desconocida, en virtud del principio pro homine19.

A su turno, en el tema específico de la sanción moratoria, en sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-201820, esta Corporación sostuvo:

«190. Por ello, en juicio de la Sala para justificar la indexación de la sanción por
mora en el pago de las cesantías, no es viable acudir al contenido del último
inciso del artículo 187 del CPACA, según el cual, «Las condenas al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
índice de precios al consumidor», pues en estricto sentido, la sentencia no
reivindica ningún derecho ni obligación insatisfecha, erigiéndose como

18
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 13 de julio de 2006, expediente 73001-23-31-
000-2002-00720-01(5116-05).
19
V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art.
1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención
sobre los Derechos del Niño.
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 18
de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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generadora de un beneficio económico para el demandante cuya única causa fue
la demora en el pago de una prestación.

191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y
prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca
del ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción
moratoria no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección
Segunda del Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin
embargo, ello no implica el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos
descritos en el artículo 187 del CPACA »

En consecuencia, se advierte que si bien es cierto no procede la indexación
del capital base de liquidación, esto es, el reajuste de la asignación básica con
la cual debe ser calculada la sanción, no lo es menos que se trata de asuntos
distintos y ello no es óbice para dar aplicación al artículo 187 (inciso final) del
CPACA, en el sentido de actualizar las sumas líquidas de dinero que
correspondan a la condena irrogada como lo determinó el a quo.

2.4. Condena en costas.

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia
del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A que accedió
a las pretensiones de la demanda, en el sentido que el período objeto de
sanción moratoria corresponde al comprendido entre 16 de noviembre de 2016
hasta el 27 de abril de 2017.

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Demandante: Jesús Acosta Morales
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Conforme lo anterior, y ante el pago recibido el 5 de abril de 2021 a título de
sanción moratoria, la entidad solo le debe al demandante cuatro días, sobre
los cuales se liquidará el monto adeudado, en lo demás se confirmará.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la
sentencia del 21 de octubre del 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual
quedará así:

«A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al reconocimiento y pago de un (1) día de salario por cada día de
retardo, como sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el
16 de noviembre de 2016 hasta el 27 de abril de 2017. Teniendo en cuenta
que la entidad sufragó el monto de $16.953.826, el cual fue cobrado por el
demandante el 14 de abril de 2021 por concepto de sanción moratoria y
corresponde a 159 días de mora y no a 163, le deberá pagar solo el valor
correspondiente al saldo que equivale a 4 días, de acuerdo con los
argumentos desarrollados en la motivación».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 21 de octubre del 2022
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral A accedió a las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Demandante: Jesús Acosta Morales
Demandado: Nación- Ministerio de Educación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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