Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00370-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00370-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00370-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 41001-23-33-000-2019-00370-02 (0534-20261)
Demandante : Nubia Garzón González
Demandada : La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag y Departamento del Huila
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de cesantías anualizadas de docente
(1990 y 1991) y sanción moratoria
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Nubia Garzón González, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la anulación de los actos fictos
configurados por el silencio administrativo frente a la petición elevada el diecinueve (19)
de noviembre de dos mil dieciocho (2018), ante el departamento del Huila y la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, solicitando el reconocimiento y pago de las cesantías causadas para los años
1990 y 1991.
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Obrante en la herramienta electrónica Samai.
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Numero interno: 0534-2026
Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a las demandadas
al reconocimiento y pago de: (i) las cesantías anualizadas correspondientes a los años
1990 y 1991; (ii) la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, reglamentada por
el Decreto 1582 de 1998, por el incumplimiento en la consignación anualizada; (iii) la
indexación de la condena y los intereses causados desde la fecha en que se debió
realizar el pago de las cesantías, hasta que se efectúe el pago; (iv) ordenar el
cumplimiento del fallo conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA; y (v) condenar en
costas a las entidades demandadas.
1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones:
3. La señora Nubia Garzón González manifiesta que, desde el veintiséis (26) de febrero
de mil novecientos noventa (1990), se desempeña como docente, prestando sus
servicios para el departamento del Huila.
4. Que el ente territorial demandado no consignó dentro del plazo legal, las cesantías
correspondientes a los años 1990 y 1991; razón por la cual, está llamado a reconocer la
sanción moratoria generada por este retraso.
5. Indica que, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), presentó
reclamación administrativa ante el departamento del Huila y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, procurando el reconocimiento y pago de las
cesantías no consignadas, causadas en los años 1990 y 1991, sin obtener respuesta
alguna, por lo que, se generó acto ficto configurado el veintiuno (21) de febrero de dos
mil diecinueve (2019), el cual, presenta vicios de legalidad al desconocer el contenido de
las normas que regulan el régimen de cesantías de los servidores públicos.
6. Agrega que, en el último reporte del FOMAG no aparece reconocidas las cesantías.
1.3. Normas violadas y concepto de violación:
7. Aduce como normas presuntamente vulneradas: los artículos 13, 36, 83 y 58 de la
Constitución Política, los artículos 13 y 15 de la Ley 344 de 1946; los artículos 1 y 2 del
Decreto No. 1582 de 1998; los artículos 1 y 3 del Decreto 1252 de 2000; la Ley 91 de
1989 y, el Decreto No. 3118 de 1968.
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Demandante: Nubia Garzón González
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8. La parte actora sostuvo que el auxilio de cesantía constituye una prestación social de
creación legal, cuyo objetivo es garantizar al trabajador un ingreso que le permita atender
necesidades básicas al momento de quedar cesante o, en vigencia del vínculo laboral,
acceder a educación, mejoramiento o adquisición de vivienda.
9. Indicó que, esta figura nace de la relación laboral y tiene carácter obligatorio, en tanto
representa un ahorro forzoso del trabajador que debe ser pagado por el empleador en
los términos legales establecidos. Precisó que, el no pago oportuno constituye una
vulneración de derechos fundamentales, entre ellos, la dignidad humana, la igualdad y la
seguridad social.
10. Adujo que, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia del Honorable Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional –especialmente en la sentencia T-314 de 1998–, las
cesantías no pueden ser desconocidas por el Estado empleador, pues, se trata de un
verdadero derecho económico que, se incrementa con el tiempo y cuya omisión en el
pago transgrede el orden constitucional.
11. Sostuvo que, las cesantías son derechos irrenunciables, imprescriptibles y de orden
público, cuya finalidad es brindar una protección real al trabajador en el marco de
una relación jurídica de contenido solidario. En consecuencia, su pago debe efectuarse
de manera completa, oportuna y conforme al marco legal vigente.
2. Contestación de la demanda2.
12. El departamento del Huila, por intermedio de apoderado, se pronunció frente a los
hechos de la demanda, aceptando unos y manifestando no constarle otros. Se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, argumentando que, no es la encargada de asumir el
pago de lo reclamado por la demandante y, formuló como excepción la de «falta de
legitimación en la causa por pasiva».
13. Por su parte, La Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda.
3. La sentencia de primera instancia.
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Expediente digitalizado, visible en el índice 00002 de Samai, documento denominado «ED_ONEDRIVE_1_262023(.zip)».
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14. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
15. En la decisión de primera instancia, el A-quo declaró la nulidad parcial del acto
administrativo ficto surgido, frente a la petición elevada por la demandante ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag y, a título de restablecimiento,
lo condenó al pago del auxilio de cesantías correspondiente a los años 1990 a 1991, con
la respectiva indexación y, dando cumplimiento al fallo, en los términos del artículo 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
16. El fallo impugnado, también, declaró probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento del Huila; negó las demás
pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.
17. Para arribar a las anteriores determinaciones, indicó que, en el proceso se encontraba
demostrado que la demandante presta sus servicios como docente para el departamento
del Huila, desde el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa (1990),
nombrada mediante Decreto 098 del nueve (9) de febrero de esa misma anualidad; que,
mediante Resolución No. 2307 del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el ente
territorial demandado reconoció y pagó el auxilio de cesantías parciales a su favor, por
los periodos anuales de 1992 a 2016.
18. Precisó que, las cesantías son un auxilio que constituye una prestación periódica
mientras subsista el vínculo laboral, lo cual, le permite que, el derecho sea reclamado en
cualquier tiempo durante su vigencia. No siendo lo mismo a la terminación de la relación
laboral, cuando adquieren el carácter de definitivas y su causación se consolida hasta la
fecha en que aquella finalizó.
19. Indicó que, si bien la Resolución No. 2307 del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho
(2018) reconoció las cesantías parciales a la demandante, en atención a la solicitud por
ella presentada, en su calidad de docente con vinculación nacional, por el periodo
comprendido entre el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa (1990) y el
treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y no se podía perder de vista que,
el referido acto administrativo solo liquidó el auxilio por el periodo comprendido entre los
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Demandante: Nubia Garzón González
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años 1992 a 2016, correspondiente a las que figuraban reportadas, sin que se incluyeran
las anualidades «1991 y 1992» (sic).
20. En lo que refiere a la pretensión de la sanción moratoria explicó que, «[…] el Consejo
de Estado en sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, estableció que los docentes estatales
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como es el caso de la docente
accionante, no tiene derecho a la sanción por la mora en la consignación de las cesantías prevista en el
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a la incompatibilidad con el sistema de administración
de las cesantías consagrado en la Ley 91 de 1989 .» En razón a ello, indicó que, solo era
procedente ordenar el reconocimiento de las cesantías anualizadas de los años 1990 y
1991, pero no la indemnización por mora.
21. En cuanto a la entidad sobre la cual, recae la obligación de reconocer y pagar las
cesantías de la docente, expuso que, la Nación es la entidad responsable de las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, causadas con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, a través del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. En ese sentido indicó que este Fondo es quien
debía asumir el pago del auxilio deprecado por la demandante y, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Huila.
22. Por lo expuesto, resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva y, en consecuencia, se ordena
la desvinculación de la entidad territorial del presente trámite judicial
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto negativo que se deriva de la reclamación
presentada el 19 de noviembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; en cuanto negó a la señora NUBIA GARZÓN GONZÁLEZ el reconocimiento y pago del
auxilio de cesantía causado entre el día 26 de febrero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora NUBIA GARZÓN GONZÁLEZ, las
cesantías anualizadas correspondiente a los años 1990 y 1991, suma que deberá actualizarse
conforme al IPC en los términos del artículo 187 del CPACA, y con la formula indicada en la parte
motiva.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO CONDENAR en costas y agencias en derecho. […]»
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Demandante: Nubia Garzón González
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4. El recurso de apelación.
23. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG3, a través
de apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, manifestando que, existe prescripción respecto de la sanción moratoria
conforme las reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020.
24. De otro lado refirió que, en la providencia recurrida se incurrió en un yerro al ordenar
la desvinculación del Departamento del Huila, al declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, dado que, esta determinación desconoce el rol administrativo que
cumple el ente territorial para el reconocimiento de las cesantías, pues, es quien debe
expedir el respectivo acto administrativo de reconocimiento, para que, el fondo pueda
efectuar el pago correspondiente.
25. Agrega que, el FOMAG carece de competencia para emitir actos de reconocimiento,
por lo que, la decisión del A-quo desconoce la separación funcional entre los demandados
y extiende de manera indebida la responsabilidad al fondo. Así mismo, expuso que, como
se estaba ante a una solicitud de cesantías anualizadas, le correspondía a la entidad
territorial la consignación de estas.
26. Finalmente adujo que, existe una contradicción en la sentencia, por cuanto se declara
la ineptitud sustantiva y, aun así, se impone una condena material. Para ello argumentó
lo siguiente:
«La providencia recurrida incurre en una contradicción lógica y jurídica insubsanable, al
declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de agotamiento
de la reclamación administrativa, y, pese a ello, emitir una condena de fondo.
En efecto, el propio despacho concluye que no se agotó el requisito de procedibilidad respecto
de las pretensiones económicas, circunstancia que, conforme a los artículos 161 y 138 del
CPACA, impide un pronunciamiento de mérito. No obstante, acto seguido, el juzgado ordena
el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, incurriendo en una decisión incompatible
con la declaratoria previa de ineptitud, pues si la demanda era inepta, el juez carecía de
habilitación procesal para resolver de fondo.
Esta contradicción vulnera los principios de congruencia, debido proceso y seguridad jurídica,
y constituye causal suficiente para que la sentencia sea revocada, en tanto no puede coexistir
una decisión inhibitoria con una condena material dentro del mismo fallo.»
27. Por lo expuesto, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se absuelva
a la entidad de todas las pretensiones de la demanda.
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Índice 00096 de Samai. Actuaciones del tribunal de origen.
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5. Trámite en segunda instancia
28. Con auto del ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026)4, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 y, posteriormente, en providencia del veintinueve (29) de abril de dos
mil veintiséis (2026)5, se requirió prueba para mejor proveer, dirigida al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y al departamento del Huila, para que se
allegara documentación referente a las vinculaciones de la demandante6.
29. Una vez allegada la documentación solicitada, se corrió traslado conforme al artículo
220 del Código General del Proceso y, al no existir pronunciamiento frente a ellas, el
expediente ingresó a despacho para fallo7.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
30. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico.
31. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
31.1 ¿Es procedente revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
4
Índice 00004 de samai.
5
Índice 00010 de samai.
6
Se solicitó antecedentes administrativos, historia laboral de la demandante y certificación de la fecha de vinculación de la señora
González Garzón al FOMAG.
7
Actuaciones visibles en los índices 00021 y 00024 de Samai.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
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Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
Huila, por no ser el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag,
el responsable del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías parciales reclamado
por la demandante?
31.2 ¿Existe contradicción en la sentencia de primera instancia al imponer condena
material a pesar de haberse declarado ineptitud sustantiva de la de demanda?
31.3. ¿Operó el fenómeno prescriptivo respecto de la sanción moratoria reclamada por
la señora Guzmán González?
32. Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Régimen
de liquidación de cesantías de los docentes y, marco normativo sobre la sanción
moratoria de cesantías anualizadas; 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso en concreto y 2.5.
Condena en costas.
2.1. Régimen de liquidación de cesantías y marco normativo y jurisprudencial sobre
las cesantías anualizadas de docente oficial.
33. La Ley 91 del 29 de diciembre 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta (…)» para atender las prestaciones sociales de los
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de
promulgación de la citada disposición legal y los que se vinculen con posterioridad a ella,
serán automáticamente afiliados a este Fondo.
34. El artículo 2 de esta disposición especial estableció que la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones prestacionales con los docentes,
en ella destacó:
«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal
docente, de la siguiente manera:
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas
prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con
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Demandante: Nubia Garzón González
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las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley
43 de 1975.»
35. Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada Ley, el artículo 15 hizo la siguiente
precisión sobre la vinculación, así:
«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional
que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
[…]»
36. Especialmente, en lo referente a las cesantías, el numeral 3 de este mismo artículo,
destacó:
«3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre
el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías
generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes
al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente
a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales
vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Destaca la Sala]
37. Con fundamento en las disposiciones normativas que anteceden, se identifica una
distinción de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para ellos, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio efectuará el pago
de un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de lo laborado, en relación con el último salario
devengado, en otras palabras, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías; y los
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Demandante: Nubia Garzón González
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docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, a quienes este Fondo pagará
un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada
año, liquidadas en la anualidad y sin retroactividad, en conclusión, las cesantías serán
reconocidas con el régimen anualizado.
38. Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación en sentencia del
30 de noviembre de 20179, estableció sobre el régimen de las cesantías de los docentes,
lo siguiente:
«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de
la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a
los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los
artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se
lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les
aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir,
un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses.»
39. Siguiendo en esa misma dirección que, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en sentencia del 7 de febrero de 201910, precisó que los docentes que
ingresen con posterioridad al 1 de enero de 1990, las cesantías serán liquidadas bajo el
sistema anualizado, en ese sentido, destacó:
«(…) se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de enero de 1990,
por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, y ostentar la calidad de
cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales
aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por
disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se
vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro.», como lo es la Ley 344 de 199611 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989,
consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[…] personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.».
40. En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen laboral de
los docentes oficiales, en el cual, los equiparó al de los empleados del orden nacional, es
decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con excepción de los educadores que
estuvieren vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 que se les respetara
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Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “A”. Expediente: 70-001-23-33-000-2014-
00290-01
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Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Radicación 54001-23-33-000-2016-00298-01
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«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones.»
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Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
los derechos adquiridos, en otras palabras, el régimen de retroactividad de esta
prestación social.
41. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros
establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue entre
los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es
aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad, como ya
se expuso en precedencia.
42. Según lo anterior, corresponde al Fomag liquidar y reconocer el auxilio de cesantías
parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad que, en virtud de la
“prestación descentralizada de los servicios” consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de
1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem, desarrolla a través de las
secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación
debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del
fondo, que en la actualidad es la Fiduprevisora S.A.
43. En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las cesantías
del personal docente no afiliado al Fomag, situación que en términos del artículo 7 del
Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago de las prestaciones sociales de los
docentes departamentales, distritales o municipales causadas antes de su incorporación
al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003, dispuso que los docentes del servicio
público educativo vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberían
ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a partir
de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas estuvo
concentrado en esa entidad.
44. En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1°. de enero de 1990
gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en armonía con los criterios
fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU-098 de 2018 y SU-573 de 2019, y la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023, de 11 de octubre de 202312, el sistema especial de administración de cesantías de
los docentes afiliados al Fomag es incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En efecto, en esta última providencia se fijó la siguiente regla:
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C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Numero interno: 0534-2026
Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al
personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal”.
45. La precitada regla de unificación de la jurisprudencia encuentra sustento en las
siguientes consideraciones:
“En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la aplicación de
las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad, de que ello es «sin
perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se traduce en que lo allí dispuesto no
incluyó al personal docente, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en la
sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91
de 1989.
148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000 al disponer que
los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en los términos establecidos
en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista
un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa
referencia al pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el
régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a
aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de
acuerdo con el inciso señalado.
149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de 2000, se
deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados públicos quedaran
sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla general es el regulado por la
Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos quedaran cobijados por dicho sistema de
administración. Esta conclusión es coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos
destinatarios conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de
1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía
conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa con la
disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba regulado por un régimen
anualizado de cesantías.
[…]
2.2.4. Regla jurisprudencial
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50 de 1990
y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria
causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al
FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema
que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera
que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su
funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el
docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los intereses
a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de modo que le
reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría
derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador.”
46. De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no le serán
aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en particular
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lo atinente a la sanción moratoria, por resultar incompatible con el sistema de
administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, toda vez que en el Fomag
se requiere de la disponibilidad de recursos para el pago de las prestaciones sociales
exigibles en cada anualidad, por lo que, si bien paga intereses sobre las cesantías, la
forma de realizar dicho cálculo y el plazo no es igual al establecido en la Ley 50 de 1990.
47. No obstante, en caso de que el maestro no haya sido afiliado al Fomag por parte de
la entidad territorial correspondiente, en solo este evento será aplicable el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, que prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anuales, así:
«Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha
diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales
por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía,
con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo. […]»
48. Nótese que el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990,
dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de
intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías antes
del 15 de febrero del año siguiente, so pena de, que el empleador sea sancionado con el
pago de un día de salario por cada uno de retardo. Empero, en lo concerniente a la
prescripción de tal sanción moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 25 de agosto de 201613, precisó:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí
están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal
y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la
consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora,
es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de
las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio.
5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que devenga el
13
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos
de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en
el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente
descritos.
49. No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201914, esta Sección consideró necesario
aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas inconsistencias entre las
conclusiones adoptadas en relación con el cómputo del término prescriptivo de la sanción
moratoria y la solución dada al caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente con
fines de unificar jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022
de 6 de agosto de 202015, por medio de la que fijó las siguientes reglas:
«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para
señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria
de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad,
es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción
extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de
3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la
sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción».
50. En consecuencia, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción por mora prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse desde el primer día en que se
cause el incumplimiento, de manera que, si la exigibilidad de aquella sanción se origina
el 15 de febrero frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente
anterior, la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo, en el
caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá contabilizarse de
manera independiente por cada año.
14
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
15
Consejo de Estado (sección segunda), expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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2.3. Hechos probados16.
i) Acta del veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa (1990), suscrita por la
señora Nubia Garzón González, por medio de la cual, tomó posesión del cargo de
«Educadora CDR Horizonte - Guadalupe», adscrita al Departamento del Huila, según
nombramiento efectuado en Decreto No. 098 del nueve (9) de febrero de mil
novecientos noventa (1990)
ii) Resolución No. 2307 del cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018) suscrita por la
secretaria de educación del departamento del Huila, a través de la cual, se efectuó
reconocimiento y se ordenó el pago de cesantías parciales a la demandante, desde
1992 hasta el 2016.
iii) Petición del diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), elevada por la
apoderada de la señora Nubia Garzón González ante el Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaria de
Educación Departamental del Huila, en la que, solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas causadas en 1990 y 1991, de las cuales no se obtuvo respuesta.
iv) Certificación de salarios del diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016), donde se
evidencia que la señora Garzón González devengó como asignación básica las sumas
de $60.850 y $74.250 para los años 1990 y 1991, respectivamente.
v) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral consecutivo No. 664
del once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026), donde se evidencia que, la
demandante es docente adscrita a la secretaría de educación departamental del Huila,
desde el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa (1990) hasta la fecha de
emisión de la certificación y, que desde el inicio de su vinculación estuvo afiliada al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
vi) Certificado de afiliación expedido el primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
por la Fiduprevisora S.A. – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según el cual, la señora Nubia Garzón González se encuentra con estado de afiliación
16
La documentación que a continuación se relaciona, reposa en el expediente digital visible en el índice 00085 la herramienta
electrónica Samai, expediente primera instancia. Asimismo, en los índices 0017, 0018 y 0019 de Samai de esta Corporación.
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Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
«ACTIVO» a este fondo, desde el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa
(1990), hasta la fecha de certificación.
2.4. Caso en concreto
51. En el sub examine, el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, ordenando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías en favor de la
señora Nubia Garzón González, correspondientes a las anualidades 1990 y 1991; por
otra parte, negó el reconocimiento de la sanción moratoria deprecada y, declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento
del Huila.
52. Inconforme con la anterior determinación, el Fondo demandado presentó recurso de
apelación reprochando que, la sentencia incurrió en un yerro al declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento del Huila y ordenar su
desvinculación del proceso, ya que, esta decisión desconoce que, la entidad territorial es
la encargada de la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
de la docente, para que el Fondo pueda proceder con el pago. En ese sentido, considera
que, existe una indebida atribución de competencia material al FOMAG, para el
reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías parciales, la cual insiste, recae sobre
el ente territorial.
53. Sea lo primero precisar que, en el dossier probatorio se evidencia que la demandante,
se encuentra vinculada y en estado activo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG, desde el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa
(1990). Por lo tanto, corresponde éste, liquidar y reconocer el auxilio de cesantías
parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad que, en virtud de
la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada en el artículo 3 de la Ley 91
de 1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem, desarrolla a través de las
secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación
debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del
fondo, que en la actualidad es la Fiduprevisora SA.
54. En el mismo sentido, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de unificación
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Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
SUJ-032-CE-S2-202317, la legitimación en la causa por pasiva del Departamento del
Huila, no se estructura a partir de una obligación de consignar las cesantías en una
cuenta individual, propia del régimen general, sino en atención a la competencia que le
asiste para expedir, tramitar o proyectar los actos administrativos requeridos para el
reconocimiento y pago de la prestación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG.
55. En efecto, tratándose de los docentes afiliados al Fondo, las cesantías se liquidan,
pero no se consignan, en la medida en que no existen cuentas individuales; por el
contrario, los recursos se trasladan mediante transferencia mensual, bajo el principio de
unidad de caja que rige su administración.
56. Esta Sala, en un caso de similares contornos fácticos, frente a la legitimación en la
causa por pasiva de los entes territoriales y el FOMAG, en cuanto al reconocimiento de
la prestación que aquí no ocupa, explicó:
«Así las cosas, los actos a través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago
de una prestación social a favor de los afiliados del FOMAG, son actos administrativos complejos,
pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya
planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente y la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal fondo), en tal sentido, la
Sala concluye que a la Secretaría de Educación de Bogotá se encuentra legitimada en la causa
por pasiva, por cuanto, como se expuso en párrafos anteriores, es a la que finalmente le
corresponde definir el reconocimiento y pago de los derechos prestacionales de los docentes
afiliados al FOMAG, aunque sea a este último al que le corresponda el pago.» 18
57. En consecuencia, la intervención de la entidad territorial, se justifica por su función
dentro del procedimiento administrativo de reconocimiento, y no por una obligación
material de consignación en los términos del régimen general de cesantías.
58. Acorde con lo anterior, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia,
que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento del
Huila, comoquiera que, éste debe concurrir en la gestión administrativa para el
reconocimiento de las cesantías de la señora Nubia Garzón González, correspondiente
a los años 1990 y 1991. En ese mismo sentido, deberá declararse la nulidad del acto ficto
generado, por la no respuesta del ente territorial, a la petición de reconocimiento de
17
Sentencia del 11 octubre de 2023, CP Juan Enrique Bedoya Escobar, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
18
Sentencia del 12 de diciembre de 2023, C.P. radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017).
18
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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
cesantías elevado por la demandante, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018).
59. Adicionalmente, la demandada alegó en su recurso de apelación que existe una
contradicción interna en la sentencia al declararse la ineptitud sustantiva de la demanda
y, simultáneamente imponer una condena material.
60. Frente este aspecto, se advierte que, si bien mediante providencia del seis (6) de
noviembre de dos mil veinte (2020) el Tribunal Administrativo del Huila declaró probada
de oficio la excepción de inepta demanda19 y en razón de ello, la terminación del proceso,
no puede perderse de vista que, esta determinación fue apelada por la parte demandante.
61. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación20 al resolver el recurso de
alzada, a través de providencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021),
revocó la decisión de primera instancia21 y ordenó continuar con el trámite del medio de
control. Por lo tanto, no se configura la contradicción entre los pronunciamientos
efectuados en el trámite surtido ante el tribunal y, tal argumento de la apelación carece
de vocación de prosperidad.
62. Por último, sobre el señalamiento efectuado por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG, referente a la prescripción de la sanción moratoria,
esta Sala advierte que, resulta inane pronunciarse sobre este argumento en sede de
apelación, teniendo en cuenta que, el A-quo negó dicha pretensión con fundamento en
la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023, decisión que quedó debidamente
al no haber sido apelada por la demandante, puesto que, ese aspecto no hacía parte del
objeto de la alzada interpuesta por el FOMAG.
63. al haberse denegado la pretensión por el A-quo, no concierne pronunciarse sobre ella
en sede de apelación.
19
El A quo estimó que, la señora Nubia Garzón González, debió demandar la legalidad de la Resolución No. 2307 del 5 de marzo de
2018 expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila, por haber sido este el acto administrativo en el que
primigeniamente se le ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías teniendo el tiempo laborado desde 1992 y, por tanto, el que
definió su situación jurídica respecto a la liquidación del referido auxilio, donde quedó plasmada la voluntad de la administración.
20
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21
Como argumento de su decisión, la Subsección estimó que, mientras subsista el vínculo laboral, las cesantías son una prestación
periódica, así se efectúen pagos parciales o se consignen en el respectivo fondo, lo cual conlleva a que la interesada pueda «provocar
pronunciamientos de la Administración tendientes a su reconocimiento o reliquidación con aplicación de un régimen específico, a
partir de este entendido, la decisión que niegue o acceda a esa petición, comporta un acto administrativo definitivo pasible de control
judicial […] Así las cosas, al analizar el contexto fáctico descrito, esto es, la vigencia del vínculo laboral de la actora, se arriba a la
conclusión de que el acto administrativo ficto producto de la omisión de respuesta a la mencionada petición de 19 de noviembre de
2018, constituye una decisión susceptible de ser controvertida ante esta jurisdicción, puesto que es la que expresa la voluntad negativa
de la Administración sobre el reconocimiento de las cesantías anualizadas de 1990 y 1991[…]».
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Demandante: Nubia Garzón González
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- FOMAG y otro
64. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó solo al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, en virtud de lo expuesto.
2.5. Conclusiones.
65. La Sala revocará la falta de legitimación por pasiva del departamento del Huila, bajo
el entendido que, este debe participar de manera conjunta con el FOMAG en el
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas otorgadas a la demandante.
66. Así mismo, se modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para
declarar la nulidad del acto ficto derivado de la respuesta a la solicitud elevada por la
actora, ante el Departamento del Huila y así incluirlo en el restablecimiento del derecho
declarado.
2.6. Condena en costas.
67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
68. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del dieciocho (18) de noviembre
de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del
departamento del Huila.
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero y tercero del fallo del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil dos mil veinticinco (2025), emitida por el Tribunal Administrativo del
Huila, los cuales quedaran así:
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Demandante: Nubia Garzón González
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PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto negativo que se deriva de la
reclamación presentada el 19 de noviembre de 2018 ante el Departamento del Huila; en
cuanto negó a la señora NUBIA GARZÓN GONZÁLEZ el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantía causado entre el día 26 de febrero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto negativo que se deriva de la
reclamación presentada el 19 de noviembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; en cuanto negó a la señora NUBIA GARZÓN GONZÁLEZ el
reconocimiento y pago del auxilio de cesantía causado entre el día 26 de febrero de 1990 y el
31 de diciembre de 1991.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora NUBIA
GARZÓN GONZÁLEZ, las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1990 y 1991,
suma que deberá actualizarse conforme al IPC en los términos del artículo 187 del CPACA, y
con la formula indicada en la parte motiva. Para ello, se ordena al Departamento del Huila a
que, dentro de los términos previstos en la Ley, emita el respectivo acto administrativo de
reconocimiento y se le imparta el trámite correspondiente.
TERCERO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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