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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00166-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00166-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar; Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 18 Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025) Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. BG/LXRR 19

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2019-00166-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y el municipio de
Sincelejo

Temas: Cobro de prestaciones sociales / cesantías docente año 1994 y
1995

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Leonardo Antonio Grillo Martínez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios 20190170003061 del 2 de enero
de 2019 y 800-0015 del 10 de enero de 2019 proferidos por el Fomag y el municipio
de Sincelejo, respectivamente, mediante los cuales se negó el reconocimiento y
pago de las cesantías anualizadas causadas en los años 1994 y 1995 y de la
sanción moratoria por la no consignación de estas.

1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas de 1994 y 1995;
(ii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por la omisión en la consignación del
auxilio de las cesantías anualizadas de dichos períodos; (iii) el pago de los intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; (iv) el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y (v) la condena en costas a
la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Leonardo Antonio Grillo Martínez se vinculó como docente en el municipio de
Sincelejo desde el 19 de enero de 1994. Vinculación vigente para la fecha de
presentación de la demanda.

3.2. El municipio de Sincelejo no consignó las cesantías de 1994 y 1995, « es decir a
más tardar el 14 de febrero del año siguiente de su causación».

3.3. El 18 de diciembre de 2018 solicitó al municipio de Sincelejo el reconocimiento
y pago de las cesantías no consignadas, con su respectiva sanción moratoria por
tal incumplimiento, lo cual fue negado a través del Oficio 800-0015 del 10 de enero
de 2019.

3.4. El 20 de diciembre de 2018 pidió al Fomag el reconocimiento y pago de las
cesantías «no consignadas causadas entre los años 1994 y 1995» y, el pago de la
sanción moratoria «derivado del incumplimiento de la consignación anualizada de las
cesantías, en el respectivo fondo». Petición negada mediante Oficio 20190170003061
del 2 de enero de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política;
13 y 15 de la Ley 344 de 1996; 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998 y 1 y 2 del Decreto
1252 de 2000. Asimismo, la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3118 de 1968.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 [modificado por la Ley
1071 de 2006], son destinatarios de la sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías, todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad

3 Samai, índice 2, 4_230012333000201800215011EXPEDIENTEDIGI20230425153836, 01
expediente_230012333000201800215.pdf, folios 3 al 8.

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

establecida en el artículo 5 respecto de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
Así las cosas, «los docentes tienen derecho a que se les reconozca la sanción moratoria
consagrada en la ley, teniendo en cuenta que las cesantías son una prestación social,
originada en una vinculación laboral, que beneficia tanto a los trabajadores del sector
público como privado y su reconocimiento y pago, bajo el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales, se convierte en un asunto que adquiere relevancia constitucional y
en consecuencia, exige al encargado establecer su viabilidad en cada caso concreto, la
observancia de los principios constitucionales aplicables en materia laboral».

5.2. Según lo dispuesto en las leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 [artículo 56] y el
Decreto 2831 de 2005, correspondía al Fomag reconocer y pagar las prestaciones
sociales a los educadores, mediante la aprobación del proyecto de resolución
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada a la que
se encontrara vinculado el docente.

5.3. En línea con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-336 de 2017, «aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría
de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos
últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial de la Ley 91 de 1989. Asimismo, afirmaron que la intención del legislador fue fijar
su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir,
involucra a todo el aparato del Estado, no solo al nivel nacional sino también territorial».
Por lo que, aplicar a los educadores oficiales el «régimen de los servidores públicos
[…] en materia de sanción moratoria» materializaría los principios constitucionales.

5.4 Las cesantías constituyeron una prestación social de creación legal, de
naturaleza laboral, irrenunciable y de orden público, cuyo propósito fue servir de
respaldo económico al trabajador. En tal sentido, no se trató de una simple
expectativa, sino de un derecho cierto que se consolidaba con la prestación del
servicio y que debía ser reconocido y pagado oportunamente por el empleador o
por la entidad obligada. La omisión en su pago o consignación afectaría derechos
mínimos del trabajador y desconocería los principios protectores del derecho
laboral.

5.5 Aunque el régimen docente tenía reglas especiales, ello no exoneraba a la
administración de cumplir oportunamente con el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales. Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que los docentes oficiales también eran beneficiarios de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, en aplicación de las reglas generales
sobre protección de los derechos laborales y prestacionales de los servidores
públicos.

5.6 La sanción moratoria reclamada se fundamentó en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, normas que previeron términos para resolver
las solicitudes de cesantías y para efectuar su pago. Conforme a dichas
disposiciones, una vez vencidos los plazos legales sin que se produjera el pago, la

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entidad obligada debía reconocer al trabajador un día de salario por cada día de
retardo, hasta que se realizara el pago efectivo. Esta sanción no era discrecional,
sino una consecuencia jurídica del incumplimiento de la administración.

5.7 Los actos administrativos acusados debían ser anulados, por cuanto negaron el
reconocimiento de unas prestaciones que, conforme a la ley y a la jurisprudencia
aplicable, debían ser liquidadas, consignadas y pagadas oportunamente. En
consecuencia, el restablecimiento del derecho era el pago de las cesantías
anualizadas correspondientes a 1994 y 1995, de la sanción moratoria por la falta de
su consignación oportuna, la actualización de las sumas adeudadas, los intereses
respectivos y las costas del proceso.

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de Sincelejo4 se opuso a las pretensiones formuladas por la parte
actora. Negó cualquier responsabilidad respecto del pago de las cesantías
reclamadas o de la eventual sanción moratoria, pues su intervención se limitó al
trámite administrativo de reconocimiento y liquidación de las prestaciones sociales,
cuyo pago correspondía al Fomag, a través de la fiduciaria encargada de administrar
sus recursos.

6.1 Cumplió con las actuaciones administrativas que legalmente le correspondían,
esto es, adelantar el trámite de liquidación y reconocimiento de las cesantías
anualizadas y sus intereses a través de la Secretaría de Educación Municipal. En
ese sentido, no podía atribuírsele responsabilidad frente el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados al Fomag, función que le fue asignada mediante
la Ley 91 de 1989.

6.2 Propuso como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii)
prescripción; y (iii) improcedencia de la indexación de la sanción moratoria.

7. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda. De conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, los docentes oficiales no eran beneficiarios
de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, toda vez que no les son
aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50
de 1990.

7.1. Propuso las excepciones de: i) caducidad; ii) legalidad de los actos
demandados; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iv) improcedencia de
la sanción moratoria; y vi) prescripción.

4 Índice 21 Samai Tribunales Actuación «allega memoriales CONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf)».

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

7.2. Al demandante no le asistía derecho al reconocimiento de las cesantías en los
términos reclamados. La Ley 344 de 1996 no dispuso la obligación de pagar sanción
moratoria por la presunta consignación inoportuna de cesantías en el caso
planteado. Tampoco procedía el pago de intereses moratorios, ya que ello implicaría
imponer una doble sanción a la administración, lo cual afectaría los principios de
sostenibilidad financiera, sostenibilidad y economía fiscal.

7.3. Los docentes oficiales tenían un régimen especial regulado por la Ley 91 de
1989, sin que les fuera aplicable de manera automática las disposiciones de la Ley
50 de 1990 sobre consignación anual de cesantías y la sanción moratoria en
similares términos a los previstos para trabajadores vinculados a fondos privados.
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los docentes vinculados a
partir del 1.° de enero de 1990 se regían por normas prestacionales aplicables a
empleados públicos del orden nacional, cuya administración de sus cesantías
estaba a cargo del Fomag, régimen que difería del previsto para servidores
territoriales afiliados a fondos privados.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 29 de agosto de 2024
declaró la nulidad del Oficio 800-0015 del 10 de enero de 2019 expedido por el
municipio de Sincelejo. A título de restablecimiento del derecho, condenó al ente
territorial a pagar o girar al Fomag los valores actualizados correspondientes al
auxilio de cesantías para los períodos 1994 y 1995, a fin de que fueran tenidas en
cuenta por el fondo y estuvieran disponibles. Asimismo, declaró probada de oficio
la excepción de prescripción de la sanción moratoria.

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. No se acreditó la afiliación del actor al Fomag para los años reclamados, ni
de la consignación o pago de las cesantías correspondientes a 1994 y 1995, tal
como se evidenciaba del extracto de intereses a las cesantías expedido por la
Fiduprevisora, la cual solo registró consignaciones a partir de 1996. Razón por la
cual, el municipio de Sincelejo debía responder por las cesantías causadas en esos
años, al ser la entidad territorial nominadora y al no haberse probado la afiliación
oportuna del docente al Fomag.

9.2. Sin embargo, no procedía ordenar el pago directo de las cesantías al
demandante, porque no se trataba de una solicitud de retiro parcial o definitivo de
cesantías.

9.3. De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida por el Consejo de Estado, si bien los docentes afiliados al Fomag no tenían
derecho a la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sí podía operar
respecto de aquellos docentes no afiliados al fondo, como mínimo de protección

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

laboral. No obstante, en el caso del demandante la sanción se encontraba prescrita,
toda vez que para los periodos reclamados [1994 y 1995] se hizo exigible a partir
del 15 de febrero de 1995 y 1996, sin embargo, solo elevó la reclamación en
diciembre de 2018.

1.4. El recurso de apelación

10. El municipio de Sincelejo solicitó la revocatoria de los numerales primero y
tercero de la decisión de instancia, al considerar que el tribunal de conocimiento
incurrió en una indebida valoración probatoria, porque en el expediente obraban
documentos que acreditaban la afiliación del demandante al fondo, así como el
reporte de las cesantías correspondientes a los años 1994 y 1995.

10.1. En el acto administrativo demandado se le informó al actor que mediante
Oficio 20180171708041 del 22 de octubre de 2018 la Fiduprevisora había indicado
que en el extracto de cesantías del docente se reflejaban las de los años 1994 y
1995. Asimismo, que el Oficio 20190170003061 de enero de 2019 expedido por la
Dirección de Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora, daba cuenta de la
afiliación del docente al Fomag.

10.2. Otros documentos obrantes en el expediente también daban cuenta del
reporte de cesantías de esos años de diferentes docentes, entre ellos el del
demandante, conforme con lo consignado en el convenio celebrado entre los
ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público y el municipio
de Sincelejo. Por lo tanto, no era procedente concluir que el municipio hubiese
omitido la afiliación o el pago de las cesantías reclamadas, por lo que, ordenarle
nuevamente girar al Fomag los valores pretendidos generaría un doble pago.

10.3. En cuanto a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Fomag consideró que, acreditada la afiliación del actor al fondo, no podía excluírsele
de responsabilidad frente al asunto.

10.4. De conformidad con la copia del respectivo registro civil de defunción,
acreditó el fallecimiento de Leonardo Antonio Grillo Martínez, circunstancia que
conllevó al reconocimiento de una pensión post mortem mediante la Resolución
0110 del 3 de marzo de 2023. Con fundamento en ello, solicitó la vinculación de los
sucesores procesales para que se pronunciaran sobre la consignación de las
cesantías de los años 1994 y 1995.

10.5. No debía accederse al reconocimiento de la sanción moratoria pretendida,
además de las razones ya expuestas, porque conforme con la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 no procedía frente a docentes afiliados al Fomag,
sin contar con que estaría prescrita.

1.5. Trámite en segunda instancia

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

11. El 20 de febrero de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
el municipio de Sincelejo contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Sucre.

12. El 11 de julio de 20256 se negó la solicitud probatoria en segunda instancia
presentada por el municipio de Sincelejo y se decretó tener como pruebas de oficio
las siguientes: (i) copia del registro civil de defunción de Leonardo Grillo Martínez,
(ii) copia de la Resolución 0110 del 3 de marzo de 2023, por medio del cual el Fomag
reconoció la pensión post-mortem; (iii) copia de la notificación personal de la
resolución del reconocimiento pensional; y (iv) copia del extracto de intereses de
cesantías del fondo a favor del demandante, donde se reportó aquellas
correspondientes a los años 1994 y 1995, y hasta el 2021.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

14. En sede de apelación, el municipio de Sincelejo solicitó la vinculación de los
sucesores procesales de Leonardo Antonio Grillo Martínez, quien falleció durante el
curso del proceso, con el propósito de que se pronunciaran sobre las pretensiones de
reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años de 1994 y 1995.7

15. Como soporte de la solicitud, el ente territorial aportó: (i) copia del registro civil
de defunción de Leonardo Antonio Grillo Martínez, y (ii) copia de la Resolución 0110
del 3 de marzo de 2023, expedida por el Fomag, mediante la cual se reconoció la
pensión post mortem derivada del fallecimiento del referido causante.

16. Al respecto, la Sala recuerda que el fallecimiento del demandante no implica la
terminación del poder judicial previamente otorgado ni afectara, por sí solo, la
continuidad del proceso. Es decir, una vez presentada la demanda, la muerte del
«litigante»8 no extingue el mandato conferido, sin perjuicio de la facultad de los
herederos o sucesores9 para revocarlo. En ese sentido, el abogado reconocido
conservaría sus facultades para continuar con el trámite normal del proceso en
defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales del causante, en los términos del

5 Ver ítem 4 de Samai.
6 Ver ítem 10 de Samai.
7 Ver ítem 41 de Samai tribunales
8 Artículo 68 del CGP.

9
Artículo 76 del CGP.

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Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

poder otorgado. Por ello, no resulta procedente el llamado requerido por la entidad
demandada.

17. En tales términos, todas las actuaciones procesales adelantadas con
posterioridad al fallecimiento del causante se en contraían amparadas por las
garantías procesales correspondientes. Circunstancia reflejada, a modo de ejemplo,
en el decreto y práctica de pruebas agotado en segunda instancia en el asunto bajo
estudio.

18. Lo anterior de manera alguna desconocería los derechos que se pudieran
generar a favor de los herederos, cónyuge supérstite, compañero permanente,
albacea o demás interesados que pudieran acreditar legitimación sobre la masa
sucesoral del fallecido.

2.2. Problema jurídico

19. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿si a Leonardo Antonio
Grillo Martínez le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las cesantías y
sanción moratoria pretendidas, al estar acreditada su afiliación al Fomag así como
el reporte de las cesantías correspondientes a 1994 y 1995 en el sistema de
información administrado por dicho fondo?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

20.La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:

Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en
vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

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Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Se resalta]

21. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a
quienes el fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

22. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el

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régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»10.

23. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación11, al decidir casos similares
ha establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al
1.° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 12, sostuvo lo
siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
11 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
12 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez

10

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional […]». [Se resalta]

24. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.3.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996

25. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta corporación en sentencia de
unificación13 dispuso que:

«[…] Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo
que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la
sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del
docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con
el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-
573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a
la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de
interpretación aquí definida […]». (se resalta)

25. Por tanto, es claro que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus
decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por falta de
la consignación del auxilio de las cesantías a aquellos docentes afiliados al Fomag,
pues lo cierto es que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de
caja y están disponibles para el pago según un procedimiento especial, lo que hace

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-33-
33-001-2022-00016-01 (5746-2022), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.

11

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

que la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, sea incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989; situación que no sucede para aquellos docentes en servicio
activo que no se encuentren afiliados a dicho fondo.

26. La regla señalada en dicha decisión constituye un precedente vinculante y
obligatorio14 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de
los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya
operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica,
son inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Hechos probados

27. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

27.1.Mediante Decreto 010 de 199415, el alcalde del municipio de Sincelejo
nombró a Leonardo Grillo Mártinez docente de primaria en la Escuela La Unión de
ese municipio.

27.2. El 18 de diciembre de 2018, el demandante solicitó ante la Secretaría de
Educación Municipal de Sincelejo el reconocimiento y pago de las cesantías
causadas en los años 1994 y 1995, junto con la respectiva sanción moratoria ante
la ausencia de la consignación de estas16.

27.3. El 20 de diciembre de 2018, el actor solicitó ante la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en los años 1994 y
1995, así como de la respectiva sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de
2006, modificatoria de la Ley 244 de 1995, con ocasión de la omisión en la
consignación de aquellas17.

14 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones […]».
15
Ibidem, folio 26 – 28.
16
Ibidem, folio 10 – 31.
17
Índice 1 Samaí Tribunal Actuación Radicación y reparto «002.DemandaAnexos.pdf» folio 6 – 9.

12

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

27.4. Con el Oficio 20190170003061 del 2 de enero de 201918, la Dirección de
Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora emitió respuesta desfavorable a la
petición elevada ante el Fomag.

27.5. A través del Oficio 800-0015 de enero de 201919, la Secretaría de
Educación Municipal de Sincelejo informó al actor que las cesantías
correspondientes a los años 1994 y 1995 estaban reflejadas en el extracto del
portafolio de cesantías.

27.6. Mediante el Oficio 20180171708041 expedido el 22 de octubre de 2018 20,
la Dirección de Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora le comunicó que, « de
conformidad con la información remitida por esa Secretaria de Educación y a la información
registrada en la base de datos de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, se ingresó los reportes de cesantías de los años 1994 y 1995 de
los docentes que se relacionan a continuación, así mismo se informa que los valores se
ingresaron de acuerdo a lo consignador en el convenio celebrado entre LA NACION –
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Y EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE» (sic).

27.7. Según el extracto de intereses a las cesantías «Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.» del 28 de noviembre de 2018, a su
favor se reportó:21

18
Ibidem, folio 15 – 17.
19
Ibidem, folio 18.
20
Ibidem, folio 22.
21
Ibidem, folio 25.

13

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

27.8. De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, con consecutivo 92553139 del 10 de abril de 201822 expedido por la
Secretaría de Educación de Sucre, fue afiliado al Fomag para los siguientes
periodos: (i) del 19 de enero de 1994 al 11 de agosto de 2010, y (ii) del 1° de enero
de 2012 al 10 de abril de 2018.

27.9. Leonardo Antonio Grillo Mártinez falleció el 27 de julio de 202223.

27.10. Mediante la Resolución 0110 del 3 de marzo de 202324, el Fomag «estudia,
revisa, aprueba, reconoce y ordena el pago de una pensión Post Mortem 20 años».

27.11. De acuerdo con el extracto de intereses de cesantías del 8 de octubre de
2024 expedido por el «Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A», se reportó a favor de Leonardo Antonio Grillo Martínez, lo
siguiente:25

22
Ibidem, folio 29.
23
Índice 41 Samai Tribunal Actuación Recepción recurso apelación.pdf - folio 4.
24
Ibidem, folio 5 – 10.
25
Ibidem, folio 11 - 12

14

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

2.5 Caso concreto

28. En el presente asunto, el tribunal de conocimiento en sentencia del 29 de agosto
de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que
no se había acreditado la afiliación del demandante al Fomag, ni que se le hubieran
consignado o pagado las cesantías de los años reclamados, por lo que le asistía el
derecho al reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años
1994 y 1995 y a la respectiva sanción moratoria. No obstante, en cuanto a esta
última, la declaró prescrita.

29. El municipio de Sincelejo solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia, al considerar que no era cierto que no se le hubieran consignado o pagado
las cesantías de las anualidades reclamadas, pues, tal como se leía del acto
acusado, «en la vigencia 2018 a través del oficio 20180171708041 de fecha 22 de octubre,
Fiduprevisora informa que el docente Grillo Mártinez, se le refleja en el extracto de
Cesantías los años 1994 y 1995».

30. También señaló que en el Oficio 20180171708041 del 22 de octubre de 2018,
se indicó acerca del ingreso de reportes de cesantías de los años 1994 y 1995 de
diferentes docentes, entre ellos el del demandante, de acuerdo con lo consignado
en el convenio celebrado entre los ministerios de Educación Nacional y de Hacienda
y Crédito Público y el municipio de Sincelejo.

31. Con el escrito de apelación se aportó un formato de intereses a las cesantías
expedido por el «Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.» del 8 de octubre de 2024, en el cual se evidenciaba el reporte
cesantías correspondientes a los años 1994 y 1995 a favor de Leonardo Grillo
Martínez. Si bien se trata de un documento allegado en segunda instancia, su
contenido es relevante para resolver el problema jurídico planteado, esto es: la
existencia de la consignación y/o pago de cesantías por las anualidades
reclamadas.

32. Al respecto, esta corporación precisa que el formato de intereses de
cesantías expedido por el Fomag aportado por el municipio apelante en esta
instancia, fue incorporado al proceso mediante auto del 11 de julio de 2025, en el
cual se ordenó correr traslado por el término de 3 días a las partes de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, con la finalidad de garantizar el principio
de contradicción, durante el cual las partes guardaron silencio. Es decir, que el

15

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

mencionado documento no fue objeto de tacha de falsedad ni fue cuestionado por
ninguno de los sujetos procesales. Por lo tanto, al no haber sido desvirtuado ni
tachado legalmente, el formato de intereses a las cesantías expedido por el «Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.» del 8 de
octubre de 2024 goza de validez jurídica para ser tenido en cuenta en la presente
decisión.

33. Sobre el particular, es de resaltar que el artículo 211 del CGP, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, prevé la tacha de falsedad como el
mecanismo idóneo para desvirtuar la legalidad y autenticidad de un documento
aportado al proceso. En el presente caso, al evidenciarse que la parte demandante
no hizo uso de esta prerrogativa procesal, ni se opuso, el aludido documento
conserva su presunción de autenticidad y legalidad, con pleno valor probatorio, por
lo que, debe ser valorado bajo las reglas de la sana critica.

34. Al efectuar la comparación y valoración conjunta de los dos medios de prueba
aportados en las diferentes instancias, esto es, el « EXTRACTO DE INTERESES A
LAS CESANTIAS FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FIDUPREVISORA S.A.» del 28 de marzo de 2018 y el nuevo formato del 8 de octubre
de 2024, el cual fue expedido igualmente por el Fomag, se encuentra plenamente
acreditado que al demandante le fueron reportados los valores correspondientes al
auxilio de cesantías para las anualidades 1994 y 1995.

35. En concordancia con lo anterior, se tiene que mediante Oficio
20180171708041 del 22 de octubre de 2018, la dirección de prestaciones
económicas de la Fiduprevisora, le comunicó al demandante que: «de conformidad
con la información remitida por esa Secretaria de Educación y a la información registrada
en la base de datos de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se ingresó los reportes de cesantías de los años 1994 y 1995 de los docentes
que se relacionan a continuación, así mismo se informa que los valores se ingresaron de
acuerdo a lo consignador en el convenio celebrado entre LA NACION – MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE» (sic). Listado en el
cual se encontraba Leonardo Antonio Grillo Martínez.

36. Igualmente, de la lectura del Oficio 800-0015 de enero de 2019, se observa
que la Secretaría de Educación del municipio de Sincelejo, al responder la petición
radicada el 18 de diciembre de 2018 por el demandante, le informó que en su
extracto de cesantías se reflejaban los valores correspondientes a los años 1994 y
1995, circunstancia sobre la cual no presentó objeción alguna.

37. En lo que respecta a la pretensión encaminada al reconocimiento de la
sanción moratoria, advierte la Sala que, de conformidad con las pruebas obrantes
en el plenario, se precisa que el actor estuvo vinculado al Fomag del 19 de enero

16

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

de 1994 al 11 de agosto de 2010 y del 1.º de enero de 2012 al 10 de abril de 2018.
En ese orden, no le asiste el derecho, pues, en aplicación del criterio fijado en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, se
recuerda que los docentes afiliados al fondo no son destinatarios de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

38. En ese sentido, la Sala estima que la condena impuesta al municipio de
Sincelejo no podrá mantenerse, toda vez que la prueba documental demostró que
las cesantías de las anualidades 1994 y 1995 a favor del demandante, están
debidamente registradas en el sistema del Fomag. Por tanto, ordenar un nuevo giro
por el mismo concepto generaría un pago indebido y por tanto se afectarían los
recursos públicos, al constituirse en un doble pago. En esas condiciones, no se logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la que gozan los actos acusados, ni la
existencia de obligación alguna a cargo del municipio de Sincelejo.

31. Finalmente, respecto a la solicitud de revocar la excepción de falta de
legitimación por pasiva del Fomag. Es preciso resaltar que la competencia frente a
la liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al Fomag, es concurrente entre la entidad territorial empleadora y el fondo.
Asimismo, este último tiene el deber de verificar que las entidades estatales
cumplan de manera oportuna con sus obligaciones tendientes a garantizar las
acreencias económicas de las que son beneficiarios los educadores. Por lo tanto, al
estar demostrada su responsabilidad en el trámite prestacional, se revocará la
sentencia también por este aspecto.

2.6 Costas

32. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.

33. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la

17

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

norma26. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

34. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

2.7 Conclusión

35. De acuerdo con lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por el
municipio de Sincelejo prosperará. En consecuencia, la sentencia de primera
instancia será revocada, pues, contrario a lo considerado por el tribunal, quedó
plenamente probado que el demandante fue afiliado al Fomag para enero de 1994
y en cuya cuenta se encuentran reportadas las cesantías correspondientes a las
anualidades 1994 y 1995.

36. Así, la Sala concluye que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados y que no se acreditó la existencia de obligación alguna
pendiente a cargo del municipio de Sincelejo en los términos pretendidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En su lugar;

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025)
Demandante: Leonardo Antonio Grillo Martínez

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
BG/LXRR

19

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