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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00488-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00488-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00488-01 (1303-2023)
Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega, Cundinamarca

Tema: consignación de cesantías anualizadas al Fomag. Subtema 1: Ley 344 de
1996 y 50 de 1990. Subtema: sanción moratoria incompatible con el régimen
especial de administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989 para los
docentes afiliados al Fomag.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 19 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Rosalba Fierro Velásquez solicitó la nulidad del acto ficto o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la petición presentada el
20 de septiembre de 2018 ante el municipio de La Vega mediante el cual se negó
el reconocimiento y consignación al Fomag del auxilio de cesantía correspondiente
a la vigencia 1997, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1582 de 1998.

El tribunal negó las pretensiones de la demanda al concluir que se configuró la falta
de legitimación en la causa por pasiva de la entidad territorial demandada. Para el
efecto, consideró que, de conformidad con el régimen especial establecido en la Ley
962 de 2005, la competencia para el reconocimiento y pago de las prestaciones

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00488-01 (1303-2023)
Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega

sociales de los docentes afiliados al Fomag recae en esta última entidad, razón por
la cual el municipio no estaba llamado a responder por las reclamaciones objeto de
controversia.

La Subsección revocará la decisión de primera instancia, porque ante la ausencia
de prueba que demuestre el traslado al Fomag de los valores correspondientes a la
cesantía causada en la vigencia de 1997, resulta evidente que el municipio de La
Vega incumplió la obligación que le correspondía en materia de financiación de
dicho auxilio.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Rosalba Fierro Velasquez mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de La Vega, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio
administrativo negativo frente a la petición presentada el 20 de septiembre de 2018
ante el municipio de La Vega, mediante el cual se negó el reconocimiento y
consignación al Fomag del auxilio de cesantía correspondiente a la vigencia 1997,
así como la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998.

3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad territorial
reconocer y pagar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 el
auxilio de cesantía del año 1997; así como la sanción moratoria prevista en la Ley
344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y lo dispuesto en los
artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, desde la causación de la mora, es decir, a
más tardar el 14 de febrero del año siguiente, y hasta cuando se produzca la fecha
de pago efectivo de la sanción moratoria.

4. Ordenar a la parte accionada a liquidar y pagar las sumas adeudadas de
forma indexada, así como el reconocimiento de los intereses moratorios y el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, el cumplimiento
de la sentencia conforme a los artículos 189 al 192 del CPACA.

1 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 001 demanda.
2 En adelante Fomag.
3 En adelante CPACA.

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Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega

5. Por último, condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

6. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda4 así:

7. La señora Rosalba Fierro Velásquez fue nombrada docente mediante el
Decreto núm. 17 A del 1 de febrero de 1994, adscrita al municipio de La Vega.

8. La demandante es docente activa del Fomag y la entidad territorial omitió
consignar el auxilio de cesantía correspondiente a la vigencia 1997, tal y como se
observa en el extracto de intereses a las cesantías expedido por la Fiduprevisora
S.A.

9. Como la consignación correspondiente al período reclamado no se realizó
antes del 15 de febrero de la anualidad siguiente, la entidad demandada incurrió en
mora en el cumplimiento de dicha obligación, circunstancia que da lugar al
reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 344 de 1996 y reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998.

10. La señora Rosalba Fierro Veláquez, el 20 de septiembre de 2018, presentó
reclamación administrativa ante el municipio de La Vega, con el propósito de
obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada de la falta de
consignación de las cesantías. Indicó que la entidad guardó silencio frente a dicha
solicitud, circunstancia que dio lugar a la configuración de un acto administrativo
ficto o presunto, cuya nulidad se pretende en el presente proceso.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

11. La demandante citó como vulneradas los artículos 2, 4, 25, 53 y 209 de la
Constitución Política; y las Leyes 6ª de 1945, 50 de 1990 y 344 de 1996.

12. Consideró relevantes para el estudio del asunto las sentencias de unificación
jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016 del Consejo de Estado y SU098/18 expediente
T-6.736.200 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional

13. Adujo que la sanción moratoria pretendida se hace exigible a partir del
momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor
correspondiente a la liquidación de la cesantía, esto es, antes del 15 de febrero del
año siguiente a aquel en que se causó y se prolonga en el tiempo hasta el pago
efectivo del auxilio.

14. Manifestó que el ente territorial omitió consignar al Fomag, dentro del término
establecido por la Ley, el auxilio demandado respecto al año 1997.

4 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 001 demanda.

3

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Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega

2.2. Contestación de la demanda

15. El municipio de La Vega no contestó la demanda5

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 19 de mayo
de 20226 por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de imponer condena en costas. Sustentó su decisión en las siguientes
consideraciones:

17. Indicó que la controversia se contraía a establecer si el municipio de La Vega
estaba obligado a reconocer y pagar al Fomag el auxilio de cesantías
correspondiente a la vigencia de 1997, prestación causada en favor de la
demandante por los servicios prestados como docente de dicha entidad territorial
durante ese período, de conformidad con lo previsto en el literal f) del artículo 12 de
la Ley 6.ª de 1945 y el artículo 1 de la Ley 65 de 1946. Precisó que debía
determinarse si resultaba procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y reglamentada por el Decreto 1582 de
1998, con ocasión de la falta de consignación oportuna de las cesantías.

18. Destacó que era necesario analizar la legitimación en la causa por pasiva del
municipio de La Vega. Sobre el particular, encontró probado que la demandante
ostentaba la calidad de docente oficial y por dicha razón, sus cesantías debían ser
consignadas al Fomag. Agregó que, tanto en sede administrativa como judicial
solicitó que dicha entidad territorial reconociera y consignara al referido fondo el
auxilio de cesantías correspondiente a la vigencia de 1997. De igual manera,
reclamó el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, con ocasión
de la omisión en la consignación de dicho auxilio.

19. Bajo ese contexto, precisó que la Ley 962 de 2005 previó un procedimiento
complejo para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
oficiales, en el cual intervienen la secretaría de educación de la entidad territorial a
la que se encuentran vinculados y la respectiva sociedad fiduciaria. Agregó que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de dicha normativa, corresponde al Fomag
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales.

20. En consecuencia, el reconocimiento de las cesantías de los docentes
oficiales por parte de las secretarías de educación de las entidades territoriales
certificadas se efectúa en nombre y representación de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag. Lo anterior obedece a que dichas autoridades tienen

5 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 0072020-00488-00 (Traslado para dictar

sentencia anticipada).
6 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 0112020-00488-00-sentencia.

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Demandados: Municipio de La Vega

a su cargo la elaboración del proyecto de acto administrativo que reconoce o niega
la prestación social reclamada, decisión cuya eficacia depende de la aprobación o
improbación por parte de la sociedad fiduciaria responsable de la administración de
los recursos del fondo.

21. Precisó que, en este sentido, es a la administración representada por el
Fomag, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los
docentes afiliados al fondo, de conformidad con lo previsto por el legislador y las
normas aplicables, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.

22. En este sentido, adujo que no es de recibo la actuación desplegada por la
docente, por cuanto en sede administrativa como judicial solo indicó que el ente
territorial es la entidad que tiene la potestad de reconocer y pagar al Fomag el auxilio
de cesantía correspondiente a la vigencia 1997, así como el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 por la omisión en la
consignación del auxilio. Añadió que pese a que la Ley 962 de 2005 estableció un
procedimiento en el que interviene la secretaría de educación del ente territorial
correspondiente, es el Fomag quien tiene la función de reconocer y pagar las
prestaciones sociales a los docentes oficiales.

23. Corolario con lo expuesto, el fallador de primera instancia concluyó que la
demanda no fue dirigida contra la entidad pública a la que le correspondía, por lo
que el municipio accionado carece de legitimación material en la causa por pasiva.

24. Por último, manifestó que de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del
Código General del Proceso7, sería del caso vincular a la Nación, Ministerio de
Educación, Fomag a la presente actuación, en calidad de litisconsorte necesario
para la integración del contradictorio; sin embargo, al verificarse que el derecho de
petición formulado por la docente data del 20 de septiembre de 2018 y del mismo
se originó el acto acusado, el cual se dirigió únicamente contra la Secretaría de
Educación del municipio de La Vega, no es posible la vinculación de una entidad
pública que no hizo parte en la elaboración del acto administrativo acusado y a la
cual no se dirigió la reclamación administrativa que es objeto del presente estudio.

2.4. Recurso de apelación

25. La parte actora apeló8 la sentencia de primera instancia, con el fin de que se
revoque la decisión adoptada mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

26. Sostuvo que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado9 se
ha reconocido la responsabilidad de las entidades territoriales respecto de

7 En adelante CGP.
8 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 012 RECURSO_ APELACION, pdf
recurso N-2020-00488_202207291538.
9 Radicación. 2013-00459- de 2020

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determinados docentes vinculados a su servicio. Precisó que dicha responsabilidad
comprende, de una parte, a los docentes nombrados por la respectiva entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto e incorporados a su planta de personal
y, de otra, a aquellos cuya vinculación obedece a plazas financiadas o cofinanciadas
por la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional, en razón de convenios
celebrados con los departamentos o municipios.

27. En consecuencia, la existencia de convenios de financiación y cofinanciación
de plazas docentes da lugar a un régimen de responsabilidades en cabeza de las
entidades territoriales, aplicable al caso objeto de estudio. Bajo esa premisa,
consideró que corresponde a dichas entidades informar, tramitar y expedir los actos
administrativos relacionados con el reconocimiento de las prestaciones sociales de
los docentes, así como comunicar a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional
y al Fomag los emolumentos que deben ser reconocidos y pagados. Agregó que,
mediante Decreto 17A del 1 de febrero de 1994, el municipio de La Vega efectuó el
nombramiento de la demandante como docente municipal, circunstancia que lo
instituye como su empleador y, por ende, en la entidad llamada a responder dentro
de la presente controversia.

28. En cuanto a la figura del litisconsorcio necesario, precisó que se trata de una
institución procesal orientada a garantizar la comparecencia de todas las personas
vinculadas por una misma relación jurídica sustancial, cuando la decisión que se
adopte deba ser uniforme respecto de quienes la integran. Por tal razón, indicó que
su conformación resulta indispensable para la válida integración del contradictorio y
la eficacia de la decisión judicial.

29. A partir de lo anterior, a su juicio, el juez de instancia cuenta con la facultad,
e incluso con el deber, de disponer oficiosamente la integración del litisconsorcio
necesario cuando advierta su ausencia. En ese sentido, afirmó que el tribunal no
abordó el estudio de fondo de las pretensiones formuladas, pues fundamentó su
decisión en un presupuesto procesal susceptible de ser corregido desde la etapa
inicial del proceso, particularmente al momento de admitir la demanda.

30. Refirió que, en efecto la Ley 1564 de 2012 prevé el trámite que se debe surtir
para la conformación del litisconsorte necesario, por regla general es que la
demanda se formule por todas las partes y se dirija contra todas estas. No obstante,
cuando esto no sucede el juez de oficio puede ordenar el traslado y notificación del
auto admisorio a quienes integren el contradictorio, igualmente, señaló que «En
caso de no conformarse en debida forma el contradictorio en la fase de admisión de
la demanda, el juez de oficio o a petición de parte citará a las personas que deban
comparecer, siempre y cuando no se haya dictado sentencia de primera instancia».

31. Reiteró que se le adeuda el auxilio de cesantías correspondiente a la vigencia
de 1997, así como la sanción moratoria derivada de la omisión en su reconocimiento
y consignación oportuna.

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32. Finalmente, manifestó que la providencia apelada desconoció el principio de
favorabilidad en materia laboral, en tanto negó el reconocimiento de la sanción
moratoria causada por el retardo en la consignación de las cesantías, pese a que,
en su criterio, se encuentran acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos para
su procedencia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 27 de julio de 202310, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.

34. Se advierte que el Ministerio público no rindió concepto en esta instancia
judicial.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir lo siguiente:

37. ¿Resulta procedente declarar la falta de legitimación por pasiva del municipio
de La Vega?

38. En caso negativo determinar si ¿la entidad territorial demandada incumplió la
obligación de consignar a la demandante el auxilio de cesantía correspondiente a la
vigencia de 1997, en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio?

39. ¿Si procede el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada por la
docente afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag?

10 Samai, índice 004.

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Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Trámite en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes
afiliados al Fomag

40. La Ley 91 de 1989, en su artículo 3, creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, Fomag como una cuenta especial de la Nación, con el
propósito de cubrir las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados, tanto aquellos vinculados antes como después de la promulgación
de la ley. Asimismo, dispuso que la administración de los recursos del fondo estaría
a cargo de una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta,
mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil suscrito por el Gobierno
nacional.

41. Por su parte, el artículo 5 de la citada ley dispuso:

«El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2. Garantizar la prestación de los servicios médico -asistenciales, que contratará con
entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del
Fondo.
3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado
de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una
base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que
en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable
para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones».

42. En el marco del proceso de nacionalización de la educación oficial previsto
en la Ley 43 de 1975, la Ley 91 de 1989 dispuso que quedarían automáticamente
afiliados al Fomag los docentes nacionales y nacionalizados vinculados hasta el 29
de diciembre de 1989. Asimismo, se incluyó al personal vinculado con posterioridad,
siempre que cumpliera con los requisitos formales, normativos y económicos
exigidos para su afiliación.

43. A su turno, el Decreto 1775 de 199015 reglamentó el funcionamiento del
Fomag y estableció que las solicitudes para el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas del magisterio deben ser radicadas en la oficina de
prestaciones del Fondo Educativo Regional correspondiente, siendo aceptadas si
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Una vez radicadas,
se procede al estudio de la documentación, luego se realiza la liquidación de la
prestación con el visto de la entidad fiduciaria, y finalmente, el delegado del

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Ministerio de Educación ante el Fondo Educativo Regional expide la resolución de
reconocimiento de las cesantías.

44. Ahora bien, el Congreso de la República, mediante el artículo 56 de la Ley
962 de 2005, dispuso que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el Fomag, previa aprobación del proyecto de resolución
por parte de quien administre el fondo. Dicho proyecto debía ser elaborado por el
secretario de educación de la entidad territorial certificada a la cual estuviera
vinculado el docente, y su trámite fue reglamentado por el Decreto 2831 de 2005,
entre los que se destacan los siguientes artículos:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo,
implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad
territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes
conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada
a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o
la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los
formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los
recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo
de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta
adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y
prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la
normatividad vigente.

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3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de
reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el
numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del
manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de
prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes
91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y
surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las
formalidades y efectos previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los
actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de
este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y
dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean
interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento
aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se
hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal
y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad
que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria
que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. Dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la
sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría
de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por
el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos
y con las formalidades y efectos previstos en la ley».

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45. En este orden de ideas las resoluciones para el reconocimiento y pago de
prestaciones a docentes afiliados al Fomag son elaboradas por la secretaría de
educación del ente territorial, actuando en nombre del Fomag, y deben ser
aprobadas por la sociedad fiduciaria, que administraba los recursos del fondo.

3.3.2. Régimen de cesantías anualizadas, Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989.
Improcedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para docentes afiliados al Fomag. Reiteración de jurisprudencia.

46. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías
se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198911:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

47. Aunado a lo transcrito, el régimen prestacional distingue entre los docentes
nacionalizados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservan el sistema de
cesantías retroactivas equivalente a un año de salario por cada año laborado; y los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, a quienes el Fomag reconoce
las cesantías bajo el régimen anualizado, es decir, liquidadas cada año con el pago
de intereses sobre el saldo existente a 31 de diciembre, sin retroactividad.

48. En este sentido el Fomag es la entidad competente para liquidar y reconocer
las cesantías parciales y definitivas de los docentes oficiales afiliados. Dicha función
se ejerce en desarrollo del principio de prestación descentralizada de los servicios
previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de delegación del artículo 9 de la

11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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normativa referida, en este sentido el trámite administrativo se adelanta a través de
las secretarías de educación de las entidades territoriales. No obstante, el pago
efectivo del auxilio corresponde a la Fiduprevisora S.A.

49. A su vez la ley 60 de 199312 dispuso en su artículo 6 lo que sigue:

Administración del personal. Reglamentado parcialmente por el Decreto 196 de
1995. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y
reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los
servicios educativos estatales

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos
sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial
adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este
artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial. (Subraya la Sala).

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El valor
actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deban trasladar
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos
efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será
financiado con sus propios recursos.

50. Ahora bien, antes de que se diera la afiliación del docente al Fomag, el
reconocimiento de las cesantías recaía directamente en las entidades territoriales,
las cuales asumían la responsabilidad por el pago de las prestaciones sociales
causadas con anterioridad a dicha vinculación, de conformidad con el artículo 7 del
Decreto 196 de 199513, circunstancia que fue modificada por el Decreto 3752 de

12 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

13 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la

Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones: Artículo 7. El pago de las prestaciones sociales de los

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2003 que ordenó la afiliación de los docentes del servicio público educativo de las
plantas de personal territorial al Fomag, centralizando en dicha entidad tanto el
reconocimiento como el pago del auxilio.

51. Aunado a lo anterior el régimen anualizado de cesantías fue establecido en
la Ley 50 de 199014, que específicamente, en su artículo 99, dispuso:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

52. La Ley 344 de 199615, que permitió la extensión de este modelo al sector
público estableció en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

docentes departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de las entidades
territoriales que, en los términos de definición contenida en el artículo 2 del presente Decreto se hayan causado
antes de su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de
previsión o entidades que hagan sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes aportes.

El pago de las prestaciones sociales de los docentes de establecimientos públicos oficiales que se hayan
causado antes de su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad del establecimiento público respectivo de la
caja de previsión o de la entidad que hiciere sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes
aportes.
14 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones».

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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]

53. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199616.

54. En este orden de ideas, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las
disposiciones contenidas en la Ley 50 de 1990 en cuanto a la sanción moratoria
derivada del no pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, en la
que fijó las siguientes reglas:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así́ como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en
que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley
50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador. […].

[…]

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica17.

55. En consonancia con lo transcrito, los docentes estatales afiliados al Fomag se
rigen por un régimen de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, el cual excluye la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-

23-33-000-2013-00666-01(0833-16).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de

2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).

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aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, en particular, la sanción moratoria
allí establecida, debido a la incompatibilidad entre ambos sistemas.

3.3.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

56. La legitimación en la causa se contrae a la capacidad que tienen las partes
para concurrir al proceso para formular sus pretensiones u oponerse a la demanda.
Sobre esta figura jurídico–procesal, esta corporación ha sostenido que «[l]a
legitimación en la causa es un presupuesto anterior y necesario para dictar
sentencia de mérito y hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre
las partes en el proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella
persona a quien se le exige la obligación es a quien habilita la ley para actuar
procesalmente»18.

57. Por consiguiente, el demandante debe ser el titular del interés jurídico objeto
del litigio, mientras que el demandado es a quien se le podría exigir el cumplimiento
de lo que se pretende en la demanda, «razón por la cual, les asiste el derecho a
que el juez decida sobre la controversia, bien sea a favor de la parte demandante,
acogiendo sus pretensiones o de la parte demandada, negándolas. Dicho de otro
modo, son los hechos respecto a los cuales gira el litigio y la participación de las
partes en los mismos, los que determinan su legitimación»19.

58. De igual modo, esta corporación ha precisado la diferencia entre la
legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, a partir de lo cual se ha
entendido que aquella se refiere a la relación jurídico–procesal que surge con la
presentación de la demanda y la notificación de esta al demandado, de manera que
quien convoca a otro en atención a la conducta endilgada en la demanda está
legitimado de hecho por activa y su contraparte, a quien se cita y se le atribuye esa
conducta, se encuentra legitimado de hecho por pasiva, una vez es notificado del
auto que la admite; es decir, que la legitimación de hecho comporta carácter formal,
al estar supeditada al momento en que se traba el contradictorio dentro del
proceso20.

59. En cambio, la legitimación material en la causa surge de la participación real
de los sujetos en los hechos en que se origina la demanda, independientemente de
que integren la parte activa o pasiva de la relación jurídico–procesal, esto es, hayan
o no ejercido el derecho de acción o que hayan sido o no demandados. Por lo tanto,
un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación
en la causa material21.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de septiembre de 2018, proceso con radicado 19001-

23-31-000-2010-00350-01 (54756). M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2015, proceso con radicado 25000-23-26-

000-2001-01544-01 (28386). M. P. Danilo Rojas Betancourth.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2019, proceso con radicado 25000-23-

26-000-2010-00511-01 47168). M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2023, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2016-00138-01 (0090-2021). M. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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3.4. Hechos probados

60. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:

3.4.1. Del nombramiento de la actora y su afiliación al Fomag

61. La señora Rosalba Fierro Velásquez fue nombrada mediante el Decreto núm.
17 A del 1 de febrero de 199422 como docente cofinanciada, en el grado 1 en el
escalafón nacional, y adscrita al municipio de La Vega.

62. La afiliación al Fomag quedó demostrada con la copia del extracto de
intereses a las cesantías expedido por Fomag, Fiduprevisora S.A., a partir de 1994
En este documento también se advierte una relación de intereses por varios años y
en el que no se encuentra relacionado la vigencia de 1997.

3.4.2. De la reclamación administrativa

63. La actora presentó reclamación administrativa el 20 de septiembre de 2018
ante la Secretaría de Educación del municipio de La Vega23, en la que le solicitó el
reconocimiento y pago al Fomag de las cesantías correspondientes a la vigencia
1997, al considerar que le asistía el derecho, por cuanto había prestado sus
servicios como docente a dicha entidad territorial. Tal prestación la reclamó con
fundamento en lo dispuesto en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 y el
artículo 1 de la Ley 65 de 1946.

64. En la misma petición pidió la liquidación y el pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 344 de 1996 y reglamentada por el Decreto 1582 de 1998,
normativa que remite a los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, al considerar
que su causación obedeció a la omisión en la consignación del auxilio de cesantías
correspondiente a la vigencia de 1997.

3.5. Análisis de la Sala

65. La demandante de forma expresa solicitó al municipio de La Vega, la
consignación efectiva de sus cesantías correspondientes al año 1997 al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, así como el reconocimiento de la sanción
moratoria derivada de su presunto pago tardío, con fundamento en lo previsto en la
Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en concordancia con
las disposiciones de la Ley 50 de 1990.

66. En este sentido, la Sala se aparta de la conclusión a la que arribó el tribunal
respecto de la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de

22 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 001 demanda, folios 31 al 32.
23 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_25000234200020200048(.zip), pdf 001 demanda, folios 39 al 47.

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La Vega. En efecto, el análisis realizado en la sentencia impugnada parte de una
premisa que no resulta adecuada al objeto de la controversia, pues asimila la
obligación cuyo cumplimiento reclama la actora con las funciones de reconocimiento
y pago de prestaciones sociales atribuidas al Fomag.

67. Lo anterior, porque con el escaso material recaudado en el plenario,
particularmente el contenido de la reclamación y las pretensiones de la demanda,
se advierte que lo pretendido por la demandante es que el municipio de La Vega
consigne el auxilio de cesantía al Fomag. Es decir, no solicitó el reconocimiento y
pago de dicha prestación, que como se explicó en esta providencia, es una
competencia que corresponde de manera exclusiva al Fomag.

68. En este contexto, concluir que el municipio carece de legitimación material
por pasiva equivale a anticipar el examen de responsabilidad propio de la decisión
de mérito y confundir un presupuesto procesal con la resolución sustancial de la
controversia. En consecuencia, la entidad territorial sí se encuentra legitimada para
integrar el extremo pasivo del litigio, dado que es precisamente a está a quien la
parte demandante le atribuye la conducta omisiva que originó la controversia y
respecto de la cual recae el juicio de legalidad solicitado ante esta jurisdicción.

69. En estas condiciones, la relación sustancial discutida en el proceso vincula
directamente al municipio de La Vega con los hechos que sirven de fundamento en
la demanda, circunstancia suficiente que determina su legitimación material en la
causa pasiva. Lo anterior porque la legitimación en este caso de la entidad territorial
va dirigida a verificar su participación en los hechos que dieron origen a la
controversia.

70. Así las cosas, no le asiste razón al tribunal cuando concluyó la falta de
legitimación por pasiva del municipio en el entendido que no le corresponde efectuar
el pago de la cesantía. De esta manera, procede efectuar el estudio de fondo de la
controversia con miras a establecer si el municipio demandado incumplió su
obligación de consignar la cesantía correspondiente al año 1997. Bajo esta
precisión, la respuesta al primer problema jurídico propuesto es negativa.

71. Desciendo al punto central y con miras a desatar el segundo de los problemas
jurídicos propuestos, resultó probado que la señora Rosalba Fierro Velásquez fue
nombrada docente al servicio del municipio de La Vega mediante el Decreto 17A
del 1 de febrero de 1994. Igualmente, quedó acreditada su afiliación al Fomag,
conforme a los extractos de cesantías expedidos por dicho fondo y por la
Fiduprevisora S. A, en el que se registran pagos para los años 1994 a 1996, y de
1998 a 2017, circunstancia que fue reconocida por la propia demandante en el
escrito introductorio y no fue controvertida por la entidad territorial que dejó
transcurrir en silencio el término otorgado para ejercer su defensa.

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72. Adicional a lo anterior resulta relevante citar el artículo 6 de la Ley 60 de 1993
que estableció expresamente que las sumas destinadas a la financiación de las
prestaciones del personal docente afiliado al Fomag deben ser giradas por las
entidades territoriales, previsión normativa que estableció la existencia de
obligaciones propias a cargo de dichos entes dentro del sistema prestacional de los
docentes oficiales

73. En este orden de ideas, acreditada la vinculación de la demandante al ente
territorial y atribuida a este la conducta omisiva que dio origen al litigio, la Sala
abordará el estudio del acervo probatorio con el fin de establecer si dicha obligación
fue cumplida o, por el contrario, si se configura la responsabilidad que se le endilga.

74. Al respecto se observa en el extracto de cesantías que se aportó con la
demanda, que la fuente de los recursos corresponde a la modalidad de
cofinanciación. De igual manera, al revisar el contenido del referido documento se
advierte que no aparece registrada consignación o pago alguno respecto de la
vigencia de 1997, periodo frente al cual la demandante formuló su reclamación. Esta
circunstancia constituye un elemento relevante para establecer si la obligación cuyo
cumplimiento se reclama fue atendida por la entidad territorial obligada, esto es, por
el municipio de La Vega.

75. En este sentido, resulta claro que, conforme a la Ley 60 de 1993, si bien el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales
afiliados al Fomag se encuentra a cargo de dicho fondo, corresponde a las
entidades territoriales efectuar oportunamente el traslado de los recursos
destinados a su financiación. Por consiguiente, la satisfacción de tales obligaciones
presupone el cumplimiento por parte de los entes territoriales de los deberes que
les han sido legalmente asignados.

76. Bajo esa premisa, advierte la Sala que no obra en el expediente prueba
alguna que permita acreditar que el municipio de La Vega hubiera efectuado el
traslado de los recursos correspondientes a la cesantía causada en la vigencia de
1997 al Fomag. Por consiguiente, ante la ausencia de elementos de convicción que
demuestren el cumplimiento de dicha obligación y en atención a que el material
probatorio disponible apunta en sentido contrario, se impone revocar la sentencia
de primera instancia para disponer la nulidad del acto ficto demandado y a título de
restablecimiento ordenar a la entidad demandada que reconozca y consigne al
Fomag el valor de la cesantía a la que tiene derecho la actora en su condición de
docente, para el año de 1997, si aún no lo hubiere hecho.

77. Así las cosas, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa, en
cuanto se acreditó el incumplimiento del deber de financiación y traslado de los
recursos destinados a la cesantía reclamada al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fomag por parte de la entidad territorial demandada.

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78. Resta entonces resolver lo relacionado con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, frente a la cual resulta procedente
aplicar las reglas de unificación contenidas en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023,
proferida por esta corporación en los siguientes términos:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así́ como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a
los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso,
es incompatible con el sistema que prevé́ la sanción moratoria por la consignación
tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que
establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador. […].

[…]

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica24.

79. En consonancia con lo transcrito, los docentes estatales afiliados al Fomag
se rigen por un régimen de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, el cual excluye
la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y, en particular, la sanción
moratoria allí establecida, debido a la incompatibilidad entre ambos sistemas. Así
las cosas, la respuesta al tercer problema jurídico planteado resulta negativa.

3.6. Conclusión de la decisión

80. La Sala concluye que no se configuró la falta de legitimación en la causa por
pasiva declarada por el tribunal, toda vez que la controversia recae sobre una
obligación que el ordenamiento jurídico atribuye al municipio de La Vega en materia
de financiación de las prestaciones sociales del personal docente.

81. Asimismo, se encuentra acreditado que la demandante se hallaba vinculada
al régimen prestacional del magisterio y que no obra en el expediente prueba que
demuestre el traslado al Fomag de los recursos correspondientes a la cesantía
causada en la vigencia de 1997. En estas condiciones, la entidad territorial incumplió
el deber que le asistía respecto de dicho auxilio. Por consiguiente, se revocará la
sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad del acto ficto demandado
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de

2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).

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Demandados: Municipio de La Vega

para ordenar al municipio de La Vega efectuar la consignación de la cesantía a la
que tiene derecho la docente Rosalba Fierro Velásquez por la anualidad de 1997 al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, si aún no lo hubiere hecho.

82. Finalmente se niega la pretensión relacionada con el reconocimiento de la
sanción moratoria por resultar incompatible con el sistema que prevé la sanción
moratoria por la consignación tardía del auxilio.

3.7. Costas

83. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia de 19 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda, al declarar configurada la falta de legitimación
en la causa por pasiva del municipio de La Vega.

Segundo: Declarar la existencia del acto ficto o presunto frente a la petición que
radicó la señora Rosalba Fierro Velásquez el 20 de septiembre de 2018, ante el
municipio de La Vega.

25La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00488-01 (1303-2023)
Demandante: Rosalba Fierro Velásquez
Demandados: Municipio de La Vega

Tercero: Declarar la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo
negativo configurado frente a la reclamación presentada el 20 de septiembre de
2018 y, en consecuencia, ordenar al municipio de La Vega que efectúe la
consignación del auxilio de cesantía correspondiente a la vigencia de 1997 ante el
Fomag, a favor de la docente Rosalba Fierro Velásquez, si aún no lo hubiere hecho.

Cuarto: Negar las demás pretensiones.

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese Y Cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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