República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00329-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-20231)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag,
departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga
Tema: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas: Leyes 344
de 1996 y 50 de 1990. Subtema. Prescripción extintiva de la sanción por mora en
el pago tardío de cesantías anualizadas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 7 de mayo de 2021, por la Sala de Decisión Oral, Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada la excepción de
prescripción, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.
1. Síntesis del caso
La señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas solicitó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga (Atlántico) le
negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 344
de 1996 y 50 de 1990. Afirmó que tiene derecho al reconocimiento y pago de esta,
por la omisión en la consignación oportuna de sus cesantías del 2000 al 2003,
inclusive, en el fondo administrador de cesantías al que se encontraba afiliada en
calidad de servidora pública.
1 Expediente digital.
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
No obstante, mediante auto del 9 de septiembre de 20162, se rechazó la demanda
en cuanto a la declaratoria de nulidad del Oficio núm. 2015EE146059 del 14 de
diciembre de 2015, por no constituir un acto enjuiciable, pero se aclaró que se
mantenía la vinculación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, quien
expidió dicho acto, por existir un litisconsorcio necesario con las demás entidades
vinculadas. De ahí se tiene que, a pesar de que la actora cuestionó la legalidad de
tres actos administrativos, la demanda de la referencia solo se admitió frente al oficio
del 30 de diciembre de 2015, proferido por el municipio de Sabanalarga, y el acto
ficto derivado del silencio negativo por parte del departamento del Atlántico.
En primera instancia, la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró probada la excepción de prescripción, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Inconforme con
esta decisión la parte actora interpone recurso de apelación en el que reprocha que
la prescripción en estos casos opera de manera parcial, esto es, con respecto a las
porciones de sanción que no fueron reclamadas oportunamente. La Sala de
Subsección, en segunda instancia, confirmará la sentencia de primera instancia al
concluir que operó la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria
respecto de las anualidades del 2000 al 2003.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas, el 12 de abril de 20163, por
conducto de apoderado judicial, formuló demanda4 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga con
las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte actora solicitó que se declare la nulidad del oficio del 30 de diciembre
de 2015, recibido el 12 de enero de 2016, y proveniente del alcalde municipal de
Sabanalarga.
3. Adicionalmente, que se declare la nulidad del Oficio núm. 2015-EE146059
del 14 de diciembre de 2015, recibido el 12 de enero de 2016 y proferido por el
asesor de la Secretaría General de la Unidad de Atención al Ciudadano de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional.
2 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 009. AUTO ADMISORIO.pdf.
3 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 009, 005. ACTA DE REPARTO.pdf.
4 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 009, 001. DEMANDA.pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
4. También pidió que se anulara el acto ficto o presunto derivado del silencio
del departamento del Atlántico, por haber transcurrido los tres meses previstos en
el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), sin que se hubiera resuelto la petición del 23 de noviembre
de 2015.
5. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a las demandadas a
pagar la sanción moratoria dispuesta en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, por la omisión en la consignación del
auxilio de cesantías correspondiente a las anualidades de 2000 a 2003, inclusive,
en el fondo administrador de cesantías al que se encontraba afiliada. Sanción
moratoria que debía liquidarse para cada anualidad desde el 15 de febrero del año
siguiente a cuándo se causara el auxilio de cesantías respectivo, hasta que se
produjera la consignación de estos en cada uno de los años reclamados.
6. Además, pidió que se ordenara el pago efectivo y material y que la suma que
resultara de la condena se ajustara de conformidad con el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), según el inciso 4 del artículo 187 del CPACA.
7. En el mismo sentido, reclamó el pago a su favor de costas procesales,
incluidas las agencias en derecho, en los términos del artículo 188 del CPACA.
También solicitó el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia, de conformidad con los artículos 192 y 195, inciso 4 del CPACA.
8. Por último, reclamó que se tuviera en cuenta la cuantía estimada en el medio
de control de la forma en que lo exigía el artículo 152, numeral 2 del CPACA.
2.1.2. Hechos
9. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
10. La señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas labora como docente en la planta
del municipio de Sabanalarga, «asimilada por el departamento del Atlántico en el
año 2003, grado 14, inscrita en el Escalafón Nacional para desempeñar el cargo de
docente desde el 8 de enero de 2000 hasta la fecha».
11. Devenga actualmente un salario de $2.866.699 pesos, según el comprobante
de pago expedido por la Secretaría de Educación del Atlántico, para el mes de
octubre de 2015.
12. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, el departamento del
Atlántico y el municipio de Sabanalarga no consignaron oportunamente sus
cesantías por las anualidades comprendidas entre el 2000 y el 2003, ni en el plazo
fijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, artículos
99 a 104.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
13. Las entidades demandadas se hacen acreedoras de reconocer y pagar la
sanción moratoria por la suma de un día de salario por cada día de retardo en cada
uno de los auxilios de cesantías dejados de consignar a tiempo, a partir del 15 de
febrero del año siguiente a su causación. En este orden, no le han pagado a la
actora la sanción por retardo y no han consignado oportunamente los respectivos
auxilios de cesantías en el fondo administrador.
14. El departamento del Atlántico es solidariamente responsable de la sanción y
de los derechos reclamados, ya que los recursos del municipio de Sabanalarga
provienen de este.
15. Mediante escritos presentados el 20 y 23 de noviembre de 2015, radicó
reclamaciones administrativas ante las entidades con el fin de solicitar que se le
pague la sanción moratoria derivada de la no consignación oportuna de las
cesantías correspondientes a las anualidades de 2000, 2001, 2002 y 2003, al fondo
al que se encontraba afiliada, de conformidad con la Ley 344 de 1996, el Decreto
1582 de 1998 y los artículos 99, 102, 104 y subsiguientes de la Ley 50 de 1990.
16. El municipio de Sabanalarga expidió oficio el 30 de diciembre de 2015, que
recibió el 12 de enero de 2016, en el que expresó que no estaba obligado a pagar
la sanción moratoria reclamada porque ha venido pagando los auxilios de cesantías
de sus empleados conforme lo prevé la norma y las acreencias están incluidas en
el proceso de restructuración de pasivos de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 550
de 1999.
17. Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional profirió el Oficio
núm. 2015-EE-146059 del 14 de diciembre de 2015, que recibió el 12 de enero de
2016, en el que determinó que la competente para conocer de la petición era la
Secretaría de Educación del Atlántico, a quien le remitió la solicitud. Finalmente, el
departamento del Atlántico no emitió respuesta, lo que dio lugar a que pasados tres
meses desde la interposición de la petición se produjera el acto administrativo ficto
en los términos del artículo 83 del CPACA, a través del cual se entiende que negó
lo pedido.
18. El 12 de abril de 2016 se llevó a cabo diligencia de conciliación extrajudicial
en la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 13, 29, 53 y 209
• Artículos 138 y 192 del CPACA
• Artículo 13 de la Ley 344 de 1996
• Artículo 1 del Decreto 1582 de 1998
• Numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
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Atlántico y municipio de Sabanalarga
• Artículo 21 y subsiguientes del Decreto 1063 de 1991
• Numeral 1 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.
19. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso los siguientes
argumentos:
20. Las entidades demandadas, al expedir los actos administrativos acusados,
violaron el artículo 53 de la Constitución Política porque los trabajadores están en
una situación de indefensión.
21. Además, con su conducta, transgredieron el contenido del artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, toda vez que las personas vinculadas
a partir la fecha en que entró en vigencia esta disposición tendrán determinado
régimen de cesantías.
22. Los actos administrativos igualmente desconocieron el Decreto 1582 de
1998, dado que las personas vinculadas después del 31 de diciembre de 1996
tenían derecho a que sus cesantías fueran consignadas a más tardar el 14 de
febrero del año siguiente a cuando fueron causadas, en el fondo administrador de
cesantías que estas hubieren escogido.
23. Como se vinculó en calidad de docente en la planta del municipio de
Sabanalarga, lo cual se extrae del acta de posesión aportada con la demanda,
desde el 8 de enero del 2000 y hasta la actualidad, está cobijada por la Ley 344 de
1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, artículos 99, 102 y
subsiguientes. De ahí que las entidades demandadas, al no consignar
oportunamente sus cesantías al fondo, incurrieron en una violación de estas
disposiciones, lo que da lugar a su nulidad.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag
24. Indicó que durante los años 2000 a 2003 no era el encargado de pagar las
cesantías de la docente Edita Isabel Sulbarán Cuentas y aclaró que como entidad
únicamente reconoce los intereses a las cesantías respecto del auxilio liquidado con
corte a 31 de diciembre de cada anualidad, respecto a los docentes afiliados al
Fomag. Esto, bajo el entendido de que los referidos no gozan de libertad en la
escogencia del fondo de cesantías donde desean les sea consignado el auxilio. Por
consiguiente, solo responde por las prestaciones sociales causadas con
posterioridad a su afiliación, lo que implica que los aportes anteriores son
responsabilidad de las entidades territoriales.
25. En este contexto, se opuso a todas las pretensiones de la demanda al
considerar que carecían de sustento fáctico y jurídico, en particular comoquiera que
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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las pretensiones de la demandante no atienden lo previsto en el ordenamiento
jurídico. Adicionalmente, planteó como excepciones la inexistencia del derecho por
errónea interpretación de la norma, el cobro de lo no debido, el pago, la buena fe,
la prescripción, la compensación y la genérica5.
2.2.2. Departamento del Atlántico
26. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Afirmó que no le asistía
responsabilidad en el pago de las prestaciones sociales de la señora Edita Isabel
Sulbarán Cuentas porque, para los años 2000 a 2003, su vinculación fue
directamente con el municipio de Sabanalarga. En particular, destacó que este
último era quien debía asumir el pago de las cesantías reclamadas, en atención a
que solo hasta el mes de enero de 2003 la actora se incorporó al departamento del
Atlántico. Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 715 de 2001 y en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al Fomag están a cargo de la respectiva
entidad territorial.
27. En estos términos, el acto administrativo ficto derivado de su silencio está
respaldado en el régimen aplicable. Además, dispuso que la Ley 50 de 1990 era
inaplicable al presente asunto, dado que la demandante está afiliada al Fomag,
entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes
afiliados. Por ende, planteó como excepciones la falta de legitimación en la causa
por pasiva, la prescripción, la inexistencia de la obligación por parte del
departamento del Atlántico, el cobro de lo no debido y la genérica6.
2.2.3. Municipio de Sabanalarga
28. Se abstuvo de contestar la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. La Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió sentencia el 7 de mayo de 2021 en la que declaró probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de
imponer condena en costas.
30. En sustento, encontró acreditado que la señora Edita Isabel Sulbarán
Cuentas se vinculó como docente al municipio de Sabanalarga desde el 8 de enero
de 2000. Por tanto, era beneficiaria del régimen anualizado de cesantías, con la
consecuente orden de obtener la consignación al fondo administrador de cesantías
que ella eligiera, desde el 15 de febrero del año siguiente a su generación.
5 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 012.CONTESTACION #1.
6 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 015.CONTESTACION #2.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
31. Igualmente, destacó que la sanción moratoria se causa de manera
autónoma, motivo por el cual no está supeditada al pago efectivo de las cesantías.
Así las cosas, consideró que, en el caso particular, transcurrieron más de 3 años
entre la fecha en que se causó la sanción moratoria por la no cancelación oportuna
de las cesantías y el momento en que la demandante radicó solicitud de
reconocimiento – el 20, 23 y 25 de noviembre de 2015–, sin que se hubiera logrado
interrumpir la prescripción.
32. De este modo, como se excedió el término legal para presentar la petición en
sede administrativa, lo procedente era declarar probada la excepción de
prescripción extintiva del derecho reclamado, que implicaba la consecuente
negativa de las súplicas de la demanda. Bajo este entendido, el Tribunal aclaró que,
aunque sería del caso entrar a establecer la aplicación de las normas contenidas en
las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 a los docentes, lo cierto es que aun si la sanción
moratoria fuera procedente, estaría prescrita en su totalidad.
33. Se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante ante la ausencia
de elementos de juicio que permitan su imposición 7.
2.4. Recurso de apelación
34. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia para que se revoquen
los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva de la decisión, en los que se
declaró probada la excepción de prescripción extintiva y se negaron las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, acceder a las súplicas invocadas.
35. En concreto, manifestó que la prescripción está regulada en varias
disposiciones del ordenamiento jurídico, a saber: (i) los artículos 2152 y 2153 del
Código Civil, según los cuales esta, en su dimensión negativa, es una forma de
extinción de los derechos por no ejercerlos en el transcurso del tiempo; (ii) el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 relativo a
la prescripción de los derechos de carácter prestacional; y (iii) el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo (CPT), que resulta aplicable a las controversias de los
empleados públicos, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.
36. De acuerdo con el artículo 151 ibidem, el titular cuenta con 3 años para
presentar reclamación administrativa y acudir ante el operador judicial, para
interrumpir el fenómeno prescriptivo.
37. La Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio en cuanto a la
sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías anualizadas en
la sentencia CE-SUJ004 de 2016; de modo que, al resolver el caso en concreto,
7 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 040-2016 - 00329-00- W- FALLO Y
CLARACION.pdf.
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Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
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Atlántico y municipio de Sabanalarga
dispuso que la prescripción en estos casos opera de manera parcial, esto es, con
respecto a las porciones de sanción que no fueron reclamadas oportunamente.
38. De ahí que la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016 reconoció, tanto
en su parte considerativa, como en la resolutiva que, aunque la reclamación se
presentó después de los 3 años, solo se perdieron los derechos que no fueron
reclamados en tiempo.
39. En estos términos se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado al proferir sentencia del 1 de marzo de 2018, en la que se refirió
al criterio unificado por la Sección Segunda de esta corporación el 25 de agosto de
2016; frente al cual destacó que la exigibilidad de la sanción corría desde el 15 de
febrero del año siguiente a cuándo se causa la prestación y hasta que la entidad
cumpliera su deber legal, se produjera el pago efectivo o terminara el vínculo laboral.
40. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Atlántico le otorgó una lectura
equivocada al precedente, con lo cual violó sus derechos e intereses, toda vez que
declaró que la sanción moratoria de las anualidades de 2000 a 2003 estaba
prescrita en su totalidad, dado que la reclamación la presentó en 2015. Aunque, lo
cierto es que, hasta la fecha, no se le han consignado las cesantías.
41. En este orden, aplicado un silogismo a partir de la regla fijada en la sentencia
CE-SUJ004 de 2016, según la cual, como solo están prescritas las porciones de
sanción que no fueron reclamadas en tiempo, debe contarse tres años hacia atrás
desde la fecha de la reclamación administrativa, lo cual daría como resultado la
prescripción de las porciones de la penalidad anteriores al 20 de noviembre de 2012,
ya que la solicitud la presentó ese día y mes del 2015. Así las cosas, el pago de la
sanción moratoria debía efectuarse a partir de este momento, y hasta cuando le
sean canceladas efectivamente las cesantías8.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
42. Mediante auto del 14 de marzo de 20249, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, en los
términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el numeral 3 del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021. Indicó que, al no existir pruebas por decretar en segunda
instancia, se prescindiría del traslado y, una vez notificada esta providencia, el
expediente ingresaría al despacho para dictar fallo. También le reconoció
personería al apoderado del departamento del Atlántico, para actuar en
representación de la entidad.
8 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 037. REC.APELACION PARTE DEMADNANTE
2016-00329.pdf.
9 Samai, índice 4.
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Atlántico y municipio de Sabanalarga
43. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 24 de junio de
202410, sin embargo, el 12 de marzo de 202611 se profirió auto en que se decretó
una prueba de oficio y se le reconoció personería al apoderado del departamento
del Atlántico. En particular, se le ordenó al Fomag certificar la fecha de afiliación de
la demandante a la entidad; si esto ocurrió para los años 2000 a 2003 o con
posterioridad. En este sentido se dispuso que, recaudada en debida forma esta
prueba, y sin necesidad de auto que lo dispusiera, se corriera traslado a los sujetos
procesales por el término de tres (3) días con el fin de surtir la contradicción que
prevé el artículo 110 del CGP.
44. En consecuencia, la Fiduprevisora aportó el certificado de afiliación
correspondiente12 y se fijó en lista el traslado de los documentos por el término de
1 día13. Posteriormente, en cumplimiento de la providencia anterior, la Secretaría de
la corporación dejó a disposición de las partes los documentos obrantes a índices
22 y 23 de Samai, por el término de tres días de acuerdo con el artículo 110 del
CGP14. Luego, se volvieron a allegar los citados documentos, sin embargo, esto
ocurrió durante el período de traslado aludido15. El expediente ingresó al despacho
para proferir sentencia el 22 de abril de 2026 16, sin pronunciamiento frente a las
pruebas.
2.6. Concepto Ministerio Público
45. El Ministerio Público rindió concepto en el que expresó que debía confirmarse
la sentencia de primera instancia, en atención a que, en el caso particular, operó la
prescripción, de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022 del 6
de agosto de 2020. En particular, la última anualidad fue la del 2003, razón por la
cual la actora tenía hasta el 15 de febrero de 2007 para reclamar. No obstante,
radicó su solicitud los días 20 y 23 de noviembre de 2015 ante las entidades
demandadas, esto es, evidentemente fuera del plazo de tres (3) años contabilizados
a partir de la exigibilidad de la obligación. Por ende, los argumentos del recurso de
apelación no tenían vocación de prosperar17.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
46. El presente asunto es competencia de esta corporación, de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
10 Samai, índice 12.
11 Samai, índice 14.
12 Samai, índices 22 y 23.
13 Samai, índice 24.
14 Samai, índice 25.
15 Samai, índices 26 a 28.
16 Samai, índice 29.
17 Samai, índice 10.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
47. La Sala se ocupará de determinar si: ¿La demandante, en su condición de
docente, tiene derecho a la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus
cesantías anualizadas en los años objeto de reclamación?
48. Seguidamente, de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, le corresponderá a la Sala definir si:
49. ¿Operó la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria derivada
de la no consignación de las cesantías anualizadas de la señora Edita Isabel
Sulbarán Cuentas, por las anualidades comprendidas del 2000 al 2003?
50. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen de cesantías anualizadas – Ley 50 de 1990 y Ley 91 de 1989
– y la incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para docentes afiliados al Fomag; y (ii) la prescripción de la sanción moratoria por
la no consignación de las cesantías anualizadas.
51. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos
probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen de cesantías anualizadas - Leyes 50 de 1990 y 91 de 1989.
Incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para docentes afiliados al Fomag – Reiteración de jurisprudencia.
52. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías
se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198918:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional.
53. Este régimen anual fue establecido en la Ley 50 de 199019, específicamente,
en su artículo 99, en que dispuso:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o
en la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
54. La Ley 344 de 199620, que permitió la extensión de este modelo al sector
público previó, en su artículo 13, que a partir de su publicación, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:
ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado
en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas
19 «“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”».
20 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
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que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente
régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias
a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]
55. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199621.
56. Ahora bien, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las disposiciones
contenidas en la Ley 50 de 1990 en cuanto a la sanción moratoria derivada del no
pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, en la que fijó las
siguientes reglas:
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las
leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no
extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del
auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fomag y regulados por la Ley
91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la
sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP,
comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas
acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido
afiliarlo al Fomag el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas,
el reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la
medida en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las
garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a
la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. […]
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante
para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima
derivada del sistema general de liquidación anualizada de la prestación
económica22.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2013-00666-01(0833-16).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-
33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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3.3.2. La prescripción de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías anualizadas - Reiteración de jurisprudencia
57. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de
unificación CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016 en la cual fijó las siguientes reglas:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por
la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento
mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año
en que se debió realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio. […]23.
58. Puntualmente, en lo relativo a la prescripción de la sanción moratoria,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, acogió el plazo dispuesto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de suerte que
fijó con claridad, en la ratio decidendi de esta decisión, que la sanción moratoria
debía reclamarse dentro de los 3 años siguientes al momento en que se hace
exigible la obligación24.
59. Sin embargo, al momento de resolver el caso concreto, la sentencia de
unificación CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016 declaró prescritas, únicamente, las
porciones de la sanción generadas 3 años atrás, contados desde la reclamación
administrativa. Concretamente, estableció:
Siendo así, como la administración tenía plazo para consignar las cesantías
causadas por el periodo laborado por la demandante en el año 2003, hasta el
14 de febrero de 2004, la obligación de reconocer la mora surgió a partir del
15 de febrero de 2004 y a partir de esa misma fecha esta podía reclamar a la
administración el pago de esa obligación, la cual se siguió causando por todos
los años siguientes, en cuanto no se ha reportado la consignación de las
mismas, pero como la reclamación se hizo cuando habían transcurrido más
de los 3 años de los que tratan las normas citadas, permitió que se extinguiera
el derecho a reclamar las causadas con 3 años de anterioridad a esa
reclamación. […]
Así, como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010,
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 08001-
23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2013-00666-01(0833-16) CE-SUJ-SII-022-2020.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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se deben declarar prescritas las porciones de sanción causadas con 3 años
de anterioridad, es decir, las generadas antes del 28 de octubre de 2007.
60. De suerte que, esta disconformidad entre la regla jurisprudencial fijada en la
ratio decidendi, y la solución del caso concreto, suscitó dos formas de interpretación
al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que fue zanjado por el
pleno de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-202025 en la que
aclaró la sentencia CE-SUJ004 el 25 agosto de 2016. Puntualmente, en cuanto a la
referida prescripción, precisó lo siguiente:
70. Al respecto, tal como se consideró en el acápite precedente, el término
prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, el cual
de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del
vencimiento de éste.
71. Así las cosas, conforme el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, la sanción por la mora en la consignación de cesantías
anualizadas se hace exigible a partir del día siguiente a aquel en que vence
el plazo consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ende, desde
el día siguiente (15 de febrero de cada año), el empleado dispone de tres años
para reclamar ante la administración el reconocimiento de la penalidad, so
pena de verse afectado por la prescripción extintiva, tal como se fijó en la ratio
decidendi de la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016.
[…]
83. En tal virtud, negarse a considerar la prescripción de la sanción por mora
porque no hubo pago efectivo de la cesantía o porque no se produjo su
consignación, es desconocer que aquella nace a la vida jurídica ipso jure, en
la manera que dispuso el legislador y que fue apreciada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, siendo exigible para su beneficiario; lo cual, no se
confunde con la extensión de la penalidad en el tiempo, que si está
directamente asociada a que se efectúe la cancelación de la prestación social.
84. El anterior razonamiento pone en la palestra dos obligaciones que pese a
ser conexas, no son dependientes. En efecto, el pago atribuido a la cesantía
constituye la solución al deber prestacional del empleador respecto de la
solicitud efectuada por su empleado, de modo que al producirse hace que se
extinga. Este mismo pago, ante la causación eventual de la moratoria,
ocasiona que ésta cese, no que se extinga, como ocurre con la prescripción
una vez transcurridos los 3 años establecidos en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. […]
86. No puede entenderse de otra manera, pues en voces de la jurisprudencia,
el nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al reconocimiento
de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento del pago
de parte del empleador dentro de los términos de ley, por lo que la
subsistencia de la obligación prestacional tampoco puede impedir la extinción
por el paso del tiempo. En términos sencillos, la existencia formal y
25 Ibidem.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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subsistencia de la cesantía, no determina ni la causación ni la extinción de la
moratoria26.
61. En consecuencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó esta regla
jurisprudencial:
(i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de
la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la
reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
(ii) Cuando se acumulen anualidades sucesivas de sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 por la ausencia de consignación de cesantías
anualizadas, el término prescriptivo deberá contabilizarse de manera
independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años
contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción27.
3.4. Hechos probados
62. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
63. Mediante el Decreto núm. 096 del 30 de diciembre de 199928, el alcalde del
municipio de Sabanalarga nombró a Edita Isabel Sulbarán Cuentas para
desempeñar el cargo de docente. En este cargo se posesionó el 8 de enero de
200029, según se extrae del acta de posesión aportada con la demanda.
64. La señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas radicó reclamación administrativa
el 20 de noviembre de 201530 ante el alcalde municipal de Sabanalarga, en la que
solicitó que se le pagara la sanción moratoria derivada de la no consignación
oportuna de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2000, 2001, 2002
y 2003, al fondo al que se encontraba afiliada de conformidad con la Ley 344 de
1996, el Decreto 1582 de 1998 y los artículos 99, 102, 104 y subsiguientes de la Ley
50 de 1990. Manifestó, en su petición, que formulaba la solicitud al tener en cuenta
que era una docente, pertenecía a la planta del municipio de Sabanalarga desde el
8 de enero de 2000 y que se asimiló31 al departamento del Atlántico en el año 2003.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 2 del archivo
digital.
29 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 1 del archivo
digital.
30 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 4 del archivo
digital.
31 La asimilación alegada se refiere a que la demandante, y los demás docentes vinculados, se incorporaron a
la planta del departamento a partir del año 2003, en los términos de la Ley 715 de 2001, para ser financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones. Así se desprende del Oficio núm. 0943 del 28 de
septiembre de 2018 emitido por la subsecretaria administrativa y financiera del Atlántico.
15
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
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Atlántico y municipio de Sabanalarga
65. Igualmente radicó reclamación, con el mismo objeto, dirigida al gobernador
del departamento del Atlántico, la cual tiene constancia de recibido el 23 de
noviembre de 201532. También remitió la petición, ese mismo día, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, que se recibió con fecha aproximada de entrega
el 25 de noviembre de ese año33.
66. El alcalde del municipio de Sabanalarga expidió oficio el 30 de diciembre de
2015, recibido el 12 de enero de 201634, en el que indicó que la administración
territorial ha reconocido y cancelado a los distintos fondos los recursos
correspondientes a los empleados que están afiliados a estos, en la medida en que
su situación económica se lo ha permitido, porque actualmente está inmerso en un
proceso de restructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999. En
este orden, en punto a la sanción moratoria reclamada, no está obligado a ello ya
que ha pagado los auxilios y lo demás pretendido en los términos expuestos. Por
ende, negó lo solicitado y adujo que con ese pronunciamiento se entendía agotada
la vía gubernativa.
67. Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional expidió el Oficio
núm. 2015-EE-146059 del 14 de diciembre de 2015, recibido el 12 de enero de
201635, en el que precisó que la petición la había remitido a la Secretaría de
Educación del Atlántico, por ser la entidad competente para resolverla. Finalmente,
se advierte que no obra prueba de que el departamento del Atlántico haya
contestado la solicitud, de ahí que, inclusive, en la contestación de la demanda
coadyuvó la configuración del acto ficto.
68. Ahora bien, de conformidad con el Oficio núm. 0943 del 28 de septiembre de
201836, emitido por la subsecretaria administrativa y financiera del departamento del
Atlántico, la señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas tiene vinculación docente
municipal y pertenece al régimen de cesantías anualizado. De este modo, manifestó
que el departamento del Atlántico, como entidad certificada en educación, en los
términos de la Ley 715 de 2001, asumió la distribución de los recursos para la
prestación del servicio educativo de los municipios no certificados del Atlántico,
desde el año 2003.
69. Por consiguiente, desde la citada fecha incorporó al personal docente que
venía desempeñando su cargo hasta el 2002. De ahí que, el reporte de las cesantías
frente a los años 2000 a 2002 le correspondía al municipio de Sabanalarga.
Adicionalmente, precisó que a la fecha la demandante está afiliada al Fomag.
32 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 5 del archivo
digital.
33 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, páginas 6 y 7 del archivo
digital.
34 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 8 del archivo
digital.
35 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 004.PRUEBAS DDA, página 9 del archivo
digital.
36 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 025. RESPUESTA DPTO ATLANTICO.pdf.
16
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico – Derecho al reconocimiento
de la sanción moratoria –
70. En el caso concreto, el Tribunal no analizó si la señora Edita Isabel Sulbarán
Cuentas sería beneficiaria de las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, por su condición
de docente. No obstante, precisó que aun si tuviera el derecho, la sanción moratoria
había prescrito en su totalidad.
71. Bajo este entendido, el recurso de apelación de la parte demandante se limitó
a controvertir la declaratoria de prescripción, al considerar que, en aplicación de la
sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, esta solo operó parcialmente en el presente asunto, esto es,
respecto de las porciones de sanción que no fueron reclamadas oportunamente. Sin
embargo, como se anticipó en la formulación de los problemas jurídicos propuestos,
le corresponde a la Sala definir en esta oportunidad si a la demandante le asiste el
derecho y, una vez superado lo anterior, adoptará las determinaciones a que haya
lugar en punto a la prescripción.
72. En este escenario, la Sala advierte que, con posterioridad a la sentencia de
primera instancia, esta corporación profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 en la que fijó reglas en punto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes, lo que se depende de su afiliación al Fomag. De este modo, en torno al
derecho de la señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas a reclamar la sanción moratoria
de que trata de la Ley 50 de 1990, de conformidad con la certificación rendida por
la Fiduprevisora el 30 de marzo de 202637, la demandante se afilió al Fomag el 19
de agosto de 2005 y se retiró el 5 de octubre de 2018, de suerte que en la actualidad
esta inactiva.
73. Lo anterior, guarda relación con las contestaciones rendidas por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el departamento del Atlántico, de las
cuales se desprende que, para los años reclamados, del 2000 a 2003, el Fomag no
era el responsable de pagar las cesantías de la docente.
74. Aunado a esto, solo hasta el 2003 el departamento del Atlántico incorporó a
la actora a su planta de personal, de modo que «a la luz de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 715 de 2001 y reglamentado parcialmente por el artículo 2 del Decreto
3752 de 2003, las prestaciones sociales causadas con anterioridad a la afiliación al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio estarán a cargo de la respectiva
entidad territorial a la cual se encontraba vinculado el docente, en este caso, al
municipio de Sabanalarga para el período comprendido entre los años 2000 y
2003»38.
37 Samai, índice 23, página 3 del archivo digital.
38 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_20230428(.zip) NroActua 2, 015.CONTESTACION #2, página 2 del archivo
digital.
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75. Adicionalmente, el Oficio núm. 0943 del 28 de septiembre de 2018, expedido
por la subsecretaria administrativa y financiera del departamento del Atlántico,
consignó que el reporte de cesantías de los años de 2000 a 2003 le correspondía
al municipio de Sabanalarga y que, a la fecha de su expedición, la demandante
estaba afiliada al Fomag.
76. De manera que, normativamente la actora sería destinataria de la penalidad
derivada de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
porque reclama por unas cesantías causadas del 2000 a 2003, período anterior a
su afiliación al Fomag, lo cual ocurrió con posterioridad en el año 2005. Lo anterior,
sumado al hecho de que está acreditado en el expediente que pertenece al régimen
de cesantías anualizado como se desprende del Oficio núm. 0943 allegado a este
proceso por parte de la subsecretaria administrativa y financiera del departamento
del Atlántico, y de la certificación expedida por la Fiduprevisora el 30 de marzo de
202639.
77. En igual sentido, de la información que obra en el expediente no se evidencia
prueba que acredite que sus cesantías correspondientes a los años que van de
2000 a 2003 se consignaron en el fondo al que pertenecía, antes del 15 de febrero
del año siguiente a su causación.
78. Así las cosas, si bien el magistrado sustanciador del Tribunal ofició a la
Secretaría de Educación departamental del Atlántico y a la Alcaldía de Sabanalarga
para que, entre otras, remitieran la constancia de consignación de los auxilios de
las cesantías de las vigencias del 2000 al 2003 en el fondo administrador de
cesantías al que se encontrara afiliada la señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas, lo
cierto es que del Oficio núm. 0943, al que se ha hecho referencia, solo se desprende
la mención que hizo el departamento del Atlántico a que la obligación de consignar
las cesantías de los años que van de 2000 a 2002 recaía en el municipio de
Sabanalarga, con ocasión a que la incorporación docente al departamento tuvo
lugar hasta el año 2003. No obstante, no se aportó medio de convicción que diera
cuenta puntualmente de dichas consignaciones.
79. Por consiguiente, la demandante, en su condición de docente, tiene derecho
a la sanción moratoria reclamada por el no pago oportuno de sus cesantías
anualizadas en los años objeto de reclamación. Sin embargo, la Sala se concentrará
en verificar si, como lo declaró el Tribunal, se configuró la excepción de prescripción
extintiva en los términos de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, de
conformidad con los cargos del recurso de apelación.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico – Prescripción extintiva –
80. Revisados los reproches propuestos en la alzada, la Sala encuentra que
aunque es cierto que la sentencia CE-SUJ004 de 2016 reconoció, tanto en su parte
39 Samai, índice 23, página 3 del archivo digital.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
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Atlántico y municipio de Sabanalarga
considerativa, como en la resolutiva, que operó la prescripción únicamente tres años
hacia atrás contados a partir de la reclamación administrativa, esta decisión fue
objeto de aclaración por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
CE-SUJ-SII-022-2020, al advertir que existía una falta de concordancia entre las
reglas fijadas en la ratio decidendi y la forma en que se resolvió el caso concreto.
81. Por lo tanto, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 zanjó las
distintas posturas jurisprudenciales existentes en cuanto a la forma de aplicar la
prescripción extintiva en esta clase de asuntos, lo cual dio lugar a que emitiera las
siguientes reglas:
(i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de
la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la
reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
(ii) Cuando se acumulen anualidades sucesivas de sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 por la ausencia de consignación de cesantías
anualizadas, el término prescriptivo deberá contabilizarse de manera
independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años
contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción40.
82. De esta forma, la Sala de Decisión Oral, Sección B, del Tribunal
Administrativo del Atlántico no le otorgó una lectura equivocada al precedente, como
lo sugiere la apelante, por el contrario, dio aplicación a las reglas fijadas en la
sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, en los términos que posteriormente
aclaró esta corporación al proferir la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020. Así pues, en
el caso particular, las fechas que el Tribunal dispuso como límites para exigir el
derecho se ajustaron a los lineamientos objeto de unificación; de suerte que, como
la señora Edita Isabel Sulbarán Cuentas solo radicó reclamaciones los días 20, 23
y 25 de noviembre de 201541, lo hizo evidentemente fuera del plazo de 3 años que
prevé el artículo 151 del CPT.
83. Bajo este entendido, no se ajustaría al precedente extender la prescripción
hasta los 3 años anteriores al momento de la reclamación administrativa, y
declararla solo parcialmente, respecto de las porciones de sanción que no fueron
pedidas oportunamente, porque esta fue la razón de ser de la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-022-2020.
84. De ahí que no sea posible pretender la aplicación de la sentencia de
unificación del 2016 como lo hizo, por ejemplo, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación en una decisión en la que además destacó que la
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2013-00666-01(0833-16) CE-SUJ-SII-022-2020.
41 Esta última fue la reclamación que interpuso ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, frente a la cual
se tomó como fecha la que obra como aproximada de entrega en la constancia de envío.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
sanción moratoria corría hasta que la entidad cumpliera su deber legal, se produjera
el pago, o terminara el vínculo laboral, ya que esto fue resuelto en la unificación CE-
SUJ-SII-022-2020, al disponer que:
83. En tal virtud, negarse a considerar la prescripción de la sanción por mora
porque no hubo pago efectivo de la cesantía o porque no se produjo su
consignación, es desconocer que aquella nace a la vida jurídica ipso jure, en
la manera que dispuso el legislador y que fue apreciada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, siendo exigible para su beneficiario; lo cual, no se
confunde con la extensión de la penalidad en el tiempo, que si está
directamente asociada a que se efectúe la cancelación de la prestación social.
85. A partir de lo expuesto, la sanción moratoria es independiente a las cesantías,
por lo que aunque subsista el deber de la entidad de pagar la prestación, ello no
impide la extinción de la penalidad reclamada. En igual sentido, la prescripción no
está condicionada a la existencia de la relación laboral del demandante, como lo ha
reconocido la jurisprudencia de la Sección Segunda:
La Subsección resalta que, la configuración de la prescripción extintiva de la
sanción moratoria no depende de la existencia de la relación laboral, pues el
vínculo es indispensable solo cuando se busca obtener el pago del derecho a
las cesantías, situación que no se extiende al castigo a cargo del empleador
por la no consignación oportuna de las mismas42.
86. En este orden, corresponde dar aplicación al precedente dispuesto en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, toda vez
que a pesar de que no existía para el momento de interposición de la demanda, la
Sección Segunda de esta corporación le otorgó, a esta decisión judicial, efectos
retrospectivos, en el siguiente sentido:
90. Por lo anterior, las reglas jurisprudenciales que se definen en esta
sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos
pendientes de decisión tanto en vía administrativa como en vía judicial,
dejando a salvo por cosa juzgada los conflictos decididos con antelación.
87. Lo expuesto implica que las reglas jurisprudenciales fijadas en la unificación
SUJ-SII-022-2020 son de obligatoria aplicación a casos pendientes de solución,
como este, que aún no ha hecho tránsito a cosa juzgada, por no existir una decisión
ejecutoriada.
88. Así pues, aunque los cambios jurisprudenciales pueden regir hacia el futuro,
esto es, de forma prospectiva, la práctica común del Consejo de Estado ha sido la
de otorgarle al precedente efectos retrospectivos43, sin que esto implique
necesariamente una vulneración de los derechos a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la garantía de la seguridad jurídica.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
29 de agosto de 2024, exp. 17-001-23-33-000-2019-00504-01 (4346-2023).
43 Corte Constitucional, sentencia SU-382 de 2024. Se refirió al contenido de la sentencia T-044 de 2022.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
89. Aunque la Corte Constitucional ha considerado que, en tratándose de los
efectos retrospectivos del precedente, es deber del juez «valorar las circunstancias
particulares de cada caso en el que pretenden aplicar el cambio jurisprudencial»44,
en el asunto de la referencia la demandante no está siendo expuesta a «nuevas
cargas procesales, argumentativas o probatorias»45. Adicional a que, la postura del
fallo SUJ-SII-022-2020 lo que hizo fue aclarar lo consignado en la unificación CE-
SUJ004 de 2016, que había conllevado a una indebida interpretación de la
prescripción, a la cual pretende acogerse el apelante.
90. Visto así, pese a que la sentencia de primera instancia consideró que los 3
años para reclamar el último período vencían el 15 de febrero de 2006 y esto
realmente ocurrió ese mismo día y mes del 2007, lo cierto es que la conclusión de
la Sala, por las razones expuestas, es exactamente la misma que alcanzó el
Tribunal: que operó la prescripción del derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria en el caso concreto. Esto se ilustra con el siguiente cuadro:
Anualidad perseguida Fecha de exigibilidad de la Fecha límite para exigir el
sanción derecho so pena de
prescripción
Año 2000 15 de febrero de 2001 15 de febrero de 2004
Año 2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005
Año 2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006
Año 2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007
91. En consecuencia, por los motivos consignados se debe confirmar la
sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
3.6. Conclusión de la decisión
92. A partir del estudio efectuado en esta instancia, se concluye que la
demandante, en su condición de docente, tiene derecho a la sanción moratoria
solicitada por el no pago oportuno de sus cesantías anualizadas en los años objeto
de reclamación. Sin embargo, en aplicación de la sentencia de unificación del 6 de
agosto de 2020, se advierte que operó la prescripción extintiva frente al citado
reconocimiento, respecto de las anualidades de 2000 a 2003.
3.7. Costas
93. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 46 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
44 Ibidem.
45 Ibid.
46 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00329-01 (3404-2023)
Demandante: Edita Isabel Sulbarán Cuentas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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