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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00781-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-00781-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Robert Augusto Luján Arboleda contra la ESE Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 28

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-00781-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda
Demandados: ESE Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Robert Augusto Luján Arboleda presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1 en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio HGM 012000000002016003989 del
21 de septiembre de 2016, por medio del cual el gerente de la ESE Hospital General
de Medellín negó la existencia de una relación laboral entre las partes por sus
servicios prestados entre el 1° de abril de 2013 y el 30 de junio de 2016 y el pago
de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se derivaban de ella.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral por el período
reclamado, sin solución de continuidad; ii) el pago de las prestaciones laborales y
sociales, tales como salario, cesantías y sus intereses, primas de servicios,
vacaciones, y trabajo suplementario u horas extras; iii) la devolución de los aportes
efectuados a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y la retención en
la fuente; iv) el reajuste y/o indexación del valor de las condenas; v) el cumplimiento
de la sentencia según los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en
costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Entre el 1° de abril de 2013 y el 30 de junio de 2016, Robert Augusto Luján
Arboleda laboró como médico general de la ESE Hospital General de Medellín,
periodo en el que realizó sus funciones de manera personal en las instalaciones del
hospital, bajo la continua dependencia y subordinación de su jefe inmediato y de
sus superiores. Sus vinculaciones con la entidad se realizaron por medio de
contratos de prestación de servicios.

3.2. Las labores desarrolladas hacen parte del giro ordinario en la prestación del
servicio de salud, actividad permanente de la entidad según su naturaleza.

3.3. Siempre cumplió sus labores como médico en la sede del hospital, en los
horarios y turnos impuestos, con respeto del reglamento de trabajo y órdenes de los
superiores, incluso en dominicales, festivos y en horario nocturno, y con una
remuneración pactada.

3.4. El hospital cuenta con más de «44 médicos» de planta y durante el tiempo en que
prestó sus servicios como médico general, «existían al menos 11 médicos más, que
prestaban el mismo servicio de los cuales al menos la mitad si contaba con un contrato de
trabajo» (sic).

3.5. Para ausentarse de su lugar de trabajo o para cambiar los turnos establecidos
debía solicitar la autorización previa del jefe inmediato.

3.6. El 2 de septiembre de 2016 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como
médico general, de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se
derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por el gerente de la entidad
a través del Oficio HGM 012000000002016003989 del 21 de septiembre de 2016.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 138 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto
2400 de 1968 y la Ley 790 de 2002. En cuanto al concepto de violación, expuso lo
siguiente2:

4.1. El hospital omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades; no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral, esto es la prestación personal del servicio, la subordinación, la
dependencia y la remuneración o retribución de ese servicio, lo que le otorga el
derecho al pago de las prestaciones sociales de ley.

4.2. Se vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que se acreditó la
existencia de un trabajo desarrollado de manera personal como médico general,
permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartirle órdenes y directrices en relación con la
labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo en las instalaciones del
hospital para la prestación de sus servicios y con una remuneración mensual como
retribución por las labores que realizaba.

4.3. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios para ocultar
la vinculación laboral a través de la celebración consecutiva de contratos de
prestación de servicios, en los que se evidencia el ánimo de emplear de forma
permanente y continua servicios para cumplir su misión.

1.2. Contestación de la demanda

5. LaESE Hospital General de Medellín se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones3:

5.1. Es inexistente la relación reclamada entre las partes, toda vez que, si bien el
demandante prestó sus servicios de manera persona, lo cierto es que su vinculación
estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que en ningún caso genera
una relación laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

5.2. Entre la entidad contratante y el contratista lo que se dio fue una relación de
coordinación, de manera que la segunda se sometió a las condiciones necesarias

2 Samai del tribunal, índice 37, 1_001CUADERNO1(.PDF) NroActua 37, 1_001CUADERNO1(.PDF)

NroActua 37, folios 4 al 28.
3 Folios 86 al 89 y del 149 al 151.

3

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, recibir una serie de instrucciones de sus superiores,
pero nunca en condiciones de igualdad con el funcionario de planta.

5.3. Si bien es cierto que la entidad cuenta con personal médico general de planta,
también es cierto que dicho personal resulta insuficiente para atender en todo el
tiempo la demanda del servicio de salud, de allí la justificación y necesidad de
suscribir contratos de prestación de servicios.

5.4. Los artículos 123 de la Constitución Política, 32 de la Ley 80 de 1993, 2 de la
Ley 1150 de 2007 autorizaron a las empresas sociales del Estado para contratar
con terceros la prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no
solamente de carácter permanente, sino las que de manera excepcional se
requieran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y estas no puedan realizarse con el personal de planta
o requieran conocimientos especializados, sin que genere un vínculo laboral.

5.5. El demandante fue vinculado con la entidad por sus cualidades y conocimientos
específicos en medicina, por tanto, «conforme lo acordado en la cláusula décima tercera
de los contratos suscritos entre las partes, al contratista no le era posible ceder total o
parcialmente el contrato a persona alguna y debía ejecutar personalmente la prestación»
(sic).

5.6. En escrito separado, propuso las excepciones de: i) ausencia de subordinación
y dependencia; ii) ausencia de vinculación legal o reglamentaria; y iii) pago de
costas.

1.3. La sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 28 de julio de
2022, accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
dispuso lo siguiente:

«Primero: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. HGM
012 00000002016003989 del 21 de septiembre de 2016 expedido por el Hospital
General de Medellín, y por medio del cual le negó a la parte actora la reclamación laboral.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenar al Hospital General de Medellín a reconocer y pagar al señor Robert Augusto
Luján Arboleda identificado con cédula de ciudadanía No. 98.554.881, todas las
prestaciones comunes a cargo del empleador, propias de los empleados públicos de la
entidad demanda (médico general), por los períodos en que laboró, y según lo
efectivamente pagado al actor con los valores establecidos en los contratos de

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

prestación de servicios por él celebrados. Además, se ordena la cancelación de aquellas
sumas que el demandante demuestre que aportó a la seguridad social en pensión, salud
y riesgos profesionales, en el porcentaje que por Ley correspondía al empleador. Lo
anterior, de manera indexada según la formula y lo indicado en la parte motiva de esta
sentencia.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto (…)» (sic).

7. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente4:

7.1. Los documentos allegados al plenario dan cuenta que el demandante prestó sus
servicios como médico general de la ESE Hospital General de Medellín, desde el 1°
de abril de 2013 hasta el 30 de junio de 2016; lo que evidencia la voluntad de la
administración de emplearlo de modo permanente y continuo.

7.2. Por la prestación de sus servicios al hospital recibió una retribución económica.

7.3. Las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta que el demandante prestó
sus servicios a la entidad demandada, recibió órdenes por parte del jefe o
coordinador de médicos, cumplía un horario y desarrolló sus actividades en iguales
condiciones en las que lo hacía el personal de planta.

7.4. Los servicios médicos prestados por Robert Augusto Luján Arboleda Laverde
son de aquellos con los que la ESE debe contar de forma permanente, pues están
ligados a su objeto social.

7.5. No operó el fenómeno de la prescripción, toda vez que la última vinculación con
la entidad feneció el 30 de junio de 2016 y la reclamación fue presentada 1° de
septiembre de esa anualidad.
f
7.6. La condena en costas es improcedente, en la medida en que no se encuentran
acreditadas, según las disposiciones de los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso5.

1.4. El recurso de apelación

8. La ESE Hospital General de Medellín recurrió la sentencia de primera instancia

4 Folios 217 al 226.
5 En adelante CGP.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

con fundamento en los siguientes argumentos6:

8.1. La parte demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios
de forma dependiente y subordinada a favor del hospital, como tampoco que
hubiese estado sujeta a la imposición de alguna directriz, orientación o
acompañamiento por parte de algún funcionario del hospital.

8.2. Mal hace la parte demandante al reclamar la existencia de una relación laboral,
toda vez que lo que existió entre las partes fue una relación contractual regulada
por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a
celebrar contratos de prestación de servicios.

8.3. Si bien hubo una prestación personal del servicio, ello fue en la modalidad de
contratos de prestación de servicios regidos por la ley civil, razón por la cual no se
acredita que dicha actividad hubiese estado revestida por una subordinación o
dependencia que implicase la posibilidad de exigir el cumplimiento de órdenes al
demandante.

8.4. La
sola ejecución de una actividad misional no significa la existencia del
elemento subordinación.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. En esta etapa procesal guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación7, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si existió una relación laboral entre

6 Samai, del tribunal, índice 42,
15_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 42.
7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

6

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

Robert Augusto Luján Arboleda y la ESE Hospital General de Medellín? y ¿si tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa
relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

12. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

13. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

14. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

15. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en

8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

16. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

17. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

18. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana

9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

19. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

20. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

21. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». (Resalta la Sala).

22. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

23. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

24. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

25. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

26. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

27. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

28. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

30.1. Contratos de prestación de servicios y estudios previos, de los cuales se extrae
que entre el 1° de abril de 2013 y el 30 de junio de 2016, el demandante prestó sus
servicios como médico general al servicio de la ESE Hospital General de Medellín,
así:

Forma de
vinculación /
Interrupción en
Resolución, Fecha inicio Fecha terminación Duración
días hábiles
contrato u orden de
servicio15
Contrato 153-201316 1° de abril de 2013 31 de mayo de 2013 2 meses 0
17
Contrato 159-2013 1° de junio de 2013 31 de diciembre de 2013 7 meses 0
Contrato 124-201418 1° de enero de 2014 30 de junio de 2014 6 meses 0
Contrato 290-201419 1° de julio de 2014 31 de diciembre de 2014 6 meses 0
Contrato 057-201520 1° de enero de 2015 30 de junio de 2015 6 meses 0
Contrato 717-201521 1° de julio de 2015 31 de diciembre de 2015 6 meses 0
Contrato 150-201622 1° de enero de 2016 30 de junio de 2016 6 meses 0

15 La información consignada en el cuadro, también se funda en el plazo señalado en los contratos

de prestación de servicios y en las actas de inicio y terminación allegadas al plenario.
16 Folios 165 al 168.
17 Folios 170 al 174.
18 Cd visible a folio 30, documento: 6 folios-contrato 124 de 2014 y otro si LUJAN HGM (PDF).
19 Folios 177 al 181.
20 Folios185 al 189.
21 Folios 190 al 192.
22 Folios 194 al 198.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

30.2. Certificación expedida el 22 de junio de 2016 por el director de gestión humana
del Hospital General de Medellín, en la cual se manifiesta que el actor se vinculó
con la entidad a través de contratos de prestación de servicios profesiones,
ejerciendo funciones de médico general23.

30.3. Solicitud del 25 de junio de 2016, por medio del cual el actor pidió al hospital el
cambio de turno24.

30.4. Circular del 14 de junio de 2016, por medio de la cual el gerente del hospital le
informó a los «servidores públicos- Contratistas prestación de servicios» sobre el trámite
de las algunas novedades administrativas y contractuales relativas a permisos,
licencias, jornadas de descanso, incapacidades médicas, traslados de área, entre
otros25.

30.5. Correoselectrónicos a través de los cuales las partes intercambiaron
comunicaciones relacionadas con el trabajo, de las cuales se destaca programación
de reuniones, felicitaciones, asignación de turnos, instrucciones, recomendaciones
y llamados de atención26.

30.6. Actas de inicio y terminación de los contratos 153 y 159 de 2013, 124 y 290 de
2014, 057 y 717 de 2015, y 150 de 201627.

30.7. Petición del 2 de septiembre de 2016, a través del cual el actor solicitó a la ESE
demandada el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el tiempo
en que laboró como médico general y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella28. Esta petición fue negada a través de la Oficio HGM
012000000002016003989 del 21 de septiembre de 2016, suscrito por el gerente de
la entidad; la decisión se fundó en que «el Hospital General de Medellín lo contrató
como Médico General, lo que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que haya
existido una relación laboral, máxime que los contratos de trabajo que se suscriben en el
Hospital como Empresa Social del Estado corresponde a los trabajadores oficiales,
clasificación que no es propia de los médicos»29 (sic).

30.8. Oficio HGM 012 000002018002788 del 31 de mayo de 2018, mediante el cual

23 Cd visible a folio 30, documento: 1 folio-constancia laboral del 22 de junio de 2016 (PDF)
24 Cd visible a folio 30, documento: 1 folio-solicitud cambio de turno 25 de junio 2016LUJAN (PDF).
25 Cd visible a folio 30, documento: 5 folios-circular 14 de junio de 2016-permisos y licencias LUJAN

HGM (PDF).
26 Cd visible a folio 30, documento: 36 folios- 71 correos contentivos donde consta directrices y

reuniones – subordinación (PDF).
27 Folios 169, 175, 176, 182, 183, 184 y 193.
28 Folios 108 al 110.
29 Folio 76.

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el director de gestión Humana del Hospital General de Medellín relacionó los
médicos generales de planta de la institución para el periodo comprendido entre
junio de 2013 a 2016 y los emolumentos devengados por estos30.

2.3.2. Testimonios

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 3 de abril de 202431, se recibieron los
testimonios de Jorge Eduardo Cárdenas Álvarez y Jorge Esneyder Longo Meneses,
quienes compartieron sitio de trabajo con la demandante:

40.1. Jorge Eduardo Cárdenas Álvarez es médico especialista en urgencias y para
el año de 2015, laboró la ESE Hospital General de Medellín, lugar en el que conoció
al demandante.

40.2. Robert Augusto Luján Arboleda estaba vinculado con el Hospital General de
Medellín por prestación de servicios, pero cumplía el mismo horario que el personal
médico vinculado de planta. El demandante en su condición de médico general y él
como médico de urgencias laboran en el área de urgencias del hospital.

40.3. El demandante prestaba sus servicios personales a favor de la ESE como
médico general, cumplía órdenes e instrucciones por parte del coordinador médico
[Mauricio Álzate] y directivos del hospital.

40.4. Los médicos vinculados con el hospital debían asistir a capacitaciones
obligatorias «también estaban en una lista de correos donde nos contactaba la institución
para corregir historias o para asistir o para apoyar otro equipo. Siempre había un contacto
directo con la institución». La inasistencia a las reuniones o capacitaciones
ocasionaba llamados de atención.

40.5. Los cambios de turno debían ser informados porque la institución contaba con
un proceso para tal fin.

40.6. Con independencia del tipo de vinculación, todo el personal médico debía
cumplir los cuadros de turnos asignados por la entidad y en las horas
encomendadas.

40.7. Turnos, horarios y funciones eran similares tanto para los médicos vinculados
como los contratados por prestación de servicios. El demandante cumplía turnos de
12 horas diarias.

30 Folios 163 y 164.
31 Samai del tribunal, índice 47, 43ED_PROCESO_050012333000(.mp4) NroActua 47.

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40.7.1. Mauricio Álzate como coordinador médico de la ESE impartía órdenes e
instrucciones relativas a las labores encomendadas.

40.7.2. A través de las historias clínicas y los turnos asignados el hospital media la
productividad del personal médico.

40.7.3. La entidad suministraba el instrumental «para ejercer la práctica médica», tales
como computadores, equipos de órganos, tensiómetros, fonendoscopio,
oftalmoscopio, pulsímetro, batas, consultorios, cubículos «y el mismo sistema». Esos
elementos no podían se llevados por el personal médico al servicio de la entidad,
toda vez que «los hospitales que están bajo habilitación y acreditación tienen todos los
equipos con un registro biomédico, eso hace que si no lo tienen no puede estar como parte
de los accesorios o de lo que se usa dentro del hospital».

40.7.4. No
conoció médicos generales o «urgentologos» que hubiesen sido
sancionados por parte de la ESE.

40.8. JorgeEsneyder Longo Meneses es médico general de profesión y
actualmente labora como docente en la Universidad CES de Medellín.

40.9. Entre los años 2014 y 2016, laboró como médico al servicio del Hospital General
de Medellín, vinculado inicialmente a través de la Cooperativa TAOS «cuando aún
existía COOMEVA había un sitio en el hospital general donde asistían pacientes de la
EPS»; posteriormente, vinculado por OPS con el hospital y en algún lapso, en
provisionalidad.

40.10. Conoció al demandante por su paso por el Hospital General porque trabajaron
juntos. Robert Augusto Luján Arboleda laboró como médico general del hospital, allí
recibía órdenes e instrucciones del doctor Mauricio Álzate quien era el coordinador
médico del área de urgencias.

40.11. Mientras estuvo vinculado por la Cooperativa TAOS, el demandante fungió
como coordinador de los médicos vinculados por dicha cooperativa; «cuando se
acabó TAOS todos pasamos al hospital y él siguió prestando sus servicios como médico
general».

40.12. Por los servicios prestados el personal médico vinculado por prestación de
servicios con el hospital recibía como contraprestación el pago de unos honorarios.

40.13. El hospital citaba al personal médico a capacitaciones y reuniones de carácter
obligatorio. El incumplimiento acarreaba llamados de verbales de atención por parte

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del coordinador médico o directivos del hospital.

40.14. Los turnos eran asignados por el hospital y comunicado por medio del cuadro
de turnos en horarios de 12 horas diurnas o nocturnas.

40.15. Para
asuntasen del lugar de trabajado debía solicitar la autorización del
coordinador médico del área de urgencias.

40.15.1. Lasfunciones que desempeñaba el personal médico eran iguales sin
importar el tipo de vinculación con la entidad; «las funciones eran las mismas, en el
mismo tiempo con las mismas características y con los mismos recursos».

40.15.2. El cuadro de turnos era elaborado por el coordinador de urgencias.

40.15.3. Desde la coordinación se vigilaba el tiempo de la prestación del servicio «se
supervisaba el tiempo de atención en triaje, la atención de pacientes, cuántos paraclínicos
y tomografías se enviaban».

40.15.4. Los llamados de atención eran frecuentes porque «se pasaban del tiempo de
atención en triaje, el servicio estaba congestionado, un paciente quedó sin revisar
paraclínicos (…) tanto vinculados como no vinculados se les hacía requerimientos y
llamados de atención» grupales y personales.

40.15.5. Tanto al doctor Robert Augusto Luján como a los médicos vinculados de
planta el hospital les suministraba todos los elementos para la prestación del
servicio.

40.15.6. Durante la prestación del servicio debían portar un carné, uniformes y batas
con logos que los identificaba como médicos del hospital. Dichos elementos eran
suministrados por la entidad.

40.15.7. El personal de planta no daba para cubrir la oferta y la demanda del servicio
de salud.

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Robert Augusto Luján Arboleda y la
ESE Hospital General de Medellín, entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de
2016.

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2.3.3.1. Prestación personal del servicio

42. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante prestó sus servicios a
la ESE Hospital General de Medellín, vinculado a través de contratos de prestación
de servicios, de la siguiente manera:

Forma de vinculación –
Interrupción en días
contrato u orden de Fecha inicio Fecha terminación
hábiles
prestación de servicios
Contrato 153-2013 1° de abril de 2013 31 de mayo de 2013 -
Contrato 159-2013 1° de junio de 2013 31 de diciembre de 2013 0
Contrato 124-2014 1° de enero de 2014 30 de junio de 2014 0
Contrato 290-2014 1° de julio de 2014 31 de diciembre de 2014 0
Contrato 057-2015 1° de enero de 2015 30 de junio de 2015 0
Contrato 717-2015 1° de julio de 2015 31 de diciembre de 2015 0
Contrato 150-2016 1° de enero de 2016 30 de junio de 2016 0

43. En estas condiciones, se tiene que, entre el 1° de abril de 2013 y el 30 de junio
de 2016, sin interrupción en días hábiles, Robert Augusto Luján Arboleda fue quien
prestó personalmente el servicio como médico general a favor de la ESE Hospital
General de Medellín, por tanto se tiene por acreditado el primer elemento.

2.3.1.2. Remuneración

44. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidenció en el dicho de quienes fueron sus compañeros en el servicio de
urgencias de la ESE Hospital General de Medellín y en los contratos de prestación
de servicios suscritos con la entidad, en los que se advierte que se estipuló el valor
y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio
o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o
salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

45. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (coordinadores médicos, gerente o
subgerente y médicos auditores) para ejecutar las obligaciones contractuales, por
lo que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a
su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios de salud.

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46. Ciertamente, los testimonios de Jorge Eduardo Cárdenas Álvarez y Jorge
Esneyder Longo Meneses, dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el
actor prestaba sus servicios a la entidad demandada, de las que se resalta que en
ejercicio de sus funciones cumplía un horario y seguía órdenes e instrucciones del
coordinador médico y directivos del hospital. Además, que no podía ausentarse
libremente de su lugar de trabajo sin previa autorización del coordinador médico.

47. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

48. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante.

49. En efecto, Robert Augusto Luján Arboleda prestó sus servicios como médico
general en la ESE Hospital General de Medellín y cumplió, entre otras funciones,
las siguientes:

«1. Prestar a el hospital, sus servicios profesionales para atender las actividades de su
especialidad de acuerdo a sus conocimientos profesionales. 2. Prestar los servicios en
el proceso y subprocesos contratados en términos de calidad, oportunidad y eficiencia.
3. Observar el debido respeto, atención y cortesía, tanto con el personal del hospital,
como con los usuarios y el público. Así mismo, se compromete a cumplir con todas las
normas que el hospital tiene establecidas. 4. Cada vez que ocurra un accidente de
trabajo o cuando el hospital lo requiera, el contratista deberá reportarlo al área de salud
ocupacional de el hospital y posterior a éste la respectiva investigación. 5. Participar
activamente en la realización, revisión y actualización de protocolos y guías de
manejo de su especialidad. 6. Presentar mensualmente los informes de altas y
complicaciones de su especialidad, conforme con los formatos suministrados por el
interventor. 7. Las liberaciones de las prestaciones serán responsabilidad exclusiva de
quien las genera, su incumplimiento será tenido en cuenta por el interventor para objetar
la cuenta de servicios facturada. 8. Estar presto para las situaciones de demanda de
servicios en horarios como fines de semana y festivos, en los que por ocasión de
preservar la oferta y brindar continuidad en la atención de servicios de salud, se
requiera de su presencia con el ánimo de satisfacer las necesidades de los
usuarios que acuden al hospital. 9. Participar activamente en todos los procesos
tendientes al cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de calidad, en
especial aquellos en que tiene que ver con el mantenimiento de la acreditación y

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los nuevos que el hospital emprenda en post de otras acreditaciones. 10. Apoyar
la gestión de las glosas que se deriven como médico especialista, respondiendo
oportunamente y con celeridad los requerimientos que de las áreas de auditoria medica
y/o facturación surjan, así mismo responder pecuniariamente por aquellas glosas
atribuibles a su ejercicio y las cuales no haya dado respuesta satisfactoria (…) Cumplir
a acabildad con los requerimientos realizado por el Hospital y cualquier otra
obligación o deber estipulado en la Ley o en la propuesta presentada por el contratista,
la cual hace parte integral del presente contrato (…) Participar de las actividades
informativas, de inducción y reinducción que el hospital requiera. (…) Participar en las
actividades misionales del hospital de desarrollo científico, docente e
investigativo aportando al logro de solidez en dichas áreas (…) En caso de fuerza
mayor y/o caso fortuito que impida la prestación del servicio en determinada área,
el contratista enviará oportunamente a el hospital, la debida justificación del
mismo y la posible solución a dicha eventualidad. En este caso se reevaluara la
prestación de este servicio específico en conjunto con el supervisor del
contrato»32 (sic). [se resalta]

50. Así pues, se le impusieron las condiciones en las que debía prestar el servicio
para lo cual tenía que seguir las guías, manuales y protocolos existentes en el
hospital, efectuar el reporte de sus actividades, hacer uso razonable de los
elementos y material de trabajo, e incluso, estaba obligado a observar
rigurosamente la disciplina interna establecida por el hospital. Además, debía estar
disponible para atender «situaciones de demanda de servicios en horarios como fines de
semana y festivos» (sic), lo que demuestra la clara sujeción a obligaciones
indeterminadas al momento de suscribir el contrato, pero evidentemente dirigidas
por el beneficiario del servicio.

51. Sobre la disponibilidad con la que debía estar el demandante para prestar sus
servicios, la Sala encuentra que esta obligación pone en evidencia que no realizó
sus labores en forma autónoma e independiente, pues esto tiene relación de
correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y
con el ejercicio del ius variandi, pues le abre paso a una relación jerárquica en la
que el contratista se supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel
superior que le exige estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.

52. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»33.

32 Para efectos prácticos solo se transcribirán algunas de las obligaciones pactadas en los contratos

de prestación de servicios celebrados por las partes.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números

2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.

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53. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad para atender cualquier requerimiento que efectúe la entidad en
iguales condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien
probablemente, en una situación así, se le reconocería su desplazamiento, pues
cualquier conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y
subyace la realidad de una laboral.

54. Incluso, en la Circular del 14 de junio de 2016, el gerente general del hospital le
informó a los «servidores públicos- Contratistas prestación de servicios» sobre el trámite
de las algunas novedades administrativas y contractuales relativas a permisos,
licencias, jornadas de descanso, incapacidades médicas, traslados de área, entre
otros, de lo que puede advertirse el poder subordinante de la entidad.

55. En este punto, se advierte que la misión de la ESE Hospital General de Medellín
es la de prestar los servicios de «de salud de forma integral, segura y humana,
comprometido con el desarrollo del talento humano en salud y la investigación»34(sic),
función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que
guarda similitud con las actividades desempeñadas por el demandante, es decir,
este ejecutaba labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.

56. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
médico general al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no
puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la
esencia y finalidad de la entidad.

57. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»35.

58. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este

34 https://www.hgm.gov.co/publicaciones/210/informacion-corporativa/.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

respecto le asista ningún tipo de independencia»36.

59. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes de la ESE Hospital General de Medellín, a saber: la imposición
de un horario y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de los
coordinadores médicos, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor, y denota,
a su vez, la existencia de una indiscutible subordinación.

60. Nótese como de manera casi unánime, los testigos Jorge Eduardo Cárdenas
Álvarez y Jorge Esneyder Longo Meneses afirmaron que, sin independencia de su
forma de vinculación con la entidad, el personal médico vinculado con el hospital
para prestar los servicios en área de urgencias cumplía órdenes e instrucciones del
coordinador médico, Mauricio Álzate y de los directivos del hospital.

61. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

62. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»37, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.

63. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza

36 Ibidem.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante y la ESE, se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.

Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 11° de abril de 2013 y el 30 de junio de 2016, afirmación que se desprende de los
testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las certificaciones y las
demás pruebas documentales.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

64. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

65. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación38 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos

38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

66. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

67. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 39, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

68. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»40.

69. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud

39 SUJ2-005-16.
40 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 2 de septiembre
de 2016, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 30 de junio de 2016, y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles
que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le exigieran
presentar la reclamación administrativa.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

70. En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, tal
y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201641, los honorarios son el
criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
exista en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto se señaló en aquella oportunidad.

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta42, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas43.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
42 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas

Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios». [Se resalta].

44
71. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén45», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

72. Asíentonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales46 frente al cual la Corte Constitucional ha

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
45 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
46 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas47.

73. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Robert Augusto Luján Arboleda debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas; empero no se efectuará modificación alguna a la sentencia
recurrida, en aras de no vulnerar la situación del apelante único, que en este caso
es la entidad demandada.

74. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales48, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la ESE Hospital
General de Medellín funge como apelante único, razón por la cual en virtud del
principio de la non reformatio in peius no habrá lugar a modificar la sentencia y, en
consecuencia, se confirmará.

2.4. Costas

75. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

47 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
48 Artículo 53 de la Constitución Política.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

76. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

77. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.

78. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

79. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia.

3. Conclusión

80. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Robert Augusto Luján Arboleda y la entidad demandada durante el
periodo comprendido entre el 1° de abril de 2013 y el 30 de junio de 2016. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal.

81. La entidad demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional del actor como se indicó con anterioridad y él deberá demostrar las
cotizaciones efectuadas, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

49En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00781-01 (5470-2022)
Demandante: Robert Augusto Luján Arboleda

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Robert Augusto Luján Arboleda contra la ESE Hospital General de
Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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