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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02807-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02807-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 15 de mayo de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01 Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02807-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN «LUZ CASTRO DE
GUTIÉRREZ»
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto por desconocimiento del
precedente. Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021. Improcedencia de la devolución de los aportes efectuados al
Sistema General de Seguridad Social por tratarse de recursos de
naturaleza parafiscal. Requisitos generales de procedibilidad:
subsidiariedad e inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 15
de mayo de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la E.S.E. Hospital
General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez”, por las razones indicadas en la parte motiva.
[…]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de abril de 20261, la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de
Gutiérrez», actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con la
sentencia de 27 de junio de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2017-00781-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Trascripción literal)

« PRIMERA. - Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 05001-23-33-000-2017-
00781-01.

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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

SEGUNDA. - En consecuencia, se solicita dejar sin efectos la providencia cuestionada y
ordenar al Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, que profiera una nueva
decisión conforme a derecho, en la que se aplique la tercera regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, proferida el 9 de septiembre de 2021 dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016) SUJ-025-CE-S2-2021».

2. Hechos

Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Para el año 2017, el señor Robert Augusto Luján Arboleda presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» con la
finalidad de que se declarara la nulidad del acto administrativo 2016003989
del 16 de septiembre de 2016 proferido por el hospital, a través del cual se
negó la solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y
laborales del señor Luján Arboleda.

A título de restablecimiento del derecho el demandante solicitó la declaratoria
de existencia de la relación laboral durante la prestación de los contratos de
servicios sin solución de continuidad; pidió el pago de todas las prestaciones
sociales generadas; y la devolución de los dineros por concepto de retención
en la fuente, salud y seguridad social.

2.2. Por reparto le correspondió el conocimiento de este medio de control en
primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el radicado
05001-23-33-000-2017-00781-00.

2.3. El 28 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad dictó sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto
administrativo y condenando a la E.S.E. Hospital General de Medellín «Luz
Castro de Gutiérrez» a reconocer y pagar al señor Robert Augusto Luján
Arboleda todas las prestaciones propias del cargo de médico general por los
períodos en que laboró, y según lo pagado al actor con los valores establecidos
en los contratos de prestación de servicios celebrados.

Además, se ordenó el pago de aquellas sumas que el señor Luján Arboleda
demostrara que aportó a la seguridad social en pensión, salud y riesgos
profesionales, en el porcentaje que por ley correspondía al empleador, todo
esto de manera indexada.

Para tomar esta decisión el tribunal determinó que se acreditaron los
siguientes elementos de la relación laboral: (i) la prestación personal del
servicio, (ii) la remuneración o contraprestación y (iii) la subordinación,
específicamente la realización de iguales funciones al personal de planta, por
lo que procedía el reconocimiento de las prestaciones sociales comunes que
devengaba un médico general al tratarse de una función inherente a una
entidad prestadora de servicios de salud, junto con el pago de los aportes a la
seguridad social en el porcentaje que le correspondiera al empleador que el
demandante demostrara haber realizado, sin que hubiera lugar a la devolución
de la retención en la fuente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

Contra esta decisión la parte demandada presentó recurso de apelación.

2.4. El 27 de junio de 2025 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dictó sentencia de segunda instancia en la que confirmó la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Como fundamento señaló que se encontraban demostrados los elementos
constitutivos de la relación laboral y por tanto su existencia para el periodo
comprendido entre el 11 de abril de 2013 al 30 de junio de 2016 «afirmación que
se desprende de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las certificaciones
y las demás pruebas documentales». Frente a la prescripción de los derechos en
litigio, concluyó que en este caso no acaeció este fenómeno jurídico, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral, de los salarios y prestaciones.

En lo relacionado con los salarios y las prestaciones objeto del
restablecimiento del derecho dijo que, si bien el tribunal ordenó liquidar la
condena con base en los honorarios contractuales, lo cierto era que los
honorarios eran el criterio utilizado cuando el cargo del contratista no existe en
la planta de personal, por lo que, las prestaciones sociales derivadas de la
relación laboral debían liquidarse con fundamento en los salarios devengados
por estos empleados, sin embargo, pese a lo anterior esa Subsección no
realizó ninguna modificación a la sentencia de primera instancia «en aras de no
vulnerar la situación del apelante único, que en este caso es la entidad demandada».

Finalmente, señaló que no se condenaría en costas y revocó la condena en
costas impuesta en primera instancia.

2.5. Con posterioridad, la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de
Gutiérrez» presentó recurso extraordinario de unificación jurisprudencial
contra la sentencia de segunda instancia del 27 de junio de 2025.

Con auto del 12 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dispuso rechazar el recurso extraordinario al
considerar que conforme al artículo 257 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo este recurso extraordinario
procede únicamente contra sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, por lo que, no era procedente
acceder a este recurso para cuestionar una sentencia dictada por el Consejo
de Estado.

3. Fundamentos de la acción

La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya
que:

(i) Reviste relevancia constitucional pues la sentencia del 27 de junio de 2025
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulnera el
derecho a la igualdad y al debido proceso dado que se desconoce su propio
precedente judicial establecido en la sentencia de unificación proferida por esa
misma Sección el 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

(ii) Se agotaron todos los medios de defensa disponibles, pues se surtieron las
dos instancias en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
destacó que no es procedente el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra sentencias dictadas por el Consejo de Estado, como en
efecto se le indicó en el auto del 12 de marzo de 2026 dictado en el mismo
medio de control.

(iii) Se cumple con el requisito de inmediatez ya que la tutela se interpone dentro
de un término razonable, explicó que la sentencia de segunda instancia fue
notificada el 2 de octubre de 2025 «con lo cual se evidencia que cumple con el requisito
de la inmediatez, al transcurrir seis (6) mes calendario a la presentación de la tutela», a su
vez, añadió que se debía flexibilizar el requisito de la inmediatez en
consideración a que se acudió al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, luego el cómputo del término debía realizarse a partir del «20 de
marzo del mismo año», fecha de notificación del auto que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia (auto del 12 de marzo de 2026).

(iv) No se presentó una irregularidad procesal en este caso.

(v) Se cumple con el requisito de haber alegado la vulneración en el proceso
judicial, ya que en este caso no sería aplicable en razón a que la vulneración
proviene de la sentencia de segunda instancia «sin que la parte actora haya tenido
la posibilidad de advertirla durante el proceso».

(vi) La providencia cuestionada se dictó en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho mencionado, más no en una acción de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia de segunda instancia en el
medio de control incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente.

Desconocimiento del precedente: Manifestó que este defecto se configuró en la
sentencia de segunda instancia dictada en el medio de control 05001-23-33-000-
2017-00781-01, al haber confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en la que, entre otras cosas,
se dispuso la devolución al demandante de «los aportes efectuados a la seguridad social
en pensión, salud y riesgos profesionales» desconociendo el precedente que se fijó en la
sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
el proceso «No. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025-CE-S2-2021».
Precedente en el cual se estableció la siguiente regla:
«(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en
salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista
hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal».

Señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al dictar
la sentencia del 27 de junio de 2025 no expuso las razones por las cuales se apartó
de la aplicación de la regla establecida en la sentencia de unificación que dictó esa
misma Sección, a pesar de lo relevante que resultaba para el caso la devolución de
esos valores.

Añadió que con esa omisión se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales y la configuración del defecto invocado, lo que habilita la procedencia
de excepcional de esta acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 16 de abril de 2026 el despacho del magistrado Fernando Alexei
Pardo Flórez admitió la acción de tutela presentada por la E.S.E. Hospital
General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez», quien actúa por conducto de
apoderado, contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Tribunal Administrativo
de Antioquia, al Ministerio Público, al ciudadano Robert Augusto Luján
Arboleda y a los demás intervinientes del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 05001-23-33-000-2017-00781-00/01;
se ordenó que por intermedio del Tribunal Administrativo de Antioquia se
procediera con la notificación de los sujetos procesales y la constancia de esta
debía ser aportada al expediente, a su vez, ordenó al tribunal que allegara
copia digital del mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; se reconoció personería al abogado Jhon Jairo Calderón Mejía para
actuar en representación de la parte actora y se ordenó surtir las notificaciones
correspondientes.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad2,
manifestó que la acción de tutela de la referencia es improcedente por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, indicó que una simple
inconformidad con la decisión judicial no genera que se haya configurado la
vulneración de los derechos fundamentales.

Explicó que contrario a lo afirmado por el accionante ese tribunal no
desconoció la sentencia de unificación del Consejo de Estado, sino que por el
contrario fue citada de manera textual como un parámetro decisorio, por lo que
«en aplicación directa se negó expresamente la devolución de dichos valores, lo que evidencia
que la sentencia resulta coherente y armónica con el precedente obligatorio, de modo que no
es posible sostener que exista un desconocimiento del precedente cuando la providencia que
por el contrario, reconoce, reproduce y aplica». Aseguró que la sentencia de primera
instancia fue motivada de forma suficiente y razonada.

4.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia3 remitió copia de las
piezas procesales del medio de control 05001-23-33-000-2017-00781-00/01 y
compartió enlace de consulta del proceso en el Sistema de Gestión Samai.

4.4. Mediante memorial del 22 de abril de 2026, el señor Robert Augusto Luján
Arboleda4, actuando a través de su apoderado judicial, solicitó acceso al
expediente, pidió que se enviaran sus notificaciones a una nueva dirección de
correo electrónico de su apoderado y requirió que el término para contestar
empezara a correr una vez se le garantizara el acceso al expediente.

Con Oficio CGQ-2339 del 22 de abril de 20265, la Secretaría General del
Consejo de Estado atendió las solicitudes planteadas por el apoderado del
señor Luján Arboleda.

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Samai, índice 14. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.
3
Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.
4
Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.
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Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

4.5. El señor Robert Augusto Luján Arboleda6, actuando a través de su
apoderado judicial, manifestó que esta acción de tutela debe declararse
improcedente por cuanto el actor pretende convertir una controversia
interpretativa en un defecto constitucional, y mencionó que subsidiariamente
fuera negado este amparo. Expuso que el Consejo de Estado al dictar la
sentencia de segunda instancia citó el precedente que se considera
desconocido como parte del marco jurídico aplicable, luego no son de recibo
los reproches planteados.

Dijo que en el evento que el juez de tutela llegara a realizar un estudio de fondo
y determinara que se debe hacer un ajuste a la sentencia debatida, los
cambios se limitaran única y exclusivamente al cargo que formuló el actor en
relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y riesgos
laborales, sin que afectara la declaratoria de existencia de la relación laboral
encubierta.

Frente a los cuestionamientos que planteó la E.S.E Hospital General de
Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» frente a la sentencia de segunda instancia,
dijo que de la revisión de la providencia se podía advertir que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sí citó las reglas que estableció la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, lo que permitía concluir que en
este caso no se está ante un desconocimiento del precedente, sino de una
discrepancia de la parte resolutiva del fallo.

4.6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B, el Ministerio
Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma7.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 15
de mayo de 20268 declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

Como problema jurídico a resolver planteó que se debía verificar si la acción de
tutela satisfacía las causales generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, más aún cuando la sentencia cuestionada fue dictada por una
alta Corte, en donde el debate constitucional se relaciona con la orden dirigida al
Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» para que devuelva al
trabajador los aportes a seguridad social que este hizo como independiente.

Explicó que el fundamento del escrito de tutela radica en que la sentencia atacada
«no aplicó una regla jurisprudencial contenida en una providencia de unificación de esta
Corporación», al respecto indicó que ese mismo argumento fue el centro del recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sin embargo, ese argumento no prosperó. Por lo que,
afirmó que ahora la parte actora acude en esta acción constitucional para insistir en
los mismos argumentos que ya fueron resueltos en las «dos instancias» del medio de
control.

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Samai, índice 20. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.
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Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.
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Samai, índice 23. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

Expuso que el planteamiento del Hospital General de Medellín «Luz Castro de
Gutiérrez», relacionado con el desconocimiento de una providencia de unificación,
es tan genérico que no concreta las razones por las cuales «la regla unificada que echa
de menos era aplicable al caso concreto».

Concluyó que esta acción resulta improcedente por dos motivos: (i) por haber
presentado argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias ordinarias y
porque (ii) no se mostró que se tratara de una arbitrariedad protuberante que hiciera
necesaria la intervención del juez constitucional «contra una sentencia proferida por una
alta corte», por el contrario, se trató de una acusación genérica de un aspecto
estrictamente económico sin que se advirtiera una arbitrariedad transversal o
protuberante.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado.

En primer lugar, consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, erró al manifestar que el cargo formulado era genérico y que no precisaba las
razones por las cuales la regla jurisprudencial resultaba aplicable al caso, pues
indicó que las razones sí fueron establecidas de manera expresa en el escrito de
tutela, en los siguientes términos:
(Sic a toda la cita)
«(i) La providencia judicial cuestionada, esto es, la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 05001-23-33-000-2017-00781-01.
(ii) La sentencia de unificación presuntamente desconocida, correspondiente a la SUJ-025-CE-
S2-2021 de 9 de septiembre de 2021.
(iii) La regla jurisprudencial específica contenida en dicha providencia, según la cual resulta
improcedente la devolución de los aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social
por tratarse de recursos de naturaleza parafiscal.
(iv) La decisión concreta adoptada por la Subsección B consistente en confirmar la orden de
reintegro de los aportes efectuados por el demandante al Sistema de Seguridad Social.
(v) La ausencia de razones que justificaran el apartamiento de la regla de unificación previamente
fijada por la propia Sección Segunda del Consejo de Estado.»

Destacó que lo que se puso en conocimiento del juez de tutela fue la vulneración de
los derechos fundamentales por la inobservancia de un «precedente judicial de unificación
obligatorio» sin que en el fallo de segunda instancia se hubiera explicado la
justificación para apartarse de este, lo que demuestra que este asunto tiene
relevancia constitucional pues se pretende la aplicación uniforme del derecho dado
que el «reproche constitucional se dirigió específicamente contra la eventual vulneración de
derechos fundamentales ocasionada por el desconocimiento injustificado de una sentencia de
unificación».

Como segundo argumento señaló que no pretende convertir esta acción
constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario y explicó que el
recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia tuvo
como fundamento demostrar que no se encontraban acreditados los elementos
constitutivos de una relación laboral, especialmente el elemento de subordinación o
dependencia en la prestación del servicio, con la finalidad de que se revocara la
decisión de declarar la existencia del contrato realidad.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02807-01
Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
«Luz Castro de Gutiérrez»

Destacó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la orden de devolución de los aportes efectuados por el demandante al
Sistema General de Seguridad Social, pese a que existe una regla establecida en
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, según la cual resulta
improcedente la devolución de los aportes por ser recursos de naturaleza parafiscal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

9
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
10
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
11
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Demandante: E.S.E Hospital General de Medellín
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3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en el escrito de impugnación y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar
improcedente la acción por considerar que no se superó el requisito de relevancia
constitucional. Para ello se partirá de realizar una revisión a los requisitos generales
de procedencia, específicamente el de subsidiariedad e inmediatez.

De superar dicho examen, se estudiará de fondo los planteamientos invocados por
el impugnante para determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente al proferir
la sentencia del 27 de junio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2017-00781-00/01.

4. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela. Análisis del
requisito en el caso concreto

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es
improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela procede cuando
no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos
fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias, «la acción de amparo constitucional no podría
hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad
procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite
se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor
para hacer uso oportuno del mismo»13.

13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.

9

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Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.

De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado en
múltiples ocasiones que, en virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela,
el interesado tiene la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa
ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
fundamentales.

Por lo mismo ha de entenderse que la acción de tutela no es una herramienta
judicial que pueda desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa,
si ellos son idóneos y eficaces para la realización de los derechos de las
personas.

En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la acción de
tutela es improcedente en cuanto se utilice como instrumento adicional o
supletorio, o cuando con ella se pretenda obtener un pronunciamiento más
rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva
jurisdicción, ya que «…mientras la persona que se dice amenazada o vulnerada en uno
de sus derechos fundamentales disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su
protección, no es procedente la acción de tutela. Ésta sólo es viable a falta de otro mecanismo
de defensa judicial y no es en manera alguna una vía judicial de la cual se pueda hacer uso
paralelamente con otras acciones o recursos judiciales».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.

4.2. La E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» en su escrito
de impugnación planteó dos argumentos para demostrar que se superaba la
relevancia constitucional como requisito general.

Conforme a lo anterior, señaló lo siguiente: (i) que no pretende convertir esta
acción constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario pues en
el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia
tuvo como fundamento demostrar que no se encontraban acreditados los
elementos constitutivos de una relación laboral, especialmente el elemento de
subordinación o dependencia en la prestación del servicio; y (ii) que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, erró al manifestar que el cargo
formulado era genérico y que no precisaba las razones por las cuales la regla
jurisprudencial resultaba aplicable al caso, pues indicó que las razones sí
fueron establecidas de manera expresa en el escrito de tutela, y que la
vulneración radicaba en la inobservancia de un «precedente judicial de unificación
obligatorio» sin que en el fallo de segunda instancia se hubiera explicado la
justificación para apartarse de este.

4.3. Ahora bien, de la revisión del expediente ordinario14 se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dictó sentencia de
primera instancia el 28 de julio de 2022 en el proceso 05001-23-33-000-2017-
00781-00, en donde accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda

14
Samai, índice 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-02807-00. El Tribunal Administrativo de Antioquia aportó copia del
expediente 05001-23-33-000-2017-00781-00/01.

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instaurada por el señor Robert Augusto Luján Arboleda, y en su parte
resolutiva se ordenó la cancelación de las sumas que el demandante
demostrara que aportó a la seguridad social (salud, pensión y riesgos
profesionales) en el porcentaje que le correspondía al empleador. Esto en los
siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. HGM
012 00000000002016003989 del 21 de septiembre de 2016 expedido por el Hospital General
de Medellín, y por medio del cual le negó a la parte actora la reclamación laboral.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR al HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN a reconocer y pagar al señor ROBERT
AUGUSTO LUJÁN ARBOLEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 98.554.881 todas
las prestaciones comunes a cargo del empleador, propias de los empleados públicos de la
entidad demandada (médico general), por los períodos en que laboró, y según lo
efectivamente pagado al actor con los valores establecidos en los contratos de prestación de
servicios por él celebrados. Además, se ordena la cancelación de aquellas sumas que el
demandante demuestre que aportó a la seguridad social en pensión, salud y riesgos
profesionales, en el porcentaje que por Ley correspondían al empleador. Lo anterior de
manera indexada según la fórmula y lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.» (Énfasis propio)

Por su parte, la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez»,
actuando a través de su apoderado judicial, presentó contra la sentencia de
primera instancia recurso de apelación argumentando que no era procedente
que se declarara la nulidad del acto demandado, como tampoco la existencia
de la relación laboral entre el demandante y el hospital, ni los consecuentes
pagos, en razón a que no existió ninguna vinculación laboral, legal o
reglamentaria, pues los «servicios prestados por el demandante al Hospital fueron a
través de contratos de prestación de servicios regidos por la Ley civil, donde en ningún
momento se configuraron los tres elementos de la relación laboral».

Luego procedió a argumentar las razones por las cuales consideraba que no
se cumplían los elementos que configuraban la relación laboral entre el
demandante y el hospital. Así pues, expuso los requisitos para que una
persona pueda desempeñar un empleo público, como fundamento citó la
sentencia del 18 de septiembre de 2014 dictada por el Consejo de Estado,
Sección segunda, Subsección B (2013-00161) para poner de presente que no
siempre que el contratista debe acudir a las instalaciones de la entidad
constituye la existencia de una relación de naturaleza laboral.

Mencionó que las leyes 80 de 1993 y 190 de 1995 determinaron que los
contratos de prestación de servicios no generan vinculación laboral ni
prestaciones sociales, puso de presente que la sentencia del 30 de noviembre
de 2000 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda (exp. 288899)
unificó lo relacionado con el contrato realidad.

Relacionó la sentencia del 18 de noviembre de 2003 proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Nicolás Pájaro
(Exp. IJ0039), en donde señaló que «una persona vinculada con contrato de prestación
de servicios solicitaba el reconocimiento de su status laboral público y los derechos derivados
de ella, que no prosperó», en similar sentido mencionó las sentencias del 28 de
marzo de 2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

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magistrado William Hernández Gómez (Exp. 52001-23-33-000-2013-00084-01) y
el proceso (23001-23-33-000-2012 0087-01).

Finalmente explicó que las personas vinculadas al hospital tienen el carácter
de servidor público, mencionó los cargos y la forma de vinculación que
establece la ley, por lo que, concluyó que el demandante no tenía ningún tipo
de vinculación laboral.

4.4. De lo anterior se observa que la tutela en estudio es en efecto improcedente,
tal y como lo determinó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, sin embargo, los motivos de esta Sala para llegar a esa conclusión son
diferentes.

En primera medida, se advierte que esta acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora contó con la oportunidad de
plantear en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia su
inconformidad con que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad hubiera ordenado la cancelación de las sumas que el demandante
demostrara que aportó a la seguridad social (salud, pensión y riesgos
profesionales) en el porcentaje que le correspondía al empleador, esto si
consideraba que dicha devolución resultaba improcedente por tratarse de
recursos de naturaleza parafiscal conforme lo estableció la regla Nro. 3 de la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

Sin embargo, el hoy accionante no planteó este aspecto en su recurso de
apelación, pues como se mencionó anteriormente, sus reparos se centraron
en que en este caso no se cumplían los elementos configurativos de la relación
laboral entre el señor Robert Augusto Luján Arboleda y la E.S.E Hospital
General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez», pues en esa oportunidad
atacó la existencia de la relación laboral al indicar que la sola ejecución de una
actividad misional no significaba la subordinación continuada, planteamiento
que fue acompañado por múltiple jurisprudencia, dentro de las que no se
mencionó la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.

Así pues, la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez»,
contó con el mecanismo idóneo para plantear al juez natural los aspectos de
disenso respecto de la «devolución de los aportes» a seguridad social haciendo
uso del recurso de apelación, lo que no ocurrió, de manera que no es posible
entender la tutela como el escenario en el que se puedan presentar
argumentos que son propios de resolver en la instancia correspondiente. Esto
es ante el superior del tribunal, quien era el competente para hacer un estudio
de fondo de las razones que ahora se presentan a través de la presunta
estructuración del defecto por desconocimiento del precedente.

El juez de tutela no puede desplazar las competencias que por ley están
atribuidas a las autoridades judiciales, lo contrario sería desconocer la
autonomía e independencia judicial. Por lo que, esta Sala considera que,
contrario a lo argumentado por el juez de primera instancia constitucional, el
impugnante no está convirtiendo esta acción de tutela en una tercera instancia,
sino que está proponiendo un argumento que no fue desarrollado en el
proceso ordinario.

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Se debe destacar que no resulta cierto lo afirmado por el actor al indicar que
cumplía con los requisitos generales de procedibilidad, en donde indicó que la
vulneración de los derechos emanaba de la sentencia de segunda instancia
«sin que la parte actora haya tenido la posibilidad de advertirla durante el proceso», pues
como se expuso, la orden de cancelar esos aportes a la seguridad social se
notificó con la decisión de primera instancia, oportunidad en la cual pudo
proponer sus reparos.

4.5. En lo que respecta al planteamiento según el cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, erró al manifestar que el cargo formulado era
genérico y que no precisaba las razones por las cuales la regla jurisprudencial
resultaba aplicable al caso, esta Sección debe indicar que en efecto el defecto
invocado fue explicado y expuesto en el escrito de tutela, como lo afirma el
impugnante. Sin embargo, lo cierto es que el estudio del defecto por
desconocimiento del precedente solo se abordaría en el evento en el que se
superaran todos los requisitos generales de procedibilidad y se pasara a
realizar un estudio de fondo, lo cual no ocurre en este caso, pues como se
advirtió anteriormente este asunto no supera el requisito general de la
subsidiariedad.

5. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Análisis del caso concreto.

5.1. Se debe indicar que la inmediatez es uno de los presupuestos procesales que
el juez debe examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas
de tutela contra providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se
ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un término de
caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela. Es más bien un
requisito que busca que la acción se presente en un término razonable, esto
es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de la
violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional15 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela, debe existir
un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo
de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya
que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos
de los terceros afectados16.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.

15
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.

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Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado17 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional18.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»19. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza
y estabilidad»20.

5.2. Esta Sala no desconoce que el 14 de octubre de 202521 el apoderado de la
parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin embargo,
este recurso no fue concedido, y por el contrario fue rechazado por el
despacho ponente del proceso 05001-23-33-000-2017-00781-01 al considerar
que conforme al artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo este recurso procede únicamente contra
sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales
administrativos.

Se precisa que el artículo 261 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo señala que la concesión del recurso no
impide la ejecución de la sentencia «salvo cuando haya sido recurrida totalmente por
ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso», lo cual no ocurrió en este
caso, pues ni siquiera fue concedido el recurso por ser improcedente.
17
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
21
Samai, índice 47. Expediente 05001-23-33-000-2017-00781-01.

14

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Pese a lo anterior, el artículo 264 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo también señala que cuando el recurrente
es único, como en este caso, podría solicitar que se suspendiera el
cumplimiento de la providencia recurrida siempre que prestara caución para
responder por los perjuicios que se llegaran a causar, esto dentro de los 10
días siguientes a la notificación del auto que la ordene, si la caución prestada
es suficiente se decreta la suspensión del cumplimiento de la sentencia en el
auto que concede el recurso, pero si no se presenta caución en debida forma
«continuará el trámite del recurso, pero no se suspenderá la ejecución de la sentencia» .

En este caso, como no se dictó auto que concediera el recurso por ser este
improcedente, no era posible que se hubiera mencionado la presentación de
caución, de ahí que tampoco se cumple con lo establecido en esta norma para
suspender la ejecución de la sentencia.

De lo anterior es posible concluir que, si bien la parte actora para explicar que
esta acción de tutela cumplía con el requisito general de la inmediatez realizó
el cálculo a partir de la ejecutoria de la providencia que rechazó de plano el
recurso extraordinario, lo cierto es que no es posible realizar el conteo de los
seis meses desde esta fecha, pues la interposición del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia no suspendió la ejecutoria del fallo del 27 de
junio de 2025, por lo que era a partir de la notificación de la sentencia de
segunda instancia que debe determinarse la interposición de la acción, más
aún, si se tiene en cuenta que los reproches que se presentan en el presente
trámite constitucional, no están dirigidos contra el auto del 12 de marzo de
2026 (auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia).

5.3. Esto quiere decir que el plazo razonable para la interposición de esta acción
de tutela iba hasta el 7 de abril de 2026, teniendo en cuenta que el término
debía iniciar a contabilizarse a partir del 7 de octubre de 202522.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 13 de abril de 2026, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 6 meses y 6 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración iusfundamental.

De manera que, la E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de
Gutiérrez» debió acudir a la acción de tutela dentro de un plazo razonable
contabilizado desde la notificación de la decisión de cierre del 27 de junio de
2025, de considerar que le ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos
de rango fundamental.

22
La sentencia de segunda instancia fue enviada a las partes el 2 de octubre de 2025 y conforme a lo establecido en el
artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el conteo del término de los
6 meses se realizó transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, es decir el 7 de octubre de 2025.

15

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Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

5.4. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales. Tal obligación no es producto
del capricho o del deseo de privilegiar las formas sobre los derechos
sustanciales.

Los requisitos de procedibilidad obedecen a que al cuestionar una decisión
proferida por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en
juego los principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
planteados por la parte tutelante.

6. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de
subsidiariedad ni de inmediatez en el caso examinado, se procederá a confirmar la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción presentada por la
E.S.E Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez», pero por las
consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 15 de mayo de 2026, proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

17

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