Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2014-00683-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2014-00683-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-008-2014-00683-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 76001-23-33-008-2014-00683-01 (3665-2024)1
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, departamento del Valle del Cauca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional a cónyuge supérstite
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 19 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca2, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
La señora Lucila Lozano de Llanos, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar que:
1 Expediente híbrido, las actuaciones digitales pueden ser consultadas en el aplicativo Samai Consejo de Estado, en
el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333008201400683011100103
2 Magistrado ponente Omar Edgar Borja Soto
3 Folios 30 a 56 del expediente físico.
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
(i) Se declare la configuración del silencio administrativo negativo en
relación de las peticiones presentadas el 7 de junio de 1991, el 11
de marzo de 2008 y el 30 de marzo de 2012, a través de las cuales
la demandante solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
post mortem causada con ocasión del fallecimiento de su cónyuge
Luis Marino Llanos Benítez (q.e.p.d.).
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
accionada a:
(i) Reconocer y pagar una pensión de jubilación post mortem a favor
del señor Luis Mario Llanos Benítez con la inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el año anterior a su muerte
y la sustitución de esa prestación a favor de la señora Lucila Lozano
de Llanos.
(ii) Ordenar el incremento de la pensión con los aumentos legales.
(iii) El pago de las mesadas pensionales desde la fecha de fallecimiento
del docente hasta el pago efectivo de la mesada, con los ajustes de
valor y los intereses moratorios conforme con lo dispuesto en los
artículos 187, 189 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y 1 y 14 de la Ley
100 de 1993.
(iv) El ajuste de valor los términos del artículo 178 de CCA (sic)
(v) El pago de intereses, en cuanto se configuren los supuestos
previstos en el artículo 177 del CPACA.
(vi) Al pago de costas, expensas y agencias en derecho.
(vii) Cumplir la sentencia en los términos de los artículos 187, 189 y 195
del CPACA.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante relató que contrajo matrimonio con el señor Luis Mario Llanos
Benítez el 2 de noviembre de 1954, con quien convivió desde esa fecha hasta
el día de su fallecimiento. En esta unión procrearon 6 hijos, todos mayores de
edad para la fecha de presentación de la demanda.
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
La demandante sostuvo que el señor Luis Mario Llanos prestó sus servicios
en calidad de docente para el departamento del Valle del Cauca desde el 16
de octubre de 1951 hasta el día de su deceso; con lo que completó 20 años y
6 meses de servicios.
La señora Lucila Lozano relató que el señor Luis Mario Llanos falleció el 12 de
abril de 1971 y en calidad de cónyuge sobreviviente, realizó las siguientes
reclamaciones:
(i) el 7 de junio de 1991 solicitó ante la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación post mortem.
(ii) el 11 de marzo de 2008 pidió la sustitución pensional, sin que la
demandada haya respondido.
(iii) el 30 de marzo de 2012 requirió al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio del departamento del Valle del Cauca el
reconocimiento de la pensión y la correspondiente sustitución
pensional.
La accionante aseguró que hasta la fecha de presentación de la demanda 16
de junio de 2014 4 las entidades mencionadas no ofrecieron ninguna respuesta
frente a las solicitudes realizadas.
La querellante concluyó que por la falta de contestación de la parte demandada
se configuró el silencio administrativo negativo, decisión que debe ser
declarada nula porque con las reclamaciones acreditó todos los requisitos para
el reconocimiento y pago de la pensión post mortem al señor Luis Mario Llanos
Benítez y la respectiva sustitución pensional a favor de Lucila Lozano, en
calidad de cónyuge sobreviviente.
1.2. Concepto de violación.
4 Folio 56 vuelto
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
La parte demandante dijo que la negativa de la demandada constituye una
lesión de los derechos fundamentales y sustanciales de la señora Lucila
Lozano. Que el reconocimiento de la pensión post mortem al cónyuge
sobreviviente constituye garantía para el desarrollo de su vida con normalidad
porque asegura que este pueda suplir sus necesidades básicas.
La señora Lucila Lozano afirmó que acreditó el cumplimiento de los requisitos
que exige la ley para ser acreedora de la prestación reclamada, por ello, el
acto cuestionado debe ser declarado nulo.
2. Contestaciones de la demanda.
El Ministerio de Educación Nacional5 se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que se absuelva a esta entidad de los cargos, con condena
en costas para la parte demandante, porque no se acreditaron los requisitos para
el reconocimiento y pago de la pensión post mortem
La entidad propuso como excepciones la de falta de legitimidad por pasiva,
prescripción, inexistencia de la obligación y la genérica.
La Fiduciaria la Previsora S.A.6 contestó la demanda y se opuso a las
reclamaciones de la parte actora, sostuvo que solamente actúa como vocera y
administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y su función está limitada a realizar el pago dentro de los
límites de la ley.
Por lo anterior, propuso como excepción la que denominó falta de legitimación
por pasiva.
El departamento del Valle del Cauca7 refirió que en este caso el causante, al
momento de su fallecimiento, contaba con 40 años de edad, en consecuencia,
no cumplía con los requisitos exigidos por la norma para el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, de tal manera que no hay derecho que reclamar
5 Folios 121 a 125
6 Folios 143 y 144
7 Folios 160 a 169
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
por la demandante.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
19 de abril de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
al declarar la nulidad de los actos enjuiciados por medio de los cuales se negó
a la señora Lucila Lozano el reconocimiento y pago de la sustitución de
pensión de jubilación post mortem; sin condena en costas.
El juzgador, a título de restablecimiento del derecho, ordenó:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al FOMAG el
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de jubilación post mortem,
con ocasión del deceso del docente Luis Mario Llanos Benítez, a la señora Lucila
Lozano de Llanos a partir del 16 de junio de 2011, por prescripción trienal, en
cuantía del 75% de lo que devengaba el docente al momento del fallecimiento
[…]»
En la sentencia se precisó que el señor Luis Mario Llanos Benítez prestó su
labor como docente en el departamento del Valle del Cauca hasta completar
20 años, 5 meses y 27 días de servicios, que contrajo matrimonio con la señora
Lucila Lozano el 2 de noviembre de 1954, con quien convivió hasta el momento
de su deceso ocurrido el 13 de abril de 1972.
El juez de instancia sostuvo que aun cuando el artículo 17b de la Ley 6ª de
1945 dispone que para acceder a la pensión de jubilación se deben acreditar
50 años de edad y el causante al momento del fallecimiento solamente contaba
con la edad de 40 años; también lo es que el Decreto ley 224 de 1972, norma
especial para docentes, dispuso el reconocimiento de la pensión post mortem
para el cónyuge o hijos del educador con independencia de la edad al
momento de la muerte, siempre que alcanzara los 18 años de servicios.
El Tribunal concluyó que se acreditaron los requisitos necesarios para que la
demandante acceda como beneficiaria de la pensión de jubilación post mortem
por la muerte del señor Luis Mario Llanos Benítez, en cuantía de 75% de la
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba al momento de su
deceso.
Finalmente, el a quo precisó que la exigibilidad del derecho surgió con ocasión
de la muerte del señor Luis Mario Llanos, esto es, a partir del 13 de abril de
1972, la señora Lozano radicó distintas peticiones con el fin de obtener el
reconocimiento de la pensión post mortem y la consecuente sustitución, sin
embargo, cuando realizó la primera de ellas ya habían prescrito gran parte de
la mesadas pensionales, por consiguiente, estableció como punto de partida
para contabilizar el fenómeno jurídico de la prescripción el 16 de junio de 2014
fecha de presentación de la demanda, y declaró prescritas las mesadas
anteriores al 16 de junio de 2011.
4. Los recursos de apelación.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio8 interpuso
recurso de apelación
La entidad demandada hizo referencia en el recurso de apelación, a la
diversidad de leyes que han regulado el régimen docente como la Ley 91 de
1989, la Ley 100 de 1993, la ley 60 de 1993, la ley 115 de 1994, la Ley 33 de
1985, la Ley 812 de 2003, la Ley 797 del 29 de enero de 2003, transcribiendo
el contenido de cada una de ellas [expediente digital, índice 47 Samai Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca].
La demandante presentó impugnación contra la sentencia del tribunal,
manifestó su disenso sobre dos aspectos de la sentencia:
El primero está referido a la declaración de la prescripción de las mesadas
pensionales anteriores al 16 de junio de 2011. Sobre el particular sostuvo que
el fenómeno de la prescripción se interrumpió con la solicitud que presentó la
demandante el 30 de marzo de 2012 y la posterior radicación de la demanda
el 7 de julio de 2014 y estas actuaciones se realizaron antes de completarse
8 Índice 47 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333008201400683011100103
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Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
el periodo de 3 años, por ello, «se deben conceder los efectos fiscales desde los tres
años anteriores a esta fecha, esto es desde el 30 de marzo de 2009».
El segundo reparo va orientado al silencio del a quo sobre la actualización de
las sumas adeudadas, la indexación y los ajustes de valor. De igual manera
pidió el reconocimiento de intereses moratorios según lo dispuesto en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
5. Trámite de la apelación.
Mediante auto del 5 de junio de 20249, se concedieron los recursos de
apelación por parte del tribunal y con providencia del 16 de julio10 siguiente, el
despacho sustanciador los admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, no corrió traslado para alegar de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión previa
En este caso encuentra la sala que aun cuando ambas partes presentaron
recurso de apelación contra la sentencia del 19 de abril de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se advierte que en el escrito de la
entidad demandada, esta hizo referencia en el recurso a la diversidad de leyes
que han regulado el régimen docente, como las leyes 91 de 1989, 100 de 1993,
115 de 1994, 812 de 2003, 33 de 1985, 100 de 1993, 797 de 2003, y el Decreto
3135 de 1968, transcribiendo el contenido de cada.
Sin embargo, se advierte que, frente al contendido de la sentencia de primera
instancia, no expresó ningún argumento de inconformidad, tan solo se limitó a
pedir que se revocara la condena en costas de la primera instancia, pero este
razonamiento no se armoniza con la realidad, toda vez que en el fallo que se
estudia, el a quo no condenó en costas
9 Índice 562 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
10 Índice 4 Samai Consejo de Estado
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Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
En este caso la Sala recuerda que esta Sección11 precisó que en los casos en
los que los reparos que presenta el recurrente, respecto a la decisión recurrida
no guardan congruencia con lo esbozado por el juez, esto es, las razones que
expone como reproche frente a la providencia proferida no tienen relación con
el tema debatido o no se presentaron argumentos en los que se expresen las
razones de la inconformidad, estamos frente a una apelación fallida.
Esta posición también ha sido reitera en la sentencia del 24 de febrero de 2024,
en el proceso 2591 de 2023, magistrado ponente Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
En esa ocasión, esta subsección precisó:
«Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que encuentra su fundamento en el
artículo 31 de la Constitución Política12 que consagró la regla de la doble instancia,
este medio de impugnación sirve para remediar los errores judiciales, porque lo
resuelve otro funcionario de mayor categoría, que supone mayor experiencia y
versación en la ciencia jurídica. Sobre el particular la Corte Constitucional13
sostuvo:
“El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los
arts.29, 30 y 86 de la Constitución. En el artículo 31 superior se establece
que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley.”
Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su
relación con los derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección
garantiza una recta administración de justicia, con un debate mayor y menores
posibilidades de error judicial al permitir que la decisión adoptada por una
autoridad judicial sea revisada por una autoridad independiente, imparcial y de
distinta categoría. Así lo sostuvo recientemente al señalar lo siguiente:
11 Sentencia del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre
de 2021, expediente 25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) MP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre
de 2021, expediente: 76001-23-33-000-2013-00709-01 (5199-2019) M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de
agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00-01 (4505-15) MP César Palomino Cortés. Auto del 24 de
noviembre de 2023, expediente 15001-23-33-000-2021-00648-(5027-2023) MP Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
13 Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea
revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que
en principio es indicativo de mayor especialidad en la materia– con el fin de que
decisiones contrarias a los intereses de las partes tengan una más amplia
deliberación con propósitos de corrección.”
Como lo dice Hernán Fabio López Blanco14, parafraseando a Podetti el recurso
de apelación ordinaria es, sin discusión, el más importante y usado en todos los
recursos en diversas legislaciones. Es como lo he indicado en la visión histórica,
raíz y origen de todos los demás recursos
Así pues, el artículo 247 del CPACA previó el recurso de apelación con el fin de
que el recurrente exprese los motivos de inconformidad con la decisión; de ahí
que la manifestación de estos motivos es necesaria y fundamental porque
enmarca el pronunciamiento del juez de segunda instancia […]
Por tanto; el propósito del recurso de apelación es que el superior revise la
decisión, confirme, revoque o modifique lo resuelto por el a quo; para lo que es
obligatorio que el recurrente lo sustente, expresando las razones de su
inconformidad, además de señalar los que le son desfavorables o sobre los que
considera que el juez de primera instancia no se pronunció”.
En el presente caso, si bien se busca por esta instancia garantizar el derecho
a la doble instancia, no puede soslayarse que para que este opere se requiere
que la parte apelante cumpla con la carga de explicar las razones de su
disenso, no obstante, este presupuesto no fue cumplido por la entidad
recurrente, puesto que de la revisión detallada del escrito mencionado se
concluye que i) controvierte un pronunciamiento que el tribunal no realizó, y ii)
no expone las razones de su inconformidad respecto de los argumentos que
expresó el Tribunal en la primera instancia.
Presentado el recurso en estos precisos términos, se advierte que no hay lugar
a desarrollar la competencia del superior consagrada en el art. 328 del Código
General del Proceso, dado que está se encuentra limitada al estudio de los
argumentos expuestos por el apelante. En consecuencia, la apelación
presentada por la entidad demandada es fallida y así se declarará en la parte
resolutiva de esta providencia.
14 López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
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Nº Interno: 3665-2024
Demandante: Lucila Lozano de Llanos
Demandada: FOMAG y otros
De otra parte, la Sala observa que en el presente caso es necesario que el
juez de segunda instancia, ejercite la facultad de saneamiento del proceso tal
como lo dispone el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, en tanto
que se evidencia que, en la sentencia de primera instancia, se decidió declarar
la nulidad del acto ficto o presunto respecto de las peticiones presentadas por
la demandante ante la gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que
corresponden al año 1991, 2008 y 2012. Sin embargo, revisado el expediente
se advierte que obra prueba de la Resolución expedida el 28 de noviembre de
2014 proferido por la entidad accionada, en la cual se da respuesta a la
petición radicada el 30 de marzo de 2012. En estos términos advirtiéndose que
la demanda se admitió el 2 de junio de 2016, es posible inferir que la entidad
demandada aún conservaba la competencia para proferir el acto administrativo
mencionado. Así la cosas, no existió la omisión de pronunciamiento por parte
de la accionada que dé lugar a la declaratoria del acto ficto o presunto como
lo declaró el Tribunal A quo, y por el contrario, se observa un acto expreso que
debe analizarse a efectos de determinar si es necesario o no declarar su
nulidad. La Sala advierte que este saneamiento es necesario, a fin de constituir
una proposición jurídica completa en el presente asunto. De acuerdo con lo
anterior, se involucrará el estudio de este acto respecto de la negativa de la
entidad para reconocer el derecho pensional plasmada en la Resolución
expedida el 28 de noviembre de 2014.
2.2. Competencia
La subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)15, el
15 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Demandada: FOMAG y otros
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.3 Problemas jurídicos
En los términos previamente señalados y de acuerdo con el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala
establecer sí ¿hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución expedida el 28
de noviembre de 2014 por medio de la cual la entidad accionada negó a la
demandante el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem
causada con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Luis Marino Llanos
Benítez (q.e.p.d.).?
Resuelto lo anterior, en caso afirmativo, la Sala se ocupará de determinar sí¿
las mesadas pensionales reconocidas a la señora Lucila Lozano de Llanos
están afectadas por el fenómeno de la prescripción y de ser así como debe
contabilizarse? Además, la Sala debe determinar sí ¿el derecho pensional
otorgado a la señora Lucila Lozano de Llanos en virtud de la sustitución de la
pensión del señor Luis Mario Llanos Benítez puede indexarse y si ¿es
procedente ordenar el pago de intereses moratorios, de que trata el art. 141
de la Ley 100 de 1993, invocados en la demanda?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.4 el fenómeno de prescripción de las mesadas pensionales; 2.5.
indexación de las mesadas pensionales, y 2.6. análisis sustancial.
2.4. Sobre la prescripción de las mesadas pensionales
De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política los beneficios
mínimos de los trabajadores son irrenunciables, sin embargo, el legislador previó
la prescripción extintiva de estos derechos cuando trascurre un periodo de
tiempo determinado durante el cual se solicitó el derecho.
En efecto, de acuerdo con lo reglado en el Código Civil la prescripción es un
modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos por
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Demandada: FOMAG y otros
haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos
durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
La prescripción de las prestaciones sociales fue prevista por el legislador
en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en los siguientes términos:
«Articulo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante
la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
El Decreto 1848 de 1969 reglamentó la anterior disposición de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 102.-Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Entonces, una vez causado el derecho el interesado tiene un periodo de
tiempo de tres años para reclamar el derecho ante la administración el solo
hecho de reclamar ante la entidad interrumpe este término por uno igual, es
decir, nuevamente se inicia el conteo del término de 3 años, pero por una sola
vez.
Así las cosas, la prescripción puede ocurrir en relación con el ejercicio de un
derecho que puede extinguirse o adquiriste con el paso del tiempo, además,
puede suspenderse con el cumplimiento de ciertos requisitos.
Ahora bien, para contabilizar el término de prescripción se toma como punto
de partida la fecha en la que el derecho se hizo exigible y la interrupción de
este fenómeno se produce por un periodo igual y por una sola vez desde que
el interesado realice la reclamación administrativa.
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2.5. Indexación de las mesadas pensionales
Esta Corporación ha señalado, en reiteradas ocasiones, que si bien no existe
norma expresa que establezca la actualización de las sumas derivadas de una
pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, lo cierto es que como
consecuencia del desarrollo jurisprudencial se ha dado aplicación a los
principios constitucionales previstos en los artículos 48, 53 y 230, y a los
criterios de justicia y equidad, entendiendo que la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el
trabajador no tiene que soportar las consecuencias negativas de dicha
situación al recibir sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con
el valor real del salario o de la pensión16
A su turno, la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 53 de la C. P17, dispuso:
«[…] el deber de actualizar el valor adquisitivo no se reduce a la primera mesada
pensional sino que debe incluir, además, la actualización del salario base de
liquidación, con lo cual se garantiza el mínimo vital de las personas de tercera
edad que se ven afectadas por la inflación. Del mismo modo, en desarrollo del
principio de igualdad, esta Corporación ha afirmado que el derecho a la
indexación de la primera mesada tiene un carácter universal y, por ende, se
predica de todos los pensionados sin discriminación en razón al momento en que
se causó la pensión, el origen de la misma (si es legal, convencional o sanción)
o su naturaleza (de vejez, de invalidez, etc.) […]». (Destaca la Sala)
Esta Subsección sobre el particular18 precisó lo siguiente:
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
mayo de 2018. Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00208-01(0228-15). M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
17 Sentencia SU-1073/12
18 Sentencia del 7 de febrero de 2013. MP Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 76001-23-31-000-2008-00785-
01(0268-12).
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«[…] si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia
ha desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los
previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios
de justicia y equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, que
el trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias negativas de
dicha situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas de
dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario
que devengaba cuando prestaba sus servicios. […]»
En consideración de todo lo anterior, la Sala reitera en esta oportunidad la tesis
pacífica de la jurisprudencia, para decir que, ante la existencia de un vacío
normativo frente a la indexación del ingreso base de liquidación de una
prestación pensional y las consecuencias negativas que esto genera, esto es,
el hecho de que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse una
suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia con el valor real del
salario que devengaba cuando prestaba sus servicios, resulta pertinente y
necesario, que se realice el reajuste del ingreso base de liquidación en atención
al carácter especialísimo de que goza una prestación pensional y al principio
de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
Adicional a ello, el artículo 187 del CPACA dispuso que las condenas al
pago o devolución de una cantidad liquida de dinero se deben ajustar con
base en el Índice de Precios al Consumidor.
2.6. Análisis sustancial
En este caso no se discute el derecho pensional reconocido a la señora Lucila
Lozano como cónyuge sobreviviente del señor Luis Mario Llanos Benítez
porque se acreditó que cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 244 de
1972, en concreto el tribunal encontró probada la prestación del servicio
docente por parte del causante por más de 18 años, la convivencia entre el
causante y la demandante, así:
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a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Mario Llanos Benítez
en la que se evidencia que nació el 6 de marzo de 1932. [folio26]
b) Registro civil de defunción del señor Luis Mario Llanos Benítez, en que se
indica que falleció el 13 de abril de 1972 (folio 24)
c) Partida de matrimonio número 74141826, donde se evidenció que el señor
Luis Mario Llanos contrajo matrimonio con la señora Lucila Lozano el 2 de
noviembre de 1954 [folio 25].
d) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora Lucila Lozano Moreno
[folio 27]
e) Acta de declaración bajo juramento de la señora Lucila Lozano ante la
notaría 23 del círculo de Cali, en la que manifestó que estuvo casada con
Luis Mario Llanos, que convivió con él desde el 2 de noviembre de 1954
hasta su fallecimiento ocurrido el 12 de abril de 1972, con quien procreó
seis hijos: Luz Marina, Gloria Lucia, Claudia Patricia, Luis Mario, María
Eugenia y Fenzileth Llanos Lozano refrendada por los testigos Lady
Cardona de Zuluaga y José Jesús Zuluaga Ríos [folios 28 y 29]
f) Certificado de tiempo servido número 44358 del 27 de septiembre de 2007;
de la Secretaría de Educación del departamento del Valle, en el que se
especificó que el señor Luis Mario Llano Benítez prestó sus servicios en
diferentes planteles profesionales desde el 16 de octubre de 1951, hasta
completar 20 años, 6 meses y 1 día de servicios [folio 21 y 22]
g) Certificación de la secretaría de educación departamental en el que consta
que el señor Luis Mario Llanos Benítez prestó sus servicios al
departamento como docente de primaria desde el 16 de octubre de 1951
hasta el 12 de abril de 1972 [folio 23].
h) Antecedentes administrativos aportados por el departamento del Valle del
Cauca [folios 309 a 346]
Ahora bien, la inconformidad de la demandante con la sentencia de primer
grado se resume en lo siguiente: 1) la forma en como se debe contabilizar del
término de prescripción, 2) se debe ordenar la indexación de la mesada
pensional, 3) el a quo no ordenó el pago de intereses sobre las sumas
adeudadas, y 4) se debe condenar en costas a la parte demandada.
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Primer cargo. De acuerdo con la accionante la interrupción del término de
prescripción se produjo con ocasión de la reclamación presentada el 30 de
marzo de 2012, y no con la radicación de la demanda el 16 de junio de 2014
como lo ordenó la primera instancia.
La Sala encuentra que se aportaron al plenario los siguientes documentos:
1) Solicitud del 7 de junio de 1991, por medio de la cual la demandante
pidió al jefe de la División de Prestaciones Sociales de la Secretaría de
Educación del departamento del Valle «decretar a mi favor la liquidación,
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a que tenía derecho mi difunto
esposo, esto es hacerme el reconocimiento y pago de esa prestación social, mediante
el traspaso acostumbrado en esos casos». [folio 2 del expediente].
2) Formato del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para la
solicitud de sustitución pensional de la señora Lucila Lozano, del 11 de
marzo de 2008[folio 3].
3) La demandante radicó la petición el 30 de marzo de 2012, en la que
solicitó el reconocimiento de la pensión post mortem.
4) Consta la Resolución Núm. 5045 del 28 de noviembre de 2014, por
medio de la cual el Departamento del Valle del Cauca negó la solicitud
de pensión de sobreviviente elevada por la señora Lucila Lozano de
Llanos.
5) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada el 16 de
junio de 2014, mediante la cual, la demandante reclama la nulidad de
los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la pensión
post mortem [Folios 30 a 56 y vuelto].
Entonces, de acuerdo con las disposiciones que se mencionaron
anteriormente, el término de prescripción para reclamar el derecho, en este
caso las mesadas pensionales, corrió desde el fallecimiento del causante que
tuvo lugar el 13 de abril de 1972; la demandante realizó varias reclamaciones
para obtener el reconocimiento prestacional, la primera de ellas; el 7 de junio
de 1991, la segunda el 11 de marzo de 2008 y la última el 30 de marzo de
2012. En este orden, el término deberá contabilizarse desde la última
reclamación que tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, teniendo en
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cuenta que la demanda se presentó el 16 de junio de 2014 esto es, dentro de
los 3 años siguientes a esta última solicitud. Por otra parte, la Sala no tendrá
en cuenta las peticiones presentadas en el año 1991 y 2008 para efectos de
interrumpir la prescripción toda vez que la interesada no acudió oportunamente
a la jurisdicción y dejó transcurrir más de tres años entre las citadas
solicitudes, por lo que no logró que se reconociera a su favor la interrupción
de la prescripción.
Por consiguiente, para contabilizar el término de prescripción de las mesadas
pensionales, la Sala toma como punto de partida el 30 de marzo de 2012, en
consecuencia, las causadas con anterioridad al 30 de marzo de 2009 se
encuentran prescritas, como lo alegó la demandante.
Segundo cargo de impugnación. La actora cuestionó la decisión de primera
instancia porque el tribunal no dispuso la correspondiente indexación de las
sumas adeudadas, en los términos del artículo 187 del CPACA.
La Sala advierte que conforme a lo probado en el proceso el señor Luis Mario
Llanos Benítez prestó sus servicios como docente hasta el día de su
fallecimiento el 12 de abril de 1972, por ello el Tribunal ordenó el
reconocimiento de la pensión post mortem a favor de la accionante, en la que
tomó como salario base para la liquidación de la mesada, el devengado al
momento del fallecimiento, mientras que el reconocimiento de dicha prestación
se ordenó a partir del 16 de junio de 2011, cuando lo pertinente es reconocer
la pensión post mortem desde la fecha del deceso del causante, pero con
efectos fiscales a partir del 30 de marzo de 2009, por prescripción trienal, como
se explicó en precedencia.
Como se dijo, el artículo 187 del CPACA dispuso que las condenas al pago o
devolución de una cantidad liquida de dinero se deben ajustar con base en el
Índice de Precios al Consumidor. De ahí que esta circunstancia se produce de
pleno derecho.
No obstante, la Sala dispondrá que las sumas reconocidas se deben actualizar
de acuerdo con la fórmula adoptada por esta Corporación:
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R = Rh. índice final /
Índice inicial
En donde el valor R, se obtiene al multiplicar el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial,
precisado que, por causarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse mes por mes, comenzando por la primera mesada pensional
que dejó de devengar y aplicando el índice inicial vigente al momento de la
causación de cada una de ellas.
Tercer cargo: la parte actora manifestó que el tribunal omitió pronunciarse
sobre el reconocimiento de interés de acuerdo con lo previsto en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993.
Debe señalarse que el artículo 141 de la Ley 100 estableció lo siguiente:
«ARTÍCULO 141. Intereses de mora. A partir del 1 de enero de 1994, en caso
de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la
entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés
moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago».
De modo que la causación de los intereses está condicionada al reconocimiento
de la prestación por parte de la entidad encargada; en este caso, el
reconocimiento se realiza a través de la sentencia. Así que, en este caso no
resulta procedente ordenar el pago de los intereses, además, porque esta
prerrogativa opera de manera automática, por disposición expresa de la ley.
Cabe resaltar que esta subsección se ha pronunciado en el mismo sentido en
diferentes oportunidades, en la sentencia del 11 de noviembre de 202119
sostuvo lo siguiente:
19 Expediente 05001-23-33-000-2015-00537-01 MP Carmelo Perdomo Cueter, también pueden ser consultadas las
sentencias del 28 de octubre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2016-00414-01, del 25 de noviembre de 2021
radicación 73001-2332-000-2016-003278-01 PM Cesar Palomino Cortes
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«[…] No obstante, los intereses moratorios consagrados en la precitada
normativa proceden solo cuando se presente demora en la cancelación de la
mesada pensional, luego de su reconocimiento20, puesto que antes de que el
derecho pensional sea concedido no se podría hablar de demora en el pago,
pues la acreencia se encuentra en discusión, motivo por el cual en el presente
asunto no hay lugar a ordenar que sean sufragados, comoquiera que no se
acredita, ni se alega, que desde el momento de su inclusión en nómina de
pensionados hubo mora. […]»
Cuarto cargo de impugnación: la accionante solicitó que se condenara en
costas a la entidad demandada.
Pues bien, las costas son los gastos en los que se incurre con ocasión del
proceso judicial, entre los que se incluyen los gastos ordinarios del proceso y
los honorarios de los abogados; sobre la condena en costas, esta Subsección
ha reiterado el criterio que no es suficiente con las resultas del proceso, debe
acreditarse su causación, así como temeridad o mala fe de la parte vencida,
circunstancias que no acreditaron en el sub lite, de modo que no hay lugar a
la condena en costas como lo reclama la parte demandante.
En atención a lo expuesto, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia,
para, declarar la nulidad del acto expreso contenido en la Resolución N° 5045
del 28 de noviembre de 2014, ordenar el reconocimiento de la actualización de
las sumas adeudadas y determinar desde que momento se deben reconocer
las mesadas pensionales a las que tiene derecho la accionante, luego de
declararse el fenómeno de la prescripción. En lo demás se confirmará el fallo
de primera instancia.
2.7 Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
20 Al respecto véanse las sentencias: Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, expediente 1602-2017,
de 1° de marzo de 2018; y subsección A, expediente 3756-16, de 21 de junio de 2018.
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que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a
las súplicas de la demanda, y modificará los numerales 1° y 2° de la citada
providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del trece 19 de abril de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda, promovida por la señora Lucila
Lozano de Llanos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la
primera instancia que quedará así “Declarar la nulidad de los actos fictos
presuntos negativos derivados de las peticiones del 7 de junio de 1991, el 11
de marzo de 2008, y la nulidad del acto expreso contenido en la Resolución
Núm. 5045 del 28 de noviembre de 2014, por medio de la cual se negó la
solicitud de reconocimiento de la pensión post mortem de la demandante, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la providencia apelada, que
quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al FOMAG
el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión jubilación post
mortem, con ocasión del deceso del docente, Luis Mario Llanos Benítez, a
la señora Lucila Lozano de Llanos a partir del 13 de abril de 1972, con efectos
fiscales a partir del 30 de marzo de 2009 en cuantía del 75% de lo que
devengaba el docente al momento del fallecimiento. Las sumas reconocidas
deberán ser indexadas de conformidad con la formula señalada en esta
providencia.
La sentencia debe cumplirse en los términos establecidos en los artículos
192 y 195 del CPACA».
CUARTO: DECLARAR fallida la apelación presentada por la parte
demandada.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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