Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00540-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00540-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00540-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
Demandado: Departamento de Nariño
Vinculada: Empresa Asociativa de Trabajo Asesores Unidos1
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 15 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño
Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jorge Willinton Guancha Mejía presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo o presunto por la falta de
respuesta de la entidad demandada a la petición del 1 de julio de 2008, por medio
del cual solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el
servicio prestado como abogado de la Secretaría de Educación entre el 7 de enero
y el 10 de septiembre de 2004, el 13 de septiembre y el 31 de diciembre de 2004,
el 17 de enero y el 30 de septiembre de 2005, el 3 de octubre y el 30 de diciembre
de 2005, el 10 de enero y el 30 de diciembre de 2006 y el 2 de enero y el 30 de
1 En lo que sigue Asesun.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
diciembre de 2007; y el consecuente pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) el pago de las prestaciones legales tales como el sueldo
básico, el sobresueldo, las horas extras, las primas de vacaciones, de navidad,
técnica y de servicios, la bonificación por servicios prestados, el auxilio de
transporte, la dotación, el subsidio familiar y las cesantías y sus intereses ; iii) la
devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes a la seguridad social
(salud, pensión y riesgos laborales), retención en la fuente y estampillas; iv) el
reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales y de la
indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías; v) el cumplimiento
de la sentencia según lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y vi)
la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Jorge Willinton Guancha Mejía laboró como abogado en la Secretaría de
Educación del departamento de Nariño entre el 7 de enero y el 10 de septiembre de
2004, el 13 de septiembre y el 31 de diciembre de 2004, el 17 de enero y el 30 de
septiembre de 2005, el 3 de octubre y el 30 de diciembre de 2005, el 10 de enero y
el 30 de diciembre de 2006 y el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2007, de manera
continua y permanente a través de órdenes de prestación de servicio, periodo en el
que realizó sus funciones de forma personal, bajo la subordinación de la entidad,
con una remuneración pagada como contraprestación por el trabajo realizado y
dentro de un horario.
3.2. Durante el tiempo laborado se le impusieron obligaciones como: «A) Preparar las
respuestas a los derechos de petición, información, consultas verbales solicitudes y demás
que instauren los ciudadano[s], docentes, directivos docentes, administrativos de los
establecimientos educativos, y usuarios en general B) Sustanciación de las respuestas a
los escritos de agotamiento de vía gubernativa, solicitudes de revocatoria directa y demás
actuaciones que correspondan a la oficina jurídica. C) Sustanciación del escrito de
contestación e impugnación de las acciones de Tutela, cumplimiento y populares
presentadas ante la Secretaría de Educación de Nariño y/o Gobernación de Nariño. D)
Asumir la defensa de la Secretaría de Educación- Departamento de Nariño en los procesos
contenciosos administrativos, laborales, civiles y conciliaciones extrajudiciales. E)
Sustanciación de respuestas a los requerimientos efectuados por los organismos de control.
F) Participar en los programas y proyectos del grupo jurídico. G) Elaboración de las
circulares que le asigne el coordinador del grupo jurídico. H. Preparación, proyección de
actos administrativos y elaboración de conceptos jurídicos. I. Asistencia Jurídica y atención
al público» [sic].
3.3. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
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ley, propias de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron
reconocidas.
3.4. Durante la vigencia de la «relación laboral» se le brindaron capacitaciones en
igualdad de condiciones que los empleados públicos de la entidad, en el programa
de diagnóstico, diseño e implementación de los procesos para la modernización de
la Secretaría de Educación del departamento de Nariño, dentro de los
«Macroprocesos H Gestión del Talento Humano y M manejo de asuntos legales» [sic].
3.5. El 1 de julio de 2008, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de una
relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como abogado y el pago de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición no fue
contestada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política; y 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993; las leyes 443 de 1998; 909 de 2004;
1071 de 2006; y 1437 de 2011; y los decretos 2400 de 1968; 3135 de 1968; 1059
de 1973; 1042 de 1978; 1045 de 1978; y 01 de 1984.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. La entidad demandada desconoció el principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, pese a que se encontraban acreditados los elementos
propios de una relación laboral. Esta situación exigía una protección especial por
parte del Estado, en condiciones de igualdad con los empleados de planta,
conforme con lo dispuesto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política.
5.2. Igualmente, se vulneró el principio de igualdad, toda vez que desempeñó iguales
funciones que un empleado de planta de la entidad territorial; sin embargo, no
recibió igual trato en cuanto a las prestaciones económicas que estos percibían.
5.3. La entidad demandada a través de las órdenes de prestación de servicios
pretendió encubrir una verdadera relación laboral con el demandante, pues «por
razones ajenas a los principios de la administración desdibujó las características de los
contratos de prestación de servicios».
5.4. Debía computarse el tiempo laborado a través de órdenes de prestación de
servicios para efectos pensionales; de lo contrario, no se cumpliría con el objeto de
la Ley 100 de 1993, el cual era la protección de la expectativa pensional de las
personas.
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folios 10 a
14.
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
5.5. En el caso concreto no operó el fenómeno jurídico de la prescripción, pues la
reclamación ante la entidad demandada se presentó dentro de los 3 años siguientes
a la terminación de la «relación laboral».
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El departamento de Nariño se opuso a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos4:
6.1. Era inexistente la relación laboral pretendida, pues lo que se presentó entre las
partes fue una de orden contractual que obedeció a lo señalado por el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas para que celebraran
contratos de prestación de servicios, sin que se generara un vínculo laboral y el
derecho a recibir prestaciones sociales.
6.2. El demandante suscribió múltiples contratos de prestación de servicios con el
departamento de Nariño, Secretaría de Educación, cada uno con una vigencia
determinada y limitada en el tiempo, conforme con lo establecido en el artículo 32
de la Ley 80 de 1993. Por tanto, resultaba contrario a la realidad afirmar que existió
prestación de servicios de manera ininterrumpida, pues cada vínculo contractual
estuvo sujeto a términos específicos de duración.
6.3. Al haberse tratado de un contratista, la Administración no tenía obligación distinta
a la de verificar el cumplimiento de los términos contractuales y pagar los honorarios
establecidos como contraprestación por la actividad contratada. En consecuencia,
la parte demandante incurrió en un error al confundir la relación de coordinación
derivada de los contratos de prestación de servicios celebrados con el departamento
de Nariño, con una relación laboral que no se configuró, debido a la ausencia de los
requisitos exigidos para ello.
6.4. El hecho de que, durante la ejecución del contrato, se estableciera una
coordinación entre el demandante y otras personas de la entidad no constituía
prueba de subordinación o dependencia. Dicha coordinación correspondía a una
necesaria organización de actividades conforme a los lineamientos generales
previstos en la Ley General de Educación, cuyo fin era permitir al supervisor que
verificara el cumplimiento de las obligaciones que se pactaron en el acuerdo
contractual. Esta circunstancia no permitía presumir la existencia de una relación
con tales características.
6.5. El actor no estuvo sujeto al cumplimiento de un horario, ya que, en su condición
de contratista, contaba con autonomía e independencia para desarrollar las
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «003. 2015.0540 NRD – Folios 156-251.pdf», folios 6 a
24 y 29 a 31.
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actividades propias del objeto contractual, siempre que se ajustaran a los términos
establecidos en los contratos de prestación de servicios suscritos libremente con el
departamento de Nariño, en ejercicio de la autonomía de la voluntad.
6.6. Propuso las excepciones de i) ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales; ii) caducidad de la acción5; iii) prescripción extintiva del derecho; iv) falta
de integración del litis consorcio necesario; v) inexistencia de la obligación
demandada; vi) legalidad del acto administrativo acusado; y vii) falta de causa para
demandar.
7. Asesun, a través de curadora ad litem, se limitó a manifestar que se atenía a lo
que resultara probado en el proceso6.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, en sentencia del
15 de junio de 2022 accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al departamento de Nariño. Al efecto dispuso lo siguiente7:
«PRIMERO. - DECLARAR no probada las excepciones denominadas; “inexistencia de
la obligación demandada, legalidad del acto administrativo acusado, falta de causa
para demandar” instauradas por la apoderada judicial del DEPARTAMENTO DE
NARIÑO de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLARAR que en los contratos de prestación de servicios suscritos por
el DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO y el señor JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA
entre el 07 de enero del año 2004 y el 30 de diciembre 2007, subyacen los elementos
propios de una relación laboral.
TERCERO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo, producto del silencio del
DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
DE NARIÑO derivado de la no contestación a la petición de fecha 01 de julio de 2008,
por medio de la cual el señor JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA, solicitó el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad.
CUARTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo negativo ficto derivado del
5 A través de auto del 11 de febrero de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, al resolver un recurso de apelación contra un auto dictado por el Tribunal Administrativo
de Nariño que declaró no probada esta excepción, resolvió «(d)eclarar probada la excepción de
caducidad respecto de la pretensión relativa a obtener el pago de los salarios y prestaciones sociales
derivadas de la declaratoria de la relación laboral entre las partes del proceso y en consecuencia,
ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño seguir adelante el trámite del presente proceso con el
fin de determinar la existencia o no de una relación entre las partes y de hallarse probada ella,
pronunciarse únicamente en lo referente a las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social». Samai,
índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg) NroActua
2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD – Folios 615-686.pdf», folios 82 a 94.
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD – Folios 615-686.pdf», folios 20
y 21.
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «046. 2015-0540 – FALLO.pdf».
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silencio de la administración en relación con la solicitud de reconocimiento y pago de
prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO. – DECLARAR que el tiempo que el señor JORGE WILLINTON GUANCHA
MEJIA laboró con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, como abogado bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, entre el 07 de enero del año 2004 y el 30 de diciembre de 2007,
salvo sus interrupciones, se debe computar para efectos pensiónales.
SEXTO.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordénese al DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, tomar (durante el tiempo comprendido entre el 07 de
enero del año 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones) el ingreso
base de cotización (IBC) pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo
que el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso,
el porcentaje que le correspondía como trabajador, en armonía con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO. – El DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del C.P.A.C.A., teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de
la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh * indice final
Indice inicial
OCTAVO. - Condenar en costas en esta instancia, a la parte demandada esto es el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
DE NARIÑO a favor de la parte demandante, es decir, el señor JORGE WILLINTON
GUANCHA MEJIA, identificado con C.C n° 12.746.552 de Pasto (N), por lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia, y en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con el artículo 365 del C.G.P, cuya liquidación se practicará por
Secretaría del Tribunal.
NOVENO. – EXONERAR de cualquier responsabilidad a la EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO ASESORES UNIDOS ASESUN CORPORACIÓN de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO. – DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]» [sic].
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, era posible
declarar la relación laboral entre el actor y el departamento de Nariño por el tiempo
en el que prestó labores como abogado a través de contratos y órdenes de
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prestación de servicios, es decir por el periodo comprendido entre el 7 de enero de
2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones, pues se acreditaron
los elementos para su configuración, esto es, la prestación personal del servicio, la
continua subordinación en relación con la entidad empleadora y la remuneración
como contraprestación por los trabajos realizados.
9.2. Lo anterior, toda vez que Jorge Willinton Guancha Mejía i) prestó su servicio de
forma permanente, continua y personal como abogado en la Secretaría de
Educación de la entidad territorial; ii) por las labores que desarrolló percibió una
remuneración; y iii) realizó sus tareas de manera subordinada y dependiente
respecto de la entidad, pues recibía órdenes de su superior jerárquico [coordinador
del Grupo Jurídico] y no tenía autonomía ni independencia para ejecutar las
funciones encomendadas, las que se realizaron dentro de un horario de trabajo de
lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, incluso fuera de estas
horas y fines de semana por la cantidad de trabajo y atención al público.
9.3. La entidad accionada utilizó la figura de las órdenes y los contratos de prestación
de servicios para desconocer los elementos propios de una relación laboral y por
ende las prestaciones derivadas de esta, por lo que en aplicación de los principios
previstos en el artículo 13 y 53 de la Carta Política, hay lugar a declarar la existencia
del contrato realidad que se configuró entre las partes.
9.4. Por tanto, entre las partes existió una relación laboral que da paso al «contrato
realidad» y por ende al reconocimiento únicamente del derecho a la seguridad social,
respecto a las cotizaciones a pensión. Lo anterior, en consideración a que el
Consejo de Estado en auto del 11 de febrero de 2021 declaró probada la excepción
de caducidad respecto de la pretensión relativa a obtener el pago de salarios y
prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de una relación laboral y ordenó
seguir el trámite del proceso con el fin de determinar la existencia o no de una
relación laboral y de hallarse probada pronunciarse únicamente en lo referente a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
9.5. Valga recordar, que en la providencia del 11 de abril de 2021 se resolvió lo
siguiente8:
«SEGUNDO: Declarar probada la excepción de caducidad respecto de la
pretensión relativa a obtener el pago de los salarios y prestaciones sociales
derivadas de la declaratoria de la relación laboral entre las partes del proceso y
en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño seguir adelante
el trámite del presente proceso con el fin de determinar la existencia o no de una
relación entre las partes y de hallarse probada ella, pronunciarse únicamente en
lo referente a las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social» [sic].
9.6. Así entonces, había lugar a reconocer la existencia del «contrato realidad» y, en
8
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD – Folios 615-686.pdf», folios 82
a 94.
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consecuencia, la declaratoria de la obligatoriedad de los aportes por parte del ente
demandado, por los lapsos en que el actor laboró como abogado para la entidad,
con atención a que algunos contratos sufrieron interrupción.
9.7. En ese sentido, el departamento de Nariño, Secretaría de Educación, debía
«cancel[ar] el total de 3 años, 10 meses y 17 días de aportes a pensión, tomando el ingreso
base de cotización o el IBL pensional del demandante, dentro de los periodos laborados en
la modalidad de prestación de servicios, que se encuentran determinados líneas arriba en
esta providencia, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma que le correspondía
como empleador, sin lugar a señalar lapsos como prescritos, teniendo en cuenta el derecho
superior que se trata» [sic].
9.8. Si bien el departamento de Nariño solicitó que se vinculara al proceso a Asesun,
lo cual se hizo, también lo es que del material probatorio era posible determinar que
el actor no tuvo ninguna clase de vinculación laboral con la empresa; por el contrario,
todo el tiempo laborado fue con el departamento de Nariño. Por tanto, la condena
era procedente contra la entidad territorial y se debía exonerar de cualquier
responsabilidad a la vinculada.
9.9. La condena en costas a la parte vencida era procedente, en consideración a lo
previsto en el artículo 188 del CPACA.
1.4. Los recursos de apelación
10. La entidad territorial demandada interpuso recurso de apelación al considerar lo
siguiente9:
10.1. El a quo desconoció que el demandante no logró probar la configuración de una
relación laboral entre las partes, pues no demostró el elemento de la subordinación
o dependencia respecto del empleador, elemento esencial de toda relación laboral.
10.2. Entre las partes lo que existió fue una relación contractual que obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades
públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades que no pudieran realizarse con el personal de planta o requieran
conocimientos especializados; sin embargo, estos no generan un vínculo laboral ni
el derecho a percibir prestaciones sociales.
10.3. En el caso concreto lo que se presentó fue una relación de coordinación en las
actividades establecidas en los contratos de prestación de servicios para su buen
desempeño, sin que ello implicara la configuración de una relación laboral y en
consecuencia el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales.
9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «047. APELACION PROCESO 2015-0540 JORGE
WILLINTON GUANCHA.pdf».
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10.4. La inexistencia de personal suficiente que pudiera dar cumplimiento al objeto
misional de la Secretaría de Educación del departamento de Nariño permitió
celebrar los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante para
desarrollar las actividades administrativas señaladas en los contratos.
10.5. Durante el tiempo en que se suscribieron los contratos de prestación de
servicios, no estaba creada ni existía el cargo del cual se pretendió acreditar relación
laboral.
10.6. Eldemandante ostentaba la calidad de contratista, condición en la que
conservaba plena autonomía técnica y administrativa para la ejecución de las
actividades pactadas en los respectivos contratos. La supervisión del cumplimiento
del objeto contractual recaía en el supervisor designado, cuya labor se limitaba a la
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello
implicara la existencia de subordinación, dependencia continua ni sujeción a un
horario determinado, toda vez que el contratista conservaba independencia en la
organización y distribución del tiempo requerido para el desarrollo de los distintos
objetos contractuales.
10.7. El demandante era autónomo, al punto que no solo prestaba sus servicios en
el departamento de Nariño, sino que asumió también la representación judicial de
asuntos de carácter particular y no solo los de la entidad que lo había contratado.
10.8. Al respecto, no se debe olvidar que para cuando se suscriben las órdenes de
prestación de servicios, existen restricciones de orden legal que impiden que un
servidor público abogado pueda litigar respecto a asuntos particulares, pues «[l]o
establecido en el numeral primero del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, cumple varios
propósitos pero se orienta, en particular, a asegurar la dedicación exclusiva de los
servidores públicos al ejercicio de sus funciones, lo que concuerda con lo dispuesto, en el
numeral 11 del artículo 34 del Código Disciplinario Único [...]» [sic].
10.9. Frente a la petición con radicación 26534 del 1 de junio de 2008 se emitió una
respuesta clara y expresa, contenida en el Oficio AJ-170-2008 del 24 de julio de
2008, expedido por la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación del
departamento de Nariño, según el reporte informativo del Sistema de Atención al
Ciudadano.
10.10. No procedía la condena en costas, pues en el proceso en ninguna de las
instancias procesales se evidenció mala fe en el actuar de la entidad, en el sentido
de entorpecer o dilatar el proceso.
11. El demandante interpuso recurso de apelación al considerar lo siguiente10:
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2», archivo «052.INCONFORMIDAD 14JULIO.pdf».
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
11.1. El a quo desconoció que no ha operado el fenómeno de la prescripción ni la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por
cuanto la reclamación laboral presentada el 1 de julio de 2008 hizo referencia a
prestaciones periódicas como la sanción moratoria por no pago de las cesantías y
la seguridad social.
11.2. En el presente proceso se encuentra probado que el actor prestó sus servicios
profesionales como abogado en el departamento de Nariño, Secretaría de
Educación, de manera personal, continua, subordinada, remunerada y sin solución
de continuidad.
11.3. Era procedente la devolución de lo pagado por concepto de aportes a seguridad
social en pensión, salud y riesgos laborales, así como el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa. La proposición jurídica
14. La Sala advierte que, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, declaró la nulidad del acto ficto o
presunto derivado de la petición elevada por el demandante ante el departamento de
Nariño el 1 de julio de 2008. Sin embargo, del examen del acervo probatorio se
constata la existencia del Oficio AJ-170-2008, de fecha 24 de julio de 2008, mediante
el cual la Oficina Jurídica de la entidad demandada emitió respuesta expresa a la
solicitud radicada el 1 de julio del mismo año. Tal documento obra en el expediente
con plena validez y eficacia, en los términos de los artículos 43, 87, 88 y 89 del CPACA,
por lo que desvirtúa la configuración del silencio administrativo.
11 Tal y como se indicó en el auto del 24 de octubre de 2023. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx)
NroActua 4».
11
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
15. A la anterior conclusión ya había llegado esta Subsección en el auto que profirió el
11 de febrero de 202112, a través del cual resolvió un recurso de apelación interpuesto
por el demandante contra una providencia del 13 de febrero de 2019 dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño que declaró no probadas las excepciones previas
denominadas ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y caducidad.
Para el efecto consideró lo siguiente:
«[...] el Despacho observa que el demandante yerra al pedir la nulidad de un acto
ficto o presunto producto del silencio administrativo frente a la petición del 1 de julio
de 2008, por cuanto dicha petición fue resuelta a través del Oficio AJ-170-2008 del
24 de julio de 2008, existiendo así un acto administrativo definitivo que produjo
efectos jurídicos respecto del señor Jorge Willinton Guancha Mejia, el cual es
susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción, todo ello de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 que a su tenor señala que «[...]
Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto
o hagan imposible continuar la actuación»
20. Es pertinente precisar que en la respuesta emitida por la accionada, manifiesta
que una vez revisadas las ordenes de prestación de servicios suscritas con el actor,
se pudo concluir que éstas cumplen con todos los parámetros legales establecidos
en la ley. Lo anterior deja ver que la entidad demandada niega lo reclamado por el
demandante, por tanto, resuelve de fondo lo pretendido por el señor Jorge
Guancha.
21. Entonces, con relación a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
formulada por la parte demandada, encuentra el Despacho que de acuerdo a las
pruebas documentales que reposan en el proceso, no se ha configurado la
existencia de un acto ficto o presunto, por cuanto la petición instaurada por la parte
actora el 1 de julio de 2008 fue resuelta por la Oficina Jurídica de la secretaria de
educación departamental de Nariño - SED a través del Oficio AJ-170-2008 de fecha
24 de julio del mismo año, motivo por el cual, se confirmará el auto del 13 de febrero
de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño que declaró no probada
la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» [sic].
16. De lo expuesto se evidencia que en el auto se presenta una inconsistencia entre
las consideraciones desarrolladas y la decisión adoptada al declarar no probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. En efecto, del análisis integral de la
providencia y de las pruebas documentales que obran en el expediente, la Sala
constata que la petición presentada el 1 de julio de 2008 fue resuelta mediante el Oficio
AJ-170-2008 del 24 de julio de ese año, configurándose un acto administrativo
definitivo que produjo efectos jurídicos respecto de Jorge Willinton Guancha Mejía,
susceptible de control jurisdiccional.
17. En conclusión, aunque en la providencia se sostuvo que no se configuraba la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, el examen conjunto de los
fundamentos expuestos y del acervo probatorio permite concluir que sí se encontraban
reunidos los presupuestos para su procedencia, toda vez que la existencia de un acto
12 40. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RV5200133330002(.msg) NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD
– Folios 615-686.pdf», folios 82 a 94.
12
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
administrativo expreso excluye la configuración de un acto ficto o presunto derivado
del silencio administrativo, lo que implica que la demanda debió orientarse a
controvertir dicho acto expreso dentro de los términos y causales previstos en la ley.
18. En este contexto, y en consideración a que la demanda fue admitida el 30 de junio
de 2015, se advierte que para esa época no se había configurado un acto un acto ficto
o presunto frente a la petición del 1 de julio de 2008. Por el contrario, ya existía un acto
administrativo expreso como lo era el Oficio AJ-170-2008, que fue notificado el 25 de
julio de 2018 que contiene la declaración unilateral de la administración y que,
conforme con el artículo 137 del CPACA, es susceptible de control judicial para
determinar su legalidad y, en su caso, la procedencia de su nulidad.
19. En consecuencia, la proposición jurídica objeto de debate se debe determinar con
el acto administrativo expreso mediante el cual la entidad negó el reconocimiento del
derecho pensional solicitado. De este modo, el control de legalidad debe recaer en el
Oficio AJ-170-2008 del 24 de julio de 2008.
20. Con lo anterior no se vulnera el debido proceso de las partes ni su derecho de
contradicción y defensa, pues tal y tal y como se constató en el auto del 11 de febrero
de 2021, ambas partes tenían conocimiento del mencionado instrumento jurídico y de
la decisión que contenía. Precisamente, todos sus argumentos han estado dirigidos a
debatir la existencia de una relación laboral encubierta entre el demandante y el
departamento de Nariño.
21. Ahora, pese a que el tribunal de primera instancia no realizó el saneamiento del
proceso por este aspecto ni aún en la fijación del litigio, ello no obsta para que en esta
instancia se determine correctamente la proposición jurídica. Con esta medida se
atienden los principios de economía, celeridad y eficacia procesal, así como la
efectividad de los derechos reconocidos en Constitución Política y la ley, sin afectar
los derechos sustanciales de los sujetos procesales, de igual forma se evitan
decisiones contradictorias, carentes de fundamento probatorio13 o lógica jurídica.
2.2. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
13 En igual sentido se pronunció esta Sala en la sentencia proferida el 6 de febrero de 2015,
radicación 76001-23-33-008-2014-00683-01 (3665-2024), MP Jorge Edison Portocarrero Banguera.
13
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
2.3. El problema jurídico
23. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso14, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, en esas condiciones, el problema jurídico que se debe
resolver en esta instancia se contrae a determinar ¿si existió una relación laboral
entre Jorge Willinton Guancha Mejía y el departamento de Nariño, Secretaría de
Educación?
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
24. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
[…].
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
25. Por su parte, el Decreto 2209 de 199815 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
26. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
27. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
14 En lo que sigue CGP.
15 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
14
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constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
28. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
29. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)16 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 17, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
30. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»18 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
16 Aprobada el 11 de abril de 1919.
17 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
18 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
15
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deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
31. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señaló
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
32. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se deja la carga de la prueba en manos del empleador, caso
distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
33. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación19 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
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el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales20». [Resalta la Sala].
34. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
35. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
36. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
37. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
38. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
20 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
17
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CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202121 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
39. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
40. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.4.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral
41. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198822 y el Decreto 4588 de
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
22 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
18
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200623, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.
42. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.
43. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:
«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados
se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado»
[se resalta].
44. De acuerdo con la anterior prohibición, cuando se configuran esas prácticas de
intermediación propias de las empresas de servicios temporales, las partes
[contratante y cooperativa] deben responder solidariamente por las obligaciones
económicas a favor del trabajador.
45. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»24.
46. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la
Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
23 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado».
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.
Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la
legislación consagra para la configuración de una relación laboral».
47. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.
2.5. Caso concreto
2.5.1. Lo probado dentro del proceso
48. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
del 13 de septiembre de 200425, por medio de la cual la
48.1. Certificación
coordinadora de Talento Humano de la Secretaría de Educación del departamento
de Nariño señaló lo siguiente:
«Que la Coordinadora de la Oficina Jurídica, requiere personal de apoyo profesional para
atender entre otros asuntos: sustanciar la contestación de tutelas e incidentes de
desacato; atender consultas verbales y escritas que le formulen los funcionarios de la
planta de la Secretaria de Educación Departamental y quienes prestan sus servicios a
través de E.A.T, sobre temas relacionados con sus funciones emitiendo los
correspondientes conceptos jurídicos; elaborar proyectos de actos administrativos
tendientes al reconocimiento de licencias de maternidad e incapacidad por enfermedad,
permisos remunerados, sindicales, y demás situaciones laborales temporales como
traslados, permutas, nombramientos, etc.; elaborar actos administrativos negando las
prestaciones sociales ya mencionadas, y resoluciones modificatorias, revocatorias y
aclaratorias; atención a consultas verbales y escritas de los docentes, directores
docentes y personal administrativo de los diferentes establecimientos educativos.
Que dentro de la citada planta de personal no existen profesionales en Derecho que
atienden los innumerables asuntos relacionados con esta profesión.
Que revisada la hoja de vida del señor JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.746.552 de Pasto (N), se constato que
tiene la idoneidad profesional y la experiencia para el manejo de las actividades
requeridas por la Secretaría, según su perfil profesional» [sic].
48.2. Constancia del 30 de diciembre de 200426, suscrita por el representante legal
de Asesun, en la que se informó lo siguiente:
«JORGE WILLINTON GUANCHA MEJIA, identificado con C.C. No. 12.746.552 de
Pasto (N) y con tarjeta profesional No. 127568 del C.S. de la J. prestó sus servicios como
abogado en la oficina Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
durante el periodo comprendido entre el 07 de Enero de 2004, hasta el 09 de Mayo de
2004.
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «004. 2015-0540 NRD – Folios 252-347.pdf», folio 4.
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folio 35.
20
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
[…] de conformidad con el contrato Nos. 003 de 2004 de Enero 07 de 2004 y 0013 de
09 de Febrero de 2004, suscrito entre la Secretaría de Educación Departamental de
Nariño y el Representante Legal de la E.A.T ASESUN» [sic].
48.3. Constancias del 31 de diciembre de 200727 y 16 de abril de 201228, expedidas
por la Secretaría de Educación del departamento de Nariño, y órdenes de prestación
de servicios, junto con algunos de sus certificados de disponibilidad presupuestal,
constancias de pago, certificaciones de su cumplimiento a satisfacción, cuentas de
cobro, resoluciones de autorización de pago y actas de terminación y liquidación29,
en virtud de los cuales se advierte que entre el actor y esa entidad se suscribieron
los siguientes:
Orden de
Interrupción
prestación de Valor Duración Objeto
días hábiles
servicios
10-05-2004
019 $5.200.000 a -
10-09-2004 «EL CONTRATISTA se
compromete con LA
13-09-2004
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
049 $4.680.000 a -
DEL DEPARTAMENTO a prestar
31-12-2004
un eficaz apoyo profesional para
17-01-2005
ejecutar de manera confiable y
004 y prórroga $7.800.000 a 9
eficiente los asuntos que
30-09-2005
demanden conocimientos
03-10-2005 jurídicos» [sic].
176 $4.693.333 a -
30-12-2005
«[…] prestación de servicios de
Apoyo a la Gestión de la
Secretaría de Educación y
Cultura de Nariño por parte del
CONTRATISTA, en el apoyo
permanente en el Macroproceso
10-01-2006
M. Asuntos Legales y Públicos”,
69 $10.080.000 a 5
dentro del proceso M02.
09-07-2006
*Asesoría Jurídica”, aplicado al
personal Administrativo, Docente
y Directivo Docente, de
conformidad con la propuesta
presentada por el proyecto de
Modernización de la SED» [sic].
«[…] prestación de servicios de
10-07-2006
Apoyo a la Gestión de la
215 $9.576.000 a -
Secretaría de Educación y Cultura
30-12-2006
de Nariño por parte del
CONTRATISTA, en la
Sustanciación y apoyo
permanente en el Macroproceso
02-01-2007
M. Asuntos Legales y Públicos”,
13 y otrosí $19.000.000 a
dentro del proceso M02.
30-12-2007
*Asesoría Jurídica”, aplicado al
personal Administrativo, Docente
y Directivo Docente, de
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folio 33.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folio 34.
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf» y archivo «004.
2015-0540 NRD – Folios 252-347.pdf».
21
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
conformidad con la propuesta
presentada por el proyecto de
Modernización de la SED» [sic].
48.4. Enlas órdenes de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las
siguientes obligaciones:
«Que las actividades desarrolladas por el contratista fueron: a) Preparar las respuestas
a los derecho[s] de petición, información, consultas verbales, solicitudes y demás que
instauren los ciudadanos, docentes, directivos docentes, administrativos de los
Establecimientos Educativos a la Secretar[í]a en aquellos asuntos relacionados con
objeto de esta Orden. b) Sustanciación de las Respuestas a los escritos de Agotamiento
de vía Gubernativa, solicitudes de revocatoria directa y demás impugnaciones que
correspondan al trámite de la Oficina Jurídica, c) sustanciación del escrito de oposición
de las accionas de tutela presentadas ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DE NARIÑO y/o la GOBERNACION DE NARIÑO, en asuntos relacionados
con la Educación d) Participar en las investigaciones y en los estudios de los programas
y proyectos del Grupo Jurídico e) Realizar la revisión dos (2) veces por semana de los
procesos laborales y contenciosos administrativos, donde sea parte la Secretaría de
Educación y Cultura de Nariño y/o la Gobernación de Nariño en materia de educación,
presentando a cada abogado el respectivo estado de los procesos y elaborando el
respectivo informe mensual a la Oficina de Jurídica de la Gobernación de Nariño. f)
Sustanciación de respuestas a requerimientos efectuados por los órganos de control. g)
Colaborar en la preparación del informe semestral y anual a la Contraloría General de la
República y a la Procuraduría General de la Nación. h) Elaboración de las circulares que
le asigne el Coordinador del Grupo de Jurídica y la Secretaria de Educación
Departamental, en asuntos relacionados con la educación. i) Participar en la elaboración
mensual de informe de las actividades desarrolladas por el Grupo Jurídico. j). Tramitar
permutas, traslado del personal, licencia de enfermedad, licencia de maternidad,
permisos por fuerza mayor o caso fortuito, sindicales, vacaciones, encargos, comisiones,
retiros por abandono del cargo, fallecimientos, renuncias, retiro del servicio, declaración
de insubsistencias, reintegro del personal, y proyecciones de los actos administrativos y
asuntos relacionados con el personal administrativo del sector educativo. k) Asesorar,
participar y colaborar en los procesos pre-contractuales, contractuales, y pos-
contractuales para la contratación de servicios personales requeridos para la continua y
eficiente prestación del servicio relacionado con actividades administrativas del sector
educativo. l) Las demás actividades que le asigne el Coordinador del Grupo Jurídico de
la Secretaria de Educación y Cultura de Nariño» [sic].
48.5. Certificación
del 31 de diciembre de 2007, expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Nariño, que informaba lo siguiente30:
«Que el Doctor JORGE WILLINTON GUANCHA MEJÍA, identificado con cedula de
ciudadania No. 12.746.552 y tarjeta profesional de Abogado No 127.568 del C.S.J
participó en la capacitación para servidores públicos y personal vinculado por ordenes
de prestación de servicios, ofrecida por la firma Liborio Cuellar, Miembro de
PricewaterhouseCoopers dentro del programa de Diagnóstico, diseño e implementación
de procesos para la Modernización de Secretaría de Educación Departamental de Nariño
dentro de los Macroprocesos H GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y M – MANEJO
DE ASUNTOS LEGALES, teniendo en cuenta su vinculación y perfil ocupacional
profesional» [sic].
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folio 29.
22
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
48.6. Solicitud del 1 de junio de 2008, por medio de la cual el demandante le pidió al
departamento de Nariño el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
por el tiempo en que se desempeñó como abogado en la Secretaría de Educación
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella31.
48.7. Oficio AJ-170-2008 del 24 de julio de 200832, mediante el cual el coordinador
jurídico de la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño le indicó al actor
lo siguiente:
«[…] me permito manifestarle que una vez revisadas las diferentes ordenes de
prestación de servicios con la cuales usted prestó los servicios profesionales como
abogado del Departamento de Nariño – Secretaría de Educación Departamental, se
pudo constatar que éstas cumplen con todos los parámetros legales establecidos, lo cual
conlleva una clara aceptación de los términos allí plasmados» [sic].
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 25 de enero de 202233, se recibieron los
testimonios de Doris Piedad Realpe Melo, Francisco Fajardo Angarita e Ingrid Paola
Estrada Ordóñez, pedidos por la parte demandante, de los cuales se extrae lo
siguiente:
40.1. Doris Piedad Realpe Melo es administradora pública con especialización en
Presupuesto Público y laboró como secretaria de Talento Humano de la Secretaría
de Educación del departamento de Nariño entre los años 2001 y 2011, vinculada a
través de contratos de prestación de servicios. Luego de este último año se
desempeñó en ese cargo en un colegio fuera del municipio de Pasto por un
concurso que superó.
40.1.1. Fue compañera de trabajo del demandante en esa entidad entre los años 2004
y 2007, él que se desempeñó como jurídico de su área y otras, y estuvo vinculado
por medio de contratos de prestación de servicios.
40.1.2. Tanto ella como aquel recibían unos honorarios por las funciones que
realizaban en virtud de los contratos de prestación de servicios que celebraron y
cumplían un horario de trabajo impuesto de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm
y de 2:00 a 6:00 pm, dentro del cual debían estar atentos a cualquier llamado que
les hiciera el coordinador o el secretario de educación.
40.1.3. Existía un coordinador que era designado por el secretario de educación,
quien les daba los direccionamientos de las funciones que debían realizar.
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folios 23 a
28.
32 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «001 2015-0540 NRD – Folios 1-80.pdf», folio 31.
33 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_RV5200133330002(.msg)
NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «070. AUDIENCIA TESTIMONIOS».
23
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
40.1.4. El actor como jurídico de Talento Humano era el encargado de las novedades
del personal docente y administrativo, como lo eran traslados, reubicaciones y
aceptación de renuncias, entre otras, así como dar respuesta a los derechos de
petición.
40.1.5. Para el pago de sus honorarios debían diligenciar un formato de verificación
de actividades, el cual iba firmado por el coordinador y tenía que ser llevado a
Tesorería. Conoció que el monto de los pagos realizados al actor oscilaba entre
$800.000 y $900.000, los que únicamente incluían honorarios.
40.1.6. Para poder retirarse del sitio de trabajo debían informar y solicitar permiso al
coordinador, quien a su vez realizaba la gestión ante el secretario de educación; no
obstante, no recordaba si el demandante alguna vez lo realizó.
40.1.7. El
demandante desempeñó sus actividades en las instalaciones de la
Secretaría de Educación y nunca desde su casa, pues para el desarrollo de las
labores se requería estar en la entidad en el puesto de trabajo.
40.1.8. El actor era llamado a las reuniones y capacitaciones de acuerdo con la
actividad que realizaba. Asimismo, no desarrolló sus actividades de manera
autónoma e independiente, pues recibía directrices del coordinador o el secretario
de educación.
40.1.9. Para el periodo en el que el actor se desempeñó en la Secretaría de Educación
del departamento de Nariño no existía personal de planta que desarrollara sus
funciones.
40.2. Francisco Javier Fajardo Angarita abogado con especialización en diferentes
áreas del derecho y al momento se desempeñaba como abogado consultor y asesor
y también litigaba. Conoció al demandante en la universidad y luego fue compañero
de trabajo del demandante en la Secretaría de Educación del departamento de
Nariño.
40.2.1. El testigo prestó su servicio en dicha secretaría en las áreas Jurídica y Talento
Humano desde agosto de 2006 hasta junio de 2011, vinculado a través de contratos
de prestación de servicios. Conoció que el actor había ingresado con anterioridad a
él y que se retiró de la entidad en el 2007. En el desarrollo de sus funciones coincidió
en varias oportunidades con el actor en los espacios físicos de la entidad.
40.2.2. Los contratistas como él y el demandante prestaban el servicio de manera
presencial y cumplían un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00
pm y de 2:00 a 6:00 pm, incluso en horas posteriores a estas y en algunos fines de
semana. Fueron contratados en virtud de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y no
recibieron prestaciones sociales por su condición de contratistas.
24
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
40.2.3. Existían coordinadores para cada uno de los procesos de la Secretaría de
Educación del departamento de Nariño, quienes eran los que les daban las
instrucciones a los contratistas para el ejercicio de sus funciones. Estos dependían
de la secretaría de educación.
40.2.4. No le constaba que el demandante se hubiera ausentado de su sitio de trabajo
por permiso o cualquier otra situación ni que hubiera recibido algún llamado de
atención.
40.2.5. En la Secretaría de Educación no había abogados de planta; sin embargo, en
la gobernación sí y realizaban similares funciones que los contratados por
prestación de servicio en esa Secretaría.
40.2.6. Por los contratos desarrollados recibieron un pago como contraprestación, el
que no incluía prestaciones sociales. Además, debían pagar la seguridad social por
cuenta propia.
40.3. Ingrid Paola Estrada Ordóñez abogada con maestría en Derecho Procesal y
al momento era procuradora judicial para asuntos administrativos en Pasto.
40.3.1. Prestó su servicio en la Secretaría de Educación del departamento de Nariño
entre el 16 de junio de 2004 y el 3 de agosto de 2006 por medio de contratos de
prestación de servicio. Fue allí en donde conoció al actor quien previo a su ingreso
ya se encontraba vinculado bajo esa modalidad y se desempeñaba en el equipo de
trabajo del Área Jurídica, luego en la de Talento Humano.
40.3.2. Trabajaron juntos en Talento Humano, contaban con una coordinadora y sus
funciones principales eran el manejo de la planta de personal, dentro de las que se
encontraban la elaboración de actos administrativos, novedades de personal,
atención al público y contestación de tutelas y derechos de petición, entre otras.
40.3.3. Recibían directrices para el ejercicio de sus actividades de la secretaria de
educación y de las coordinadoras. Contaban con un horario de trabajo impuesto de
lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, incluso después de
estas horas por las actividades perentorias que debían desarrollar, como lo eran la
contestación de tutelas y de derechos de petición.
40.3.4. Por las labores que realizaban recibían unos honorarios mensuales que no
incluía prestaciones sociales y debían pagar por su cuenta los aportes por concepto
de seguridad en salud y pensión. Para su pago debían presentar unos informes de
sus actividades y una cuenta de cobro.
40.3.5. En el tiempo en que laboraron juntos, dentro de la planta de personal de la
Secretaría de Educación no existía personal de planta que desarrollara iguales
25
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
funciones a las suyas.
40.3.6. Era necesario pedir permiso para poder ausentarse del sitio de trabajo por
cualquier situación al coordinador, quien a su vez en caso tal lo autorizaba. No
recordaba si el actor en alguna ocasión lo solicitó o hizo uso de este.
40.3.7. Las labores las desarrollaban de forma personal en la sede de la Secretaría
de Educación y participaron y asistieron a diferentes reuniones y capacitaciones que
dio la entidad.
2.5.2. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos de los recursos
de apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permitan configurar una relación laboral entre Jorge Willinton Guancha Mejía y la
entidad demandada por su servicio como abogado entre el 7 de enero y el 10 de
septiembre de 2004, el 13 de septiembre y el 31 de diciembre de 2004, el 17 de
enero y el 30 de septiembre de 2005, el 3 de octubre y el 30 de diciembre de 2005,
el 10 de enero y el 30 de diciembre de 2006 y el 2 de enero y el 30 de diciembre de
2007.
2.5.3. Prestación personal del servicio
42. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante prestó sus servicios
como abogado a través de la Empresa Asesun y de órdenes de prestación de
servicios en la Secretaría de Educación del departamento de Nariño entre el 7 de
enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, con 2 interrupciones que no superaron
30 días hábiles, tal y como se advierte en el siguiente cuadro:
Interrupción días
Entidad Forma de vinculación Duración
hábiles
07-01-2004
Acuerdo asociativo de
Asesun a -
trabajo
09-05-2004
Departamento de Nariño,
10-05-2004
Secretaría de Educación
OPS 019 a -
10-09-2004
Departamento de Nariño, 13-09-2004
Secretaría de Educación OPS 049 a -
31-12-2004
Departamento de Nariño, 17-01-2005
Secretaría de Educación OPS 004 y prórroga a 9
30-09-2005
Departamento de Nariño, 03-10-2005
Secretaría de Educación OPS 176 a -
30-12-2005
Departamento de Nariño, 10-01-2006
Secretaría de Educación OPS 69 a 5
09-07-2006
Departamento de Nariño, 10-07-2006
Secretaría de Educación OPS 215 a -
30-12-2006
26
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
Departamento de Nariño, 02-01-2007
Secretaría de Educación OPS 13 y otrosí a
30-12-2007
43. En consecuencia, de los testimonios, la certificación, las copias de los contratos
y demás pruebas documentales, se advierte que efectivamente el demandante fue
contratado para desarrollar funciones de abogado en la Secretaría de Educación
del departamento de Nariño, de manera interrumpida, entre el 7 de enero de 2004
y el 30 de diciembre de 2007.
44. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.
2.5.4. Remuneración
45. Ahora bien, el actor percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los testimonios, las órdenes de prestación de servicios, constancias,
comprobantes de pago y las demás pruebas documentales, en los que se advierte
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).
2.5.5. Continuada subordinación o dependencia
46. Una vez valoradas en conjunto las pruebas aportadas, se tiene que las funciones
desempeñadas por el demandante no se realizaron de forma autónoma e
independiente, sino que estas estaban sujetas a horarios, instrucciones y órdenes
que son de naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior
(coordinador y secretario de educación) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de él respecto de la entidad
demandada, y en tal sentido esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.
47. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
48. Esto se advierte también luego de analizadas las funciones realizadas por el
demandante, en las que se aprecian actividades que exigen para su ejecución
necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración
bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia
de una relación laboral subordinada. Con lo anterior, se deduce el ánimo del
departamento de Nariño, Secretaría de Educación, de emplear de modo
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
permanente y continuo los servicios de aquel, pues la labor se desarrolló por
espacio de 3 años, aproximadamente.
49. En efecto, Jorge Willinton Guancha Mejía prestó su servicio como abogado en
las áreas Jurídica y Talento Humano de la Secretaría de Educación del
departamento de Nariño y desarrolló, entre otras funciones, las de: gestionar
trámites y actos administrativos del personal administrativo del sector educativo,
responder peticiones, solicitudes y consultas relacionadas con la Secretaría de
Educación, asesorar y participar en procesos de contratación de servicios
personales para actividades administrativas del sector educativo y cumplir las
funciones asignadas por el Coordinador del Grupo Jurídico, entre otras.
50. Las obligaciones descritas anteriormente permiten concluir que aquel no
desarrolló sus funciones de manera autónoma e independiente, sino en el marco de
una relación de subordinación. Las actividades que desempeñó se encuentran
claramente articuladas con las directrices institucionales y bajo la dependencia
funcional de la Secretaría de Educación del departamento de Nariño, lo que pone
de manifiesto el ejercicio del poder subordinante propio del empleador. Asimismo,
las funciones encomendadas eran susceptibles de ser modificadas conforme a las
necesidades del servicio, lo cual refleja el ejercicio del ius variandi, propio de una
relación laboral caracterizada por la sujeción a órdenes, controles y lineamientos
jerárquicos establecidos por la entidad.
51. Ahora, se advierte que la misión de la Secretaría de Educación del departamento
de Nariño está orientada a la prestación eficiente y continua del servicio público
educativo. No obstante, lo cierto es que las actividades desempeñadas por el
demandante permitieron el desarrollo y cumplimento de ese objeto misional, en
tanto consistieron en la ejecución de labores permanentes e indispensables, tales
como la atención de asuntos jurídicos y la gestión del talento humano docente y
administrativo. Estas actividades resultan ser estructurales para el adecuado
funcionamiento de la entidad territorial, ya que permiten la toma de decisiones
legales y administrativas en armonía con los fines del servicio público educativo.
52. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce labores de
abogado en las áreas Jurídica y Talento Humano de la Secretaría de Educación del
departamento de Nariño, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir
imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar
esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma autónoma e
independiente, puesto que de la naturaleza propia de esta se desprende que debe
ser realizada de manera permanente, continua y controlada, pues el desarrollo de
las actividades jurídicas y de la administración de personal debe ser garantizado en
todo momento para lograr la prestación del servicio con eficiencia y calidad.
53. En ese sentido, se tiene que las funciones desarrolladas por el actor no solo
fueron de carácter permanente, sino que también estaban directamente vinculadas
28
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00540-02 (3887-2023)
Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
a los fines esenciales de la entidad. Por lo tanto, no pueden considerarse accesorias
ni eventuales, sino que correspondían al desarrollo del objeto misional de la
Secretaría de Educación del departamento de Nariño, en apoyo sustancial a sus
competencias legales y constitucionales.
54. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»34.
55. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»35.
56. Así las cosas, en el presente asunto no puede admitirse que existió coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto
a medidas u órdenes de la Secretaría de Educación del departamento de Nariño, a
saber: la imposición de un horario y la sujeción a directrices de los coordinadores y
el secretario de educación, lo que demuestra que la entidad territorial, en su calidad
de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, lo que
denota la existencia de una indiscutible subordinación.
57. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se realizó
de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación de carácter
contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una en
la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por la
Secretaría de Educación de Nariño, lo que la asimila a una de carácter laboral, en
la que se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la
entidad.
58. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas ni aún
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por
tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecutara las obligaciones para las
cuales fue contratado el demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Ibidem.
29
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ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
59. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el actor haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los contratos
de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley
prevé en su favor»36, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.
60. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante y la Secretaría de
Educación del departamento de Nariño se desnaturalizó al desarrollarse sin
autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las características propias
de la referida relación contractual.
61. En este punto en particular es necesario señalar que en el periodo en el que el
demandante prestó el servicio a través de la empresa asociativa de trabajo asociado
sí puede ser tenido en cuenta a efectos de acreditar la existencia de una relación
laboral y derivar de ello el derecho a percibir salarios y prestaciones, cuya obligación
recae en la entidad que se benefició de sus servicios.
62. En efecto, en torno a la tercerización laboral, la Corte Constitucional en sentencia
C-330 de 1995, estudió la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley
50 de 199037, y señaló que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores
temporales, haciendo a un lado los permanentes». Asimismo, sostuvo que «al trazar
límites a la contratación de los servicios temporales, defiende la estabilidad en el trabajo».
Este criterio garantista de los derechos de los trabajadores al servicio de estas
empresas ha sido reiterado por esta Corporación en los siguientes términos38:
«Fue muy claro el legislador [Ley 50 de 1990], en la ponencia para segundo
debate, en señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
37 «Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con
éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo
6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías,
los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más».
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo del 2000, radicado 570-98, M.P.
Ana Margarita Olaya Forero
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
derechos de los trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración,
prestaciones sociales y salud ocupacional; así como en la prescripción de
disposiciones relativas a la constitución y requisitos para el funcionamiento de
las empresas temporales, con el fin de eliminar los abusos contra esta clase de
trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de misión”; por ello, se
estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a igual trabajo
igual salario”, que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario del
trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y que desempeñe
idénticas funciones, haciendo la salvedad con respecto a diferenciales por
razones de antigüedad».
Como consecuencia de lo anterior, la corporación ha señalado que cuando el
debate jurídico planteado se dirige al tercero beneficiario de la prestación
personal del servicio endilgado [en este caso en particular a la ESE municipal de
Villavicencio], los derechos laborales que se encuentren acreditados «no se
escinden por el hecho de la vinculación con la empresa de servicios temporales,
ni constituye un obstáculo para acceder a las pretensiones de la demanda»39.
63. En igual sentido lo señaló la Corte Constitucional40 al referirse a la existencia de
una relación laboral entre un trabajador asociado a una cooperativa de trabajo y un
tercero que se beneficiaba de sus servicios. En esa oportunidad señaló que este
último estaba llamado a responder por las obligaciones laborales que se suscitara
producto de la relación de trabajo encubierta bajo el acuerdo cooperativo. Al
respecto indicó:
«[S]i por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a suscitarse una
relación laboral de un trabajador asociado con la cooperativa, para prestarle
servicios a un tercero -con elementos de subordinación, horario y remuneración
propios del contrato de trabajo-, esta relación laboral prevalece sobre el acuerdo
cooperativo, y en tal caso aplican todas las regulaciones laborales, incluyendo,
por supuesto, la protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas o
lactantes, a las personas en estado de debilidad manifiesta, o a los
discapacitados o disminuidos físicos, caso el cual se impone el cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de salud, al sistema de
riesgos profesionales, o incluso la muy elemental de reconocer los salarios
pactados con el trabajador».
64. Así las cosas, esta corporación ha aplicado el anterior criterio a los casos de las
empresas de servicios de tercerización laboral en los que se asignan trabajadores
a entidades públicas con fundamento en que «existe un tercero que eventualmente se
beneficia de los servicios prestados por el trabajador temporal, realizando actividades
permanentes, desconociendo sus derechos laborales, por lo que en el evento de
acreditarse los elementos propios de una relación de trabajo, quien está llamado a
responder en este caso es el tercero que se benefició de los servicios prestados por el
trabajador»41.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado
66001 23 33 000 2016 00014 01 (3798-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
40 Corte Constitucional, Sentencia C-855 del 25 de noviembre de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo.
41 Al respecto ver las siguientes providencias: i) auto del 27 de abril de 2016, radicado 66001 23 33
000 2013 00181 01 (4259-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) sentencia del 27 de noviembre
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65. En tal sentido, si bien el demandante se vinculó con Asesun, según lo probado
en el proceso, lo cierto es que prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del
departamento de Nariño para cumplir las obligaciones que esta le imponía, tal y
como se evidenció en lo expuesto en esta decisión.
66. Por otra parte, la demandada sostuvo que Jorge Willinton Guacha Mejía ejerció
la profesión de abogado. Para el efecto, allegó un pantallazo de una consulta que
realizó por medios virtuales de la siguiente forma:
67. Al respecto, es necesario tener en cuenta las incompatibilidades previstas en el
artículo 29 de la Ley 1123 de 200742 en los siguientes términos:
«Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se
hallen inscritos:
1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo
en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en
ningún caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la
de 2014, radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
auto del 3 de marzo de 2020, radicado 17001 23 33 000 2015 00925 01 (2814-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
42 «Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado».
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa
a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios,
excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban
adelantar en ejercicio de sus funciones.
PARÁGRAFO. Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como
profesores de universidades oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía,
siempre que su ejercicio no interfiera las funciones del docente. Así mismo, los
miembros de las Corporaciones de elección popular, en los casos señalados en
la Constitución y la ley.
2. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código
Penal Militar.
3. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de
una medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en
causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios.
4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.
5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en
desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio
de funciones oficiales. Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual
hayan trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y
durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido».
68. En ese sentido, el demandante no incurrió en la incompatibilidad prevista en el
artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 como lo alega la entidad demandada para asumir
representación judicial de asuntos de carácter particular, pues según lo previsto en
esta aplica para los empleados públicos, connotación que aquel no tenía y ni se
derivaría de la eventual declaratoria de la relación laboral entre las partes.
69. En todo caso, tampoco se encuentra dentro de las demás incompatibilidades
establecidas por la norma, pues no se encontró demostrado en el caso concreto
que el actor haya ejercido la abogacía en los procesos que alega la entidad
demandada en contra de la nación, el departamento, el distrito o el municipio, según
la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual
prestaba sus servicios y en relación con asuntos de que hubiere conocido en
desempeño de un cargo público o en ejercicio de funciones oficiales, entre las otras
previstas.
70. Corolario de lo dicho, la prohibición contenida en la Ley 1123 de 2007 no podía
predicarse en el caso objeto de estudio. En consecuencia, en criterio de esta Sala
no existía inhabilidad para que el actor, en su calidad de abogado titulado con un
contrato de prestación de servicios con una entidad pública, haya ejercido la
profesión de abogado en los expedientes que alega la entidad demandada. No
obstante, aunque hubiera desarrollado tal actividad, ello por sí mismo no desvirtúa
las condiciones de subordinación en las cuales desempeñó las labores para las
cuales fue contratado.
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71. En estas condiciones, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de
una relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos
entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones,
afirmación que se desprende de los testimonios, las órdenes de prestación de
servicios y las demás pruebas documentales analizadas.
72. Ahora bien, valga recordar que el Consejo de Estado mediante auto proferido el
11 de febrero de 202143 declaró probada la excepción de caducidad respecto de la
pretensión de pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de la relación
laboral y ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño continuar el trámite únicamente
para establecer si existió dicha relación y, de ser así, pronunciarse solo sobre las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social.
73. Así entonces, para la Sala no hay lugar a realizar un pronunciamiento en cuanto
al argumento del actor en su recurso de apelación, según el cual había lugar al
reconocimiento de las prestaciones laborales sin que hubiera operado la caducidad
frente a estas, puesto que ya hubo una decisión en este aspecto por parte de esta
Corporación a través de una providencia debidamente ejecutoriada que además no
fue objeto de solicitud de aclaración, adición o corrección por parte de la parte
demandante y frente a la cual no se encuadraba alguna de las causales de nulidad
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso44.
74. Así entonces, la Sala solo procederá al estudio del reconocimiento y pago de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social producto del restablecimiento del
derecho.
2.5.6. Sobre el reconocimiento y pago de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social
75. Por lo analizado, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social derivadas
de la relación laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación
tendrá que realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios,
correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de
diciembre de 2007, salvo sus interrupciones.
76. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
43 40. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RV5200133330002(.msg) NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD
– Folios 615-686.pdf», folios 82 a 94.
44 En adelante CGP.
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Demandante: Jorge Willinton Guancha Mejía
Culturales45 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas46.
77. Con fundamento en esas consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso IBC pensional. De manera que se deberá cotizar al respectivo
fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al empleador. Para estos
efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
78. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación para el cálculo del IBC, da lugar a la modificación de la orden proferida
por el a quo que dispuso que la entidad demandada debía realizar ello con base en
«los honorarios pactados», por tanto, al haber apelado la sentencia ambas partes en
su totalidad, lo que le permite al juez resolver sin limitaciones, se modificará la
providencia en este aspecto a efectos de establecer que ello tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus
interrupciones.
79. La entidad demandada calculará el ingreso base de cotización (IBC) pensional y,
en tal sentido, deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía al empleador por el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2004
y el 30 de diciembre de 2007, salvo las interrupciones. Para estos efectos, el actor
deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o
de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje
que le correspondía como empleado.
45 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
46 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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80. Ahora, es importante señalar que no por el hecho de haber laborado para el
Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones
especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y
la Ley. Por lo tanto, al actor no se le puede dar dicha connotación.
81. En relación con la solicitud de devolución de los aportes a seguridad social y el
reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de las cesantías expuesta
en el recurso de apelación, debe decirse que sobre esta no realizará
pronunciamiento, toda vez que tal y como se indicó en el auto de esta Subsección
proferido el 11 de febrero de 202147 el proceso debía seguir adelante con el fin de
determinar la existencia o no de una relación entre las partes y de hallarse probada
ella, pronunciarse únicamente en lo referente a las cotizaciones pensionales.
82. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre el actor y la
Secretaría de Educación del departamento de Nariño en los periodos comprendidos
entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones.
No obstante, en relación con los salarios y prestaciones sociales operó el fenómeno
jurídico de la caducidad y no hay lugar a ellas, como se consideró en la primera
instancia.
83. Así entonces, la Sala confirmará con modificación la sentencia proferida el 15 de
junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, pues la Sala
adicionará la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad del acto
expreso contenido en el Oficio AJ-170-2008 del 24 de julio de 2008.
84. Asimismo, en torno al cálculo del ingreso base de cotización (IBC) pensional del
actor para establecer que su liquidación tendrá que realizarse en consideración al
salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que
ejecutó aquel y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo comprendido
entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones.
2.6. Costas
85. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
47 40. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RV5200133330002(.msg) NroActua 2», link «2015-0540NRD», archivo «008. 2015-0540 NRD
– Folios 615-686.pdf», folios 82 a 94.
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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
86. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
87. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
88. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
89. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia.
3. Conclusión
90. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Jorge Willinton Guancha Mejía y durante el periodo comprendido entre
el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007, salvo sus interrupciones. No
obstante, en relación con los salarios y prestaciones sociales operó el fenómeno
jurídico de la caducidad y no hay lugar a ellas, como se consideró en la primera
instancia.
91. Sin embargo, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, para, declarar
la nulidad del acto expreso contenido en el Oficio AJ-170-2008 del 24 de julio de
2008, así como la orden en torno al cálculo del ingreso base de cotización (IBC)
pensional del actor para establecer que su liquidación tendrá que realizarse en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó aquel y, solo en caso de no existir, con base en los
48 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes
al periodo comprendido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007,
salvo sus interrupciones.
92. La entidad demandada calculará el ingreso base de cotización (IBC) pensional y,
en tal sentido, deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía al empleador por el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2004
y el 30 de diciembre de 2007, salvo las interrupciones. Para estos efectos, el actor
deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o
de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje
que le correspondía como empleado.
93. En esas condiciones se confirmará con modificación la sentencia proferida el 15
de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por
Jorge Willinton Guancha Mejía contra el departamento de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales cuarto y séptimo de la sentencia proferida el 15
de junio de 2022, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
el cual quedarán así:
Cuarto: Declarar la nulidad del acto expreso contenido en el Oficio AJ-
170-2008 del 24 de julio de 2008, por medio de la cual se negó la solicitud
de reconocimiento de la de una relación laboral y el consecuente pago de
las prestaciones sociales que se derivaban de ella, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento
del derecho, condenar al departamento de Nariño a realizar el cálculo del
ingreso base de cotización (IBC) pensional del actor en consideración al
salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
que ejecutó aquel y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al
periodo comprendido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de
2007, salvo sus interrupciones.
La entidad demandada calculará el ingreso base de cotización (IBC)
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pensional y, en tal sentido, deberá cotizar al respectivo fondo pensional
en el porcentaje que le correspondía al empleador por el periodo
comprendido entre el 7 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2007,
salvo las interrupciones. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o
de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.
Segundo. Revocar los ordinales tercero y octavo de la sentencia dictada el 15 de
junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
en tanto se declaró la existencia de un acto acto ficto negativo o presunto por la falta
de respuesta de la entidad demandada a la petición del 1 de julio de 2008 y se
condenó en costas a la entidad demandada, respectivamente.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de junio de 2022, por
el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Jorge Willinton
Guancha Mejía contra el departamento de Nariño, de conformidad con lo expuesto
en esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto Cfr. AV Rad. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024)
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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