Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02530-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02530 01
Accionante: Darío Alfonso Arango Galindo
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de tutela de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Darío Alfonso Arango Galindo, actuando a través de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:
1. TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital de mi
representado.
2. DECLARAR que la sala accionada desconoció el precedente que el mismo
Consejo de Estado había sostenido sobre la compatibilidad entre las pensiones
de vejez y de jubilación. Al mismo tiempo, DECLARAR que desconoció aquel
precedente sin asumir las cargas de transparencia y argumentación.
3. ORDENAR a la accionada que dentro del término que considere prudencial el
juez constitucional, profiera una nueva sentencia acogiendo el precedente judicial
obligatorio que obvió en la decisión de segunda instancia dentro del proceso
76001 23-33-008-2018-00370-00 (76001-23-33-000-2018-00370-01 en segunda
instancia), y en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda de Colpensiones,
dejando a mi representado el continuar percibiendo de manera vitalicia la pensión
de vejez que le había sido reconocida.
4. Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, ORDENAR a la
accionada que a su vez ordene a Colpensiones a pagar las mesadas dejadas de
reconocer a mi representado desde que se detuvo el pago de nómina.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02530 00.
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Accionante: Darío Alfonso Arango Galindo
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5. Subsidiariamente, lo que a juicio del juez constitucional deba proceder para
garantizar que mi representado continúe percibiendo la pensión de vejez que
previamente le había reconocido Colpensiones.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que Colpensiones promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) en su contra, con el fin de obtener la nulidad de
la Resolución GNR 103022 del 20 de mayo de 2013, mediante la cual le fue reconocida
la pensión de vejez, y de la Resolución GNR 147669 del 30 de abril de 2014, por medio
de la cual se reliquidó dicha prestación.
Señaló que el conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado núm. 76001 23 33 008 2018 00370
00.
Expuso que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda promovida por Colpensiones
al considerar que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la pensión de
vejez y la pensión de jubilación son compatibles, siempre que la primera esté financiada
exclusivamente con aportes del sector privado, circunstancia que, según afirmó, se
encontraba acreditada en el proceso ordinario.
Agregó que, con fundamento en esa premisa, el juez de primera instancia concluyó que
el reconocimiento simultáneo de ambas prestaciones no desconocía la prohibición
prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, relativa a percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público.
Continuó relatando que Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia y que el conocimiento del asunto correspondió a la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 7 de noviembre de 2025 la revocó y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda promovida por Colpensiones declarando la nulidad de los actos
administrativos demandados.
Adujo que, en la misma providencia, la autoridad judicial accionada declaró que, por
favorabilidad, tenía derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de
Santiago de Cali. Además, ordenó a Colpensiones adelantar ante dicha entidad territorial
las actuaciones necesarias para que las cotizaciones efectuadas a Colpensiones
financiaran la prestación reconocida por el municipio.
Explicó que la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sustentó su
decisión en que, con independencia de que se tratara de una pensión de vejez y una
pensión de jubilación, en la financiación de las prestaciones pensionales concurrían
recursos del Estado.
Indicó que la sentencia de segunda instancia fue recibida el 25 de febrero de 2026 y que,
a partir de marzo de 2026, Colpensiones suspendió el pago de la mesada pensional que
venía percibiendo.
Aseguró que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital, porque dejó de percibir la mesada pensional que hacía
parte de sus ingresos habituales. Adicionalmente agregó que, tanto él como su esposa
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son sujetos de especial protección constitucional, debido a que tienen 76 y 75 años,
respectivamente.
Expuso que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente del Consejo de
Estado sobre la compatibilidad entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación, pues,
según afirmó, existía una línea jurisprudencial pacífica conforme a la cual dichas
prestaciones podían percibirse simultáneamente cuando la pensión de vejez estaba
financiada con aportes exclusivos del sector privado.
Adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sustentó su decisión en varias
providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre ellas, las sentencias
del 19 de febrero de 2015, radicado 0882-2013; del 17 de abril de 2013, radicado 25000
23 25 000 2009 00274 01; del 1.º de marzo de 2012, radicado 17001 23 31 000 2009
00102 01; del 22 de octubre de 2009, radicado 05001 23 31 000 2001 00423 01, y del 3
de abril de 1995, procesos acumulados 5708, 5833 y 5937.
Agregó que, pese a esa línea jurisprudencial, la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado adoptó una tesis distinta sin explicar por qué se apartaba de su propio
precedente ni cumplió las cargas de transparencia y argumentación exigidas por la
jurisprudencia constitucional para modificar una línea jurisprudencial anterior.
Sostuvo que la accionada tampoco indicó que estuviera realizando un cambio de criterio,
ni justificó por qué las razones expuestas en las decisiones anteriores del Consejo de
Estado no resultaban aplicables al caso concreto.
Alegó que la providencia cuestionada se apoyó en una decisión de la Corte Suprema de
Justicia, pese a que, en su criterio, el asunto debía resolverse con fundamento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, por tratarse de una línea consolidada de esa
corporación sobre la compatibilidad entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación.
Manifestó que la acción de tutela cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia cuestionada fue recibida el 25 de febrero de 2026 y la solicitud de amparo se
presentó dentro de un término razonable.
En cuanto a la subsidiariedad, indicó que contra la sentencia proferida por el Consejo de
Estado no procedían los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de
jurisprudencia. Sobre el primero, afirmó que no se configuraba ninguna de las causales
previstas en el artículo 250 del CPACA. Respecto del segundo, señaló que dicho
mecanismo solo procede contra sentencias dictadas por los tribunales administrativos.
Frente a la relevancia constitucional, sostuvo que la controversia no se limitaba a una
discusión legal o económica, pues involucraba la protección del precedente judicial, la
seguridad jurídica y los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
Arguyó que la decisión cuestionada implicó un cambio intempestivo en la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado, con efectos directos sobre su situación pensional,
pues dejó de percibir una prestación que había sido reconocida desde el año 2013 y
reliquidada en el año 2014.
Finalmente, arguyó que la providencia incurrió en desconocimiento del precedente,
porque la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado se apartó de la línea
jurisprudencial sobre la compatibilidad entre la pensión de vejez financiada con aportes
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privados y la pensión de jubilación reconocida por una entidad pública, sin cumplir las
cargas exigidas para ello.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 6 de abril de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta de esta Corporación que, por auto del 13 de abril de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como parte accionada; así como vincular a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al presidente de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y al alcalde de Cali, como terceros con interés
en las resultas del proceso.
De igual forma, requirió al a las secretarías de las autoridades judiciales vinculadas que
alleguen copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 76001 23 33 000 2018 00370 00 01, el cual fue remitido5.
3.2. Colpensiones rindió informe6 en el que señaló que las pretensiones del accionante
estaban encaminadas a dejar sin efectos una providencia judicial, facultad que no se
encuentra dentro de sus funciones ni competencias.
Sostuvo que acceder a lo solicitado implicaría invadir la órbita del juez ordinario y
desconocer la autonomía judicial, además de exceder el ámbito de sus atribuciones,
asimismo, agregó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados ni la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la
intervención del juez constitucional.
Por lo anterior, solicitó negar la acción de tutela en su contra y declarar su improcedencia,
al considerar que los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el actor ya habían
sido objeto de estudio dentro del proceso ordinario.
3.3. La Alcaldía de Santiago de Cali allegó escrito7 en el que manifestó que se opone a
las pretensiones formuladas por el accionante, por considerar que carecen de sustento
fáctico y jurídico.
Indicó que los argumentos del actor correspondían a apreciaciones subjetivas frente al
criterio adoptado por el juez ordinario, lo cual, a su juicio, desconocía la autonomía
judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 00.
4 Esta orden se cumplió el 14 de abril de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02530 00.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02305 00.
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 00.
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Accionante: Darío Alfonso Arango Galindo
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Expuso que no se evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales invocados,
pues la decisión cuestionada fue adoptada dentro del marco de competencias del
operador judicial y con respeto de las garantías propias del debido proceso.
Adujo que no tuvo intervención en los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo,
por lo que propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.
3.4. El Consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar rindió informe8 en el que
explicó que la decisión cuestionada se sustentó en que las dos pensiones que percibía
el accionante cubrían la misma contingencia y tenían una fuente de financiación tripartita,
con aportes del trabajador, del empleador y del Estado, por lo que resultaban
incompatibles conforme al artículo 128 de la Constitución Política.
Por ello, sostuvo que no se configuró vulneración de derecho fundamental alguno, pues
la solicitud de amparo pretendía reabrir un debate ya estudiado y decidido dentro del
proceso ordinario. Por ello, pidió declarar improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, negar las pretensiones.
3.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de abril de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
De manera preliminar, negó la solicitud de desvinculación elevada por el municipio de
Santiago de Cali, al considerar que su comparecencia era necesaria, debido al posible
interés que podía tener en las resultas del proceso.
Luego, indicó que el problema jurídico consistía en determinar si la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital del accionante, con ocasión de la sentencia del 7 de noviembre
de 2025, mediante la cual revocó la providencia del 10 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Al analizar el requisito de relevancia constitucional, sostuvo que la solicitud de amparo se
dirigía, en realidad, a controvertir la interpretación efectuada por el juez natural sobre la
incompatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Santiago
de Cali y la pensión de vejez otorgada por Colpensiones.
En ese sentido, señaló que la providencia cuestionada estudió el sistema de financiación
tripartita de las pensiones y concluyó que, aunque las prestaciones tuvieran distinto
origen, ambas cubrían el mismo riesgo y contaban con participación de recursos públicos,
por lo que resultaban incompatibles conforme al artículo 128 de la Constitución Política.
Asimismo, advirtió que el accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para demostrar una vulneración de derechos fundamentales, pues sus reparos estaban
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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orientados a insistir en la línea jurisprudencial que, en su criterio, permitía percibir
simultáneamente la pensión de vejez y la pensión de jubilación.
Frente al alegado desconocimiento del precedente, indicó que la providencia cuestionada
sí hizo referencia a la jurisprudencia anterior del Consejo de Estado y explicó la necesidad
de replantear dicha tesis, para concluir que la incompatibilidad pensional debía analizarse
con independencia del origen de los aportes.
En consecuencia, consideró que la tutela pretendía reabrir un debate ya resuelto en el
proceso ordinario y obtener una interpretación favorable a los intereses del actor, lo cual
desnaturalizaba el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó señalando lo
siguiente:
Sostuvo que la Sección Quinta entendió equivocadamente que la solicitud de amparo se
fundaba en una inconformidad sustancial con la decisión cuestionada, cuando, en
realidad, el reproche consistía en que la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado se apartó del precedente sobre la compatibilidad entre la pensión de jubilación
y la pensión de vejez, sin cumplir las cargas de transparencia y argumentación exigidas
para ello.
Afirmó que no cuestionó el razonamiento de fondo de la providencia acusada, sino el
hecho de que existía una línea jurisprudencial vigente y que la autoridad judicial
accionada se separó de ella sin justificar de manera suficiente el cambio de criterio.
Indicó que la sentencia de primera instancia consideró que la providencia cuestionada sí
explicó las razones para replantear la tesis anterior; sin embargo, adujo que la sola
mención de que se replanteaba una postura no era suficiente para tener por cumplidas
las cargas de transparencia y argumentación.
Explicó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el juez que pretende apartarse
de un precedente debe identificarlo expresamente y exponer las razones de su
separación, ya sea por ausencia de identidad fáctica, desacuerdo con la interpretación
normativa anterior o discrepancia con la regla de derecho fijada en la línea jurisprudencial.
Agregó que la sentencia cuestionada no desarrolló ninguno de esos supuestos y que, por
tanto, el juez de primera instancia no podía tener por satisfecha la carga argumentativa
únicamente porque la autoridad accionada afirmó que replanteaba la tesis anterior.
También manifestó que la mención de varias providencias del Consejo de Estado no tenía
como finalidad demostrar por sí sola la vulneración de derechos fundamentales, sino
evidenciar la existencia de una línea jurisprudencial de la cual se habría apartado la
Sección Segunda, Subsección B.
Resaltó que no era necesario transcribir extensamente el contenido de cada providencia,
pues la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre esa
línea jurisprudencial no fue cuestionada por la autoridad judicial accionada.
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Finalmente, reiteró que el punto central de la tutela no era reabrir el debate ordinario ni
controvertir la conclusión sustancial de la sentencia, sino demostrar que la Sala
accionada se apartó del precedente sin cumplir las cargas exigidas para ello. Por esa
razón, solicitó revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la acción de tutela.
5.2. Por auto proferido el 14 de mayo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 28 de mayo de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) contra el señor Darío Alfonso
Arango Galindo, con el fin de obtener la nulidad de sus propios actos administrativos
contenidos en la Resolución GNR103022 del 20 de mayo de 2013, mediante la cual le
reconoció una pensión de vejez, y en la Resolución GNR147669 del 30 de abril de 2014,
por medio de la cual reliquidó dicha prestación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara que el municipio de
Santiago de Cali era la entidad encargada de reconocer y pagar la pensión del
9 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 00.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02530 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76001 23 33 000 2018 00370 00
01.
7
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demandado, así como la devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión de
vejez y su indexación.
6.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2023, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que las prestaciones pensionales reconocidas al señor Arango
Galindo eran compatibles, por tener origen y fuente de financiación diferentes.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación
y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7
de noviembre de 2025, resolvió lo siguiente:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en
su lugar:
Segundo. Declarar la incompatibilidad entre las pensiones que fueron
reconocidas a Darío Alfonso Arango Galindo a través de la Resolución 442.1.31-
JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005 expedida por el municipio de Cali y las
resoluciones GNR103022 del 20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril
de 2014, proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones.
Tercero. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR103022 del 20 de mayo de
2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014, por medio de las cuales la
Administradora Colombiana de Pensiones reconoció y reliquidó la pensión de
vejez de Darío Alfonso Arango Galindo.
Cuarto. Declarar que, por favorabilidad, Darío Alfonso Arango Galindo tiene
derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Cali a través de
las resoluciones 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, 4142131- JGPI-
0634 del 1° de junio de 2005 y 4122.1.21-328 del 30 de noviembre de 2009.
Quinto. Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante
ante el municipio de Cali las actuaciones pertinentes con el fin de que las
cotizaciones para pensión que efectuó Darío Alfonso Arango Galindo durante toda
su vida laboral financien la pensión reconocida por la entidad territorial, a la cual
tiene derecho por favorabilidad.
Sexto. Poner en conocimiento del municipio de Cali la presente decisión.
Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la
Administradora Colombiana de Pensiones contra Darío Alfonso Arango Galindo.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]16.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que la solicitud de amparo está siendo
utilizada por el accionante para reabrir el debate jurídico resuelto dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Colpensiones.
En efecto, en el proceso ordinario se discutió si la pensión de jubilación reconocida por
el municipio de Santiago de Cali era compatible con la pensión de vejez otorgada por
Colpensiones. La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado concluyó que
dichas prestaciones eran incompatibles, por cubrir la misma contingencia y contar con
participación de recursos públicos en su financiación.
En la impugnación, el actor insistió en que su reproche no estaba dirigido a cuestionar el
fondo de la decisión, sino a demostrar que la autoridad judicial accionada se apartó del
precedente sobre la compatibilidad pensional, sin cumplir las cargas de transparencia y
argumentación exigidas para ello.
Sin embargo, la providencia cuestionada no omitió referirse a la línea jurisprudencial
invocada por el accionante, por el contrario, señaló expresamente que la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia había sostenido una postura
anterior sobre la materia, pero consideró necesario replantearla.
Sobre el particular, la Sección Segunda, Subsección B, indicó que era necesario
replantear la tesis jurisprudencial anterior, para concluir que dichas prestaciones
resultaban incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público, con
independencia de su origen. Asimismo, al resolver el caso concreto, sostuvo que, aunque
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la causa u origen de la prestación reclamada y la que venía devengando el actor fueran
diferentes en lo relativo a la fuente de cotización, en ambos casos concurría el Estado en
su financiación. Por esa razón, concluyó que se configuraba la incompatibilidad prevista
en el artículo 128 de la Constitución Política.
De igual forma, la autoridad judicial accionada precisó que, conforme al artículo 49.c del
Decreto 758 de 1990, el beneficiario podía optar por la prestación más favorable cuando
existiera concurrencia entre pensiones. Por ello, declaró que el señor Arango Galindo
tenía derecho a conservar la pensión de jubilación reconocida por el Municipio de
Santiago de Cali, al ser la mesada de mayor valor.
Así las cosas, aunque el accionante alegó la configuración del desconocimiento del
precedente, lo cierto es que su inconformidad se dirige a cuestionar la suficiencia y
corrección de las razones expuestas por el juez natural para replantear la tesis anterior y
resolver el caso concreto.
En ese contexto, acceder al análisis propuesto implicaría que el juez constitucional
evaluara nuevamente si la interpretación acogida por la autoridad judicial acciona era, o
no, la correcta, lo cual desborda el carácter excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Por tanto, no corresponde al juez de tutela sustituir el criterio del juez natural ni revisar,
como si se tratara de una instancia adicional, la interpretación que este efectuó sobre la
compatibilidad pensional y el alcance del precedente invocado.
En consecuencia, al no encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional,
la Sala confirmará la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de
junio de 2026.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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