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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02305-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02305-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación promovida por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada la decisión remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02305-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02305-00
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F” y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
ejecutivo

Decisión: Declarar improcedente por falta del requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por Magdalena Pacheco Rincón, quien actúa en nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, y acceso a la administración de justicia, ocurrida presuntamente por la
expedición de las providencias del 14 de abril de 2023 y del 30 de enero de 2026,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo seguido bajo el radicado 11001-33-
42-057-2016-00467-03.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Magdalena Pacheco Rincón en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó los actos administrativos
contenidos en la Resolución 2-3157 del 24 de agosto de 2010 «por la cual se retira
a un funcionario por reconocimiento de pensión de invalidez» y la Resolución 2-
3749 del 1.° de octubre de 2010 «por la cual se resuelve un recurso de reposición
(…)» ambas, expedidas por la Fiscalía General de la Nación.

3. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá
que, mediante sentencia del 9 de julio de 2013 resolvió negar las pretensiones de
la demanda. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F dispuso revocar la decisión. En consecuencia,
ordenó:

1 Acción de tutela presentada el 20 de marzo de 2026.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02305-00
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la Fiscalía
General de la Nación, reconocer y pagar a favor de la señora MAGDALENA
PACHECO RINCÓN, los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones para efectos
de pago a salud y pensión, y demás emolumentos contemplados en la nómina que
la demandante dejó de percibir, así como el pago de las cesantías, intereses a las
cesantías correspondientes al periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2010
y el 30 de junio de 2011. De acuerdo con la parte motiva de la presente sentencia,
deberá realizarse por parte de la Fiscalía General de la Nación, la respectiva
compensación, a fin de evitar que sea percibido por la actora, dos asignaciones del
tesoro público, por la misma causa.

TERCERO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.»

4. Sin embargo, ante el incumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación,
el 28 de julio de 2016, la hoy accionante presentó una demanda ejecutiva teniendo
como título la sentencia del 10 de diciembre de 2013.

5. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito
de Bogotá que mediante auto del 10 de febrero de 2017 resolvió librar mandamiento
de pago. A través del proveído del 15 de diciembre del mismo año dispuso seguir
adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crédito.

6. Con posterioridad, dicha autoridad judicial mediante los autos del 13 de julio de
2018 y del 10 de mayo de 2019 declaró fundada la objeción presentada por la
entidad ejecutada respecto de la liquidación del crédito radicada por la ejecutante
y modificó dicha liquidación del crédito, respectivamente.

7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección
Segunda – Subsección F, mediante auto del 30 de agosto de 2021 confirmó el auto
del 13 de julio de 2018, pero modificó parcialmente el auto del 10 de mayo de 2019
que aprobó la liquidación del crédito.

8. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado mencionado por medio de proveído del 31
de mayo de 2022 resolvió obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal mediante
providencia del 30 de agosto de 2021.

9. Sin embargo, el 16 de junio de 2022, la parte ejecutante presentó solicitud de
nulidad de todo lo actuado porque no le fueron notificadas las providencias del 30
de agosto de 2021 y del 31 de mayo de 2022, respectivamente. Requerimiento que
fue negado por el Juzgado a través del auto del 14 de abril de 2023, al considerar
que dichas decisiones fueron notificadas por estados electrónicos, razón por la que
se le garantizó su derecho a conocer y controvertir las decisiones aludidas, sin que
pudiera predicarse vulneración alguna a su derecho de defensa.

10. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F por medio de providencia del 30 de enero de 2026 confirmó
la anterior decisión, toda vez que encontró que las providencias fueron notificadas
en debida forma por estado, en virtud de lo contemplado en el artículo 201 del
CPACA, remitiendo el mensaje de datos respectivo al correo indicado por la
apoderada de la señora Magdalena Pacheco Rincón para efectos de notificaciones
en la audiencia inicial llevada a cabo el 22 de noviembre de 2017.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02305-00
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón

2.2. Fundamento jurídico

11. La parte actora, indicó que el defecto procedimental absoluto «se configura
(…) cuando las acciones del funcionario impiden a una de las partes ejercer su
defensa o contradicción, lo que también genera que la seguridad jurídica no se
materialice.»

12. Así como también, alegó una violación directa de la Constitución, puesto que
«está claro que los jueces accionados han ignorado derechos fundamentales que
la Carta Magna me otorga, esto es, la prelación del derecho sustancial sobre el
procesal, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia».

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Con todo respeto solicito a los Honorables Magistrados del Consejo de
Estado, revisar cuidadosamente mi caso, dejar sin efectos la providencia de
30 de enero de 2026 proferida por la magistrada accionada y la dictada el
14 de abril de 2023 por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, mediante
las cuales fue negada la solicitud de nulidad presentada por la suscrita
accionante y en su lugar disponer que sea decretada la nulidad de la
actuación y se me restablezcan los términos para controvertir la decisión de
13 de julio de 2018 dictada por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá,
confirmada por auto de 30 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.» (Sic)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 25 de marzo
de 2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá como accionados y a la Fiscalía General de la Nación como
interesado en el resultado del proceso.

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, tras realizar un resumen del trámite surtido al interior de proceso,
señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección
porque la decisión cuestionada se fundamentó en la situación fáctica de la
accionante conforme las pruebas que obraron en el plenario y las normas aplicables
al caso, y se resolvieron los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

16. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá
después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas informó que en una
oportunidad anterior la señora Pacheco Rincón había presentado una acción de
tutela contra la decisión del 14 de abril de 2023, la cual correspondió por reparto a
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial
que mediante providencia del 24 de julio de 2024 declaró improcedente el
mecanismo constitucional, la cual fue confirmada por la Subsección A de la Sección
Segunda de la misma corporación a través de la sentencia del 12 de septiembre de
2024.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02305-00
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón

17. De otra parte, señaló que dentro del proceso ejecutivo objeto de la presente
acción constitucional, se le brindaron las garantías procesales de debido proceso y
contradicción, de acuerdo con las cuales pudo interponer los recursos procedentes.
Por lo tanto, era evidente que la accionante lo que pretendía era reabrir un debate
judicial ya clausurado. Además, que no se advertía irregularidad alguna dentro del
aludido proceso, teniendo en cuenta que dirigía sus reparos contra la decisión de
segunda instancia.

18. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, Acuerdo 080 del 2019 2 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

20. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la falta de legitimación
por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dicha entidad
hizo parte del proceso ejecutivo como parte ejecutada, razón por la que se procede
a negar dicha solicitud.

3.2.2. Providencia del 14 de abril de 2023

21. Sobre el particular, el Juzgado informa que la parte actora en una oportunidad
anterior promovió una acción de tutela contra la providencia del 14 de abril de
20233, la cual fue declarada improcedente por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante providencia 24 de julio de 2024, decisión
que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda de la misma
corporación en sentencia del 12 de septiembre de 2024.

22. Ahora bien, es menester indicar que, contrario a lo manifestado en el informe, la
parte actora en aquella oportunidad no formuló reparo alguno contra el auto del 14
de abril de 2023, razón por la que ni siquiera sería procedente el análisis de una
eventual cosa juzgada constitucional. Máxime si se tiene en cuenta que la Sala se
pronunciará únicamente respecto de la providencia del 30 de enero de 2026 que
en sede de apelación puso fin a la solicitud de nulidad.

3.3. Problema jurídico

2 Acuerdo interno del Consejo de Estado.
3
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2024-03408-01

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Acción De Tutela
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Accionante: Magdalena Pacheco Rincón

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, al proferir la providencia de 30 de enero de 2026, incurrió en los
defectos procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.

24. Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan
decisiones judiciales.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

26. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».

27. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material
o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos
una de las anteriores causales o defectos.

3.5. Del requisito de relevancia constitucional como requisito de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales

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28. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito4. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.

29. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:

30. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés
general.5

31. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»6.

32. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».7

33. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.8

4 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.
5 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
6 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
7 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
8 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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3.6. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

34. En el presente asunto no se acredita el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, pues no resulta suficiente que la parte actora afirme de manera
genérica que la decisión cuestionada adolece del defecto procedimental absoluto y
violación directa de la Constitución, pues más allá de mencionarlos tiene la carga
de exponer las razones por las que considera que la decisión cuestionada adolece
de tales defectos, pues, se itera que tratándose de cuestionamientos dirigidos
contra providencias judiciales le corresponde una carga mínima de argumentación
que en el presente asunto no se cumple.

35. Al respecto, se tiene que la parte actora no expone de manera concreta las
razones por las cuáles las decisiones adoptadas vulneran los derechos
fundamentales que se invocan en protección, circunstancia que torna improcedente
el mecanismo constitucional.

36. En Ese orden de ideas, la argumentación iusfundamental planteada en sede de
tutela no trasciende el plano de la legalidad, ni logra acreditar una afectación
cualificada, actual y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados,
requisito indispensable para habilitar la intervención del juez constitucional frente a
providencias judiciales.

37. Máxime cuando dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo
cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga
mínima de argumentación.

38. En ese sentido, admitir la procedencia del amparo en los términos propuestos
implicaría erosionar gravemente los principios de autonomía judicial, seguridad
jurídica y cosa juzgada, al permitir que decisiones adoptadas con plena observancia
de las garantías procesales sean sometidas a un escrutinio constitucional orientado
exclusivamente a reexaminar su corrección jurídica, lo cual resulta incompatible con
el diseño institucional de la acción de tutela.

39. En consecuencia, al no configurarse un debate constitucional autónomo ni
acreditarse la existencia de un defecto con entidad suficiente para comprometer la
validez de la providencia impugnada, la Sala concluye que la presente acción de
tutela resulta improcedente.

40. Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente el presente mecanismo
constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con lo expuesto en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02305-00
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FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación promovida por la Fiscalía General de
la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el
presente proveído.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada la decisión remitir el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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