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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02305-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02305-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02305-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección “F” y Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 23 de abril de 2026 por la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Magdalena Pacheco Rincón, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F” y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:

Con todo respeto solicito a los Honorables Magistrados del Consejo de Estado
revisar cuidadosamente mi caso, dejar sin efectos la providencia del treinta de
enero de dos mil veintiséis, proferida por la magistrada accionada, y la dictada el
catorce de abril de dos mil veintitrés por el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo de Bogotá, mediante las cuales fue negada la solicitud de nulidad
presentada por la suscrita accionante y en su lugar, solicito disponer que sea
decretada la nulidad de la actuación y que me sean restablecidos los términos
para controvertir la decisión del trece de julio de dos mil dieciocho, dictada por el
Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá, confirmada por auto del
treinta de agosto de dos mil veintiuno por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante relató que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de controvertir los actos
administrativos contenidos en la Resolución 2-3157 del 24 de agosto de 2010, “por la cual

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02305 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

se retira a un funcionario por reconocimiento de pensión de invalidez”, y en la Resolución
2-3749 del 1.º de octubre de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”.

El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Bogotá, autoridad que, mediante sentencia del 9 de julio de 2013, negó las
pretensiones de la demanda.

Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F la revocó y,
en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación reconocer y pagar a favor de
la señora Pacheco Rincón los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a salud y
pensión, y demás emolumentos dejados de percibir, así como las cesantías e intereses
a las cesantías correspondientes al período comprendido entre el 8 de octubre de 2010
y el 30 de junio de 2011.

Afirmó que, ante el incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación, el 28 de julio de
2016 promovió demanda ejecutiva la cual fue asignada al Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, que, mediante auto del 10 de febrero de 2017, libró
mandamiento de pago y posteriormente, por providencia del 15 de diciembre de 2017,
dispuso seguir adelante con la ejecución y ordenó practicar la liquidación del crédito.

Indicó que, con posterioridad, el juzgado profirió los autos del 13 de julio de 2018 y del
10 de mayo de 2019. En el primero, declaró fundada la objeción presentada por la entidad
ejecutada frente a la liquidación del crédito radicada por la ejecutante. En el segundo,
modificó la liquidación del crédito.

Señaló que su apoderada interpuso recurso de apelación contra la providencia del 10 de
mayo de 2019, mediante la cual se modificó la liquidación del crédito.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante
auto del 30 de agosto de 2021, acumuló las apelaciones y resolvió confirmar el auto del
13 de julio de 2018 y modificar el auto del 10 de mayo de 2019.

Agregó que, mediante providencia del 31 de mayo de 2022, el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo de Bogotá ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior.

Manifestó que solicitó la nulidad de todo lo actuado, al considerar que no fue informada
ni notificada de la providencia dictada el 30 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ni del auto del 31 de mayo de 2022, proferido por el
Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá.

El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá, mediante auto del 14 de abril de
2023, negó la nulidad procesal solicitada y para ello, sostuvo que no existió omisión en
el deber de notificar en legal forma las providencias cuestionadas, pues la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 30 de agosto de 2021 fue insertada en el
estado electrónico número 64, fijado el 7 de septiembre de 2021.

Indicó que interpuso recurso de apelación contra el auto del 14 de abril de 2023, porque,
a su juicio, dicha providencia no le fue notificada a su correo electrónico ni al de su
apoderada.

2

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

El tribunal accionado, mediante providencia del 30 de enero de 2026, notificada el 10 de
febrero siguiente, confirmó el auto apelado y expuso que la providencia cuestionada sí
había sido notificada al correo electrónico que, según lo señalado por la autoridad judicial
de primera instancia, fue informado por la apoderada de la accionante en la audiencia
inicial celebrada el 23 de noviembre de 2017.

La parte actora controvirtió dicha conclusión y afirmó que no era cierto que la dirección
electrónica indicada correspondiera a su apoderada, pues, según su dicho, en el minuto
32 de la audiencia únicamente se mencionó dicho correo, sin que ello permitiera tenerlo
como dirección válida para efectos de notificación.

También sostuvo que, para el 30 de agosto de 2021, como consecuencia de la
emergencia sanitaria, las providencias debían ser notificadas por correo electrónico,
razón por la cual estimó que la notificación por estado no fue suficiente para garantizar
su derecho de defensa y contradicción.

La accionante sustentó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la
administración de justicia, porque no fue debidamente notificada de las decisiones
proferidas dentro del proceso ejecutivo.

Explicó que la falta de notificación válida le impidió conocer las providencias que la
afectaban y, por consiguiente, ejercer oportunamente sus derechos de defensa y
contradicción. A su juicio, dicha circunstancia configuró una causal de nulidad procesal.

Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto,
toda vez que la irregularidad en la notificación la dejó en estado de indefensión y le
impidió controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo.

Asimismo, alegó la configuración de una violación directa de la Constitución Política, al
considerar que los jueces accionados desconocieron la prevalencia del derecho
sustancial, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Adicionalmente, sostuvo que las autoridades judiciales desconocieron los principios
generales del derecho, en particular los de igualdad y equidad, pues, en su criterio,
debieron privilegiar una interpretación orientada a garantizar la justicia material y la
efectividad de sus derechos.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, afirmó que se encontraba legitimada para promover la solicitud
de amparo, porque las decisiones cuestionadas fueron proferidas dentro del proceso
ejecutivo en el que actuó como parte ejecutante.

En igual sentido, adujo que el asunto tenía relevancia constitucional, en la medida en que
no se trataba de una simple inconformidad procesal, sino de una presunta afectación de
sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia.

Respecto del requisito de inmediatez, indicó que la acción de tutela fue presentada dentro
de un término razonable y que la irregularidad alegada tenía trascendencia constitucional,
pues la indebida notificación le habría impedido ser escuchada por la autoridad judicial.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

Finalmente, frente al requisito de subsidiariedad, manifestó que en el proceso adelantado
ante las autoridades accionadas ya se habían agotado los recursos ordinarios
disponibles, por lo que no contaba con otro mecanismo judicial para obtener la protección
de sus derechos fundamentales.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de marzo de 20262 y correspondió por reparto a la
Sección Segunda - Subsección “A” de esta Corporación que, por auto del 25 de marzo
de 20263 la admitió y dispuso notificar4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F” y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de
Bogotá, como partes accionadas; así como vincular a la Fiscalía General de la Nación,
como tercero con interés en las resultas del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F” y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá para
que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 11001 33 42 057 2016 00467 00/01/02/03, el cual fue remitido5.

3.2. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá rindió informe6
en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela y negar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la señora Pacheco Rincón.

Argumentó que, la acción de tutela contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional y solo procede cuando la decisión cuestionada contiene vicios que la tornan
ilegítima y vulneran derechos fundamentales. En ese sentido, sostuvo que la providencia
del 14 de abril de 2023, confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante providencia del 30 de enero de 2026, se profirió con fundamento en las pruebas
válidamente incorporadas y valoradas dentro del proceso ejecutivo.

Afirmó que las actuaciones del despacho dentro del proceso ejecutivo se ajustaron al
ordenamiento jurídico y a los precedentes jurisprudenciales vigentes. Por esa razón,
indicó que no se configuró una vía de hecho ni causal alguna de procedencia de la tutela
contra providencia judicial.

Finalmente, advirtió que la parte actora pretendía reabrir actuaciones fenecidas y
controvertir providencias en firme, por lo que, además, consideró incumplido el requisito
de inmediatez. En consecuencia, pidió declarar que el juzgado no vulneró los derechos
fundamentales de la accionante y que la tutela resultaba improcedente.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02305 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02305 00.
4 Esta orden se cumplió el 26 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02305 00.
5 Visto en los índices 16 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02305 00.
6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02305 00.
4

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

3.3. La Fiscalía General de la Nación7 en el que solicitó declarar improcedente la acción
de tutela y tener en cuenta su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que no expidió las providencias cuestionadas en la solicitud de amparo, pues estas
fueron proferidas por las autoridades judiciales accionadas, en consecuencia, indicó que
no existía una relación de causalidad entre alguna acción u omisión de la Fiscalía y la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Asimismo, señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales exige el
cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de alguno de los defectos
reconocidos por la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, en este caso no se acreditó
el requisito de inmediatez, por lo que pidió declarar la improcedencia del amparo.

3.4. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca Sección Segunda Subsección “F”8
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

Señaló que, dentro del proceso ejecutivo promovido por la señora Magdalena Pacheco
Rincón contra la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo de Bogotá negó la nulidad solicitada mediante auto del 14 de abril de 2023,
al advertir que las providencias del 30 de agosto de 2021 y del 31 de mayo de 2022 fueron
notificadas por estados electrónicos, conforme al artículo 201 del CPACA.

Indicó que, mediante providencia del 30 de enero de 2026, confirmó esa decisión, porque
la inconformidad de la ejecutante se limitó a cuestionar que las providencias no fueron
remitidas a su correo personal, sin alegar irregularidades respecto del correo de su
apoderada judicial.

Precisó que, si bien al escuchar la audiencia inicial se advirtió que la apoderada mencionó
un correo distinto al consignado en el acta, ese aspecto no fue planteado en el recurso
de apelación contra el auto que negó la nulidad. Además, resaltó que la apoderada firmó
el acta de la diligencia, por lo que se entendía conforme con su contenido.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la providencia cuestionada se basó en las
pruebas obrantes en el expediente, en las normas aplicables y en los argumentos
expuestos en la apelación. Por ello, afirmó que no se configuró la vulneración alegada y
pidió negar el amparo.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23
de abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

En primer lugar, precisó que, aunque el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá informó que la accionante había promovido previamente una acción
de tutela contra la providencia del 14 de abril de 2023, dicha circunstancia no daba lugar

7
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02305 00.
8
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02305 00.
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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

al análisis de una eventual cosa juzgada constitucional. Lo anterior, porque en esa
oportunidad la parte actora no formuló reparo alguno contra ese auto.

Por esa razón, indicó que el estudio se limitaría a la providencia del 30 de enero de 2026,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, resolvió en segunda instancia la solicitud de nulidad presentada por la
accionante.

Luego, la Sala planteó como problema jurídico determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, al proferir la providencia del 30 de
enero de 2026, incurrió en defecto procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución Política. Sin embargo, advirtió que, antes de abordar ese análisis, debía
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.

Al estudiar el requisito de relevancia constitucional, recordó que no basta con invocar la
vulneración del debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la igualdad,
sino que la parte actora debe demostrar que la controversia plantea un verdadero debate
constitucional. Para ello, citó la Sentencia SU-215 de 2022, en la que la Corte
Constitucional precisó que la tutela contra providencias judiciales no puede utilizarse
como una tercera instancia ni como un recurso adicional para reabrir discusiones ya
resueltas por los jueces ordinarios.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo no cumplía con el
requisito de relevancia constitucional. Al respecto, sostuvo que la accionante se limitó a
afirmar de manera genérica que la providencia cuestionada incurrió en defecto
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución, pero no expuso razones
concretas que permitieran evidenciar cómo la decisión judicial vulneró sus derechos
fundamentales.

La Sala agregó que la argumentación presentada en la tutela no superaba el plano de la
legalidad ni acreditaba una afectación cualificada, actual y desproporcionada de los
derechos invocados. Además, señaló que esa carga mínima de argumentación no podía
ser suplida por el juez constitucional, pese al carácter informal de la acción de tutela.

Finalmente, consideró que admitir el estudio de fondo en esas condiciones implicaría
desconocer los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada, pues
supondría revisar nuevamente la corrección jurídica de una decisión adoptada dentro del
proceso ordinario. En consecuencia, al no advertir un debate constitucional autónomo ni
la configuración de un defecto con entidad suficiente para comprometer la validez de la
providencia cuestionada, declaró improcedente la acción de tutela.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó señalando lo
siguiente:

Adujo que la sentencia impugnada realizó una interpretación restrictiva y formalista del
requisito de relevancia constitucional, pues centró su análisis en la presunta insuficiencia
argumentativa del escrito de tutela y no en la afectación material de sus derechos
fundamentales. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la relevancia
constitucional no depende de la forma en que se expongan los argumentos, sino de la
6

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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

existencia de un problema jurídico que comprometa de manera cierta, actual y verificable el
contenido de derechos fundamentales.

Indicó que el asunto no correspondía a una controversia de mera legalidad, toda vez que,
la discusión giraba en torno a la presunta imposibilidad material de conocer oportunamente
decisiones judiciales que incidían en la determinación de su derecho económico. En ese
sentido, afirmó que la falta de notificación efectiva le impidió ejercer sus derechos de
defensa y contradicción, por lo que el caso debía analizarse desde el núcleo del debido
proceso y no únicamente desde la regularidad formal de las notificaciones.

Agregó que la sentencia de primera instancia omitió aplicar un enfoque de protección
reforzada, pese a su condición de persona en situación de discapacidad. A su juicio, dicha
circunstancia imponía al juez constitucional un deber de flexibilizar el análisis de
procedibilidad, integrar los elementos fácticos relevantes y verificar si la forma en que se
surtieron las notificaciones constituyó una barrera material para el ejercicio de su derecho
de defensa.

También sostuvo que la providencia impugnada incurrió en motivación insuficiente, porque
no analizó el problema jurídico central, esto es, si las notificaciones realizadas dentro del
proceso ejecutivo generaron una situación de indefensión. En su criterio, la decisión se
limitó a declarar la ausencia de relevancia constitucional, sin explicar por qué la alegada
imposibilidad de ejercer defensa no tenía entidad iusfundamental.

Finalmente, afirmó que la decisión impuso una carga argumentativa desproporcionada y
restringió indebidamente su acceso a la justicia constitucional, al exigirle un nivel técnico
incompatible con la naturaleza informal de la acción de tutela. Por ello, solicitó revocar la
sentencia del 23 de abril de 2026, declarar procedente la acción, estudiar de fondo los
defectos alegados y adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos
fundamentales. De manera subsidiaria, pidió que el juez de segunda instancia profiriera
decisión de reemplazo y resolviera de fondo la solicitud de amparo.

5.2. Por auto proferido el 12 de mayo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 25 de mayo de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo

9 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02305 00.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02305 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. Como antecedente del asunto, la señora Magdalena Pacheco Rincón promovió
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de
la Nación. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó el pago de
los emolumentos dejados de percibir por la demandante.

6.2.2. Con fundamento en dicha decisión judicial, la señora Magdalena Pacheco Rincón
promovió demanda ejecutiva contra la Fiscalía General de la Nación. El asunto
correspondió al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá.

6.2.3. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
del 10 de febrero de 2017, libró mandamiento de pago y mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2017, ordenó seguir adelante con la ejecución.

6.2.4. Mediante autos del 13 de julio de 2018 y del 10 de mayo de 2019, el juzgado declaró
fundada la objeción presentada por la Fiscalía General de la Nación frente a la liquidación
del crédito y modificó dicha liquidación, respectivamente.

6.2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”,
mediante providencia del 30 de agosto de 2021, confirmó el auto del 13 de julio de 2018
y modificó el auto del 10 de mayo de 2019, en el sentido de fijar la liquidación del crédito
en la suma de $3.565.384,18.

6.2.6. Por auto del 31 de mayo de 2022, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

6.2.7. El 16 de junio de 2022, la ejecutante solicitó la nulidad de todo lo actuado, al
considerar que no fue informada ni notificada de la providencia del 30 de agosto de 2021
ni del auto del 31 de mayo de 2022.

6.2.8. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
del 14 de abril de 2023, negó la solicitud de nulidad procesal, al considerar que las

12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 42 057 2016 00467

00/01/02/03.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02305 01
Accionante: Magdalena Pacheco Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” y otro

providencias cuestionadas fueron notificadas por estados electrónicos, conforme al
artículo 201 del CPACA.

6.2.9. La ejecutante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra esa
decisión. El juzgado negó la reposición mediante auto del 26 de abril de 2024, al estimar
que las notificaciones fueron remitidas al correo electrónico informado por la apoderada
judicial en la audiencia inicial.

6.2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”,
mediante providencia del 30 de enero de 2026, confirmó el auto del 14 de abril de 2023,
al concluir que no se configuró la indebida notificación alegada.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.

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“F” y otro

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

6.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17

[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. [Subrayado
fuera del texto].

En ese sentido, anotó que:18

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general. [Subrayado fuera del texto].

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la

17
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18
Ibidem.
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“F” y otro

constitucional y evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no se encuentra superado.

Lo anterior, debido a que la controversia planteada por la parte actora se originó en el
trámite de un proceso ejecutivo promovido para obtener el pago de una condena judicial
y, concretamente, en las decisiones relacionadas con la liquidación del crédito, situación
que implica una controversia que conserva un contenido predominantemente legal y
económico. Por lo que, el segundo criterio de la relevancia constitucional no se cumple.

6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)19. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, comoquiera que, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, debido a que la acción de tutela está siendo utilizada por la
parte actora para reabrir el debate jurídico resuelto dentro del proceso ejecutivo,
particularmente frente a la solicitud de nulidad procesal que fue negada por el Juzgado

19 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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“F” y otro

Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”.

Al respecto, de la providencia cuestionada se advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca estudió los argumentos expuestos por la ejecutante en el recurso de
apelación contra el auto del 14 de abril de 2023. En esa oportunidad, la inconformidad de
la parte actora se dirigió a cuestionar que las providencias del 30 de agosto de 2021 y del
31 de mayo de 2022 no fueron remitidas al correo personal de la señora Magdalena
Pacheco Rincón, esto es, a la dirección electrónica indicada en la demanda ejecutiva.

El Tribunal explicó que dichas providencias fueron notificadas mediante estados
electrónicos y remitidas al correo de la apoderada judicial que obraba en el expediente,
de conformidad con lo señalado en la audiencia inicial. Además, precisó que la parte
ejecutante no había alegado en la apelación una irregularidad relacionada con el correo
electrónico de su apoderada, sino la falta de remisión al correo personal de la ejecutante.

En ese contexto, la Sala advierte que la solicitud de amparo no plantea un debate
constitucional autónomo, sino que pretende que el juez de tutela reexamine la valoración
efectuada por las autoridades judiciales accionadas sobre la forma en que se surtieron
las notificaciones dentro del proceso ejecutivo. En esencia, la accionante busca que se
estudie nuevamente la nulidad procesal ya decidida por el juez natural de la causa, con
el propósito de obtener el restablecimiento de los términos para controvertir providencias
proferidas en el trámite de la ejecución.

Ahora bien, en la impugnación la parte actora insistió en que la sentencia de primera
instancia realizó un análisis formalista del requisito de relevancia constitucional y que
omitió estudiar la presunta indefensión derivada de la falta de notificación efectiva. Sin
embargo, la Sala observa que ese reproche no desvirtúa la conclusión del a quo, pues la
accionante no explicó de manera suficiente por qué la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca constituía una actuación judicial manifiestamente irrazonable o
violatoria de sus garantías fundamentales.

Tampoco resulta suficiente afirmar que la providencia impugnada incurrió en defecto
procedimental absoluto o en violación directa de la Constitución Política. Tratándose de
tutela contra providencia judicial, la parte actora tenía la carga mínima de exponer, con
claridad, por qué la decisión cuestionada trascendía el plano de la legalidad procesal y
comprometía de manera directa el contenido esencial de sus derechos fundamentales.
Esa carga no se satisface con la sola inconformidad frente a la conclusión adoptada por
el juez ordinario.

En cuanto al enfoque de protección reforzada alegado en la impugnación, la Sala precisa
que dicha circunstancia no releva a la parte actora de acreditar la existencia de una
afectación constitucional concreta. Aunque la condición invocada por la accionante exige
un análisis cuidadoso por parte del juez constitucional, ello no habilita, por sí solo, la
reapertura de actuaciones judiciales en firme ni convierte a la acción de tutela en una
instancia adicional para revisar decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo.

Así las cosas, la Sala concluye que la controversia planteada por la accionante se dirige
a cuestionar nuevamente la decisión que negó la nulidad procesal, así como la
interpretación realizada por las autoridades judiciales accionadas sobre la notificación por
estados electrónicos y la dirección de correo registrada para efectos procesales. Por
tanto, no se advierte un debate constitucional autónomo, sino una inconformidad con la
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“F” y otro

decisión adoptada por el juez natural.

En consecuencia, al no superarse el requisito general de relevancia constitucional, la Sala
confirmará la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la Sección Segunda,
Subsección “A”, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la Sección
Segunda Subsección “A” de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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