Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02530-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
30 de abril de 2026
Demandante: Darío Alfonso Arango Galindo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02530-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02530-00
Demandante: DARÍO ALFONSO ARANGO GALINDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Darío Alfonso Arango Galindo, por medio de apoderado, presentó acción
de tutela1 en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con
el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital.
Según el accionante, la referida autoridad judicial vulneró tales garantías con la
providencia del 7 de noviembre de 2025, que revocó la sentencia proferida el 10
de noviembre de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar declaró i) la incompatibilidad
entre las pensiones que fueron reconocidas al señor Darío Alfonso Arango Galindo
por el municipio de Cali y Colpensiones, ii) la nulidad de las resoluciones por medio
de las cuales esta última entidad reconoció y reliquidó su pensión de vejez, y iii)
por favorabilidad, otorgó el derecho a la pensión de jubilación reconocida por el
municipio de Cali, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-23-33-000-2018-00370-00/01 (1107-2024), promovido por la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) en contra
del señor Darío Alfonso Arango Galindo.
1 Samai, índice 1. Mediante escrito presentado el 6 de abril de 2026.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Darío Alfonso Arango Galindo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02530-00
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:
1. TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital de mi
representado.
2. DECLARAR que la sala accionada desconoció el precedente que el mismo
Consejo de Estado había sostenido sobre la compatibilidad entre las pensiones
de vejez y de jubilación. Al mismo tiempo, DECLARAR que desconoció aquel
precedente sin asumir las cargas de transparencia y argumentación.
3. ORDENAR a la accionada que dentro del término que considere prudencial el
juez constitucional, profiera una nueva sentencia acogiendo el precedente
judicial obligatorio que obvió en la decisión de segunda instancia dentro del
proceso 76001-23-33-008-2018-00370-00 (76001-23-33-000-2018-00370-01
en segunda instancia), y en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda de
Colpensiones, dejando a mi representado el continuar percibiendo de manera
vitalicia la pensión de vejez que le había sido reconocida.
4. Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, ORDENAR a la
accionada que a su vez ordene a Colpensiones a pagar las mesadas dejadas
de reconocer a mi representado desde que se detuvo el pago de nómina.2
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
Precisó que Colpensiones lo demandó para que se declarara la nulidad de las
resoluciones: GNR 103022 del 20 de mayo de 2013, que le reconoció su pensión
de vejez y GNR 147669 del 30 de abril de 2014, que la reliquidó.
Indicó que el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, corporación que profirió sentencia de primera instancia el 10 de noviembre
de 2023, mediante la que se negaron las pretensiones, porque «la incompatibilidad
pensional se predica única y exclusivamente frente al reconocimiento de dos
pensiones de jubilación, pero no en el caso en que se hubiese cotizado al sistema
general pensional por aportes realizados en el sector privado, escenario en el que
resultaría posible percibir pensión de vejez y pensión de jubilación de forma
concomitante».
Resaltó que la decisión fue impugnada por dicha entidad, asunto que en segunda
instancia conoció la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
autoridad judicial que revocó la sentencia de primer grado, y en su lugar accedió
a las pretensiones de la demanda, al precisar que no realizaría un
pronunciamiento en relación con el régimen con el que fue reconocida la
prestación objeto de discusión, sobre la procedencia de computar tiempos
públicos y privados bajo las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990.
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
2
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Además, expresó que, la corporación enjuiciada declaró la nulidad de las dos
resoluciones mencionadas, y declaró que, por favorabilidad, el señor Arango
Galindo tenía derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de
Santiago de Cali.
Señaló que el Consejo de Estado indicó que la pensión de vejez y la pensión de
jubilación eran incompatibles, «puesto que el sistema pensional no permite que se
acceda a una segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado,
por lo que resulta intrascendente su origen como sí su finalidad».
Sostuvo que el Consejo de Estado, también ordenó a Colpensiones que
adelantara ante dicho municipio las actuaciones necesarias para que las
cotizaciones realizadas a esta administradora de pensiones financiaran la que
reconoció la entidad territorial y señaló que dicha entidad dejó de pagar las
mesadas a partir de marzo de esta vigencia.
1.4. Sustento de la vulneración
Advirtió que al momento en que la entidad lo demandó, estaba vigente una tesis
o línea jurisprudencial del Consejo de Estado que le permitía percibir la pensión
de vejez y la de jubilación simultáneamente. No obstante, afirmó que el alto
tribunal cambió esta tesis sin apartarse del precedente y señalar cómo debía
hacerlo, por lo que actualmente el actor solo percibía la pensión de jubilación
reconocida por el municipio de Cali.
Adicionó que ese desconocimiento del precedente se realizó sin transparencia y
carga argumentativa y adujo que a la fecha tiene un ingreso menos en su
patrimonio, lo que ha afectado sus finanzas y su capacidad de sufragar los gastos
con los que ha sustentado su existencia desde que empezó a percibir la prestación
de vejez, lo que afecta los costos destinados a la subsistencia.
Indicó que el tribunal citó varias sentencias del Consejo de Estado donde se
determinó la diferencia que existe entre una pensión de vejez y la de jubilación y
aclaró que la primera es financiada, por medio de aportes al sector privado, y la
segunda al sector público. En esa medida, las sentencias referenciadas, fueron
las siguientes:
i. Sentencia del 19 de febrero de 2015., Sección Segunda, rad., 0882-2013.
ii. Sentencia del 17 de abril de 2013., Sección Segunda, rad., 25000-23-25-
0002009-00274-01(2297-11).
iii. Sentencia del 1 de marzo de 2012., rad., 17001-23-31-000-2009-00102-
01 (0375-11).
iv. Sentencia del 22 de octubre de 2009., Sección Segunda, rad., 05001-23-
31-0002001-00423-01 (0262-08).
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v. Sentencia del 3 de abril de 1995., Procesos acumulados 5708, 5833 y
5937.
Agregó que las dos prestaciones pueden ser percibidas mientras no haya habido
en una de ellas recursos públicos y privados, lo cual, en este caso, no aconteció,
por lo que el tribunal concluyó que no se infringía la prohibición del artículo 128 de
la Constitución Política3.
Asimismo, indicó que el a quo también citó la sentencia de la Sección Segunda,
Subsección A, del 2 de mayo de 2013, con rad., 25000-23-25-000-2010-01157-
01(1742-12) y manifestó que la sala accionada en ninguna parte de su sentencia
discutió la línea jurisprudencial señalada por el juez de primer grado y tampoco,
mencionó que haya habido una indebida interpretación de dicha línea por parte
del tribunal.
Añadió que a pesar de la «ratio decidendi» expuesta en las distintas sentencias
del Consejo de Estado, la sala accionada, en este caso, dijo algo distinto a lo que
se sostenía y cambió su orientación, al señalar que en la providencia atacada que
no importaba el origen de la pensión sino solo su finalidad. También, agregó que
al final, el Estado termina financiando del erario las pensiones, temática que no
había sido considerada en el anterior precedente, razón por la que las dos
pensiones eran compatibles.
Resaltó que, por el contrario, el tribunal sostenía que el origen o fuente sí era lo
que importaba para determinar la compatibilidad de la pensión de vejez y
jubilación, mientras la primera estuviera conformada exclusivamente por aportes
al sector privado, como en este caso.
Adujo que, si la accionada quería sentar una nueva «ratio decidendi», debió
haberse separado del precedente que el alto tribunal había sentado, según las
pautas establecidas por la Corte Constitucional, lo que fue desatendido por la
accionada. Además, manifestó que al cambiar el precedente deben explicarse los
motivos por los cuales se separan de la línea anterior, para garantizar la
estabilidad jurídica y no convertirlo en un capricho, por lo que la autoridad
enjuiciada desatendió estas cargas.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 13 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al presidente de Colpensiones (demandado en el proceso
ordinario) y al alcalde de Cali (vinculado en dicho trámite).
3 Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la
ley.//Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.
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1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Municipio de Santiago de Cali
Manifestó que se oponía a todas las pretensiones formuladas por el tutelante, por
carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, pues este trámite cuestiona y
desconoce una decisión de fondo del Consejo de Estado.
Sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque se fundamenta en
apreciaciones subjetivas como son los cuestionamientos contra el operador
judicial, sin sustento legal y coherencia, lo que denota un actuar contra la
autonomía judicial y seguridad jurídica, pilares de la organización judicial.
Expresó que en este caso, no se advierte un quebrantamiento de los derechos
fundamentales alegados, debido a que se respetaron todas las garantías y
derechos inherentes al procedimiento cuestionado.
Indicó que no tuvo intervención alguna en los sucesos que motivaron esta acción,
por lo que solicitó su desvinculación al configurarse la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos guardan relación directa
con el despacho judicial enjuiciado. Además, añadió que en este caso no se
evidenció prueba alguna sobre un perjuicio irremediable, que requiera medidas
urgentes y graves que ameriten la protección impostergable de los derechos
alegados.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
En este caso, consideró que las pensiones reconocidas por el municipio de Cali y
por Colpensiones al tutelante son incompatibles, puesto que las dos tienen por
objeto cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de las prestaciones
tienen carácter tripartito, es decir, con aportes realizados por el empleado, su
empleador y con recursos de naturaleza pública, lo cual de conformidad con el
artículo 128 constitucional las hace incompatibles.
Indicó que Colpensiones acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones GNR103022 del
20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014, cuyo conocimiento
correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que en providencia del 10 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que cotejadas las prestaciones otorgadas por Colpensiones y
el municipio de Cali, observó que los aportes efectuados para la primera de ellas
fueron con ocasión de los servicios prestados en su totalidad en colegios e
instituciones educativas del sector privado, mientras que la segunda,
correspondían a tiempos de servicio como docente del sector oficial, lo cual las
hacia compatibles, pues son de origen y fuente de financiamiento diferente.
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Adujo que al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones en
contra de la anterior decisión, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 7 de noviembre de 2025, resolvió revocar el fallo de
primera instancia, por considerar que no existía tal compatibilidad entre la pensión
reconocida por el municipio de Cali y Colpensiones, pues si bien, en una y otro,
tienen como origen las cotizaciones en los sectores público y privado, lo cierto es
que son incompatibles.
Sostuvo que para arribar a dicha conclusión, la Sala realizó un estudio en torno a
la compatibilidad pensional y sobre el sistema de seguridad social creado por la
Ley 100 de 1993, a la luz de la prohibición contenida en el artículo 128
constitucional, lo cual conllevó a replantear la tesis que, de tiempo atrás, había
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación4 y de la Corte Suprema de
Justicia5 para concluir que dichas prestaciones son incompatibles con otras
asignaciones provenientes del tesoro público con independencia de su origen.
Expresó que se encontró que con la creación del sistema de seguridad y sus
reformas, la nación, en atención a la variación del IPC y el aumento del salario
mínimo, termina contribuyendo a la financiación parcial de las pensiones de los
colombianos, lo cual supone un componente de gasto público y, en tal sentido el
legislador buscó que al cubrir esas contingencias desapareciera la necesidad de
su protección sin desproteger los riesgos que ampara. De ahí que la regla del
sistema fuera la incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual riesgo, por
lo que resultaba intrascendente su origen.
Advirtió que constatadas las prestaciones otorgadas por el municipio de Cali y por
Colpensiones se encontró que el monto de la mesada reconocida por el ente
territorial resultaba más alto, por virtud del mandato de favorabilidad, por lo que se
dispuso que el tutelante tenía el derecho a optar por esta, razón por la cual se
ordenó a la administradora de pensiones, que, de acuerdo con su competencia,
adelantara ante el municipio las actuaciones pertinentes con el fin de que las
cotizaciones para pensión que efectuó el actor durante toda su vida laboral
financien la prestación.
Concluyó que, con fundamento en lo expuesto, no observaba vulneración de
derecho fundamental alguno, por el contrario, advierte que la solicitud de amparo
está encaminada a proponer un debate como si se tratara de una tercera instancia,
pues lo planteado en su petición ya fue considerado, controvertido y juzgado en el
escenario que correspondía, esto es, el del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que hace improcedente la tutela reclamada.
4 Entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 24 de marzo de 1983, rad., CE-SEC3-EXP1983-N959; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril de 1995, rad.,
5708, 5833 y 5937 (acumulados); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
del 1° de julio de 2021, rad., 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018); y del 22 de julio de
2021, rad., 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019); Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 5 de diciembre de 2022, rad., 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018).
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109.
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1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Subrayó que las pretensiones del señor Arango Galindo se orientan a dejar sin
efectos una sentencia judicial y Colpensiones dentro de sus funciones y
competencias no tiene esa facultad.
Mencionó que acceder a las pretensiones del actor invade la órbita del juez
ordinario y su autodominio, pero además excede sus competencias, en la medida
que no se probó una vulneración de los derechos fundamentales, ni la existencia
de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno.
Solicitó denegar la acción de tutela en su contra, pues los fundamentos de hecho
y de derecho sobre los cuales versa este caso, ya fueron objeto de estudio judicial,
por lo que, pidió declarar su improcedencia.
1.6.4. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Esta corporación no se pronunció en el presente trámite.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 806 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión Previa
El municipio de Santiago de Cali solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva. No obstante, esta petición será denegada por cuanto su
vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del presente
caso.
Esto, debido a que fue vinculado en el proceso dentro del cual se profirió la
sentencia a la cual la accionante le atribuye el presunto quebranto de sus derechos
fundamentales, así que su comparecencia resultaba necesaria para garantizar su
derecho de defensa y contradicción por cuanto podría verse afectada con la
decisión que se adopte en este asunto.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital, invocados por el señor Arango Galindo, con la providencia del 7 de
noviembre de 2025, que revocó la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023,
6 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
7
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por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda y i) declaró la incompatibilidad entre las pensiones que fueron
reconocidas al actor; ii) anuló las resoluciones, por medio de las cuales
Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez y, iii) declaró que, por
favorabilidad, el tutelante tenía derecho a la pensión de jubilación reconocida por
el municipio de Cali, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-23-33-000-2018-00370-00/01(1107-2024)
promovido por Colpensiones.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración7
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta
el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,
expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
8
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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
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legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
En el presente caso, la parte actora le atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital con la providencia
del 7 de noviembre de 2025, que revocó la sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda y i) declaró la incompatibilidad entre las pensiones
que fueron reconocidas al actor; ii) anuló las resoluciones, por medio de las cuales
Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez y, iii) declaró que, por
favorabilidad, el tutelante tenía derecho a la pensión de jubilación reconocida por
el municipio de Cali, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-23-33-000-2018-00370-00/01(1107-2024)
promovido por Colpensiones.
Frente a esta decisión, la parte actora afirmó en el escrito de tutela que el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, cambió la tesis que le permitía al
actor percibir la pensión de vejez y la de jubilación simultáneamente. También,
señaló que esta corporación cambió esta tesis sin apartarse del precedente con
los requisitos para hacerlo y como consecuencia, actualmente el tutelante solo
percibía la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Cali.
Adicionó que ese desconocimiento del precedente se realizó sin transparencia y
carga argumentativa y adujo que a la fecha tiene un ingreso menos en su
patrimonio, lo que afecta sus finanzas y su capacidad de sufragar los gastos con
los que ha sustentado su existencia desde que empezó a percibir la prestación de
vejez, lo que afecta los costos destinados a la subsistencia.
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Indicó que el a quo citó varias sentencias del Consejo de Estado donde se
determinó la diferencia que existe entre una pensión de vejez y la de jubilación y
aclaró que la primera es financiada, por medio de aportes al sector privado, y la
segunda al sector público. Referenció las siguientes decisiones: i) sentencia del
19 de febrero de 2015., Sección Segunda, rad., 0882-2013; ii) sentencia del 17 de
abril de 2013., Sección Segunda, rad., 25000-23-25- 0002009-00274-01(2297-
11); iii) Sentencia del 1 de marzo de 2012., rad., 17001-23-31-000-2009-00102-01
(0375-11); iv) Sentencia del 22 de octubre de 2009., Sección Segunda, rad.,
05001-23- 31-0002001-00423-01 (0262-08), y v) Sentencia del 3 de abril de 1995.,
Procesos acumulados 5708, 5833 y 5937.
Asimismo, advirtió que el a quo también citó la sentencia de la Sección Segunda,
Subsección A, del 2 de mayo de 2013, con rad., 25000-23-25-000-2010-01157-
01(1742-12) y manifestó que la sala accionada en ninguna parte de su sentencia
discutió la línea jurisprudencial señalada por el juez de primer grado y tampoco,
mencionó que haya habido una indebida interpretación de dicha línea por parte
del tribunal.
Añadió que a pesar de la «ratio decidendi» expuesta en las distintas sentencias
del Consejo de Estado, la sala accionada, en este caso, dijo algo distinto a lo que
se sostenía y cambió su orientación, al señalar que en la providencia atacada
importaba solo la finalidad de la prestación. También, agregó que al final, el Estado
termina financiando del erario las pensiones, temática que no había sido
considerada en el precedente anterior, razón por la que las dos pensiones eran
compatibles.
Del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que el reparo
consiste, en síntesis, en el desacuerdo por parte del señor Arango Galindo con la
decisión de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado en la
medida en que en dicha providencia determinó que las pensiones de jubilación y
vejez reconocidas por el municipio de Cali y Colpensiones, respectivamente, eran
incompatibles, puesto que el sistema pensional no permite que se acceda a una
segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que
resultaba intrascendente su origen.
Frente a esta censura se advierte que la providencia enjuiciada indicó que en
virtud del sistema tripartita de financiación de la seguridad social (trabajador,
empleador y Estado) según el cual los empleadores y trabajadores se encuentran
obligados a realizar cotizaciones en un porcentaje cada uno hasta completar un
100%, a efectos de realizar los pagos de la prestaciones reconocidas, pero a
efectos de realizar su pago, también debe acudirse, entre otras a «transferencias
de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios
nacionales» para completar su valor.
Según la decisión del Consejo de Estado, lo anterior en razón a que la Corte
Constitucional concluyó en la sentencia C-258 de 2013 que a partir del 1° de julio
de 2013 ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública,
podría superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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En esa línea, en la decisión cuestionada, la Sección Segunda, Subsección B de
esta corporación, sostuvo lo siguiente:
72. De acuerdo con lo anterior, se destaca el hecho de que, aun cuando la causa u
origen de la prestación reclamada y la que se encuentra devengando fuera
diferente en lo que respecta a la fuente de cotización, en su financiación sí
concurre el Estado en uno y otro caso, lo que la hace incompatible por virtud de lo
dispuesto en la norma Constitucional.
73. Ahora bien, el control de legalidad del acto demandado debe estudiarse bajo lo
dispuesto en el artículo 49.c del Decreto 758 de 1990, según el cual las pensiones
e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS [hoy Colpensiones] son
incompatibles, entre otras, con las demás pensiones y asignaciones del sector
público, «sin embargo, el beneficiario podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas» [se resalta].
Asimismo, para la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, en virtud
del mandato de favorabilidad, el demandado tiene derecho a optar por la pensión
de jubilación, puesto que el monto de la mesada pensional es el más alto; sin
embargo, en aras de propender por la estabilidad financiera del sistema de
pensiones, se ordenó a Colpensiones adelantar las gestiones tendientes a lograr
que los aportes efectuados a esa entidad financien la prestación del señor Arango
Galindo, que fue la reconocida por el municipio de Cali.
Por lo anterior, la sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante
desde el punto de vista constitucional, debido a que la discusión se circunscribe al
análisis normativo en el que se determinó que las pensiones de jubilación y vejez
reconocidas al actor, por el municipio de Cali y Colpensiones, respectivamente
eran incompatibles, puesto que el sistema pensional no permite que se acceda a
una segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que
resultaba intrascendente su origen, aspecto que fue abordado y zanjado por el
juez natural.
Del análisis realizado se observa que la parte actora simplemente manifiesta su
inconformidad con las conclusiones y lo resuelto por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado y lo que pretende es reabrir un debate que
se encuentra superado pues no cuentan con la carga argumentativa tendiente a
demostrar la grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un
desacuerdo con la interpretación dispuesta sobre la incompatibilidad de la pensión
de jubilación y vejez. Lo anterior, con el fin de que el juez de tutela reevalúe la
postura finalmente adoptada por la autoridad judicial accionada, circunstancia que
es improcedente.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.
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Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e impide
al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, a juicio de la parte
actora, la decisión sometida a discusión se apartó de la línea jurisprudencial
relacionada con que se le permitiera percibir la pensión de vejez y la de jubilación
simultáneamente, por lo que afirmó que el alto tribunal cambió esta tesis sin
transparencia y carga argumentativa, además de apartarse del precedente, sin
tener en cuenta las reglas establecidas.
Si bien la parte actora solo hizo referencias a varias decisiones de la Sección
Segunda, Subsección B, en criterio de la sala, el tutelante no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus
reproches están dirigidos a señalar que en dicho pronunciamiento no se tuvo en
cuenta la tesis o línea jurisprudencial del Consejo de Estado que le permitía
percibir la pensión de vejez y la de jubilación simultáneamente.
Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente,
la parte tutelante hizo referencia a varias decisiones del Consejo de Estado que el
a quo citó y manifestó que la sala accionada en ninguna parte de su sentencia
discutió la línea jurisprudencial señalada por el juez de primer grado y tampoco,
mencionó que haya habido una indebida interpretación de dicha línea por parte
del tribunal.
En esa medida, el accionante advirtió que el Consejo de Estado se apartó del
precedente. No obstante, en la decisión cuestionada la razón por la cual, el
Consejo de Estado replanteaba esa posición, en los siguientes términos:
34. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación9 y de la Corte
Suprema de Justicia10 de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado
por el Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador
9 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José
Jesús, Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937
(acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencias del 1° de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01
(3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01
(2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
10 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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de los dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la
compatibilidad debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del
empleador que efectuó las cotizaciones «pues muchas de ellas son
sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares», razón por la
cual deberá determinarse la calidad de quien realizó los aportes para
determinar si la prestación es pública o privada11; sin embargo, se hace
necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas prestaciones
son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público con
independencia de su origen.
Así las cosas, para la sala es claro que no se desarrolló de manera suficiente la
carga argumentativa que permita determinar la supuesta vulneración de las
garantías constitucionales impetradas. Igualmente, cabe señalar que la
enunciación de las providencias mencionadas no demuestra por sí misma la
transgresión a los derechos fundamentales de la accionante.
En tal medida, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a colación los
argumentos ya expuestos dentro del proceso ordinario, sino que es un medio
excepcionalísimo a través del cual se revalúan las decisiones que recaen en la
arbitrariedad, al sopesar los principios rectores de la autoridad judicial.
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en
la providencia objeto de reproche.
Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una
postura que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la
acción de tutela e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
11 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de julio de
2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y
del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5
de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández
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Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva del municipio de Santiago de Cali.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por el señor
Darío Alfonso Arango Galindo.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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