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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05328-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05328-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05328-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C. Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2017-05328-01 (1181-2026)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandada: Ana Victoria Ariza Arce
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho
Control:
Tema: Lesividad
Decisión: Sentencia - Segunda Instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por conducto de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
solicitando la nulidad de las siguientes resoluciones:

1 Expediente hibrido.

2 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 1 a 15.

2

Número Interno: 1181-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

1.1. Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), mediante la cual, la Caja de Previsión Social de
las Comunicaciones- CAPRECOM, reconoció una pensión de jubilación
a favor de la señora Ana Victoria Ariza.

1.2. Resolución No. 0366 del Diez (10) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), a través de la cual, la Caja de Previsión Social
de las Comunicaciones- CAPRECOM, aclaró que la fecha en la cual el
Fondo de Reserva Pensional de «CAPRECOM FONCAP» concurriría
en la cuota parte pensional, sería el Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil
Uno (2001).

1.3. Resolución No. 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil (2000), en que la
Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM,
reliquidó la pensión de jubilación de titularidad de la señora Ana Victoria
Ariza, aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de
Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos M/cte. ($
407.782), a partir del Primero de (1) de octubre de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997).

1.4. Resolución No. 0889 del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Nueve
(2009), por medio de la cual, la Caja de Previsión Social de las
Comunicaciones- CAPRECOM, modificó las Resoluciones Nos. 1945
del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)
y 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil (2000), a efectos de reliquidar,
reajustar y distribuir el valor de la concurrencia, en la liquidación de la
pensión de vejez percibida por la señora Ariza Arce.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se ordene a la
demandada, reintegrar retroactivamente y previa indexación, «las sumas
recibidas en exceso por concepto de la reliquidación de la pensión gracia
desde la fecha desde la que incluyó el exceso de pago injustificado y en lo
sucesivo, hasta cuando se verifique el pago» [sic]3.

3 Se transcribe bajo cita directa, incluso con los errores de redacción en que incurrió el apoderado.

3

Número Interno: 1181-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

3. Finalmente solicitó la indexación respecto de cada una de las mesadas
que disfrutó la demandada a la fecha de ejecutoria de la sentencia que decida
el medio de control, el pago de intereses en el escenario de incumplimiento de
la sentencia y se condene en costas a la demandada.

1.2. Hechos

4. Afirmó que, la demandada nació el Diecisiete (17) de mayo de Mil
Novecientos Cuarenta y Seis (1946), y laboró al servicio del Estado en los
siguientes periodos:

➢ En la Empresa Social del Estado – ESE, Hospital San Juan de Dios de
El Socorro- Santander, desde el Diecinueve (19) de enero de Mil
Novecientos Sesenta y Uno (1961) hasta el Treinta (30) de junio de Mil
Novecientos Sesenta y Seis (1966), en el cargo de «ayudante de
enfermería».

➢ En la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM,
desde el Siete (7) de febrero hasta el Treinta (30) de septiembre de Mil
Novecientos Setenta y Siete (1977).

5. Afirmó que, el último cargo que desempeñó fue el de «Técnico Auxiliar
II Seccional Bogotá D.C.».

6. Estableció que, por medio de la Resolución No. 1945 del Diez (10) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), la Caja de Previsión
Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, reconoció una pensión de
jubilación a favor de la señora Ana Victoria Ariza, en cuantía de Trescientos
Setenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Tres pesos con Cincuenta y Un
centavos M/cte. ($ 377.573,51), efectiva a partir de la fecha en que demostrara
su retiro del servicio oficial.

7. Sostuvo que, través de la Resolución No. 0366 del Diez (10) de marzo
de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), la citada entidad, aclaró que la
fecha en la cual, el Fondo de Reserva Pensional de «CAPRECOM FONCAP»,

4

Número Interno: 1181-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

concurriría en la cuota parte pensional, sería desde el Diecisiete (17) de mayo
de Dos Mil Uno (2001).

8. Indicó que, en la Resolución No. 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil
(2000), la entidad previsora, reliquidó la pensión de jubilación de titularidad de
la señora Ana Victoria Ariza, aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
en cuantía de Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos M/cte.
($ 407.782), a partir del Primero de (1) de octubre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997), fecha en que se acreditó el retiro del servicio.

9. Precisó que, en la Resolución No. 0889 del Veintiocho (28) de abril de
Dos Mil Nueve (2009), la caja de previsión, modificó las Resoluciones Nos.
1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)
y 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil (2000), a efectos de reliquidar,
reajustar y distribuir el valor de la concurrencia, en la liquidación de la pensión
de vejez percibida por la señora Ariza Arce, en cuantía de Cuatrocientos Trece
Mil Ochenta y Siete Pesos M/cte. ($ 413.087), a partir del Primero (1) de
octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), fecha en que la
demandante fue retirada del servicio.

10. Señaló que, a través de Auto No. ADP 012077 del Veintiséis (26) de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), el expediente prestacional de la
demandante, fue enviado a la Subdirección Jurídica Pensional – Área de
Lesividad, para el estudio «[…] de la compatibilidad de las dos pensiones de
conformidad con la petición presentada por el Ministerio de Hacienda».

1.3 Normas violadas y concepto de violación

11. La parte demandante invocó como normas vulneradas, las siguientes
disposiciones: Ley 28 de 1943; Ley 22 de 1945; Ley 33 de 1985; el artículo 36
de la Ley 100 de 1993; Decreto 2661 de 1060; Decreto 1111 de 1998; Decreto
1389 de 2013; la Convención Colectiva del Trabajo vigente para los años Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995) a Mil Novecientos Noventa y Ocho
(1998), frente a los empleados de la Caja de Previsión Social de las
Comunicaciones- CAPRECOM y la Adenda al Artículo No. 38.

5

Número Interno: 1181-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

12. Como concepto de violación, argumentó la infracción de las normas
previamente relacionadas, pues, de acuerdo con los medios de prueba 4, la
señora Ariza Arce nació el Diecisiete (17) de mayo de Mil Novecientos
Cuarenta y Seis (1946) y prestó sus servicios por Diecinueve (19) Años, Diez
(10) Meses y Veinticuatro (24) Días, en el «Ministerio de Comunicaciones Caja
de Previsión social de Comunicaciones “Caprecom Empleador» [sic].

13. Con base en lo anterior, señaló que, a la fecha de entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993, contaba con más de Treinta y Cinco (35) años de edad 5-
específicamente Cuarenta y Ocho (48) años- y tenía más de Quince (15) años
de servicios cotizados, por lo cual, se encontraba cobijada por el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

14. Expuso que, a la demandada le asistía el derecho a «ser beneficiaria
de la pensión de jubilación convencional, teniendo en cuenta que para la fecha
de su retiro, por presentación de la renuncia al cargo es decir el 30 de
septiembre de 1997 en la Caja de Previsión social de Comunicaciones
“Caprecom E.P.S, cumplía con los requisitos establecidos en el CAPÍTULO 3
de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO- Vigente para los años 1995-
1998, para los Empleados de CAPRECOM – EMPRESA INDUSRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO “ SINTRACAPRECOM y la ADDENDA AL
ARTÍCULO NO. 38 DE LA PRECITADA CONVENCIÓN COLECTIVA DE
TRABAJO (Numeral 2), toda vez que, al 1° de abril de 1994, fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad y
más de 15 años de servicio al Estado, razón que permite inferir válidamente
que se encontraba cobijada por el régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; Así mismo, laboró por un espacio de tiempo
de 25 años 4 meses y 6 días, sin necesidad de acreditar una edad específica,
cumpliendo de esta manera los requisitos exigidos en la norma en cita» [sic].

4 Al respecto relacionó la certificación emitida por el Jefe Departamental de Relaciones Laborales de

Sección de Recursos Humanos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Caja de Previsión Social
de Comunicaciones “Caprecom E.P.S” del Primero (1) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997), donde se estableció que laboró desde el Siete (7) de noviembre de Mil Novecientos Setenta y
Siete (1977) hasta el Treinta (30) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997). Además,
indicó que, fue retirada del servicio, previa renuncia que presentó el Doce (12) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), la cual se aceptó a través del Oficio No. RD.H. 0932, expedido en
los términos del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y que, el último cargo que ocupó fue el de Técnico
Auxiliar II de la Regional Bogotá.
5 Requisito exigido a las mujeres.

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Número Interno: 1181-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

15. Precisó que, la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones-
CAPRECOM, elaboró proyecto de resolución en el cual, estableció que,
enviaría copia al Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander,
Caprecom y Fondo Reserva Pensional de Caprecom, a fin de su aceptación;
asimismo, mediante Oficio No. 015194 de Veintiocho (28) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), se consultó al hospital en mención, para
que aceptara o rechazara la cuota parte correspondiente a los servicios
prestados por la señora Ariza Arce a dicha institución, entre el Diecinueve (19)
de enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) al Treinta (30) de junio de
Mil Novecientos Sesenta y Seis (1966), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2 de la Ley 33 de 1985.

16. Señaló que, el Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander,
mediante oficio No. DP-0450-97 del Veintiséis (26) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), aceptó el pago de la cuota parte, por la suma de
Ochenta Mil Ciento Veintiún Pesos con Cinco Centavos M/cte. ($ 80.121,05),
por lo cual, la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM,
procedió al reconocimiento de una «pensión de jubilación convencional» en
favor de la demandada, comoquiera que se acreditó que, laboró por espacio
superior a Veinticinco (25) años, sin acreditar el requisito de edad, bajo los
parámetros establecidos en la Convención Colectiva del Trabajo, vigente para
los años Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) y Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998), en cuantía equivalente al Setenta y Cinco por Ciento (75%) del
promedio del salario devengado en el último año de servicio.

2. Contestación de la demanda6

17. La señora Ana Victoria Ariza Arce, actuando por medio de curador Ad
Litem, se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda, para lo cual,
expuso los siguientes argumentos:

18. Sostuvo que, la señora Ariza Arce no fue convocada en debida forma al
medio de control, pues, debía ser vinculada en calidad de demandada, en sede

6 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 110 a 116.

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Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

del litis consorcio necesario comprendido por aquella y la Caja de Previsión
Social de las Comunicaciones, no obstante, su vinculación tuvo lugar como
tercera interesada, lo cual configura la excepción de inepta demanda.

19. Estableció que, no se demostró el presupuesto de legitimación en la
causa por pasiva frente a la demandada, pues, si bien los actos administrativos
enjuiciados integran la prestación pensional reconocida en su favor, no es
menos cierto que, estos fueron proferidos por la autoridad demandante, más
no por la señora Ariza Arce y, según lo determinó una de las pretensiones de
la demanda en su sentido literal, la pretensión de reintegro de los recursos
sufragados, estaría dirigida contra el señor «Héctor Mario Mejía», sin que las
pretensiones de la demanda se dirijan en su contra.

20. Indicó que, la entidad demandante no invocó y mucho menos acreditó
una de las causales de nulidad en que fundamentó sus pretensiones, en los
términos de los escenarios previstos por el inciso segundo del artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

21. Afirmó que, las pretensiones de restablecimiento del derecho
planteadas en contra de la demandada, orientadas a la devolución de
conceptos sufragados en su favor, no están llamadas a prosperar, pues, en
los términos del numeral 1° del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aquellas sumas
presuntamente reconocidas en exceso a la señora Ariza Arce bajo la
reliquidación pensional, fueron percibidas de buena fe.

22. Señaló que, la señora Ariza Arce es beneficiaria de la pensión de vejez,
bajo aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en sede del cual, es titular del derecho pensional bajo la Adenda
No. 38 de la Convención Colectiva «CAPRECOM “SINTRACAPRECOM” 1997
Y 1998», la cual, planteaba dos situaciones alternativas para los trabajadores
oficiales vinculados al Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Noventa
y Cuatro (1994), a efectos de causar el derecho a la pensión, como eran, el
cumplimiento de cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos al Estado o, el tiempo de servicio al Estado durante
veinticinco (25) años, sin consideración de la edad.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

23. Al respecto, sostuvo que, no era necesario verificar el requisito de edad
de la demandada al momento de reconocer el derecho pensional, pues, su
situación se encuadra en el segundo supuesto, cual es, el tiempo de prestación
del servicio por más de veinticinco (25) años, en los términos de la adenda
mencionada. Sobre este punto, indicó que, tampoco hay lugar a una indebida
liquidación de la prestación, pues, fue reconocida de conformidad con la
convención que le resultaba aplicable.

24. Finalmente, alegó las excepciones denominadas «falta de legitimación
en la causa por pasiva de la demandada […]», «inepta demanda […]», «no
comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios» y «cobro de lo
no debido».

3. Sentencia de primera instancia7

25. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.

26. Señaló que, el escrito de la demanda no siguió los presupuestos
previstos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la claridad y
precisión de las pretensiones, «si lo que pretendía demostrar era que la señora
Ariza Arce es beneficiaria de una segunda prestación pensional que
configuraba la incompatibilidad con la pensión reconocida por la extinta
CAPRECOM». Además, a partir de las manifestaciones que se realizaron en
el acápite de las pretensiones, señaló que, al parecer se trataba de una
pensión gracia y/o de una reliquidación reconocida de forma irregular, no
obstante, que, esta imprecisión constituyó uno los múltiples defectos de la
demanda.

27. Indicó que, ni en los hechos de la demanda ni en el concepto de
violación, se realizaba afirmación alguna frente a la incompatibilidad pensional,
pues, estos se limitaron a enlistar las novedades contenidas en la historia
laboral de la señora Ariza Arce y de los actos administrativos con los cuales

7 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 160 a 166.

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se reconoció el derecho; sin embargo, esas circunstancias no fueron objeto de
cuestionamiento pues, precisamente constituyen las actuaciones a cargo de
la caja de previsión.

28. Señaló que, no resultaba claro lo pretendido por la demandante y en
gracia de discusión, si su posición radicaba en demostrar la incompatibilidad
entre la pensión reconocida por la Caja de Previsión Social de las
Comunicaciones- CAPRECOM y aquella reconocida por la Fundación San
Juan de Dios (en liquidación), la entidad debió solicitar el decreto de pruebas
con el objeto de incorporar el expediente pensional, no obstante, ello no
ocurrió, pues, este extremo procesal se limitó a relacionar las pruebas
documentales que aportó.

29. Por otra parte, sostuvo que, a partir de los medios de prueba que obran
en el expediente, «lo que más se aproxima a una presunta incompatibilidad
con una pensión reconocida por la Fundación San Juan de Dios en Liquidación
es la cuota parte que se asignó al Hospital San Juan de Dios del Socorro
Santander, pero ello a la vez sería un desacierto, dado que son muchas las
instituciones hospitalarias que adoptaron en su razón social el nombre “San
Juan de Dios”, por lo que bien puede considerarse una confusión por parte de
la UGPP cuando encontró que en la pensión reconcomida a la señora Ariza
Arce concurría una Institución Hospitalaria con el nombre San Juan de Dios,
que en todo caso es diferente a la Fundación San Juan de Dios ubicado en la
ciudad de Bogotá».

30. Asimismo, señaló que, no podía considerarse que, la pensión
reconocida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones- CAPRECOM
a la señora Ariza Arce, resultara incompatible con la cuota parte a cargo del
Hospital San Juan de Dios del Socorro Santander «por cuanto las mismas
construyen el financiamiento de una sola prestación pensional, como se
expresa en los actos acusados».

31. Concluyó que, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos acusados, por lo cual, debían negarse las
pretensiones de la demanda.

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Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

4. El recurso de apelación8

32. El extremo procesal activo se opuso a la decisión de primera instancia,
indicando que, si bien, el A-quo de forma acertada determinó el contenido y
alcance de las pretensiones de la acción, pues, estableció que, se planteó una
incompatibilidad entre las prestaciones devengadas por la señora Ariza Arce,
erró al advertir la pluralidad de instituciones de salud denominadas «San Juan
de Dios» y la presunta indeterminación en que habría incurrido la entidad
demandante.

33. Lo anterior, lo justificó en que, en el expediente obran los actos
administrativos acusados, en los cuales, se estableció la naturaleza jurídica de
las instituciones públicas que concurrieron a la liquidación y pago de las
pensiones, sin que exista una indeterminación, pues, se identificó a la
Institución Hospitalaria San Juan de Dios de El Socorro- Santander.

34. Además, enfatizó en que, el juzgador registró entre los medios de
prueba, la certificación del Veinte (20) de noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), expedida por la Empresa Social del Estado San Juan
de Dios de El Socorro- Santander, entidad en que la señora Ariza Arce prestó
sus servicios, sin que exista duda sobre la naturaleza pública de la entidad, lo
cual, no justificaba la posición adoptada en primera instancia.

35. Al referirse al material probatorio existente, precisó que, con la demanda
se aportó una copia de la Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de
Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), a través de la cual la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones- CAPRECOM, reconoció una pensión mensual a la
señora Ariza Arce y, el oficio No. DP-0450-97 del Veintiocho (28) de junio de
Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), suscrito por el gerente de la Empresa
Social del Estado Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander, en que
se aceptó el pago de la cuota parte fijada por la caja de previsión cuando se
reconoció el derecho; medios de prueba, de acuerdo con los cuales, se
demuestra la incompatibilidad pensional, conforme lo planteó y pretendió en la
demanda.

8 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 170 a 173.

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36. Con base en lo anterior, solicitó se revoque la decisión de primera
instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

5. Pronunciamiento de la señora Ana Victoria Ariza Arce.

37. Mediante Curador Ad- Litem, la señora Ana Victoria Ariza Arce, se opuso
a los planteamientos expuestos por la entidad demandante en el recurso de
apelación, al establecer que, lo pretendido con el reproche, es trasladar la
deficiencia probatoria en que incurrió, con miras a que, oficiosamente el juez de
segunda instancia, analice el cargo asociado a la supuesta incompatibilidad
pensional. Lo anterior, al margen de la deficiencia argumentativa y probatoria en
que incurrió la parte demandante, respecto de aspectos como la calidad jurídica
de las instituciones que concurren a la liquidación y pago de la prestación.

38. Por otra parte, añadió que, la prestación fue reconocida a la señora
Ariza Arce de buena fe, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el
régimen aplicable, constituyendo un aspecto que, fue incluso afirmado por la
entidad demandante.

39. Finalmente, solicitó que, se confirme la decisión de primera instancia y se
condene en costas a la parte demandante.

6. Trámite en segunda instancia.

40. Con auto de Nueve (9) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, conforme a lo previsto en el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7. Concepto del Ministerio Público.

41. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de
Estado, rindió concepto, en que sostuvo que, no están llamados a prosperar
los cargos planteados por el apelante, pues, como lo determinó el juzgador de
primera instancia, la entidad demandante no desvirtuó la presunción de

9 SAMAI- Consecutivo No. 00005.

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Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

legalidad de los actos administrativos enjuiciados, habida cuenta que, no
aportó prueba alguna que acreditara la existencia de una segunda pensión, y
mucho menos se probó, la incompatibilidad pensional en que se fundamentó
la pretensión de nulidad, siendo del caso confirmar la sentencia de primera
instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

42. La Sala es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

i) ¿La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
acreditó la incompatibilidad pensional que alegó frente a las
prestaciones que percibiría simultáneamente la señora Ana Victoria
Ariza Arce y, en consecuencia, hay lugar a declarar la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados?

10 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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ii) De resultar positiva la respuesta al problema jurídico anterior, ¿hay
lugar a la devolución de los dineros pagados con ocasión de dicho
reconocimiento pensional?

44. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Circunstancias
probadas; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial11

2.3.1. Prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política.

45. El artículo 128 de la Constitución Política, previó lo siguiente: «Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las
entidades territoriales y el de las descentralizadas»

46. Por su parte, la Ley 4ª de 1992, en el artículo 19, señala la prohibición de recibir
más de una asignación que provenga del erario, así:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las
siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

11 Se acoge el marco normativo, establecido en esta Sala en sentencia de diecinueve (19) de junio de

dos mil veintiséis (2026), Consejero Ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, por identificarse
plenamente con el sub judice.
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

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e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.»

47. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133 de 199312, al
estudiar la exequibilidad de la normativa citada, sostuvo lo siguiente:

«(…) Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de
1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: "Nadie podrá recibir dos
sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las
leyes" (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos
obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los
empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de
sueldos.

Posteriormente se expidió el acto legislativo No. 1 de 1936 cuyo artículo 23
modificó el 64 de la Carta de 1886 en el sentido de cambiar el término "sueldo"
por el de "asignación" con el fin de incluir allí toda clase de remuneraciones,
emolumentos, honorarios, etc., que pudieren percibirse del erario público; amplió
el campo de cobertura de la disposición al extender su aplicación a las empresas
o instituciones en que tenga parte principal el Estado, y precisó el significado y
alcance de la expresión "tesoro público" en el sentido de comprender "el de la
nación, los departamentos y los municipios", dejando incólume la parte de la
norma que autorizaba a la ley para señalar excepciones a dicha regla general.

La citada norma, que rigió hasta la expedición de la nueva Carta Política, dispuso:

“Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. Entiéndese por tesoro público el de la
Nación, los departamentos y los municipios”.

12 Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.

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Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto
antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona
de desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio
correspondiente a las entidades descentralizadas (…)»

48. Así mismo, definió el alcance del término «asignación», así:

«(…) El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane
del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así,
bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la
citada Ley 4ª de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el
remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio
de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para
hacerlo. (…)»

2.3.2. Incompatibilidad entre las pensiones de vejez y jubilación.

49. El Decreto 3135 de 196813, en su artículo 31, estableció que:

«Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia de ellas»

50. A su turno, el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 88, reiteró la mencionada
incompatibilidad así:

«Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre
sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que
más le convenga económicamente»

51. Ciertamente, en el artículo 77 de la misma normativa, se determinó que «[e]l
disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas
oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de

13 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»

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1963»

52. Sobre el punto, la Subsección B, de la Sección Segunda de esta corporación, a
través de la sentencia del Doce (12) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
señaló que14:

«[…] No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación 15 y de la Corte
Suprema de Justicia16, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por
el Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que
efectuó las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros
provenientes de patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la
calidad de quien realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o
privada17; sin embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para
concluir que dichas prestaciones son incompatibles con otras asignaciones
provenientes del tesoro público con independencia de su origen.
[…]
Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado
para cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a
través del reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así
como propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un
sistema de pensiones.

No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las
reformas al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación
del pasivo pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver
problemas de racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la
Ley 344 de 1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797

14 Radicado:25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), de 12 de diciembre de 2023. MP Juan Enrique
Bedoya Escobar.
15Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús, Laverde
Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia
del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte
Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de julio de 2021, radicado
25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021,
radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-
33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995, expediente

7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de 2021,

radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio
de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado
05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009,
la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir
que, sobre la cobertura de las pensiones, la Nación en atención a la variación del
IPC y el aumento del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial
de las pensiones de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto
público.

En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la
necesidad de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la
incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el
accionante ya contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985
reconocida por el ISS; que como ambas tenían idéntica naturaleza y además
preservaban el mismo riesgo, no era viable cargar al sistema con esa condena.
Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador
de segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar
que bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de
vejez, independientemente del origen de los servicios prestados.
[…]
En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha
decantado, esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos
prestaciones de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad,
cuando provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo
contrario se entenderá que es inviable.

53. En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al ex
trabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual
sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la
Ley 100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon
constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos
prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez».

2.4. Circunstancias probadas.

18

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54. De acuerdo con los medios de prueba que obran en el plenario, se
encuentran acreditadas las siguientes circunstancias:

54.1. Obran copia de la cédula de ciudadanía18 y registro civil de nacimiento19
de la señora Ana Victoria Ariza Arce, en que se determinó que, nació el
Diecisiete (17) de mayo de Mil Novecientos Cuarenta y Seis (1946).

54.2. Según certificación del Veinte (20) de noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)20, expedida por la Empresa Social del Estado
Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander, la señora Ariza
Arce laboró al servicio de la institución, entre el Diecinueve (19) de
enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) y el Treinta (30) de
junio de Mil Novecientos Sesenta y Seis (1966), en el cargo
denominado «ayudante de enfermería».

54.3. A través de oficio No. 1413 del Tres (3) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997)21, la señora Ariza Arce solicitó a la Caja de
Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

54.4. Según certificación del Veinticuatro (24) de febrero de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997)22, expedida por la coordinadora del grupo de
orientación y «receptoria» de expedientes de la Caja de Previsión Social
de las Comunicaciones- CAPRECOM, la señora Ariza Arce no estaba
inscrita como pensionada por cuenta de la mencionada entidad.

54.5. Obra relación de tiempo de servicio, expedido el Diecisiete (17) de
marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)23, proferido por la
Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, en que
se identificó que, la señora Ariza Arce, prestó sus servicios a las
siguientes instituciones:

18 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 37 (reverso).
19 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 37 (anverso).
20 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 39.
21 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 36.
22 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 38 (reverso).

23 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 39 (reverso).

19

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Entidad Lapso Tiempo de servicio
Hospital San Juan de Dios Desde el 19 de enero de 5 Años, 5 Meses y 12
de El Socorro- Santander. 1961 hasta el 30 de junio Días
de 1966
Caja de Previsión de las Entre el 7 de febrero de 20 Años y 27 Días
Comunicaciones- 1977 y el 3 de marzo de
CAPRECOM 1997
Tiempo total de servicio 25 Años, 6 Meses y 9
Días

54.6. Mediante oficio No. 011601 del Veintiocho (28) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997)24, expedido por la jefe de la división
administrativa de prestaciones de la Caja de Previsión Social de las
Comunicaciones- CAPRECOM, se informó al Hospital San Juan de
Dios de El Socorro- Santander, que, bajo el proyecto de acto
administrativo de reconocimiento de la pensión de jubilación en favor de
la señora Ariza Arce, debía concurrir al pago de una cuota parte bajo
los servicios prestados en esa entidad.

54.7. Por medio de documento identificado con el radicado No. DRH 0932 25
[sin fecha] el director general de la Caja de Previsión Social de las
Comunicaciones- CAPRECOM, aceptó «la terminación del contrato de
trabajo, suscrito con fecha de 15 de abril de 1997, de acuerdo a lo
dispuesto en el literal d del decreto reglamentario 2127/45, es decir por
mutuo consentimiento del cargo de Técnico Auxiliar II de la Regional
Bogotá, con una asignación mensual de $ 410.400,oo, a partir del 1 de
octubre de 1997».

54.8. A través de oficio DP-0450-97 del Veintiocho (28) de julio de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997)26, el Gerente del Hospital San Juan
de Dios de El Socorro- Santander, informó a la Caja de Previsión Social
de las Comunicaciones que, aceptaba el pago de una cuota parte
pensional, por la suma de Ochenta Mil Ciento Veintiún Pesos con Cinco

24 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 42 (reverso).
25 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 49.

26 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 48 (reverso).

20

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Demandado: Ana Victoria Ariza Arce.

Centavos M/cte. ($ 80.121,05), respecto de la prestación a reconocerse
a la señora Ariza Arce.

Lo anterior, con base en los servicios prestados a dicha entidad, entre,
el Diecinueve (19) de enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961)
y el Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Sesenta y Seis (1966).

54.9. De acuerdo con la Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de
Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)27, la Caja de Previsión Social
de las Comunicaciones, reconoció una pensión mensual vitalicia de
jubilación a la señora Ana Victroria Ariza Arce, con efectividad a partir
de la fecha de retiro del servicio.

La financiación de dicha prestación se distribuyó en cuotas partes,
correspondiéndole al Hospital San Juan de Dios de El Socorro-
Santander, lo relativo a los servicios prestados entre el Diecinueve (19)
de enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) y el Treinta (30) de
junio de Mil Novecientos Sesenta y Seis (1966); y al Fondo de Reserva
Pensional de la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones –
CAPRECOM, las cotizaciones a partir del Primero (1) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994).

54.10. De acuerdo con documento de estudio de la pensión de jubilación,
identificado con No. RTS 111328, expedido por la Caja de Previsión
Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, la demandante prestó sus
servicios en los siguientes periodos y de acuerdo con las siguientes
vinculaciones:

Acto de vinculación Cargo Regional Lapso

Resolución No. 00198 del Auxiliar de Bogotá Del 7 de febrero
24 de enero de 1977 enfermería de 1977 al 15 de
junio de 1978
Resoluciones No. 01882 Ayudante grado 4 Bogotá Entre el 16 de
del 24 de mayo de 1978 y junio de 1978 y el
0110 del 1 de junio de 13 de marzo de
1978 1988

27 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 49 (reverso) a 51.

28 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 52 (reverso) y 53.

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Resolución No. 000748 Auxiliar de Bogotá Del 14 de marzo
del 14 de marzo de 1998 enfermería grado de 1988 al 31 de
7 enero de 1996
Resolución No. 00186 del Técnico auxiliar Bogotá Desde el 1 de
31 de enero de 1996 grado 5 febrero de 1996 al
14 de abril de
1997
Contrato de trabajo a Técnico auxiliar Bogotá Del 14 de abril al
término indefinido 15-04- grado 2 30 de septiembre
97 de 1997

54.11. Según hoja de liquidación de pensión de jubilación, expedida el
Veintitrés (23) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999)29, por la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones –
CAPRECOM, la señora Ana Victoria Ariza Arce, inició en la prestación
de sus servicios en dicha institución, el Siete (7) de febrero de Mil
Novecientos Setenta y Siete (1977) y se retiró el Treinta (30) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997).

54.12. Por medio de la Resolución No. 0366 del Diez (10) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999)30, se aclaró la Resolución No.
1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997), respecto de la fecha a partir de la cual, el Fondo de Reserva
Pensional de la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones –
FONCAP CAPRECOM, concurriría en la cuota parte pensional frente a
ciertos pensionados. Para el caso de la señora Ana Victoria Ariza Arce,
se definió desde el Diecisiete (17) de noviembre de Dos Mil Uno (2001),
pues en dicha fecha cumplió Cincuenta y Cinco (55) años de edad, en
aplicación de los requisitos establecidos por la Ley 33 de 1985.

54.13. A través de la Resolución No. 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil
(2000)31, la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones-
CAPRECOM, reliquidó la pensión, en cuantía de Cuatrocientos Siete
Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M/cte. ($ 407.781), con efectividad
desde el Primero (1) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997).

29 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 58.
30 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 55 (reverso) a 57.

31 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 60 (reverso) a 62 (reverso).

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54.14. Por medio de la Resolución No. 889 del Veintiocho (28) de abril de Dos
Mil Nueve (2009)32, la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones-
CAPRECOM, por una parte, redistribuyó las cuotas partes pensionales
y, por otra, reliquidó la pensión incrementando su cuantía en
Cuatrocientos Trece Mil Ochenta y Siete Pesos M/cte. ($ 413.087), con
efectividad desde el Primero (1) de octubre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997).

54.15. Según certificado emitido el Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017)33, por el Fondo Nacional de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional- FOPEP, la señora Ariza Arce devenga una pensión de
jubilación que le fue reconocida mediante acto administrativo expedido
el Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997),
efectiva a partir del Primero (1) de octubre de dicho año y a cargo de la
Caja de Previsión Social de las Comunicaciones CAPRECOM, cuya
cuantía, para la fecha de expedición del certificado era de Un Millón
Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos con
Treinta y Ocho Centavos ($ 1.450.264,38).

2.4. Caso concreto

55. A manera de preámbulo, la Sala anticipa que, confirmará la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, comoquiera que,
al margen de concretarse la incompatibilidad, entre prestaciones pensionales
que permita realizar un estudio en dicho sentido, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social- UGPP, no identificó y mucho menos acreditó, cuál era la prestación
paralela a la pensión de jubilación percibida por la demandada34, pues, desde
los escenarios argumentativo y probatorio, se limitó a definir la existencia de
una cuota parte pensional35, mecanismo, que, por sí mismo, no es constitutivo

32 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folios 94 a 98.
33 Expediente físico. Cuaderno de primera instancia. Folio 34.

34 Cuyo reconocimiento se ordenó bajo la Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997) y que fue reliquidada mediante la Resolución No. 1001 del Cinco
(5) de julio del Dos Mil (2000).
35 La cuota parte pensional fue establecida mediante la Resolución No. 0366 del Diez (10) de marzo de
Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

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de una segunda prestación, en sede de la cual, se pueda advertir la existencia
de una incompatibilidad entre pensiones.

56. En el sub judice, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que, la demanda instaurada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, en orden a demostrar la presunta incompatibilidad en que se hallaría
incursa la señora Ariza Arce, adolecía de imprecisión frente a los hechos y
pretensiones, lo cual, impedía estudiar el objeto de la litis; y, de considerarse
que, la pensión reconocida por la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones- CAPRECOM, resulte incompatible con la cuota parte a cargo
del Hospital San Juan de Dios del Socorro- Santander, tal aspecto no se
enmarcaba en la figura pues, era la vía de financiación de la prestación.

57. Inconforme con la decisión, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, insistió en que, en el asunto se configura una incompatibilidad
pensional, la cual, yace del reconocimiento prestacional efectuado por la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones- CAPRECOM, a través de la
Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997) y, conforme a lo establecido en el oficio No. DP-0450-97 del
Veintiocho (28) de junio de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), suscrito
por el gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de
El Socorro- Santander, última entidad que se identificó plenamente.

58. Al revisar el escrito de la demanda, la Sala encuentra que, el objeto de
los actos administrativos cuya nulidad pretende la entidad demandante36, está

36 En cuanto a la legitimación en la causa por activa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, a efectos de promover el medio
de control, considerando que, los actos administrativos enjuiciados fueron expedidos por la Caja Nacional
de Previsión Social. Es necesario señalar que, ante la supresión de la entidad previsora y, conforme a lo
establecido en los Decretos 2169 de 2009 y 4107 de 2011, le correspondía a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, como
sucesora de los derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen de pensional
de la caja previsora, asumir las acciones judiciales, respecto de las prestaciones previamente
reconocidas por la entidad objeto de supresión y liquidación. De ahí que, en el presente asunto, se
encuentre satisfecho el presupuesto procesal, al margen de que el acto objeto de control lo hubiese
proferido una entidad diferente a la cual ahora funge como demandante.

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integrado, por el acto de reconocimiento pensional37, el acto que aclaró la
fecha en que el Fondo de Reserva de la caja de previsión concurriría al pago
de la cuota parte pensional38, el acto de reliquidación pensional39 y el acto que
ajustó la concurrencia en la financiación de la prestación reconocida40.

59. En línea de dichas pretensiones, la entidad demandante al exponer el
supuesto fáctico, limitó sus afirmaciones a establecer los periodos de
prestación de servicios de la señora Ariza Arce, e identificar el objeto de los
actos administrativos cuya nulidad pretende.

60. En lo que corresponde al concepto de violación, en un apartado expuso
los requisitos que satisface la señora Ariza Arce, frente al régimen pensional
que le es aplicable y, por otro lado, expuso las actuaciones circunscritas en
torno a la distribución de entidades que concurrieron a la financiación de la
pensión de jubilación.

61. Posteriormente, con los alegatos de conclusión presentados por la parte
demandante en primera instancia, se identificó el contenido del oficio No.
201780011329812, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
según el cual, «[…] consultadas las bases de datos del sistema de Bonos
Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encontró que,
además de la prestación otorgada por la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE
COMUNICACIONES la señora ANA VICTORIA ARIZA ARCE C.C. 41.388.638
se encuentra incluida en la nómina de pensionados de la FUNDACION SAN
JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION, la cual está a cargo de la Nación -
Ministerio de Hacienda y Crédito Público […]».

62. En clave de la decisión del primer problema jurídico, a partir de la tesis
expuesta por la parte demandante, de cara a los medios de prueba que obran
en el expediente, está demostrado que, la señora Ana Victoria Ariza Arce,
disfruta de una pensión vitalicia de jubilación, que le fue reconocida por la Caja

37 Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), expedida

por la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM.
38 Resolución No. 0366 del Diez (10) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) proferida por

la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM.
39 Resolución No. 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil (2000), proferido por la Caja de Previsión Social

de las Comunicaciones- CAPRECOM.
40 Resolución No. 0889 del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Nueve (2009), expedida por la Caja de

Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM.

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de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, mediante la
Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997); prestación que estaría sujeta a la fecha de retiro del servicio y
sería sufragada por dicha entidad, con base en cuotas partes que estarían
distribuidas entre el Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander, la
Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM y el Fondo de
Reserva Pensional de la caja de previsión, distribución que se fundamentó en
los tiempos de servicio y acreencias percibidas.

63. En línea con lo anterior, bajo la Resolución No. 0366 del Diez (10) de
marzo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), la citada caja de previsión,
determinó el Diecisiete (17) de noviembre de Dos Mil Uno (2001), como la
fecha, a partir de la cual, el Fondo de Reserva Pensional de la Caja de
Previsión Social de las Comunicaciones – FONCAP CAPRECOM concurriría
al pago de la cuota parte pensional; seguidamente, a través de la Resolución
No. 1001 del Cinco (5) de julio del Dos Mil (2000), reliquidó la prestación ya
reconocida a la señora Ariza Arce y, mediante Resolución No. 889 del
Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Nueve (2009), reliquidó, reajustó y
distribuyó el valor de la concurrencia en las liquidaciones de la pensión
reconocida, conforme los actos previamente citados.

64. Con base en los medios probatorios previamente referenciados,
contrario a lo expuesto por el apoderado de la parte demandante en la alzada,
no se encuentra que, la señora Ariza Arce perciba una contraprestación
pensional de forma simultánea, diferente a aquella que fue reconocida en
virtud de la Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), sin que, resulte procedente estudiar la
incompatibilidad pensional derivada del artículo 128 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 4 de 1992.

65. Sobre este punto, se debe indicar que, al margen de lo indicado por el
apelante, los medios probatorios correspondientes a la Resolución No. 1945
del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997),
expedida por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones- CAPRECOM y,
el oficio No. DP-0450-97 del Veintiocho (28) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), suscrito por el gerente de la Empresa Social del

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Estado Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander, no derivaron en
el reconocimiento de dos prestaciones diferentes en favor de la señora Ariza
Arce.

66. En suma, se debe recordar que, la naturaleza jurídica41 de la cuota parte
pensional, permite advertir que, este instrumento, lejos de constituir una fuente
prestacional, emerge como un instrumento de contribución en la financiación
de las pensiones, orientado a garantizar su pago total, previa distribución en
los conceptos que integran la prestación de que es titular el beneficiario
respectivo; por tanto, a partir de la naturaleza jurídica del instrumento de la
cuota parte pensional, se descarta que, se erigiera como una fuente
prestacional autónoma y diferenciada en relación, con la pensión de jubilación
de titularidad de la demandada.

67. Lo anterior, pues si bien la resolución en cita reconoció una pensión de
jubilación vitalicia en favor de aquella, por medio del oficio en referencia, el
Hospital San Juan de Dios de El Socorro- Santander, se limitó a la aceptación
de la cuota parte pensional que sería reconocida por la Caja de Previsión
Social de las Comunicaciones- CAPRECOM, en cuantía de Ochenta Mil Ciento
Veintiún Pesos con Cinco Centavos M/cte. ($ 81.121,05), dejando en claro
que, la caja de previsión debía remitirle copia de la resolución contentiva del
reconocimiento e información correspondiente a la forma en que debía
sufragar la cuota parte que le correspondía.

68. En este orden de ideas, se desvirtúa el reparo del apelante orientado
sobre la existencia de pruebas que permitiera definir la incompatibilidad
pensional propuesta en la demanda. Sobre este aspecto, la Sala echa de
menos, la precisión que es predicable de los hechos de la demanda, pues,
correspondía identificar a la parte demandante con claridad los instrumentos
que originaban el reconocimiento pensional simultáneo que alegó.

69. Ahora, respecto del argumento expuesto por el demandante en los
alegatos de conclusión, conforme al cual, según el oficio No.
201780011329812, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

41 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 5 de febrero de 2026. Radicado
interno No. 7271-2023. CP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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se advertiría la concurrencia de prestaciones pensionales reconocidas por la
Caja de Previsión Social de las Comunicaciones- CAPRECOM y la Fundación
San Juan de Dios (en liquidación), muy a pesar de identificarse nominalmente
a las entidades en el medio de prueba, en el asunto no obra prueba del
reconocimiento de la prestación frente a esta última institución, de ahí que, no
haya lugar a desarrollar el análisis de incompatibilidad pensional.

70. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, no logró demostrar que, la señora Ana Victoria Ariza Arce,
hubiese percibido una contraprestación pensional diferente y simultánea,
respecto de aquella pensión de jubilación que le fue reconocida mediante la
Resolución No. 1945 del Diez (10) de septiembre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997), y que fue sujeta a reliquidación y distribución con posterioridad;
por tanto, no hay lugar a efectuar el análisis en sede de la incompatibilidad
pensional, por lo cual, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

2.5 Conclusión

71. En el sub judice, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, pues, no aparece demostrado que,
la señora Ana Victoria Ariza Arce, hubiese percibido una pensión simultánea
respecto de aquella reconocida bajo la Resolución No. 1945 del Diez (10) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), de ahí que, no resulte
procedente al análisis de la incompatibilidad pensional, pretendido por la parte
demandante.

2.6 Condena en costas

72. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintitrés (23) de
febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Subsección A, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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