Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00056-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruíz de Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Compatibilidad pensional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 6 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta,
Sala Sexta Oral, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Irene Ruiz de Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 024440 del 9 de junio de 2017 y
RDP 035139 del 11 de septiembre de 2017, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 le negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación y
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
de la indexación de la primera mesada.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 1º de
enero de 2015, con el 75% de los factores «sueldo, Reajuste Sueldo, P.Servicios, Reaj.
P. Servicios, P. Técnica, P. Vacaciones, P. Navidad, Bonif» (sic); ii) la indexación prevista
en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y de los reajustes previstos en los
artículos 1º de la Ley 71 de 1988 y 14 de la Ley 100 de 1993; iii) la actualización de
todas las mesadas pensionales reliquidadas según lo dispuesto por el DANE; iv) la
condena en costas; y v) el pago de los intereses moratorios en virtud de lo
establecido en el artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Irene Ruiz de Gómez nació el 18 de junio de 1946. Prestó sus servicios en el
Hospital Departamental de Villavicencio [Meta] desde el 22 de abril de 1975 hasta
el 31 de diciembre de 2014, en ejercicio del cargo de médico especialista. En ese
sentido, el 30 de junio de 1995 [fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993] contaba con más de 20 años de servicio, por lo que era beneficiaria del
régimen de transición.
3.2. Asimismo, de manera simultánea prestó sus servicios desde el 24 de marzo de
1980 hasta el 30 de enero de 2003, en turnos de 4 horas. Contaba con más de 20
años de servicio al estado con cotizaciones en diferentes entidades, de las cuales,
la mayor parte se efectuaron en la Caja Nacional de Previsión Social3 cuya sucesora
procesal fue la Ugpp [Decreto 2709 de 1994, artículo 10].
3.3. Mediante la Resolución 00302 del 27 de febrero de 2002, el Instituto de Seguros
Sociales4 en calidad de patrono le reconoció la pensión de vejez convencional, a
partir del 1º de febrero de 2003, por $2’367.233.
3.4. Por medio de la Resolución 033782 de 2006, «cuando […] cumplió requisitos para
la pensión de vejez, el Instituto de Seguro Social en calidad de Asegurador reconoció la
pensión compartida con el ISS patrono en cuantía de $1’407.509 a partir del 1º de febrero
de 2003».
3.5. El 29 de marzo de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
3 En adelante Cajanal.
4 En adelante el ISS.
2
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
jubilación en los términos previstos en la Ley 33 de 1985, es decir con el 75% de
todos los factores devengados durante el último año de servicio, el cual fue negado
por la Ugpp mediante la Resolución RDP 024440 del 9 de junio de 2017, con
fundamento en que la trabajadora ya contaba con una pensión compartida entre el
ISS patrono y el ISS asegurador.
3.6. La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 035139 del
11 de septiembre de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48, 53 y 153 de la Constitución Política;
Ley 33 de 1985, 19 de la Ley 4 de 1992, 13 y 151 de la Ley 100 de 1993; 27, del
Decreto 3135 de 1968; 73 del Decreto 1042 de 1978 y el Decreto 1045 de 1978.
5
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente :
5.1. La demandante cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985,
modificada por la Ley 62 de 1985, en razón a que en la fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993 [30 de junio de 1995], contaba con más de 20 años de servicio
y «55 años de edad», toda vez que ingresó el 22 de abril de 1975 en el Hospital de
Villavicencio para prestar sus servicios.
5.2. La prestación reclamada era compatible con la pensión de jubilación reconocida
por el ISS, toda vez que esta no tenía incidencia sobre el tiempo de servicio prestado
en el Hospital de Villavicencio, el cual no superaba las 4 horas diarias, en
concordancia con las excepciones a las incompatibilidades previstas para los
profesionales con título universitario que prestaran sus servicios hasta en dos
cargos públicos, siempre que el horario normal [8 horas], permitiera el ejercicio
regular de los cargos ostentados.
5.3. La entidad desconoció los derechos adquiridos que le asistían, toda vez que las
normas y precedentes permitían a los médicos devengar dos asignaciones
provenientes del tesoro público.
1.2. Contestación de la demanda
5
Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo del Meta, actuación denominada:
50001233300020180005600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202082804pm_
95e5b2033f2b45bfb026ba35f641750f.pdf(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones6 con fundamento en que
Irene Ruiz de Gómez prestó sus servicios en el Hospital Departamental de
Villavicencio entre el 22 de abril de 1975 y el 19 de septiembre de 1976 [508 días]
y entre el 15 de febrero de 1980 y el 30 de diciembre de 2014 [12556 días], y de
manera alterna trabajó en el ISS, por lo tanto esa entidad en calidad de patrono le
reconoció [a través de la Resolución 0032 del 27 de febrero de 2003] la pensión de
jubilación convencional a partir del 1º de febrero de 2003 por $2’222.963 y luego,
en calidad de asegurador, le reconoció [por medio de la Resolución 033782 del 30
de agosto de 2006] la pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2003, por
$1’407.509.
7. Durante el tiempo laborado en el Hospital Departamental de Villavicencio cotizó
entre el 22 de abril de 1975 y el 19 de septiembre de 1976, entre el 18 de febrero
de 1980 y el 30 de junio de 2009 a Cajanal, y entre el 1º de julio de 2009 y el 30 de
diciembre de 2014, con interrupción de 301 días, al ISS hoy Administradora
Colombiana de Pensiones7.
8. En consecuencia, existe una incompatibilidad pensional «si se tiene en cuenta que
la pensión convencional reconocida a la señora Ruiz de Gómez, tiene el carácter de
compartida con la que recibe en la actualidad por parte de […] Colpensiones».
9. Propuso las excepciones que denominó: i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; ii) imposibilidad de condena en costas; iii) prescripción
y iv) la genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, mediante sentencia
proferida el 6 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
se pronunció en estos términos8:
10.1. El ISS, en calidad de empleador, le reconoció a Irene Ruiz de Gómez la pensión
de jubilación compartida, mediante la Resolución 00302 del 27 de febrero de 2002,
por haber laborado en esa entidad durante 20 años en el cargo de médico
especialista grado 38 en la Clínica Carlos Hugo Estrada. El 30 de agosto de 2006
[Resolución 033782] el ISS, en calidad de asegurador, le reconoció la pensión de
6 Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo del Meta, actuación denominada:
50001233300020180005600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202082804p
m_95e5b2033f2b45bfb026ba35f641750f.pdf(.pdf) NroActua 2.
7 En adelante Colpensiones.
8 Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo del Meta, actuación denominada:
50001233300020180005600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202082804p
m_95e5b2033f2b45bfb026ba35f641750f.pdf(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
vejez por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, como beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior en virtud del
cargo ejercido como médico especialista grado 38.
10.2. Posteriormente, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, con fundamento en los aportes
realizados con ocasión de la vinculación que mantuvo con la E.S.E. Hospital
Departamental de Villavicencio desde el 23 de abril de 1975 hasta el 19 de
septiembre de 1976 y desde el 18 de febrero de 1980 hasta el 31 de diciembre de
2014, periodos en los cuales ejerció como servidora pública en los cargos de médico
consulta externa y médico especialista, de manera que las cotizaciones realizadas
también provinieron del desempeño de un cargo público, lo cual resultaba
incompatible.
10.3. En cuanto a la excepción prevista en los artículos 21 del Decreto Ley 1651 de
1977 y 32 del Decreto Ley 1042 de 1978 respecto de la prohibición establecida en
el artículo 128 de la Constitución Política, se refería a la posibilidad de ejercer dos
cargos públicos y recibir dos asignaciones salariales, no a la posibilidad de devengar
dos pensiones por los servicios profesionales prestados en dos cargos públicos.
10.4. Además, así la prestación solicitada estuviera prevista en un régimen pensional
[Ley 33 de 1985] promulgado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
no implica la eliminación de la incompatibilidad pensional, asimismo, aunque la
pensión tuvo una fuente normativa prevista previamente a la vigencia de la
Constitución Política, lo cierto es que el estatus pensional fue adquirido con
posterioridad, por cuanto Irene Ruiz de Gómez nació el 18 de junio de 1946, cumplió
55 años de edad en el año 2001, es decir en vigencia la Ley 100 de 1993.
10.5. En concordancia con el inciso primero del numeral 1 y el numeral 2 del artículo
365 del CGP, condenó en costas, toda vez que las pretensiones fueron resueltas
de manera desfavorable.
1.4. El recurso de apelación
11. Irene Ruiz de Gómez interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos9:
11.1. La sentencia impugnada pasó por alto las disposiciones previstas en el artículo
9
Índice 16 de Samai del Tribunal Administrativo del Meta,
denominada actuación
13_RECEPCIONRECURSOAPELACION_RECURSOAPELACIONSENT(.pdf) NroActua 16.
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
128 de la Constitución Política y en las leyes 33 y 62 1985, al omitir que la
demandante cumplía con los requisitos para acceder al reconocimiento pensional,
porque contaba con más de 20 años de servicio y más de 55 años de edad.
11.2. La profesional de la salud prestó sus servicios en el Hospital Departamental de
Villavicencio entre el 22 de abril de 1975 y el 31 de diciembre de 2014, en el cargo
de médico especialista, medio tiempo, es decir la jornada laboral no superaba las
66 horas, tal como lo autorizaba la Ley 4 de 1992, artículo 19, para que resultara
posible sumar las horas laboradas en otra entidad pública como el ISS.
11.3. Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [30 de junio de 1995], la
demandante contaba con más de 20 años de servicio, motivo por el cual había
adquirido el derecho pensional en los términos de la Ley 33 de 1985, de manera
que no le resultaban aplicables las prohibiciones previstas en la primera norma en
mención.
11.4. Asimismo «la Ley 269 de 1996 establece uno de los casos de excepción a la
prohibición contenida en el artículo 128 Constitucional, está referida específicamente al
personal asistencial que presta servicios de salud y que labora en más de una entidad
pública y el Legislador amplió la jornada laboral para personas con doble empleo, pero la
mantuvo en un límite máximo de 12 horas diarias y 66 semanales, con el propósito de
proteger la salud de los pacientes y de los empleados del sector salud».
11.5. Finalmente, las actuaciones desarrolladas en el presente asunto fueron
ejecutadas bajo la presunción de la buena fe, sin que resultara desvirtuada, toda
vez que estuvieron enfocadas en la garantía de los derechos laborales y de la
seguridad social, por tal motivo la condena en costas era improcedente. De
confirmar la decisión condenatoria se vulneraría el derecho al acceso a la justicia y
el principio de gratuidad.
1.5. Trámite en segunda instancia
12. En el escrito de apelación Irene Ruiz de Gómez solicitó que «con fundamento en
el Art. 213 haga uso del decreto de las pruebas de oficio necesarias, teniendo en cuenta
que estamos frente a derechos fundamentales como lo son los derechos pensionales de la
hoy demandante, quien es una persona de 77 años de edad», además indicó que fueron
solicitadas las certificaciones correspondientes al tiempo de servicio e intensidad
horaria de la profesional de la salud, para tal efecto, en principio, el Hospital
Departamental de Villavicencio respondió de manera parcial, pero en una segunda
oportunidad remitió la totalidad de los documentos requeridos, los cuales allegó con
el recurso.
6
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
12.1. El 24 de mayo de 2024, el Despacho incorporó como pruebas los documentos
allegados con el memorial del 11 de diciembre de 2023, obrante en el índice 4 de
Samai, Consejo de Estado.
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
13. En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, a las partes
les fue concedido un término de 10 días para presentar los alegatos, mediante auto
del 30 de octubre de 202410.
14. En consecuencia, Irene Ruiz de Gómez presentó memorial en el cual reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación11.
1.7. El Ministerio Público
15. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
16. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si existe compatibilidad entre la pensión
de jubilación previamente reconocida [Resolución 0032 de 2003] a la demandante
a cargo del ISS y la solicitada por vejez a la Ugpp?, en caso afirmativo, establecer
¿si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 33 de 1985?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Prohibición constitucional de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público
13
17. El artículo 64de la Constitución Política de 1886 preveía la prohibición de
recibir más de una erogación proveniente del erario. Sin embargo, con el fin de
10 Índice 21 de Samai, actuación denominada: 21Autoquecorre_70502023corretraslad(.pdf)
NroActua 21.
11 Índice 25 de Samai, actuación denominada: 23_MemorialWeb_Alegatos-
ALEGATOSCEIRENE(.pdf) NroActua 25.
12 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
13 «Artículo 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes».
7
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
determinar algunas excepciones, el gobierno nacional expidió el Decreto 1713 de
1960, así:
«Artículo 1.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas».
14
18. No obstante, las excepciones anteriores, el Decreto 3135 de 1968 estableció
una incompatibilidad para percibir más de una pensión. Así lo señaló la norma:
«ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son
incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia de ellas» [Se resalta].
19. De acuerdo con la norma transcrita, el beneficiario de una pensión no podía
acceder a otra, ya fuera de jubilación, invalidez o vejez, y en caso tal, tendría que
optar por aquella que le fuera más favorable. Así lo reiteró el artículo 88 del Decreto
1848 de 1969 que reglamentó la norma precitada y en el artículo 77 ibidem precisó
la aludida incompatibilidad, así:
«ARTÍCULO 77.- Incompatibilidades con el goce de la pensión. El disfrute de la
pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas
oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de
1963» [Se resalta].
20. Con posterioridad, la excepción a la regla prohibitiva de devengar doble
14
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
8
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asignación del erario se estableció en el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978 15, el
cual dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con
el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más
de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que
tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a
continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo.
b. Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el
ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no
exceda la remuneración total de los ministros del despacho.
c. Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de ministro
del despacho, jefe de departamento administrativo, viceministro, subjefe de
departamento administrativo, superintendente, secretario general de ministerio,
departamento administrativo o superintendencia, director general de establecimiento
público o de empresa industrial o comercial del Estado, secretario general de
establecimiento público, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la
respectiva carrera y secretario privado de los despachos de los funcionarios de que trata
este ordinal, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo percibido en el
cargo no exceda la remuneración fijada por la ley para los ministros del despacho.
d. Las que provengan de los honorarios percibidos por asistir en calidad de funcionario
a juntas o consejos directivos, sin que en ningún caso puedan percibirse honorarios por
la asistencia a más de dos de ellas.
e. Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro perciban antiguos miembros de las
Fuerzas Armadas, con el mismo limite señalado en el ordinal c) del presente artículo».
[Se resalta].
21. Ahora bien, para cubrir, entre otros, el riesgo ocasionado por invalidez, vejez y
muerte la Ley 90 de 194616 estableció el seguro social obligatorio y creó el ISS, con
el fin de administrar los recursos necesarios para cubrir las prestaciones que
15
Expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas
según la Ley 5 de 1978, «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones». Dicha norma se
encontraba vigente en el momento de ocurrencia de los hechos del presente asunto, toda vez que
solo fue derogado tácitamente solo hasta la expedición de la Ley 4 de 1992, artículo 19.
16
«Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales».
9
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
reconocía y, en tal sentido, fijó un sistema triple de contribución forzosa de los
asegurados, patronos y el Estado17. En cuanto a los aportes del Estado el artículo
31 del Decreto Ley 433 de 1971 modificó dicha forma de financiación, así:
«Artículo 31. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero, y [l]os servicios sociales que se llegaren a establecer, correspondientes a los
seguros sociales y los gastos de administración de los mismos, serán obtenidos así:
a). Mediante cotización que deberán pagar los trabajadores asalariados y todos los que
perciban retribución por los servicios prestados bajo la subordinación de otra persona,
siempre que no fueren ocasionales ni ajenos a la actividad de la empresa. La cotización
laboral se pagará sobre la remuneración total que por concepto de salario o de otras
retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba el trabajador en razón de tales
servicios. Esta cotización se destinará al financiamiento del Seguro social establecido en
beneficio de este grupo de asegurados;
b). Mediante cotización a cargo de la persona natural o jurídica a la cual o por cuya
cuenta el trabajador presta el servicio, que se pagará sobre la remuneración total que
por concepto de salario o de otras retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba
el trabajador en razón del servicio prestado. Esta cotización se destinará al
financiamiento del seguro social establecido en beneficio de los trabajadores
asalariados;
c). Mediante cotización sobre los ingresos de los trabajadores independientes y de los
autónomos o pequeños patronos que será pagada por éstos, siempre que tales ingresos
tuvieren carácter de regularidad o fueren controlables individualmente. Dicha cotización
será señalada de acuerdo con la capacidad económica de los respectivos sectores o
grupos d ella (sic) población económicamente activa, y se pagará en la forma y en la
cuantía que se determinen en atención a las prestaciones y servicios de los seguros
sociales que se otorguen al correspondiente grupo de población económicamente
activa.
17
«Artículo 16. ‹Modificado por el artículo 2 del Decreto 3850 de 1949. El nuevo texto es el siguiente›:
Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero, correspondientes a los
seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos serán obtenidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los
patronos y del Estado. Cuando a este último le corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la
mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no exceda de treinta mil
pesos ($ 30.000) o de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000), tratándose de empresas agrícolas o
mineras explotadoras de metales preciosos, el Estado podrá contribuir con una parte de la respectiva
cuota patronal, cuando sus circunstancias financieras lo permitan y el gobierno así lo determine
mediante decreto ejecutivo, previa consulta al Instituto Colombiano de seguros Sociales. En tal caso
la contribución del Estado será fijada entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%)
de la cuota patronal. Los aportes del Estado se financiarán en primer término, con los productos de
las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren suficientes, el Gobierno arbitrará
los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables.
Parágrafo. Cuando se trate de asegurados obligatorios, que tengan efectivamente más de cuatro
personas a su cargo, de aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las
prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta con la mitad del aporte que le
corresponda al Asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático-Actuarial, teniendo en
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste».
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Demandante: Irene Ruiz de Gómez
d). Mediante cotización sobre los ingresos globales o sobre la base económica relativa
a la naturaleza o a las condiciones de trabajo de los grupos de población
económicamente activa, cuyos medios de vida no tengan el carácter de periódicos ni
permanentes, cotización que se fijará de acuerdo con la capacidad económica del
respectivo grupo y en atención a los servicios de seguros sociales que se les otorgue.
e). el (sic) Estado contribuirá al financiamiento de los seguros sociales mediante un
aporte anual que se señalará en los presupuestos de renta y gastos de la Nación, en
proporción al costo total de las prestaciones y servicios de aquellos. El aporte del Estado
se aplicará a incrementar los fondos de solidaridad destinados a contribuir al
financiamiento de las prestaciones y servicios de los seguros sociales en beneficio de
los sectores de la población y de las zonas económicamente más débiles del país. El
aporte anual del estado para los programas de los seguros sociales no podrá ser inferior
a una cuarta parte del costo anual global de las prestaciones y servicios otorgados por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».
22. Por lo que se refiere a la fuente de financiación de las prestaciones que otorga
el régimen de los seguros sociales obligatorios, el artículo 17 del Decreto 1650 de
197718 distinguió sus orígenes, así:
«Articulo 17. De la financiación. Los recursos para la financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos,
de las cuantías y condiciones señaladas en los reglamentos generales, de las siguientes
fuentes:
a). Aportes exclusivos de los patronos o empleadores.
b). Aportes exclusivos de los trabajadores.
c). Aportes de unos y otros.
d). Aportes de los pensionados por invalidez y vejez.
e). Aportes de otros afiliados, según los reglamentos.
f). Impuestos o tasas específicas.
g). Transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y
de los territorios nacionales.
h). Rendimiento obtenido de la inversión de las reservas.
i). Ingresos derivados de la actividad encomendada a los organismos administradores.
j). Aportes provenientes de la extensión de los seguros a los sectores de población, y
k). Otros ingresos». [Resalta la Sala].
23. De manera que, si bien las pensiones reconocidas por el ISS eran pagadas, entre
otros, con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es
que estas prestaciones también se encuentran financiadas con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo
que, por su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público.
18
«Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
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24. Ahora bien, respecto de la compatibilidad de las pensiones e indemnizaciones
sustitutivas que cubría el ISS, esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de
199519 compartió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia 20 y por tanto
declaró la nulidad de los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1° de
febrero de 199021. Al respecto señaló:
«El artículo 49 del acuerdo 049 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se
refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele
simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una
indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (artículo
16, decreto 1650 de 1977), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque
mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han
contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás
derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos;
en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender
solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros
beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para
que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como
derechohabiente de otra persona ya fallecida.
Obsérvese que las prestaciones de vejez y de sobrevivientes no amparan el mismo
riesgo, pues las contingencias son diferentes y ese postulado lo recoge el inciso 2o. del
artículo 11 del tantas veces citado decreto 1650 de 1977 que establece que ‹para
determinar las cotizaciones y recaudar los aportes correspondientes, las contingencias
de que trata el artículo 3o. de este decreto se agrupan así: invalidez, vejez y muerte›.
Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 1994
señalo (sic):
‹... no puede el Instituto de Seguros Sociales a su amparo excusarse de reconocer una
de ellas, porque no se trata de cubrir dos veces el mismo riesgo sino de pagar las
prestaciones que amparan riesgos distintos, generados en una causa diferente y que por
esa sola razón no quedan comprendidos entre la incompatibilidad que eventualmente
podrían presentarse entre las pensiones de jubilación y de vejez de una misma persona,
las cuales si cubren el mismo riesgo y se conceden como contraprestación de los
servicios prestados por el afiliado.
La Sala Plena de Casación Laboral en la sentencia de 21 de mayo de 1991, en la que
se apoya la recurrente, tuvo la oportunidad de precisar la diversa naturaleza de las
pensiones antes mencionadas: la de sobrevivientes que ampara el estado de viudez y
orfandad y se adquiere por ministerio de la ley, que bajo determinadas condiciones hace
surgir un nuevo derecho en cabeza del cónyuge o compañero permanente, o de sus
demás beneficiarios dentro de un orden preestablecido, y la de vejez que cubre el riesgo
de la eventual pérdida de la capacidad para trabajar por razón de llegar el trabajador a
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia
del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro
Lecompte Luna.
20
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
Aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990.
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una edad avanzada, y la cual por ello se muestra como una contraprestación de los
servicios prestados por la persona y para la que contribuyó durante su vida laboral.
Diferencia -que así se dijo en el fallo- resulta de distinguir entre el carácter de
contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la
pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene
la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han
impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido
en el pasado, y lo es en el presente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni
siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón
de su viudez se le otorga y mantiene›. (Gaceta Judicial, Tomo CCX, página 614).
Y en cuanto a lo que atañe al ordinal b) del artículo 49 que se examina, debe decirse:
Recuérdese que en virtud de la ley 90 de 1946, artículo 16 se adoptó el sistema tripartito
para financiar los seguros que cubrirían el entonces ISS que consistía en aportes de los
trabajadores, empleadores y Estado. Más tarde, el decreto ley 433 de 1971, en cuanto
a aportes mensuales del Estado, se sustituyó por ‹un aporte anual que se señalará en
los presupuestos de rentas y gastos de la Nación›. Y al dictarse el decreto ley 1650
de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado, puesto que en su artículo
22 se dijo:
‹De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general,
maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el 67% de
la cotización total y los trabajadores el 33%.
La cotización para el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador›.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero de 1995
(expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.) ‹puede decirse entonces que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportarán asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que
éste otorgue provinieron del Tesoro Público›. La Sala comulga con tal apreciación. Se
trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente. La
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público›.
Y en cuanto al ordinal c) de tantas veces mencionado artículo 49 que se juzga debe
precisarse lo siguiente:
A) La ley 71 de 1988 en su artículo 1 estableció lo siguiente:
‹A partir de la vigencia de la presente ley los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces del orden
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nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los
Seguros Sociales tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas›.
Como se observa, se trata de una pensión conformada por aportes provenientes de
personas que han laborado consecutivamente al servicio de entidades privadas y de
entidades públicas y que sumados den el número de años señalados en la ley.
Resulta lógico entonces que no pueda concurrir la mencionada pensión por aportes de
que habla la citada Ley 71 de 1988 con las otras pensiones que cubra el ISS». [Resalta
la Sala].
25. Sin embargo, contrario a lo señalado en aquella oportunidad, el sistema tripartita
de financiación de las pensiones mantuvo su vigencia, pues es justamente a partir
de lo dispuesto en el literal g) del artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, que dispone
como una de las fuentes de financiación de las prestaciones y de los servicios que
corresponden a los seguros sociales obligatorios las transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales,
que debe entenderse la participación de los recursos del erario en el reconocimiento
de las pensiones.
26. En efecto, de la lectura de los artículos 17 y 22 del Decreto 1650 de 1977 que
determinaron el origen de los recursos y la forma de financiación de las
prestaciones, se advierte que una de las fuentes de financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serían
obtenidos de las transferencias de los presupuestos nacional, departamentales,
municipales y de los territorios nacionales. Además, el artículo 22 ibidem señala lo
siguiente.
«Artículo 22. De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de
enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o
empleadores aportarán el sesenta y siente por ciento de la cotización total y los
trabajadores el treinta y tres por ciento.
La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador».
27. Lo anterior permite concluir que se conservó el sistema tripartita de financiación
de la seguridad social (trabajador, empleador y Estado), pues lo cierto es que, pese
a que los empleadores y trabajadores estén obligados a realizar cotizaciones en un
porcentaje cada uno hasta completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de
las prestaciones reconocidas, debe acudirse, entre otras a las «transferencias de los
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presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales».
28. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición
contenida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 se mantuvo en los siguientes
términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas». [Resalta la Sala]
29. Enatención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992, estableció las siguientes
excepciones:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades». [Resalta la Sala].
30. Ahorabien, la Corte Constitucional22 al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo concluyó:
«si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.
22
Sentencia C-133 de 1993
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(…)
«El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma». [Resalta la Sala]
31. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, los honorarios recibidos por conceptos de
servicios profesionales de salud, y las que a la fecha de entrar en vigencia esa ley
beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.
23
32. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
24
Suprema de Justicia , de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó
las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de
patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada 25; sin
embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas
prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público con independencia de su origen.
23
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
24
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25
Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de
2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del
22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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2.2.2. Reconocimiento de las pensiones extralegales y compatibilidad con las
pensiones de origen legal antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
33. La Ley 90 de 194626 en su artículo 72 creó la subrogación legal de las pensiones
al reglar que «[l]as prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en
virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales
disposiciones hasta la fecha que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido
el aporte previo señalado para cada caso desde esa fecha empezaran a hacerse efectivos
los servicios aquí establecidos y dejaran de aplicarse aquellas disposiciones anteriores». A
su vez, en su artículo 76 dispuso que la pensión de vejez que regulaba reemplazaría
la de jubilación que existía antes y que estaba a cargo de los patronos.
34. En virtud de lo anterior, el Instituto de los Seguros Sociales expidió el Acuerdo
224 de 196627 que fue aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Este último en sus
artículos 60 y 61 reguló la subrogación por el ISS de la pensión de jubilación reglada
en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y de la pensión sanción, ambas
de origen legal. En ese sentido, se habilitó al ISS a asumir de forma progresiva las
pensiones de creación legal, lo que descartaba las que no lo fueran28.
35. Se estableció la denominada «compartibilidad pensional», según la cual los
empleadores que tenían a su cargo el pago de las pensiones de origen legal de sus
empleados podían seguir con las cotizaciones en su favor ante el ISS, de tal forma
que una vez completados los requisitos para acceder a la pensión de vejez este
asumiría el pago de la prestación social en lugar del empleador quien se vería
liberado de la obligación si no hay un mayor valor que pagar29.
36. Para el caso de las pensiones extralegales reconocidas por los empleadores en
virtud de convenciones colectivas, laudos arbitrales, de manera voluntaria u otra
fuente diferente de la ley, la compartibilidad pensional solo se reguló en el año 1985
a través del Acuerdo 029 aprobado por el Decreto 2879. Antes de esta normativa la
26
«Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales».
27
«Por el cual se expide el reglamento del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».
28
Así lo interpretó la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en sentencia SL16838-2016 del 16 de
noviembre de 2016, radicación: 62551 al indicar respeto del Decreto 3041 de 1966 que: «… bajo la
vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la
ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las
consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del
mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación (…) dejarán de estar a cargo de los
patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”».
29
Se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 12 de
septiembre de 2019. Radicación: 19001-23-33-000-2013-00357-01(1869-15). Actor: Fanny Caicedo
De Ramos.
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figura jurídica que aplicaba para este tipo de pensiones era la «compatibilidad
pensional» o no la compartibilidad, que permitía la coexistencia de tal prestación con
la pensión de vejez reconocida por el ISS, salvo que en el acto jurídico de origen se
hubiese pactado que cesaría el pago de la primera si el ISS reconocía la segunda 30.
37. Esto varió con el decreto aludido, que en su artículo 5 reguló que, a partir de la
fecha de su publicación (17 de octubre de 1985), los patronos inscritos en el Instituto
de Seguros Sociales que concedieran una pensión extralegal, seguirían con las
cotizaciones hasta que los trabajadores cumplieran con los requisitos para recibir la
pensión de vejez momento en el que «el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión
otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono».
38. A su vez, la normativa en su parágrafo 1 prescribió que «[l]o dispuesto en este
artículo no se aplicar[ía] cuando en la respectiva Convención Colectiva, Pacto Colectivo,
Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no ser[ía]n compartidas con el Instituto de Seguros», con
lo cual permitió la existencia de la compatibilidad por virtud de la voluntad de las
partes.
39. Con posterioridad se expidió el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049
de igual anualidad, normativa que en su artículo 18 mantuvo la misma regulación
que contenía el Decreto 2879 de 1985 en su artículo 5 y parágrafo, en relación con
las pensiones extralegales. Por tanto, a partir del 17 de octubre de 1985, respecto
de las pensiones extralegales aplica la figura de la compartibilidad de forma
automática por mandato legal, salvo que las partes acordaran lo contrario. Antes de
tal fecha, la regla general era la compatibilidad entre aquellas prestaciones, con la
posibilidad de que empleador y empleado pactaran la compartibilidad31.
2.3. Caso concreto
30
Corte Suprema de Justicia en sentencia del SL10171-2014.
La Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006 indicó que esta
figura «…implica que el pensionado tiene derecho a recibir integralmente dos - o más - pensiones:
la pensión extralegal y la pensión posteriormente reconocida por el I.S.S. En esta situación el
empleador reconoce una pensión de jubilación convencional o extralegal por un monto determinado
e inicia su pago. Sin embargo, el pensionado sigue cotizando ante el Instituto de Seguros Sociales
y una vez cumple con los requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la pensión de vejez. Dicha entidad
reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que la
pensión de jubilación reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el pensionado
tiene derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de pensiones compatibles».
31
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021.
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01102-01(4136-19). Actor: Administradora Colombiana de
Pensiones.
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Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
2.3.1. Hechos probados
40. En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado
lo siguiente:
40.1. Irene Ruiz de Gómez nació el 18 de junio de 194632 y se desempeñó entre el
22 de abril de 1975 y el 19 de septiembre de 1976, en el cargo de médico consulta
externa y entre el 18 de febrero de 1980 y el 31 de diciembre de 2014, en el cargo
de médico especialista, según la certificación suscrita por el profesional
especializado de la Unidad Funcional de Talento Humano del 9 de junio de 2016.
40.2. A través de la Resolución 328 de 1975 el director, la secretaria de dirección y
el jefe del servicio de salud del Hospital Regional de Villavicencio la nombraron
médico de consulta externa, por 4 horas, de esa entidad a partir del 22 de abril de
1975. Tomó posesión del cargo el 18 de junio de ese año, según el acta 0125.
40.3. Por medio de la Resolución 0224 de 1980 el director, el jefe administrativo y el
jefe del servicio de salud del Meta la nombraron médico especialista en
rehabilitación y fisiatría, por 6 horas, en el Hospital Regional de Villavicencio. Tomó
posesión del cargo el 18 de febrero de 1980, según el acta 028.
40.4. Mediante la Resolución 0032 de 2003, el ISS le reconoció una pensión de
jubilación por el servicio prestado desde el 24 de marzo de 1980 hasta el 30 de
enero de 2003 en esa entidad, en la Seccional Meta, a partir del 1º de febrero de
2003. En el referido acto se indicó lo siguiente «[e]l valor de la pensión reconocida […]
está a cargo del Instituto de Seguros Sociales, Seccional del Meta, Negocio IPS Clínica
Carlos Hugo Estrada Castro […] la pensión se pagará de la forma establecida en esta
Resolución hasta cuando el ISS Asegurador le reconozca a la señora Irene Ruiz de Gómez,
la pensión de vejez. A partir de este reconocimiento el ISS patrono solamente pagará la
diferencia que resulte de restar de la pensión de jubilación, la pensión de vejez, ajuste que
se producirá en forma automática en la nómina».
40.5. A través de la Resolución 033782 de 2006, el ISS resolvió la solicitud de
reconocimiento de la pensión por vejez presentada el 21 de julio de 2005, en cuanto
accedió a la petición en los siguientes términos:
«Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de
transición se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema general
de pensiones tenían 35 años la mujer o 40 años el hombre o 15 años de servicios
32
Según el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, vista en samai del tribunal, índice
2 de Samai del Tribunal Administrativo del Meta, actuación denominada:
50001233300020180005600_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202082804p
m_95e5b2033f2b45bfb026ba35f641750f.pdf(.pdf) NroActua 2, folios 10 y 11.
19
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
cotizados, para reconocer la pensión con la edad, tiempo y monto en él establecida. Que
el régimen aplicable en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años o más de
edad el hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas cotizadas en cualquier
época, para adquirir el derecho a la pensión, según lo dispuesto por el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Que en el caso
concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente indicadas para ser
beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de edad y semanas
exigidos para adquirir el pretendido derecho, razón por la cual se concluye que es
procedente acceder […]
PRIMERO. Reconocer una pensión por vejez […]
TERCERO. La mesada pensional de Septiembre y subsiguientes, se girarán al
asegurado a través del ISS entidad pagadora, con la respectiva pensión que viene
recibiendo del Instituto – Patrono y que tiene la calidad de compartida con la pensión
aquí concedida a partir del 2 de octubre de 2006».
40.6. El 27 de abril de 2012, el jefe de recursos humanos del ISS – Seccional Meta,
certificó que Irene Ruiz de Gómez trabajó en esa entidad en el cargo de médico
especialista, grado 38, durante 4 horas, desde el 24 de marzo de 1980 hasta el 30
de enero de 2003, en el Departamento de Clínicas Médicas (DCM) y en la Clínica
Carlos Hugo Estrada de Villavicencio.
40.7. Mediante la Resolución 0944 de 2014, el gerente del Hospital Departamental
de Villavicencio le aceptó la renuncia presentada al cargo de médico especialista, a
partir del 1º de enero de 2015.
40.8. El 29 de marzo de 2017, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, con
fundamento en el tiempo laborado en el Hospital Departamental de Villavicencio
entre el 22 de abril de 1975 y el 19 de septiembre de 1976 y entre el 18 de febrero
de 1980 y el 31 de diciembre de 2014, la cual fue negada por la Ugpp mediante la
Resolución RDP 024440 del 9 de junio de 2017, al encontrar que la prestación era
incompatible con la previamente reconocida por el ISS [actualmente Colpensiones],
decisión confirmada a través de la Resolución RDP 035139 del 1 de septiembre de
2017.
2.4. Análisis sustancial
41. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, negó las pretensiones de
la demanda porque consideró que la prestación reclamada era incompatible con la
reconocida y pagada por los servicios prestados al ISS.
42. Irene Ruiz de Gómez presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que
con la decisión apelada se vulneraron derechos adquiridos, puesto que para obtener
la pensión solo era necesario cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio
20
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
previstos en la Ley 33 de 1985. Además, comoquiera que en el periodo en que
prestó los servicios al ISS no existía impedimento constitucional de percibir dos
asignaciones provenientes del tesoro público.
42.1. Además, el servicio prestado en el Hospital Departamental de Villavicencio
entre el 22 de abril de 1975 y el 31 de diciembre de 2014, en el cargo de médico
especialista, medio tiempo, es decir la jornada laboral no superaba las 66 horas, tal
como lo autorizaba la Ley 4 de 1992, artículo 19, para que resultara posible sumar
las horas laboradas en otra entidad pública, como el ISS.
42.2. Asimismo «la Ley 269 de 1996 establece uno de los casos de excepción a la
prohibición contenida en el artículo 128 Constitucional, está referida específicamente al
personal asistencial que presta servicios de salud y que labora en más de una entidad
pública y el Legislador amplió la jornada laboral para personas con doble empleo, pero la
mantuvo en un límite máximo de 12 horas diarias y 66 semanales, con el propósito de
proteger la salud de los pacientes y de los empleados del sector salud».
43. Finalmente, las actuaciones desarrolladas en el presente asunto fueron
ejecutadas bajo la presunción de la buena fe, sin que resultara desvirtuada, toda
vez que estuvieron enfocadas en la garantía de los derechos laborales y de la
seguridad social, por tal motivo la condena en costas era improcedente. De
confirmar la decisión condenatoria se vulneraría el derecho al acceso a la justicia y
el principio de gratuidad
44. Alrespecto, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
encuentra que la competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a
declarar la nulidad de los actos demandados por cuanto las prestaciones
reconocidas por el ISS y las reclamadas a la Ugpp son compatibles y, de ser así,
determinar si le asiste el derecho a la pensión de acuerdo con lo previsto en la Ley
33 de 1985.
45. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que Irene
Ruiz de Gómez trabajó alrededor de 20 años como médico del ISS, por lo que esa
institución le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 1º de febrero de 2003,
mediante la Resolución 0032 de 2003. Posteriormente, a través de la Resolución
033782 de 2006, la Seccional Meta le reconoció una pensión de vejez, a partir del
2 de octubre de 2006, con carácter compartido con la prestación antes mencionada,
con fundamento en las 1137 semanas cotizadas, con una tasa de reemplazo del
81%.
46. Ciertamente, la Sala encuentra acertada la decisión de la Ugpp al considerar que
la prestación que actualmente devengaba y la solicitada eran incompatibles, en
21
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
razón a que ambas asignaciones provenían del erario.
47. En efecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, se encuentra que estas son incompatibles, puesto que cubren igual
contingencia a la reclamada, esto es, proporcionarle al extrabajador que cumple con
los requisitos lo necesario para subsistir. Lo anterior, toda vez que estas fueron
financiadas con recursos provenientes del erario, según lo previsto por el Decreto
1650 de 1977, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo que, por
su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes de la nación.
48. Lo anterior, por virtud del sistema tripartita de financiación de la seguridad social
[trabajador, empleador y Estado] según el cual los empleadores y trabajadores se
encuentran obligados a realizar cotizaciones en un porcentaje cada uno hasta
completar un 100%, a efecto de realizar los pagos de las prestaciones reconocidas,
pero para hacer su pago, también debe acudirse, entre otras a «transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales»33,
para completar su valor.
49. Así lo concluyó también la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013
al ordenar que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna mesada pensional, con cargo
a recursos de naturaleza pública, podría superar el tope de los 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, pues advirtió que «[l]a razón para su establecimiento
reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora
un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es,
el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los
recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes
sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con
recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró,
que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las
personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema» [se resalta].
50. En este punto, se precisa que el sistema pensional no permite acceder a una
segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, lo que permite advertir que ambas
pensiones son incompatibles por cubrir igual riesgo.
51. Aunado a lo anterior, se destaca el hecho de que, aun cuando la causa u origen
de la prestación reclamada y la que se encuentra devengando fuera diferente en lo
que respecta a la fuente de cotización, en su financiación sí concurre el Estado en
33
Sobre el particular, ver sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por la Subsección B de la
Sección segunda del Consejo de Estado. Radicación: 25000-23-42-000-2013-05975-01(1384-2017).
Actor: María Amparo Moncada Ruiz.
22
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
uno y otro caso, lo que la hace incompatible por virtud de lo dispuesto en la norma
Constitucional razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia.
52. Así las cosas, aunque sus servicios para el ISS lo fueran en calidad de servidora
pública, trabajadora oficial o «funcionaria de la seguridad social», lo cierto es que el
origen de las cotizaciones resultaba intrascendente, en tanto que, se insiste, el
Estado concurre a la financiación de la prestación. Al respecto, resulta necesario
señalar, que contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, en el periodo en que
prestó los servicios al ISS sí existía impedimento constitucional y legal que prohibía
percibir «más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o
instituciones en que tenga parte principal el Estado», tal y como se desprende de la
lectura de los artículos 64 de la Constitución de 1886 y 1 el Decreto 1713 de 1960.
53. Tampoco es posible afirmar que el tiempo en el que prestó sus servicios como
«funcionario de la seguridad social» del ISS le permitía acceder a otra pensión toda
vez que, de conformidad con el artículo 4734 del Decreto ley 1650 del 18 de julio de
197735 [vigente para la época durante la cual laboró en el ISS], esa entidad era un
establecimiento público del orden nacional, cuyos servidores, de acuerdo con los
artículos 5 del Decreto 3135 de 1968 y 236 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de
196937, eran empleados públicos.
54. Además, tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión aun
cuando se «abolió» el sistema de cotización tripartita de acuerdo con lo señalado en
el Decreto 1650 de 1977, el Estado sí concurría en la financiación de la pensión ya
reconocida, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del referido decreto que
dispuso que «para la financiación de las prestaciones y de los servicios que corresponden
a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos, de las cuantías y condiciones
señaladas en los reglamentos generales, de [entre otras las] Transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios
nacionales».
55. Ahora, aun cuando el régimen pensional del ISS y el reclamado a la Ugpp fuera
diferente, tal circunstancia no enerva la consideración sobre la incompatibilidad de
ambas prestaciones, esto es las pensiones de vejez, la que se encuentra
34
«DE LA NATURALEZA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. El Instituto Colombiano de
Seguros Sociales funcionará en adelante como establecimiento público con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social» [se resalta]
35
«Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
36
«Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales, son empleados públicos» [se resalta]
37
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
23
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
percibiendo y la que reclama, por las consideraciones hasta ahora expuestas.
56. Al respecto, no puede olvidarse que el Decreto 3135 de 1968, en su artículo 31,
prevé que «[l]as pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles
entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia de ellas». En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969, que reglamentó la
anterior norma, en su artículo 88 reiteró la mencionada incompatibilidad así: «[l]as
pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso
de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga
económicamente». Asimismo, se precisa que el artículo 77 del precitado Decreto
1848, específicamente, preceptuó que «[e]l disfrute de la pensión de jubilación es
incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho
público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta,
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del
servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto
1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963».
57. De otra parte, esta Sala no desconoce que el literal b) del artículo 32 del Decreto
1042 de 197838, estableció como excepción a la regla general de recibir más de una
asignación con cargo al erario, la de aquellas sumas «que provengan por profesionales
con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de
trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en
uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del despacho»; no obstante,
dicha exclusión solo aludió al ejercicio de 2 cargos públicos y no a la posibilidad de
percibir 2 pensiones.
58. Lo anterior es así, pues la literalidad de la norma está atada a la prohibición
según la cual «ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que
provenga del tesoro», lo que indica que la primera expresión resaltada se dirige a la
posibilidad que se tiene de ubicarse laboralmente en un cargo público, o del ejercicio
de la función pública; y la segunda, al derecho que le asiste por la labor desarrollada
en esos cargos. Para ilustrar de mejor manera la norma, a continuación, esta sala
se permite transcribir su contenido literal:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con
el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de
una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga
parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a
38
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
24
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo.
b. Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el
ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no
exceda la remuneración total de los ministros del despacho».
59. En efecto, es claro que la expresión asignación a que alude la norma es la
prevista por el artículo 13 del citado decreto, la cual estaría determinada por «sus
funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia
requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el presente
Decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel», lo cual indica que
corresponde al pago del salario por el trabajo ejercido en el empleo ocupado, esto
es, que está atado al ejercicio de la función pública, de acuerdo con el desempeño
de unas funciones previstas en la norma y la aptitud legal para ocupar el empleo.
60. De acuerdo con lo anterior, la excepción a la prohibición aludida está dirigida
exclusivamente a la posibilidad que tiene el trabajador de vincularse al servicio del
estado en dos cargos públicos, y no, a percibir dos pensiones que, como se ha
explicado son financiadas con recursos públicos.
61. Al respecto, no se desconoce que en algunos pronunciamientos de esta
corporación39, se ha considerado esta norma para habilitar al interesado a percibir
más de una pensión de jubilación luego de acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos i) que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular
de tales cargos; y ii) que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda
la remuneración total de los ministros del despacho; sin embargo, esta sala se ha
apartado de esa postura en las sentencias del 12 de diciembre de 2023 y del 24 de
octubre de 2024, en tanto que se ha considerado que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, en su financiación concurre el empleado,
el empleador y el Estado40 lo que impide considerar la posibilidad de acudir a esta
disposición por razón de la participación de los recursos públicos en su financiación.
62. Por último, en cuanto a la condena en costas, se advierte que en la providencia
39
Al respecto, se pueden consultar las providencias del 18 de septiembre de 2020, radicado 47001-
23-33-000-2014-00205-01 (3776-2015) y del 5 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-
03093-01 (2640-2017).
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017); y 24 de octubre de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2021-00707-01 (3332-2024).
25
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
apelada, el a quo, de manera restrictiva y con fundamento en el artículo 188 del
CPACA, condenó en costas a la demandante sin realizar un análisis de aspectos
relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo incurrir
la parte vencida, pese a que, para ello, debió tener certeza de la conducta
desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas; razón por la cual,
al no predicarse el mal proceder de la parte, se revocará la decisión del juez de
primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.4. Costas
63. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
64. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
65. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.
66. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
67. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
41
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
26
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
3. Conclusión
68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, tal y como lo dispuso el
a quo, no le corresponde a la Ugpp reconocer la pensión de vejez a Irene Ruiz de
Gómez, dada la incompatibilidad con la pensión de jubilación reconocida a su favor
con cargo al ISS [actualmente Colpensiones], puesto que las dos tienen por objeto
cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de las prestaciones tienen
carácter tripartito, es decir con aportes realizados por el empleado, su empleador y
con recursos de naturaleza pública.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 6 de abril de 2023
por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, en tanto condenó en costas
a la demandante y, en su lugar, no condenar en costas la primera instancia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 6 de abril de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Irene Ruiz de Gómez en contra de la Ugpp, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
27
Radicado:50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023)
Demandante: Irene Ruiz de Gómez
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
28
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