Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00485-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00485-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00485-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00485-02 (0991-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Demandado: Gilberto Ripoll Olmos
Vinculado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad – Compartibilidad pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
demandada, contra la sentencia del Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La entidad demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de: (i) la
Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece (2013),
mediante la cual, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones, en lo
sucesivo) ordenó la reliquidación de una pensión de vejez, sin carácter compartido
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal.
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Número Interno: 0991-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
con la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, en cuantía inicial de
$1.523.428 para el año Dos Mil Cuatro (2004), y actualizada al año Dos Mil Trece
(2013), en cuantía de $2.240.433, a favor del señor Gilberto Ripoll Olmos; (ii) y la
nulidad parcial de la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18) de
Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante la cual se dio cumplimiento al fallo
de tutela del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), proferido por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Turbaco, providencia que ordenó el pago de un retroactivo
a favor del señor Gilberto Ripoll Olmos, en cuantía de $174.918.240.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se estudie la pensión de
vejez de carácter compartido, como la liquidación de la misma hasta la fecha de
causación, y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la parte
demandada: (i) devolver lo pagado por concepto de retroactivo pensional, girado en
virtud de la Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece
(2013), en cuantía de $10.496.652; (ii) restituir lo pagado por concepto de pensión
de vejez a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados, hasta que se
ordene la suspensión del acto administrativo anterior, o se declare su nulidad; y (iii)
declarar que el demandado no tiene derecho al retroactivo reconocido y pagado,
con sujeción a lo dispuesto en la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18)
de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014); y (iv) la indexación y el pago de intereses.
1.2. Los hechos3
3. Narró que, el señor Gilberto Ripoll Olmos nació el Seis (6) de Noviembre de Mil
Novecientos Cuarenta y Cuatro (1944). Mediante la Resolución Núm. 2172 del
Primero (1º) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), la Empresa
de Servicios Públicos Distritales de Cartagena le reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación, en cuantía equivalente a $520.206, efectiva a partir del Treinta
(30) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994).
4. Agregó que, a través de la Resolución Núm. 1097 del Doce (12) de Julio de Dos
Mil Cinco (2005), el Instituto de Seguros Sociales – ISS negó el reconocimiento de
una pensión de vejez a favor del señor Ripoll Olmos, por no cumplir los requisitos.
5. Mediante la Resolución Núm. 17995 del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil
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Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
Diez (2010), la entidad le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez de
carácter compartida, en cuantía inicial de $1.532.691, efectiva a partir del Quince
(15) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), con un retroactivo total de $141.026.501, el
cual quedó en suspenso hasta tanto se determinara el responsable de su giro.
6. Expuso que, mediante la sentencia del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce
(2012), el Juzgado Primero (1º) Promiscuo de Turbaco, en sede de tutela, ordenó
al Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Colpensiones, el pago de un retroactivo
pensional a favor del demandado, entre otros accionantes, “de acuerdo con la ecuación
más favorable conforme al precedente jurisprudencial de la sentencia 30602 del 12 de diciembre de
2007 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ”. En dicho fallo de tutela, no
se condicionó el amparo a la iniciación de un proceso ante el juez competente.
7. Indicó que, a través de la Resolución Núm. GNR171654 del Cinco (5) de Julio de
Dos Mil Trece (2013), Colpensiones reliquidó la pensión de vejez reconocida a favor
del señor Ripoll Olmos, en cuantía equivalente a $1.523.428, efectiva a partir del
Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004). En la mencionada oportunidad, se
estableció que el señor Ripoll Olmos era beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, que para la liquidación de la
prestación reconocida, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 758 de
1990, aplicando una tasa del 90% al IBL.
8. Añadió que, el señor Ripoll Olmos instauró demanda ordinaria laboral, de la cual
conoció el Juzgado Sexto (6º) Laboral del Circuito de Cartagena, sede judicial que,
a través del fallo del Doce (12) de Julio de Dos Mil Trece (2013), ordenó a
Colpensiones reconocer a favor del demandado, una pensión especial de vejez (por
actividades de alto riesgo), en cuantía de $430.521, a partir del Seis (6) de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), junto con el retroactivo
pensional, e intereses moratorios sobre las mesadas dejadas de pagar. Sin
embargo, mediante la sentencia del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Catorce
(2014), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó la condena
impuesta a favor del señor Gilberto Ripoll Olmos.
9. Puntualizó que, mediante la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18) de
Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), dio cumplimiento al fallo de tutela referido en
precedencia, ordenando así el pago de un retroactivo por la suma de $174.918.240.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
En la misma resolución, solicitó la autorización al asegurado para revocar la
Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece (2013), “por
no encontrarse ajustada a derecho, toda vez que se reconoció un retroactivo en cuantía de
$10.831.452, sin tener en cuenta el carácter de pensión compartida”.
10. Refirió que, el señor Ripoll Olmos promovió incidente de desacato el Diecisiete
(17) de Enero de Dos Mil Catorce (2014) ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Turbaco, despacho que, según adujo, “moduló los efectos del fallo de única instancia de
fecha 6 de noviembre de 2012 y ordenó el pago de un retroactivo por la suma de $174.918.240”.
11. Resaltó que, mediante la Resolución Núm. GNR 54202 del Diecinueve (19) de
Febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), la entidad, en el seno del trámite incidental
(2014-00138-00), decidió no acceder a la solicitud de pago del retroactivo, “por cuanto
el giro del retroactivo producto del reconocimiento de pensión de vejez de carácter compartida, en
ningún caso corresponderá al pensionado, sino a la entidad jubilante (sic) ”.
12. A través de los Oficios BZ2016_1111559-0409225 del Dieciséis (16) de Febrero
y BZ2016_1111559-0444953 del Dieciocho (18) de Febrero de Dos Mil Dieciséis
(2016), la gerencia de reconocimiento de Colpensiones le solicitó autorización al
demandado para revocar la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18) de
Noviembre de Dos Mil Catorce (2014). Así, una vez verificados los sistemas de
información, adujo que dichos oficios fueron efectivamente entregados.
13. Destacó que, mediante la Resolución Núm. SUB 58204 del Diez (10) de Mayo
de Dos Mil Diecisiete (2017), Colpensiones remitió el expediente pensional a la
gerencia de defensa judicial, a efectos de adelantar la respectiva “acción de lesividad”.
14. Por último, afirmó que, transcurrido el término de un (1) mes, el señor Ripoll
Olmos no allegó la autorización deprecada para revocar los actos administrativos.
1.3. Concepto de la violación4
15. La entidad alegó que, los actos administrativos enjuiciados desconocen el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 758 de 2000 y el Decreto 813 de 1994.
4
Ibidem.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
16. En punto a la compartibilidad pensional, trajo a colación lo dispuesto en el
artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, el cual
señala que: “los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen
a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán
cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los
requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado”.
17. Explicó que, la compartibilidad pensional es un instrumento jurídico creado con
la finalidad de librar al empleador del pago de la pensión de jubilación que le
correspondía asumir como una prestación especial a favor del trabajador. Para el
efecto, el empleador queda obligado a efectuar las cotizaciones del caso a
Colpensiones, hasta que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a una
pensión de vejez en el régimen administrado por dicha entidad, trasladándole total
o parcialmente la obligación, y quedando a cargo del empleador únicamente el
mayor valor de la prestación no cubierto por la referida administradora.
18. Por otro lado, precisó que, el giro del retroactivo en pensiones compartidas, a
favor del empleador, procede cuando: (i) existe una pensión compartida entre un
empleador y la administradora del régimen de prima media; y (ii) el empleador es el
que reconoce las mesadas pensionales en su integridad, entre la fecha de
cumplimiento de los requisitos pensionales y la inclusión en nómina de pensionados.
En este punto, anotó que, el retroactivo que resulte del reconocimiento de la
pensión, le corresponde al empleador, “comoquiera que lo que se presenta es un pago
anticipado de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones por parte de la entidad jubilante que, para
evitarle un perjuicio al trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación cuando ya no
está a su cargo integralmente, por haber operado la subrogación por parte de Colpensiones (…) ”.
19. Reiteró las reglas para la causación y disfrute de una pensión con la expectativa
de compartibilidad, así: (i) la pensión deberá ser reconocida al cumplimiento de los
requisitos de edad y semanas cotizadas; (ii) no deberá exigirse el retiro del sistema
con el empleador jubilante, si solo figuran semanas cotizadas con este; y (iii) en
caso que el asegurado haya cotizado adicionalmente como trabajador dependiente
de otros empleadores, se seguirán las reglas establecidas en la Circular 01 de 2012.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
20. Con base en lo expuesto, arguyó que, el afiliado cumple con los parámetros
establecidos por la norma para la compatibilidad pensional. Aunado a ello, hizo
hincapié en que, mediante la Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio
de Dos Mil Trece (2013), Colpensiones ordenó reliquidar una pensión de vejez
ordinaria, girando un retroactivo pensional a favor del señor Ripoll Olmos, sin tener
en cuenta el carácter compartido de la prestación con la Empresa de Servicios
Públicos de Cartagena, por lo que, se contrarió el Decreto 758 de 1990.
21. Insistió en que, mediante la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18)
de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), la entidad, en cumplimiento del fallo de
tutela antes citado, ordenó el pago de un retroactivo a favor del señor Ripoll Olmos,
“sin tener en cuenta que, conforme a los parámetros de la C-2015 (sic), el giro del retroactivo
producto del reconocimiento de pensión de vejez de carácter compartida, en ningún caso
corresponderá al pensionado (…)”, como ocurrió en el caso de autos, al haberse girado
a favor del demandado un retroactivo no amparado por el ordenamiento vigente.
1.4. La contestación de la demanda5
1.4.1. Gilberto Ripoll Olmos6
22. Ante la imposibilidad de ser notificado personalmente, mediante auto del Cinco
(5) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), el juez de primera instancia ordenó el
emplazamiento del demandado. Luego, la Secretaría del Tribunal cumplió con la
publicación del edicto emplazatorio7 y, habiendo transcurrido el término previsto en
el artículo 108 del Código General del Proceso, se procedió a nombrar curador ad
litem, como consta en el auto del Tres (3) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) 8,
a quien finalmente se le notificó del auto admisorio de la demanda9.
23. De acuerdo con el informe secretarial del Veintidós (22) de Julio de Dos Mil
Veinticuatro (2024)10, vencido el término de traslado, el demandado guardó silencio.
1.4.2. Distrito de Cartagena de Indias (vinculada)11
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Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2.
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Índice 00001 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
7
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2., Archivos 16, 20-23.
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Índice 00001 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2., Archivo 25.
10
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2., Archivo 26.
11
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, C02 MedidasCautelares.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
24. Mediante el auto del Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)12, el
despacho ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar, admitió la demanda
incoada por Colpensiones y, a su turno, ordenó vincular -como tercero interesado-
a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena.
25. En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de la entidad precisó
que la vinculación ordenada ha de entenderse frente al Distrito de Cartagena, “ por
ser este ente territorial el que asumió los pasivos pensionales de dicha extinta empresa, a través del
fondo territorial de pensiones de la cual recibe una pensión de jubilación el hoy demandado ”.
26. En adición, se opuso parcialmente a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, por cuanto consideró que la pensión de la que goza el demandado es de
carácter compartida y, en esa medida, “debe ser regulada”, anotando que, cualquier
pago del retroactivo a ordenar, le correspondería a la entidad territorial.
27. Propuso como excepciones las de: (i) reconocimiento parcial, en la medida en
que, el pago por concepto de retroactivo pensional al que aduce la demandante no
le corresponde Colpensiones, sino al Distrito de Cartagena; (ii) devolución de lo
pagado, comoquiera que, según sostuvo, es el prenombrado distrito “ a quien debe
girársele el retroactivo en disputa, puesto que la compartibilidad opera respecto de las pensiones de
origen voluntario reconocidas por laudo o por convención colectiva a partir de la vigencia del Decreto
2879 de 1985 (…); y (iii) buena fe, teniendo en cuenta que, el actuar del Distrito de
Cartagena se enmarca en los parámetros constitucionales y legales vigentes.
1.5. La sentencia de primera instancia13
28. En la sentencia del Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad parcial de la Resolución Núm.
GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece (2013), mediante la cual
Colpensiones ordenó la reliquidación de una pensión de vejez, sin carácter
compartido, con la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, y de la Resolución
Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014). En
el mismo proveído, declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por
activa” de Colpensiones, frente a la pretensión concerniente a la devolución de las
sumas percibidas en exceso por la parte demandada. Así las cosas, dispuso:
12
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal.
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Índice 00045 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 0991-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones GNR No. 171654 de fecha
05 de julio de 2013 y GNR 403770 de 18 de noviembre de 2014, expedidas por la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia, para en su lugar, corregir que la
pensión de vejez reconocida a GILBERTO RIPOLL OLMOS es de carácter compartida con
la pensión de jubilación reconocida por el DISTRITO DE CARTAGENA-EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DISTRITALES DE CARTAGENA. Así mismo, que el retroactivo
pensional, es a favor del empleador subrogado, esto es, DISTRITO DE CARTAGENA -
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DISTRITALES DE CARTAGENA.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa de Colpensiones frente a la pretensión concerniente a la devolución de las sumas
pagadas en exceso a GILBERTO RIPOLL OLMOS, por las consideraciones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO condenar en costas esta instancia.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, ARCHIVAR el expediente, previa devolución
del remanente al demandante, si existiere.”
29. Encontró acreditado que, en virtud de la Resolución Núm. 2172 del Primero (1º)
de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), la Empresa de Servicios
Públicos Distritales de Cartagena reconoció una pensión de jubilación extralegal a
favor del señor Ripoll Olmos, “por haberse acogido al programa de retiro voluntario ”, en virtud
de la “convención colectiva” de trabajo que regía en ese entonces.
30. A juicio de la Sala, de la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación,
era posible inferir que, aquella quedó amparada por la figura de la compartibilidad
pensional, conforme a lo establecido en el artículo 5º del Decreto 2879 de 1985.
31. Precisó que, de los elementos de juicio examinados, “no se avizora la convención
colectiva aplicable al caso concreto”, a efectos de determinar si en ella se pactó de manera
expresa la compatibilidad pensional. Por esa razón, acudió a la regla general de la
compartibilidad, decisión que apoyó con la certificación expedida por el gerente
liquidador de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, en la cual
hizo constar que: (i) el señor Ripoll Olmos es pensionado de esa empresa desde el
Treinta (30) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994); (ii) para la
fecha de la certificación (25 de agosto de 2003), no contaba con una pensión
compartida con el Instituto de Seguros Sociales – ISS; y (iii) que la prestación tiene
vocación de ser compartida una vez fuera reconocida la pensión de vejez.
32. Advirtió que, como muestra de la vocación de compartibilidad de la pensión, en
la Resolución Núm. 17995 de Dos Mil Diez (2010), el Instituto de Seguros Sociales
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
– ISS reconoció una pensión de vejez de carácter compartido, acto en el que,
además, se estableció “que el empleador continuó realizando los aportes a pensión en un total
de 1.563 semanas cotizadas”. Asimismo, se señaló que, el señor Ripoll Olmos nació el
Seis (6) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), y cumplió los
sesenta (60) años el Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004), momento a
partir del cual, el mentado Instituto debió reconocer la pensión mensual de vejez
compartida, “siendo de cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere entre la
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado ”.
33. En tal sentido, concluyó que Colpensiones, al expedir el acto de reliquidación
pensional que se demanda, “debía advertir la compartibilidad de la misma, y al omitir ello,
infringió las normas en las que debió fundarse, esto es, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985,
aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año”, motivos que derivaban, en criterio de la Sala, en la
nulidad de la Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece
(2013). Por la razón antedicha, dispuso que se corrigiera el citado acto, en el sentido
de precisar que la pensión “se entenderá de carácter compartida”.
34. Frente al estudio de legalidad de la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho
(18) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante el cual se dio cumplimiento
al fallo de tutela del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), proferido por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbaco (que ordenó el pago de un retroactivo),
el A-quo advirtió que, es posible demandar un acto expedido en virtud de una tutela
cuando: (i) la decisión de la administración desbordó las órdenes dadas por el
funcionario judicial; y (ii) la decisión de tutela fue de carácter transitorio o definitivo,
y el asunto “ha sido objeto (sic) o no de control de legalidad por parte del juez natural”. Frente a
esta hipótesis, aseveró: “al definirse la situación concreta en un acto administrativo a partir de
una sentencia de tutela, se ha determinado que, ello no enerva el control de su juez natural ”.
35. Bajo ese contexto, el Tribunal identificó que, a través de la sentencia de tutela,
el amparo concedido fue de forma definitiva, situación que “no impide el pronunciamiento
del juez natural”, esto es, el contencioso-administrativo, a quien le corresponde decidir
sobre la legalidad del retroactivo pensional ordenado en el trámite constitucional.
36. Al ahondar en el fondo del asunto, puso de presente que, el retroactivo
pensional, por regla general, se paga al asegurado, salvo que la pensión sea de
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
carácter compartida, puesto que, en esos eventos, cumplidos los requisitos para el
reconocimiento y pago de la pensión legal, “el empleador se libera de la obligación de
cancelar la prestación si no hay un mayor valor que pagar, siempre y cuando se le garantice el
derecho prestacional al pensionado entre uno y otro pago, prestación que fue garantizada por el
empleador, pese a que finalizó su obligación que debía subrogarse con Colpensiones, con excepción
del mayor valor reconocido con ocasión a la pensión convencional”. Entonces, como en el sub
examine no se ordenó el pago del retroactivo a favor del Distrito de Cartagena (que
asumió las obligaciones de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales),
debía declararse la nulidad parcial del acto y, por contera, corregir la resolución.
37. En el estadio del restablecimiento del derecho, el juez de primera instancia
consideró que no había lugar a la devolución de las sumas pagadas a favor del
demandado, comoquiera que, Colpensiones no se encuentra legitimada en la causa
por activa para reclamar el citado retroactivo pensional directamente al pensionado,
puesto que, ello le corresponde a la vinculada, esto es, al Distrito de Cartagena.
37.1. En este punto, resaltó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional14 y de la Corte Suprema de Justicia15, en casos de compartibilidad
pensional, el retroactivo se reconoce al empleador, habida cuenta que, desde la
figura de la subrogación, una vez el trabajador cause el derecho a la pensión de
vejez, y le sea reconocida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy
Colpensiones, “desaparece el deber del empleador de continuar con el pago de la prestación
llamada a ser desde ese momento compartida en virtud de la subrogación o sustitución a cargo de
la administradora del riesgo de vejez, invalidez o muerte ”. En consecuencia, si el empleador
continúa realizando el pago de la pensión sin estar obligado a ello -en razón de la
subrogación-, es procedente el reconocimiento de retroactivo pensional.
38. Finalmente, en lo que toca a la devolución de las sumas pagadas a favor del
ahora demandado, estimó que no se acreditó la mala fe o el actuar fraudulento del
señor Ripoll Olmos y, por tanto, no resultaba procedente la orden de reintegro.
1.6. Los recursos de apelación16
1.6.1. Gilberto Ripoll Olmos17
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Sentencia T-042 de 2016.
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Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, Sentencia SL 6373-2015 de veinte (20) de mayo de 2015.
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Índices 00048, 00049 y 00050 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Índice 00048 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 0991-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
39. Mediante memorial del Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el
apoderado de la parte demandada solicitó sea revocada la sentencia apelada. Para
dicho propósito, expuso que, el A-quo erró al determinar la naturaleza jurídica de la
prestación, la cual consideró como una pensión de jubilación extralegal, cuando, en
sus términos, corresponde a una pensión de jubilación restringida, es decir, aquella
pensión prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
40. En ese sentido, manifestó que, de haberse considerado por el Tribunal que dicha
pensión era restringida, hubiese llegado a la conclusión que, tanto aquella, como la
pensión de vejez que le fue reconocida por la demandante, resultan compatibles.
41. Explicó que, la ley vigente para el momento del retiro voluntario, era la Ley 171
de 1961, cuyo artículo 8º prevé, en su inciso primero, que: “el trabajador que sin justa
causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias
durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la
fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido”. Sobre esta base, señaló que se trata
de una prestación cuyo deudor exclusivo es el empleador, y cuya finalidad, según
lo establecido por la ley y la jurisprudencia, no es amparar el riesgo de vejez.
42. En esa línea, anotó que, se trata de pensiones “independientes a las que debe
reconocer el ISS”. Para soportar ese aserto, trajo a colación las sentencias T-240 de
2013 y T-301 de 2018, en las que la Corte Constitucional aclaró que, el Instituto de
Seguros Sociales – ISS asumió las contingencias de la invalidez, vejez y muerte,
“pero no asumió las contingencias amparadas por la pensión establecida en el artículo 8° de la Ley
171 de 1961”. Por tal razón, reiteró que, se trata de prestaciones compatibles,
máxime, si fueron concebidas con finalidades disímiles, pues, mientras la pensión
por retiro voluntario ampara la estabilidad en el trabajo, la otra asume el riesgo de
vejez. Agregó que, la primera prestación no fue sustituida por esta última, cuya
naturaleza es eminentemente indemnizatoria y no prestacional.
43. En punto a la normativa aplicable para la fecha del reconocimiento de la pensión,
indicó, con sustento en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia,
que la norma que rige la pensión sanción es “la vigente al momento de la causación del
derecho, esto es, la fecha del despido sin justa causa, o del retiro voluntario .” Para ilustrarlo,
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Número Interno: 0991-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
sostuvo que, si el trabajador se retiró -o fue despedido sin justa causa- antes del
Primero (1º) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), la norma aplicable
es el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, pero si la desvinculación ocurrió con
posterioridad a esa fecha, la norma llamada a gobernar el asunto es la Ley 100 de
1993 (artículo 133). Además, resaltó que, “la edad no es un requisito de existencia del
derecho pensional en materia de pensiones extralegales, en cualquiera de las modalidades,
convencionales, restringidas o pensión sanción ” y, en consecuencia, que el derecho nace
sólo con el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio.
44. A partir de lo antes reseñado, refirió que, “teniendo en cuenta que al señor Gilberto
Ripoll Olmos le fue reconocida la pensión de jubilación a partir del día 30 del mes de diciembre del
año 1994, le es aplicable el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, puesto que la Ley 100 de 1993 entró
en vigencia el día 30 del mes de junio de 1995 (fecha de entrada en vigencia para servidores públicos
del orden municipal y/o distrital)”. Así las cosas, concluyó que, la fecha del retiro se
constituye como la fecha de estructuración del derecho pensional, y que el requisito
de edad comprende sólo una condición de exigibilidad. Estas consideraciones, en
su sentir, fueron inobservadas por el Tribunal, pues, en lugar de considerarlas como
pensiones compatibles, inscribió el análisis en el ámbito de la compartibilidad.
1.6.2. Colpensiones18
45. La entidad solicitó que se revoque de forma parcial la sentencia apelada, para
que, en su lugar, se conceda la pretensión relativa a la restitución de los valores
pagados sin causa válida o, de manera subsidiaria, esto es, en el evento en el que
se considere que el titular del derecho económico sobre el retroactivo es el Distrito
de Cartagena, se precise “que dicho ente territorial deberá ejercer la acción de repetición
directamente contra el demandado, sin que ello implique una nueva erogación a cargo de
Colpensiones, ni la obligación de realizar un nuevo pago por el mismo concepto .” Asimismo,
solicitó que, en esta instancia, se condene en costas al demandado.
46. Aseveró que, el fallo impugnado, presenta una “contradicción interna” que
compromete los principios de legalidad, eficiencia del gasto público y sostenibilidad
financiera del sistema pensional, habida cuenta que, aunque el Tribunal reconoció
de manera expresa que las resoluciones expedidas por Colpensiones “desconocieron
el carácter compartido de la prestación”, luego concluyó “de forma inconsecuente” que dicha
entidad carece de legitimación para solicitar la devolución de los dineros pagados.
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Índice 00050 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 0991-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
47. Al respecto, agregó que, dicha conclusión desconoce “los efectos prácticos y jurídicos
que se derivan del propio fallo”, en la medida en que coloca a Colpensiones en la obligación de
realizar nuevamente el pago del retroactivo al Distrito, pese a que dicho valor ya fue cancelado con
anterioridad al pensionado por un acto que el mismo Tribunal declaró contrario al ordenamiento
jurídico”. Así las cosas, manifestó que, de aceptarse ese razonamiento, se estaría
autorizando un doble pago por el mismo concepto, es decir, primero al pensionado
y, por el otro lado, al empleador subrogado, circunstancia que le traslada a la
demandante una carga económica que, a su juicio, resulta injustificada.
48. En lo que toca a la falta de legitimación en la causa para reclamar las sumas
objeto de debate, afirmó que, la entidad no actúa como un tercero ajeno a la relación
jurídica, sino como la “directamente afectada por la erogación irregular de recursos públicos, lo
que le otorga un interés legítimo, directo y actual para reclamar su restitución”. Expuso que, aun
en el escenario en el que se considere que el Distrito de Cartagena es el titular del
derecho sobre el retroactivo, debe precisarse que el ente territorial queda facultado
para repetir contra el demandado, “sin supeditar dicha recuperación a que Colpensiones
realice un nuevo pago”. Anotó que, lo contrario, acentuaría la inseguridad jurídica.
49. El segundo reparo esgrimido por la entidad apelante apunta a que, en el fallo
recurrido, debió condenarse en costas a la parte vencida. Sobre el particular, explicó
que, si bien la sentencia señala que no se acreditó la temeridad o mala fe, “ lo cierto
es que la condena en costas no se encuentra supeditada de manera exclusiva a tales elementos,
sino que obedece al principio de vencimiento y a la necesidad de restablecer el equilibrio procesal
entre las partes”. Por ende, al quedar acreditado que los actos acusados estaban
viciados de nulidad, debió condenarse en costas al demandado, circunstancia que,
al haberse omitido por el tribunal de primera instancia, “traslada injustificadamente a
Colpensiones una carga económica que no le corresponde y desconoce los principios de equidad
responsabilidad que rigen el ejercicio de la función administrativa y jurisdiccional ”.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
50. Mediante el auto del Once (11) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) 19 , el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada
contra el fallo de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso
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Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
ingresó al despacho para fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público.
1.7.1. Concepto del Ministerio Público20
51. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia recurrida. Para el efecto, explicó que, a Colpensiones le asiste razón al
pretender la nulidad de las resoluciones acusadas, por haberse desconocido lo
preceptuado por el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, toda vez que, la acreencia
pensional objeto de debate, y de la que goza el demandado, “se coloco (sic) únicamente
a cargo del ente activo, desconociendo de tal manera la compartibilidad existente y plena con la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena.”
52. En lo atinente a la devolución de dineros, sostuvo, con apoyo en la
jurisprudencia de esta Corporación, que en casos como el presente, en los que el
particular ha recibido sumas producto de un error de la administración, no es factible
que la entidad alegue a su favor su propia culpa y, por contera, le endilgue la
responsabilidad al particular que ha recibido los dineros de buena fe. Así las cosas,
puntualizó que, al no haberse acreditado la mala fe, no hay lugar a ordenar la
devolución de las sumas pagadas por concepto de retroactivo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
53. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150,
243 y 247 del CPACA.
2.2. Problema jurídico
54. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿La pensión que la extinta Empresa de Servicios Públicos de Cartagena
le reconoció al demandado resulta compatible con la pensión de vejez,
por tratarse de prestaciones de naturaleza y finalidades distintas, o
aquella se inscribe en el escenario de la compartibilidad?
20
Índice 00009 del expediente que reposa en el Samai.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
(ii) ¿La sentencia apelada presenta una “contradicción interna” al acceder a la
nulidad de las resoluciones acusadas, mientras que, al tiempo, negó la
devolución de las sumas pagadas que reclama la demandante?
(iii) ¿El juez de primera instancia debió condenar en costas al demandado,
por haber sido la parte vencida en el proceso?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la compartibilidad pensional
55. La compartibilidad corresponde a una figura que permite a los empleadores que
tienen a su cargo el reconocimiento de pensiones, «compartir» su pago con el extinto
Instituto de Seguros Sociales – ISS, siempre y cuando coticen durante el tiempo
exigido para que el trabajador cumpla los presupuestos para acceder a la pensión
legal, en cuyo momento, la referida entidad asumirá su pago y el empleador quedará
a cargo de las diferencias, en el evento en que ellas existieren21. Con respecto a la
compartibilidad pensional, esta colegiatura se ha referido, así22:
«Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los
Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de
jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la afiliación
al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión de vejez,
de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes pensionales, el de
jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se obtuvo aplicando a esta
situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de jubilación o de la compartibilidad,
según el cual era el empleador quien reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado
antes de lo previsto en los reglamentos del Seguro quien además seguía cotizando al ISS
hasta que el trabajador tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el
Instituto de los Seguros Sociales se subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión
reconocida inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS,
entonces aquel pagaba el mayor valor entre ambas».
56. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-438 de 201023, ha señalado
lo siguiente en punto a la compartibilidad pensional:
«La compartibilidad pensional consiste en la protección que se otorga al monto del ingreso
pensional del jubilado, cuando el mismo cumple con todos los requisitos para acceder al
pago de la pensión vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora de tales recursos.
Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se encuentra laborando el
trabajador prevé condiciones más favorables para acceder a la pensión que la prescritas
para la generalidad de los trabajadores. En tales circunstancias, la empresa empleadora
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 12 de
septiembre de 2019, expediente 19001-23-33-000-2013-00357-01 (1869-15).
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2012, expediente 11001-03-06-000-
2011-00045-00, interno 2068.
23
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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asume el pago de las mesadas hasta tanto el empleado cumpla la edad y el tiempo de
cotización exigidos por la ley para todas las personas 24”25
Ahora bien, una vez el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez al
trabajador por hallar acreditados los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador
quedará relevado de seguir cancelando la pensión de jubilación si no hay un mayor valor
que cancelar entre la mesada pensional reconocida por el ISS y la que venía pagando la
Empresa o Entidad.
(…) En aras de la claridad, es pertinente diferenciar entre la no compartibilidad y la
compartibilidad pensional, pues estos dos conceptos están referidos a preceptivas legales
que rigieron en épocas diferentes:
“La no compartibilidad (o compatibilidad) de una pensión, implica que el pensionado tiene
derecho a recibir integralmente dos – o más – pensiones: la pensión extralegal y la pensión
posteriormente reconocida por el I.S.S. En esta situación el empleador reconoce una pensión
de jubilación convencional o extralegal por un monto determinado e inicia su pago. Sin
embargo, el pensionado sigue cotizando ante el Instituto de Seguros Sociales y una vez
cumple con los requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la pensión de vejez. Dicha entidad
reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que
la pensión de jubilación reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el
pensionado tiene derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de
pensiones compatibles.
En la segunda hipótesis, referente a la compartibilidad, los efectos son diferentes. Al igual
que la anterior, el empleador le reconoce a su ex trabajador una pensión de jubilación
convencional o extra legal por un monto determinado, en todo caso, estipulando que dicha
pensión será compartida con la que otorgue el I.S.S. por vejez.
Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación con
carácter compartido a favor de su ex trabajador, el empleador sigue realizando los aportes
de seguridad social en pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que el trabajador
a favor de quien hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para acceder a la pensión
de vejez. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el I.S.S. procederá a otorgar la pensión
de vejez a la que tiene derecho el pensionado. No obstante, debido a que la pensión de
jubilación fue reconocida con carácter compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir
integralmente ambas mesadas pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el
I.S.S. por pensión de vejez libera al empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin
embargo, si el valor de la pensión que otorgó I.S.S. es menor al valor que el empleador
reconoció como pensión extralegal, estará a cargo del empleador el mayor valor que
reconoció”26 »
57. El Decreto 758 de 1990 27 regula en varios de sus preceptos la figura de la
compartibilidad pensional. En efecto, el artículo 16 dispone que, en las pensiones
legales de jubilación, el empleador reconoce y paga inicialmente la prestación, pero
debe continuar cotizando al Instituto de Seguros Sociales – ISS hasta tanto el
trabajador reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez. A partir de ese
24
La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de compartibilidad pensional solamente
aquellos“trabajadores que a la fecha en que el Instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los siguientes
requisitos: 1) Diez o más años de labranza, 2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando a
los seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para otorgar la pensión de vejez. “… y por lo
tanto solamente serían estos trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo del empleador "hasta
tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a su reglamentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez” sentencia T-
462 de 2003”
25
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero de 2004. M. P. Eduardo Montealegre Lynnet.
26
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
27 “
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios”.
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momento, el ISS asume el pago de la prestación, quedando el empleador obligado
únicamente a cubrir el mayor valor, si la pensión legal reconocida resultare superior.
58. A su turno, el artículo 17 ibidem establece un régimen similar para las pensiones
sanción, en cuanto señala que el patrono asume inicialmente el pago de la pensión
restringida y continúa cotizando al sistema hasta que el trabajador adquiere el
derecho a la pensión de vejez, la cual pasa a cargo del ISS, manteniéndose a cargo
del empleador sólo el excedente, de existir este último.
59. Finalmente, el artículo 18 regula las pensiones extralegales, al disponer que el
empleador debe continuar efectuando las cotizaciones correspondientes hasta que
el trabajador cumpla los requisitos para la pensión de vejez, momento en el cual, el
ISS asume el pago de la prestación, salvo que exista pacto expreso de no
compartibilidad, caso en el cual, el empleador conserva la obligación plena.
60. Así las cosas, los empleadores que antes asumían el pago de las mesadas
pensionales hasta el fallecimiento de su exempleado (o hasta la extinción de sus
beneficiarios), podrían continuar cotizando al ISS (asegurador), hoy Colpensiones,
con el fin de subrogarse en la obligación.
61. En ese sentido, la compartibilidad pensional implica que, el empleador le
reconozca a su exempleado una pensión de jubilación «convencional, legal o extralegal,
según sus condiciones particulares», pero pacta que esta prestación será compartida con
la que otorgue el ISS, por vejez, caso en el cual, aquel continúa con los aportes de
seguridad social en pensiones ante este último, hasta cuando el trabajador cumpla
los requisitos de ley, momento en el que el ISS otorga la pensión a su cargo. Aun
así, no en forma integral, porque ya estaba pactada la compartibilidad, motivo por
el cual, entre uno y otro pago se garantiza el derecho prestacional al pensionado.
2.3.2. Devolución de sumas pagadas28
62. En principio, debe señalarse que, según el artículo 83 29 de la Constitución
Política, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en la
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera,
dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
29
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
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sentencia C-131 de 200430, definió el principio general de la buena fe, así:
“En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios
generales del derecho31, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna
las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento
al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento
de integración del sistema de fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte
que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de
deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En
pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre
cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos
usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos.
De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
63. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación sin tener
derecho a ella, o por un monto mayor al debido, en el proceso deberá quedar
probada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de tal beneficio,
en atención a que la buena fe es una presunción que debe ser desvirtuada.
64. En ese sentido se pronunció esta Sala de Subsección en providencia del
Veintitrés (23) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) 32 , al estimar que “[…] la
devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan
mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener
tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro
alguno”, dado que “el concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que
deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo
de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por
mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los
cuales se fundamenta”. Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección, entre otros,
en el proveído del Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)33.
30
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
31
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ, 1954 y
Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-
01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de
septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés.
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2.4. Hechos probados
65. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) De acuerdo con la cédula de ciudadanía aportada, el señor Gilberto Ripoll Olmos
nació el Seis (6) de Noviembre de Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro (1944)34.
b) Copia del contrato de trabajo “para celadores” celebrado entre Luis Eduardo Piñeres
Vergara, en calidad de representante de las Empresas Públicas Municipales de
Cartagena, y el señor Gilberto Ripoll Olmos, suscrito por las partes contratantes el
Primero (1º) de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978)35.
c) Copia de la “liquidación definitiva de cesantías – plan de retiro voluntario”36 expedida por la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, en el que se relaciona la
fecha de ingreso (01/03/1978) y la fecha de retiro (22/07/1993) del demandado.
d) Oficio P.R.V-911 del Treinta (30) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993)37, suscrito por el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena,
en el que se le informó al señor Ripoll Olmos sobre la posibilidad de acogerse al
“programa especial de oportunidad de retiro voluntario de personal ”. Además de la “bonificación
ocasional” propuesta, se dijo que el beneficiario tendría “derecho a una pensión mensual
de jubilación equivalente al 125% del salario promedio mensual del último año de trabajo ”, y que
“la pensión ofrecida no sería adicional a la establecida en la convención colectiva vigente ”.
e) Oficio del Ocho (8) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993)38, mediante
el cual, el señor Gilberto Ripoll Olmos manifestó la voluntad de acogerse al
programa de retiro voluntario de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena.
f) Certificación del Diecinueve (19) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993), con arreglo a la cual, el jefe de relaciones laborales de la Empresa de
34
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal, p. 41.
35
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 8.
36
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 24.
37
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 25.
38
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 26.
20
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
Servicios Públicos de Cartagena hizo constar que el señor Ripoll Olmos laboró
durante el período comprendido entre el Primero (1º) de Marzo de Mil Novecientos
Setenta y Ocho (1978), al Veintidós (22) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993), desempeñando las funciones de “bombero de línea”39.
g) Resolución Núm. 2172 del Primero (1º) de Septiembre de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993)40, en la que la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena retiró del servicio al señor Ripoll Olmos para su jubilación.
Al respecto, en el resuelve del acto en cita se dispuso: (i) retirar del servicio al
demandado; (ii) reconocer y autorizar el pago de la suma de $520.206.95, por
concepto de pensión de jubilación, valor correspondiente al 125% del último salario
promedio devengado en el último año de servicios; (iii) y se indicó, en el artículo
tercero, “que el derecho a la pensión de jubilación aquí reconocido será pagado a partir de
diciembre 30 de 1994”, esto es, para la fecha en que cumplía cincuenta (50) años.
h) Certificación del Seis (6) de Abril del Dos Mil (2000) 41 , en la que el gerente
liquidador de la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena -en liquidación para
esa fecha-, hizo constar que el señor Ripoll Olmos “es pensionado de esta empresa desde
el 30 de diciembre de 1994, según Resolución Nº. 2172 del 1º de septiembre de 1993 ”.
i) Certificación del Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Tres (2003)42, mediante la
cual el gerente liquidador de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena -en liquidación, para esa fecha- dejó constancia de lo que sigue: (i) que
el señor Gilberto Ripoll Olmos, “es pensionado de esta empresa desde el 30 de diciembre de
1994, según consta en la Resolución Nº. 2172 del 1º de septiembre de 1993, el valor actual de su
mesada pensional es $1.740.983, y en la actualidad no tiene la pensión compartida con la del Seguro
Social”; (ii) y que, de acuerdo con el Decreto 0758 de Mil Novecientos Noventa
(1990), “la pensión otorgada tiene vocación de ser compartida una vez sea reconocida (sic) pensión
de vejez por parte del Seguro Social cuando haya cumplido la edad de ley ”. Conviene señalar
que la referida certificación fue expedida a solicitud del interesado que, para el caso,
corresponde al señor Gilberto Ripoll Olmos.
39
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 28.
40
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 30.
41
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 56.
42
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 61.
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Demandada: Gilberto Ripoll Olmos
j) Copia del derecho de petición (sin fecha)43, a través del cual, el demandado le
solicitó al gerente liquidador de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena, el reconocimiento y pago de las diferencias dejadas de pagar, con
ocasión de la indexación de las mesadas pensionales percibidas.
k) Mediante la Resolución Núm. 344 del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Seis
(2006) 44 , la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena dispuso la
modificación del artículo primero de la Resolución Núm. 2172 del Primero (1º) de
Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), para, en su lugar, fijar la
suma de $674.745 como valor de la “primera mesada de jubilación”. También dispuso
que, con posterioridad, la entidad procedería “a elaborar separadamente el acto
administrativo correspondiente al reconocimiento y cancelación del retroactivo arrojado entre la
diferencia de la pensión cancelada y la pensión actualizada resultante de la indexación (…) ”.
l) A su turno, en virtud de la Resolución Núm. 480 del Veintisiete (27) de Junio de
Dos Mil Seis (2006), el gerente liquidador ordenó pagar al señor Ripoll Olmos la
suma de $65.667.957, por concepto de retroactivo “arrojado de la diferencia entre la
mesada inicialmente cancelada con la indexada, hasta el mes de junio de 2006 ”45.
m) A través de la Resolución Núm. 069 del Quince (15) de Marzo de Dos Mil Siete
(2007)46, la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena mantuvo en
firme el artículo primero de la resolución anterior, revocó el artículo segundo, decretó
la prescripción de los reajustes pensionales causados desde el Treinta (30) de
Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Veintisiete (27) de
Junio de Dos Mil Tres (2003), y ordenó pagar a favor del demandado la suma de
$23.782.235 por concepto de retroactivo, atendiendo a las diferencias causadas.
n) Mediante petición del Ocho (8) de Junio de Dos Mil Siete (2007)47, el señor Ripoll
Olmos solicitó la actualización de las diferencias de los saldos resultantes de la
indexación de la primera mesada pensional. Más adelante, en ejercicio del derecho
de petición, solicitó el reconocimiento del “saldo insoluto” de las sumas que le
43
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 62 y ss.
44
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 68 y ss.
45
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 80 y ss.
46
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 86 y ss.
47
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 91 y ss.
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correspondieron por la indexación de la primera mesada pensional48.
o) Certificación del Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Nueve (2009)49, expedida
por la directora del fondo territorial de pensiones del Distrito de Cartagena, en la que
se dejó consignado que: “de acuerdo al Decreto 758 del 11 de abril de 1990, la pensión otorgada
al señor Gilberto Ripoll Olmos tiene vocación de ser compartida una vez le sea reconocida la pensión
de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales cuando haya cumplido los requisitos de ley”.
p) Resolución 1767 del Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Diez (2010)50, por medio de
la cual, la Alcaldía Mayor de Cartagena resolvió una solicitud de revocatoria de la
Resolución Núm. 069 del Quince (15) de Marzo de Dos Mil Siete (2007).
q) Resolución Núm. 17995 del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Diez
(2010)51, por medio de la cual, el Instituto de Seguros Sociales – ISS confirmó la
Resolución Núm. 1097 del Diez (10) de Julio de Dos Mil Cinco (2005), mediante la
cual se negó una pensión especial por alto riesgo y, en su lugar, se reconoció una
pensión de vejez de carácter compartido, con un retroactivo de $141.026.501, y con
fecha de inclusión en nómina a partir del mes de Enero de Dos Mil Once (2011).
Fuerza precisar que la prestación fue reconocida a partir del Quince (15) de abril de
Dos Mil Cinco (2005), según lo dispuesto en el artículo segundo de la parte
resolutiva de la Resolución en cita.
r) Por medio de la Resolución Núm. GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil
Trece (2013)52, la gerencia de reconocimiento de Colpensiones ordenó reliquidar la
pensión de vejez de la que es beneficiario el señor Gilberto Ripoll Olmos, con un
valor de la mesada, al Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2004), de
$1.523.428, y con un retroactivo equivalente a la suma de $10.469.652. En dicha
oportunidad, se estableció que el señor Ripoll Olmos era beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, que para la
liquidación de la prestación reconocida debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa del 90% al IBL.
48
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 101 y ss.
49
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 117.
50
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 130 y ss.
51
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal,
39.AnexosSamaiExpedienteAdministrativoColpensiones, Archivos D-40 y D-41.
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Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal.
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s) Mediante petición del Quince (15) de Julio de Dos Mil Catorce (2014)53, el señor
Gilberto Ripoll Olmos le solicitó al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena de Indias la reliquidación de la pensión de jubilación (nivelación con el
porcentaje de aumento del salario mínimo), invocando como fundamento de
derecho el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
t) A través de la Resolución Núm. GNR 403770 del Dieciocho (18) de Noviembre de
Dos Mil Catorce (2014)54, Colpensiones dio cumplimiento al fallo de tutela proferido
el Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Turbaco, en el sentido de ordenar el pago a favor del señor Ripoll Olmos
de un retroactivo, con la respectiva indexación, equivalente a $174.918.240. En el
ordinal quinto del acto en cita, la entidad le solicitó al beneficiario la “revocatoria directa
de la Resolución GNR 171654 de fecha 15 de julio de 2013 ”. En adición, vale la pena anotar
que, en el referido fallo de tutela, el juez, además del amparo al que accedió -de
carácter definitivo-, resolvió lo siguiente:
“Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y/O
COLPENSIONES – DEPARTAMENTO DE PENSIONES que en un termino (sic) perentorio
de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a realizar la
cancelación de los retroactivos de la mesada pensional retenidas en las resoluciones N°2761
de 24 de octubre de 2007, 00693 de 25 de enero de 2012, 17995 de 26 de noviembre de
2010 y 2094 de 18 de febrero de 2010, conforme al índice de precios al consumidor a favor
de los accionantes JAIRO DEL CARMEN HERNANDEZ DIAGO CC 9,066,925 de Cartagena,
JOSE PEREZ TORRES CC 9,081,707 de Cartagena, GILBERTO RIPOLL OLMOS CC
9,056,261 de Cartagena y CIPRIANO ARCHIBOLD FERNANDEZ CC. 9,063,430 de
Cartagena, advirtiéndole que la misma deberá realizarse de acuerdo a la ecuación mas (sic)
favorable de conformidad al precedente jurisprudencial de la sentencia 30502 de Diciembre
del 2007 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, por lo cual
debe oficiar a este despacho tal decisión, dentro de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia.”
u) Mediante Oficio BZ2016_1111559-0409225 del Dieciséis (16) de Febrero de Dos
Mil Dieciséis (2016)55, Colpensiones le solicitó al señor Ripoll Olmos autorización
expresa para revocar el acto administrativo contenido en la Resolución Núm. GNR
403770 del Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), “toda vez que se
53
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 136 y ss.
54
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal.
55
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal, pp. 42 y ss.
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encuentra incurso en la causal 1º del artículo 93” del CPACA. Asimismo, mediante el Oficio
BZ2016_1111559-0444953 del Dieciocho (18) de Febrero de la referida anualidad,
Colpensiones reiteró la anterior solicitud, atinente a la autorización de revocatoria56.
v) En virtud de la Resolución Núm. 1298 del Nueve (9) de Marzo de Dos Mil
Dieciséis (2016) 57 , la directora del fondo territorial de pensiones del Distrito de
Cartagena dispuso: (i) compartir, a partir del Primero (1º) de Enero de Dos Mil Once
(2011), la pensión de jubilación reconocida por la extinta Empresa de Servicios
Públicos Distritales de Cartagena, con la pensión de vejez otorgada por el Instituto
de Seguros Sociales – ISS, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990; y (ii)
regular la pensión de jubilación, a partir del Primero (1º) de Marzo de Dos Mil
Dieciséis (2016), estableciendo la suma de $1.470.586 reajustada como mayor
valor a pagar por la entidad territorial, en el escenario de compartibilidad.
w) En línea con el hecho anterior, con la certificación AMC-CER-001468-2016 del
Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016) 58, el fondo territorial de
pensiones del Distrito de Cartagena hizo constar que, el señor Ripoll Olmos,
percibía una mesada pensional de $3.998.353, “y a partir del mes de noviembre de 2016
se compartirá la pensión y la mesada se ajustará al valor de $1.470.586 ”.
x) En virtud de la Resolución SUB 58204 del Diez (10) de Mayo de Dos Mil Diecisiete
(2017)59, Colpensiones remitió el expediente administrativo a la gerencia de defensa
judicial “para que se preparen las gestiones tendientes al inicio de la acción de lesividad en contra
de los actos administrativos viciados de ilegalidad según la presente resolución ”.
y) De acuerdo con el “certificado de devengados y deducidos” expedido el Veintitrés (23)
de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), por la gerencia nacional de nómina de
pensionados de Colpensiones, el señor Ripoll Olmos percibió entre Febrero de Dos
Mil Quince (2015), y Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), un neto de $58.880.656.
56
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal, pp. 52 y ss.
57
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 192 y ss.
58
Índice 00031 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 106Recepcionmemor_42FonpecarAllegaExpe(.pdf)
NroActua 31, pág. 201 y ss.
59
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal, pp. 53 y ss.
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z) Expediente administrativo aportado por Colpensiones60, en el que constan las
resoluciones expedidas por dicha administradora, constancias de notificación,
solicitudes elevadas por el ahora demandado, copias de las providencias judiciales
promovidas por este último (en sede ordinaria y de tutela), entre otros.
2.5. Análisis del caso concreto
66. En el asunto sub examine, Colpensiones pretende la nulidad de la Resolución
GNR 171654 del Cinco (5) de Julio de Dos Mil Trece (2013), con base en la cual,
dicha entidad ordenó la reliquidación de una pensión de vejez a favor del señor
Gilberto Ripoll Olmos, y el pago del correspondiente retroactivo. Asimismo, pretende
la nulidad parcial de la Resolución GNR 403770 del Dieciocho (18) de Noviembre
de Dos Mil Catorce (2014), con arreglo a la cual, en cumplimiento del fallo de tutela
del Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), proferido por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Turbaco, dentro del Expediente 2012-00275, ordenó el
pago de un retroactivo en cuantía de $174.918.240, a favor del demandado.
67. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos enjuiciados, después de encontrar acreditado
que, al ordenarse la reliquidación de la pensión de vejez y el pago de un retroactivo
pensional a favor del demandado, se desconoció el carácter compartido de la
prestación, omisión que redundó en la infracción de las normas en las que debieron
fundarse los actos, entre ellas, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por
el Decreto 2879 del mismo año, y el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de esa última anualidad. Como consecuencia de la nulidad, el A-
quo precisó, por un lado, que la pensión es de carácter compartido y, por el otro,
que el retroactivo pensional le corresponde al empleador subrogado, es decir, al
Distrito de Cartagena, que asumió el pasivo de la Empresa de Servicios Públicos.
67.1. Al margen de la pretensión declarativa a la que accedió, el Tribunal declaró
probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Colpensiones
para reclamar la devolución de las sumas pagadas al señor Ripoll Olmos.
68. Inconformes con la decisión de primera instancia, tanto la parte demandante,
como el demandado, interpusieron el recurso de apelación, de conformidad con el
60
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal,
39.AnexosSamaiExpedienteAdministrativoColpensiones.
26
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cual solicitaron, en el primer caso, revocar parcialmente el fallo y, en el segundo
caso (el del demandado), revocar integralmente la providencia recurrida. Para el
efecto, formularon los reparos que dieron lugar a los problemas jurídicos a abordar:
2.5.1. ¿La pensión que la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena le reconoció al demandado, resulta compatible con la pensión de
vejez, por tratarse de prestaciones de naturaleza y finalidades distintas?
69. En criterio del señor Ripoll Olmos, la prestación que le fue reconocida por la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, corresponde a una pensión
restringida por retiro voluntario (amparada por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961),
cuya finalidad es la de garantizar la estabilidad en el trabajo, y que se diferencia de
la pensión de vejez en cuanto a su naturaleza jurídica y objeto, por lo que, resulta
perfectamente compatible con esta última. Bajo ese contexto, puntualizó que, al no
inscribirse el caso en el escenario de la compartibilidad pensional, sino en el de la
compatibilidad, las resoluciones enjuiciadas no develaban vicio de nulidad alguno.
70. Contrario a lo sostenido por el demandado en el recurso de alzada, la Sala, a
partir de un análisis conjunto y razonado de los elementos de juicio obrantes en el
plenario, logra evidenciar que, la prestación que le fue reconocida en virtud de la
Resolución Núm. 2172 del Primero (1º) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993)61, se trató de una pensión de jubilación (efectiva a partir del 30 de
diciembre de 1994, al cumplir 50 años), con vocación de ser compartida una vez se
satisficieran los requisitos de ley para ser beneficiario de la pensión de vejez.
71. No pasa inadvertido que, tanto en la certificación del Veinticinco (25) de Agosto
de Dos Mil Tres (2003) 62, expedida por el gerente liquidador de la Empresa de
Servicios Públicos Distritales de Cartagena, como en la certificación del Dieciséis
(16) de Diciembre de Dos Mil Nueve (2009)63, expedida por la directora del fondo
territorial de pensiones del Distrito de Cartagena de Indias, se dejó consignado que,
la pensión de jubilación que le fue reconocida al señor Ripoll Olmos, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, “tiene vocación de ser compartida una vez le sea
reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales cuando haya cumplido los
61
Índice 00037 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 110Recepcionmemor_46MmeorialAllegadoAp(.pdf)
NroActua 37, pág. 30.
62
Índice 00037 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 110Recepcionmemor_46MmeorialAllegadoAp(.pdf)
NroActua 37, pág. 61.
63
Índice 00037 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, 110Recepcionmemor_46MmeorialAllegadoAp(.pdf)
NroActua 37, pág. 117.
27
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requisitos de ley”. Nótese entonces que, el tratamiento que le dio a la prestación la
extinta Empresa de Servicios Públicos, cuyo pasivo fue asumido por el Distrito de
Cartagena, fue el de una pensión de jubilación con vocación de compartibilidad.
72. La actuación del demandado en sede administrativa también corrobora el aserto
anterior, comoquiera que, aunque en la apelación insistió en que no le era aplicable
la Ley 100 de 1993, por haber entrado en vigor con posterioridad al reconocimiento
de la alegada “pensión restringida”, frente a la cual debía aplicarse el artículo 8º de la
Ley 171 de 1961, lo cierto es que, en reiteradas oportunidades, solicitó la indexación
de la primera mesada, la actualización de las mesadas con base en la variación del
salario mínimo, el reconocimiento de las diferencias resultantes, entre otras
peticiones, las cuales fundamentó en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
73. En armonía con lo expuesto, se observa que, a través de la Resolución 17995
del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Diez (2010)64, el extinto Instituto de
Seguros Sociales – ISS le reconoció una pensión de vejez, con carácter compartido,
al señor Gilberto Ripoll Olmos, en cuantía de $1.948.880, y con un retroactivo
equivalente a $141.026.501. En los considerandos del acto en cita se lee que: “(…)
la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, mediante Resolución No. 2172 del 01 de
septiembre de 1993, le concedió pensión de jubilación de carácter extralegal, al señor Gilberto Ripoll
Olmos, a partir del 30 de diciembre de 1994, en cuantía inicial de $520.206.95 ”, y que, “bien vale
aclarar que teniendo en cuenta que la figura de la compartibildiad, establece que el empleador debe
cotizar hasta el cumplimiento de los requisitos mínimos para optar por la pensión de vejez que
reconoce el ISS, según lo establece en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, subrogado por el
artículo 2 del Decreto 1160 de 1994, en concordancia con el articulo 45 del Decreto 1748 de 1995,
por lo que únicamente se toman en cuenta las cotizaciones efectuadas hasta el 06 de noviembre de
2004, fecha en que el asegurado acreditó 60 años de edad, haciendo claridad que las semanas
cotizadas con posterioridad a dicha fecha serán susceptibles de devolución de aportes, al empleador
jubilante, trámite que deberá adelantar el empleador ante la Coordinación de Devolución de Aportes.”
74. Vale la pena precisar, en punto a la figura de la compartibilidad pensional, que:
(i) la Ley 90 de 1946, en su artículo 72, previó la subrogación legal de las pensiones
y, a su turno, en el artículo 76 ibidem, dispuso que la pensión de vejez que regulaba
reemplazaría la de jubilación que existía antes y que estaba a cargo de los patronos;
(ii) en tal virtud, el Instituto de Seguros Sociales – ISS, expidió el Acuerdo 224 de
1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, en cuyo contenido (artículos 60 y 61)
64
Índice 00002 del Samai, 4ED_EXPDIGITA_13001233300020180048(.zip) NroActua 2, 01 CuadernoPrincipal,
39.AnexosSamaiExpedienteAdministrativoColpensiones, Archivos D-40 y D-41.
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se regularon los aspectos relativos a la subrogación -por parte del citado Instituto-
de la pensión de jubilación reglada en el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la pensión sanción, ambas de origen legal, habilitándose a aquel a
asumir de forma progresiva las pensiones de creación u origen legal.
74.1. Con ello, se estableció la denominada “compartibilidad pensional”, según la cual,
los empleadores que tenían a su cargo el pago de las pensiones de origen legal de
sus empleados, podían seguir con las cotizaciones en su favor ante el Instituto de
Seguros Sociales – ISS, de manera que, una vez completados los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, éste asumiría el pago de la prestación en lugar del
empleador subrogado, quien asumiría únicamente el mayor valor de aquella.
74.2. Frente a las pensiones extralegales, la compartibilidad pensional se reguló a
través del Acuerdo 029 de 1985, aprobado en virtud del Decreto 287 del mismo año.
Con posterioridad, se expidió el Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049
de esa anualidad, y en la cual se mantuvo la misma regulación contenida en el
Decreto 2879 de 1985, en relación con las pensiones extralegales. Tal como lo ha
aclarado esta Sala de Subsección65, a partir del Diecisiete (17) de octubre de Mil
Novecientos Ochenta y Cinco (1985), “respecto de las pensiones extralegales aplica la figura
de la compartibilidad de forma automática por mandato legal, salvo que las partes acordaran lo
contrario. Antes de tal fecha, la regla general era la compatibilidad entre aquellas prestaciones, con
la posibilidad de que empleador y empleado pactaran la compartibilidad”.
75. Vistas así las cosas, es claro para la Sala que, el motivo de inconformidad de la
parte demandada no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, como quedó
demostrado, la prestación que le fue reconocida por la Empresa de Servicios
Públicos Distritales de Cartagena correspondía a una pensión de jubilación con
vocación de compartibilidad (hasta el cumplimiento de los requisitos para acceder a
la pensión de vejez), y no a una pensión restringida compatible con la pensión de
vejez que, con posterioridad, el Instituto de Seguros Sociales – ISS le reconoció
bajo la égida de la compartibilidad pensional con el antiguo patrono, a quien, al
haberse subrogado, le asistía únicamente el pago del mayor valor.
75.1. Estas consideraciones permiten sostener que, no le era dable al demandado
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 50001-23-33-000-2018-00056-01 (7050-2023).
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dotar de una naturaleza jurídica distinta a la pensión de jubilación que le fue
reconocida por la entidad empleadora, al punto de señalar que, por tratarse de una
pensión restringida -por retiro voluntario-, debía seguir sufragándose con la pensión
de vejez que actualmente devenga, pues, de ser así, se estaría desconociendo la
prohibición del artículo 128 Constitucional, que impide percibir una doble asignación
del erario, máxime, si se trata de prestaciones que amparan el mismo riesgo.
75.2. Tal prohibición, como lo ha precisado esta Corporación 66 , comprende las
pensiones de jubilación reconocidas por entidades públicas, en tanto y en cuanto,
constituyen asignaciones periódicas financiadas con recursos del tesoro.
75.3. En consonancia con lo expuesto, los argumentos de la alzada que apuntan a
reivindicar la autonomía de la pensión restringida por retiro voluntario -y su vocación
de compatibilidad con la pensión de vejez-, con sustento en pronunciamientos de
tutela de la Corte Constitucional (T-301 de 2018 y T-240 de 2013, en los cuales se
reiteraron precedentes de la Corte Suprema de Justicia), no logran enervar el
sentido de la decisión apelada, puesto que, como se anotó ut supra: (i) la prestación
reconocida fue, en los mismos términos de la entidad otorgante, una pensión con
“vocación de ser compartida una vez le sea reconocida la pensión de vejez ”; (ii) la pensión
ofrecida no fue adicional a la establecida “en la convención colectiva vigente”; y (iii) en tal
virtud, dada su naturaleza y origen, la pensión debía ser compartida con el Instituto
de Seguros Sociales – ISS, de conformidad con lo dispuesto en Decreto 2879 de
1985, aspecto que incluso fue advertido en las providencias de tutela referidas.
76. En esa línea, al haberse expedido las Resoluciones GNR 171654 del Cinco (5)
de Julio de Dos Mil Trece (2013), y GNR 403770 del Dieciocho (18) de Noviembre
de Dos Mil Catorce (2014), por parte de Colpensiones, con desconocimiento de la
compartibilidad que operaba en el caso de autos, tales actos infringieron la
normativa en la que debían fundarse, como en efecto lo concluyó el A-quo.
2.5.2. ¿La sentencia apelada presenta una “contradicción interna” al haber
accedido a la nulidad de las resoluciones acusadas, mientras que, al tiempo,
negó la devolución de las sumas pagadas que reclama la demandante?
77. Para la Sala, las solicitudes formuladas por la entidad apelante, relativas a la
66
Ver sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, rad. 05001-23-31-000-2003-
02191-01, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 25 de agosto de 2016, rad. 11001-03-25-000-
2012-00369-00
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orden de devolver los dineros “indebidamente pagados” o, en su defecto, encaminadas
a establecer “de manera expresa que el Distrito de Cartagena deberá ejercer la acción de
repetición directamente contra el demandado, sin que ello implique una nueva erogación a cargo de
Colpensiones”, no son de recibo y, en esa medida, no están llamadas a prosperar.
78. Con respecto a la alegada “contradicción interna”, ha de sostenerse que la nulidad
de los actos administrativos no comporta, per se, el restablecimiento automático del
derecho, en los precisos términos pretendidos por la demandante. En particular,
frente a la devolución de las sumas percibidas por el pensionado, esta Sala, en la
sentencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)67, sostuvo que,
tratándose del ejercicio del referido medio de control contra actos que versan sobre
prestaciones periódicas, “no opera de forma automática el consecuencial restablecimiento del
derecho, que permite retrotraer las cosas al estado anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción
de buena fe en cuanto a la consecución del derecho inicialmente obtenido ”.
79. Asimismo, en la sentencia del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025) 68 , la Sala de Subsección, en un caso de similares contornos fácticos y
jurídicos, explicó que, “(en) el presente asunto Colpensiones no sustentó su pretensión de
nulidad en la falta de aptitud legal del pensionado para el reconocimiento ni en la forma en la que se
liquidó y otorgó la prestación; sino que sus pretensiones se soportaron en que la pensión debió ser
compartida con la Empresa Electrificadora del Caribe. Por lo que, si la entidad de previsión efectuó
un pago en exceso por esa omisión [no reconocer la prestación como compartida], a quien le
correspondería efectuar esa «devolución» era al empleador, toda vez que es este quien debía pagar
«el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al
pensionado». A partir de lo anterior, agregó que, si la entidad -Colpensiones- pretendía
la devolución de las sumas correspondientes al retroactivo que pudo generarse
entre la fecha en la que el demandado adquirió el estatus pensional, y la del
reconocimiento, era dable advertir “(…) que en el expediente no obra prueba suficiente que
acredite que esos dineros fueron pagados y que en efecto fueron pagados en exceso, por lo que, no
tiene asidero la petición de revocatoria del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia”.
80. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, la orden devolución de los dineros
reconocidos por Colpensiones al demandado, en el escenario de compartibilidad
pensional descrito ut supra, deviene improcedente, habida cuenta que: (i) por un
lado, no existen suficientes elementos de juicio en el plenario que permitan acreditar
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril
de 2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2024).
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de junio
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023).
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los pagos efectivamente realizados, el período cubierto, y la incidencia concreta de
pensión compartida en la distribución de las obligaciones entre las entidades
involucradas, es decir, entre aquellas asumidas por Colpensiones (o en su momento
el ISS) y las desplegadas inicialmente por la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, en calidad de empleador subrogado, hoy asumidas por el
Distrito Especial de Cartagena; y (ii) porque, como se expondrá, dichas sumas
fueron pagadas en virtud del fallo de tutela proferido el Seis (6) de Noviembre de
Dos Mil Doce (2012), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbaco, aspecto
que anula un comportamiento -del accionado- contrario al postulado de la buena fe.
81. Como se advirtió, en el asunto sub examine no se acreditó un comportamiento
fraudulento, desleal, doloso o en contravía de la buena fe, con el que se hubiere
inducido en error de Colpensiones, máxime si se tiene en cuenta que el pago de los
dineros estuvo amparado en un acto administrativo que expidió la entidad
reclamante en el contexto de una orden judicial emanada de un juez constitucional.
82. La Sala precisa que son las consideraciones expuestas en esta providencia, y
no aquellas prohijadas por el Tribunal, las que permiten concluir que la devolución
de las sumas reclamadas no tiene vocación de prosperidad. Ello por cuanto,
contrario a lo advertido por el A-quo, la improcedencia de la devolución no estriba
en la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante, quien en efecto
reconoció un pago y, por tanto, cuenta con interés jurídico para controvertir la
legalidad del acto que lo ampara y para ventilar las consecuencias patrimoniales
que de su nulidad se desprenden. En esa línea, se revocará el ordinal segundo de
la parte resolutiva del fallo apelado, en el entendido que no hay lugar a declarar la
excepción de “falta de legitimación en la causa por activa” frente a la pretensión en estudio.
83. Por último, la Sala no estima procedente modificar el fallo apelado, a efectos de
ordenar al Distrito de Cartagena “ejercer la acción de repetición directamente contra el
demandado”, habida cuenta que: (i) una orden en tal sentido desborda el objeto del
litigio; (ii) la solicitud no fue elevada por el Distrito de Cartagena, que compareció
como vinculada al presente trámite; y (iii) en gracia de discusión, los elementos
allegados no permiten al juez de la nulidad y restablecimiento del derecho,
determinar la configuración de los presupuestos del medio de control de repetición,
al tenor de lo dispuesto en las Leyes 678 de 2001 y 2195 de 2022, aspecto que está
reservado a la órbita -y cuerda procesal- del medio en comento.
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2.5.3. ¿El juez de primera instancia debió condenar en costas al demandado,
por haber sido la parte vencida en el proceso?
84. No le asiste razón a la entidad demandante, al sostener que, como el Tribunal
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, debió condenarse en
costas al señor Gilberto Ripoll Olmos, por haber sido la parte vencida.
85. El artículo 188 del CPACA establece que, “salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. ” Asimismo, en virtud de la
modificación que introdujo el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al precepto en cita,
se contempló que: “en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal ”.
86. Esta Sala de Subsección, en recientes sentencias del Veintiocho (28) de Mayo
de Dos Mil Veintiséis (2026) 69 , reiteró que, la palabra “disponer” a la que hace
referencia la norma en cita, no presupone la causación automática de costas contra
la parte que pierda el litigio. Además, en el evento en que haya lugar a su imposición,
se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
87. En dicho pronunciamiento, la Sala resaltó que, a diferencia de lo que acontece
en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo
elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la condena 70 . Esa ponderación
involucra, entre otros, el análisis de aspectos como la existencia o no de actuaciones
temerarias, desleales o dilatorias que impacten el curso normal del proceso.
88. En el sub judice, no se evidenció que el señor Gilberto Ripoll Olmos, en calidad
de parte vencida, haya actuado con temeridad o mala fe, sino que, por el contrario,
su actuación procesal devela simplemente la defensa de sus propios intereses,
razón por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011 y, en tal virtud, no se revocará la negativa a condenar en costas
en primera instancia, ni se impondrán en esta instancia.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 73001-23-33-000-2021-00309-01 (0811-2024).
70
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de
diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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89. Como corolario de lo anterior, la Sala concluye que, los motivos de
inconformidad expuestos por los apelantes no están llamados a prosperar, razón
por la cual se confirmará parcialmente la sentencia apelada, salvo el ordinal
segundo que se revoca, en atención a las consideraciones acá expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Treinta (30) de Mayo
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
salvo el ordinal segundo que se revoca, de conformidad con las razones
expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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