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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02900-02

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02900-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026), proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), mediante la cual, el Instituto de Seguros Sociales ISS, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de la señora Stella Casafus Álzate, sin tener en cuenta el carácter compartido de la prestación previamente reconocida con la ESE Hospital Mental de Antioquia, de conformidad con lo expuesto, en la parte motiva de esta providencia. 33 Número Interno: 1758-2026 Demandante: Colpensiones Demandada: Stella Casafus Álzate TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02900-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02900-02 (1758-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada: Stella Casafus Álzate
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad – subrogación pensional
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026),
proferida por la Sala cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones.

1
Expediente híbrido.
2
Folios 1 a 13.

2

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio

de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA, en lo sucesivo), y solicitó que se declare la nulidad de la Resolución
No. 6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), mediante la
cual, el Instituto de Seguros Sociales ISS, reconoció y ordenó el pago de una
pensión de vejez a favor de la señora Stella Casafus Álzate, sin tener en
cuenta el carácter compartido de la prestación previamente reconocida con la
ESE Hospital Mental de Antioquia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) ordenar el reconocimiento

de la pensión de vejez de carácter compartido a favor de la señora Stella
Casafus Álzate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; ii) declarar que el
valor de la pensión reconocida debe ser la cancelada en la Resolución GNR
44037 del diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por valor de un
millón un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos ($1.001.469), efectiva a
partir del cumplimiento del estatus pensional; y iii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

1.2 Hechos

3. La parte demandante señaló que, mediante la Resolución No. 526 del siete

(7) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), la ESE Hospital
Mental de Antioquia, concedió a la señora Stella Casafus Álzate, una pensión
de jubilación por invalidez con miras a compartir, en cuantía de cuatrocientos

3

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

tres mil seiscientos treinta pesos ($403.630), efectiva a partir del doce (12) de
febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

4. Indicó que, posteriormente, mediante la Resolución No. 6502 del treinta y

uno (31) de marzo de dos mil once (2011), el Instituto de Seguros Sociales,
reconoció a la señora Stella Casafus Álzate, una pensión de vejez, de
conformidad con la Ley 33 de 1985, con base en 1.249 semanas de cotización
y un ingreso base de liquidación de un millón cuatrocientos treinta y un mil
cuatrocientos cuarenta y dos pesos ($1.431.442), al cual se aplicó una tasa de
reemplazo del setenta y cinco por ciento (75%), equivalente a una mesada
pensional de un millón setenta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos
($1.073.582), cuyo ingreso a nómina quedó en suspenso hasta tanto se
acreditara el retiro del servicio.

5. Expuso que, mediante la Resolución GNR 44037 del diez (10) de febrero de

dos mil dieciséis (2016), Colpensiones, reconoció y ordenó el pago de una
pensión de vejez de carácter compartido a favor de la señora Stella Casafus
Álzate, en cuantía de un millón un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos
($1.001.469), efectiva a partir del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012),
cuyo retroactivo fue girado al empleador, esto es, a la ESE Hospital Mental de
Antioquia.

6. Sostuvo que, la pensionada, mediante escrito del seis (6) de abril de dos mil

dieciséis (2016), interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
contra la anterior decisión de Colpensiones. Manifestó su inconformidad con
la nueva liquidación de su pensión, al señalar que para el año 2011 la mesada
había sido calculada en un millón setenta y tres mil quinientos ochenta y dos
pesos ($1.073.582), mientras que con la nueva liquidación quedó en un millón

4

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos ($1.001.469), lo que representaba
una disminución de setenta y dos mil ciento trece pesos ($72.113) mensuales,
además de afectar los reajustes posteriores. Por ello, solicitó la reliquidación
de su pensión de vejez y el reconocimiento del respectivo retroactivo.

7. Señaló que, mediante requerimiento No.2016_9192879, solicitó a la ESE

Hospital Mental de Antioquia, informar si la pensión de invalidez reconocida a
la demandada era de carácter compartido, lo cual fue confirmado mediante
comunicado del veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

8. Finalmente, manifestó que, mediante radicado interno No. 2016_5184174

del veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), Colpensiones solicitó a la
señora Stella Casafus Álzate, su consentimiento para revocar la Resolución
No. 6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), por considerar
que se encontraba incursa en la causal establecida en el numeral 1º del
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, a la fecha de presentación
de la demanda3 no había recibido dicho consentimiento.

1.3 Concepto de violación.

9. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

9.1. Legales y reglamentarias: artículo 19 de la Ley 797 de 2003;

y artículos 93, numeral 1º, 97 y 138 de la Ley 1437 de 2011; y
artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año.

3
31 de octubre de 2017.

5

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

10. Señaló que, la Resolución No. 6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos

mil once (2011), mediante la cual, se reconoció la pensión de vejez a la señora
Stella Casafus Álzate, desconoció el carácter compartido de la pensión de
jubilación por invalidez reconocida previamente por la ESE Hospital Mental de
Antioquia, generando una mesada pensional superior a la que en derecho
correspondía. En ese sentido, explicó que, conforme al artículo 18 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, una vez cumplidos
los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el Instituto procede a cubrirla
y queda a cargo del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión reconocida por el Instituto y la que venía cancelando.

11. Concluyó que, el acto administrativo demandado, desconoció el régimen

de compartibilidad pensional, por lo que, solicitó su nulidad y, como
consecuencia, el reconocimiento de la pensión de vejez de carácter
compartido y el ajuste de su valor al establecido en la Resolución GNR 44037
diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

2. Contestación de la demanda.

12. La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia4, se opuso a las pretensiones de

la demanda. Sostuvo que, no le asistía responsabilidad frente al supuesto error
en que incurrió Colpensiones al reconocer la pensión de vejez, pues, cumplió
con la obligación que le correspondía al asumir y pagar la pensión de invalidez
de la señora Stella Casafus Álzate y continuar efectuando los aportes a
Colpensiones mientras esta cumplía los requisitos para acceder a la pensión
de vejez.

4
Folios 55 a 63.

6

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

13. Señaló que, con el reconocimiento de la pensión de vejez compartida por

parte de Colpensiones, se generó un retroactivo pensional que fue girado a la
E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, por haber asumido el pago del ciento por
ciento (100%) de la pensión de invalidez. Agregó que, al comparar los valores
de las prestaciones, la pensión reconocida por Colpensiones superó en más
del ciento por ciento (100%) la que venía pagando el Hospital, por lo que, en
su criterio, Colpensiones subrogó a dicha entidad en la obligación de pagar la
totalidad de la pensión de invalidez.

14. Finalmente, propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,

al considerar que no tenía obligación alguna frente a las pretensiones
formuladas por Colpensiones, y solicitó ser absuelta de los cargos formulados.

15. La señora Stella Casafus Álzate5, se opuso a las pretensiones de la

demanda. Expuso que, la pensión de invalidez reconocida mediante la
Resolución No. 526 del siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999) nunca fue compartida, pues, no obedeció a una jubilación
reconocida mediante convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral ni fue
otorgada voluntariamente por el empleador. Explicó que, dicha prestación fue
asumida directamente por el Hospital debido a la falta de disponibilidad
presupuestal para cubrir el bono pensional y que, al cumplir los requisitos de
edad y tiempo de servicio, solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión de
vejez bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la Ley 33 de 1985.

16. Consideró que la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución No.

6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), no reunía los

5
Folios 86 a 97.

7

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Demandada: Stella Casafus Álzate

requisitos previstos en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 para ser
considerada compartida. Asimismo, sostuvo que el acto administrativo
demandado no era lesivo para los intereses de Colpensiones, sino que la
disminución de la mesada pensional afectaba sus propios intereses.

17. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «no compartibilidad de la

pensión de invalidez concedida por la ESE Hospital Mental de Antioquia HOMO»; y «no
lesividad del acto administrativo demandado».

3. La sentencia de primera instancia6.

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el

dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026), negó las pretensiones de
la demanda, y condenó en costas a la entidad demandante.

19. Como fundamento de su decisión, y luego de valorar las pruebas allegadas

al proceso, encontró acreditado que la señora Stella Casafús Alzate prestó sus
servicios a la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia como auxiliar de enfermería
entre el catorce (14) de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974)
y el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Asimismo, estableció que, mediante Resolución 526 del siete (7) de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve (1999), el Hospital le reconoció una
pensión de invalidez, efectiva a partir del doce (12) de febrero de ese año,
cuya financiación estaría a cargo de la entidad hasta tanto se produjera su
subrogación por el Instituto de Seguros Sociales.

6
Samai, índice 00002, archivo: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip),documento:
5ED_EXPDIGITA_05001233300020170290(.zip), archivo: 31.SentenciaPrimeraInstancia.

8

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

20. De igual manera, estableció que, mediante Resolución 6502 del treinta y

uno (31) de marzo de dos mil once (2011), el entonces Instituto de Seguros
Sociales ISS, reconoció a la demandada una pensión de vejez en cuantía
mensual de ($1.073.582) para ese año, cuya prestación quedó en reserva
hasta que acreditara su retiro definitivo del servicio. Precisó que, para dicho
reconocimiento, se tuvieron en cuenta tanto los tiempos laborados en la E.S.E.
Hospital Mental de Antioquia, como las cotizaciones efectuadas ante el ISS a
través de entidades públicas.

21. Posteriormente, advirtió que, mediante Resolución GNR 44037 del diez

(10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Colpensiones, sin revocar ni
solicitar la nulidad del acto de reconocimiento pensional anterior, reconoció y
ordenó pagar a la demandada una pensión de vejez de carácter compartido, a
partir del 8 de octubre de 2012, y dispuso el giro del retroactivo a favor de la
ESE Hospital Mental de Antioquia.

22. También constató que, mediante Resolución 130 del diecisiete (17) de

marzo de dos mil dieciséis (2016), el Hospital declaró extinguida la pensión de
invalidez que había reconocido mediante la Resolución 526 de 1999, al
considerar configurada la subrogación de la obligación pensional por parte de
Colpensiones.

23. En ese contexto, consideró que, la controversia no estaba encaminada a

cuestionar, en sí misma, la procedencia de la compartibilidad pensional, sino
la forma en que fue reconocida la pensión de vejez mediante la Resolución
6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011). Al respecto,
señaló que, si bien Colpensiones expidió posteriormente la Resolución GNR
44037 de 2016, mediante la cual calificó la prestación como compartida, dicha

9

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

circunstancia no constituía, por sí sola, fundamento suficiente para solicitar la
nulidad del acto de 2011.

24. En particular, sostuvo que Colpensiones, mediante la expedición de la

Resolución GNR 44037 de 2016, redefinió las condiciones del reconocimiento
pensional efectuado previamente mediante la Resolución 6502 de 2011, sin
que hubiera acudido previamente a los mecanismos legalmente previstos para
desvirtuar la presunción de legalidad de este último acto, bien fuera mediante
su revocatoria con observancia de las garantías legales correspondientes o a
través del respectivo medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Por ello, concluyó que, la controversia planteada por la entidad
demandante no demostraba una ilegalidad intrínseca de la Resolución 6502
de 2011, sino una eventual inconsistencia derivada de las actuaciones
administrativas posteriores adelantadas por la propia Colpensiones.

25. Finalmente, la Sala consideró que la sola existencia de una relación de

compartibilidad pensional no generaba automáticamente la nulidad del acto
administrativo demandado, máxime, cuando no se acreditó vulneración
normativa o irregularidad alguna que permitiera desvirtuar su presunción de
legalidad.

26. Agregó que, tampoco resultaba claro el supuesto de compartibilidad que

dio lugar a la expedición de la Resolución GNR 44037 de 2016, pues, «no se
advierten los supuestos jurídicos previstos en el acuerdo 49 de 1990 para la procedencia
dedicha figura, esto es, la compartibilidad de las pensiones legales de jubilación, de las
pensiones sanción o de las pensiones extralegales; por el contrario, en el presente asunto se
evidencia que la prestación inicialmente reconocida a favor de la demandada por la ESE
Hospital Mental de Antioquia, mediante la resolución 526 de 7 de diciembre de 1999,
correspondió a una pensión de invalidez y no a alguna de las prestaciones susceptibles de

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Número Interno: 1758-2026
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compartibilidad en los términos de la referida normativa, sin que, en todo caso, la Sala pueda
efectuar pronunciamiento alguno respecto de la legalidad de la resolución GNR 44037 de 10
de febrero de 2016, por cuanto dicho acto administrativo no fue demandado dentro del
presente medio de control».

27. En ese sentido, resaltó que, en aplicación del principio de congruencia y de

los límites fijados por la demanda, se abstuvo de examinar su legalidad y, al
no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de la Resolución 6502 de
2011 ni acreditada causal alguna de nulidad, negó las pretensiones de la
demanda.

28. Finalmente, respecto de las costas, el Tribunal señaló que, conforme al

artículo 188 del CPACA y al artículo 365 del Código General del Proceso,
resultaba procedente su imposición con fundamento en un criterio objetivo, por
lo que, condenó en costas a la parte demandante, incluyendo las agencias en
derecho.

4. Recurso de apelación7

29. La parte demandante, Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones–, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que, el acto administrativo demandado desconoció
abiertamente el régimen de compartibilidad pensional, previsto en el artículo
18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues,
reconoció una pensión plena de vejez sin advertir que, la señora Stella
Casafús Álzate, ya era beneficiaria de una prestación pensional previamente

7
Samai, índice 00002, archivo: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), documento:
5ED_EXPDIGITA_05001233300020170290(.zip), archivo: 34.RecursoApelacionSentencia.

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reconocida por la ESE Hospital Mental de Antioquia, cuya naturaleza estaba
expresamente concebida para ser asumida posteriormente por el entonces
Instituto de Seguros Sociales, una vez se reunieran los requisitos para acceder
a la pensión legal de vejez.

30. En ese sentido, sostuvo que, el Tribunal incurrió en un error de
interpretación al concluir que, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990
únicamente regula la compartibilidad de pensiones extralegales y que, por
tratarse de una pensión de invalidez, la figura no podía aplicarse al caso
concreto. Dicha interpretación desconoce el verdadero alcance jurídico de la
subrogación pensional y privilegia una lectura exclusivamente nominal de la
prestación sobre su naturaleza material.

31. Afirmó que, en el presente asunto esa circunstancia fue plenamente

demostrada mediante el requerimiento elevado por Colpensiones a la ESE
Hospital Mental de Antioquia y la respuesta emitida por dicha entidad el
veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual, confirmó
expresamente que, la prestación reconocida a la señora Stella Casafús Álzate
tenía carácter compartido. Asimismo, señaló que, mediante la Resolución
GNR 44037 del diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Colpensiones
había reconocido la pensión de vejez con carácter compartido.

32. Asimismo, señaló que, la Resolución GNR 44037 no creó una nueva

situación jurídica incompatible con la anterior, sino que procuró adecuar el
reconocimiento pensional al verdadero régimen legal aplicable, una vez
advertido el carácter compartido de la prestación previamente reconocida, por
lo que, la expedición de ese acto administrativo no constituye reconocimiento
de legalidad de la Resolución No. 006502, sino precisamente la evidencia

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Demandada: Stella Casafus Álzate

objetiva que la administración detectó un error sustancial, que no podía
corregir mediante revocatoria directa por ausencia del consentimiento expreso
de la pensionada, razón por la cual, acudió legítimamente al medio de control
de lesividad, previsto en los artículos 97 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

33. La decisión apelada también desconoce los principios de moralidad
administrativa, legalidad del gasto público y defensa del patrimonio estatal,
consagrados en los artículos 209 y 334 de la Constitución Política, resulta
contrario a dichos principios mantener vigente un acto administrativo respecto
del cual, quedó plenamente demostrado que, omitió aplicar una figura jurídica
obligatoria, generando el reconocimiento de una prestación superior a la
legalmente procedente y trasladando injustificadamente al sistema pensional,
una carga económica que debía distribuirse conforme a las reglas de
compartibilidad.

34. Finalmente, cuestionó la condena en costas, al considerar que, no se

configuraban los presupuestos previstos en el artículo 188 del CPACA,
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, ni los establecidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Señaló que, la demanda no podía
calificarse como manifiestamente carente de fundamento legal, pues, fue
promovida mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, con fundamento en normas
constitucionales, legales y reglamentarias y en elementos probatorios
obtenidos dentro de la actuación administrativa. Agregó que, durante el
proceso actuó con lealtad procesal y buena fe, en ejercicio de su deber de
defensa del patrimonio público y de protección de los recursos del Sistema
General de Pensiones. En consecuencia, solicitó revocar íntegramente la

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sentencia de primera instancia y acceder a la totalidad de las pretensiones de
la demanda, así como revocar la condena en costas.

5. Trámite de segunda instancia

35. Por medio de auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis

(2026)8, el magistrado ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo
previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo. Las partes
guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia.

36. El Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

37. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda

instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

8
Samai, índice 00005.
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

14

Número Interno: 1758-2026
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Demandada: Stella Casafus Álzate

2.2. Problemas jurídicos.

38. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

38.1. ¿La Resolución No. 6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil

once (2011), está afectada de nulidad por desconocer el régimen de
compartibilidad pensional, previsto en el artículo 18 del Acuerdo 049 de
1990, al reconocer a la señora Stella Casafús Álzate, una pensión de vejez
sin tener en cuenta el carácter compartido de la prestación que le había
sido reconocida por la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia en 1999?

38.2 ¿Hay lugar a revocar la condena en costas, impuesta a la parte

demandante en primera instancia?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la compartibilidad pensional10

39. La compartibilidad corresponde a una figura que permite a los empleadores

que tienen a su cargo el reconocimiento de pensiones, «compartir» su pago con
el extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS, siempre y cuando coticen
durante el tiempo exigido para que el trabajador cumpla los presupuestos para
acceder a la pensión legal, en cuyo momento, la referida entidad asumirá su
pago y el empleador quedará a cargo de las diferencias, en el evento en que
ellas existieren11. Con respecto a la compartibilidad pensional, esta colegiatura
se ha referido, así12:

10
Sección Segunda, Subsección B- Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de julio de 2026, radicado
No. 13001-23-33-000-2018-00485-02 (0991-2026), consejero ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 12
de septiembre de 2019, expediente 19001-23-33-000-2013-00357-01 (1869-15).
12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2012, expediente 11001-
03-06-000-2011-00045-00, interno 2068.

15

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

«Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de
los Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la
pensión de jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el
hecho de la afiliación al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto,
reconocía la pensión de vejez, de manera que era necesario hacer compatibles los
dos regímenes pensionales, el de jubilación con el de vejez. La armonización de estos
regímenes se obtuvo aplicando a esta situación el mecanismo de la subrogación de
la pensión de jubilación o de la compartibilidad, según el cual era el empleador quien
reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado antes de lo previsto en los
reglamentos del Seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el trabajador
tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los
Seguros Sociales se subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión reconocida
inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS,
entonces aquel pagaba el mayor valor entre ambas».

40. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-438 de 201013, ha

señalado lo siguiente en punto a la compartibilidad pensional:

«La compartibilidad pensional consiste en la protección que se otorga al monto del
ingreso pensional del jubilado, cuando el mismo cumple con todos los requisitos para
acceder al pago de la pensión vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora
de tales recursos. Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se
encuentra laborando el trabajador prevé condiciones más favorables para acceder a
la pensión que la prescritas para la generalidad de los trabajadores. En tales
circunstancias, la empresa empleadora asume el pago de las mesadas hasta tanto el
empleado cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para todas las
personas14”15

Ahora bien, una vez el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez al
trabajador por hallar acreditados los requisitos legales exigidos para tal fin, el
empleador quedará relevado de seguir cancelando la pensión de jubilación si no hay
un mayor valor que cancelar entre la mesada pensional reconocida por el ISS y la que
venía pagando la Empresa o Entidad.

(…) En aras de la claridad, es pertinente diferenciar entre la no compartibilidad y la
compartibilidad pensional, pues estos dos conceptos están referidos a preceptivas
legales que rigieron en épocas diferentes:

13
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de compartibilidad pensional solamente
aquellos“trabajadores que a la fecha en que el Instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los siguientes
requisitos: 1) Diez o más años de labranza, 2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir
cotizando a los seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para otorgar la pensión
de vejez. “… y por lo tanto solamente serían estos trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total
a cargo del empleador "hasta tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a su reglamentación, reconozca y
empiece a pagar la de vejez” sentencia T-462 de 2003”
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero de 2004. M. P. Eduardo Montealegre Lynnet.

16

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

“La no compartibilidad (o compatibilidad) de una pensión, implica que el pensionado
tiene derecho a recibir integralmente dos – o más – pensiones: la pensión extralegal
y la pensión posteriormente reconocida por el I.S.S. En esta situación el empleador
reconoce una pensión de jubilación convencional o extralegal por un monto
determinado e inicia su pago. Sin embargo, el pensionado sigue cotizando ante el
Instituto de Seguros Sociales y una vez cumple con los requisitos de ley, solicita ante
el I.S.S. la pensión de vejez. Dicha entidad reconoce y ordena el pago de la pensión
de vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que la pensión de jubilación
reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el pensionado tiene
derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de pensiones
compatibles.

En la segunda hipótesis, referente a la compartibilidad, los efectos son diferentes. Al
igual que la anterior, el empleador le reconoce a su ex trabajador una pensión de
jubilación convencional o extra legal por un monto determinado, en todo caso,
estipulando que dicha pensión será compartida con la que otorgue el I.S.S. por vejez.

Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación
con carácter compartido a favor de su ex trabajador, el empleador sigue realizando los
aportes de seguridad social en pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que
el trabajador a favor de quien hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para
acceder a la pensión de vejez. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el I.S.S.
procederá a otorgar la pensión de vejez a la que tiene derecho el pensionado. No
obstante, debido a que la pensión de jubilación fue reconocida con carácter
compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir integralmente ambas mesadas
pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el I.S.S. por pensión de vejez
libera al empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin embargo, si el valor de la
pensión que otorgó I.S.S. es menor al valor que el empleador reconoció como pensión
extralegal, estará a cargo del empleador el mayor valor que reconoció”16 »

41. El Decreto 758 de 199017 regula en varios de sus preceptos la figura de la

compartibilidad pensional. En efecto, el artículo 16 dispone que, en las
pensiones legales de jubilación, el empleador reconoce y paga inicialmente la
prestación, pero debe continuar cotizando al Instituto de Seguros Sociales –
ISS hasta tanto el trabajador reúna los requisitos para acceder a la pensión de
vejez. A partir de ese momento, el ISS asume el pago de la prestación,
quedando el empleador obligado únicamente a cubrir el mayor valor, si la
pensión legal reconocida resultare superior.

16
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17 “
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios”.

17

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

42. A su turno, el artículo 17 ibidem establece un régimen similar para las

pensiones sanción, en cuanto señala que, el patrono asume inicialmente el
pago de la pensión restringida y continúa cotizando al sistema hasta que el
trabajador adquiere el derecho a la pensión de vejez, la cual pasa a cargo del
ISS, manteniéndose a cargo del empleador sólo el excedente, de existir este
último.

43. Finalmente, el artículo 18 regula las pensiones extralegales, al disponer

que, el empleador debe continuar efectuando las cotizaciones
correspondientes hasta que el trabajador cumpla los requisitos para la pensión
de vejez, momento en el cual, el ISS asume el pago de la prestación, salvo
que exista pacto expreso de no compartibilidad, caso en el cual, el empleador
conserva la obligación plena.

44. Así las cosas, los empleadores que antes asumían el pago de las mesadas

pensionales hasta el fallecimiento de su exempleado (o hasta la extinción de
sus beneficiarios), podrían continuar cotizando al ISS (asegurador), hoy
Colpensiones, con el fin de subrogarse en la obligación.

45. En ese sentido, la compartibilidad pensional implica que, el empleador le

reconozca a su exempleado una pensión de jubilación « convencional, legal o
extralegal, según sus condiciones particulares », pero pacta que esta prestación será

compartida con la que otorgue el ISS, por vejez, caso en el cual, aquel continúa
con los aportes de seguridad social en pensiones ante este último, hasta
cuando el trabajador cumpla los requisitos de ley, momento en el que el ISS
otorga la pensión a su cargo. Aun así, no en forma integral, porque ya estaba
pactada la compartibilidad, motivo por el cual, entre uno y otro pago se
garantiza el derecho prestacional al pensionado.

18

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

2.3.2. Sobre la subrogación del riesgo pensional

46. La subrogación del riesgo pensional es un mecanismo de origen legal

mediante el cual el riesgo que inicialmente se encontraba a cargo del
empleador es asumido por el Instituto de Seguros Sociales, en los términos y
bajo las condiciones previstas por la ley. Como consecuencia de dicha
asunción, cesa la aplicación de las disposiciones anteriores que imponían al
empleador la obligación pensional y entra a operar el régimen de seguridad
social.

47. Esta figura encuentra fundamento, entre otras disposiciones, en los
artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 194618 y en el artículo 259 del Código
Sustantivo del Trabajo. El artículo 72 de la Ley 90 de 1946 estableció que las
prestaciones que, en virtud de disposiciones anteriores, se encontraban a
cargo de los empleadores continuarían rigiéndose por tales normas hasta la
fecha en que el Seguro Social las asumiera, momento a partir del cual dejarían
de aplicarse aquellas disposiciones. A su vez, el artículo 76 dispuso que el
seguro de vejez reemplazaría la pensión de jubilación prevista en la legislación
anterior y contempló que las personas, entidades o empresas obligadas a
reconocer dichas pensiones continuarían afectadas por esa obligación hasta
que el Instituto conviniera en subrogarlas en el pago de tales prestaciones.

48. En concordancia con lo anterior, el artículo 259 del Código Sustantivo del

Trabajo prevé que las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el
seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo de los
empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de

18
Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

19

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Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y los reglamentos expedidos por dicha
entidad.

49. La Corte Suprema de Justicia19 ha precisado que, la subrogación del riesgo

se produce cuando el Instituto de Seguros Sociales asume el riesgo
correspondiente, momento a partir del cual cesa la aplicación del régimen
anterior. Al respecto, señaló:

b) Por otro lado, las prestaciones sociales indicadas anteriormente quedaban
sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse con la
oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los
riesgos correspondientes.

“No se trata por lo tanto a juicio de la Corte, como lo pretende la demanda de
que, los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, o más bien los decretos
aprobatorios de los mismos, expedidos por el Gobierno, modifiquen o deroguen
las normas legales en materia prestacional, sino que éstas por voluntad del propio
Congreso, autor de las mismas, dejan de regular los efectos de los contratos de
trabajo en la materia correspondiente, desde el momento en que se haga la
subrogación del riesgo respectivo.

“Las normas legales nacieron de contera, en razón de la voluntad soberana del
Congreso, manifestada en la forma prevenida en la Constitución, sin una
vocación de permanencia, esto es, con un expreso alcance transitorio, al término
del cual, sin que se trate de la prevalencia de una disposición reglamentaria sobre
una norma legal, desaparece dicho régimen legal, para ser reemplazado por un
régimen de seguridad social permanente, plasmado directamente en los
reglamentos del seguro aprobados por el Gobierno, pero originado en último
análisis, según los términos anteriores, en la propia voluntad del Congreso.

“Por otra parte, no puede dejar de observarse que, la vigencia transitoria de la
norma legal se conserva, con la posibilidad natural de su aplicación en todos
aquellos casos en que no se haya realizado la sustitución de la misma por el
régimen del Seguro Social. No se trata por lo tanto, como ya se indicó, de
modificación de normas legales, sino de una subrogación de riesgos, en virtud de
la regulación integral de la respectiva materia, progresivamente asumida por el
régimen de la Seguridad Social”.

19
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de junio de 2009, radicado No. 34029,
magistrado ponente: Gustavo José Gnecco Mendoza.

20

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50. Al respecto, esta Subsección20 ha recogido la doctrina de la Corte Suprema

de Justicia sobre la subrogación del riesgo pensional y la evolución normativa
de la asunción de dicho riesgo por el Instituto de Seguros Sociales, en los
siguientes términos

La naturaleza y concepto de la obligación pensional a cargo de los empleadores
y la que corresponde a la subrogación de este riesgo por parte del Instituto de
Seguros Sociales; así como y en dicho contexto, las nociones de compartibilidad
y compatibilidad de tal prestación, ha sido estudiada por ésta Corte en diferentes
oportunidades en las que se reitera su doctrina.

Al respecto esta Sala ha dicho:

1-. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por
el I.S.S.
La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos
al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura
del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta
ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los
patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el
seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado
para cada caso (…)”

A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se refiere la Sección
Tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando
en la legislación anterior (…)”

De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz de la seguridad
social colombiana dispuso que las pensiones asumibles inicialmente por el
seguro social eran las reglamentadas en dicha “ley”, las que venían figurando a
cargo de los patronos en la “legislación anterior”; y por tanto, la pensión de
jubilación que se transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando
en la legislación anterior (…)”

Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de
justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y
259 del C.S del T., 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8, 24, 43 y 48 del Decreto
extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento
constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y
limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios
a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos.

Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente,
que “por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes

20
Sección Segunda, Subsección B- Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de septiembre de 2020,
radicado No. 08001-23-33-000-2014-00318-01 (113-2018), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter.

21

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situaciones jurídicas: a- de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales
se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b- por otro lado, las
prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición
resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes”

[…]

En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del
I.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló
la subrogación paulatina por el I.S.S. de la pensión de jubilación contemplada en
el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción,
ambas de indiscutible origen legal.

De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros
Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente
las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el
Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del
mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación (…) dejarán de estar
a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los
reglamentos que dicte el mismo instituto”

51. En ese sentido, este fenómeno corresponde a una “subrogación de
riesgos”, en virtud de la cual las disposiciones que inicialmente imponían la
obligación pensional al empleador tenían un carácter transitorio, pues, su
aplicación cesaba respecto del riesgo una vez este era asumido por el Seguro
Social.

52. En este sentido, la subrogación no supone que el Instituto de Seguros

Sociales deba reconocer necesariamente una prestación idéntica a la que
correspondía al trabajador bajo la legislación anterior, pues, como lo ha
señalado la jurisprudencia, el seguro de vejez previsto por el régimen de
seguridad social no era equivalente a la pensión de jubilación a cargo del
empleador. Lo determinante para el desplazamiento de la obligación patronal
era la asunción del riesgo correspondiente por parte del Seguro Social.

22

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53. En ese sentido, la subrogación del riesgo pensional constituye el
mecanismo mediante el cual el Instituto de Seguros Sociales asume
progresivamente los riesgos que inicialmente se encontraban a cargo de los
empleadores, de manera que, una vez producida dicha asunción, cesa la
aplicación de las disposiciones anteriores que regulaban la obligación patronal
y entra a operar el régimen de seguridad social. Por consiguiente, la
subrogación supone el desplazamiento del riesgo pensional del empleador al
Instituto de Seguros Sociales, en los términos establecidos por la ley.

2.4 Hechos probados

54. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

54.1. Resolución No. 526 del siete (7) de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve (1999)21, expedida por el Gerente de
la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, el cual reconoció una
pensión de invalidez a favor de la señora Stella Casafús Álzate por
la suma de cuatrocientos tres mil seiscientos treinta pesos
($403.630), con los descuentos correspondientes al sistema de
salud; el artículo segundo ordenó el pago del retroactivo causado
desde el doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y nueve
(1999), las mesadas adicionales y los incrementos anuales; y el
artículo tercero dispuso que la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
asumiría el costo de la pensión de invalidez de origen común hasta
tanto se suscribiera el contrato de concurrencia por parte de la
Nación y el Departamento de Antioquia, para que el pago de la

21
Folios 94 a 97.

23

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pensión fuera subrogado por el Instituto de los Seguros Sociales.

54.2. Resolución No. 6502 de treinta y uno (31) de marzo de dos mil

once (2011)22, mediante la cual, el Instituto de Seguros Sociales
reconoció a la señora Stella Casafús Álzate, una pensión de vejez,
con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y en los parámetros de la Ley 33 de 1985,
dada su condición de servidora pública, para lo cual se tuvo en
cuenta el cumplimiento de 20 años de servicio al Estado y 55 años
de edad. Para establecer el tiempo de servicio, se consideraron los
períodos laborados en la ESE Hospital Mental de Antioquia entre
el 14 de noviembre de 1974 y el 30 de junio de 1995, y entre el 1
de julio y el 30 de octubre de 1995, que totalizaron 7.520 días de
servicio público sin cotización al ISS, así como 1.223 días
correspondientes a semanas cotizadas al ISS a través de entidades
públicas, para un total de 1.249 semanas, equivalentes a 24,29
años de servicio. Se aplicó una tasa de reemplazo del 75 %,
obteniéndose una mesada pensional de $1.073.582 para el año
2011. El reconocimiento quedó en suspenso hasta tanto se
acreditará el retiro del servicio.

54.3. Resolución GNR No. 44037 de diez (10) de febrero de dos mil

dieciséis (2016)23, mediante la cual Colpensiones reconoció y
ordenó el pago de una pensión de vejez de carácter compartida a
la señora Stella Casafús Álzate, en cuantía de ($1.001.469),
efectiva a partir del 8 de octubre de 2012, y dispuso que el

22
Folios 107 a 109.
23
Folios 111 a 114.

24

Número Interno: 1758-2026
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retroactivo correspondiente fuera girado al empleador, esto es, a la
E.S.E. Hospital Mental de Antioquia. Para este reconocimiento se
efectuó una nueva liquidación, para una mesada de $1.001.469.

54.4. Recurso de reposición y en subsidio de apelación del seis (6)

de abril de dos mil dieciséis (2016)24, bajo radicado No.
2016_3305875, por el apoderado de la señora Stella Casafús
Álzate, mediante el cual interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación contra la anterior resolución.

54.5. Resolución No. 130 del diecisiete (17) de marzo de dos mil

dieciséis (2016)25, expedida por la E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia, mediante la cual, se declaró extinguida la pensión de
invalidez reconocida a la señora Stella Casafús Álzate mediante la
Resolución No. 526 de 1999, al considerar configurada la
subrogación de dicha prestación por parte de Colpensiones.

54.6. Oficio de Colpensiones del once (11) de agosto de dos mil

dieciséis (2016)26, dirigida a la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia,
mediante la cual solicitó que informara si la pensión de invalidez
reconocida a la señora Stella Casafús Álzate mediante la
Resolución No. 526 de 1999 era de carácter compartida, al señalar
que en el expediente no se evidenciaba dicha condición y que solo
se hacía referencia al pago de la prestación hasta la suscripción de
un contrato de concurrencia, sin señalar expresamente su carácter

24
Folios 101 a 105.
25
Folios 59 a 61.
26
Samai, índice 00002, archivo: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), documento:
5ED_EXPDIGITA_05001233300020170290(.zip), archivo: GRP-COM-EN-2016_9192879-20160811083805.pdf.

25

Número Interno: 1758-2026
Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

compartido. Para tal efecto, solicitó a la E.S.E. aportar la
documentación correspondiente.

54.7. Obra comunicación del veintiséis (26) de agosto de dos mil

dieciséis (2016)27, mediante la cual la E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia dio respuesta al requerimiento formulado por
Colpensiones y manifestó que la pensión de invalidez reconocida a
la señora Stella Casafús Álzate tenía carácter compartido.
Asimismo, aludió a la celebración del Contrato de Concurrencia No.
001 de 2010, suscrito con la Nación, representada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Antioquia y el
Municipio de Bello, mediante el cual se garantizó la cobertura de
dicha obligación.

54.8. Resolución GNR No. 292355 del tres (3) de octubre de dos mil

dieciséis (2016)28, mediante la cual Colpensiones dispuso remitir el
expediente administrativo a la Gerencia Nacional de Defensa
Judicial para el inicio de una acción de lesividad.

2.5 Caso concreto

55. La Sala considera que, para resolver los reparos formulados por
Colpensiones, resulta necesario precisar la situación pensional de la señora
Stella Casafús Álzate y distinguir los tres reconocimientos pensionales
efectuados en su favor.

27
Samai, índice 00002, archivo: 5ED_EXPEDIENTE_EXPORDINARIO05001333(.zip), documento:
5ED_EXPDIGITA_05001233300020170290(.zip), archivo: GEN-COM-CO-2016_9932490-20160829105309.pdf.
28
Folios 116 a 118.

26

Número Interno: 1758-2026
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56. En primer lugar, mediante la Resolución No. 526 del siete (7) de diciembre

de mil novecientos noventa y nueve (1999), la ESE Hospital Mental de
Antioquia, le reconoció una pensión de invalidez de origen común, por valor
de cuatrocientos tres mil seiscientos treinta pesos ($403.630), a partir del doce
(12) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), con fundamento
en una pérdida de capacidad laboral del 52,9 %. En dicho acto se dispuso que,
la ESE Hospital Mental de Antioquia, asumiría el costo de la prestación, hasta
tanto se suscribiera el contrato de concurrencia correspondiente, momento a
partir del cual, el pago sería subrogado por el Instituto de Seguros Sociales.

57. Posteriormente, mediante la Resolución No. 6502 del treinta y uno (31) de

marzo de dos mil once (2011), el Instituto de Seguros Sociales reconoció a la
señora Casafús Álzate una pensión de vejez, de conformidad con el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de
1985, en cuantía de un millón setenta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos
($1.073.582), para el año 2011, equivalente al 75 % del ingreso base de
liquidación. Para su financiación se tuvieron en cuenta los tiempos laborados
en el sector público y las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros
Sociales. No obstante, el pago de esta prestación quedó en suspenso hasta
tanto se acreditará el retiro definitivo del servicio sin que obre en el expediente
prueba de su inclusión efectiva en nómina con fundamento en dicho acto.

58. Finalmente, mediante la Resolución GNR 44037 del diez (10) de febrero de

dos mil dieciséis (2016), Colpensiones reconoció a la demandada una pensión
de vejez de carácter compartido, en cuantía de un millón un mil cuatrocientos
sesenta y nueve pesos ($1.001.469), con efectos económicos a partir del ocho
(8) de octubre de dos mil doce (2012), y dispuso el giro del retroactivo
pensional a la ESE Hospital Mental de Antioquia. El retroactivo reconocido

27

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ascendió a cuarenta y nueve millones ciento diez mil ochocientos cincuenta
pesos ($49.110.850).

59. La Sala resalta que, la legalidad de las Resoluciones No. 526 de 1999 y

GNR 44037 de 2016, no constituye objeto de decisión en este proceso, por
cuanto dichos actos no fueron demandados. En consecuencia, no corresponde
efectuar un juicio sobre la validez de los reconocimientos allí efectuados ni
definir, con efectos sobre tales decisiones, si la prestación reconocida en 1999
estaba jurídicamente sometida al régimen de compartibilidad. Lo anterior se
acompasa con el criterio expuesto por esta Sala, conforme al cual, no resulta
procedente «examinar la legalidad de un acto administrativo que no fue acusado, ni
sorprender a las partes, en esta instancia, con un pronunciamiento de nulidad que lo
incluya»29. Tales actos serán considerados únicamente en cuanto constituyen

antecedentes necesarios para establecer si la Resolución No. 6502 de 2011,
incurrió en la ilegalidad alegada por Colpensiones.

60. Ahora bien, dado que, Colpensiones sostiene que, la Resolución No. 6502

de 2011, desconoció la situación pensional derivada de la Resolución No. 526
de 1999, resulta necesario verificar si existen elementos de juicio que permitan
tener por acreditado el presupuesto de compartibilidad en que se sustenta el
reparo. No obstante, para efectos de resolverlo, debe precisarse que, aunque
la entidad fundamenta su planteamiento en la compartibilidad pensional, la
situación que corresponde analizar en el presente caso se relaciona con la
subrogación del pago, conforme a lo previsto en la Resolución No. 526 de
1999.

61. Al respecto, la Resolución No. 526 de 1999, dispuso que, la ESE Hospital

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 26
de noviembre de 2025, 25000-23-42-000-2022-00048-02 (3514-2024). C.P Jorge Edison Portocarreo Banguera.

28

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Mental de Antioquia asumiría el costo de la prestación, hasta tanto se
suscribiera el contrato de concurrencia, momento a partir del cual, el pago
sería subrogado por el Instituto de Seguros Sociales.

62. La previsión contenida en el artículo tercero de la Resolución No. 526 de

1999 debe entenderse en el marco de las reglas previstas en los artículos 33
de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993, respecto de las obligaciones
pensionales a cargo de las entidades del sector salud. En particular, el artículo
33 de la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo
Prestacional de los Servidores del Sector Salud y dispuso que, la
responsabilidad financiera por dicho pasivo se determinaría mediante un
esquema de concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales. Por otra
parte, el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, estableció que «[l]as entidades del
sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están
obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se
establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales
en los términos previstos en la Ley 60 de 1993». En ese contexto, la Resolución No.

526 de 1999 determinó que, la ESE Hospital Mental de Antioquia asumiría
inicialmente el costo de la prestación y que, una vez suscrito el
correspondiente contrato de concurrencia, el pago sería subrogado por el
Instituto de Seguros Sociales.

63. Mediante oficio del once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016),

Colpensiones requirió a la ESE Hospital Mental de Antioquia, para que
informara si la pensión de invalidez reconocida mediante la Resolución No.
526 de 1999 tenía carácter compartido, al advertir que, tal circunstancia no se
evidenciaba en el expediente y que el referido acto administrativo no hacía
mención expresa a la compartibilidad, sino a la subrogación del pago una vez
se suscribiera el contrato de concurrencia.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

64. La ESE Hospital Mental de Antioquia, dio respuesta el veintiséis (26) de

agosto de dos mil dieciséis (2016), señalando que, la prestación tenía carácter
compartido y aludió a la celebración del Contrato de Concurrencia No. 001 de
2010, suscrito con la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Bello,
mediante el cual se garantizó la cobertura de esa obligación. Lo anterior
guarda relación con lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución No.
526 de 1999, en cuanto en este se previó que la ESE asumiría inicialmente el
costo de la prestación y que, una vez celebrado el contrato de concurrencia,
su pago sería subrogado por el Instituto de los Seguros Sociales.

65. De este modo, la subrogación que debía ser considerada al momento de

expedirse la Resolución No. 6502 de 2011 tenía su fuente en el propio acto de
reconocimiento, y en las normas que dispusieron la subrogación, la cual se
concretó en el contrato de concurrencia, y no en el artículo 18 del Acuerdo 049
de 1990, ya que, este establece la compartibilidad pensional supuesto que no
es objeto en este asunto.

66. Así las cosas, al momento de expedirse la Resolución No. 6502 de 2011,

ya se había celebrado el Contrato de Concurrencia No. 001 de 2010, al cual la
Resolución No. 526 de 1999 había supeditado la subrogación del pago de la
prestación reconocida. Por consiguiente, al reconocer la pensión de vejez, el
Instituto de Seguros Sociales debía atender los efectos de la subrogación
prevista en el acto de reconocimiento y concretada mediante el contrato de
concurrencia, y no efectuar un reconocimiento que desconociera dicha
situación.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

67. A esta conclusión se añade que, un entendimiento en contrario conllevaría

inexorablemente al presupuesto de la incompatibilidad pensional, pues, se
mantendrían vigentes la pensión de invalidez reconocida en el año 1999 por
la ESE Hospital Mental de Antioquia y la pensión de vejez de la Resolución
6502 de 2011, reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

68. Vistas así las cosas, asiste razón a la parte demandante al sostener la

ilegalidad de la resolución demandada, pero no por los argumentos expuestos,
sino por la subrogación del pago de la prestación, conforme a lo previsto en la
Resolución No. 526 de 1999 y en el esquema de concurrencia. No obstante,
ello no supone de ninguna manera, un reconocimiento, modificación o
compromiso respecto de la pensión reconocida por Colpensiones mediante
Resolución GNR No. 44037 de diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
máxime, cuando dicha decisión no es objeto de pronunciamiento en este
proceso y, además, en ella Colpensiones manifestó expresamente que,
rectificaba la prestación que había sido indebidamente reconocida.

69. En consecuencia, si bien procede declarar la nulidad del la Resolución No.

6502 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), a través de la
cual, el Instituto de Seguros Sociales reconoció a la señora Casafús Álzate
una pensión de vejez, no hay lugar al restablecimiento del derecho en los
términos pretendidos, toda vez que, el acto administrativo expedido en la
Resolución GNR No. 44037 de diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
efectuó el reconocimiento pensional a la demandada y estableció la
consecuencia jurídica correspondiente, determinando el monto de la mesada
pensional.

70. En ese sentido, se acreditó que, el reconocimiento de la pensión de vejez,

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

debía atender la concurrencia acordada desde el año 2010 con la ESE
Hospital Mental de Antioquia. En consecuencia, los reparos formulados por la
parte demandante están llamados a prosperar, por lo que, se revocará la
sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

71. Finalmente, frente a la solicitud de revocar la condena en costas formulada

por la parte demandante, la Sala advierte que, el criterio mayoritario de esta
Subsección ha sostenido que, la imposición de costas exige verificar la
conducta procesal asumida por la parte, con el fin de establecer si actuó con
temeridad o mala fe30.

72. En el caso concreto, al efectuar el análisis de la conducta procesal de las

partes, la Sala no evidencia que la entidad demandante hubiera actuado con
temeridad o mala fe, ni que hubiese desplegado actuaciones dilatorias dirigidas
a entorpecer el normal desarrollo del proceso. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en ambas instancias.

2.6 Condena en costas

73. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, para imponer condena en costas en esta instancia.

2.7 Conclusiones

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 10 de
julio de 2025, radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

74. La Sala concluye que, le asiste razón a la entidad demandante en los
reparos formulados en su recurso de apelación, aunque no por la configuración
del régimen de compartibilidad pensional invocado, sino porque el
reconocimiento de la pensión de vejez, debía atender los efectos de la
subrogación del pago de la prestación, conforme con la concurrencia acordada
desde el año 2010 con la ESE Hospital Mental de Antioquia. En consecuencia,
se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones
de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil
veintiséis (2026), proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 6502 del treinta
y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), mediante la cual, el Instituto de
Seguros Sociales ISS, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a
favor de la señora Stella Casafus Álzate, sin tener en cuenta el carácter
compartido de la prestación previamente reconocida con la ESE Hospital
Mental de Antioquia, de conformidad con lo expuesto, en la parte motiva de
esta providencia.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Stella Casafus Álzate

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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