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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 14 de junio de 2022, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Bertha Gutiérrez Vallejo contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. REVOCAR la condena en costas impuesta en primera instancia. TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)
Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Manizales

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal, promiscuo
y circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción
del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019. Subtema 2: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 14 de junio de 2022,
que declaró la prescripción trienal de todo el periodo reclamado por concepto de prima
especial con las consecuencias prestacionales y ordenó la reliquidación de los aportes
a pensión de jubilación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Bertha Gutiérrez Vallejo, en condición de juez, presentó demanda contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Seccional de la Administración Judicial con el objetivo de
obtener la reliquidación y pago de la prima especial y prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario. La Dirección Seccional de la Administración Judicial negó la
solicitud al considerar que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y la
sentencia de nulidad de los decretos no es un título constitutivo de gasto. La
demandante afirmó que los actos administrativos que negaron su petición son nulos,
porque desconocieron la naturaleza salarial de la prima especial de servicios, la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y los principios constitucionales de
igualdad y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Bertha Gutiérrez Vallejo, mediante apoderada judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)
Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Manizales

Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el 29 de abril de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMZR14-874 del 3 de
septiembre de 2014, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales y la Resolución No. 5001 del 20 de
agosto de 2015, expedida por la directora ejecutiva de administración judicial
de Bogotá, mediante las cuales se negó la inclusión del 30 % de la
remuneración mensual devengada por la demandante como base para la
liquidación de las prestaciones sociales de las vigencias 1993 a 2007.

(ii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de la
Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Bertha Gutiérrez
Vallejo la suma que resulte de la diferencia de todos los conceptos salariales
y prestacionales dejados de percibir en los años 1993 a 2007, teniendo en
cuenta lo devengado mensualmente, sin deducir la denominada prima
especial de servicios.

(iii) Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración
Judicial a reajustar o actualizar al momento de la ejecutoria del fallo de
primera o segunda instancia, las sumas a pagar, conforme con el índice de
precios al consumidor (IPC).

(iv) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada a favor
de la parte demandante, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

(v) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en los artículos
189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial, en condición de juez, desde el 1 de
febrero de 1981 hasta el 31 de agosto de 2007, por un periodo superior a
veinte (20) años, lo que le permitió obtener la pensión de vejez.

(ii) Desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 2007, recibió
mensualmente la prima especial de servicios como un porcentaje de la
remuneración mensual, la cual no fue tenida en cuenta para la liquidación
de sus prestaciones sociales por considerar que no tenía carácter salarial,
liquidación que también afectó las cesantías.

1
Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 175 a 202.
2 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folio 176.

2

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)
Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Manizales

(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados,
incluyendo la prima especial de servicios, mediante derecho de petición
presentado el 15 de agosto de 2014 ante la Dirección Seccional de la
Administración Judicial de Caldas.

(iv) La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la
petición mediante Resolución No. DESAJMZR14-874 del 3 de septiembre
de 2014.

(v) Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
que fue resuelto en forma negativa por la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial de Bogotá, mediante Resolución No. 5001 del 20 de
agosto de 2015.

(vi) El 18 de febrero de 2016 fue realizada la audiencia de conciliación que se
declaró fallida.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 83, 86, 93, 117, 121, 122, 123, 124, 125,
128, 150 numeral 19, literal e), 209, 228, 229 y 230; la Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 8
y 12, incisos 3 y 14; el Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64; el Decreto 717 de
1978, artículo 12; el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18,
19 y 21; los decretos 1042 y 1045 de 1978; los decretos 174 y 230 de 1975, y la Ley
1437 de 2011, artículos 102, 137, 138, 152, 162, 164 y 192.

4. En el concepto de violación, la demandante afirmó que los actos administrativos
demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales del
Consejo de Estado que establecen el carácter salarial de la prima especial de servicios
(30 % del salario) y su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales.
Afirmó que los actos incurrieron en falsa motivación al no atender el fundamento
principal de la pretensión que se soportaba en la sentencia del 29 de abril de 2014,
solo afirmó que la providencia no es un título constitutivo de gasto. Además, alegó que
los actos se expidieron de manera irregular y con desviación de poder.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso
las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y
cobro de lo no debido», por cuanto no existe ningún sustento normativo que le confiera
carácter salarial a la prima especial y, por tanto, que la base de liquidación de las
prestaciones deba incluir ese emolumento. Además, se configura la «cosa juzgada
constitucional», como quiera que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad
de la norma dejó incólume la determinación de que la citada prima no tiene carácter
salarial.

3

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Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
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6. Además, afirmó que operó la «prescripción trienal» por la reclamación tardía de
los derechos, comoquiera que la solicitud corresponde a acreencias presuntamente
generadas desde 1993 hasta el 2007.

7. Adujo que no es procedente acceder a las pretensiones teniendo en cuenta que
la prima del 30 % se estableció sin carácter salarial por mandato legal, la cual fue
declarada conforme a la Constitución en sentencia C-279 de 1996, motivo por el que
el Gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales
teniendo la potestad de determinar que ese 30 % de la remuneración mensual se
considera prima especial3.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia
dictada el 14 de junio de 2022, dispuso lo siguiente4:

PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación -
SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárase la NULIDAD, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de los actos administrativos; resolución DESAJMAR14-874 de 3 de
septiembre de 2014 y de la resolución n° 5001 de 20 de agosto de 2015.

TERCERO: Declárese NO PROBADA las excepciones I). ausencia de causa petendi, ii).
Inexistencia del derecho reclamado, iii) Cobro de lo no debido, y PROBADA las
excepciones de iv). Cosa juzgada constitucional y v). Prescripción trienal laboral, en
consecuencia,

a) DECLARAR que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 solo constituye FACTOR SALARIAL para efectos de los aportes a la pensión
de jubilación y dado que estos aportes no prescriben, en consecuencia, debe la
demandada reliquidar los aportes de pensión, sobre el 100% del sueldo básico y por el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de agosto de 2007 y
devolver las diferencias adeudadas al fondo de pensiones al cual este afiliado la Dra.
Gutiérrez Vallejo.

b) DECLARAR la prescripción trienal laboral de todo el periodo reclamado se declara la
prescripción de parte del periodo reclamado, -1 de enero de 1993 y hasta el 31 de agosto
de 2007-.

CUARTO: CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago COSTAS;
i). GASTOS PROCESALES para un total de CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
($14.200.oo M/C) y; NO CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN
DERECHO, conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

QUINTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá
efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones solicitadas en la demanda.

SEPTIMO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición

3 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 231 a 236.
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 10Sentencia1°.

4

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de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARIA hacer las
anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este
ejecutoriada la última providencia emitida, LIQUÍDESE los gastos del proceso,
DEVUELVASE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE las diligencias.

9. Para resolver el asunto, el tribunal advirtió que acogería en su integridad lo
dispuesto en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102, 269 y 271 del CPACA, de los cuales
se concluye la obligatoriedad de las sentencias.

10. Afirmó que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador
con la expedición de los decretos demandados anualmente, pues la Ley 4 de 1992
establece que no se pueden desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los
empleados destinatarios de la prima. En una incorrecta interpretación e indebida
aplicación de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno disminuyó el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que los actos administrativos
demandados son contrarios a la Constitución y la Ley, pues desconocen los derechos
laborales y prestacionales que genera el pago íntegro del salario y la reliquidación de
los derechos laborales y prestacionales.

11. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que sobre la materia ha
expedido el Consejo de Estado, la cual ha reconocido que la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es una prestación adicional
al sueldo básico y no parte de él, la cual, por mandato legal, solo reviste carácter de
factor salarial para efectos de la liquidación de los aportes para pensión de jubilación.

12. En punto a la prescripción, consideró que operó frente a las obligaciones
causadas antes del 15 de agosto de 2011, por cuanto la demandante realizó la
reclamación de la prima especial de servicios el día 15 de agosto de 2014. Así las
cosas, declaró prescritos todos los periodos reclamados, comprendidos entre el 1 de
enero de 1993 y el 31 de agosto de 2007, excepto los aportes para pensión de
jubilación.

13. En lo referente a la prescripción de las diferencias causados en la liquidación
de las cesantías advirtió que, a pesar de que constituyen una prestación social que no
es periódica sino anual y se reconocen mediante un acto administrativo susceptible de
control administrativo y judicial, la jurisprudencia ha señalado que ante una expectativa
que no se conocía o no se esperaba se puede reclamar su reliquidación a partir del
conocimiento de los múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado que
reconocieron la prima reclamada como un adicional al sueldo. Diferente es que en este
caso operó el fenómeno prescriptivo.

2.4. Recurso de apelación

14. La entidad demandada interpuso recurso de apelación para que se revoque la
sentencia, al considerar que la potestad para fijar los estipendios salariales y
prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno
nacional, por lo que es este quien determina dichas asignaciones con fundamento en
la Constitución y la Ley. Con base en los dispuesto en los decretos anuales expedidos
5

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por el Gobierno nacional, la administración judicial ha venido liquidando las
prestaciones de los jueces con el 70% del salario, pues de acuerdo con estos, el 30%
del salario de los jueces constituye prima especial sin carácter salarial.

15. Además, puso de presente que existen razones presupuestales que impiden
asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos, que, vale
decir, superan el tope de la remuneración mensual fijada por el Gobierno nacional.
Acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario y un
pago adicional del 30% desconocería los principios presupuestales y la prescripción
de aportes.

16. A partir de la declaración de nulidad de los decretos salariales de los años 1993
a 2007, no es procedente proponer fórmula conciliatoria por el tiempo laborado por el
actor hasta el 31 de diciembre de 2007, dado que operó la prescripción trienal, aspecto
que la sentencia apelada no analizó frente a la fecha de la reclamación del derecho.
Los aportes para pensión también prescribieron y, en todo caso, no fueron solicitados
ni en la reclamación administrativa ni en la demanda.

17. Adujo que la sentencia del 29 de abril de 2014 solo decretó la nulidad de algunos
artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, motivo por el cual los
decretos posteriores mantienen la presunción de legalidad, por lo que, frente a dichos
años, no es posible efectuar reconocimiento y pago alguno.

18. Por último, solicitó revocar la condena en costas por no encontrarse acreditada
una conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en atención al
manual de defensa5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, la Subsección A declaró fundado
el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en
esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la
causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido y ser beneficiarios de la prima
especial en condición de funcionaros de la Rama Judicial, circunstancia que generaba
interés directo en el proceso6.

20. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento
con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso,
por tener en curso procesos con miras a lograr el carácter salarial de los emolumentos
percibidos a los que al igual que ocurre con la prima discutida en este proceso, se
omitió otorgarles tal connotación.

21. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección
Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado), realizó la designación de conjueces e
integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 20257.
5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 11_Recepcionrecur_RecursoApelaci9_4_20240621155630911.
6 Samai, índice 11.
7
DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en
discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría
necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE
6

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22. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el
reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como
consta en el índice 19 del sistema de gestión judicial SAMAI.

23. Mediante auto del 7 de marzo de 20258, la conjuez designada por sorteo para
tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en
los términos del artículo 116 del CPACA9, según el cual «los nuevos Magistrados
desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique
causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

24. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA
sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento
manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados
con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.

25. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29
de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los
integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el
presente asunto, por tres razones, a saber10:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración
de la causal;
(iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.

26. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el
supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la
integración de la Sala, conforme con el cual los nuevos magistrados desplazan a los

CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces,
que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten
insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los
motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior
de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su
remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno nacional.
8 Samai, índice 21.
9 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el

Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple
comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se
requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren
a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya
el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados
desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o
recusación que dé lugar al nombramiento de estos.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774-2024,
5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 4079-
2023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.
7

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conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé
lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el
inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse,
únicamente, en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 11, la
Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

29. ¿El reconocimiento de la prima especial como un porcentaje adicional a la
remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez, involucra
la reliquidación de las prestaciones con la inclusión de esta, aun cuando el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 establece que constituye factor salarial únicamente para efectos
de la liquidación de la pensión?

30. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la entidad apelante constituye un
argumento válido para negar el reconocimiento de la prima especial y las diferencias
salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual
al 70 %, declaradas prescritas en el fallo apelado sin indicar la fecha de reclamación?

31. ¿El pago de la diferencia en los aportes para pensión de jubilación ordenado
por el tribunal, está sometido a la prescripción extintiva declara en la sentencia
apelada?

32. ¿Hay lugar a revocar la condena en costas impuesta a la entidad demandada
en primera instancia?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

33. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

11 CGP, artículos 320 y 328.

8

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)
Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Manizales

34. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
(…)

35. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones13, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.

36. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

37. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en

12
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
13 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.

9

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orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»14.

38. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»15.

39. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».

40. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictado por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo
de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»16. La nulidad dispuesta en

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-

00(121-03).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00(1831-07).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-

00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
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esa ocasión tuvo igual efecto al señalado en la sentencia del 2 de abril de 200917.

41. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica»18.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 %
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto

17 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).

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reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

42. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41
del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el
cómputo de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el
momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió
la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito),
contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores
a la interrupción».

43. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a
la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto
que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7
de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».

3.4. Caso concreto

44. La certificación del 22 de junio de 2018, expedida por el jefe del área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales
(Caldas)19, demuestra que la demandante ha ejercido los cargos de juez municipal,
promiscuo y circuito en el distrito judicial de Caldas, de manera interrumpida, así:

Cargo Desde Hasta
JUEZ PENAL MUNICIPAL DE SALAMINA 17/02/1981 24/01/1982

JUEZ 001 PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES 25/01/1982 12/04/1982
JUEZ 001 CIVIL MUNICIPAL DE PENSILVANIA 16/06/1982 15/03/1985

JUEZ 001 CIVIL MUNICIPAL DE RIOSUCIO 16/03/1985 31/10/1990

JUEZ 002 CIVIL MUNICIPAL DE CHINCHINÁ 1/11/1990 06/03/1991

JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DE RIOSUCIO 07/03/1991 26/06/1991

JUEZ 001 PROMISCUO DE FAMILIA DE LA DORADA 27/06/1991 18/12/1991

JUEZ 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES 19/12/1991 15/04/1994

JUEZ PROMISCUO DE MANIZALES 16/04/1994 31/05/1994

JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DE PENSILVANIA 29/06/1994 15/12/1996

JUEZ 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES 16/12/1996 31/01/2002

JUEZ 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CHINCHINÁ 01/02/2002 31/07/2002

JUEZ 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES 01/08/2002 02/02/2003

JUEZ 003 DE FAMILIA DE MANIZALES 03/02/2003 11/05/2003

JUEZ 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES 12/05/2003 31/08/2007

19 Samai, índice 2, archivo 02Cuaderno1A.pdf.

12

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45. La Resolución 5001 de 20 de agosto de 201520, por medio de la cual la directora
ejecutiva de administración judicial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
demandante en contra de la Resolución DESAJMZR14-874 del 3 de septiembre de
2014, da cuenta de que la actora pertenecía al régimen de acogidos, por lo siguiente:

En este estado del debate es necesario reiterar igualmente, que mediante la
sentencia del 29 de abril del 2014 el Consejo de Estado decretó únicamente la
nulidad de los artículos que en los decretos de salarios de la Rama Judicial de
los años 1993 a 2007 establecieron que se considera como Prima sin carácter
salarial el 30% de la asignación básica de los cargos allí enlistados, sin efectuar
pronunciamiento alguno sobre disposiciones idénticas de los años posteriores,
reunidas para los servidores del régimen de los ACOGIDOS, al cual pertenece la
peticionaria, en los Decretos de salarios Nos: 658 de 2008, 723 de 2009, 1338
de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012 y 1024 de 2013.

46. De la misma manera, los actos administrativos por medio de los cuales se
reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales correspondientes a las vigencias
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 199921, evidencian que la demandante se acogió
al nuevo régimen salarial de los empleados de la rama judicial, pues en las
resoluciones se pone de presente la aplicación del régimen salarial previsto en el
Decreto 57 de 1993 y se incluye un párrafo en el que se indica esa novedad.

47. La certificación expedida por el área de talento humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales y los actos administrativos
demandados acreditan que la actora ejerció los cargos de juez municipal, promiscuo y
del circuito en el distrito judicial de Caldas. Por su parte, las resoluciones a través de
las cuales se liquidaron las cesantías parciales, evidencian los salarios devengados
durante las vigencias 1994 a 1999.

48. Sobre el pago de la prima especial, la entidad demandada manifestó en el
escrito del recurso de apelación lo siguiente: «Ahora, para dar claridad sobre esta
controversia, le explico que la administración judicial ha venido liquidando prestaciones
de los jueces con el 70% del salario, pues, de acuerdo a los decretos anuales de
salarios, el 30% del salario de los jueces es la prima especial de servicios regulada en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial. Es por ello que en las demandas
reclaman el pago del 30% adicional al salario (prima de servicios artículo 14) y la
reliquidación de prestaciones con el 100% del salario».

49. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que a la demandante se le pagaron
los salarios y se liquidaron sus prestaciones con reducción del 30 % de la
remuneración básica, porcentaje que era imputado a título de prima especial,
fraccionamiento que justificó en las disposiciones contenidas en los decretos salariales
y prestacionales expedidos por el Gobierno nacional, en virtud de las competencias
constitucionales y legales que le facultaban para el efecto.

50. Al respecto, es del caso reiterar que la Ley 4 de 1992 previó en el artículo 14 la
creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que

20 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 75 a 93.
21 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 32, 34, 37, 40, 43, 46 y 49.

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la prima especial constituye factor salarial solo para la liquidación de la pensión de
jubilación. Conforme con este marco normativo, la sentencia de nulidad del 29 de abril
de 2014 precisó lo siguiente:

[L]a Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió
a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la
remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedó consagrado en
los artículos 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto
en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta
de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus”
para añadir el valor del ingreso laboral del servidor.

51. La razón de la decisión citada sustentó la nulidad de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial de los funcionarios de
la Rama Judicial correspondiente a los años 1993 y 2007, en los que se establecía el
30 % de la prima especial como una fracción del salario básico mensual, que se
reducía al 70 % por motivo de ese fraccionamiento. Así, por ejemplo, el Decreto 57 de
1993, vigente para el periodo reclamado por la demandante, por medio del cual el
Gobierno nacional dictó disposiciones en materia salarial y prestacional para los
empleados públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar, dispuso lo
siguiente:

ARTICULO 6o. En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 14 de la Ley 4° de 1992,
se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar.

52. Así entonces, como la base de liquidación de las prestaciones de la demandante
fue calculada conforme a los decretos que establecían el reconocimiento de la prima
especial como un porcentaje de la asignación básica, le asiste derecho a la
reliquidación de estas, con el 100 % de la remuneración mensual, tal y como lo ordenó
el tribunal. No obstante, frente a las obligaciones derivadas de ese reconocimiento
operó el fenómeno de la prescripción.

53. En este sentido, resulta claro que la actora tiene derecho al reconocimiento de
las diferencias pretendidas con motivo de la reliquidación de la base de liquidación de
las prestaciones hasta alcanzar el 100 % de la remuneración mensual, pero no
procede el pago por motivo de la configuración de la prescripción. Al respecto, vale
precisar que la demandante prestó servicios en condición de juez hasta el 31 de agosto
del 2007 y la reclamación en sede administrativa la radicó el 19 de agosto de 2014,
motivo por el cual el tribunal declaró el derecho, pero no ordenó el pago de las
consecuencias económicas derivadas de esa declaración.

54. En lo atinente a la reliquidación de aportes para pensión, la entidad demandada
considera que esa orden resulta improcedente por no haber sido solicitado ese pago
en sede administrativa ni incluido en las pretensiones de la demanda, además que
frente a esta también operó el fenómeno prescriptivo.

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55. Al respecto, se observa que la sentencia apelada declaró que la prima especial
de servicios constituye factor salarial solo para efectos de aportes para pensión de
jubilación, por lo que ordenó el pago de las diferencias a que hubiere lugar por causa
de la reliquidación que se debe hacer sobre el 100% del sueldo básico, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 2007, dado que estos
no prescriben.

56. Como sustento de su decisión, el tribunal citó jurisprudencia de esta
Corporación22 en la que se reiteró la imprescriptibilidad de los aportes que por
concepto de pensión debe realizar el empleador, en atención a los principios de
irrenunciabilidad de los beneficios laborales, in dubio pro operario, derecho a la
igualdad y el principio de no regresividad en armonía con el de progresividad.

57. Ahora bien, la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial y la
reliquidación de las prestaciones presentada por la demandante el 19 de agosto de
2014, también evidencia la petición de reconocimiento de los aportes a pensión en los
siguientes términos: «SEGUNDO: Que se reliquide y pague al fondo pensional UGPP
los aportes para pensión tomando como base el 100 % del salario básico mensual»,
hecho probado que desvirtúa el argumento de reparo expuesto por la entidad apelante.

58. Sobre el carácter prestacional de la prima especial de servicios en relación con
los aportes a pensión de jubilación, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019 fijó en la primera regla la naturaleza de dicha prestación y la
consecuencia derivada de su reconocimiento, así: «La prima especial de servicios es
un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación».

59. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala el argumento expuesto por la
demandada para que se revoque la condena no tiene vocación de prosperidad, en
tanto el carácter salarial de la prima especial respecto de los aportes a la pensión de
jubilación es una consecuencia que establece la ley con motivo del reconocimiento de
la prima especial a los servidores que ejercen los cargos citados en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992.

60. Así las cosas, siempre que se establezca el derecho a la prima especial objeto
de la presente controversia, se debe ordenar el reconocimiento y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación el 100 % del salario básico mensual y el 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios que solo constituye factor salarial para
ese efecto23, sin aplicar el fenómeno jurídico de la prescripción, por ser la seguridad

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado 08001-23-33-000-2013-

00763-01 (1309-15).
23
En igual sentido se reconoció en el proceso radicado bajo el número 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-
2018), sentencia del 5 de septiembre de 2023 y 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014), sentencia del 4 de
julio del 2024.
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)
Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Manizales

social un derecho irrenunciable24 e imprescriptible25, cuyo reconocimiento constituye
un mandato legal.

61. En lo atinente a la imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina el pago
adicional correspondiente a la prima especial, es del caso señalar que las limitaciones
presupuestales no constituyen una causal válida para negar el reconocimiento de un
derecho salarial debidamente causado.

62. Lo anterior, porque el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 prevé claramente la
obligación de reconocimiento y pago de la prima especial, la cual forma parte del
ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. En
ese marco, la denegación de reconocimiento y pago de la prima especial con el
argumento de la imposibilidad presupuestal, además de desconocer el derecho salarial
establecido en la citada norma, también afecta los aportes que por mandato de la
misma norma se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

63. Por tanto, la entidad demandada tiene el deber de gestionar los recursos
necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley, sin que sea válido desconocer
el derecho laboral y prestacional que la Constitución Política protege (arts. 48 y 53),
bajo el argumento de la planificación presupuestal, máxime porque el aporte para
pensión constituye un derecho irrenunciable e imprescriptible. Al respecto, la Corte
Constitucional26 ha reiterado que «la situación económica y presupuestal que
afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el incumplimiento de
las obligaciones laborales».

64. En este orden, la denegación del derecho laboral y prestacional por la
imposibilidad de establecer una partida presupuestal involucra la planeación de
recursos que en ningún caso puede incidir en el reconocimiento de la prima especial
que se analiza en este caso, tampoco condicionar su pago, menos aún afectar los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

65. Ahora, frente a la revocatoria de la condena en costas bajo el argumento de que
no existe conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en
atención a un manual de defensa nacional, debe advertirse que el tribunal para
imponerla acudió a su composición, que en términos del artículo 361 del CGP27 están
conformadas por los gastos procesales y las agencias en derecho, de donde se
concluye que se aplicó un criterio objetivo en la imposición, pues de acuerdo con lo
previsto en el inciso primero del artículo 188 del CPACA, en armonía con los artículos
365 y 366 del CGP, el juez debe disponer en la sentencia sobre ese aspecto, sin acudir
24 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
Corte Constitucional, sentencia C-125 de 2004.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
26 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
27
ARTÍCULO 361. COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.
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a la valoración del comportamiento de la parte vencida en el proceso, en tanto «solo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación». El tribunal impuso condena en costas conforme a los
gastos que encontró acreditados dentro del proceso.

66. En ese orden de ideas, se entiende que el tribunal impuso la condena en costas
con observancia del artículo 188 del CPACA que establece la procedencia en aplicación
de un criterio objetivo-valorativo, por lo que, en principio, no hubo lugar a valorar la
conducta de la parte vencida, sino que solo requirió la verificación de la causación en
la medida de su comprobación.

67. Ahora, el criterio de interpretación mayoritario de la Subsección sobre el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, consiste en que para decretar la condena debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe, tesis que se acoge en
esta providencia.

68. Por lo expuesto, la Sala revocará la condena referida, dado que no existe
prueba de la parte vencida haya obrado de mala fe o con temeridad, pues no se
observa conducta alguna o circunstancia irregular que hubiera afectado el trámite
procesal. Por el contrario, se advierte que el apoderado de la Rama Judicial actuó en
ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, sin realizar acciones dilatorias
encaminadas a afectar o a obstruir el curso del proceso.

3.5. Conclusión

69. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la demandante tiene derecho
al reconocimiento de sus ingresos mensuales sobre el 100 % de su salario básico. No
obstante, dado que operó el fenómeno jurídico de la prescripción, el restablecimiento
debe limitarse a la reliquidación y pago de los aportes a pensión de jubilación, tal y
como lo ordenó el tribunal.

70. Así las cosas, la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda se confirmará con excepción de la condena en costas en primera instancia,
que será revocada.

4. Costas

71. En lo atinente a las costas, tal como se expuso en precedencia, la presente
providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge el criterio de
interpretación mayoritario28 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de

28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
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2011, consistente en que para decretar la condena debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

72. Por lo tanto, la Sala revocará la condena impuesta en primera instancia y se
abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte que la entidad
demandada haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 14 de junio de 2022, en cuanto
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Bertha
Gutiérrez Vallejo contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

SEGUNDO. REVOCAR la condena en costas impuesta en primera instancia.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx .

Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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