Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00646-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00646-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2012-00646-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-31-000-2012-00646-02 (1225-2025)1
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia del quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Ana Lucía Vega Torres, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos.
0989 del diez (10) de marzo y 5214 del veinte (20) de septiembre de dos mil
once (2011), mediante las cuales, negó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales adeudadas, en equivalencia del 80% de lo que por todo
concepto devengaron los magistrados de Altas Cortes.
1
Expediente electrónico.
2
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 118 a 134.
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandados: Nación – Rama Judicial
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer, liquidar y pagar
las diferencias salariales adeudadas por concepto de bonificación por
compensación, teniendo en cuenta que, de conformidad con el Decreto 610
de 1998, le corresponde entre el «tres (3) de julio de dos mil tres (2003) al dos
(2) de julio de dos mil cinco (2005)», el 80% de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de Altas Cortes, quienes a su vez, conforme con el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, deben recibir un salario igual a los ingresos
que por todo concepto devenga un congresista; ii) el pago de los intereses en
los términos del artículo 177 del C.C.A; iii) las condenas actualizadas e
indexadas de conformidad con el artículo 178 del C.C.A; y iv) el cumplimiento
de la sentencia conforme con los artículos 176 y 177 ibidem.
1.1.2 Hechos
3. La señora Ana Lucía Vega Torres señaló que, laboró en la Rama Judicial,
desempeñando el cargo de Directora Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali, y que, tenía derecho al reconocimiento de la bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998.
4. Expuso que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, y las
normas que regulaban la remuneración de los funcionarios de la Rama
Judicial, los magistrados de las Altas Cortes debían recibir una remuneración
equivalente a los ingresos que, por todo concepto, percibían los miembros del
Congreso, situación que a su juicio, incidía directamente en el valor de la
bonificación por compensación que le correspondía.
5. Señaló que, el dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011), presentó
ante la Rama Judicial, reclamación administrativa para obtener el
reconocimiento y pago de las referidas diferencias salariales, derivadas de la
aplicación del Decreto 610 de 1998. Indicó que, mediante la Resolución No.
0989 del diez (10) de marzo de dos mil once (2011), la demandada negó lo
solicitado.
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandados: Nación – Rama Judicial
6. Expuso que, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el
cual, fue resuelto mediante la Resolución No. 5214 del veinte (20) de
septiembre de dos mil once (2011), por medio de la cual, se confirmó la
negativa.
1.2. Concepto de violación.
7. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
7.1. Constitucionales: artículos 2º, 4º, 13, 53 y 113 de la
Constitución Política.
7.2. Legales y reglamentarias: artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de
1992; artículo 102 de la Ley 1437 de 2011; artículo 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; artículo 1º del Decreto 610 de 1998, y el
artículo 1º del Decreto 4040 de 2004.
8. Señaló que, los actos administrativos demandados fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, pues, a su juicio, el artículo
15 de la Ley 4ª de 1992, establece un parámetro de equidad entre quienes
ocupan los más altos cargos de las ramas Legislativa y Judicial, al disponer
que, los ingresos de los magistrados de las Altas Cortes se igualen a los
percibidos por los miembros del Congreso, sin que los superen.
9. Sostuvo que, conforme a dicha disposición y al artículo 1º del Decreto 610
de 1998, tenía derecho al reconocimiento de la bonificación por compensación
hasta alcanzar el ochenta por ciento (80 %) de lo devengado por todo concepto
por los magistrados de las Altas Cortes. Agregó que, la situación remuneratoria
de estos funcionarios incidía directamente en el valor de la bonificación que le
correspondía y que, al resolver su reclamación, debían observarse los
principios de igualdad, equidad, favorabilidad laboral, dignidad humana y
primacía de la realidad, así como, los derechos mínimos e irrenunciables de
los trabajadores.
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandados: Nación – Rama Judicial
2. Contestación de la demanda.
10. La parte demandada3, por medio de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al sostener que, la fijación del régimen salarial
de los servidores de la Rama Judicial corresponde al Gobierno nacional.
11. Señaló que, la demandante se acogió voluntariamente al régimen previsto
en el Decreto 4040 de 2004, mediante la suscripción del respectivo contrato
de transacción, por lo que, a su juicio, no podía pretender posteriormente, el
reconocimiento de la bonificación por compensación en los términos del
Decreto 610 de 1998. Agregó que, la entidad aplicó correctamente las
disposiciones que regulaban la remuneración de los funcionarios de la Rama
Judicial y que, las cesantías no constituían un ingreso permanente de los
congresistas para efectos de determinar la base de liquidación de la
bonificación por compensación.
12. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de causa para demandar»,
«prescripción trienal de derechos laborales» e «innominada o genérica».
3. La sentencia de primera instancia4.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida
el quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de “Prescripción
extintiva de los derechos” formulada por la parte demandada, según lo expuesto
en esta providencia esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos, según
las consideraciones de esta sentencia:
• Resolución No. 0989 de 10 de marzo de 2011.
• Resolución No. 5214 del 20 de septiembre de 2011.
TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada que, a título de
restablecimiento del derecho, debe reconocer y pagar en favor de la demandante,
las diferencias económicas que resulten de la reliquidación del salario y las
3
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «22_CONTESTACIONDEDEMANDA_RAMADESAJCONT».
4
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: « 102Sentenciadepr_310Sentencia20120064».
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandados: Nación – Rama Judicial
prestaciones sociales, teniendo en cuenta la bonificación por compensación en
la forma consagrada en el Decreto 610 de 1998, que sumada a los demás
ingresos laborales sea igual al ochenta por ciento (80%) de los ingresos que por
todo concepto perciban los magistrados de las Altas Cortes, como salario,
prestaciones sociales, incluyendo las cesantías devengadas por ellos,
descontando lo percibido por el mismo concepto en un porcentaje menor a través
de la denominada bonificación por gestión judicial, si es el caso. Lo anterior
deberá reconocerse sobre todos los valores causados entre desde 02 de
diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia del Decreto 4040, hasta el 05
de julio de 2005, fecha de finalización del servicio de la exdirectora en la entidad
demandada, ya que todo lo causado con anterioridad al 02 de diciembre de 2004
se encuentra prescrito, según se indicó en la parte motiva de esta sentencia.
Respecto de la prima especial de servicios del 30%, para los efectos de la
liquidación, la entidad demandada deberá tener en cuenta el fenómeno de la
prescripción, pues este no se aplica igual como en la Bonificación por
compensación, es decir, ese 30% como un plus al salario, en este caso concreto,
no tendrá incidencia en la reliquidación ordenada, ya que todo los derechos
laborales y sus valores causados con anterioridad al 10 de febrero de 2008 se
encuentran afectados por el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos
laborales, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia y conforme a
la sentencia de unificación del Consejo de Estado citada.
En concordancia con lo previsto en la sentencia del Consejo de Estado SUJ- 016-
CE-S2-2019 del 02 de septiembre de 2019, C.P Carmen Anaya de Castellanos,
la parte demandada deberá tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en
la presente sentencia, no podrá en ningún caso llevar a superar el 80% de lo que
por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que
como ya se precisó, es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas,
incluido el auxilio de cesantías.
De manera que, para efectos del cumplimiento de la condena, a la parte
demandada le corresponderá revisar que, con motivo de la reliquidación de
ordenada, no se supere el límite del 80% determinado por el Gobierno Nacional
en el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012.
CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia
en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), aplicando la siguiente fórmula de actualización:
(…)
QUINTO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
(…) (sic)
14. Como sustento de su decisión, señaló que, la parte demandante registró
vinculación con la Rama Judicial en el cargo de Directora Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Cali, desde el «03 de julio de 2003 hasta el
02 de julio de 2011». Asimismo, estableció que, el dieciocho (18) de febrero de
dos mil once (2011) presentó reclamación administrativa para obtener el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de la aplicación
del Decreto 610 de 1998, correspondientes al ochenta por ciento (80%) de lo
devengado por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes.
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15. En relación con la prescripción, sostuvo que, como la reclamación
administrativa fue presentada el dieciocho (18) de febrero de dos mil once
(2011), dentro del período comprendido entre el dos (2) de diciembre de dos
mil cuatro (2004) y el veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), se
configuraba la coexistencia de los regímenes previstos en los Decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004, por lo que, no había lugar a declarar prescritos los
derechos causados durante dicho interregno. No obstante, precisó que, como
el período reclamado comprendía del tres (3) de julio de dos mil tres (2003) al
dos (2) de julio de dos mil cinco (2005), los derechos laborales y valores
causados antes del dos (2) de diciembre de dos mil cuatro (2004), se
encontraban prescritos.
16. En ese sentido, condenó a la parte demandada a reconocer y pagar las
diferencias derivadas de la reliquidación salarial y prestacional, teniendo en
cuenta la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998,
hasta alcanzar el (80%) de lo devengado por todo concepto por los
Magistrados de las Altas Cortes, incluidas las cesantías, con descuento de lo
percibido por bonificación por gestión judicial, si fuere el caso. La reliquidación
comprendió los valores causados entre el dos (2) de diciembre de dos mil
cuatro (2004) y el cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005), por encontrarse
prescritos los valores causados con anterioridad.
17. Finalmente, precisó que, la prima especial de servicios del treinta por ciento
(30 %) no tendría incidencia en la reliquidación ordenada, pues los derechos y
valores causados con anterioridad al diez (10) de febrero de dos mil ocho
(2008) se encontraban afectados por la prescripción trienal. Asimismo, señaló
que, el reconocimiento de la bonificación por compensación no podía superar,
en ningún caso, el ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto
devengaran anualmente los Magistrados de las Altas Cortes, incluidos los
auxilios de cesantías, de conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.
4. Los recursos de apelación
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4.1 La parte demandada5
18. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y señaló, en primer
lugar, que su pronunciamiento se circunscribía a los servicios prestados por la
demandante en la Seccional Cali, correspondientes al período comprendido
entre el primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) y el treinta (30) de enero
de dos mil siete (2007).
19. Expuso que, la bonificación por compensación únicamente tenía efectos
salariales para el cálculo y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y que, su inclusión como factor prestacional generaría una referencia
circular y podría superar el límite del 80 % de los ingresos de los magistrados
de las Altas Cortes.
20. De otra parte, cuestionó el análisis de la prescripción, al señalar que, debía
diferenciarse entre la bonificación por compensación propiamente dicha y la
incidencia de la reliquidación de la prima especial de servicios. Respecto de la
primera, precisó que, debían aplicarse las reglas establecidas por las
sentencias de unificación de 2016 y 2019, distinguiendo el período
comprendido entre el cinco (5) de octubre de dos mil uno (2001) y el dos (2)
de diciembre de dos mil cuatro (2004), anterior a la expedición del Decreto
4040 de 2004, y el comprendido entre el tres (3) de diciembre de dos mil cuatro
(2004) y el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), durante la
coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004. Frente a la
incidencia de la reliquidación de la prima especial, afirmó que, operaba la
5
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «107Recepcionrecur_311024APELADESAJRAD7».
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prescripción trienal general, contada desde la exigibilidad del derecho, la cual
opera desde la vinculación del servidor.
21. Finalmente, reprochó la condena en costas impuesta en primera instancia,
pues, a su juicio, no se encontraba acreditada su causación en el expediente
y que, por tanto, no se cumplían los presupuestos para imponerla, por lo que,
solicitó su revocatoria.
4.2 La parte demandante6
22. La parte actora reprochó la determinación del período de vinculación laboral
y, consecuentemente, la declaratoria de prescripción, alegó que, la sentencia
tuvo en cuenta unas fechas erróneas, pues, su vinculación como Directora
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, se extendió del primero
(1º) de agosto de dos mil cinco (2005) al treinta y uno (31) de enero de dos mil
siete (2007). Señaló que, las fechas del tres (3) de julio de dos mil tres (2003)
al dos (2) de julio de dos mil cinco (2005), consignadas en las pretensiones,
obedecieron a un error, mientras que, las demás piezas procesales y
documentales daban cuenta del período correcto, por lo que, no había lugar a
declarar la prescripción, dado que, toda la vinculación ocurrió con posterioridad
al tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004).
23. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, se ordenara el
reconocimiento de las diferencias por bonificación por compensación durante
todo el período comprendido entre el primero (1º) de agosto de dos mil cinco
(2005) y el treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007), teniendo en
cuenta, para determinar el límite del (80%), los ingresos percibidos por los
congresistas por todo concepto, incluidas las cesantías.
5. Trámite de segunda instancia
24. Con auto del veintitrés (23) de junio de dos mil veintiséis (2026)7, el
6
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: « 04ApelaciondeSe_APELACION20120064601».
7
Índice 00004 Samai.
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respectivo magistrado ponente, admitió el recurso de apelación interpuesto por
los extremos de la litis.
25. La parte demandante allegó los alegatos de conclusión en segunda
instancia8, donde reiteró los argumentos del recurso de alzada. A su turno, la
entidad demandada9 insistió en la prescripción de la bonificación por
compensación y sostuvo que, su reconocimiento, junto con la prima especial,
no podía superar el (80%) de los ingresos de los Magistrados de las Altas
Cortes.
26. El Ministerio Público, no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
27. El sub examine fue presentado bajo la vigencia del Código Contencioso
Administrativo, se precisa que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
• Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 129 del CCA.
2.2 Cuestión previa
2.2.1 Sobre los extremos temporales de la controversia
28. Previo a abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte que, la parte
actora, mediante solicitud de aclaración10 presentada ante el Tribunal, puso de
presente una inconsistencia respecto de los extremos temporales de su
vinculación como Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali, al señalar que, las fechas consignadas en las pretensiones de la
demanda obedecieron a un error, pues, el período efectivamente laborado y
8
Índice 00011 Samai.
9
Índice 00012 Samai.
10
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «113AllegaMemorial_113_Autoqueresuel_So».
10
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reclamado correspondía al comprendido entre el primero (1º) de agosto de dos
mil cinco (2005) y el treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007). Dicha
inconformidad fue reiterada posteriormente en el recurso de apelación.
29. En efecto, mientras que, en el acápite de pretensiones se indicó como
período objeto de reclamación el comprendido entre el tres (3) de julio de dos
mil tres (2003) y el dos (2) de julio de dos mil cinco (2005), en la reclamación
administrativa, se hizo referencia al período comprendido entre el primero (1º)
de agosto de dos mil cinco (2005) y el «treinta y uno (31)» de enero de dos mil
siete (2007). De igual manera, la apoderada de la parte actora precisó, en el
memorial de respuesta a las excepciones formuladas por la entidad
demandada11, y en los alegatos de conclusión12, que el período de vinculación
respecto del cual, se reclamaban las diferencias por concepto de bonificación
por compensación, correspondía al comprendido entre el primero (1º) de
agosto de dos mil cinco (2005) y el «treinta y uno (31)» de enero de dos mil
siete (2007).
30. Al resolver la solicitud de aclaración, mediante Auto No. 288 del quince (15)
de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)13, el Tribunal consideró que, la
sentencia se había ajustado a las pretensiones de la demanda, por lo que,
negó la solicitud al estimar que lo pretendido comportaba una modificación de
la decisión y no una aclaración de la misma.
31. Así las cosas, comoquiera que, la parte actora reiteró esta inconformidad
en el recurso de apelación, y que durante el trámite de primera instancia
también precisó que, el período objeto de reclamación correspondía al
comprendido entre el primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) y el
«treinta y uno (31)» de enero de dos mil siete (2007), corresponde a la Sala
determinar, a partir del análisis integral de la reclamación administrativa, las
pretensiones de la demanda, las pruebas allegadas al proceso y las
11
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento:«037_DESCORRIENDOELTRASLADODELASEXCEPCIONESPROPUESTAS_MEMORIALEXCEPCIO
NES».
12
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «047_ALEGATOSDECONCLUSION_ALEGATOS201200646».
13
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «114Autoqueresuel_AutoNiegaAclaracionp».
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actuaciones surtidas por las partes, cuál fue el período efectivamente laborado
por la actora y, a partir de este, el período efectivamente comprendido en la
controversia.
2.2 Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
32.1 ¿El Tribunal erró al determinar los extremos temporales de la
controversia, con fundamento en el período indicado en las pretensiones
de la demanda, pese a que las demás actuaciones procesales y pruebas
permitían establecer que, el período objeto de reclamación correspondía
al primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) hasta el treinta y uno (31)
de enero de dos mil siete (2007)?
32.2 ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción, respecto de las
diferencias derivadas de la bonificación por compensación?
32.3 ¿La sentencia de primera instancia, no se aviene al orden jurídico, al
reconocer efectos salariales a la bonificación por compensación, para la
reliquidación de prestaciones sociales distintas de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral?
32.4 ¿La sentencia de primer grado, ordenó una reliquidación que excede
el límite del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de las Altas Cortes?
32.5 ¿Hay lugar a revocar la condena en costas, impuesta a la entidad
demandada en primera instancia?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por
compensación14
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 4 de
junio de 2026, radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02 (3509-2025), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
Demandados: Nación – Rama Judicial
33. El veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), en
uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 610 de 199815, a través del cual, se creó la bonificación por
compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito16.
34. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y nueve (1999), la cual, tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios
de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que
aquella, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento
(60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó
que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos
sería del ochenta por ciento (80%).
35. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668
de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del trece (13) de
abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), derogado por el Decreto 2738
15
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
16
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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del veintisiete (27) de diciembre de dos mil (2000), derogado por el Decreto
1476 del diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001), este a su vez derogado
por el Decreto 2726 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil uno (2001),
derogado por el Decreto 663 del diez (10) de abril de dos mil dos (2002),
derogado por el Decreto 3570 del once (11) de diciembre de dos mil tres
(2003), a su vez, derogado por el Decreto 4040 de 2004.
36. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el
Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el veinticinco (25)
de septiembre de dos mil uno (2001), expediente Nº 395-99, con efectos ex
tunc. Ante ello, el Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe entenderse
que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y
son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron
con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación de los
magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de 1998
había desaparecido del orden jurídico.
37. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
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b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación».
38. Quienes debían antes del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro
(2004), por escrito manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.
39. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), expediente No. 11001-03-
25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el veintisiete (27) de enero de dos mil
doce (2012). En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto
610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por
los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la
establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
40. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó
los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
41. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus
beneficiarios.
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42. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016)17 concluyó
que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no era posible
dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia
de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por el
Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del veintiocho (28) de enero de dos
mil doce (2012) -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.
43. Luego, esta Corporación, también a través de decisión proferida por la Sala
de Conjueces, esta vez de fecha dos (02) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación; dicha providencia, fue
aclarada mediante auto del siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
en el cual se indicó que, la prescripción de las acreencias derivadas de dicha
bonificación opera respecto del período comprendido entre el cinco (5) de
octubre de dos mil uno (2001) —fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el dos (2) de diciembre
de dos mil cuatro (2004), lapso durante el cual no existió dualidad normativa.
44. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período resulta
aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre
que antes del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) interrumpió
oportunamente el término prescriptivo mediante reclamación administrativa o
judicial, caso en el cual la prescripción se retrotrae a la fecha de dicha
interrupción.
45. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 201218, retomó el derrotero de
la bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 1°19.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
18
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los magistrados de tribunal y otros funcionarios».
19
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con
carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del
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46. Con fundamento en lo antes expuesto, procede la Sala a decidir el presente
caso.
2.4. Hechos probados.
47. Solicitud radicada el dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011)20,
mediante la cual, la demandante pidió el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales adeudadas que resulten de aplicar las disposiciones del
Decreto 610 de 1998, en equivalencia del 80% de lo que por todo concepto
devengaron los magistrados de Altas Cortes, incluyendo las cesantías.
48. Resolución No. 0989 del diez (10) de marzo de dos mil once (2011)21, por
medio de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la
solicitud presentada el dieciocho (18) de febrero del mismo año.
49. Recurso de apelación del once (11) de abril de dos mil once (2011)22 en
contra de la anterior decisión.
50. Resolución No. 5214 del veinte (20) de septiembre de dos mil once
(2011)23, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
medio de la cual, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución No.0989 del diez (10) de marzo de dos mil once (2011).
Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del
Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que
sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso
base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003.
20
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 20 a 34, según los antecedentes de la Resolución No. 5214 del 20 de
septiembre de 2011, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resuelve un recurso de
apelación.
21
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 7 a 10.
22
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 11 a 18.
23
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 20 a 34.
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51. Certificación expedida el treinta (30) de diciembre de dos mil diez (2010)24,
por la jefe de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, en la que consta la vinculación de la
demandante a la Rama Judicial y el cargo desempeñado.
24
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; páginas 115 a 117.
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52. El veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012), la demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial, la cual, fue declarada fallida el
veintinueve (29) de mayo del mismo año, por parte de la Procuraduría 166
Judicial II para asuntos administrativos, quien expidió la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo25.
2.5. Caso concreto.
53. En primer término, la Sala analizará, el reparo formulado por la parte
demandante en el recurso de alzada, relacionado con el extremo temporal de
la condena, toda vez que, el Tribunal declaró probada la excepción de
prescripción, con fundamento en el período consignado en las pretensiones de
la demanda. La recurrente expuso que, los periodos del tres (3) de julio de dos
mil tres (2003) al dos (2) de julio de dos mil cinco (2005), obedecieron a un
error, pues, según la petición, el poder otorgado para promover el proceso y el
certificado expedido por la jefe de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
25
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; página 110.
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Seccional de Administración Judicial de Cali, su vinculación como directora
ejecutiva seccional de Administración Judicial de Cali26, se extendió del primero
(1º) de agosto de dos mil cinco (2005) al «treinta y uno (31)» de enero de dos
mil siete (2007).
54. De igual manera, la apoderada de la parte actora precisó que, tanto en el
memorial de respuesta a las excepciones formuladas por la entidad
demandada27, como en los alegatos de conclusión28, el período de vinculación
respecto del cual, se reclamaban las diferencias por concepto de bonificación
por compensación, correspondía al comprendido entre el primero (1º) de agosto
de dos mil cinco (2005) y el «treinta y uno (31)» de enero de dos mil siete (2007).
Por ello, concluyó que, no había lugar a declarar la prescripción, dado que, todo
el período laborado fue posterior al tres (3) de diciembre de dos mil cuatro
(2004).
55. Advertido lo anterior, aun cuando en el acápite de pretensiones de la
demanda, se indicó el período comprendido entre el tres (3) de julio de dos mil
tres (2003) y el dos (2) de julio de dos mil cinco (2005), la Sala considera que,
dicha referencia constituye un error material, pues, desde la reclamación
administrativa presentada el dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011),
la parte actora identificó como período objeto de reclamación, el comprendido
entre el primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) y «el treinta y uno (31)»
de enero de dos mil siete (2007). A ello se suma que, la propia entidad
demandada, reconoció en su recurso de apelación que, lo pretendido desde la
reclamación administrativa correspondía al período comprendido entre el
primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) y el treinta (30) de enero de dos
mil siete (2007), circunstancia respaldada por el certificado expedido por la jefe
de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali.
26
Dichos servidores judiciales, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, previo
a la modificación de la Ley 2430 de 2024, perciben una remuneración igual a la de los magistrados de los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
27
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento:«037_DESCORRIENDOELTRASLADODELASEXCEPCIONESPROPUESTAS_MEMORIALEXCEPCIO
NES».
28
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «047_ALEGATOSDECONCLUSION_ALEGATOS201200646».
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56. En consecuencia, del análisis conjunto de las actuaciones administrativas
y judiciales, así como de las pruebas allegadas al proceso, se establece que,
el período objeto de debate corresponde al comprendido entre el primero (1º)
de agosto de dos mil cinco (2005) y el treinta (30) de enero de dos mil siete
(2007), por lo que, no resulta procedente delimitar la controversia,
exclusivamente a partir de las fechas consignadas en el acápite de
pretensiones, cuando, el contenido integral del expediente permite establecer
que, estas obedecieron a un error material. En ese sentido, le asiste razón a
la parte demandante, en cuanto al extremo temporal de la controversia, por lo
que, dicho período será el que se tendrá en cuenta para el análisis de la
prescripción.
57. Por otra parte, en cuanto al reproche de la entidad demandada, referente
a que la bonificación por compensación, no tiene efectos para reliquidar
prestaciones distintas a los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, debe precisarse que, el A-quo ordenó «la reliquidación del salario y las
prestaciones sociales, teniendo en cuenta la bonificación por compensación», aspecto que,
no está ajustado a los pronunciamientos que sobre la materia ha proferido esta
Corporación, pues, el Decreto 610 de 1998, dispuso que la bonificación por
compensación solo era factor salarial para efectos de determinar la pensión29,
en ese sentido, es procedente modificar la orden proferida por el Tribunal en
el párrafo primero del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, a
efectos de suprimir su reconocimiento para la reliquidación de los salarios y
prestaciones sociales. De allí que, este argumento de la apelación, está
llamado a prosperar30.
58. Ahora bien, en lo que respecta a la prescripción, la Sala precisa que,
mediante la sentencia de dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019)31, el Consejo de Estado precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna
regla respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 13 de
agosto de 2026, radicado 25000-23-42-000-2013-01792-02 (0365-2020), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 9 de
abril de 2026, radicado 25000-23-42-000-2012-00320-02 (5614-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anaya De Castellanos.
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que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004».
59. También se estableció que, entre el tres (3) de diciembre de dos mil cuatro
(2004) y el veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012), no operó la
prescripción, por cuanto, el derecho no era exigible dada la dualidad de los
Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 y que, a partir del veintiocho (28) de
enero de dos mil doce (2012), cuando quedó ejecutoriada la sentencia, iniciaba
el cómputo del término de prescripción trienal, sin excepciones32.
60. Ante ello, para el pago del desajuste, deben tenerse en cuenta dos
momentos: (i) los periodos en los que no hubo duplicidad de normas, frente a
los cuales, aplica la prescripción trienal; y (ii) durante el lapso de coexistencia
del Decreto 4040 de 2004 y el Decreto 610 de 1998, en el que la prescripción
opera solo desde la sentencia que declaró la nulidad del primero de estos, es
decir, el veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012), fecha a partir de la
cual, empieza la contabilización de los tres (3) años, para solicitar el reajuste33.
61. En virtud de lo anterior, se advierte que, la señora Ana Lucía Vega Torres,
prestó sus servicios como Directora Ejecutiva de Administración Judicial de
Cali, desde el primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005) hasta el treinta
(30) de enero de dos mil siete (2007). Posteriormente, presentó la reclamación
administrativa el dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011) e interpuso
la demanda el veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012)34.
62. Si bien es cierto, la reclamación administrativa fue presentada el dieciocho
(18) de febrero de dos mil once (2011), antes que se declarara la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, tampoco es menos cierto que, dicha actuación tuvo la
virtualidad de interrumpir la prescripción, respecto de las diferencias causadas
durante la coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, pues,
esta Sala ha precisado que, «una actuación del trabajador inequívocamente dirigida a
reclamar su derecho no puede perjudicarlo por el solo hecho de haberla adelantado antes de
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2016-03572-02 (1136-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02 (0414-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
34
Samai, índice 00002, archivo «5ED_EXPEDIENTE_76001233100020120064(.zip)», carpeta: «Cuaderno principal»,
documento: «19_ED_2020173593»; página 134.
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que en sede judicial se resolviera lo atinente a la dualidad normativa» 35. Por tanto, el
término trienal comenzó a correr el veintiocho (28) de enero de dos mil doce
(2012), y como la demanda fue presentada el veintinueve (29) de mayo de dos
mil doce (2012), no operó el fenómeno de la prescripción, motivo por el cual,
el reparo de la parte demandante cuenta con vocación de prosperidad.
63. En tal sentido, la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia de primera
instancia, que declaró probada la excepción de prescripción, de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la bonificación por compensación, y
modificará el ordinal tercero, con el fin de precisar los extremos temporales de
la condena.
64. Por otra parte, frente al argumento según el cual, para efectos de la correcta
liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, la prescripción debe contabilizarse a partir de los tres años
siguientes a su exigibilidad, esta Sala ha indicado que, «si bien ambos conceptos
—bonificación por compensación y prima de servicios— se encuentran directamente
relacionados, el derecho pretendido versa sobre la reliquidación de la bonificación por
compensación. Sobre este derecho, la jurisprudencia descrita estableció criterios particulares
para definir cómo opera la prescripción,(…) entre los cuales no se encuentra la distinción que
pretende hacer valer la parte accionada, a partir de razonamientos que desconocen la
estrecha relación que existe entre lo percibido por los congresistas y los magistrados de altas
cortes, en la liquidación de la bonificación para los servidores públicos beneficiados por los
decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, que es el derecho principal cuya protección dio origen
a este proceso»36. Por tanto, el reproche planteado por la entidad no está llamado
a prosperar.
65. Ahora bien, aun cuando en el presente asunto se concluyó que, las
acreencias salariales y prestacionales reclamadas no se encuentran afectadas
por el fenómeno de la prescripción, debe indicarse que, en la sentencia objeto
de apelación, nada se dijo con respecto a los aportes pensionales. A pesar de
dicha omisión, y teniendo en cuenta que, éstos hacen parte del derecho a la
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 23 de
abril de 2026, radicación: 08001-23-33-000-2018-01024-02 (2926-2025), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 18 de
septiembre de 2025, radicación: 25000-23-42-000-2014-04122-02 (1248-2022), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
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pensión, el cual, es imprescriptible e irrenunciable37, la Sala ordenará la
reliquidación de aquellos, sobre el ingreso que debía corresponder al
demandante conforme al régimen previsto en el Decreto 610 de 1998.
66. De otra parte, frente al reparo consistente en que la reliquidación ordenada
por el A-quo desconoció el límite del ochenta por ciento (80%) de lo que por
todo concepto devengan los magistrados de Altas Cortes, la Sala precisa que,
tal y como lo sostuvo la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), la bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no puede superar, en ningún caso, el ochenta por ciento (80%)
de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta
Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas,
incluido el auxilio de cesantías38, razón por la cual, el porcentaje de la
referencia se erige como un piso y un techo. Es preciso insistir que, en este
caso, debe tenerse en cuenta que la reliquidación debe efectuarse únicamente
hasta que se alcance el tope del ochenta por ciento (80%)39.
67. Al revisar la orden emanada del Tribunal, consistente en reconocer y pagar
a favor de la demandante la bonificación por compensación, se observa que,
no excede el techo permitido, pues, el A quo precisó que, el reconocimiento y
pago ordenado en ningún caso podrá superar el tope máximo, correspondiente
al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga anualmente
un magistrado de Alta Corte y, en ese sentido, se ajusta al marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo examen, por lo que, este cargo de
apelación no cuenta con vocación de prosperidad.
68. Igualmente, se precisa que, el cumplimiento de la sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado previamente
pagos por los mismos conceptos aquí reconocidos. Asimismo, deberá verificar
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
febrero de 2026, radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado 54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-
2020), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 23 de
abril de 2026, radicado 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023) C.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 9 de
abril de 2026, radicado 25000-23-42-000-2012-01306-02 (5142-2019) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número Interno: 1225-2025
Demandante: Ana Lucía Vega Torres
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la entidad demandada que, no se superen los topes salariales fijados por el
Gobierno Nacional.
69. Finalmente, frente a la solicitud de revocar la condena en costas formulada
por la entidad demandada, la Sala advierte que, el criterio mayoritario de esta
Subsección ha sostenido que, la imposición de costas exige verificar la
conducta procesal asumida por la parte vencida, con el fin de establecer si
actuó con temeridad o mala fe40.
70. En el caso concreto, al efectuar el análisis de la conducta procesal de las
partes, la Sala no evidencia que la entidad demandada hubiera actuado con
temeridad o mala fe, ni que hubiese desplegado actuaciones dilatorias dirigidas
a entorpecer el normal desarrollo del proceso. En consecuencia, se revocará el
ordinal quinto de la sentencia apelada.
71. Finalmente, la Sala precisa que, lo que aquí se demanda no es un reajuste
salarial sobre el reconocimiento del (80%) de lo que, por todo concepto,
devengan los magistrados de las Altas Cortes, sino, el pago de la bonificación
por compensación debidamente liquidada, a partir de la correcta liquidación de
lo que por todo concepto devenguen los magistrados de Altas Cortes.
72. Es decir que, la correcta liquidación planteada en la demanda, es la base
para solicitar el pago de la diferencia salarial, pero no se están reclamando, de
manera independiente bajo este proceso judicial, la reliquidación de los
emolumentos percibidos por la demandante de manera independiente.
73. De esta manera, como no se solicita la reliquidación de la prima especial de
servicios de la demandante, no es posible avalar el pronunciamiento del A –
quo, para aplicar la prescripción, porque lo que se reclama, se insiste es la
debida liquidación que debió efectuarse a los magistrados de Altas Cortes, y tal
liquidación se vea reflejada en la bonificación por compensación, de la
demandante.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 10 de
julio de 2025, radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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74. En suma, no resulta procedente disponer la reliquidación de los salarios y
prestaciones sociales de la demandante. Por la misma razón, tampoco hay
lugar a efectuar un pronunciamiento sobre la prima especial de servicios, pues,
dicho concepto no hace parte de la controversia planteada en este proceso,
motivo por el cual, se suprimirá el párrafo atinente a la prima especial del ordinal
tercero de la sentencia de primera instancia.
2.6 Condena en costas
75. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 171 del C.C.A,
para imponer condena en costas en esta instancia.
2.7 Conclusiones
76. La Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
y revocará en su totalidad los ordinales primero y quinto, en orden a: (i) precisar
los extremos temporales de la condena; (ii) ordenar la reliquidación de las
cotizaciones o aportes efectuados al sistema general de seguridad social en
pensiones; (iii) suprimir lo atinente a la prima especial de servicios; (iv) revocar
el ordinal primero que declaró probada la excepción de prescripción, y el
ordinal quinto, que condenó en costas a la demandada; (v) puntualizar que, el
cumplimiento de la sentencia estará condicionado a que, la entidad
demandada no haya realizado previamente pagos por los mismos conceptos
aquí reconocidos; y (vi) asimismo, que los pagos a realizar, no superen los
topes salariales establecidos por el Gobierno Nacional. En lo demás, la
providencia apelada será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO. REVOCAR el ordinal «PRIMERO», de la sentencia del quince (15)
de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la prescripción
extintiva de los derechos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del quince (15)
de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el cual quedará así:
TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada que, a título de
restablecimiento del derecho, debe reconocer y pagar en favor de la demandante,
las diferencias causadas teniendo en cuenta la bonificación por compensación en
la forma consagrada en el Decreto 610 de 1998, que sumada a los demás
ingresos laborales sea igual al ochenta por ciento (80%) de los ingresos que por
todo concepto perciban los magistrados de las Altas Cortes, como salario,
prestaciones sociales, incluyendo las cesantías devengadas por ellos,
descontando lo percibido por el mismo concepto en un porcentaje menor a través
de la denominada bonificación por gestión judicial, si es el caso. Lo anterior
deberá reconocerse sobre todos los valores causados desde el 1º de agosto de
2005 hasta el 30 de enero de 2007.
Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reliquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente, los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten
procedentes desde el 1º de agosto de 2005 hasta el 30 de enero de 2007.
En concordancia con lo previsto en la sentencia del Consejo de Estado SUJ- 016-
CE-S2-2019 del 02 de septiembre de 2019, C.P Carmen Anaya de Castellanos,
la parte demandada deberá tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en
la presente sentencia, no podrá en ningún caso llevar a superar el 80% de lo que
por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Altas Cortes, que
como ya se precisó, es igual a lo que por todo concepto reciben los Congresistas,
incluido el auxilio de cesantías.
De manera que, para efectos del cumplimiento de la condena, a la parte
demandada le corresponderá revisar que, con motivo de la reliquidación
ordenada, no se supere el límite del 80% determinado por el Gobierno Nacional
Asimismo, la presente sentencia estará condicionada a que la entidad
demandada no haya realizado previamente pagos o cotizaciones por los mismos
conceptos aquí reconocidos. Igualmente, deberá verificar la entidad demandada
que no se supere los topes salariales fijados por el Gobierno Nacional.
TERCERO. REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia del quince (15) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que condenó en costas a la demandada, conforme a lo
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expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el quince (15) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
SEXTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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