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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00010-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar el ordinal tercero de la sentencia apelada en el sentido de ordenar también el pago de los aportes deficitarios a pensión, la orden quedará de la siguiente manera: TERCERO: CONDENAR a la [Procuraduría General de la Nación]37 a RECONOCER y PAGAR en favor de la señora Mónica Ivon Escalante Rueda retroactivamente la diferencia por concepto de: 3.1 La diferencia existente desde el 06 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de pago de esta sentencia, al incluir la prima especial consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, esto es, incluyendo las cesantías devengadas por los congresistas en relación con los magistrados de las Altas Cortes que no fueron tenidas en cuenta al momento de liquidar la bonificación por compensación, a la cual tiene derecho la demandante. 3.2 El pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo de la incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los Magistrados de Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto las cesantías, desde el pago efectivo de esta providencia y hasta tanto ocupe el cargo de Procuradora Judicial II. 3.3. Pagar los aportes deficitarios a pensión de acuerdo con la diferencia reconocida por concepto de bonificación por compensación, por todo el tiempo en el que la demandante haya tenido derecho a devengarla, sin prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados aportes. Siempre que en las respectivas anualidades los ingresos de la demandante NO hayan alcanzado el tope del 80% de lo devengado por un Magistrado de Alta Corte conforme con lo expuesto en la parte motiva. Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 29 de octubre de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Mónica Ivón Escalante Rueda en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 37 En la sentencia del 29 de octubre de 2021 se condenó a la Rama Judicial al cumplimiento de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00010-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1

Temas: Bonificación por compensación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Mónica Ivón Escalante Rueda presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio S-2019-017208 del 30 de agosto de
2019 a través del cual la PGN le negó la reliquidación de la bonificación por
compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 de acuerdo con la diferencia

1 En adelante PGN.
2 La demanda fue presentada el 14 de enero de 2020 según acta individual de reparto en el folio 33

del cuaderno principal digitalizado del expediente de primera instancia en Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
entre las cesantías reconocidas a los congresistas de la República y las pagadas a
los magistrados de altas cortes por ese mismo concepto.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 2 de noviembre de 2016 hasta la fecha
en que se sigan causando, de: a) la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 teniendo en cuenta el 100% de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes que a su vez debe ser igual a lo percibido
por los congresistas de la República con inclusión del auxilio de cesantías; y b) los
intereses moratorios causados; ii) la actualización del valor de la condena; iii) el
cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los artículos 187 y 192 del CPACA; y
iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mónica Ivón Escalante Rueda ejerció como procuradora 50, judicial II, para
asuntos administrativos de Bogotá desde el 6 de septiembre de 2016.

3.2. El 22 de julio de 2019, solicitó ante la PGN la reliquidación de la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 de acuerdo con lo que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes que debe corresponder al 100% de lo
percibido por los congresistas de la República con inclusión del auxilio de cesantías.

3.3. El 30 de agosto de 2019 la PGN profirió el Oficio S-2019-017208 en el que negó
lo pedido.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política; la Ley 4ª de 1992; y el Decreto 10 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. De acuerdo con la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 610 de 1998 la bonificación por
compensación debe corresponder al monto que sumado a los demás emolumentos
salariales percibidos alcance el 80% de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de altas cortes que a su vez debe corresponder al 100% de los ingresos
de los congresistas de la República. Lo anterior quiere decir que cualquier
irregularidad en la remuneración de los altos funcionarios judiciales impactará
negativamente la liquidación de la aludida bonificación.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
5.2. El artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 prevé una prima especial de servicios para
los magistrados de altas cortes destinada a igualar sus ingresos totales a los de los
congresistas; sin embargo, al calcular la citada prima únicamente se han tenido en
cuenta los ingresos mensuales de los congresistas y no la totalidad de la
remuneración anual, particularmente el auxilio de cesantías.

5.3. Las cesantías de los congresistas deben ser consideradas dentro del cálculo de
sus ingresos totales, pues constituyen un ingreso periódico y permanente derivado
de la relación laboral, lo que así ya ha sido reconocido por el Consejo de Estado en
sentencia del 4 de mayo de 20094. Así, para el año 2017 los congresistas
percibieron un total anual de $108.076.751, mientras que los citados magistrados
solo recibieron $59.073.745, diferencia que se ha mantenido cada año y que incide
negativamente en el cálculo de la bonificación por compensación.

1.2. Contestación de la demanda

6. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación5:

6.1. No tenía la facultad para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados
a su planta de personal, pues de acuerdo con el artículo 150 constitucional ello le
corresponde al gobierno nacional, por lo que su función se limitó a aplicar las
disposiciones normativas relacionadas con el régimen salarial de los servidores de
la entidad.

6.2. El acto administrativo acusado fue expedido en estricto cumplimiento de las
normas constitucionales y legales aplicables, en la medida en que la entidad se
limitó a dar respuesta a la solicitud de la actora conforme con los parámetros
salariales definidos por el gobierno nacional. En consecuencia, no puede predicarse
vulneración alguna, ya que la actuación administrativa se enmarcó dentro del
principio de legalidad y del deber de ejecutar el gasto público de acuerdo con las
apropiaciones presupuestales autorizadas.

6.3. La remuneración de los procuradores judiciales II ha sido reconocida de acuerdo
con los ingresos percibidos por los magistrados de las altas cortes certificados por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 y no respecto de lo devengado
por los congresistas, pues así lo indica la norma.

4 No se indicó radicado u otra información que identificara la providencia invocada.
5 Documento 8 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
6 En lo siguiente DEAJ.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
6.4. De acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado del 5 de septiembre de 20197
la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 corresponde a un piso y
un techo, de modo que cualquier reliquidación solo procede cuando no se ha
alcanzado ese umbral.

6.5. El Decreto 10 de 1993 no previó la inclusión del auxilio de cesantías percibido
por los congresistas de la República para el cálculo de la prima especial de servicios
del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que guarda estrecha relación con el cálculo de
la bonificación discutida en esta oportunidad.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
en sentencia proferida el 29 de octubre de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandada.
La decisión fue del siguiente tenor:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre
de 2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del oficio No. S-2019-017208 del 30 de agosto
de 2019, en cuanto negaron a la señora Mónica Ivon Escalante Rueda el reconocimiento,
liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiaria
de la bonificación por compensación, al no incluir la incidencia de la prima especial
consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, conforme con
lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la [Procuraduría General de la Nación]8 a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora Mónica Ivon Escalante Rueda retroactivamente la
diferencia por concepto de:

3.1 La diferencia existente desde el 06 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de
pago de esta sentencia, al incluir la prima especial consagrada en el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, esto es, incluyendo las cesantías devengadas
por los congresistas en relación con los magistrados de las Altas Cortes que no fueron
tenidas en cuenta al momento de liquidar la bonificación por compensación, a la cual
tiene derecho la demandante.

3.2 El pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo
de la incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los
Magistrados de Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto las
cesantías, desde el pago efectivo de esta providencia y hasta tanto ocupe el cargo de
Procuradora Judicial II.

7 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
8 En la sentencia del 29 de octubre de 2021 se condenó a la Rama Judicial al cumplimiento de la

condena, sin embargo, se corrigió dicho error por medio de providencia del 29 de julio de 2022.
Documento 35 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda

Siempre que en las respectivas anualidades los ingresos de la demandante NO hayan
alcanzado el tope del 80% de lo devengado por un Magistrado de Alta Corte conforme
con lo expuesto en la parte motiva.
[…]
QUINTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.
[…] [sic]»

8. Lo anterior tuvo sustento en los siguientes argumentos9:

8.1. Mónica Ivón Escalante Rueda se desempeñó como procuradora judicial II desde
el 6 de septiembre de 2016, por lo que era beneficiaria de la bonificación por
compensación equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de las altas
cortes, incluida la incidencia que sobre dicho rubro tenga la prima especial de
servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.

8.2. Sin embargo, el pago de la citada prestación no incluyó la incidencia derivada de
la prima especial de servicios que perciben los magistrados de las altas cortes que,
de acuerdo con lo explicado por el Consejo de Estado10, debe calcularse teniendo
en cuenta todo lo percibido por los congresistas de la República, incluso el auxilio
de cesantías.

8.3. Debido a que ni la bonificación por compensación ni la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 tienen carácter salarial, solo hay lugar
a pagar la diferencia entre lo recibido y lo dejado de recibir por la mencionada
bonificación desde el 6 de septiembre de 2016 hasta la fecha en que se realice el
pago o hasta que la demandante permanezca en el cargo. Además, la citada
reliquidación solo será procedente en las anualidades en las que los ingresos de la
demandante no hayan alcanzado el tope del 80% de lo que por todo concepto
perciban los magistrados de altas cortes.

1.4. El recurso de apelación

9. La PGN solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su
lugar, se negaran a las pretensiones de la demanda. Lo anterior con base en los
siguientes argumentos11:

9.1. Lospagos por concepto de salarios y prestaciones sociales de todos los
empleados de la entidad se han realizado de acuerdo con lo ordenado por el
gobierno nacional, de modo que reconocer emolumentos distintos o en cuantías

9 Documento 24 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
10 Sentencia del 4 de mayo de 2009 dentro del proceso con radicado 25000-23-25-000-2004-05209-

02 (0552-2007).
11 Documento 31 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
superiores de las establecidas implicaría desconocer el régimen salarial de los
empleados públicos de la PGN, atribución que de acuerdo con el artículo 150 de la
Constitución Política solo le pertenece al legislador y al ejecutivo en los precisos
términos señalados en la carta superior.

9.2. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, cualquier régimen salarial o
prestacional que desconozca las disposiciones dictadas por el gobierno nacional
carece de efectos jurídicos y no genera derechos adquiridos. Esto implica que
decisiones judiciales o administrativas que ordenen reconocimientos por fuera del
marco normativo vigente resulten inaplicables, en tanto contravienen una
prohibición expresa del legislador.

9.3. Elpropósito de la bonificación por compensación es el de establecer una
aproximación salarial de ciertos servidores judiciales respecto de los magistrados
de alta corte, pero no puede constituir factor de salario para efectos distintos de la
conformación de la base de liquidación pensional.

9.4. La demandante se vinculó laboralmente a la PGN después de la entrada en
vigencia del Decreto 1102 de 2012, lo que quiere decir que la bonificación por
compensación a la que tiene derecho se encuentra exclusivamente regida por esa
norma, además de que acceder a lo pedido implicaría superar el tope del 80% de lo
que perciba un magistrado de alta corte.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público delegado ante el Consejo de Estado no emitió
concepto13.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a establecer

12 Según se indicó en el auto admisorio del 30 de abril de 2025 en Samai.
13 Según constancia visible en el índice 22 de Samai.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
¿si ha existido una diferencia entre los haberes totales anuales percibidos por los
magistrados de altas cortes y los congresistas de la República, de modo que Mónica
Ivón Escalante Rueda tenga derecho al reconocimiento y pago de la diferencia que
ello habría causado en el cálculo de la bonificación por compensación a la que tiene
derecho, de conformidad con lo previsto en el Decreto 610 de 1998?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La bonificación por compensación

13. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la igualdad,
señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para su
defensa.

14. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos
grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades,
especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992,
expidió el Decreto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por
compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», la
cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes»[se resalta].

15. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración
de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso
administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte

el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura;
los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de unidad ante
el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el
tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito equivalía
al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados de las altas cortes.
Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad
económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año
1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar
al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de las altas cortes.

16. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 199815, el gobierno nacional extendió los
beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

17. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 199816, que a la postre dio origen a una serie de decretos que
reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual17.

18. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró
nulo el Decreto 266818; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998
regresaran al ordenamiento jurídico.

19. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 19 creó
para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada
«Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama
Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional». En
este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 199420.

15 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».
16 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
17 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de

2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto
3570 del 11 de diciembre de 2003.
18 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna.
19 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros

funcionarios».
20 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos

fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por
Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los
servidores citados en el presente artículo» [Se resalta].

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda

20. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y pago
de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y cuando se
encontraran en una de las siguientes situaciones:

20.1. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían renunciar
expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y

20.2. Los que no hubieran efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por
compensación.

21. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el
primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por
compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo
concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una
bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que solo alcanzaría el
hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto 4040 de 2004].

22. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida
el 14 de diciembre de 201121 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues
consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de la Constitución
Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto 610 de 1998
adquirieron un derecho que el gobierno nacional no podía suprimir con uno
regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

23. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado en
anteriores pronunciamientos22 aquella situación [la de tener dos regímenes para un
mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio. Al
respecto, señaló:

«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo
plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de administrar
justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y

21 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán Valcárcel,

conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
22 Al efecto citó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino,
sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y
específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998
y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes
al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario
es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas
Cortes.

De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad
manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un
trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.

Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político,
económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles». [Se resalta].

24. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del decreto
610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que
ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no
pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar
cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad
de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los
particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone,
quedando amparados por la regla pro operario “De la Condición Más Beneficiosa”,
consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política». De acuerdo con lo
anterior, concluyó que el decreto demandado afectaba esencialmente el derecho de
igualdad entre servidores del mismo nivel o rango sin justificación alguna; disminuía
inequitativamente la remuneración mensual de aquellos que tienen el mismo
derecho que sus pares judiciales; y le «abr[ía] camino al quebrantamiento de un
postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede
transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».

25. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de 2011,
que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la discusión en relación
con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de 1998,
denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la rama
judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con
anterioridad a la publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos
enumerados [allí]».

26. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes
salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004], no
podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del decreto
3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible; de

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a
partir del 28 de enero de 2012».

27. Finalmente, el gobierno nacional expidió otra serie de decretos que asignaban
unos valores fijos anuales por concepto de bonificación por compensación, y que
fueron derogados secuencialmente por decretos posteriores23, hasta llegar al
Decreto 1102 de 201224, por la cual dispuso que a partir del 27 de enero de 2012,
la bonificación por compensación que venían percibiendo con carácter permanente
los servidores de la rama judicial, la justicia penal militar, la Fiscalía General de la
Nación y agentes del ministerio público equivaldría a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales igualara al 80% de lo que por todo
concepto devengaran anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
y que esta sólo constituiría factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

28. Además, en aquel acto se dispuso que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la
bonificación de gestión judicial percibirían, a partir de la fecha de ejecutoria de esa
sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y condiciones
señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° de ese decreto [artículo 2].

2.2.2. La incidencia de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992 en la bonificación por compensación

29. La Ley 4ª de 1992 creó una prima especial para servidores de la rama judicial,
de la justicia penal militar, de la Fiscalía General de la Nación y los agentes del
ministerio público. Al respecto, previó lo siguiente:

«Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial25 para los Magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

23 Decretos 4040 de 2004, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400

de 2010,
1051 de 2011, 887 de 2012, y 1102 de 2012.
24 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros

funcionarios».
25 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-279 del

24 de junio de 1996, M.P. Hugo Palacios Mejía. Posteriormente, la Ley 332 de 1996 le otorgó carácter
salarial a la prima especial de servicios para los servidores señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de
la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad.

Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial26, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública».

30. En desarrollo de esta norma, el gobierno nacional profirió el Decreto 10 de
199327, en cuyo artículo 1 estableció que la prima especial de servicios debía
corresponder a «la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella»;
y señaló además que para establecerla «se entiende que los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente,
incluyendo la prima de Navidad» [artículo 2].

2.3. Caso concreto

31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

31.1. De acuerdo con el contenido del Oficio S-2019-017208 del 30 de agosto de
2019, Mónica Ivón Escalante Rueda se desempeñó como procuradora 50, judicial

26 Aparte tachado [sin carácter salarial] declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante

sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, conjuez ponente Ligia Galvis Ortiz. Lo anterior debido la
Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para los servidores
señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otros más, sin tener en cuenta a los previstos en
el artículo 15, para quienes se conservó el carácter no salarial de dicha prima, lo que produjo una
inconstitucionalidad sobreviniente. Además, en el fallo se estableció lo siguiente:
«La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de
jubilación de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal
General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores
contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.
3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen
prestacional de los funcionarios señalados».
27 «por el cual se regula la prima especial de servicios».

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
II, para la conciliación administrativa de Bogotá desde el 6 de septiembre de 2016
hasta, por lo menos, el 30 de agosto de 2019 fecha de expedición del citado
documento28.

31.2. El 22 de julio de 2019 Mónica Ivón Escalante Rueda solicitó a la PGN la
reliquidación de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 de
acuerdo con lo que por todo concepto devengaban los magistrados de altas cortes
que debía corresponder al 100% de lo percibido por los congresistas de la República
con inclusión del auxilio de cesantías, durante todo el periodo en el que se
desempeñó como procuradora judicial II29.

31.3. A través del Oficio S-2019-017208 del 30 de agosto de 201930, la PGN negó lo
pedido por Mónica Ivón Escalante Rueda e indicó que había pagado los salarios de
acuerdo con el régimen vigente y con lo devengado por los magistrados de altas
cortes de acuerdo con lo certificado por la DEAJ. Contra esa decisión solo se previó
la procedencia del recurso de reposición.

2.4. Análisis sustancial

32. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, declaró la
nulidad del acto demandado y ordenó a la PGN reliquidar la bonificación por
compensación devengada por la demandante de acuerdo con lo que por todo
concepto devengaran los magistrados de altas cortes que a su vez debía
corresponder al 100% de lo percibido por los congresistas de la República con
inclusión del auxilio de cesantías, durante los años en los que la remuneración de
Mónica Ivón Escalante Rueda no haya alcanzado el 80% de lo que por todo
concepto devengaran los altos funcionarios judiciales.

33. La PGN apeló la sentencia de primera instancia e insistió en que ha pagado los
salarios y prestaciones sociales de sus empleados públicos en estricto cumplimiento
de lo ordenado por el gobierno nacional, razón por la que consideró que no hay
lugar a reconocer la reliquidación ordenada por el a quo pues, a su juicio, ello
implicaría modificar el régimen salarial de los citados servidores.

34. Pues bien, tal como se expuso en el marco normativo de esta decisión el Decreto
610 de 1998 creó una bonificación por compensación equivalente [inicialmente] al

28 Folios 13 y 14 del documento de anexos de la demanda en el expediente digitalizado de la primera

instancia en Samai.
29 Folios 2 al 10 del documento de anexos de la demanda en el expediente digitalizado de la primera

instancia en Samai.
30 Folios 13 y 14 del documento de anexos de la demanda en el expediente digitalizado de la primera

instancia en Samai.

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
60% de los ingresos laborales que por todo concepto percibían los magistrados de
las altas cortes, el cual aumentaría hasta un 80% para el año 2001.

35. Ahora bien, en la sentencia del 14 de diciembre de 201131 el Consejo de Estado
explicó que los beneficiarios de la bonificación por compensación eran aquellos
servidores destinatarios del citado Decreto 610, es decir, quienes se vincularon en
los cargos señalados en esa norma, cuya disposición otorgaba un derecho laboral,
mínimo e irrenunciable.

36. En esa línea, el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 equiparó los ingresos laborales
de los magistrados de altas cortes con los percibidos en su totalidad por los
miembros del congreso al crear una prima especial de servicios que cumpliera tal
propósito; en desarrollo de esta norma, el gobierno nacional profirió el Decreto 10
de 1993 por el cual dispuso que esa prima debía corresponder a «la diferencia entre
los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del Congreso y los
que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella» [Se resalta].

37. De manera que entre los magistrados de alta corte y congresistas debe existir
igual remuneración por expresa disposición legal; lo que a su vez, permite entender
la incidencia de esta afirmación en la pretensión de la demandante relativa a la
reliquidación y pago de la bonificación por compensación, pues no puede perderse
de vista que la diferencia reclamada se funda en una disposición legal que permite
que el servidor perciba un emolumento [la bonificación] cuya liquidación se calcula
sobre la base de lo devengado por los magistrados de altas cortes.

38. Además de lo anterior, para la Sala es importante recordar que para efectos de
calcular el monto de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, que es la base para el cómputo de la bonificación por
compensación, debe tenerse en cuenta lo devengado por los congresistas de la
República por concepto de cesantías. Sobre este particular el Consejo de Estado
ya se pronunció a través de la sentencia del 16 de mayo de 201632 en la que señaló
lo siguiente:

«[l]as cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado33 en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado. De allí que esta corporación haya
concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la
liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el

31 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01.
32 Expediente 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de 4 de mayo de 2009,

radicado 2004-05209, M.P., Luis Fernando Velandia Rodríguez. Igualmente, la Corte Constitucional,
Sala Plena, sentencia C-681 de 6 de agosto de 2003, M.P Ligia Galvis Ortiz.

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artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente
a lo que por todo concepto devengan los congresistas. Habiendo señalado que el auxilio
de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de
mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del
principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el
señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito
de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998» [Se
resalta].

39. Posteriormente, en sentencia del 2 de septiembre de 2019 34 esta corporación
también indicó lo que pasa a transcribirse:

«[l]a bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. La
reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los magistrados
de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos
anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en
ello las cesantías de los congresistas» [Se resalta].

40. En sentencia del 7 de diciembre de 202135 esta corporación manifestó que «es
pacífica la jurisprudencia sobre el alcance del beneficio económico laboral de la bonificación
por compensación, regulado en el Decreto 610 de 1998, no solo frente a las preceptivas del
Decreto 4040 de 2004 sino también respecto de la inclusión en la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la prima especial de servicios, teniendo en cuenta para
ello las cesantías de los congresistas» [Se resalta].

41. De acuerdo con lo anterior, para esta Sala es claro que la jurisprudencia de esta
corporación ha concluido en forma pacífica que el auxilio de las cesantías
devengado por los congresistas de la República es un emolumento que sí debe ser
tenido en cuenta para calcular la prima especial de servicios del artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992 que a su vez será la base para el cálculo de la bonificación por
compensación. Esta consideración se desprende de la lectura de la norma de
creación. En efecto, el Decreto 610 de 1998 establece lo siguiente:

«[c]réase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2 del presente decreto, una
Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en
los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas

34 Expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), M.P. Carmen Anaya De Castellanos.
35 expediente 050012331000-2012-00729-02 (N.I. 1136-2017), M.P. Henry Joya Pineda.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
Cortes» [Se resalta].

42. Así pues, se destaca como característica esencial que la bonificación «sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales» debe igualar el
80% de lo que por todo concepto devengaran anualmente los magistrados de alta
corte, lo que impone concluir que el auxilio de cesantía es un concepto a considerar
al momento de liquidar el valor de la bonificación reclamada. En efecto, no puede
desconocerse que desde su creación las cesantías han sido concebidas como un
auxilio económico para quienes terminan su vínculo laboral por retiro del servicio,
de manera que corresponde a una prestación a la que tienen derecho todos los
trabajadores y, por tanto, debe ser incluida como un concepto percibido anualmente
por los magistrados de alta corte.

43. Valga precisar que si bien el Decreto 10 de 1993 dispuso que para establecer la
prima especial de servicios prevista en ese decreto, se entendía que «los ingresos
laborales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter
permanente, incluyendo la prima de Navidad», lo cierto es que esa disposición en nada
se opone a la consideración según la cual para calcular la bonificación por
compensación debe tenerse en cuenta las cesantías, pues nótese que la norma
aludida reguló la prima especial de servicios, en tanto que, se insiste, la norma
creadora de la bonificación, no hizo distinción alguna entre los conceptos de
ingresos de carácter permanente, prestación social o salario, sino que se limitó a
indicar que esta permitiría igualar en un porcentaje lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de alta corte.

44. Esasí que resulta indiferente que el legislador haya determinado que los
componentes de la prima especial de servicios fueran solo los de carácter
permanente, con excepción de la prima de navidad, pues lo que aquí se está
reconociendo no es la prima especial de servicios sino la bonificación por
compensación.

45. Así las cosas, el monto que se paga por bonificación por compensación
corresponde a la diferencia entre los ingresos anuales del magistrado de alta corte
y los ingresos anuales de magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, entre
ellos el de procurador judicial II, el cual se calcula al tomar todos los conceptos que
componen los ingresos totales anuales de estos servidores, incluido el auxilio de las
cesantías.

46. Explicado lo anterior, la Sala encuentra que no le asiste razón a la apelante, por
lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó a la PGN cumplir la condena impuesta, pero
en consideración a que la bonificación por compensación sumada a las demás
prestaciones percibidas no puede superar el 80% de lo que por todo concepto

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
devenga un magistrado de alta corte, equiparable con los ingresos de los
congresistas.

47. De esta manera, la entidad deberá descontar lo que ya le haya pagado a la
demandante por estos conceptos y el reconocimiento de la bonificación reclamada
tendrá como límite temporal final la fecha en la que la demandada haya dado
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1102 de 2012 en los términos
previamente explicados.

48. Ahora, si bien la demandante no solicitó expresamente que se reliquidaran los
aportes a pensión con ocasión del reconocimiento de las diferencias por concepto
de bonificación por compensación, que solo es factor de salario para efectos de
conformar el IBC pensional, la Sala encuentra que es un aspecto que se encuentra
íntimamente ligado con el restablecimiento del derecho.

49. Así, la Sala considera procedente ordenar su ajuste como consecuencia
necesaria del restablecimiento del derecho reconocido en esta providencia. Ello
obedece a que los aportes a seguridad social no constituyen una prestación
autónoma o independiente, sino una obligación legal inherente a los factores
salariales devengados por el servidor, cuya finalidad es garantizar la protección
efectiva de derechos fundamentales de carácter irrenunciable, como el trabajo en
condiciones dignas, la seguridad social y el acceso a la pensión. En esa medida,
una decisión que ordene la reliquidación de un factor salarial, pero omita disponer
el reajuste de las cotizaciones que legalmente se derivan de aquel, produciría un
restablecimiento incompleto, pues mantendría una base de cotización inferior a la
realmente devengada y afectaría de manera directa las prestaciones futuras del
trabajador.

50. En tal sentido, aun cuando la pretensión no haya sido formulada de manera
expresa, la reliquidación de los aportes pensionales se impone como una
consecuencia inescindible del reconocimiento de las diferencias de la bonificación
por compensación, por ello, en aplicación de los principios de integralidad,
favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, la Sala ordenará el reajuste de
los aportes al sistema general de pensiones sobre las sumas cuya naturaleza
salarial ha sido reconocida, emolumentos sobre los cuales no recae el fenómeno de
la prescripción, razón por la que deberán pagarse por todo el tiempo en el que la
demandante tuvo derecho a percibir la citada prestación.

2.5. Costas

51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

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Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.

54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Mónica Ivón Escalante
Rueda sí tiene derecho a la reliquidación de la bonificación por compensación que
debe ser establecida a partir de los haberes percibidos por los magistrados de alta
corte, que a su vez debe ser igual a lo que por todo concepto perciban los
congresistas de la República con inclusión del auxilio de cesantías, durante los
periodos en los que sus haberes no hayan alcanzado el 80% de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de altas cortes. No obstante, se adicionará la
sentencia de primera instancia para ordenar la reliquidación de los aportes
deficitarios a pensión de acuerdo con las diferencias reconocidas por todo el tiempo
en el que la demandante tuvo derecho a percibir la aludida bonificación.

36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Adicionar el ordinal tercero de la sentencia apelada en el sentido de
ordenar también el pago de los aportes deficitarios a pensión, la orden quedará de
la siguiente manera:

TERCERO: CONDENAR a la [Procuraduría General de la Nación]37 a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora Mónica Ivon Escalante Rueda retroactivamente la
diferencia por concepto de:

3.1 La diferencia existente desde el 06 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de
pago de esta sentencia, al incluir la prima especial consagrada en el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, esto es, incluyendo las cesantías devengadas
por los congresistas en relación con los magistrados de las Altas Cortes que no fueron
tenidas en cuenta al momento de liquidar la bonificación por compensación, a la cual
tiene derecho la demandante.

3.2 El pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo de la
incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los Magistrados de
Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto las cesantías, desde el
pago efectivo de esta providencia y hasta tanto ocupe el cargo de Procuradora
Judicial II.

3.3. Pagar los aportes deficitarios a pensión de acuerdo con la diferencia
reconocida por concepto de bonificación por compensación, por todo el tiempo
en el que la demandante haya tenido derecho a devengarla, sin prescripción
trienal en atención al carácter especial de los citados aportes.

Siempre que en las respectivas anualidades los ingresos de la demandante NO hayan
alcanzado el tope del 80% de lo devengado por un Magistrado de Alta Corte conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 29 de octubre de 2021
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Mónica Ivón Escalante Rueda en contra
de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

37 En la sentencia del 29 de octubre de 2021 se condenó a la Rama Judicial al cumplimiento de la

condena, sin embargo, se corrigió dicho error por medio de providencia del 29 de julio de 2022.
Documento 35 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00010-01 (4560-2023)
Demandante: Mónica Ivón Escalante Rueda
Tercero. Reconocer a Sandra Patricia Duarte Hernández con tarjeta profesional
190.461 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada de la Procuraduría
General de la Nación de acuerdo con el poder especial visible en el índice 23 de
Samai, otorgado por Aura Yireth Correa Niño, jefe de la Oficina Jurídica de la
entidad.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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