Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04122-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04122-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-04122-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-04122-02 (1248-2022)1
Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y Martha Patricia Zea
Ramos
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 30 de abril de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Las accionantes, quienes ejercieron como magistradas auxiliares, solicitan la nulidad
de los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial que les negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, considerando los
ingresos anuales de los congresistas y teniendo en cuenta la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992. El Tribunal accedió a las pretensiones de
la demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación
equivalente al 80%.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Las señoras Martha Judith Castellanos Betancourt y Martha Patricia Zea
Ramos, mediante apoderada judicial, presentaron demanda el 23 de septiembre de
20142, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1 Expediente híbrido.
2 Samai, índice 4, documento ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf), pág. 1.
1
Radicación: 25000-23-42-000-2014-04122-02 (1248-2022)
Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con las
siguientes pretensiones3:
(i) Se aplique el Decreto 610 de 1998 y se declare que las accionantes tienen
derecho a la bonificación por compensación. En consecuencia, se declare la
nulidad de las resoluciones 2272 del 10 de febrero de 2014; 2268 del 10 de
febrero de 2014; y 2266 del 10 de febrero de 2014; mediante las cuales la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación, de conformidad con el Decreto 610 de
1998; incluyendo para su cálculo la prima especial de servicios prevista en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se condene a la entidad
demandada a reliquidar y pagar lo adeudado «por concepto de bonificación por
compensación con fundamento en el Decreto 610 de 1998, es decir,
ordenándose pagar el 80% de lo que por concepto perciben los magistrados de
altas cortes, desde que el derecho se hizo exigible», esto es, desde la fecha de
vinculación de cada una de las demandantes, «hasta la fecha».
(iii) Pidieron que se condene a la accionada a pagar una suma equivalente al 80%
de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios por
el tiempo de vinculación de las accionantes, «hasta la fecha […], teniendo en
cuenta para su liquidación, el reconocimiento y pago de todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas […]».
(iv) Requirieron que se ordene a la entidad demandada a pagar las diferencias
adeudadas a la señora Martha Patricia Zea Ramos por concepto de prima
especial de servicios por el tiempo en que tuvo la calidad de magistrada de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 19 de
febrero de 2008 hasta el 20 de agosto de 2008 en provisionalidad, «teniendo en
cuenta para su liquidación, el reconocimiento y pago de todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas […]».
(v) Adicionalmente, solicitaron que las sumas adeudadas sean actualizadas,
conforme con el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del mismo estatuto; y que
se paguen intereses comerciales y moratorios. Por último, que se condene en
costas a la parte demandada.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La señora Martha Patricia Zea Ramos prestó sus servicios a la Rama Judicial
en los siguientes cargos:
3 Samai, índice 4, documento ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf).
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
Periodo Cargo Despacho
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
01/05/2004 – 30/06/2004 Abogada asistente
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
01/07/2004 – 18/02/2008 Abogada asistente
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
19/02/2008 – 20/08/2008 Magistrada
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
21/08/2008 – 06/10/2008 Magistrada auxiliar
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
07/10/2008 – 06/10/2009 Magistrada
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
12/04/2010 – 11/04/2011 Magistrada auxiliar
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
27/08/2012 – 16/12/2012 Magistrada auxiliar
Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo
17/12/2012 – A la fecha Magistrada auxiliar
Superior de la Judicatura
4. La señora Martha Judith Castellanos Betancourt prestó sus servicios a la Rama
Judicial en el cargo de magistrada auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura desde el 2 de febrero de 2012; cargo que, según lo
afirmó, desempeñaba a la fecha de presentación de la demanda.
5. Durante la vinculación de las demandantes la entidad les reconoció la
bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al 70% del valor
total devengado anualmente por un magistrado de alta corte, a diferencia de otros
trabajadores que con las mismas funciones percibieron el 80%. La norma en mención
fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la sentencia
del 14 de diciembre de 20114. Por lo tanto, la entidad debe pagar la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80% de lo devengado
anualmente por un magistrado de alta corte.
6. Las demandantes presentaron reclamación administrativa para obtener el pago
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente
al 80% de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes;
además de la diferencia entre lo que se recibió y lo que debía devengarse por concepto
de la referida bonificación. Asimismo, pidieron que se les cancelara la diferencia
pagada por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para su
liquidación, el reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales totales anuales
de carácter permanente devengados por los congresistas. Sin embargo, estas
peticiones fueron negadas en las resoluciones acusadas.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209.
• Del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 15 y 21.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 2 —literal a)—, 14 —parágrafo— y 15.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
• De la Ley 270 de 1996, los artículos 84 y 152 — numeral 7—.
• El Decreto 10 de 1993.
• El Decreto 610 de 1998.
• El Decreto 1239 de 1998.
• El Decreto 1102 de 2012.
8. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.
9. Indicó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los funcionarios de
la Rama Judicial. Igualmente, aseveró que se desconocen los derechos al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una remuneración mínima vital
y móvil.
10. Afirmó que las accionantes tienen derecho al pago del 80% de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas.
2.2. Contestación de la demanda
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones de
la demanda e invocó las excepciones de «prescripción trienal; integración de litis
consorcio necesario; ausencia de causa petendi; e innominada». Sostuvo que los
actos administrativos acusados se encontraban ajustados a derecho y gozaban de
presunción de legalidad, que no fue desvirtuada por la parte demandante5.
12. Aceptó los hechos relacionados con los cargos desempeñados por las
accionantes en la Rama Judicial y los extremos temporales que fueron soportados con
los documentos que obran en el expediente.
13. Realizó un recuento de las normas y la jurisprudencia que rige la bonificación por
compensación. Manifestó que de acuerdo con la sentencia dictada el 2 de septiembre
de 2019, por la Sala Plena de Conjueces del Consejo de Estado6, los periodos
reclamados por la señora Martha Patricia Zea Ramos del 1 de mayo al 3 de diciembre
de 2004 se encuentran prescritos. En cuanto a la señora Martha Judith Castellanos
Betancourt, como pretende el reconocimiento de derechos causados a partir del 2 de
febrero de 2012, no hay lugar a acceder a estos, toda vez que, desde el 27 de enero
de 2012, por nómina, se reconoce la bonificación por compensación en un 80% a todos
los beneficiarios. Ello, por virtud del Decreto 1102 de 2012 «por el cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios».
14. Solicitó que, por lo anterior, al estudiarse el derecho reclamado se tenga como
fecha límite de reconocimiento el 26 de enero de 2012.
5
Samai, índice 4, documento ED_CUADERNO1_30CONTESTACIONDEMAND(.pdf).
6 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-2018).
4
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 30 de abril de 2020, se estuvo a lo resuelto en el fallo del 18
de mayo de 2016 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y declaró la nulidad de las resoluciones 2272 del 10 de febrero de 2014; 2268
del 10 de febrero de 2014; y 2266 del 10 de febrero de 2014. En consecuencia, ordenó
lo siguiente7:
TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción trienal de la demandante
Martha Patricia Zea Ramos de las sumas causadas antes del 3 de diciembre de 2004 y
sólo se le reconocerá el pago por concepto de bonificación por compensación que tiene
derecho a partir del 4 de diciembre de 2004 y hasta la fecha en que funja o fungió en
dicho cargo.
CUARTO. Condénase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a las
demandantes Martha Patricia Zea Ramos y Martha Judith Castellanos Betancourt, el
derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de Bonificación por
Compensación, en su condición de Magistrada Auxiliar del Consejo
Superior y Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales les deben ser
reconocidas y pagadas con carácter permanente, en el equivalente al 80% de lo
devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, incluyendo
la prima de servicios —art. 15 de la Ley 4ª de 1992—, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías. Lo anterior, respecto a la
doctora Martha Patricia Zea Ramos desde el 4 de diciembre de 2004 y hasta el día en
que funja o haya fungido en el cargo de Magistrada; y respecto a la doctora Martha Judith
Castellanos Betancourt desde el 2 de febrero de 2012 y hasta el día en que funja o haya
fungido en el cargo de Magistrada u otro equivalente, con los correspondientes reajustes,
de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado al actor (sic) por concepto
del Decreto 4040 de 2004. De tal manera, que el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y/o procuradores judiciales I y cargos homologados,
es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de
servicios, incluido el auxilio de cesantías; esto es, que la reliquidación de la bonificación
procede respecto de los citados funcionarios, siempre que, en la respectiva anualidad,
sus ingresos anuales percibidos no hayan alcanzado el tope del 80% de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los
congresistas […].
16. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
17. Indicó que la diferencia salarial reclamada se originó debido a la coexistencia de
dos regímenes salariales diferentes, a saber, el Decreto 610 de 1998, que regulaba la
bonificación por compensación y el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación de
gestión judicial.
18. Adujo que como se probó que las demandantes ostentan la calidad de
magistradas, tienen derecho a la reliquidación y pago de la bonificación por
7 Samai, índice 4, documento ED_CUADERNO1_43FALLO(.pdf).
5
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
compensación, incluyendo las diferencias adeudadas por concepto de prima especial
—artículo 15 de la Ley 4 de 1992—.
19. Precisó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 8, las
cesantías de los congresistas deben tenerse en cuenta para liquidar la prima especial
de los magistrados de altas cortes; rubro que debe considerarse para calcular la
liquidación de la bonificación por compensación, teniendo en cuenta el equivalente al
80% de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas.
20. Señaló que debían descontarse las sumas que ya se les habían pagado a las
accionantes por concepto de bonificación por gestión judicial —Decreto 4040 de
2004— y aclaró que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
se computa dentro del total de los ingresos de los magistrados de alta corte, de modo
que no constituye un ítem adicional al 80% de la bonificación por compensación.
21. Indicó que el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y
cargos homólogos, es un límite que no puede superarse con el reconocimiento de la
prima especial, es decir que, la reliquidación de la bonificación procede siempre que
en la respectiva anualidad los ingresos percibidos no hayan alcanzado el tope del 80%
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluidas las
cesantías.
22. Definió que se declaraba probada la excepción de prescripción respecto de la
señora Martha Patricia Zea Ramos, por el periodo comprendido del 1 de mayo de 2004
al 3 de diciembre de 2004, toda vez que el término prescriptivo de la bonificación por
compensación, por regla general, según lo dispuesto en la sentencia del 2 de
septiembre de 20199, operó entre el 5 de octubre de 2001 (fecha en la que cobró
ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998) y el 2 de
diciembre de 2004 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto 4040 de 2004);
termino que en el caso particular no se interrumpió, comoquiera que la reclamación
administrativa se presentó el 24 de enero de 2014.
23. Ordenó la indexación de los valores adeudados y no condenó en costas.
2.4. Recurso de apelación
24. La Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes
argumentos10:
25. Adujo que la decisión del Tribunal no es congruente, puesto que se ordenó que
la diferencia reconocida a favor de la parte demandante se liquide teniendo en cuenta
la incidencia de la prima especial reconocida a favor de los magistrados de alta corte,
reliquidada con las cesantías percibidas por los congresistas; aspecto que no fue
8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de julio de 2018, Rad. 25000-
23-25-000-2010-000960-02 (0323-2016).
9
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-2018).
10 Samai, índice 4, documento ED_CUADERNO1_45RECURSOAPELACIONP(.pdf).
6
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
solicitado en la demanda ni en sede administrativa. Por tal razón se le vulneraron los
derechos del debido proceso, defensa y contradicción.
26. Enfatizó que no puede entenderse que la pretensión de ajuste de la bonificación
por compensación sobre el 80% de los ingresos anuales de los magistrados de altas
cortes, incluye per se, la incidencia de la prima especial reliquidada teniendo en cuenta
lo percibido por los congresistas por concepto de cesantías. Ello, comoquiera que la
bonificación por compensación tiene su origen en la vigencia concomitante de los
decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, y la posterior declaratoria de nulidad del último
estatuto; mientras que la prima especial de servicios de magistrados de alta corte se
creó en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 10 de 1993.
27. Alegó que, de acuerdo con la sentencia del 18 de mayo de 201611, en materia de
reconocimiento y pago de la diferencia adeudada por concepto de la bonificación por
compensación —70% a 80%—, el término de prescripción se contabiliza a partir de la
ejecutoria de la providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es,
el 26 de enero de 2012. No obstante, cuando se reconoce, como en el presente asunto,
la incidencia de la prima especial de servicios que perciben los magistrados de altas
cortes, reliquidada con las cesantías de los congresistas, se mantiene la regla general
de prescripción de los derechos laborales, es decir, tres años contados desde la
exigibilidad del derecho.
28. Solicitó que en caso de que se acceda extra petita al reconocimiento y pago de
la incidencia de la reliquidación de la prima especial, se declare probada la prescripción
de las sumas causadas antes del 24 de enero de 2011, en tanto la petición se presentó
ante la administración el 24 de enero de 2014.
29. Aclaró que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012 «por el cual se
modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios», se reconoció por nómina la bonificación por compensación en el 80% a
todos los beneficiarios a partir del 27 de enero de 2012.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
30. A través de autos de 16 de junio de 202212, 20 de octubre de 202213, 2 de mayo
de 202314 se tramitaron y resolvieron los impedimentos manifestados por los
magistrados de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, y se dispuso la
designación de un conjuez.
31. Mediante auto del 8 de agosto de 2023, se admitió el recurso de apelación. El
expediente pasó a despacho para sentencia el 27 de noviembre de 202315.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
12 Samai, índice 05.
13
Samai, índice 12.
14 Samai, índice 20.
15 Samai, índice 26.
7
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
32. En providencia del 6 de marzo de 2025, el conjuez ponente, en atención a la
modificación de la integración de la Sección Segunda y en aplicación del artículo 116
del CPACA, ordenó remitir el proceso a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo16.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reiteró los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en el recurso de
apelación. Afirmó que no hay lugar al reconocimiento de la prima especial de servicios
prevista «en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992» a favor de los magistrados de tribunal
y equivalentes17.
33. Resaltó que de acuerdo con las sentencias del 18 de mayo de 2016 y del 2 de
septiembre de 2019, proferidas por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado,
tratándose de servidores vinculados antes de la entrada en vigor del Decreto 1102 de
2012, el término de prescripción se contabiliza desde la fecha en que quedó
ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, el
26 de enero de 2012.
34. Señaló que cuando se pretende la reliquidación de la bonificación por
compensación incluyendo la reliquidación de la prima especial de servicios con las
cesantías de los congresistas, se mantiene la regla general de prescripción de los
derechos laborales, de tres años contados a partir de la exigibilidad del derecho, la
cual opera desde la vinculación del servidor judicial.
2.6.2. La parte demandante alegó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 dictada
por la Sala de Conjueces de esta corporación definió los parámetros para declarar la
prescripción en los asuntos concernientes a la bonificación por compensación del
Decreto 610 de 1998 y la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Por ende,
no le asiste razón a la entidad accionada en cuanto a que el término prescriptivo debe
contabilizarse dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 200418.
35. Precisó que como la reclamación administrativa se presentó el 24 de enero de
2014, es decir, «antes del 26 de enero de 2015, fecha en que se cumplió los tres años
después de la ejecutoria de la sentencia del 11 de diciembre de 2011 del Consejo de
Estado que declaró nulo el Decreto 4040 de 2004», en el caso particular, no operó la
prescripción de suma alguna.
36. Adujo que el Tribunal no se extralimitó al acceder a los derechos reclamados,
toda vez que las súplicas de la demanda coinciden con lo expuesto en las
consideraciones y lo decidido en la parte resolutiva de la sentencia apelada.
16
Samai, índice 54.
17 Samai, índices 29 y 32 documento 74_MemorialWeb_Alegatos(.pdf).
18 Samai, índices 33 y 34.
8
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
39. ¿La sentencia de primera instancia es congruente con las pretensiones de la
demanda, toda vez que se ordenó el reconocimiento de la bonificación por
compensación teniendo en cuenta para su cálculo la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada con las cesantías percibidas por los
congresistas?
40. ¿La prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992
debe incluirse en la reliquidación de la bonificación por compensación, teniendo en
cuenta para su liquidación las cesantías devengadas por los congresistas?
41. ¿Las accionantes tienen derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación dada la expedición del Decreto 1102 de 2012 que modificó el valor
equivalente a dicho emolumento a partir del 27 de enero de 2012 para todos sus
beneficiarios?
42. ¿Operó la prescripción del derecho de la señora Martha Patricia Zea Ramos al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación?
43. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) bonificación por compensación; (ii) bonificación por gestión judicial; y (iii)
prescripción.
44. A partir de las anteriores consideraciones: (iv) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (v) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
45. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
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los magistrados19 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201320, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46%
de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.
46. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 21, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
19 Y autoridades equivalentes.
20 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
21 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
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47. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199822 dictado por el presidente de la República.
48. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
49. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201623, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
22
Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
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10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
50. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
51. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
52. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»24.
53. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201925, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
54. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación26. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
26 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
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ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
55. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
56. El Decreto 4040 de 200427, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
57. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
58. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la
publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
59. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
60. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201128 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
27
Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
61. La Sala de conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
62. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
63. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201229, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 30
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
64. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
65. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda31, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción
de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto
de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida,
29 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
30 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).
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salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso
del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir
el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».
66. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón
de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
67. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»32.
68. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.
69. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
70. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201133, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, Rad.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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71. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201934, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
72. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199835 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
73. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre
de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante
dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir
de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004».
74. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
75. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.4. Hechos probados relevantes
76. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
77. La señora Martha Judith Castellanos Betancourt se vinculó a la Rama Judicial,
en el cargo de magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, desde el 2
de febrero de 2012; empleo que desempeñaba al momento de presentar la demanda36.
78. La señora Martha Patricia Zea Ramos ha prestado sus servicios a la Rama
Judicial, así37:
Periodo Cargo Despacho
Abogada asistente38
01/05/2004 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
(equivalente a magistrada
30/06/2004 Consejo Superior de la Judicatura
Auxiliar)
Abogada Asistente39
01/07/2004 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
(equivalente a magistrada
18/02/2008 Consejo Superior de la Judicatura
Auxiliar)
19/02/2008 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
Magistrada
20/08/2008 Consejo Superior de la Judicatura
21/08/2008 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
Magistrada auxiliar
06/10/2008 Consejo Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
07/10/2008 a
Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura
06/10/2009
de Cundinamarca
12/04/2010 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
Magistrada auxiliar
11/04/2011 Consejo Superior de la Judicatura
27/08/2012 a Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
Magistrada auxiliar
16/12/2012 Consejo Superior de la Judicatura
17/12/2012 a la fecha
Sala Jurisdiccional Disciplinaria –
de presentación de la Magistrada auxiliar
Consejo Superior de la Judicatura
demanda40
36 Según se lee en los hechos de la demanda y conforme se acredita con el certificado expedido el 7 de octubre de
2013 por la Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, visto en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), pág. 38.
37 De acuerdo con la certificación del 1 de noviembre de 2013, expedida por la Secretaría de la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, visto en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 25 a 26.
38 Cargo que según lo señala la entidad accionada en la Resolución 2272 del 10 de febrero de 2014, pasó a
denominarse magistrado auxiliar, según lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo 2868 del 9 de marzo de 2005. En dicho acto, además, se precisa que se trata del mismo cargo.
39 Ibídem.
40 Según se señala en los hechos de la demanda.
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79. La Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial certificó la remuneración para el cargo de
magistrados de tribunal y equivalentes para los años 2001 a 201141.
80. La Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial certificó lo siguiente42:
[…] «la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 del 26 de marzo de
1998 y Decreto 1239 de 2 de junio del mismo año, la cual equivale a la diferencia que
sumada a los ingresos laborales que perciben los Magistrados de Tribunal iguale al 80%
de los ingresos que por todo concepto devengan los Magistrados de Alta Corte, en la
actualidad se les cancela únicamente a quienes no optaron por el régimen de
Bonificación por Gestión Judicial creada a través del Decreto del 2004 y que tienen
sentencia ejecutoriada a su favor producto de los procesos impetrados por algunos
funcionarios de la Rama Judicial, y por otro lado, a quienes a través del mecanismos de
la Acción de Tutela se les ha concedido dicho derecho […]».
• En la referida constancia, se enlistaron los servidores judiciales que por sentencia
judicial eran beneficiarios de la bonificación por compensación, equivalente al 80%; sin
que se señalaran los nombres de las accionantes.
81. La Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial certificó: «[q]ue teniendo en cuenta el régimen
salarial especial que poseen los Magistrados de las Altas Cortes contemplado en el
Artículo 187 de la Constitución Nacional (sic), la ley 4 de 1992, el decreto 10 de 1993
y en especial las certificaciones expedidas anualmente por el Pagador del Congreso
de la República y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001, [certificó] los
ingresos mensuales y anuales de los aludidos funcionarios desde el año 2001 hasta el
2011 […]»43.
82. En escrito presentado el 24 de enero de 2014, la señora Martha Patricia Zea
Ramos solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento
de la bonificación por compensación, liquidada en el 80% de los ingresos que por todo
concepto perciben los magistrados de las altas cortes, en los términos de lo dispuesto
en los decretos 610 y 1239 de 1998. Además, que se le liquidara y pagara la diferencia
cancelada por concepto de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 15 de
la Ley 4 de 1992, «teniendo en cuenta los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas […] especialmente el auxilio de
cesantías […]»44.
83. En escrito presentado el 24 de enero de 2014, la señora Martha Judith
Castellanos Betancourt solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el
reconocimiento de la bonificación por compensación, liquidada en el 80% de los
ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes, en los
términos de lo dispuesto en los decretos 610 y 1239 de 1998. Además, que se le
41 Constancia expedida el 30 de noviembre de 2011, vista en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 89 a 96.
42 Constancia expedida el 16 de noviembre de 2011, vista en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 97 a 105.
43
Constancia expedida el 16 de noviembre de 2011, vista en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 107 a 109.
44 Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs.1 a 12.
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liquidara y pagara la diferencia cancelada por concepto de la prima especial de
servicios, prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada teniendo en cuenta
«los ingresos laborales totales anuales que recibe un Congresista […]»45.
84. Mediante la Resolución 2268 del 10 de febrero de 2014, la entidad accionada
negó a la señora Martha Patricia Zea Ramos el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales que resultaran de reliquidar a su favor la prima especial de
servicios, «incluyendo para el efecto el auxilio de cesantías de los congresistas»46.
85. A través de las resoluciones 2272 y 2266 del 10 de febrero de 2014, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó las pretensiones de las señoras Martha
Patricia Zea Ramos y Martha Judith Castellanos Betancourt, respectivamente,
relativas al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que
resultaran de liquidar a su favor la bonificación por compensación, y por la prima
especial de servicios de magistrados de altas cortes, «incluido el auxilio de cesantías
de los congresistas». Asimismo, la reliquidación de las prestaciones sociales con la
inclusión de la bonificación por compensación47.
3.5. Caso concreto
86. En el asunto bajo análisis, la parte accionante solicitó el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo devengado por los
magistrados de alta corte, incluyendo para su cálculo la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías y demás ingresos
anuales percibidos por los congresistas, debido a que lo percibido por estos incide en
la liquidación de la bonificación reclamada en favor de los magistrados auxiliares.
87. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento
de la bonificación por compensación equivalente al 80% «de lo devengado por todo
concepto por los magistrados de las altas cortes incluyendo la prima de servicios —
art. 15 Ley 4 de 1992—[…] y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial
de servicios, teniendo en cuenta todos los ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas», incluidas las cesantías. Ello,
en cuanto a la señora Martha Patricia Zea Ramos a partir del 4 de diciembre de 2004
hasta que ejerza el cargo de magistrada; y respecto a la señora Martha Judith
Castellanos Betancourt desde el 2 de febrero de 2012 hasta que ostente la condición
de magistrada u otro equivalente.
3.5.1. Congruencia de la sentencia frente a las pretensiones de la demanda
88. La entidad accionada interpuso recurso de apelación al considerar que la
sentencia es incongruente con lo pedido en la demanda, toda vez que se ordenó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación liquidada con la inclusión
de la prima especial de servicios, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los
congresistas. Argumentó que se le vulneraron los derechos del debido proceso,
defensa y contradicción tanto en el trámite judicial como administrativo.
45
Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 13 a 19.
46 Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 39 a 45.
47 Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 47 a 65 y 67 a 80.
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
89. En este orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la sentencia de
primera instancia es congruente con las pretensiones de la demanda, toda vez que se
ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación con la inclusión de la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de1992, liquidada con las
cesantías percibidas por los congresistas.
90. En primer lugar, se destaca que en el proceso se acreditó que la señora Martha
Patricia Zea Ramos se vinculó a la Rama Judicial en el cargo de abogada asistente,
equivalente al de magistrada auxiliar, del Consejo Superior de la Judicatura del 1 de
mayo de 2004 al 18 de febrero de 2008; como magistrada auxiliar de la misma
corporación del 21 de agosto de 2008 al 6 de octubre de 2008; del 12 de abril de 2010
al 11 de abril de 2011; y del 27 de agosto de 2012 a la fecha de presentación de la
demanda. Por su parte, la señora Martha Judith Castellanos Betancourt se vinculó
como magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura desde el 2 de febrero
de 201248.
91. También se logró probar que las accionantes solicitaron el reconocimiento de la
bonificación por compensación, el 24 de enero de 2014, teniendo en cuenta para su
cálculo la prima especial de servicios —artículo 15 de la Ley 4 de 1992—, teniendo en
cuenta en la liquidación de esta, entre otras prestaciones, las cesantías percibidas por
los congresistas49.
92. Se evidencia, que la anterior petición fue negada por la entidad en las
resoluciones acusadas. Al resolver lo peticionado adujo que «la prima especial de
servicios [artículo 15 de la Ley 4 de 1992] fue creada exclusivamente para los
funcionarios que la norma señala, es decir, para los magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura […], entre otros y que si bien es cierto tiene directa incidencia en la
remuneración de los magistrados auxiliares de alta corte y demás cargos homólogos,
también lo es que no hace parte de los conceptos que conforman su salario». Además,
indicó que la liquidación que realizaba la entidad de la bonificación por compensación
era la adecuada, toda vez que no podía «efectuar equivalencias entre el valor que se
liquida por concepto de cesantías a los congresistas y el valor que se reconoce por el
mismo concepto a los magistrados de alta corte, ordenando el pago de la diferencia
del valor de las cesantías por concepto de la prima especial de servicios»50.
93. Advertido lo anterior, aun cuando la parte recurrente alega que la sentencia de
primera instancia no es congruente con las pretensiones de la demanda, y que se
vulneraron sus derechos del debido proceso, defensa y contradicción, se considera
que dichas afirmaciones no corresponden a lo probado, en la medida que la parte
demandante, como quedó visto en precedencia, ha sido enfática en solicitar el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo
devengado por los magistrados de alta corte, que debe corresponder a los ingresos
anuales de los congresistas; incluida la prima especial de servicios del artículo 15 de
48 Según se lee en los hechos de la demanda y conforme se acredita con los certificados expedidos el 7 de octubre
de 2013 por la Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y el 1 de noviembre de 2013 por la Secretaría de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, vistos en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 38, 25 a 26.
49
Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs.1 a 19.
50 Samai, índice 04, documento ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 39 a 45, 47 a 65, y 67 a
80.
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la Ley 4 de 1992, liquidada con las cesantías percibidas por los parlamentarios. Tan
es así que, el derecho fue negado por la administración en los actos administrativos
acusados y resuelto en el fallo apelado, en el sentido de reconocerlo a favor de las
accionantes.
94. Por ende, se desestiman los argumentos de la entidad accionada, en punto a la
congruencia entre la sentencia impugnada y lo pretendido por la parte accionante.
3.5.2. La incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en la
liquidación de la bonificación por compensación
95. La parte demandada en el recurso de alzada sostuvo que a partir de la pretensión
de reconocimiento de la bonificación por compensación sobre el 80% de los ingresos
anuales de los magistrados de altas cortes, no puede entenderse la inclusión de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en
cuenta en la liquidación de esta las cesantías devengadas por los congresistas.
96. Así, la Sala estudiará si la prima especial de servicios prevista en el artículo 15
de la Ley 4 de 1992, cuyos destinatarios son los magistrados de altas cortes, debe
considerarse al reliquidar la bonificación por compensación en favor de las
demandantes como magistradas auxiliares, teniendo en cuenta en el cálculo de
aquella las cesantías percibidas por los congresistas.
97. En primer lugar, la Sala precisa que las accionantes quienes ejercen el cargo de
magistradas auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura son beneficiarias de la
bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se
destaca que, por su parte, la señora Martha Patricia Zea Ramos, dada la fecha de
vinculación, percibió la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 y que
la entidad considera que no procede el pago de la diferencia del 10%.
98. Ahora bien, está acreditado en el proceso lo devengado por los magistrados de
tribunal y equivalentes desde 2001 a 2011; así como los ingresos totales de los
magistrados de alta corte51. A su vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
indicó, en el certificado del 16 de noviembre de 2011, que los ingresos mensuales y
anuales de los magistrados de alta corte tienen en cuenta las certificaciones del
pagador del Senado de la República52.
99. En punto, se destaca que, conforme se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, la bonificación por compensación debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
51 Constancia expedida el 30 de noviembre de 2011, vista en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 89 a 96.
52 Constancia expedida el 16 de noviembre de 2011, vista en Samai, índice 04, documento
ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 107 a 109.
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
100. Al respecto, cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201653, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo
devengado por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se
debían tener en cuenta las cesantías con el fin de determinar el valor de la prima
especial de servicios a la que tienen derecho los magistrados de alta corte. Sobre el
particular, se señaló lo siguiente:
[…]
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores54, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de
una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se
causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto
610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de
1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la
misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación,
al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por
compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto
610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente
que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, Rad.
250002325000200405209 02, M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
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Demandante: Martha Judith Castellanos Betancourt y otra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos (Destacado propio).
101. En dicha sentencia se definió que en la reliquidación de la bonificación por
compensación debe incluirse la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, liquidada esta sobre «todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Congresistas», lo que como quedó visto incluye el
auxilio de las cesantías. Así pues, la discusión sobre la liquidación de la prima especial
de los magistrados de alta corte, que pretende plantear la entidad recurrente, se
resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
102. En este orden de ideas, se reitera que el derecho discutido en el proceso está
regulado en el Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse
hasta alcanzar el tope del 80% de lo que devenguen los magistrados de altas cortes,
lo que a su vez conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de hacer el
cálculo correcto de lo que deben percibir estos, ejercicio en el que debe incluirse la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en cuya liquidación
debe tenerse las cesantías percibidas por los congresistas, por las razones
anteriormente expuestas.
103. Lo anterior no significa que los magistrados de tribunal, auxiliares y demás
titulares de la bonificación por compensación, sean beneficiarios de la prima especial
de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, prevista entre otros, para los
magistrados de altas cortes; sin embargo, la correcta determinación de esta sí incide
en el cálculo de la bonificación, porque es a partir de lo devengado por los magistrados
de altas cortes, que se precisa el monto de la acreencia de que trata el Decreto 610
de 1998, razonamiento que se evidencia en el fallo controvertido.
104. Así las cosas, los argumentos expuestos por la parte demandada no son
suficientes para desvirtuar la decisión de primera instancia.
3.5.3. Derecho al reconocimiento de la bonificación por compensación con
ocasión a la expedición del Decreto 1102 de 2012
105. La entidad accionada sostuvo, en el recurso de apelación, que de conformidad el
Decreto 1102 de 2012 «por el cual se modifica la bonificación por compensación para
los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios», se reconoció por nómina la
bonificación por compensación en el 80% a todos los beneficiarios a partir del 27 de
enero de 2012.
106. Por consiguiente, corresponde a la Sala definir si las accionantes tienen derecho
al reconocimiento y pago de la referida acreencia dada la expedición del Decreto 1102
de 2012.
107. En este orden, se advierte que de acuerdo con el artículo 1 del decreto en
mención, a partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por compensación que
percibían los magistrados auxiliares de alta corte, entre otros servidores públicos,
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de alta corte.
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108. Así, se evidencia que desde el 27 de enero de 2012 la Rama Judicial tenía la
obligación de reconocer a los beneficiarios de la bonificación por compensación este
concepto en un porcentaje correspondiente a un 80% de los ingresos anuales de los
magistrados de altas cortes.
109. Precisado lo anterior, como se probó en el expediente que la señora Martha
Judith Castellanos Betancourt prestó sus servicios en calidad de magistrada auxiliar
del Consejo Superior de la Judicatura desde el 2 de febrero de 2012, esto es, con
posterioridad al 27 de enero de 2012, se estima que contrario a lo definido por el juez
de primera instancia, la bonificación por compensación se le otorgó en debida forma,
es decir, que no tiene derecho a la reliquidación del 10% que pretende con la demanda
de la referencia. Ello, toda vez que, conforme se expuso, la entidad accionada en
cumplimiento del Decreto 1102 de 2012 manifestó que efectuó el pago de la
bonificación por compensación equivalente al 80% desde el 27 de enero de 2012.
110. Lo anterior, aunado a que de la documentación aportada al plenario no se
observa que a la señora Castellanos Betancourt se le haya cancelado la referida
acreencia en un porcentaje inferior al previsto en la mencionada norma, que regía
desde antes del inicio de su relación laboral.
111. Sobre el particular vale la pena destacar que la documental que allegó la entidad
accionada reconociendo el pago de la referida bonificación en un porcentaje menor al
80% de lo percibido por los magistrados de altas cortes, como se destacó en el acápite
de hechos probados, corresponde a vinculaciones laborales del 2001 al 2011, es decir,
anteriores al nombramiento de la señora Martha Judith Castellanos Betancourt como
magistrada auxiliar, cargo que le ha permitido recibir la aludida bonificación.
112. Asimismo, si bien respecto a la señora Martha Patricia Zea Ramos se evidencia
que existe el derecho pretendido, por cuanto su primera vinculación como abogada
asistente, cargo equivalente a magistrada auxiliar, ocurrió el 1 de mayo de 2004, lo
cierto es que el Tribunal ordenó el derecho al pago de la bonificación por
compensación hasta el día en que funja o haya fungido en el cargo de magistrada,
pasando por alto la precisión respecto a que tiene derecho al pago reclamado hasta el
27 de enero de 2012, dada la expedición del Decreto 1102 de 2012, en los términos
antes expuestos y la inexistencia de pruebas que indiquen que con posterioridad a la
norma antes señalada no se ha cancelado la prestación en el porcentaje que
corresponde.
113. En consecuencia, habrá lugar a modificar la sentencia impugnada, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda presentada por la señora Martha Judith
Castellanos Betancourt, esto es, la nulidad de la Resolución 2266 del 10 de febrero de
2014 y el reconocimiento del derecho reclamado; mientras que en lo que respecta a la
señora Martha Patricia Zea Ramos, el pago de la bonificación por compensación se
limitará al 27 de enero de 2012.
3.5.4. De la prescripción del derecho
La entidad recurrente afirma que operó la prescripción de las sumas causadas antes
del 24 de enero de 2011, puesto que la petición se presentó ante la administración el
24 de enero de 2014.
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114.Así, se resolverá si operó la prescripción del derecho de la señora Martha Patricia
Zea Ramos al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación. Ello,
comoquiera que fue solo con relación a dicha accionante que se declaró probada la
excepción de prescripción de manera parcial en el fallo de primera instancia.
115. De acuerdo a las consideraciones expuestas en el numeral 3.3 de esta sentencia,
en cuanto a la bonificación por compensación deben tenerse en cuenta tres
escenarios: el primero, durante el que estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes
de que entrara en vigor el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004; el segundo,
cuando las anteriores normas rigieron simultáneamente; y el tercero, con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el
27 de enero de 2012, instante a partir del cual se retornó al monto del 80% de la
referida bonificación, como lo señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto
1102 de 2012.
116. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
2012, la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho,
a diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.
117. Al aplicar las anteriores consideraciones al caso concreto, se tiene que antes de
la vigencia del Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, la señora Martha Patricia Zea
Ramos fue abogada asistente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, concretamente, desde el 1 de mayo de 2004; por lo que lo
causado entre esta fecha y el día anterior a la entrada en vigor del Decreto 4040, es
decir, el 2 de diciembre de 2004, debió reclamarse la reliquidación de la bonificación
en el término de 3 años, lo cual no ocurrió, por lo que operó la prescripción.
118. Distinto ocurre con lo causado, en cuanto a la bonificación se refiere, del 3 de
diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012, respecto de lo cual la prescripción trienal
se cuenta desde el día siguiente, por lo que la reclamación correspondiente debió
presentarse a más tardar el 28 de enero de 2015, y en este caso se radicó el 24 de
enero de 2014, y la demanda de la referencia el mismo año, por lo que no operó la
prescripción.
119. Frente a lo generado del 28 de enero de 2012 en adelante, no se advierte que a
la peticionaria se le haya cancelado la bonificación en un porcentaje distinto al
señalado en el Decreto 1102 de 2012 del 27 de enero de 2012.
120. En suma, se estima que operó la prescripción del derecho al pago de las
diferencias reclamadas a título de la bonificación por compensación, que se causaron
a favor de la señora Martha Patricia Zea Ramos antes del 2 de diciembre de 2004. No
obstante, si bien se observa que el Tribunal declaró la prescripción de las sumas
causadas antes del 3 de diciembre de 2004 y reconoció el pago de la bonificación por
compensación a la demandante a partir del 4 de diciembre de 2004, lo cierto es que la
Sala no modificará la sentencia de primera instancia en tanto ello perjudicaría (por el
reconocimiento de lo causado en un día más) la condición de apelante único de la
entidad accionada.
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121. Por otra parte, en cuanto al argumento de la entidad referente a que, como en el
asunto en concreto, se hace hincapié en la adecuada liquidación de la prima especial
de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la prescripción opera a partir de los
tres años siguientes a la exigibilidad de esta última; se señala que, conforme se estudió
en precedencia, la parte demandante solicitó el reconocimiento de la bonificación por
compensación, que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes,
incluyendo la prima especial de servicios de que trata la norma antes señalada, que a
su vez se determina a partir de lo percibido por los congresistas, incluidas las
cesantías.
122. En tal medida, si bien ambos conceptos —bonificación por compensación y prima
de servicios— se encuentran directamente relacionados, el derecho pretendido versa
sobre la reliquidación de la bonificación por compensación. Sobre este derecho, la
jurisprudencia descrita estableció criterios particulares para definir cómo opera la
prescripción, que en términos generales fueron atendidos por el juez de primera
instancia, y entre los cuales no se encuentra la distinción que pretende hacer valer la
parte accionada, a partir de razonamientos que desconocen la estrecha relación que
existe entre lo percibido por los congresistas y los magistrados de altas cortes, en la
liquidación de la bonificación para los servidores públicos beneficiados por los decretos
610 de 1998 y 1102 de 2012, que es el derecho principal cuya protección dio origen a
este proceso.
123. En este orden de ideas, comoquiera que los argumentos de la entidad recurrente
expuestos en el recurso de apelación no son suficientes para revocar el fallo del
Tribunal, se confirmará parcialmente.
3.5.5. Consideraciones adicionales
124. Finalmente, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable55 e
imprescriptible56, se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y
pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la señora Martha Patricia Zea Ramos, desde el 1 de mayo de 2004 por las
diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación; hasta el 27 de
enero de 2012, con ocasión de lo dispuesto en el Decreto 1102 de 201257.
125. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente.
55 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
57 Esto acorde con los límites temporales de la reclamación administrativa y la demanda.
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3.6. Conclusión de la decisión
126. La señora Martha Patricia Zea Ramos en condición de magistrada auxiliar de alta
corte tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre el pago
de la bonificación de gestión judicial y la bonificación por compensación, y hasta el 27
de enero de 2012, con ocasión al Decreto 1102 de 2012. En punto, si bien el Tribunal
reconoció el derecho a partir del 4 de diciembre de 2004; no se modificará la orden
dada, por cuanto la entidad recurrente tiene la condición de apelante único.
127. En cuanto a la señora Martha Judith Castellanos Betancourt, se negarán las
pretensiones de la demanda, toda vez que se vinculó al cargo de magistrada auxiliar
de alta corte el 2 de febrero de 2012, esto es, luego del 27 de enero de 2012, fecha en
la que por virtud del Decreto 1102 de 2012, la bonificación por compensación se
reconoce a sus beneficiarios en un equivalente al 80%.
128. Así las cosas, se confirmará parcialmente la decisión de primera instancia. En tal
sentido, se modificarán los numerales segundo y cuarto de la sentencia impugnada en
lo referente a que el reconocimiento del derecho de la señora Martha Patricia Zea
Ramos se limitará al 27 de enero de 2012, mientras que las pretensiones de la señora
Martha Judith Castellanos Betancourt se negarán.
129. Por último, se adicionará en cuanto a ordenar a la accionada a efectuar el pago
de aportes a pensión a partir del 1 de mayo de 2004, a favor de la señora Martha
Patricia Zea Ramos. Asimismo, en lo relativo a aclarar que lo reconocido, será
procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación
ordenada no se haya cancelado por la entidad accionada previamente.
3.7. Costas
130. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario58 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
58 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 30 de abril de
2020, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y cuarto de la sentencia impugnada,
el cual queda así:
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones 2272 del 10 de febrero de 2014 y 2268 del 10 de febrero de 2014,
expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por medio de los cuales
no se accedió al reconocimiento de los derechos laborales reclamados por la señora
Martha Patricia Zea Ramos, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO.- Condenar a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a la demandante Martha Patricia
Zea Ramos el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto
de bonificación por compensación, en su condición de magistrada auxiliar del Consejo
Superior, las cuales le deben ser reconocidas y pagadas con carácter permanente, en el
equivalente al 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las altas
cortes, incluyendo la prima de servicios —art. 15 de la Ley 4ª de 1992—, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por
concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta
todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías. Lo anterior,
desde el 4 de diciembre de 2004 y hasta el 27 de enero de 2012, dada la expedición del
Decreto 1102 de 2012, de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado por
concepto del Decreto 4040 de 2004. De tal manera, que el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y/o procuradores judiciales I y cargos homologados,
es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de
servicios, incluido el auxilio de cesantías; esto es, que la reliquidación de la bonificación
procede respecto de los citados funcionarios, siempre que, en la respectiva anualidad,
sus ingresos anuales percibidos no hayan alcanzado el tope del 80% de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los
congresistas […].
En cuanto a la señora Martha Martha Judith Castellanos Betancourt, NEGAR las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: ADICIONAR la sentencia para disponer que la entidad debe reliquidar y
pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la señora Martha Patricia Zea Ramos desde el 1 de mayo de 2004 con ocasión
de las diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por
compensación, hasta el 27 de enero de 2012, dado lo dispuesto en el Decreto 1102
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección ejecutiva de Administración Judicial
de 2012.
Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya cancelado por la entidad accionada previamente.
CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.193.030.066 de Bogotá, portador de la
tarjeta profesional 418.011 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
en los términos del poder conferido que obra a índice 53 de SAMAI.
SEXTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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