Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01306-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01306-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01306-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de abril de 2026
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Número Interno: 5142-2019
Demandante: Juan Coral Eraso
Demandada: Procuraduría General de la Nación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (09) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01306-02 (5142-2019)
Demandante: Juan Coral Eraso
Demandado: Nación – Procuraduría General
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación – Decreto 610 de 1998
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia proferida el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1) La demanda.1
1.1) Pretensiones.
1. El señor Juan Coral Eraso, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
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Fls. 55-70 del expediente físico.
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Número Interno: 5142-2019
Demandante: Juan Coral Eraso
Demandada: Procuraduría General de la Nación
sucesivo), con el fin de solicitar que se declare la nulidad del
acto administrativo contenido en el Oficio S.G. No. 2443 del Doce (12) de junio de
Dos Mil Doce (2012), por medio del cual la entidad demandada negó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales, con ocasión de la bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, correspondiente al 80% de
lo que, por todo concepto, reciben los magistrados de altas cortes, que además
debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de
la República.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que, se ordene a la entidad demandada: (i) a reconocer el ajuste
de la remuneración del demandante, equivalente al 80% de lo que por todo concepto
perciba un magistrado de alta corte y el pago indexado de las diferencias salariales
existentes entre el 70% y el 80%, desde el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos
(2002), hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008), período dentro del
cual se desempeñó como Procurador Judicial II (código 3, PJ-EC) en la
Procuraduría 181 Judicial II Penal de Bogotá; (ii) a la reliquidación de los salarios y
prestaciones sociales pagadas durante el período en mención, tomando la
diferencia del 10% dejado de reconocer; (iii) a la condena en costas a la entidad
demandada; y (iv) a que se dé cumplimiento a la sentencia que resulte del proceso,
en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del otrora CCA.
1.2) Los hechos.
3. En el escrito de demanda 2 , se precisó que, el señor Juan Coral Eraso se
desempeñó, sin solución de continuidad, como Procurador Judicial II (código 3, PJ-
EC), en la Procuraduría 181 Judicial II Penal de Bogotá, durante el período
comprendido entre el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002), hasta el Catorce
2
Ibídem.
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Demandante: Juan Coral Eraso
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(14) de julio de Dos Mil Ocho (2008), razón por la cual, sostuvo que, al amparo del
artículo 280 de la Constitución Política, tiene las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados de tribunal.
4. Narró que, el Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Doce (2012), en ejercicio del
derecho de petición, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación la
reliquidación salarial y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
adeudadas, indexadas, y con los respectivos intereses, relacionadas con el 80% del
total de los ingresos que, por todo concepto, devengan los magistrados de altas
cortes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
5. Señaló que, mediante el acto administrativo contenido en el Oficio S.G. No. 2443
del Doce (12) de junio de Dos Mil Doce (2012), la entidad demandada le negó la
petición incoada, asociada al reconocimiento de la bonificación por compensación.
Resaltó que, con arreglo a lo dispuesto en la sentencia del Catorce (14) de
diciembre de Dos Mil Once (2011), en virtud de la cual la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, no había lugar para
continuar negando la aplicación de lo previsto en el Decreto 610 de 1998.
1.3) Concepto de la violación.
6. La parte demandante alegó que, el acto administrativo enjuiciado viola los
artículos 2º, 4º, 6º, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 (ordinal 19, literal e), 228, 277 y
280 de la Constitución Política de Colombia; los Convenios 95, 100 y 111 de la
Organización Internacional del Trabajo – OIT; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos – CADH; la Ley 22 de 1967; la Ley 10 de 1987; la Ley 63 de
1988; los artículos 1º, 2º, 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992; y el Decreto 610 de 1998.
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7. Manifestó que el actor tiene derecho a que se le apliquen las disposiciones del
Decreto 610 de 1998 durante todo el tiempo de vinculación como Procurador
Judicial II, razón por la cual, la entidad debía reconocerle y pagarle las diferencias
de salario, entre el 70% pagado y el 80% que debió devengar. Aclaró que la
remuneración no podía ser inferior a la remuneración mínima fijada por las Leyes
10 de 1987 y 63 de 1988, para los magistrados de altas cortes.
8. Recordó que, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 610 de 1998, mediante el cual, se estipuló un esquema de ajuste gradual
de los ingresos laborales de los funcionarios amparados por dichas previsiones, a
partir de las siguientes vigencias fiscales, en forma equivalente al 60%, al 70% y al
80% de lo que, por todo concepto, devenguen los magistrados de altas cortes.
Destacó que, con ocasión de las sentencias proferidas por esta Corporación, de
fechas Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Uno (2001), y Catorce (14) de
diciembre de Dos Mil Once (2011), quedó vigente el Decreto 610 de 1998, motivo
por el cual, aseveró que no existe justificación suficiente para negarle el derecho
pretendido y, de suyo, para desmejorarle sus derechos laborales y prestacionales.
9. En punto a la prescripción, manifestó que, en la respuesta suministrada por la
entidad, no era posible que esta última invocara dicho fenómeno al amparo de lo
que denominó “una contabilización equivocada”. Al respecto, señaló que, la
sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Once (2011), proferida dentro
del Rad. No. 2005-00244-01 por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, tiene
efectos constitutivos y, en esa medida, la exigibilidad del derecho debe predicarse
desde entonces, y no con anterioridad a la fecha del referido pronunciamiento.
1.4) La contestación de la demanda.
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10. La Procuraduría General de la Nación3, por conducto de apoderado judicial, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, tras sostener que el acto
administrativo acusado fue expedido en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, aplicables al derecho objeto de debate.
11. Manifestó que la Procuraduría General de la Nación, en calidad de entidad
nominadora, no tiene la facultad constitucional y legal para definir el régimen salarial
y prestacional de sus funcionarios, habida cuenta que, como lo dispone la
Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, dicha facultad es del resorte del Gobierno.
12. Aseveró que el demandante estuvo vinculado a la entidad como Procurador 181
Judicial Penal II de Bogotá, desde el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002),
hasta el Trece (13) de julio de Dos Mil Ocho (2008), motivo por el cual el régimen a
aplicar era el contenido en el Decreto 4040 de 2004, en virtud del cual se creó una
bonificación de gestión judicial con carácter permanente que, sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales, igualó el 70% de lo que por todo
concepto devengaban los magistrados de altas cortes.
13. Propuso como excepciones las que denominó: (i) la bonificación por
compensación en los términos reclamados por el peticionario no constituye factor
salarial; y (ii) el carácter y connotación del auxilio de cesantías como factor a incluir
(sic) en la liquidación de la bonificación por compensación.
1.5) La sentencia de primera instancia.
3
Fls. 137-143 del expediente físico.
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14. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
Sentencia del Dieciocho (18) de diciembre Dos Mil Diecisiete (2017)4, decidió:
“PRIMERO. – Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del
3 de diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de
2016, por las razones expuestas.
SEGUNDO. – DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, en concordancia con los considerandos de esta providencia.
TERCERO. – DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S.G. No.
2443 del 12 de junio de 2012 de la Secretaría General de la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. – CONDENAR a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
RECONOCER y PAGAR en favor del señor JUAN CORAL ERASO como Procurador Judicial
II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 181 Judicial II Penal de Bogotá, desde el 10 de octubre
de 2002 hasta el 14 de julio de 2008, retroactivamente la diferencia existente entre lo
percibido por concepto de bonificación por compensación y lo que debió percibir por
concepto de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 610
de 1998, es decir, el 80% de lo que por todo concepto reciben los Magistrados de Altas
Cortes, que debe coincidir con los ingresos anuales totales de los Congresistas de la
República, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 (prima especial de
servicios), los cuales son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías.
QUINTO. – La Nación – Procuraduría General de la Nación dará cumplimiento al presente
fallo en el término estipulado y conforme a los artículos 187, 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO. – Sin condena en costas de conformidad con los considerandos de este proveído
(…)”
15. El Tribunal encontró acreditado que el señor Juan Coral Eraso se desempeñó
como Procurador 181 Judicial II Penal de Bogotá, durante el período comprendido
entre el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002), hasta el Catorce (14) de julio
de Dos Mil Ocho (2008), por lo cual infirió que es beneficiario de la bonificación por
compensación equivalente al 80% de todo lo devengado por los magistrados de
4
Fls. 223-233 del expediente físico.
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altas cortes, incluyendo el valor de la prima especial de servicios, la cual se debe
liquidar teniendo en cuenta las cesantías.
16. Precisó que no son de recibo los argumentos esgrimidos por la entidad en el
acto acusado, relacionados con asuntos de orden presupuestal que impiden el
reconocimiento de las sumas reclamadas, habida cuenta que se trata de una carga
que no es dable trasladar al demandante y que, en su criterio, corresponde a una
situación que la entidad debió prever realizando “(…) las gestiones necesarias para
acceder a las partidas presupuestales suficientes para cubrir los pagos requeridos
por sus empleados.” Indicó que, los demás motivos expuestos en la negativa,
desconocen el marco normativo y jurisprudencial de la bonificación deprecada.
17. Frente a las excepciones propuestas por la entidad demandada, el Tribunal
consideró que debían desestimarse “ya que contradicen lo expuesto en el marco
normativo y jurisprudencial de la providencia”. En adición, precisó que no tiene
vocación de prosperidad la integración del litis consorcio necesario advertido por la
Procuraduría General de la Nación en la contestación de la demanda y la solicitud
que realizó orientada a vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda
vez que, en sus términos, esta cartera ministerial “no tiene injerencia, ni
competencia funcional, en la expedición de los actos administrativos objeto de
litigio.” Con respecto al fenómeno prescriptivo, el A quo no efectuó ningún análisis.
1.6) El recurso de apelación.
18. Mediante memorial radicado el Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Dieciocho
(2018)5, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, con arreglo al cual
5
Fls. 240-244 del expediente físico.
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solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, al sostener que el acto cuya
nulidad declaró el A quo se ajusta al ordenamiento jurídico.
19. En el recurso de alzada, la entidad insistió en que no era dable incluir las
cesantías como factor salarial, a efectos de la liquidación de la bonificación por
compensación, teniendo en cuenta que no se entienden como un ingreso laboral de
carácter permanente. Aunado a ello, reiteró que, en lo que toca a la definición del
régimen salarial y prestacional de los servidores vinculados a la planta global de la
Procuraduría General de la Nación, la entidad se sujeta a las disposiciones que
profiere el Gobierno Nacional por expreso mandato constitucional. Añadió que la
entidad no tiene la facultad legal para establecer los emolumentos que deben ser
pagados a los miembros de su planta de personal.
20. Sostuvo que existe una falta de legitimidad para liquidar la prima especial (sic)
de servicios que perciben los magistrados de altas cortes. El régimen salarial de la
Rama Judicial y de los congresistas corresponde a un sistema distinto al establecido
para la Procuraduría General de la Nación, por lo que no era posible aplicar las
mismas disposiciones de modo generalizado en uno y otro caso. Afirmó que los
reconocimientos que la entidad le ha hecho al demandante se sustentan en la
información que le suministra la Rama Judicial para el efecto.
21. Por otro lado, advirtió que en la presente controversia operó la prescripción total
de los derechos reclamados. Para sustentarlo, arguyó que el señor Juan Coral
Eraso desempeñó el cargo como Procurador Judicial II desde el Diez (10) de
octubre de Dos Mil Dos (2002) hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008).
En esa medida, la prescripción trienal debe contabilizarse solamente a partir de la
reclamación administrativa, por lo que en el caso concreto, como elevó la solicitud
el Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Doce (2012), sólo podía ordenarse el
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reconocimiento y pago de los conceptos deprecados desde el Veintitrés (23) de
mayo de Dos Mil Nueve (2009) en adelante, es decir, por un período en el que no
existió vinculación alguna con la entidad. Sobre el particular aseveró que no era
posible dotar de efectos constitutivos a la sentencia del Catorce (14) de diciembre
de Dos Mil Once (2011), mediante la cual la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, con
el propósito de determinar el cómputo de la prescripción trienal.
1.7) Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
22. En la diligencia del Ocho (08) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), se
declaró fallida la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 del CPACA.
En la misma oportunidad, el despacho sustanciador de la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad6.
23. Mediante el auto del Quince (15) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022)7, el
conjuez ponente de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el recurso
de apelación y, una vez ejecutoriado, ordenó correr traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días.
Vencido el término anterior, las partes allegaron los respectivos memoriales
contentivos de los alegatos, mientras que el Ministerio Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE guardaron silencio.8
6
Fls. 253-254 del expediente físico.
7
Fl. 287 del expediente físico.
8
Fls. 292-293 del expediente físico.
10
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24. Por medio del auto del Nueve (09) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)9,
este despacho avocó conocimiento del asunto, el cual le fue remitido en atención a
lo dispuesto en el auto del Veintiuno (21) de marzo de la referida anualidad.10
II. CONSIDERACIONES
2.1) Competencia.
25. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 11 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2) Problema jurídico.
26. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, si al demandante le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, en los términos ordenados por el A-quo y, por el otro lado, si hay lugar
a declarar la prescripción de las sumas causadas con anterioridad a la fecha de
presentación de la reclamación en sede administrativa.
9
Índice 00065 del expediente que reposa en el Samai.
10
Índice 00058 del expediente que reposa en el Samai.
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 5142-2019
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27. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.3) marco normativo y jurisprudencial de la bonificación
por compensación; 2.4) hechos probados; y el 2.5) caso concreto.
2.3) Marco normativo y jurisprudencial de la bonificación por compensación
28. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4ª de 1992,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 199812, a través del cual creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior
Militar; a los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del
Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal del Distrito Judicial,
y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal del respectivo Distrito13.
29. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1º de enero de 1999, la cual tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los magistrados de las altas cortes. Adicionalmente, se
estableció que aquélla, sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, se precisó que,
12
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
13
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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el citado porcentaje tendría un incremento gradual, por lo que, para el año 2000,
correspondería al setenta por ciento (70%) y, para el año 2001 y sucesivos, sería
del ochenta por ciento (80%).
30. El Decreto 610 de 1998 en cita fue derogado por medio del Decreto 2668 de
1998, situación que derivó en que, anualmente, se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y
otros funcionarios, entre ellos, los Decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado
por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, a su vez derogado por el Decreto
1476 del 19 de julio de 2001, luego derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, el cual fue derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002,
y éste a su turno derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003, que
finalmente fue derogado por el Decreto 4040 de 2004.
31. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en ejercicio de la acción de nulidad
ante el Consejo de Estado y declarado nulo mediante la sentencia proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el veinticinco
(25) de septiembre de 2001, dentro del Expediente Nº 395-99, con efectos ex tunc.
Ante ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las
normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables,
entre ellas, el Decreto 664 de 1999, y los que se expidieron con posterioridad, los
cuales regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales,
asumiendo que el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.
32. Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004 que creó la
bonificación de gestión judicial a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. En el referido Decreto se indicó
que la bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
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laborales, no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de las altas cortes. En adición, se precisó que, aquella
sería incompatible con la bonificación por compensación. Asimismo, se señaló que
los mencionados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de gestión
judicial, siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad
de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
33. Para acogerse a dicho régimen, los funcionarios interesados debían manifestar
por escrito su intención ante la entidad empleadora, antes del treinta y uno (31) de
diciembre de 2004.
34. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, mediante la sentencia proferida por la Sala de Conjueces el catorce (14)
de diciembre de 2011, dentro del Expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el veintisiete (27) de enero de 2012. En dicha providencia, la Sala de
Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores judiciales con
idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos
regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el
80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes y el Decreto 4040 de 2004
que la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
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35. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
36. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004 y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación. Esta situación generó diversas
acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación, así como
dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que,
en virtud del Decreto 610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.
37. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
Sentencia del dieciocho (18) de mayo de 201614 concluyó que, ante la coexistencia
de dos regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción. Aunado a ello,
precisó que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998, surgió
a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir,
a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.
38. Luego, la misma Corporación, también a través de la decisión proferida por la
Sala de Conjueces, esta vez de fecha dos (2) de septiembre de 201915, precisó otra
regla de prescripción, consistente en que, para los casos de las reclamaciones de
la bonificación por compensación, pero causadas entre el 5 de octubre de 2001 y el
2 de diciembre de 2004, no existió dualidad de normas, motivo por el cual durante
el período en mención sí operó el fenómeno prescriptivo, conforme las disposiciones
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
15
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de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que la persona lograra
demostrar con pruebas documentales que antes del 3 de diciembre de 2004 se
había interrumpido la prescripción.
39. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno expidió el Decreto 1102 de 201216, con el cual retomó el derrotero de la
bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 1º17.
40. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, la Sala
procede a decidir el fondo del presente asunto.
2.4) Hechos probados.
41. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:
a) El Veintitrés (23) de mayo de Dos mil Doce (2012), el señor Juan Coral Eraso le
solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de lo que como Procurador Judicial II,
debía devengar conforme a lo establecido en el Decreto 610 de 1998, durante el
período en que se desempeñó en el cargo que le otorgaba el derecho, esto es,
16
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
17
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter
permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos
Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría
General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por
Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
16
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desde el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002), hasta el Catorce (14) de julio
de Dos Mil Ocho (2008).18
b) Mediante el acto contenido en el Oficio S.G. No. 2443 del Doce (12) de junio de
Dos Mil Doce (2012), la secretaria general de la Procuraduría General de la Nación,
negó el reconocimiento deprecado por el actor, oportunidad en la cual no controvirtió
los servicios prestados por el actor durante el lapso invocado.19 Esta circunstancia
se acompasa con la contestación de la demanda, en la cual se tuvo por cierto el
hecho cuarto del libelo inicial, en el que se narró la vinculación de la parte
demandante, en su calidad de procurador judicial, durante el citado período.
c) En adición, con la contestación de la demanda se aportó, por un lado, el Decreto
del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Dos (2002), por medio del cual, el Procurador
General de la Nación nombró al demandante en el cargo de Procurador 181 Judicial
II Penal de Bogotá, Código 3PJ, Grado EC, y, por el otro lado, el Acta de Posesión
Núm. 703 del Diez (10) de octubre de la referida anualidad, en la cual, se hizo
constar que, en esa fecha, la parte actora tomó posesión del cargo. Esta información
se armoniza con la constancia expedida el Veintidós (22) de junio de Dos Mil
Dieciséis (2016), en virtud de la cual, el Jefe de la División de Gestión Humana de
la entidad certificó que, el período de vinculación del señor Coral Eraso, en el citado
cargo, se extendió hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008).
2.5) Caso concreto
42. Con el propósito de resolver el problema planteado, la Sala debe señalar que,
en el asunto sub judice, es dable colegir, a partir de lo expuesto en el escrito de
18
Fl. 2 del expediente físico.
19
Fls. 3-5 del expediente físico.
17
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contestación de la demanda (en el que se tuvo por cierto el hecho que refiere al
período de la vinculación y el cargo ostentado), el acto acusado, y los demás
documentos allegados al plenario, que el señor Juan Coral Eraso se desempeñó,
sin solución de continuidad, como Procurador Judicial II (código 3, PJ-EC), en la
Procuraduría 181 Judicial II Penal de Bogotá, durante el período comprendido entre
el Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002), hasta el Catorce (14) de julio de Dos
Mil Ocho (2008) y, en los términos del acto administrativo acusado, le fue sufragada,
conforme a la norma de creación, la bonificación por gestión judicial prevista por el
Decreto 4040 de 2004, cuya nulidad fue declarada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante la sentencia proferida por la Sala de Conjueces el
catorce (14) de diciembre de Dos Mil Once (2011), dentro del Expediente No. 11001-
03-25-000-2005-00244-01.
43. De acuerdo con lo establecido por esta Corporación, al demandante le asiste
pleno derecho al pago de la bonificación por compensación preceptuada por el
Decreto 610 de 1998, motivo por el cual, prima facie, el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resulta conforme a derecho.
44. Aclarado lo anterior, la Sala de Subsección pasa a analizar el primer motivo de
inconformidad de la entidad demandada formulado en el recurso de apelación, este
es, la alegada imposibilidad de incluir el auxilio de cesantías a efectos de la liquidar
la bonificación por compensación, teniendo en cuenta que no se entiende como un
ingreso laboral de carácter permanente. Sobre el particular, conviene precisar que,
en el fallo de instancia, el A quo consideró que el demandante es beneficiario de la
bonificación por compensación equivalente al 80% de todo lo devengado por los
magistrados de altas cortes, incluyendo el valor de la prima de servicios, la cual,
según sostuvo, se debe liquidar teniendo en cuenta las cesantías.
18
Número Interno: 5142-2019
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45. Frente a ello, la Sala precisa que, tal y como lo sostuvo la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia del Dos (2)
de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la bonificación por compensación para
magistrados y cargos equivalentes no puede superar, en ningún caso, el 80% de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte, que
es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías, razón por la cual el porcentaje de la referencia se erige como un piso y
un techo. Fuerza insistir en que, la reliquidación de la bonificación por compensación
procede respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que,
en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos no hayan
alcanzado el tope del 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte, incluido
en ello las cesantías de los congresistas. En este caso, debe tenerse en cuenta que,
la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%.
46. Al revisar la orden emanada del Tribunal, consistente en reconocer y pagar, a
favor del demandante, la diferencia entre lo percibido por concepto de bonificación
por compensación y lo que debió percibir por salarios, se observa que, no excede
el techo permitido y, en ese sentido, se ajusta al marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo examen. En este punto, debe señalarse que, según lo
expuesto por esta Colegiatura en la sentencia de unificación del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la bonificación por compensación para
magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que
es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, regla de la cual no se
desprende una limitación frente al carácter del ingreso, es decir, si se trata de un
emolumento laboral de carácter permanente, como lo arguyó la entidad, al sostener
que prestaciones como las cesantías no podían incluirse en la base del cómputo.
19
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47. En este punto, ha de recordarse que el Decreto 610 de 1998 previó que esta
bonificación, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales, debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales que
por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura,
y que incrementó posteriormente al 70% (para el 2000) y al 80% (a partir de 2001).
Por lo anterior, se concluye que, la bonificación por compensación comporta la
vigencia misma de los límites legales establecidos por el Gobierno Nacional, por
cuanto debe liquidarse en cuantía exacta del 80% de lo que por todo concepto
percibe un magistrado de alta corte, configurando una garantía de remuneración
porcentual y el techo de la asignación prevista para todos aquellos que la devengan.
48. Frente al reparo de la entidad apelante, encaminado a advertir que, «[e]l régimen
salarial de la Rama Judicial y de los congresistas corresponde a un sistema distinto
al establecido para la Procuraduría General de la Nación, por lo que no era posible
aplicar las mismas disposiciones de modo generalizado en uno y otro caso», debe
decirse que, en lo que toca a la bonificación por compensación que se debate, la
distinción de “regímenes” o “sistemas” a la que se alude no es razón suficiente para
negar el reconocimiento de dicho emolumento, máxime, si se tiene en cuenta que
el Decreto 610 de 1998, expedido en virtud de los mandatos de la Ley 4ª de 1992,
y en atención a los reclamos relacionados con las insuficiencias de la prima especial
de servicios -prevista en el artículo 14 ibídem- concedida al segundo nivel de
funcionarios judiciales (dentro de los cuales se encuentran los agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial), buscó propiciar una nivelación salarial, a
través de un sistema escalonado de nivelación a tres (3) años, con miras a superar
la brecha del 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel, tal y como se
advirtió en las motivaciones del decreto en cita, y lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional, entre otras, en la sentencia C-244 de 2013.
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49. Sin perjuicio de lo anterior, y con el propósito de salvaguardar el erario, resulta
procedente adicionar la decisión de primera instancia, en el sentido de precisar que
el cumplimiento de la orden judicial estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y que, en ningún evento, el pago de la bonificación por
compensación puede superar los topes legales.
50. Asimismo, y con la misma finalidad anunciada en precedencia, la Sala observa
que, en el fallo apelado, el Tribunal incluyó en la orden contenida en el ordinal 4º, el
pago de la diferencia por concepto de todas las prestaciones sociales. Empero,
teniendo en cuenta que, la bonificación por compensación tiene un carácter salarial
limitado, es decir, únicamente para efectos pensionales, no resulta procedente
ampliarle el carácter salarial a efectos distintos a los que fueron previstos por el
Gobierno Nacional, en ejercicio de la habilitación derivada del artículo 150.19
constitucional, y en atención a los criterios y objetivos fijados en la Ley 4ª de 1992.
En tal sentido, se modificará dicho ordinal en lo pertinente, en orden a precisar que
el pago de las diferencias recae sobre “lo percibido por concepto de bonificación por
compensación y lo que debió percibir por concepto de salarios.”
51. En este punto, la Sala estudiará el reparo esgrimido por la entidad en el recurso
de alzada, relacionado con la prescripción total de los derechos reclamados. Para
ello, conviene recordar que, a juicio de la recurrente, operó la prescripción trienal,
comoquiera que el actor elevó la solicitud hasta el Veintitrés (23) de mayo de Dos
Mil Doce (2012), razón por la cual sólo podía ordenarse el reconocimiento y pago
de los conceptos deprecados desde el Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Nueve
(2009) en adelante, es decir, por un período en el que no existió vinculación alguna
en la Procuraduría General de la Nación. Frente al fenómeno prescriptivo, el A-quo
no emitió ningún pronunciamiento.
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Número Interno: 5142-2019
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52. Para abordar el asunto, debe decirse que, conforme a lo previsto en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de fecha Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), la exigibilidad de la
bonificación por compensación surgió a partir de la fecha de ejecutoria de la
providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, el Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Doce (2012). De allí que el término prescriptivo opere
atendiendo a lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1818 de 1969, con observancia de la fecha de ejecutoria de la sentencia
referida.
53. Posteriormente, la Sala Plena de Conjueces de esta misma Corporación, en
providencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)20, precisó otra
regla de prescripción, esta vez para las reclamaciones de la bonificación por
compensación causadas entre el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Uno (2001) y
el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), indicando que durante este tiempo
no hubo dualidad de normas. En tal virtud, sostuvo que, durante este lapso, sí operó
el fenómeno de la prescripción, con sujeción a las disposiciones de los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que la persona logre demostrar con pruebas
documentales que antes del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) había
interrumpido la prescripción conforme a la ley.
54. En línea con lo anterior, como el accionante presentó la reclamación
administrativa ante la entidad demandada el Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil
Doce (2012), operaría -en línea de principio- la prescripción de los derechos
causados entre el Primero (1º) de enero de Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2) de
diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), toda vez que, en este período no había
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
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duplicidad de normas y, por tanto, contaba con tres (3) años para la reclamación de
su derecho e interrumpir el fenómeno prescriptivo, lo cual ocurrió hasta el año 2012,
como se dijo. Empero, como el actor sólo se vinculó como Procurador Judicial II el
Diez (10) de octubre de Dos Mil Dos (2002), los reajustes solicitados prescribieron
desde esa data, hasta el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004).
55. Lo contrario ocurre con los lapsos pretendidos entre el Tres (3) de diciembre de
Dos Mil Cuatro (2004) y el Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008), en los
cuales, al coexistir los precitados decretos, el término de prescripción se
contabilizaba a partir del Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Doce (2012), fecha de
ejecutoria de la providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 (y de
exigibilidad de la bonificación por compensación), según se explicó en precedencia.
56. Vistas así las cosas, la Sala modificará la decisión de primera instancia, pues,
como se explicó ut supra, el A quo ordenó el pago de la bonificación por
compensación durante una fracción de tiempo en la que operó el fenómeno jurídico
de la prescripción. En ese sentido, se precisará que el período en el que el señor
Juan Coral Eraso tiene derecho al reconocimiento del reajuste salarial, con
observancia de lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, corresponde únicamente al
comprendido entre el Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) y el Catorce
(14) de julio de Dos Mil Ocho (2008), fecha en la que dejó de desempeñarse como
Procurador Judicial II, de acuerdo con lo acreditado en el plenario.
57. Finalmente, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación, nada se
dijo con respecto a los aportes pensionales. A pesar de dicha omisión, teniendo en
cuenta que éstos hacen parte del derecho a la pensión, el cual es imprescriptible e
irrenunciable, la Sala ordenará la reliquidación de aquellos desde el momento en
que el demandante ejerció el cargo que le dio derecho a percibir la bonificación por
23
Número Interno: 5142-2019
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compensación, sin tener en cuenta el fenómeno prescriptivo.
58. En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia para ordenar a la Procuraduría
General de la Nación que reliquide los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones, teniendo en cuenta que la bonificación por compensación
constituye factor salarial para aquellos (desde el 1° de enero de 2001).
59. Como corolario de lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
apelada, frente a la cual se efectuarán las modificaciones y adiciones pertinentes.
2.6) Condena en costas.
60. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Dieciocho (18) de
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales «SEGUNDO» y «CUARTO»
de la sentencia del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017),
proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
“SEGUNDO. – DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada y, en adición, DECLARAR de oficio la excepción de prescripción, respecto de
la bonificación por compensación causada antes del tres (3) de diciembre de 2004, salvo los
aportes en pensión, en concordancia con los considerandos de esta providencia.
(…)
CUARTO. – CONDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
RECONOCER y PAGAR en favor del señor JUAN CORAL ERASO como Procurador Judicial
II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 181 Judicial II Penal de Bogotá, desde el tres (3) de
diciembre de 2004 y hasta el catorce (14) de julio de 2008, retroactivamente la diferencia
existente entre lo percibido por concepto de bonificación por compensación y lo que debió
percibir por concepto de salarios, de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 610 de 1998, es
decir, el 80% de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, que debe
coincidir con los ingresos anuales totales de los Congresistas de la República, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 (prima especial de servicios), los cuales
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías.
Ordenar a la Nación – Procuraduría General a efectuar el pago de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo
que debió devengar por concepto de bonificación por compensación, durante todo el tiempo
de vinculación del demandante como Procurador Judicial II, sin aplicar prescripción.
Aclárese que en el hipotético caso que el demandante hubiese recibido algún pago por
concepto del derecho contenido en el extinto Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado
de la suma que le corresponda por la condena impuesta en esta sentencia. El cumplimiento
de la orden judicial estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a favor de la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en
ningún evento, el pago de la bonificación por compensación podrá superar los topes
legales.»
TERCERO: Reconocer personería para actuar a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, provista con la T.P. No. 190.461 del Consejo Superior de la Judicatura,
en los términos del poder conferido21 por la entidad demandada.
21
Índice 00064 del expediente que reposa en el Samai.
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CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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