Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-00320-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2012-00320-02 (5614-2019)
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
1.1.1. Pretensiones.
1. La señora Ligia Esther Palomino de Vera, actuando por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de obtener la anulación de la Resolución No. 2462 del nueve (9) de abril de dos
mil doce (2012), a través de la cual, la entidad demandada le negó el reajuste del
1
Expediente físico – folios 16 a 31.
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Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
10% de su salario, correspondiente a la bonificación por compensación
contemplada en el Decreto 610 de 1998.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad demandada:
(i) disponer el reajuste del 10% su remuneración entre el entre el primero (1°) de
enero de dos mil uno (2001) al treinta (30) de noviembre de dos mil dos (2002), a
fin de igualarlo al 80% de lo que por todo concepto salarial perciba un magistrado
de alta corte; (ii) incrementar dicho porcentaje en «las primas de servicios, de
vacaciones, de navidad y las bonificaciones por compensación mensual y por
servicios anuales y prestaciones sociales que percibió durante el mismo periodo»,
debidamente indexados.
3. Adicionalmente, solicitó la condena en costas.
1.1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. La señora Ligia Ester Palomino de Vera, ejerció el cargo de Abogada Asistente2
del Consejo de Estado desde el primero (1°) de septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve (1989) hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil dos (2002).
5. El catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la reliquidación salarial y el reconocimiento y pago de la
diferencia derivada de la bonificación por compensación, por el periodo
comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil uno (2001) y el treinta (30)
de noviembre de dos mil dos (2002).
6. Mediante Resolución No. 2462 del nueve (9) de abril de dos mil doce (2012), la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, no accedió a la
solicitud, argumentando, entre otros aspectos, los efectos a futuro de la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.
7. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran las
siguientes disposiciones normativas:
2
Ahora denominado “Magistrado Auxiliar”.
3
Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
• Los artículos 2, 4, 6, 13, 19, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; el artículo 2
literal a, de la Ley 4 de 1992; las Leyes 10 de 1987 y 63 de 1988; los Decretos 610
de 1998 y 1239de 1998 y, los artículos 1523 y siguientes del Código Civil.
8. Aduce que, con la sentencia constitutiva, que declaró la nulidad del Decreto 4040
de 2004, la demandante tiene derecho, cierto e irrenunciable, a que se le aplicaran
los efectos del Decreto 610 de 1998, a partir de la vigencia de la norma. Por lo tanto,
no existen razones para negar lo pretendido, máxime cuando el proveído precisó
sus efectos ex tunc.
9. Añade que, son ilegítimos los argumentos de la demandada, al fundamentar su
negativa en una supuesta falta de competencia de la administración para reconocer
las deudas que se originaron en la aplicación del Decreto 610 de 1998, por estimar
que es consorte exclusivo de los jueces.
10. Adicionalmente, señaló que, la expedición del acto administrativo demandado,
transgredió el ordenamiento jurídico, precisando que, la suscripción del contrato de
transacción, no constituye un sustento válido para negar lo pretendido, pues las
peticiones recaen sobre derechos laborales que son irrenunciables por mandato
constitucional.
1.2. Contestación de la demanda.
11. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no
contestó la demanda.
1.3. La sentencia de primera instancia3.
12. La Sala Transitoria, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin
condenar en costas, en los siguientes términos:
3
Expediente físico, folios 109 a 124. El fallo no se pronunció respecto a la condena en costas en la parte resolutiva, pero si
quedó consignado en la motiva.
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Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
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«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, en las sentencias de 14
de diciembre de 2011, que anuló el Decreto N° 4040 de 3 de diciembre de 2004 y a
la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de 2016, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 2462 de 9 de abril de 2012, por
medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó a la actora
el reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO.- Condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a la
demandante LIGIA ESTHER PALOMINO VERA, el derecho adquirido a recibir el
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto
devenga como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios,
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la
liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios,
prima de navidad y cesantías, conforme a los siguientes extremos temporales y
derechos, así respecto a la bonificación por compensación: desde el 1° de enero de
2001 y hasta el 30 de noviembre de 2002, y respecto de la prima especial de servicios
de que trata la Ley 4ª de 1992: desde 1º de enero de 1993 hasta el 30 de noviembre
de 2002, todo ello con los correspondientes reajustes, con los correspondientes
reajustes legales, y mientras hubiese fungido como Abogada Asistente del Consejo
de Estado o como titular del Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas
dadas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO.- En consecuencia, condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer
y pagar a la señora LIGIA ESTHER PALOMINO DE VERA, el equivalente al diez por
ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un
Magistrado de una Alta Corte, en los extremos temporales mencionados en el ordinal
anterior; conforme al Decreto 610 de 1998 y a la Ley 4ª de 1992, artículo 15, de
acuerdo con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia y en el ordinal
anterior.
QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual de los índices
de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva. (…)» (sic)
13. La decisión del A-quo se sustentó en que, dada la calidad de Abogada Asistente
del Consejo de Estado, entre el primero (1°) de enero de dos mil uno (2001) y el
treinta (30) de noviembre de dos mil dos (2002), adquirió un derecho en sí mismo,
que no podía ser suprimido o desconocido, por la entidad demandada, alegando la
aplicación del Decreto 4040 de 2004.
14. Indicó que, al estar acreditado el reconocimiento del salario en un 70% de lo
percibido por un Magistrado de Alta Corte, concluyó que, la demandante tiene
derecho a las diferencias salariales que se le adeudan por concepto de bonificación
por compensación, las cuales deben ser reconocidas y pagadas con carácter
permanente, en el 80% de lo devengado por aquellos funcionarios, en el periodo ya
referidos.
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Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
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15. El tribunal señaló que, la Rama Judicial debe pagar a la demandante sus
derechos laborales, incluyendo la prima de servicios, prima de navidad, prima de
vacaciones, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de
prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta, todos
los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente, devengado por los
congresistas.
16. Agregó que, la demandada debía reconocer la prima especial de servicios desde
la fecha en que entró a regir, esto es, desde el 1 de abril de 1993 y hasta el año
2002, sin que ello implique un fallo extra ni ultra petita, argumentando que son
derechos consustanciales a la relación laboral de la demandante.
1.3.1. Aclaración de la sentencia.
17. El apoderado de la parte demandante, solicitó aclaración de la sentencia, en
cuanto no hubo pronunciamiento frente al fenómeno prescriptivo.
18. Como consecuencia de ello, en la misma diligencia de fallo, el Tribunal señaló
que, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016,
señaló que, el fenómeno de la prescripción se contabiliza a partir de la ejecutoria de
la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, del
veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012).
19. En ese sentido señaló que, no se configuró la prescripción, comoquiera que la
demandante elevó la solicitud de reconocimiento del derecho a la diferencia por
concepto de bonificación por compensación, el catorce (14) de febrero de dos mil
doce (2012), esto es, antes del vencimiento del plazo de tres (3) años para que
operara la referida figura procesal, que vencía el veintiocho (28) de enero de dos
mil quince (2015).
1.4. Recurso de apelación.
20. La entidad demandada presentó recurso de apelación, reprochando que la
sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia, teniendo en cuenta que
reconoció en favor de la demandante, la prima especial de servicios prevista en el
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artículo 15 de la Ley 4 de 1993, sin que esta fuera solicitada o desarrollada en el
escrito de demanda.
21. Agregó que, si en gracia de discusión se aceptara que esta prima especial de
servicios, hacía parte de las pretensiones de la demanda, debe tenerse en cuenta
la prescripción trienal.
22. Como segundo aspecto, reprochó que la bonificación por compensación creada
por el Decreto 610 de 1998, no constituye factor salarial para la liquidación y pago
de prestaciones sociales, pues con ello se estaría modificando el régimen salarial
definido por la Ley y excedería el porcentaje máximo de ingresos fijado por el
legislador, para el cargo desempeñado por la demandante. Agregando que, solo
podría ser tenido en cuenta para efectos de los aportes al Sistema General de Salud
y Pensiones.
1.5. Trámite en segunda instancia
23. Mediante autos de nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024)4, y cuatro (4)
de julio de dos mil veinticuatro (2024)5, el respectivo conjuez ponente de la Sección
Segunda, doctor Carlos Mario Isaza Serrano, admitió el recurso de apelación y
corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, el despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso, mediante auto del nueve (9) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025)6.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
24. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el Juez de
4
Folio 192 del expediente físico.
5
Folio 194 ibidem.
6
Índice 0059 de Samai.
7
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez
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segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
25. Corresponde a la Sala establecer si existe incongruencia entre la decisión de
primera instancia y lo reclamado por la señora Ligia Ester Palomino en el escrito de
demanda, al reconocerse en favor de esta, la prima especial del artículo 15 de la
Ley 4 de 1992. Asimismo, se determinará si, la bonificación por compensación
ostenta factor salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales de la
demandante.
26. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial; ii) material probatorio; Iii) Caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – bonificación por compensación
27. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 19988, a través del cual, se creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior
Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del
Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los
jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito9.
28. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual, tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima
no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia.”
8
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
9
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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especial de servicios de los magistrados de las altas cortes. Adicionalmente, se
estableció que aquella, sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó que el
citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del
ochenta por ciento (80%).
29. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668 de
1998, generando ello que, anualmente se dictaran una serie de decretos que
regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros
funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el
Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de
julio de 2001, este a su vez derogado por el Decreto 2726 del 17 de diciembre de
2001, este derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, este derogado por
el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003, este a su vez derogado por el Decreto
4040 de 2004.
30. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo
de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001,
expediente Nº 395-99, con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610 de 1998
recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al acto anulado
perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999
y los que se expidieron con posterioridad y que regularon la bonificación por
compensación de los magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto
610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.
31. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la bonificación
creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales, no podía
superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
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Número Interno: 5614-2019
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magistrados de las altas cortes; precisando que, aquella sería incompatible con la
bonificación por compensación; además, se adujo que los citados funcionarios
podían cobijarse por la bonificación de gestión judicial, siempre y cuando cumplieran
con alguna de las siguientes situaciones:
a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación
por Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando
expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos
del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.
32. Precisando que, antes del 31 de diciembre de 2004, se debía manifestar por
escrito dicha intención, ante la entidad empleadora.
33. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de diciembre
de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el 27 de
enero de 2012. En esa providencia, la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610
de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en
el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado injustificado entre sujetos en
igualdad de condiciones. En este orden de ideas, se estableció que, el Decreto 4040
de 2004 violó los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o
conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
34. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales,
otorgaban el derecho al pago de una bonificación. Ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como,
dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales, que
en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.
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35. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 18 de mayo de 201610 concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción; precisando que,
la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998, surgió a partir de
la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del
28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.
36. Luego, la misma corporación, a través de decisión proferida por la Sala de
Conjueces, el 2 de septiembre de 201912, precisó otra regla de prescripción, esta
vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por compensación,
causadas con anterioridad a la vigencia del Decreto 4040 de 2004; dicha
providencia, fue aclarada mediante auto del Siete (07) de octubre de Dos Mil
Diecinueve (2019), en el cual se indicó que, la prescripción de las acreencias
derivadas de dicha bonificación, opera respecto del período comprendido entre el
Cinco (5) de octubre de Dos Mil Uno (2001) —fecha en la que cobró ejecutoria la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el Dos (2) de
diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), lapso durante el cual, no existió dualidad
normativa.
37. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período, resulta
aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968
y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre que antes del
tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004), interrumpió oportunamente el término
prescriptivo, mediante reclamación administrativa o judicial, caso en el cual, la
prescripción se retrotrae a la fecha de dicha interrupción.
38. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “Por la cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”, norma que, en su artículo 1 dispuso:
«ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que
vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de
Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
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Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes
señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial
para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.»
39. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se procede a decidir el presente asunto.
2.4. Material probatorio
40. En el plenario reposan los siguientes medios de convicción:
• Constancia expedida el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012)
por el Secretario General del Consejo de Estado11, en el cual certifica
que la demandante se desempeñó como «Magistrada Auxiliar» del
Consejo de Estado en propiedad, desde el primero (1°) de septiembre
de mil novecientos ochenta y nueve (1989) y el treinta (30) noviembre
de dos mil dos (2002).
• Certificación de sueldos y emolumentos devengados por la señora
Ligia Esther Palomino de Vera, en los años 2001 y 2002, emitida por la
Dirección Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial12.
• Resolución No. 2462 del nueve (9) de abril de dos mil doce (2012) 13,
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la cual se niega
el reconocimiento y pago de la diferencia por concepto de bonificación
por compensación, pretendida por la demandante en petición del 14 de
febrero de 2012.
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Folio 2 del expediente físico.
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Folios 3 a 7 del expediente físico.
13
Notificada personalmente a la demandante el 20 de abril de 2012. Visible a folios 8 a 14 del expediente físico.
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Número Interno: 5614-2019
Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
2.5. Caso concreto.
41. En el presente asunto, la señora Ligia Ester Palomino de Vera, pretende la
declaratoria de nulidad, del acto administrativo por medio del cual, la Nación, Rama
Judicial, dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le negó el reconocimiento y
pago de la diferencia por concepto de bonificación por compensación, en su calidad
de Abogada Asistente (Magistrada Auxiliar) del Consejo de Estado, entre los años
2001 y 2002.
42. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por
considerar que, a la demandante le era aplicable, en materia de bonificación por
compensación, el Decreto 610 de 1998. Reconocimiento que, no fue controvertido
por la demandada.
43. No obstante, a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, apeló la decisión
de instancia, aduciendo que, se reconoció en favor de la demandante la prima
especial de servicios, contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1993, la cual, no
hizo parte de las pretensiones de la demanda.
44. En efecto, verificada la decisión del A-quo, se advierte que, dispuso el
reconocimiento de la referida prima especial de servicios, argumentando que «son
derechos consustanciales a la relación laboral de la demandante» y, en atención a ello, ordenó
su reconocimiento y pago desde el primero (1) de enero de mil novecientos noventa
y tres (1993), fecha en la cual entró a regir la norma que la contempla, hasta el
treinta (30) de noviembre de dos mil dos (2002), que fungió como «Abogada
Asistente14», con los respectivos reajustes legales.
45. Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda que, el artículo 15 de la Ley 4 de
1992 consagra una prima especial de servicios para los magistrados del Consejo
de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General, el Contralor General, el Fiscal
General, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, a efectos
de igualar los ingresos anuales percibidos por los congresistas, sin superarlos. Esta
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Cargo hoy denominado «Magistrado Auxiliar».
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Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
norma, no menciona, ni de forma expresa ni implícita, a los magistrados auxiliares,
quienes, por la naturaleza de su cargo, no integran el grupo de titulares a quienes
el legislador otorgó dicho beneficio.
46. Ahora bien, verificada la reclamación administrativa, el escrito de demanda y las
actuaciones desplegadas por la parte demandante en el curso de la primera
instancia, se evidencia que, sus pretensiones estaban encaminadas exclusivamente
al reconocimiento de la diferencia del 10% generada respecto de la bonificación por
compensación, durante el tiempo que fungió como «Abogada Asistente» del
Consejo de Estado y no, la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992.
47. Así las cosas, la Sala encuentra vocación de prosperidad en los argumentos
aducidos por la entidad demandada en su recurso de alzada, porque la providencia
de primera instancia, incurrió en un yerro al conceder en favor de la demandante,
un beneficio económico que, además de no haber sido reclamado en sede
administrativa ni judicial, tampoco es su destinataria, conforme al mandato legal.
48. En consecuencia, se modificará la orden impartida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a efectos de precisar que, el
restablecimiento del derecho recae únicamente respecto de la bonificación por
compensación y no, la prima especial de servicios reconocida.
49. Por otra parte, en cuanto al reproche de la entidad demandada, referente a que
no es procedente la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante,
teniendo la bonificación por compensación como factor salarial, debe precisarse
que, la orden impartida por el A quo, está encaminada al reconocimiento de las
diferencias generadas en la liquidación de los salarios y prestaciones de la señora
Palomino de Vera, con ocasión al cálculo efectuado sobre el 70 y no el 80%, de lo
que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, como
consecuencia del ajuste salarial en aplicación del Decreto 610 de 1998 de allí que,
este argumento de la apelación, no está llamado a prosperar.
50. Finalmente, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación nada se dijo
respecto a los aportes pensionales; a pesar de dicha omisión, teniendo en cuenta
que estos hacen parte del derecho a la pensión el cual es imprescriptible e
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Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
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irrenunciable, la Sala ordenará la reliquidación de aquellos, durante el periodo en
que la demandante ejerció el cargo que le dio derecho a percibir la bonificación por
compensación, sin tener en cuenta el fenómeno prescriptivo.
51. En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia para ordenar a la Nación -
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que reliquide los
aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta
que, la bonificación por compensación constituye factor salarial para aquellos; lo
anterior, durante el periodo en el que se desempeñó como Magistrada Auxiliar del
Consejo de Estado y, en consecuencia, era beneficiaria de dicha bonificación en el
porcentaje establecido en el Decreto 610 de 1998.
52. Finalmente, se precisa que el cumplimiento de esta orden judicial estará
condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro
pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y que en
ningún caso se superen los topes salariales.
2.5.1. Condena en costas
53. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón
por la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales tercero y cuarto de la
sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de Dos Mil diecisiete (2017), por la
Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, los cuales quedarán así:
«TERCERO.- Condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a la
demandante LIGIA ESTHER PALOMINO VERA, el derecho adquirido a recibir el
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga
como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de
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Demandante: Ligia Esther Palomino de Vera
Demandado: Nación – Rama Judicial
vacaciones, prima de navidad, y bonificación por servicios, desde el 1° de enero de
2001 y hasta el 30 de noviembre de 2002, con los correspondientes reajustes legales,
y mientras hubiese fungido como Abogada Asistente del Consejo de Estado o como
titular del Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva
de esta sentencia.
CUARTO.- En consecuencia, condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reconocer
y pagar a la señora LIGIA ESTHER PALOMINO DE VERA, el equivalente al diez por
ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un
Magistrado de una Alta Corte, en los extremos temporales mencionados en el ordinal
anterior; conforme al Decreto 610 de 1998, de acuerdo con las pautas dadas en la parte
motiva de esta sentencia y en el ordinal anterior.
De igual manera, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones, en favor de Ligia Ester Palomino
de Vera, desde el 1° de enero de 2001 y hasta el 30 de noviembre de 2002.
Para efectos de lo anterior, se advierte a la entidad demandada, que solo está obligada
a pagar al sistema, las diferencias causadas entre lo pagado y lo que correspondía por
concepto de aportes a seguridad social en pensiones.
El cumplimiento de la presente providencia está condicionado a que la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no haya efectuado otro pago
por iguales conceptos a los aquí reconocidos.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del veinte (20) de
noviembre de Dos Mil diecisiete (2017), por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas
en la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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