Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02 (0414-20201)
Demandante William Eduardo Romero Suárez
Demandada Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998).
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra
la sentencia del quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda2.
Pretensiones.
1. El señor William Eduardo Romero Suárez, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), solicitando que se declare nulo el contrato de
transacción suscrito por el demandante, con la Dirección Administrativa y Financiera de
Bogotá, en diciembre de 2004. Asimismo, pidió la anulación de los actos administrativos
contenidos en el Oficio No. DSAFB-22 009507 del 19 de junio de 2012 y la Resolución 2-
3078 del 31 de agosto de 2012, expedidos por la Dirección Seccional Administrativa y
1
Expediente híbrido.
2
Folios 25 a 40 del expediente físico
2
Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Financiera de Bogotá y la Secretaría General, de la Fiscalía General de la Nación,
respectivamente, a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, prevista en los decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar al demandante el 80% por concepto de la diferencia
entre los ingresos que devengan los magistrados de alta cortes, adeudados desde el 1
de enero de 2001 hasta el 30 de marzo de 2006, correspondiente al periodo en el cual se
desempeñó como Fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial,
debidamente indexada y, que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
Hechos
3. El señor William Eduardo Romero Suárez, para enero de 2001, estaba ejerciendo como
fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, cargo que ocupó hasta el 30 de
marzo de 2006, sin solución de continuidad.
4. Expuso que, pese a tener derecho a devengar su salario y prestaciones sociales en
los términos de los decretos 610 y 1239 de 1998, es decir, teniendo en cuenta el 80% de
lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, la entidad demanda
reconoció unos valores inferiores a los fijados.
5. Como consecuencia de lo anterior y, ante la creación del Decreto 4040 de 2004, en
diciembre de dicha anualidad, suscribió un contrato de transacción con la entidad
demandada, a efectos que se le pagara el 70% de aquellos valores, bajo la denominación
de «bonificación de gestión judicial», conforme lo contemplaba el citado decreto.
6. Agregó que, presentó la reclamación administrativa que dio origen a esta controversia.
Tal petición fue resuelta negativamente por la entidad, argumentando no estar obligada a
reconocer derechos otorgados en vigencia del Decreto 4040 de 2004, el cual, gozó de
plena validez y presunción de legalidad hasta su declaratoria de nulidad.
Normas violadas y concepto de violación.
7. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:
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Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
8. De la Constitución Nacional el Preámbulo y los artículos 2, 5, 13, 25 y 53; de la Ley 4a
de 1992, los artículos 14 y 15; los Decretos-Ley 01 de 1984 y 23004 de 1989, artículo 85;
artículo 137 y 138 de la Ley 1437 de 2012 y, los decretos 610 de 1998, 1239 de 1998,
1475 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006 y
618 de 2007.
9. Afirma la parte actora que, la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004,
vulnera el derecho a la igualdad entre los servidores públicos que tienen el mismo
régimen laboral y que, además, esta era diferente, pero no incompatible con la
bonificación para ajuste de la remuneración del Decreto 610 de 1998, por lo cual, es
procedente el reconocimiento y pago de la diferencia entre estas.
10. Añadió que, los derechos laborales son irrenunciables y que el Decreto 4040 de 2004
vulneró este derecho al condicionar su reconocimiento a la renuncia de cualquier
reclamación posterior, por tanto, el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre
de 2011 invalidó la mal llamada transacción y anuló aquel decreto.
Contestación de la demanda3.
11. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda. Efectuó un recuento de las normas que regulan la bonificación por
compensación, estableció que, si bien el demandante se desempeñó como fiscal
delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, no era viable acceder al
reconocimiento adicional del 10% contemplado en el Decreto 610 de 1998, toda vez que
dicha norma solamente estuvo vigente durante el periodo comprendido entre los meses
de enero a agosto de 1999.
12. Señaló que, está demostrado que los actos administrativos demandados a través de
los cuales se niega la pretensión del demandante carecen de vicios de nulidad, pues se
ajustan a las disposiciones contenidas en los Decretos 4040 de 2004 y 1102 de 2012. En
términos generales, el actor ha devengado los valores correspondientes a la normatividad
vigente para cada periodo laborado.
3
Folios 72 a 90 del expediente físico.
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Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Sentencia de primera instancia4.
13. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de
sentencia del quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019), accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:
«PRIMERO.- Estese a la resuelto por el Consejo de Estado en la sentencia del 14 de diciembre de
2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad del contrato de transacción suscrito entre el doctor William Eduardo
Romero Suarez, y el Director Seccional Administrativo y Financiero de Bogotá, en diciembre de
2004, por las razones anotadas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio DSAFB-22-
009507 de 19 de junio de 2012 y la Resolución número 2-3078 del 31 de agosto de 2012, expedidos
por la Dirección Seccional Administrativo y Financiero de Bogotá y Secretaria General de la Fiscalía
General de la Nación, respectivamente, a través de los cuales se le negó al doctor William Eduardo
Romero Suarez el reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación, prevista en el
Decreto 610 de 1998 y 1239 del 2 de julio de 1998, por las razones anotadas en la parte motiva de
esta sentencia.
CUARTO.- Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al
demandante William Eduardo Romero Suarez, en su condición de Ex Fiscal Delegado ante Tribunal
de Distrito Judicial el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), pagados con carácter permanente,
en el equivalente al 80% de la totalidad de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes,
incluyendo la prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y
las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la
liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados
por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, esto es, el equivalente al
diez por ciento (10%) de los salarios, con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente
indexados mes a mes, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 hasta el 30 de
marzo de 2006. Precisándose que la prima especial de servicios - de que trata el artículo 15 de la
ley 4ª de 1992 - debe ser computada dentro de la totalidad de los ingresos antes relacionados, de
manera que ella no constituye un ítem adicional al de la bonificación por compensación, siguiéndose
para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia.
Haciéndose la salvedad, que en el hipotético caso que la demandante hubiese recibido algún pago
por concepto del derecho contenido en el extinto Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado de
la suma que le corresponda por la condena impuesta en esta sentencia. […]»
14. El A-quo expuso que, el Decreto 610 del 30 de marzo de 1998 adicionado por el
Decreto 1239 de 1998, creó la bonificación por compensación a partir del año 1999 con
carácter permanente, señalando que se adicionaría hasta en un 80% al salario mensual
y demás ingresos laborales percibidos por los funcionarios de la Rama Judicial y
constituye factor salarial para la liquidación de las pensiones de cualquier naturaleza,
pero no de las prestaciones sociales.
4
Folios 159 a 168 ibidem.
5
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Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
15. Que, los decretos 610 y 1239 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, y este,
fue declarado nulo por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2001, con efectos ex tunc, por lo
que, los decretos 610 y 1239 de 1998 recuperaron su vigencia.
16. Posteriormente, a través del Decreto 4040 de 2004, se creó la bonificación de gestión
judicial con un porcentaje del 70% sobre lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de las altas cortes, aplicable a quienes a) desistieran de las demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho en las que reclamara la bonificación por
compensación y b) suscribieran contratos de transacción y conciliaciones para evitar
litigios futuros relacionados con la bonificación por compensación.
17. No obstante, el Consejo de Estado mediante sentencia del año 2011 anuló el
mencionado decreto, por considerarlo una medida regresiva respecto del Decreto 610 de
1998 que, al modificar negativamente el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios, transgredió la Ley 4a de 1992. En consecuencia, el Decreto 610 de 1998
cobró su vigencia y la bonificación por compensación en los términos allí señalados
constituye un derecho adquirido para sus beneficiarios.
18. Así las cosas, al estar acreditado que el demandante ejerció como fiscal delegado
ante Tribunal de Distrito, desde el primero (1°) de enero de dos mil uno (2001) hasta la
fecha de su retiro, el treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006), concluyó que era
destinatario del Decreto 610 de 1998. Por lo tanto, no había razón jurídica, legal ni
jurisprudencial para que la Fiscalía General de la Nación, negara tal reconocimiento al
demandante, ni era viable la celebración de conciliaciones o transacciones, que
desconocen sus derechos.
19. Explicó que, el señor William Eduardo Romero Suárez, en su condición de ex Fiscal
Delegado ante Tribunal de Distrito Judicial, tiene derecho a percibir una bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% a partir del primero (1°) de
enero de dos mil uno (2001) hasta la fecha de su retiro, el treinta (30) de marzo de dos
mil seis (2006) y, en consecuencia, se le adeuda la diferencia entre lo recibido y lo dejado
de percibir, de lo que por todo concepto devengue un magistrado de una Alta Corte,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales
de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos
de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios,
6
Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
prima de navidad y cesantías, correspondiente al 10% de los salarios (comoquiera que, con
ocasión a la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, devengaba solo el 70% ), con los
reajustes legales anuales, debidamente indexados y, la inclusión de la prima especial de
servicios, prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
Recurso de apelación5.
20. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, argumentando que, el Consejo de Estado
estableció que la bonificación de gestión judicial regulada en el Decreto 4040 del
2004, es incompatible con la bonificación por compensación creada por el Decreto 610
de 1998, y teniendo en cuenta que las sentencias de simple nulidad proferidas por el
Consejo de Estado no tienen efectos retroactivos si no efectos ex nunc, la providencia
que decretó la nulidad del primero solo tuvo efectos hacia el futuro, por lo tanto, no resulta
procedente acceder al reconocimiento de la bonificación por compensación, pues se le
aplicó el régimen vigente para la época, que era el Decreto 4040 de 2004.
Trámite en segunda instancia
21. Mediante autos de once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)6, y veintiocho
(28) de septiembre de dos mil veintidós (2022)7, el respectivo conjuez ponente de la
Sección Segunda, doctor Alfonso Palacios Torres, admitió el recurso de apelación y corrió
traslado para alegar de conclusión, respectivamente, de conformidad con lo previsto en
el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, el despacho sustanciador avocó
el conocimiento del proceso, mediante auto del dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco
(2025)8.
CONSIDERACIONES
Competencia
5
Visible del folio 186 al 190 del expediente físico.
6
Expediente digital – índice 00017 Samai.
7
Samai, índice 30.
8
Índice 00045 de Samai.
7
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Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
22. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar, si el señor William Eduardo Romero Suárez, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional, respecto de lo
efectivamente pagado y lo dejado de percibir por concepto de bonificación por
compensación, por habérsele sufragado la bonificación de gestión judicial de que trata el
Decreto 4040 de 2004.
24. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial, ii) Hechos probados; iii) Caso concreto y
iv) Condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación
25. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 19989, a través del cual se creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el
Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a
los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior
Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito10.
26. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma permanente
y mensualmente a partir del 1° de enero de 1999, y tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía
9
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
10
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
8
Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales
que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se
precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del
ochenta por ciento (80%).
27. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los Decretos 664 de 13 de abril de 1999, 2738 de 27 de diciembre de 2000,
1476 de 19 de julio de 2001, 2726 de 17 de diciembre de 2001, 663 de 10 de abril de
2002, 3570 de 11 de diciembre de 2003, último de los cuales fue derogado por el Decreto
4040 de 2004.
28. El mencionado Decreto 2668 de 1998 fue anulado mediante sentencia proferida por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre
de 200111, con efectos ex tunc; por consiguiente, el Decreto 610 de 1998 recobró su
vigencia y las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son
inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron con posterioridad
respecto de la bonificación por compensación.
29. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, a través del cual creó
la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. Dicho emolumento, sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales no podía superar el setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes y era
incompatible con la bonificación por compensación.
30. Además, previó que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando manifestaran dicha intención antes del 31 de diciembre
de 2004, y cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y
desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil;
11
Expediente 395-99.
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Demandante: William Eduardo Romero Suárez
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b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
31. Más adelante, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de
diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el 27
de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una misma
categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y
requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la
asignación mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes,
mientras que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó
un trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
32. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 trasgredió los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos
ciertos e indiscutibles.
33. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto
610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.
34. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 201612 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por
el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido
fallo-.
35. Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala de
Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 201913, precisó otra regla de
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
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Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de
2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si
operó el fenómeno de la prescripción conforme las disposiciones de los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar en el expediente, con
pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la
prescripción conforme a la ley.
36. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 201214, a través del cual, regló la bonificación por
compensación, en los términos señalados en su artículo 115.
37. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se procede a decidir el presente caso.
Hechos probados.
38. De las pruebas allegadas al plenario, se tiene por acreditado que:
39. Según constancia de servicios prestados No. 79055, expedida el ocho (8) de mayo
de dos mil doce (2012) por la Fiscalía General de la Nación, el señor William Eduardo
Romero Suárez, ejerció como fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá entre el primero (1°) de enero de dos mil uno (2001) y el treinta (30) de marzo
de dos mil seis (2006), fecha en que se retiró del servicio16.
40. Que, actuando por conducto de apoderado, presentó reclamación administrativa ante
la entidad demandada tendiente a obtener el reajuste salarial discutido en este proceso,
el día veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012)17, la cual fue desatada
14
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
15
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente
los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales
de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de
manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor
que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior
de la Judicatura. La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso
base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos
de la Ley 797 de 2003.
16
De la documentación visible a folios 18 y 19 del expediente físico, se extrae que el demandante fungió como Fiscal Delegado ante
Tribunales de Distrito Judicial, desde el año 1998 hasta el 30 de marzo de 2006, por lo que figura fecha de retiro a partir del 1 de abril
de este mismo año.
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Folios 2 a 3 del expediente físico.
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Interno: 0414-2020
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
desfavorablemente a través del Oficio No. DSAFB-22 009507 del diecinueve (19) de junio
de dos mil doce (2012)18 señalando que, la entidad no cuenta con disponibilidad
presupuestal para reconocer las obligaciones derivadas de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004.
41. El veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012), la parte actora formuló recurso de
apelación en contra de la anterior determinación, siendo resuelta mediante la Resolución
2-3078 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012), en la que se revoca la
determinación contenida en el Oficio No. DSAFB-22 00950 de 2012, para negar la
petición formulada por el señor William Eduardo Romero Suárez.
Caso concreto
42. La Sala procede a resolver el problema jurídico planteado, esto es, el argumento del
recurso de apelación formulado por la entidad demandada, según el cual, el demandante
no tiene derecho a la bonificación pretendida, dado que, durante la vigencia del Decreto
4040 de 2004, le fue pagada una bonificación de gestión judicial, prestación que, en su
entender, resulta incompatible con la bonificación aquí deprecada.
43. Debe señalarse con claridad meridiana que, conforme se dijo en precedencia, el
citado Decreto 4040 de 2004, creó la bonificación de gestión judicial a favor de los mismos
funcionarios que eran beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que
la bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales, no
podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las Altas Cortes, precisando que, aquella sería incompatible con la
bonificación por compensación.
44. El aludido decreto fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de diciembre de 2011,
expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el 27 de enero de 2012,
por ser violatorio de los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o
conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
45. En virtud de lo dispuesto en la referida sentencia, así como, otros precedentes de la
Corporación, se ha precisado que, durante el tiempo de vigencia del Decreto 4040 de
18
Folios 4 a 5 ibidem.
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2004, se debe ordenar el reajuste de la diferencia entre la bonificación por compensación
y la bonificación de gestión judicial. Lo anterior, comoquiera que, esta última consistía en
un menor valor.
46. En ese orden de ideas, los argumentos de la entidad demandada —según los cuales
el demandante no tiene derecho a la bonificación por compensación, teniendo en cuenta
que se aplicó el régimen vigente y, que la anulación del Decreto 4040 de 2004 no opera
retroactivamente pues la sentencia que lo nulitó solo rige hacia adelante— carecen de
fundamento. Ello, por cuanto el citado decreto coexistió con el Decreto 610 de 1998, sin
derogarlo, lo que generó un trato desigual e injustificado entre servidores con idénticas
funciones, vulnerando el derecho a la igualdad, a una remuneración proporcional y a la
irrenunciabilidad de los derechos laborales.
47. Así las cosas, aunque la entidad carece de competencia para interpretar o inaplicar
normas, estaba obligada a aplicar el régimen más favorable al trabajador, en aras de los
principios del derecho laboral y el bloque de constitucionalidad, sin ampararse en una
aplicación formal del Decreto 4040 de 2004, para convalidar la afectación de derechos
fundamentales.
48. Por lo tanto, en concordancia con lo considerado por el A-quo, el demandante tiene
derecho a percibir una bonificación por compensación19, con carácter permanente, que
sumada a la prima especial de servicios, y a los demás ingresos laborales iguales al
ochenta por ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de Alta Corte; prestación que, como se explicó en precedencia, fue creada
por el Decreto 610 de 1998; para calcular ese 80% debe tenerse en cuenta todo lo
devengado por los citados funcionarios, entre ellos las cesantías y la prima especial de
servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4. a de 1992 y, que es pagada a los
magistrados de Alta Corte, tal como se deprecó en la demanda.
49. No obstante lo anterior, la Sala advierte que, el juzgador de primera instancia omitió
la valoración del fenómeno prescriptivo. En ese sentido, conforme a lo previsto en la
sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 18 de mayo de 2016, la exigibilidad de la bonificación por compensación surgió
a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que declaró la nulidad del Decreto
19
En el porcentaje del 10% equivalente a la diferencia entre lo devengado por el señor Romero Suárez, en virtud de la bonificación
de gestión judicial.
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4040 de 2004, es decir, el 28 de enero de 2012. De allí que, el término prescriptivo opera
conforme a lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1818 de 1969.
50. Posteriormente, la Sala de Conjueces de esta misma corporación, en providencia del
dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)20, precisó otra regla de prescripción,
esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por compensación pero
causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, indicando que
durante este tiempo no hubo dualidad de normas; de allí que, en este lapso, si operó el
fenómeno de la prescripción, conforme las disposiciones de los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar en el expediente, con pruebas
documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción
conforme a la ley.
51. Ante ello, para el pago del desajuste, deben tenerse en cuenta dos momentos: i) los
periodos en los que no hubo duplicidad de normas, frente a los cuales, aplica la
prescripción trienal y, ii) durante el lapso de coexistencia del Decreto 4040 de 2004 y el
Decreto 610 de 1998, en el que la prescripción opera solo desde la sentencia que declaró
la nulidad del primero de estos, es decir, del 28 de enero de 2012. Fecha a partir de la
cual, empieza la contabilización de los 3 años, para solicitar el reajuste.
52. En virtud de lo anterior, se advierte que el señor William Eduardo Romero Suárez,
presentó la reclamación administrativa ante la entidad demandada el veinticuatro de
mayo de dos mil doce (2012), operando así la prescripción de los derechos causados
entre el primero (1) de enero de dos mil uno (2001) y el dos (2) de diciembre de dos mil
cuatro (2004), toda vez que, en este periodo no había duplicidad de normas y, por tanto,
contaba con tres (3) años para la reclamación de su derecho e interrumpir el fenómeno
prescriptivo, lo cual, solo ocurrió en el año 2012 como antes se indicó.
53. Contrario ocurre con los lapsos pretendidos del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro
(2004) al treinta (30) de mayo de dos mil seis (2006), en los cuales, al coexistir los dos
precitados decretos, el término de prescripción se contabilizaba a partir del 28 de enero
de 2012, según se explicó en precedencia.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
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54. Vistas así las cosas, la Sala modificará la decisión de primera instancia, pues, como
se advirtió en precedencia, ordenó el pago de la bonificación por compensación, durante
una fracción de tiempo en que operó el fenómeno jurídico de la prescripción; razón por la
cual, se precisará que, los periodos en los que el señor Romero Suárez tiene derecho al
reconocimiento del ajuste salarial en aplicación del Decreto 610 de 1998, corresponden
únicamente del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) al treinta (30) de mayo de
dos mil seis (2006), fecha en la que dejó de desempeñarse como fiscal delegado ante
tribunal de distrito.
55. Finalmente, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación nada se dijo
respecto a los aportes pensionales; a pesar de dicha omisión, teniendo en cuenta que
estos hacen parte del derecho a la pensión el cual es imprescriptible e irrenunciable, la
Sala ordenará la reliquidación de aquellos, desde el momento en el demandante ejerció
el cargo que le dio derecho a percibir la bonificación por compensación, sin tener en
cuenta el fenómeno prescriptivo.
56. En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia para ordenar a la Nación - Fiscalía
General de la Nación que reliquide los aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones, teniendo en cuenta que, la bonificación por compensación constituye factor
salarial para aquellos; lo anterior, desde el momento en que el demandante empezó a
prestar el servicio como fiscal y, en consecuencia, era beneficiario de dicha bonificación
en el porcentaje establecido en el Decreto 610 de 1998.
57. Así mismo, se debe adicionar la sentencia para reiterar que, en ningún evento, el
pago de la bonificación por compensación puede superar los topes legales.
Condena en costas.
58. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
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PRIMERO: ADICIONAR un inciso al ordinal segundo de la sentencia del quince (15) de
julio de dos mil diecinueve (2019) proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de
la demanda formuladas por el señor William Eduardo Romero Suárez, la cual quedará
así:
«SEGUNDO.- Declarar la nulidad del contrato de transacción suscrito entre el doctor William
Eduardo Romero Suarez, y el Director Seccional Administrativo y Financiero de Bogotá, en
diciembre de 2004, por las razones anotadas en la parte motiva de este fallo.
Declarar probada de oficio la excepción de prescripción del derecho a la bonificación por
compensación reclamada por el señor William Eduardo Romero Suárez, causadas con anterioridad
al 3 de diciembre de 2004.»
SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia dictada el quince
(15) de julio de dos mil diecinueve (2019), por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, la cual quedará así:
CUARTO.- Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al
demandante William Eduardo Romero Suarez, en su condición de Ex Fiscal Delegado ante Tribunal
de Distrito Judicial el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), pagados con carácter permanente,
en el equivalente al 80% de la totalidad de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes,
incluyendo la prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y
la prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo
básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de
servicios, prima de navidad y cesantías, esto es, el equivalente al diez por ciento (10%) de los
salarios, con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente indexados mes a mes, durante
el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 al 30 de marzo de 2006. Precisándose
que la prima especial de servicios - de que trata el artículo 15 de la ley 4ª de 1992 - debe ser
computada dentro de la totalidad de los ingresos antes relacionados, de manera que ella no
constituye un ítem adicional al de la bonificación por compensación, siguiéndose para su liquidación
y pago los parámetros fijados en esta sentencia. Lo anterior, sin superar los topes establecidos por
el Gobierno Nacional.
Haciéndose la salvedad, que en el hipotético caso que la demandante hubiese recibido algún pago
por concepto del derecho contenido en el extinto Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado de
la suma que le corresponda por la condena impuesta en esta sentencia.
Ordenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación, efectuar el pago de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de bonificación por compensación desde el 1 de enero de 2001 a al 30 de
marzo de 2006, sin aplicar prescripción.»
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, por el dictada el quince (15)
de julio de dos mil diecinueve (2019), de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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