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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03572-02

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03572-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas TERCERO. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03572-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2016-03572-02 (1136-2020)1
Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburger
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que
accedió las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La señora Carmen Luz Díaz Hamburger, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, para
que se declare la nulidad de la Resolución 6105 de 30 de octubre de 2015,
expedido por la DEAJ, mediante la cual no se accedió a la petición de
reconocimiento y pago de las diferencias salariales que resultaran de la
reliquidación de la prima especial de servicios, desde el 13 de enero de 2009

1
Expediente híbrido.
2
Cuaderno principal, folios 55-62.

2

Número Interno: 1136-2020
Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

hasta el 17 de marzo de 2014, incluyendo el auxilio de cesantías de los
Congresistas.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que (i) se reconozcan y
paguen las diferencias adeudadas por concepto de bonificación por
compensación correctamente liquidada, teniendo en cuenta que la prima
especial de servicios sea la correcta, (ii) que para la liquidación,
reconocimiento y pago, se tengan en cuenta todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente, devengados por los Congresistas,
que sirven para determinar y pagar el 80% del Decreto 610 de 1998 (iii) que
dichas sumas sean debidamente indexadas y se liquiden los intereses
moratorios, (iv) se ajuste la condena al IPC, y (v) se condene en costas.

1.1.2. Hechos

3. La demandante se desempeñó como Magistrada Auxiliar de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre el 13 de enero de 2009
y el 17 de marzo de 2014.

4. Considera que, en virtud de los Decretos 610 de 1998 y 1239, y en desarrollo
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tiene derecho a la Bonificación por
Compensación equivalente al 80% de lo devengado por los Magistrados de
Altas Cortes.

5. Por ello, en el año 2013, promovió proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho para que se anularan los actos administrativos, por medio de los
cuales, no se accedió al ajuste de la remuneración, equivalente al 80% de lo
que devengaba un magistrado auxiliar de alta corte.

6. Ese proceso se resolvió mediante sentencia del 31 de julio de 2012, por
medio de la cual, el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión de Bogotá,
Sección Segunda, declaró la nulidad del acto demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, resolvió:

«SEGUNDO- Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad y a título
de restablecimiento del derecho, se ordena a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL a

3

Número Interno: 1136-2020
Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

reconocer y pagar a favor de la Doctora Carmen Luz Díaz Hamburger […], las
diferencias causadas entre lo pagado por concepto de Bonificación por Gestión
Judicial y lo equivalente al 80% de Bonificación por Compensación establecida
en el Decreto 610 de 1998, desde el 13 de enero de 2009, fecha de ingreso como
Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
hasta el 27 de enero de 2012, fecha en la cual, por medio del Decreto 1102 del
24 de mayo de 2012, se ordenó que la bonificación equivale al 80% de lo que
por todo concepto devenguen los Magistrados de Altas Cortes»

7. Señaló que, dicha bonificación fue mal liquidada, pues la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial no tomó como base correcta los ingresos totales
anuales de los Magistrados de Altas Cortes, los cuales, según los artículos 15
y 16 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 10 de 1993, deben igualar los ingresos
totales anuales de carácter permanente de los Congresistas, incluyendo la
prima especial de servicios.

8. Posteriormente, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de
mayo de 2016, reiteró que la prima especial de servicios y todos los factores
salariales que integran los ingresos de los Magistrados de Altas Cortes, deben
incluirse para determinar correctamente la bonificación.

9. Precisó que, pese a ello, la entidad demandada continuó liquidando la
bonificación con una base inferior a la legal.

10. Finalmente, refirió que mediante Resolución 6105 del 30 de octubre de
2015 negó la petición de reliquidación. La demandante promovió audiencia de
conciliación prejudicial en mayo de 2016, la cual fue declarada fallida el 1 de
agosto de 2016 por falta de ánimo conciliatorio de la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:

• Constitución Política, artículos 53, 55, 58 y 280.
• Ley 4ª de 1992, artículos 2, literal a), 15 y 16.
• Decreto 10 de 1993.
• Decreto 610 de 1998.

4

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Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

12. Sostuvo que, la Constitución y la Ley 4 de 1992 consagran el respeto por
los derechos adquiridos de los servidores públicos y la prohibición de
desmejorar sus salarios y prestaciones. En desarrollo de dicha ley marco, el
Decreto 610 de 1998 creó la Bonificación por Compensación, fijándola en un
60%, 70% y 80% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de
Altas Cortes.

13. Indicó que, los artículos 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992 establecen que los
ingresos laborales totales anuales de los Magistrados de Altas Cortes deben
ser iguales a los percibidos por los Congresistas, a través de la prima especial
de servicios. A su vez, el Decreto 10 de 1993 precisó que dicha prima equivale
a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente de los Congresistas (incluida la prima de Navidad) y los
devengados por los altos funcionarios.

14. Afirmó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desconoció
este marco normativo al liquidar la bonificación sobre una base incompleta, al
excluir la cesantía como factor integrante de los ingresos anuales permanentes
objeto de equiparación. Señaló que, al tratarse de un ingreso anual de carácter
permanente, su omisión incide directamente en la determinación de la prima
especial de servicios y, por ende, en el cálculo del 80% previsto en el Decreto
610 de 1998.

15. Finalmente, manifestó que la entidad negó la reliquidación solicitada
mediante acto administrativo, decisión que desconoce el mandato de igualdad
salarial entre Congresistas y Magistrados de Altas Cortes, impidiendo que la
demandante perciba el 80% real que le corresponde. Agregó que, conforme a
certificación oficial, existen diferencias salariales adeudadas entre 2009 y
2014, sin incluir indexación ni los años posteriores, derivadas de la indebida
liquidación de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación.

1.2. Contestación de la demanda3

3
Cuaderno principal, folios 94-100.

5

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Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda, aceptando los hechos que
versaban sobre la vinculación de la demandante.

17. Sostuvo que, la prima especial de servicios fue creada por la Ley 4ª de
1992, sin carácter salarial, razón por la cual no puede integrar la base para la
liquidación de prestaciones sociales.

18. No obstante, destacó la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 18 de mayo de 2016, en la cual se precisó que la equiparación
debe efectuarse sobre la totalidad de los ingresos laborales anuales, sin
distinguir entre salario y prestaciones. Señaló que, conforme a dicha
providencia, las cesantías de los congresistas constituyen un ingreso laboral
anual y permanente que debe ser tenido en cuenta para la liquidación de la
prima especial de servicios y que, en consecuencia, ello incide en la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.

19. Indicó, sin embargo, que, pese al interés institucional de acatar la referida
sentencia, existía imposibilidad material y presupuestal para reconocer y pagar
las acreencias reclamadas, en tanto el Ministerio de Hacienda no había
apropiado los recursos necesarios. Añadió que no le era jurídicamente posible
contraer obligaciones sin la correspondiente disponibilidad presupuestal, so
pena de incurrir en responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, de
conformidad con las normas orgánicas del presupuesto.

20. Asimismo, formuló como excepciones las siguientes:

i) Prescripción: Señaló que, la acción para reclamar la reliquidación
de la prima especial se encontraba sujeta al término trienal. Precisó
que la sentencia de unificación fijó reglas en materia de prescripción
respecto de la bonificación por compensación, mas no frente a la
prima especial. En el caso concreto, dado que la reclamación
administrativa fue presentada el 30 de octubre de 2015, consideró
prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 29 de octubre
de 2012.

6

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ii) Impedimento presupuestal: argumentó que, sin certificado de
disponibilidad presupuestal y el correspondiente registro
presupuestal, no era posible efectuar reconocimientos ni pagos.

iii) Falta de integración del litisconsorcio necesario: solicitó la
vinculación de la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de
la Función Pública, por cuanto el Gobierno Nacional era el
competente para fijar el régimen salarial y prestacional, y tales
entidades podían verse afectadas por la decisión que se adoptara.

iv) Excepción innominada: propuso cualquier otra excepción que el
fallador encontrara probada, conforme al artículo 187 del CPACA.

1.3. La sentencia de primera instancia4

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida
el 30 de agosto de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró
la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento, desestimó las
excepciones propuestas y se abstuvo de condenar en costas, así:

«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de
2016, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad de la Resolución Nro. 6105 de 30 de octubre de
2015, expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio
de la cual no se accedió al pago y reconocimiento de los derechos laborales
reclamados por la demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.- Declarar no probadas las excepciones de fondo planteadas, por las
razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO.- Condenase a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL representada por el
Director Ejecutivo de Administración Judicial o quien haga sus veces, a
reconocer y pagar a Carmen Luz Díaz Hamburger, el derecho adquirido a recibir

4
Cuaderno principal, folios 135-143.

7

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Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
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las diferencias adeudadas, incluida la Prima Especial creada por el artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 y, de otra parte, como las cesantías de los Congresistas
forman parte de la Prima Especial de los referidos Magistrados de Altas Cortes,
este rubro debe sumarse a la liquidación de la referida bonificación por
compensación, teniendo en cuenta para la liquidación de ésta, los porcentajes
relacionados en el artículo 1º del Decreto 10 de 1993, esto es, el equivalente al
80%, de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los Congresistas, que son: asignación básica, gastos de
representación, prima de servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías,
durante el periodo en que fungió como Magistrada Auxiliar, esto es, desde el 13
de enero de 2009 y hasta el 17 de marzo de 2014, con los correspondientes
reajustes, de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado a la actora
con ocasión de lo ordenado y pagado en la sentencia fechada 31 de julio de
2012, proferida por el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión del Circuito
de Bogotá, dentro del radicado: 11001-33-31-716-2013-00003-00, todo esto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad
con el artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual
de los índices de precios al consumidor, conforme a lo diche en la parte motiva.

SEXTO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios
si se estructuran los supuestos de hecho y de derecho, de que tratan los artículos
192 y 195 del mismo Código.

SÉPTIMO.- Ordenase a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia
dentro del término previsto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., tomando
en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional C-188 de 1999».

22. Como fundamento de su decisión, el Tribunal precisó que:

i) El término de prescripción debía contarse desde la ejecutoria de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es,
el 28 de enero de 2012. Dado que la reclamación administrativa se
presentó el 6 de enero de 2014 y la demanda el 2 de agosto de 2016,
no habían transcurrido tres años, por lo que no se configuró el
fenómeno de la prescripción trienal.

ii) La entidad demandada tenía el deber de gestionar los recursos
necesarios para atender sus obligaciones laborales, por lo que la
falta de apropiación presupuestal no constituía excusa válida para

8

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el incumplimiento.

iii) Los actos demandados habían sido expedidos exclusivamente por
la demandada, sin participación de otras entidades, razón por la cual
no era necesaria la integración de litisconsorcio.

23. Con base en las anteriores consideraciones, ordenó a la demandada
reconocer y pagar a la demandante las diferencias adeudadas por concepto
de bonificación por compensación, incluyendo la prima especial prevista en el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. Señaló que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las cesantías de los congresistas integran la prima
especial y deben incluirse en la base de liquidación. Asimismo, sostuvo que la
bonificación debía calcularse en el 80% de la totalidad de los ingresos
laborales anuales permanentes de los congresistas (asignación básica, gastos
de representación, primas y cesantías), durante el período en que la actora se
desempeñó como Magistrada Auxiliar (2009–2014), descontando lo ya pagado
en cumplimiento de la sentencia anterior.

24. Por último, dispuso la actualización de las sumas conforme al IPC
certificado por el DANE, aplicando la fórmula prevista en el artículo 187 del
CPACA, mes a mes por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, así como
el reconocimiento de intereses moratorios si hubiere lugar. Además, ordenó el
acatamiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
C.P.A.C.A., atendiendo los lineamientos fijados en la Sentencia C-188 de 1999
de la Corte Constitucional.

1.4. El recurso de apelación5

25. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del fallo de
primera instancia. Señaló que la prima especial de servicios es igual a la
diferencia entre los ingresos laborales totales anuales, recibidos por los
Congresistas y los que devengan los funcionarios que tienen derecho a
percibirla; que los ingresos anuales percibidos por los Congresistas, son
aquellos de carácter permanente, lo que incluye la prima de navidad, y que la
prima se paga mensualmente y no tiene carácter salarial.

5
Cuaderno principal, folios 149-150.

9

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26. En cuanto a la prescripción, manifestó que resultaba aplicable el término
trienal previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y que la regla
especial fijada en sentencia de unificación respecto de la prescripción de la
bonificación por compensación, no se extendía automáticamente a las
reclamaciones orientadas a reliquidarla por la incidencia de la prima especial
con inclusión de las cesantías de los congresistas. En tales eventos debía
aplicarse la regla general de prescripción trienal, contada desde la exigibilidad
de cada mes, por tratarse de una prestación de pago periódico. Así, frente a
los periodos reclamados entre el 13 de enero de 2009 y el 17 de marzo de
2014, correspondía verificar la fecha de la reclamación administrativa para
declarar prescritas las sumas que excedieran el término de tres años.

1.5. Trámite de segunda instancia

27. Con auto de 19 de noviembre de 20216, el conjuez ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA.

28. Posteriormente, mediante proveído de 12 de septiembre de 20227, se
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado para
alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

29. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

30. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del

6
Cuaderno principal, folio 178.
7
Cuaderno principal, folio 182.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.

10

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Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2. Problemas jurídicos

31. De lo expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación, los
problemas jurídicos identificados y que se resolverán en este proveído, son
los siguientes:

a) ¿Existe cosa juzgada frente a los periodos reclamados entre el 13 de
enero de 2009 y el 27 de enero de 2012, reconocidos a la demandante
en sentencia de 31 de julio de 2013, proferida por el Juzgado 16
Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda?

b) Para la liquidación de la bonificación por compensación, ¿la inclusión
de las cesantías en el cálculo de la prima especial de servicios, se ajusta
a la regulación legal en la materia?.

c) ¿La bonificación por compensación tiene carácter salarial?

d) ¿Se configuró la prescripción trienal, frente a los derechos reclamados
por la demandante?.

3. Caso concreto

32. A continuación, la Sala entrará a resolver cada uno de los problemas
jurídicos identificados.

a) ¿Existe cosa juzgada frente a los periodos reclamados entre el 13 de
enero de 2009 y el 27 de enero de 2012, reconocidos a la demandante en

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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sentencia de 31 de julio de 2013, proferida por el Juzgado 16
Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda?

33. El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 hace alusión a la cosa juzgada,
pero únicamente como uno de los efectos de la sentencia, por lo que resulta
necesario acudir a las previsiones contenidas en el Código General del
Proceso, por expresa remisión del artículo 306 del CPACA9.

34. El artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, consagra la cosa juzgada, siempre
que se configure identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa.

35. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de la
Corporación señaló10 que la misma tiene por objeto «impedir que entre las mismas
partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones
de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia
lleve inmerso un carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida
que la controversia se perpetúe».

36. Cabe precisar que, en la sentencia apelada, el Tribunal se pronunció frente
a la cosa juzgada y señaló que mantendría «indemne lo decidido en la referida
providencia y no será objeto de estudio en este proceso, en defensa del principio de cosa
juzgada»

37. Ahora bien, para efectos de establecer si en el presente asunto se configura
el fenómeno de la cosa juzgada, se realizará un cuadro comparativo entre los dos
procesos:

PROCESO716-2013-00003 PROCESO 1136-2020

Sujetos procesales

Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburger Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburger

Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ

9
«Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo».
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-
15-000-2022-06769-01. M.P. Milton Chaves García.

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Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

Pretensiones

Que se declare la nulidad de las Que se declare la nulidad de la Resolución
Resoluciones 2004 del 26 de marzo de 2010 6105 de 30 de octubre de 2015, por la cual
y 3073 de 28 de junio de 2010, por la cual no no se accedió al reconocimiento y pago de
se accedió al ajuste de la remuneración, las diferencias adeudadas a la
equivalente al 80% de lo que devenga por demandante, por concepto de la prima
todo concepto un Magistrado de alta corte. especial contenida en el artículo 15 de la ley
4 de 1992, aplicado a la bonificación por
Que se reconozca el ajuste de la compensación.
remuneración equivalente al 80% que por
todo concepto salarial perciban los Que se reconozcan y paguen
magistrados de altas cortes, de las retroactivamente las diferencias
diferencias salariales existentes entre el 70 y adeudadas por bonificación por
el 80% desde el 13 de enero de 2009 y el compensación, debidamente liquidada,
fallo de este proceso, indexado y con desde el 13 de enero de 2009 al 17 de
intereses moratorios. marzo de 2014

Que se reliquiden los salarios y prestaciones
sociales pagadas a la demandante desde el
13 de enero de 2009, tomando como factor
la diferencia existente por el no
reconocimiento y pago del 10% que se
reclama.

Hechos

La demandante se vinculó como magistrada La demandante se vinculó como magistrada
auxiliar a la Sala de Casación Civil de la auxiliar a la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, desde el 13 de Corte Suprema de Justicia, desde el 13 de
enero de 2009 hasta el 29 de enero de 2012. enero de 2009 hasta el 17 de marzo de
2014.
El 15 de marzo de 2010, solicitó a la
demandada el reajuste y pago de las El 6 de enero de 2015 solicitó el pago de las
diferencias, que sumados a sus ingresos diferencias adeudadas por concepto de
laborales, iguale para el año 2009 el 80% de prima especial de servicios como
los ingresos laborales que por todo concepto magistrada auxiliar de la Corte Suprema de
devengue un magistrado de alta corte. Justicia, desde el 13 de enero de 2009 hasta
el 17 de marzo de 2014.

Fallos de primera instancia

El juzgado 16 Administrativo de El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Descongestión de Bogotá, Sección resolvió, en sentencia de 30 de agosto de 2019,
Segunda, decidió en sentencia de 31 de julio lo siguiente:
de 2013, los siguiente:
«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de las Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
resoluciones No. 2204 del 26 de marzo de sentencia de unificación jurisprudencial
2010 y No. 3073 de junio de 2010, proferidas proferida el día 18 de mayo de 2016, por las
por el Director Ejecutivo de Administración razones expuestas en la parte motiva.
Judicial, conforme a las consideraciones
expresadas en la parte motiva. SEGUNDO.- Declarar la nulidad de la
Resolución Nro. 6105 de 30 de octubre de
SEGUNDO. Como consecuencia de la 2015, expedida por el Director Ejecutivo de
anterior declaratoria de nulidad y a título de Administración Judicial, por medio de la cual
restablecimiento del derecho, se ordena a la no se accedió al pago y reconocimiento de
NACIÓN-RAMA JUDICIAL a reconocer y los derechos laborales reclamados por la
pagar a favor de la Doctor Carmen Luz Díaz demandante, conforme a lo expuesto en la
Hamburger […] las diferencias causadas parte motiva.
entre lo pagado por concepto de

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Número Interno: 1136-2020
Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

Bonificación por Gestión Judicial y lo TERCERO.- Declarar no probadas las
equivalente al 80% de Bonificación por excepciones de fondo planteadas, por las
Compensación establecida en el Decreto razones anotadas en la parte motiva de esta
610 de 1998, desde el 13 de enero de 2009, sentencia.
fecha de ingreso como Magistrada
Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la CUARTO.- Condenase a la NACIÓN-RAMA
Corte Suprema de Justicia, hasta el 27 de JUDICIAL representada por el Director
enero de 2012, fecha en la cual, por medio Ejecutivo de Administración Judicial o quien
del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, se haga sus veces, a reconocer y pagar a
ordenó que la bonificación equivalente al Carmen Luz Díaz Hamburger, el derecho
80% de lo que por todo concepto devenguen adquirido a recibir las diferencias
los Magistrados de Altas Cortes. adeudadas, incluida la Prima Especial
creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 y, de otra parte, como las cesantías
de los Congresistas forman parte de la
Prima Especial de los referidos
Magistrados de Altas Cortes, este rubro
debe sumarse a la liquidación de la
referida bonificación por compensación,
teniendo en cuenta para la liquidación de
ésta, los porcentajes relacionados en el
artículo 1º del Decreto 10 de 1993, esto
es, el equivalente al 80%, de todos los
ingresos laborales totales anuales de
carácter permanente devengados por los
Congresistas, que son: asignación
básica, gastos de representación, prima
de servicios, prima de navidad y auxilio
de cesantías, durante el periodo en que
fungió como Magistrada Auxiliar, esto
es, desde el 13 de enero de 2009 y hasta
el 17 de marzo de 2014, con los
correspondientes reajustes, de lo cual se
descontará lo que ya se hubiese cancelado
a la actora con ocasión de lo ordenado y
pagado en la sentencia fechada 31 de julio
de 2012, proferida por el Juzgado 16
Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá, dentro del radicado:
11001-33-31-716-2013-00003-00, todo
esto, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

38. Como se observa de la comparación entre ambos procesos, a la parte
demandante ya se le había reconocido el derecho de «las diferencias causadas
entre lo pagado por concepto de Bonificación por Gestión Judicial y lo equivalente al 80% de
Bonificación por Compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, desde el 13 de enero
de 2009, fecha de ingreso como Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, hasta el 27 de enero de 2012».

39. No obstante, en este proceso, pretende el reconocimiento y pago de las
«diferencias adeudadas, incluida la Prima Especial creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 y, de otra parte, como las cesantías de los Congresistas forman parte de la Prima
Especial de los referidos Magistrados de Altas Cortes, este rubro debe sumarse a la liquidación
de la referida bonificación por compensación, teniendo en cuenta para la liquidación de ésta,
los porcentajes relacionados en el artículo 1º del Decreto 10 de 1993, esto es, el equivalente

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Número Interno: 1136-2020
Demandante: Carmen Luz Díaz Hamburguer
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al 80%, de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados
por los Congresistas, que son: asignación básica, gastos de representación, prima de
servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías, durante el periodo en que fungió como
Magistrada Auxiliar, esto es, desde el 13 de enero de 2009 y hasta el 17 de marzo de 2014»

40. En consideración a lo anterior, entrará la Sala a resolver el fondo del
asunto, para lo cual analizará el marco normativo y jurisprudencial de la
bonificación por compensación:

41. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de
1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 199811, a través del cual
se creó la bonificación por compensación a favor de los magistrados auxiliares
de la Corte Suprema de Justicia, entre otros funcionarios12, el cual estableció
que esa bonificación, se debía pagar de forma permanente y mensualmente a
partir del 1 de enero de 1999; que tendría carácter salarial solo para efectos
pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
magistrados de las altas cortes. Adicionalmente, señaló que la bonificación,
sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales
actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%)
de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y
Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó que el citado
porcentaje tendría un incremento gradual. Así, para el año 2000,
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos
sería del ochenta por ciento (80%).

42. El Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
lo que generó la expedición de varios decretos que regularon la bonificación
por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios, que
fueron derogando sucesivamente al anterior: decreto 664 del 13 de abril de
1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado
por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el
Decreto 2726 del 17 de diciembre de 2001, también derogado por el Decreto

11
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
12
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

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663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre
de 2003, finalmente derogado por el Decreto 4040 de 2004.

43. Por su parte, el Consejo de Estado, anuló el Decreto 2668 de 1998,
mediante sentencia del 26 de septiembre de 2001, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado (expediente Nº 395-
99), con efectos ex tunc. En consecuencia, el Decreto 610 de 1998 recobró su
vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al acto anulado
perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de
1999 y los que se expidieron con posterioridad, que regularon la bonificación
por compensación de los magistrados de tribunales.

44. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. Esa bonificación creada,
sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales, no podía superar
el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las altas cortes; precisando que, aquella sería incompatible
con la bonificación por compensación; además, se dispuso que los citados
funcionarios podían acogerse a la bonificación de gestión judicial, siempre y
cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:

• Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;

• Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación.

45. Cabe precisar que la norma estableció que antes del 31 de diciembre de
2004, los funcionarios debían manifestar su intención, por escrito y ante la
entidad empleadora.

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46. El Decreto 4040 de 2004, también fue anulado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
14 de diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces
precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes
vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80%
de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones. En este
orden de ideas, se estableció que, el Decreto 4040 de 2004 violó los derechos
al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

47. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo vigente, se generó una duplicidad de normas, las cuales otorgaban el
derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones judiciales
por parte de los beneficiarios de la citada prestación, así como, dificultades
para determinar la prescripción de los derechos laborales que, en virtud del
Decreto 610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.

48. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 18 de mayo de 201613 concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción;
precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de
1998, surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040
de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria
del referido fallo-.

49. Luego, la misma corporación, a través de decisión proferida por la Sala de
Conjueces, el 2 de septiembre de 201914, fijó otra regla de prescripción, esta
vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por compensación,

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS

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causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004,
indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, en
esos casos, operó el fenómeno de la prescripción, conforme las disposiciones
de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que la persona demuestre
en el expediente, con pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de
2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley.

50. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “Por la cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”, el cual en el artículo 1, dispuso:

A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen
percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de
Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo
de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la
Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración
Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y
Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que
actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor
salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y
del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la
Ley 797 de 2003.

51. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, la Sala procede a resolver los demás
problemas jurídicos.

b) Para la liquidación de la bonificación por compensación, ¿la
inclusión de las cesantías en el cálculo de la prima especial de
servicios, se ajusta a la regulación legal en la materia?.

52. La Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en sentencia 18 de mayo de
2016, precisó el tema, en los siguientes términos:

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Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de
1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó
la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los
años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma,
o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento
de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de
los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es
evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos.

Teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral que
perciben los Magistrados de las Altas Cortes, sino que además “… constituirá factor de
salario solo para la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con
las normas nacionales vigentes que regulan el régimen prestacional de los funcionarios
señalados”, y que el Decreto 610 de 1998 garantiza que sus beneficiarios perciban un
porcentaje del total de ingresos laborales devengados por estos funcionarios, también
se debe concluir que es necesario que el monto percibido por los Magistrados de las
Altas Cortes por este concepto, y que haya sido liquidado teniendo en cuenta las
cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para determinar el valor
de la bonificación por compensación a la que tiene derecho el actor.

53. A partir del precedente jurisprudencial expuesto, a juicio de la Sala, el
reparo de la entidad demandada, frente a la inclusión de las cesantías para la

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liquidación de la prima especial de servicios, a efectos de la determinación del
monto de la bonificación por compensación, se encuentra resuelto y, por lo
tanto, al constituir las cesantías un ingreso permanente, debe tenerse en
cuenta para la liquidación requerida, razón suficiente para no atender el
argumento expuesto por el recurrente.

c) ¿La bonificación por compensación tiene carácter salarial?

54. Como se explicó en líneas precedentes, el Decreto 610 de 1998, por medio
del cual se creó la bonificación por compensación, establece el carácter
salarial, solo para efectos pensionales.

55. Y verificada la sentencia apelada, se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, resolvió:

CUARTO.- Condenase a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL representada por el
Director Ejecutivo de Administración Judicial o quien haga sus veces, a
reconocer y pagar a Carmen Luz Díaz Hamburger, el derecho adquirido a recibir
las diferencias adeudadas, incluida la Prima Especial creada por el artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 y, de otra parte, como las cesantías de los Congresistas
forman parte de la Prima Especial de los referidos Magistrados de Altas Cortes,
este rubro debe sumarse a la liquidación de la referida bonificación por
compensación, teniendo en cuenta para la liquidación de ésta, los porcentajes
relacionados en el artículo 1º del Decreto 10 de 1993, esto es, el equivalente al
80%, de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los Congresistas, que son: asignación básica, gastos de
representación, prima de servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías,
durante el periodo en que fungió como Magistrada Auxiliar, esto es, desde el 13
de enero de 2009 y hasta el 17 de marzo de 2014, con los correspondientes
reajustes, de lo cual se descontará lo que ya se hubiese cancelado a la actora
con ocasión de lo ordenado y pagado en la sentencia fechada 31 de julio de
2012, proferida por el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión del Circuito
de Bogotá, dentro del radicado: 11001-33-31-716-2013-00003-00, todo esto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

56. Del contenido textual de la orden impartida por el Tribunal, la Sala no
encuentra que hubiere establecido el carácter salarial de la bonificación por
compensación de forma general.

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57. No obstante, se precisa que el carácter salarial de la bonificación por
compensación es únicamente para efectos pensionales.

d) ¿Se configuró la prescripción trienal, frente a los derechos
reclamados por la demandante?.

58. Mediante la sentencia de 2 de septiembre de 201922, el Consejo de Estado
precisó que la sentencia de unificación de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de
la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004».

59. En esa misma providencia, también se explicó que el «período comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 23 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso no
hubo dualidad de normas y, por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto
610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla» y se estableció como regla de

prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación, que las
reclamaciones realizadas entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de
2004, se consideraban prescritas, salvo que, el interesado, demostrara que
agotó la reclamación antes de esta última fecha.

60. También se estableció que, entre el 3 de diciembre de 2004 y el 28 de
enero de 2012 no operó la prescripción, por cuanto el derecho no era exigible
dada la dualidad de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 y que, a partir
del 28 de enero de 2012, cuando quedó ejecutoriada la sentencia, iniciaba el
cómputo del término de prescripción trienal, sin excepciones.

61. Particularmente, la demandante reclama «el derecho adquirido a recibir las
diferencias adeudadas, […] desde el 13 de enero de 2009 hasta el 17 de marzo
de 2014» y la reclamación administrativa la presentó el 6 de enero de 2015, la
demandante interrumpió la prescripción durante el periodo comprendido entre
el 7 de enero de 2015 y el 7 de enero de 2018.

62. Con fundamento en lo anterior, como desde la fecha de la reclamación -6
de enero de 2015- y la presentación de la demanda -2 de agosto de 2016-, no
transcurrieron 3 años, huelga concluir que no operó la prescripción alegada

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por el demandado.

63. Finalmente, cabe precisar que la bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para efectos pensionales, como bien lo dijo el Tribunal
de primera instancia15.

4. Condena en costas

64. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas

TERCERO. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

15
Folio 141

22

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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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